La figura de la “inmunidad parlamentaria” fue eliminada para evitar que autoridades tan relevantes se sientan por encima de las normas y cumplan con su deber de responder frente a imputaciones diversas.
El Congreso debe velar porque las investigaciones en este caso se desarrollen en el marco de la debida diligencia estatal, pero a la vez, tiene que tomar acciones para sancionar al agresor y medidas preventivas para evitar la repetición de los hechos.
No dejemos que este caso se pierda en el tiempo, exijamos investigación célere, sanciones adecuadas y respuestas concretas desde el Congreso que contribuyan a devolverle algo de legitimidad al espacio.
