Aparece una legítima denuncia periodística en la que se informa que la excanciller Elizabeth Astete señaló ante el Congreso haber informado de su inclusión en la lista del vacunagate al propio presidente Sagasti y que éste no dijo nada y que inclusive le habría dado su autorización, habiendo solo reaccionado cuando se desató el escándalo.
Palacio ha emitido un pronunciamiento en el que niega los hechos y arguye que el día en el que supuestamente se produjo el intercambio de información entre Sagasti y Astete, no hubo sesión del Consejo de Ministros. Acto fallido, porque luego se ha conocido que el día señalado sí hubo una reunión entre el Presidente, la excanciller y la exministra de Salud, Pilar Mazzetti.
Si se certifica el hecho -lo tendría que aseverar Mazzetti, presente en la susodicha reunión-, el Presidente habría incurrido en una falta, sin duda. No tenemos la capacidad de asegurar o desmentir el hecho, pero la torpeza comunicacional del gobierno ya es legendaria y solo abona en favor de la hipótesis denunciada, lo que en el peor de los casos, lleva a Sagasti al borde del delito o de una falta administrativa y en el mejor lo deja como un mentiroso.
No obstante ello, es necesario advertir una vez más, la torva intención de muchos políticos de aprovechar la circunstancia para tratar de sacar a Sagasti del poder. Como buitres al acecho de carroña, estos políticos (congresistas y candidatos) solo tienen en mente desestabilizar el país más de lo que ya lo está.
Se conjugan dos intereses: la mafia de las universidades truchas que a toda costa quiere hacerse del poder para tumbarse a la Sunedu, la reforma universitaria y recuperar la licencia perdida de sus universidades (mafia que cuenta con enorme representación congresal), y algunos candidatos que saben que a mayor zozobra mayor impacto de su aparente radicalidad y actitud confrontacional.
Impresiona que a estas alturas de la crisis, a sabiendas del retraso administrativo y político que podría generar un nuevo cambio de gobierno, haya quienes antepongan sus intereses particulares al bienestar del país. A nadie en su sano juicio le debería parecer conveniente interrumpir el mandato de Sagasti, quien, a pesar de la aparente inconducta imputada, no calificaría para merecer el castigo de la vacancia por incapacidad moral que pueda llevar al Congreso a censurarlo. Solo un incendiario antipatriota podría pretenderlo.
