El Estado no tiene derecho a intervenir empresas privadas ni afectar su funcionamiento. La Constitución ampara esos derechos por encima de la voluntad política del gobernante de turno. Este atropello no va a pasar y debe ser denunciado, dejando constancia de que los principales gremios privados del país deberían pronunciarse, porque, de soslayarse este legicidio, pronto otros serán las víctimas de un gobierno nefasto y que demagógicamente cree que con decisiones absurdas como la comentada puede mejorar sus pasmosos índices de desaprobación.
Atentado contra el Estado de Derecho
Por:
Juan Carlos Tafur
8.07.2022
