[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] En el actual y convulso panorama político que atraviesa el país, la Fiscal de la Nación, respaldada por más de 40 congresistas, se ve envuelta en una situación sumamente crítica. Una minuciosa investigación liderada por una fiscal ha arrojado indicios razonables que apuntan a la posible participación de la titular de la Fiscalía en una presunta organización criminal. Con base en las primeras investigaciones, esta red delictiva habría operado con el objetivo de garantizar la impunidad de los congresistas a cambio de sus votos para inhabilitar a la fiscal Zoraida Ávalos, designar al Defensor del Pueblo e investigar y destituir a la Junta Nacional de Justicia.
Ante el descubrimiento de estas actividades ilícitas, los presuntos integrantes de la organización criminal han adoptado la estrategia de «morir matando». Movilizando todos los recursos a su disposición, están llevando a cabo maniobras legales y políticas para evitar su inminente caída y la de los congresistas vinculados. En un giro sorprendente, la Fiscal de la Nación, en horas de la madrugada del lunes 4 de diciembre, firmó la resolución que destituyó a Marita Barreto de su cargo como coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del Poder, fiscal que venía investigando a sus asesores desde hace tiempo. Simultáneamente, acusó a la presidenta de la república, al primer ministro y a tres ministros de homicidio calificado en agravio de Víctor Raúl Santisteban, así como de lesiones graves en perjuicio de Sebastián Murillo y otros ciudadanos. A estas acciones se suma la moción presentada por algunos congresistas, que busca someter a una investigación sumaría a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia por “falta grave”.
Estas medidas buscan desviar la atención pública de las acusaciones iniciales, generando confusión y pretendiendo desgastar la capacidad de respuesta de aquellos que, en estricto cumplimiento de sus atribuciones, tienen la potestad de investigar y sancionar a la Fiscal de la Nación. En este complicado juego político, la expresión «morir matando» resume la intensidad de las acciones emprendidas por la presunta organización criminal para preservar su poder y evitar las repercusiones legales de sus acciones; y de la disposición a emplear cualquier recurso que se encuentre a su alcance.
En este escenario político convulso, las revelaciones actuales no hacen sino reafirmar una triste realidad que se repite: la venta de votos en el Congreso, la obstrucción de investigaciones fiscales y la perpetración de actos de corrupción son prácticas que persisten. Estas acciones, impulsadas por intereses particulares y de grupo, dejan al descubierto la falta de integridad y la miseria moral de aquellos que las ejecutan.
La democracia se basa en la idea de que el poder debe emanar del pueblo y que los representantes electos deben actuar en el interés del bien común. La venta de votos es una práctica que socava aún más la legitimidad del Congreso. Cuando los congresistas venden sus votos, están traicionando la confianza que les ha depositado el pueblo. La obstrucción de investigaciones fiscales es otra práctica que atenta contra la democracia. Cuando se obstaculizan las investigaciones fiscales, están impidiendo que se haga justicia y que se sancione a los responsables de actos de corrupción. La perpetración de actos de corrupción es una violación de la ley y de los valores democráticos.
Finalmente, esta coyuntura crítica podría convertirse en un punto de inflexión para un resurgimiento democrático, donde la integridad y la ética recuperen su lugar central en la conducción del país, en la administración de justicia y en la política.
[EN LA ARENA] Como en una película americana, los fiscales que investigaban la corrupción en el congreso infiltran a un parlamentario en el círculo de la Fiscal de la Nación, quien negociaba los votos de los congresistas. Para protegerse, la Fiscal denuncia a la Presidenta de la República. Es turno de que la Junta Nacional de Justicia, que la eligió para ser Fiscal, pero que luego fue amenazada por ella coludida con el Congreso, la suspenda de sus funciones durante el proceso disciplinario.
En medio de este destape de prebendas entre los poderes del Estado, de pronto irrumpe, escrachando la pizarra, la noticia de que el Tribunal Constitucional permitirá el indulto a Alberto Fujimori. La película se pone cada vez más intensa. De pronto, los especialistas en justicia salen a los medios a explicar que el Tribunal no ha emitido esa declaración. Que se continuará respetando la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declara que Fujimori debe continuar cumpliendo su condena. ¿Cuál es el fin de escandalizar con el tema del indulto a los medios? ¿Para qué alarmar con titulares a decenas de instituciones y a miles de personas con una falsa noticia durante la investigación a la Fiscal de la Nación?
Algo que caracterizó al gobierno de Alberto Fujimori fue el uso de campañas psicosociales. Vladimiro Montesinos contrató al psiquiatra Segisfredo Luza para que se encargara de la primera. Era 1991, después del paquetazo, cuando en medio de la crisis económica llega la epidemia del cólera y causa estragos en la población. 40,000 personas murieron de un momento a otro; y de pronto, una imagen de la Virgen María empieza a llorar sangre en el Callao. Su tiempo en los medios fue suficiente para palear el sufrimiento económico. El año siguiente, un día en el mes de setiembre, mientras Fujimori estaba pescando en Iquitos, el Grupo Especial de Inteligencia Nacional (GEIN) de la Policía capturó a Abimael Guzmán. Fujimori ni siquiera estaba al tanto de la operación. Sin embargo, el 12 de setiembre, apareció el demonio de Sendero Luminoso vestido con un traje a rayas, dentro de una jaula. De inmediato Palacio de Gobierno se atribuyó el éxito de la operación. Hasta hoy día, cerca de la mitad del país continúa creyendo que fueron Fujimori y el SIN y no la Policía Nacional y los ronderos quienes acabaron con Sendero Luminoso. Otro hecho significativo fue el giro de los programas de televisión cada vez más violentos, sexualizados, humillantes que primaron durante su dictadura. Con animadoras y cantantes prestos a crear cortinas de humo y tergiversar los hechos según los intereses de Fujimori gestionados por el SIN.
Su hija Keiko, que creció su adolescencia entre Palacio y el SIN, decidió continuar con el legado de su padre y no cesó de postular a la Presidencia de la República. Investigada y con pocas herramientas para crear grandes psicosociales, se restringió a un solo recurso que fue el de acusar de fraudulentas a las elecciones. Indudablemente no tuvo éxito. Pero hace poco, ella y su familia resurgieron mediáticamente: hubo un divorcio, ella estilizó su figura, comenzó a dar charlas motivacionales, mientras el padre de sus hijos intentó involucrarse en programas de entretenimiento á lo Fujimori, para trabajar como influencer. Este cambio de lo político a lo mediático, alcanzó hasta a su hija adolescente. Como en otra película, hoy de streaming, la hija revivió el sueño de su madre por ser modelo pero no lo consiguió. La presencia en las redes de una familia ahora vacía de contenido electoral, tampoco ha conseguido ocultar la amenaza constante bajo la que viven los fiscales que la investigan. El supuesto indulto a su padre, también ha fracasado, no pasará de un día. ¿Será que estaremos visionando como una mafia tan grande pueda estar llegando a su fin? Veremos; por lo pronto, esta historia continuará.
Bajo la hipótesis de que en el conflicto desatado por la Junta Nacional de Justicia y entre ésta y la Fiscal de la Nación, no están en juego criterios objetivos y técnicos de análisis jurisdiccionales sino motivaciones ideológicas claramente identificables, es factible proponer una suerte de arreglo de diferencias que nos permita resolver la crisis que enerva en estos momentos al país político (porque, por supuesto, al grueso de la población el tema ni le va ni le viene).
El tema es sencillo de remediar. Que la Junta Nacional de Justicia, predominantemente caviar, se retire la sangre del ojo en contra de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la deje gobernar en paz. El país, salvo la izquierda, está agradecido con ella por haber permitido que gracias a su implacable labor de pesquisa se conocieran las corruptelas de espanto del expresidente Pedro Castillo y que éste, acorralado por las evidencias y desesperado, intentara un fallido golpe de Estado, que al final ha terminado con sus huesos en la cárcel, como corresponde.
Que eventualmente la JNJ la amoneste, como parece merecer, y que propenda a su enmienda en lo actuado en el caso de su hermana y santo bueno, que se mantenga en el cargo, continuando con la labor de limpieza política que el país entero le agradece (de haber continuado Castillo, hoy el país estaría en escombros).
Del otro lado, a ver si Keiko Fujimori, la gran titiritera de este asunto, controla a la inefable Patricia Chirinos y la lleva a retirar el pedido de sanción contra todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia, una barbaridad jurídica por donde se le mire y que claramente es parte del plan conservador de efectuar una razzia caviar del Estado peruano, que en este caso se acrecienta porque se advierte el intento de la JNJ de pretender inhabilitar a la fiscal Patricia Benavides, por ojeriza ideológica más que por razones legales.
Ya la congresista Chirinos peca en abundancia de desatinos (como su precoz intento de vacancia de Castillo que lo único que permitió fue fortalecerlo), como para que se le permita seguir cometiéndolos con fruición. Una reconvención parlamentaria del intento de destitución de la totalidad de la JNJ bajaría enormemente las tensiones más aún si va de la mano con las consideraciones del caso a la fiscal Benavides.
Sabemos que legalmente, las cosas no se arreglan así y no cabe una reunión cumbre entre la congresista Chirinos o Keiko Fujimori con el presidente de la JNJ o la mano caviar que mece la cuna, pero no somos ingenuos de creer que en esta turbamulta no hay un trasfondo ideológico de guerra cruenta entre DBA y caviares que buscan ajustar cuentas en cuanta oportunidad se pueda. Después de todo, al final del día ya el próximo año se elige a una nueva JNJ y allí la derecha conservadora podrá imponer sus reales sin generar la turbulencia innecesaria que hoy está generando. Por hoy, que se queden la JNJ y la fiscal Benavides.
Hay muchos proyectos parados, sobre todo en el sector minero y energético, que necesitan el empujón o el aval del gobierno para proseguir o iniciar sus actividades. Y los funcionarios de segundo nivel, responsables de facilitarlo, han optado, al parecer, por hacerse de la vista gorda y por el inmovilismo, tratando irracionalmente de conservar sus puestos, creyendo que cualquier ola que se levante les traerá consecuencias administrativas por afectar la marcha inerte del régimen, que prefiere no hacer nada que le altere el estado de sitio.
Otro de los protagonistas es Pedro Grández Castro el esposo de la Fiscal Fanny Quispe, abogado y dueño de Palestra Editores, quien no solo edita los libros de Víctor Cubas, quien fue la voz pública de la denuncia de las llamadas telefónicas de Patricia Benavides con Antonio Camayo, sino que se los remunera jugosamente, además, de tener una relación comercial y personal de más de 30 años. Pedro Grández el 26 de febrero del 2023 publica en sus redes sociales (facebook), Dos días antes de que la Junta Nacional de Justicia anunciara su decisión de investigar a la Fiscal de la Nación, un mensaje premonitorio de lo que le iba a ocurrir a Patricia Benavides trayendo a colación un artículo periodístico de más de 20 años atrás del diario la República en el que se afirmaba que se designa a Fiscal sin concurso, escribiendo en su post “hay quienes hacen toda una vida en los intersticios de la ley”. Aparentemente, no había una razón de peso para que se haga arqueología periodística y se consiguiera un artículo impreso que nadie recuerda. Grández desentierra de los archivos periodísticos un artículo que no tenía sentido actualizar. Era la camita de lo que sabía iba ocurrir con la decisión de la JNJ de abrir investigación a Patricia Benavides.
Para que se identifique y mida el peso de Pedro Grández en esta trama contra la Fiscal de la Nación debe tomarse en cuenta que trabaja en la Junta Nacional de Justicia. Así lo refirió SUDACA en el artículo “ZORAIDA ÁVALOS: EL EJEMPLO PERFECTO DE IMPUNIDAD” del 2 de noviembre del 2022 en el que se señalaba: “Uno de los hechos más extraños que ha ocurrido en la Junta Nacional de Justicia es que hace algunos meses contrató como uno de los encargados de evaluar el examen del caso en los concursos de nombramiento para jueces y fiscales del Perú al abogado Pedro Grández Castro, esposo de la fiscal Fanny Quispe Farfán. Pedro Grández es uno de los encargados de la evaluación de conocimientos que la Junta Nacional de Justicia realizó, por ejemplo, en la CONVOCATORIA 003-2021-SN/JNJ para el CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE JUECES/JUEZAS SUPREMOS(AS) – ACCESO ABIERTO”.
También se dijo “lo que resulta particularmente relevante y que denota un aparente conflicto de intereses que no ha sido declarado a la Junta Nacional de Justicia es que el abogado formal y debidamente apersonado de Zoraida Ávalos Rivera es el abogado Pedro Grández Castro quien defendió a la exfiscal de la Nación en un procedimiento que se llevó a cabo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en la décimo octava sesión extraordinaria del lunes 1 de agosto del 2022, por la denuncia que presentó en su contra el exfiscal supremo Luis Arce Córdova. Pedro Grández asistió a la audiencia y se identificó con su número de colegiatura del Colegio de Abogados de Lima número 29019. Incluso, personas cercanas al sistema de Justicia y al Ministerio Público han señalado a Sudaca que Pedro Grández viene asesorando a la exfiscal de la Nación en acciones legales que se están presentando en contra de la Junta Nacional de Justicia por el proceso de ratificación que ha sido convocada Zoraida Ávalos para el día 3 de noviembre del 2022”.
Todos juegan para Zoraida Ávalos
Los protagonistas de esta historia tienen un denominador común: han tenido o tienen una relación con la Fiscal Zoraida Ávalos, quien los designó en cargos de confianza (Cabrera Zegovia, Cubas Villanueva), les dotó de mayor poder (Quispe Farfán) o se desempeñan como su abogado defensor (Grández Castro).
Se recuerda que la JNJ actuó con guantes de senda contra la Fiscal Zoraida Ávalos a quien la ratificó en el cargo de Fiscal Suprema pasando por alto el hecho de que el 2013 accedió a ese cargo presentado cinco certificados falsos al Consejo Nacional de la Magistratura. En el artículo titulado “ZORAIDA ÁVALOS: EL EJEMPLO PERFECTO DE IMPUNIDAD” dijimos “los cinco certificados bamba (falsos) que había utilizado Zoraida Ávalos en el 2013 para pasar raspando la etapa de la evaluación curricular dispuesta por el Consejo Nacional de la Magistratura en el concurso de nombramiento para Fiscal Supremo. El puntaje obtenido por la postulante Ávalos Rivera en la fase curricular fue de 67.50 puntos sobre un mínimo de 66 como nota aprobatoria y la puntuación asignada a los 05 certificados falsos expedidos por el Instituto Librejur fue de 02 puntos; de tal forma que sin la calificación de los documentos bamba solo hubiera logrado una puntuación de 65.50 y le hubiera faltado 0.50 para alcanzar la nota mínima aprobatoria, es decir, sin la valoración positiva, milagrosa, providencial y matemáticamente exacta de los cinco certificados falsos no hubiera logrado aprobar la etapa de la evaluación curricular del antiguo Consejo Nacional de la Magistratura y hubiera dejado automáticamente el concurso para ser nombrada como fiscal suprema, ya que se trataba de fases eliminatorias si es que no se obtenía un puntaje mínimo”.
Es llamativo que la JNJ que califica y considera los criterios morales y éticos de los magistrados (Jueces y fiscales) de manera muy alta, tanto para designarlos, destituirlos o ratificarlos en el cargo haya pasado por alto hechos tan graves como los cometidos por la exfiscal de la Nación y en su entrevista de ratificación ni siquiera le haya formulado una sola pregunta al respecto, haciendo gala de una inexplicable impunidad y fijando un nefasto precedente del sistema de Justicia. El mensaje que se deja a los magistrados del Perú es siniestro: se puede acceder a lo más alto de la función pública y, concretamente, del Ministerio Público con la presentación de certificados falsos sin ninguna consecuencia y sin que la JNJ haga algo al respecto.
Si se quiere establecer el tamaño del escándalo, vean el video de su proceso de ratificación cuya votación fue ratificar a Ávalos Rivera por unanimidad como Fiscal Suprema.
Sin embargo, la prueba de que la JNJ trata con un doble rasero a los fiscales supremos es que a la actual Fiscal de la Nación se le abre investigación por tener comunicaciones con Antonio Camayo, que el 2018 era considerado un empresario emergente; pero no hace lo mismo con Zoraida Ávalos pese a tener llamadas con César Hinostroza Pariachi.
Muchos medios de comunicación han señalado que existe el “registro de una llamada saliente realizada por el entonces juez supremo César Hinostroza Pariachi al teléfono institucional (asignado oficialmente por la Fiscalía) de Zoraida Avalos, el día 4 de febrero de 2016, a las 22:12 horas”.
Se ve la paja y las llamadas en el otro, pero no las llamadas telefónicas de un miembro de la JNJ
Uno de los temas más graves de la investigación que se le abrió a la Fiscal de la Nación por parte de la JNJ es que se olvida que uno de los miembros natos de dicha institución tiene no una, sino varias llamadas con varios de los presuntos miembros de la Organización Criminal de los Cuellos Blancos del Puerto, lo cual fue reflejado también en un Informe de la Diviac.
En efecto, en el Informe N° 02-2020-DIRNIC-PNP-DIVIAC-DEPAPTEC de fecha 7 de enero del 2020, la Diviac le informa al fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón del registro de llamadas del celular de María Zavala Valladares N° 985570544 con las personas involucradas en la red de corrupción de los Cuellos Blancos y los resultados son sorprendentes.
María Zavala Valladares de su celular N° 985570544 registra siete llamadas con Cesar Hinostroza supuesto líder de dicha Organización Criminal, entre los años 2015 a 2018; también registra cuatro llamadas con Iván Noguera Ramos el año 2017, cuenta con tres llamadas telefónicas el año 2018 con Daniel Peyrano Sánchez y una llamada el año 2018 con Luis Arce Córdova.
Pese a la existencia del Informe N° 02-2020-DIRNIC-PNP-DIVIAC-DEPAPTEC que aquí publicamos como primicia no hubo problema para que la Comisión especial encargada de nombrar a los miembros de la JNJ haya designado sin algún rubor a María Zavala Valladares como parte de los siete miembros del pleno de esta institución del Estado. Quizás la única explicación es que se haya considerado que los registros de las llamadas entre dos personas poseen un valor inocuo, irrelevante y neutral desde el punto de vista del derecho.
Pese a que el contenido del Informe N° 02-2020-DIRNIC-PNP-DIVIAC-DEPAPTEC registra varias comunicaciones con más de una persona involucrada en el caso los Cuellos Blancos, en el caso del Informe N° 317-2020-DIRNIC-PNP-DIVIAC-DEPAPTEC que comprende las supuestas llamadas de la Fiscal de la Nación solo hay comunicaciones con una persona en un periodo reducido de tiempo: dos meses.
¿Por qué la JNJ monta un escándalo de abrir investigación a la Fiscal de la Nación por tener llamadas telefónicas con terceros, sin que exista audios o conversaciones grabadas, y no investiga o manda investigar a quien forma parte del pleno? Se presentan los mismos hechos, o hechos más graves, pero se tiene un distinto rasero. Así es la justicia de nuestro querido Perú.
En la práctica, es inviable su gobierno. Es un régimen fallido, que mientras más corta sea su permanencia en el poder, tanto mejor para el país. La oposición política y, sobre todo, la ciudadana tiene que empezar a hacerse sentir para lograr ese cometido. Los llamados a hacer efectiva esa salida -los congresistas- no lo van a hacer mientras el país político y civil no presione para que lo hagan.
EL PEDIDO DE EXCLUSIÓN DE UN FISCAL QUE ZORAIDA ÁVALOS NUNCA RESPONDIÓ A LA PROCURADURÍA ANTICORRUPCIÓN
El lunes 11 de marzo del 2019 a las 16.25 (ver fotografía) el Procurador Adjunto Público Anticorrupción, Javier Pacheco Palacios, presentó un escrito a la Fiscalía de la Nación en el que pedía se excluya del caso Cuellos Blancos del Puerto al Fiscal Supremo Eliseo Fernández Alarcón. En dicho escrito, literalmente, se dijo: “SOLICITO se EXCLUYA al Fiscal Supremo JESÚS ELISEO FERNÁNDEZ ALARCÓN DE LAS INVESTIGACIONES PRELIMINARES Y PREPARATORIAS, en las 23 carpetas fiscales, procesos tramitados ante Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos; y todos aquellos que se encuentren vinculadas al caso denominado “Los Cuellos Blancos del Puerto del Callao””. El documento presentado por la Procuraduría Anticorrupción aludía a una serie de graves irregularidades y omisiones funcionales en la que habría incurrido el Fiscal Fernández Alarcón en la tramitación del caso “Cuellos Blancos” y el amparo era el artículo 62.1 del Código Procesal Penal.
La mesa de partes de la Fiscalía de la Nación para registrar dicho escrito en su sistema no colocó un sello, común y corriente, sino que le asignó por un asunto de seguridad documental un código de barras infalsificable y le señaló el expediente 0008020-2019.
El pedido de exclusión presentado a la Fiscalía de la Nación tuvo un rebote noticioso en el diario El Comercio el día 13 de marzo del 2019 con el título: “Procuraduría pide exclusión de fiscal supremo a cargo del caso Cuellos Blancos” y el diario La República el 13 de marzo del 2019 con el título “Cuellos Blancos: piden exclusión de fiscal que archivó investigaciones”. Como si fuera poco, los Procuradores Amado Enco y Javier Pacheco se entrevistaron personalmente con la Fiscal de la Nación a fines de marzo del 2019 para sustentar su pedido.
Pese a la importancia del pedido, Zoraida Ávalos como Fiscal de la Nación nunca, durante su mandato de tres años, resolvió la exclusión presentada por la Procuraduría Pública. Por el contrario, guardó silencio y dejó sin atender, para bien o para mal, el planteamiento de la parte civil que defiende los intereses del Estado y que es un organismo anticorrupción.
Luego de la consulta a algunos abogados constitucionalistas se nos dijo que la omisión de la ex Fiscal de la Nación de responder a un pedido de exclusión de un Fiscal formulado por la Procuraduría es un hecho extremadamente grave y que es inédito en los anales de la justicia peruana, ya que se ha dejado en una incertidumbre e indefensión a la parte que defiende los intereses del Estado al no haber brindado respuesta alguna en más de 36 meses desde que se formuló el pedido, lo que afecta la tutela judicial efectiva y el debido proceso al que tiene derecho la parte civil. Zoraida Ávalos habría infringido el artículo 47 inciso 13 la Ley de la Carrera Fiscal que señala como infracción grave “el incurrir en acto u omisión que, sin ser delito, comprometa gravemente los deberes del cargo” que concuerda con el artículo 33 inciso 11 de dicha ley que manda: “Atender diligentemente el despacho fiscal”.
También se nos indicó que la Junta Nacional de Justicia en una reciente resolución del 31 de enero del 2022 (P.D N° 155-2020) decidió destituir a un juez de Amazonas: José Antonio Bravo Soto por haberse demorado 17 meses en redactar una sentencia condenatoria cuyo fallo había sido leído en una audiencia pública.
Si en el Perú opera la igualdad ante la ley, y no las preferencias personales o los amiguismos –tómese en cuenta que Zoraida Ávalos integró la Comisión que nombró a los actuales miembros de la Junta Nacional Justicia– la ex Fiscal de la Nación debería terminar destituida por proteger a toda costa al Fiscal Fernández Alarcón frente a un pedido de exclusión que presentó la Procuraduría Anticorrupción. ¿O es que acaso es más grave demorarse 17 meses en redactar una sentencia que no responder, más de 36 meses, un pedido de la parte civil?
LA INVESTIGACIÓN QUE ZORAIDA ÁVALOS NUNCA QUISO HACER Y QUE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA DECIDIÓ EMPRENDER
Uno de los escándalos más fuertes y graves que recuerda el sistema de justicia en los últimos años es el chuponeo masivo que emprendió la Fiscalía Suprema de Fernández Alarcón durante el año 2018 a 2021 de más de 30 personas, entre los que se incluye a los jueces supremos titulares Héctor Lama More y Martín Hurtado Reyes y que se produjo con la mira complaciente del juez Núñez Julca.
La información fue un destape de SUDACA en el artículo de Alonso Ramos titulado “Una dudosa decisión fiscal abre un frente de ataque en el caso cuellos blancos” del 16 de setiembre del 2021. Luego, la noticia rebotó y fue tomada por el programa “BETO A SABER”, “COMBUTTERS” de Willax, PBO radio, el diario Expreso y otros medios de comunicación.
El pico más alto de la noticia fue que a fines de octubre de 2021 la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, por primera vez en su historia, emite un comunicado a la opinión pública en donde pide una exhaustiva investigación por las autoridades competentes (Fiscalía de la Nación y Junta Nacional de Justicia) contra un fiscal supremo: Fernández Alarcón y el juez supremo Núñez Julca quienes habrían intervenido en el chuponeo masivo.
La Fiscal de la Nación de ese entonces, pese a tener información fresca y veraz de estos graves hechos que fueron descritos por diversos medios de comunicación nunca siquiera abrió una investigación formal en su despacho contra Fernández Alarcón y Núñez Julca, para averiguar si, efectivamente, hubo o no chuponeo masivo a 30 personas, a dos jueces supremos titulares y si se pretendió destruir la evidencia, como resaltaba la nota de SUDACA de septiembre del 2021.
Es muy extraño que la Fiscalía de la Nación de Zoraida Ávalos haya hecho el amague de investigar al expresidente Martín Vizcarra, al actual presidente Pedro Castillo, haya denunciado constitucionalmente al expresidente Manuel Merino y haya estado muy atenta de abrir investigaciones a cuanto congresista, ministro de Estado o cualquier otro alto funcionario que se vea involucrado en cualquier delito (la lista es interminable); y paradójicamente, no mueva un dedo ni haga nada por investigar los delitos graves que ha cometido un fiscal de su entera confianza como es el fiscal Fernández Alarcón.
Parece que los fiscales cercanos y afines a Zoraida Ávalos, que cumplen una misión específica, tuvieran una corona de oro y una inmunidad especial, renunciándose a investigar delitos muy graves como es la interceptación telefónica y el delito de encubrimiento. Ante la sociedad peruana algunos fiscales aparecen como portadores de una aureola especial, de un blindaje particular, pues nadie los investiga ni nadie hace algo contra ellos por más graves que sean los hechos en los que están involucrados.
Sin embargo, a juzgar por los últimos acontecimientos, la Junta Nacional de Justicia, ha decidido acabar con esta impunidad selectiva y de abierto desafío al Estado de Derecho y en una decisión reciente de inicios de mayo del 2022, abre investigación contra el Fiscal Fernández Alarcón y los jueces: Núñez Julca, Castañeda Espinoza como presuntos responsables de haber violado el secreto de las comunicaciones de más de 30 personas, vulnerando la Ley de la Carrera Fiscal y la Ley de la Carrera Judicial.
La Junta Nacional de Justicia le da un ejemplo a la Fiscalía de la Nación de Zoraida Ávalos de cómo en el Perú no hay “fiscales dioses”, ni reyes que tienen corona y que los fiscales no están por encima de la ley, ni pueden pisotearla a su antojo. Total, si la Fiscalía de la Nación puede investigar a un Presidente de la República en funciones, con mayor razón, puede investigar a un fiscal amigo y protegido de Zoraida Ávalos y a los jueces supremos que le siguen el juego sin ningún control y sin estudio del caso
Patricia Benavides tomó una fuerte posición contra Pedro Chávarry a fines de 2019, cuando el ahora destituido Fiscal de la Nación dispuso la salida de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, cabezas más visibles del equipo especial Lava Jato.
A través de un comunicado, Benavides se dirigió a Chavarry y dijo que su renuncia podría permitir “una salida democrática” a la crisis que atravesaba esa institución.
“Frente a los riesgos de anomia generalizada, invocamos al actual Fiscal de la Nación, tome conciencia del impacto de sus decisiones y, anteponiendo los intereses institucionales, por el progreso de nuestro país y la tranquilidad de nuestros compatriotas, dé un paso al costado y de esta manera permita una salida democrática, siempre dentro de los cánones de la constitucionalidad y legalidad”, expresó en aquella oportunidad.
Tres años después, ahora desde el puesto más alto del Ministerio Público, Benavides enfrenta el reto de asegurar que las indagaciones prosigan y se conviertan en sólidas acusaciones.
Dada la conjunción de los hechos mencionados puede estar más cerca de lo previsto la posibilidad de que ellos presionen a las bancadas aún no convencidas en el Parlamento para que opten por los dos únicos caminos de solución: o vacan a Castillo e inhabilitan a Boluarte, provocando un adelanto de elecciones forzado, o cambian la Constitución y ejecutan un recorte del mandato general del Ejecutivo y el Legislativo para realizar elecciones generales adelantadas.
