Gabriela Salvador Cárdenas (36), excandidata al Congreso por el Partido Morado, es la flamante coordinadora parlamentaria del Poder Judicial desde noviembre pasado.Su designación no sería discutible si no fuera por un pasado reciente lleno de acusaciones de estafa y manipulación de parte de amigos y exparejas. A las fundadas denuncias, además, se suma que Salvador no tiene su colegiatura de abogada activa, uno de los requisitos estipulados en el proceso de contratación.
A mediados de octubre, la Corte Suprema abrió la convocatoria de selección por un sueldo de S/12.500. El trabajo supone coordinar con el Congreso, participar en las comisiones parlamentarias e impulsar las iniciativas planteadas por el Poder Judicial, entre otros. El cargo depende directamente del Gabinete de Asesores del PJ.
El proceso de contratación CAS 390-2021 tuvo dos fases: una entrevista oral y una evaluación de curriculum. En la primera, Salvador sacó 50 puntos de 50, mientras que sus otros dos competidores apenas lograron 28 y 22. Esto pese a que en la evaluación de su hoja profesional fue la de menor puntaje, de acuerdo al cuadro de notas al que este medio accedió.
Resultado final del proceso CAS.
Una de las personas que entrevistó a Salvador fue la jefa del Gabinete de Asesores del PJ, Silvia Loli, exministra de la Mujer del gobierno que lideró Francisco Sagasti. Gabriela Salvador asegura que no conocía a Loli -quien ahora es su jefa- de su paso por el Partido Morado y que no sabía que iba a estar dentro del proceso.
Salvador, también exmilitante del Frente Amplio, dice que su alta calificación en la entrevista responde a sus conocimientos sobre temas parlamentarios y asegura que sus competidores no estaban preparados. Pero eso no es lo único que llama la atención.
Entre los requisitos para el puesto, el PJ solicitaba tener el título de la carrera de Derecho “con colegiatura y habilitación vigentes”. Sin embargo, en la base de datos del Colegio de Abogados de Lima (CAL) la colegiatura de Salvador figura como “inactiva”. Esto significa que no está habilitada para ejercer formalmente su profesión, ni tampoco cumple los requisitos para el cargo que hoy ocupa.
Salvador responde que “muchos están bajo esa modalidad [inactiva] porque es por pago y, en pandemia, no funcionó el CAL”. Cuatro abogados consultados por Sudaca dicen, sin embargo, que no han tenido problemas para pagar en este periodo. El área de prensa de la CAL también respondió que no hay ningún problema con los pagos e, incluso, que pronto se habilitaría un descuento para el pago anual.
El PJ asegura, en comunicación enviada a Sudaca, que Salvador fue contratada “en consideración a su experiencia en el campo correspondiente”, que “demostró mayor competencia a diferencia de sus competidores que carecían de expertiz” y que no existió “impedimento legal” para su designación.
Es preciso, ahora, revisar otros episodios de la vida de esta nueva funcionaria pública.
MENTIRAS Y ACUSACIONES
Hace poco Gabriela Salvador fue tendencia en redes sociales luego de que el semanario “Hildebrandt en sus Trece” revelara una denuncia en su contra realizada por su expareja, Keila Chevarría. En agosto de este año, Chevarría contó que fue estafada y extorsionada emocionalmente por la flamante coordinadora parlamentaria del PJ luego de haberle depositado más de S/89.000 para tratar una supuesta leucemia que Salvador le dijo padecer.
DENUNCIA PÚBLICA CONTRA GABRIELA SALVADOR CÁRDENAS
Mi nombre es Keila Chevarria Arriaga y DENUNCIO PÚBLICAMENTE a la señora Gabriela Salvador Cárdenas, mi ex pareja, por ESTAFA y EXTORSIÓN EMOCIONAL, por los hechos que paso a relatar. (1/1
Pero todo fue una farsa, según Chevarría, quien la acusó de haberse quedado con la plata. Incluso llevó el caso hasta el Ministerio Público. En su momento, Salvador dijo que los chats donde le manifiesta que tiene la enfermedad fueron editados. Consultada al respecto, la actual funcionaria del Poder Judicial se limita a decir que es un tema que están viendo sus abogados y evita responder si le devolvió el dinero a su expareja.
Pero Sudaca pudo conocer otros episodios similares que versan sobre engaños y manipulación. Algunos pasajes revelan asuntos personales que este medio solo reproduce porque hablan sobre el comportamiento sistemático de una funcionaria pública que parece tener problemas para decir la verdad.
Luego de las últimas elecciones, como invitada del Partido Morado al Congreso, Gabriela Salvador contactó a Juan Luis del Carpio, un excompañero de la maestría a quien, de un momento a otro, le fue con el cuento de una supuesta enfermedad. En los pantallazos que Del Carpio nos muestra, del pasado 17 de abril, Salvador le pide dinero para costear el tratamiento.
«Perdona que te escriba para esto, sabes que no me gusta pedir ayuda. Soy muy orgullosa. Pero tengo un problema de salud. Tengo Covid desde el 9 de abril. Ahora estoy con oxígeno y concentrador. No tengo apoyo de mi familia, vivo sola hace mucho. Ya pagué S/5.500, aún me faltan S/13.500 por el oxígeno y el concentrador. No soy de pedir y me da vergüenza. Saturo 88, pero por la leucemia no pueden aún hospitalizarme por riesgo a una bacteria hospitalaria. ¿Crees que puedas prestarme algo, lo que puedas, y yo saliendo de esto, te pago? ¿Puedo darte mi número de cuenta? Debo pagar al proveedor de a pocos», dice el pedido. Del Carpio no accedió a su petición.
La actual funcionaria del Poder Judicial, pese a las evidencias, niega la solicitud de dinero. Señala que hay una incongruencia en los mensajes ya que “si hubiese tenido Covid, lo habría dicho” y que no hubiera hecho campaña en campo.
Pero los testimonios abundan. Carolina Soto Sayán, exmilitante del Frente Amplio, asegura que mantuvo una relación con Salvador entre finales de 2019 y febrero de 2020. Si bien no le solicitó dinero, sí le aseguró que su salud estaba en un estado deplorable. Era una forma de manipularla.
“Cuando decidí que no saldríamos más por la personalidad que tiene, fue que se inventó que se estaba muriendo y las amenazas de que se haría algo. No puedo catalogar si tiene o no alguna condición», cuenta a Sudaca Soto Sayán.
Como parte de la manipulación que habría ejercido sobre su expareja, Salvador le envió por correo electrónico un documento del Instituto Nacional del Cáncer de Uruguay donde se dice que tiene leucemia. El archivo es similar al que le envió a su también expareja Keila Chavarría. Sobre este, en agosto pasado, el centro de salud le dijo a “Hildebrandt en sus Trece” que era fraguado.
Salvador intenta defenderse señalando que aquel email no lo envió ella, que alguien se metió a sus cuentas. “Yo no envío esos correos y siempre se lo dije a Carolina. Le pedí que me enviara estos, pero nunca lo hizo. Ella tenía las contraseñas de mis redes y mi correo. Lo tenía también Erick Palus [su community manager]”, dice Salvador. Tanto Soto como Palus niegan haber tenido acceso a su correo personal.
Soto enseña también pantallazos de una delirante conversación del 5 de febrero de 2020. En estos, Salvador le cuenta que le urge llamarle, ya que cuenta con expedientes confidenciales que “involucran a Mujica en crímenes [no sabemos a quién se refiere]», que habían intentado abrir la puerta de su casa, que “mancharon la puerta de sangre” y que había “un seguridad de embajada que me sigue en camioneta”.
Un caso similar habría ocurrido cuando estaba postulando al Congreso por el Frente Amplio. En aquel entonces, en febrero del 2020, Salvador denunció en la comisaría de Magdalena que le habían dejado un arreglo floral en la puerta de su edificio con un mensaje que decía: “Descansa en paz, Gabrielita”. El conserje del edificio corroboró el hecho. Pero lo que cuentan dos fuentes que trabajaban en ese momento en el despacho de Marco Arana, junto a Salvador, es que ella utilizó el hecho para sus manipulaciones.
“Ella dijo: ‘yo creo que es Yanacocha porque he hecho un informe en OEFA’”, recuerda una de las personas consultadas, que pide mantener su identidad en reserva. “Todo había sido simulado. Al final usaba ese tipo de argumentos para hacer que su expareja volviera con ella. Para eso estaba dispuesta a inventar cualquier cosa”, cuenta la otra fuente.
Salvador niega los hechos, aunque reconoce el episodio de la corona de flores. “Nunca mencioné a Yanacocha en campaña. La corona lo interpreté como alguien que quería molestar. Nunca dije que había sido enviada por alguien en específico, ni tuve sospechas”, dice a Sudaca.
Así las cosas, Gabriela Salvador pareciera ser, pues, más que una persona que engaña y manipula, una heroína en tiempos modernos.
Ojalá Richard Arce, excongresista del Frente Amplio (era parte entonces de Nuevo Perú), se consolide como una opción político-electoral en el futuro. Es el único líder que, desde la izquierda, viene mostrando una actitud digna y crítica de los desmanes del gobierno de Pedro Castillo.
Es más, coherente con sus posturas de izquierda, y sin transar con ellas, alberga un sentido de modernidad al entender que no hay proyecto de izquierda viable que se despliegue contra la inversión privada (incluyendo a la inversión minera, tan satanizada por sus colegas de bando ideológico).
El resto de las izquierdas, que conforman la coalición que nos malgobierna, está inmerso en una espiral de desprestigio absoluto, no tanto por pertenecer a un gobierno mediocre -que, al final de cuentas, de ello es principal responsable el propio Presidente de la República- sino por guardar silencio sepulcral respecto de las tropelías que se cometen en diversas instancias del poder, sin alzar una voz crítica o siquiera lanzar una tímida alerta a propósito de ello.
Lo que hemos visto en estos primeros 120 días de gobierno excede los términos normales de solvencia administrativa del Estado y adquiere ribetes de escarnio gestor, sin considerar, inclusive, los visos de corrupción encubierta que muchos de los actos desplegados en ese lapso, revelan o sugieren.
Se hubiera esperado, sobre todo de la izquierda considerada moderna, y que durante la propia campaña fustigaba a Castillo acusándolo de primitivo y rupestre, una actitud vigilante -como ella misma anunció- y que ejerciese presión para enderezar el rumbo equívoco que este gobierno ha tomado desde el inicio, aparentemente sin remedio. Y eso no ha ocurrido.
Por supuesto, lo que está ocurriendo es una gran noticia para la centroderecha, o la derecha monda y lironda, ya que lo más probable es que las próximas elecciones ambas cosechen del enorme desprestigio en el que se está sumiendo casi toda la izquierda, pero no es una buena noticia para la democracia peruana que la izquierda involucione a cuenta de prebendas del poder, y se aleje de los criterios de modernidad que en otros países la izquierda muestra y que permiten una saludable rotación democrática sin que el país estalle o la sociedad se vea sumergida en el atraso, como hoy está sucediendo.
Al ingreso de Jorge Gutiérrez Mendoza como nuevo jefe del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes) le siguió un grupo de personas que han tenido un rosario de imputaciones en el Ministerio Público. Estos, además, han venido fungiendo de asesores en la sombra, a decir de sus recurrentes ingresos y salidas a estas oficinas sin siquiera ser nombrados. Hoy algunos ya están formalmente en la entidad. Uno ni siquiera cumple con los estándares mínimos del puesto.
PUESTOS PARA EL FRENTE AMPLIO
El más notorio de los contratos es el del excongresista Lenin Checco Chauca. Pese a que no cuenta con los requisitos para el cargo, la jefatura del Fondepes -entidad adscrita al Produce que promueve y apoya a la pesca artesanal- tomó el camino del caballazo y ayer publicó una resolución donde se le designaba como flamante Asesor II.
Para el puesto se pedía un mínimo de experiencia de tres años en funciones que tengan que ver con el sector o afines, así como un programa de especialización en la materia. Estas vallas las puso la anterior gestión del Fondepes, porque la institución maneja más de S/100 millones anuales y abarca la séptima parte del presupuesto del sector de producción. Pero el nuevo mandamás, Gutiérrez, optó por hacerse de la vista gorda.
Checco, quien nunca ha tenido una experiencia laboral relacionada con el sector, de acuerdo a su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones en 2020, prometió que iba a presentar a este medio documentos que acreditaban que cumplía los requisitos. Al cierre de esta nota, sin embargo, no lo hizo. Sudaca no pudo confirmar si es que el nuevo asesor sabe siquiera pescar.
Hasta julio de este año, de acuerdo a registros del Ministerio Público, Checco figuraba en una carpeta fiscal abierta por el delito de “promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas”. Entre el 2006 y este año, además, ha sido imputado por abuso de autoridad y peculado -este último fue archivado- en Apurímac. El excongresista asegura a Sudaca que todos los procesos en los cuales ha estado involucrado se encuentran actualmente archivados y que no cuenta con investigaciones vigentes.
Nota de Edición: Checco nos hizo llegar documentación respecto al caso de TID y de Concusión, en los cuales ambos se resuelven como archivados.
Checco empezó a visitar el Fondepes desde fines de setiembre, antes de ser nombrado. Según el registro de visitas, ingresó a la entidad de manera continua entre el 20 y 24 de septiembre, usualmente desde las 9 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde o más. Lo hacía en calidad de “particular”. El motivo, según el registro, siempre fue “reunión de trabajo con jefatura”.
¿Cómo llegó el excongresista al puesto? Sucede que Jorge Gutiérrez fue su asesor en el pasado período congresal 2020-2021, cuando Checco obtuvo una curul como parlamentario por Apurímac, en las filas del hoy extinto Frente Amplio (FA).
Además, Gutiérrez tiene más vínculos con este partido. Si bien estuvo afiliado a Perú Posible hasta el 2017, en 2018 postuló con el partido de izquierda para el cargo de vicegobernador regional en Apurímac. En dicha oportunidad, Checco Chauca fue el candidato a gobernador. No ganaron.
En ese entonces, el personero legal del FA era Cristian Chani Sequeiros. Este personaje -oh, sorpresa- fue designado en el cargo de Asesor I de la jefatura del Fondepes el último martes. Y de acuerdo a una resolución de ayer a la que ha podido acceder este medio, ha quedado encargado como Coordinador de Recursos Humanos en la entidad. Es decir, una puerta abierta para seguir usándola como agencia de empleos del expartido
Según el registro de visitas, otros exmilitantes del partido vienen visitando las instalaciones del Fondepes para “entrevistas” con Jorge Gutiérrez. El 27 de setiembre lo hizo Mercedes Soto Sayán, afiliada al Frente Amplio -hasta la desaparición de la organización hace unas semanas- y miembro del Comité Electoral Nacional desde octubre del año pasado. El mismo día, Trilce Hilario Chacón, quien fue parte de la Comisión Política Nacional, también tuvo una entrevista de trabajo con el jefe de la institución. Hilario volvió a ir dos días más.
El copamiento del Fondepes empezó bajo la reciente gestión en Produce de Yván Quispe Apaza, que fue militante del Frente Amplio. Ayer la cartera pasó a manos del accionpopulista José Incio Sánchez. En el feudo de Gutiérrez, sin embargo, hay más designaciones que llaman la atención.
OTRAS DESIGNACIONES DUDOSAS
Una de ellas es la de Luis Robles Loza, quien fue designado hace dos días como Asesor I de la jefatura de Fondepes. Su nombre figura en seis carpetas fiscales como imputado, entre 2013 y mayo de este año. Al menos una de estas ha sido archivada.
La más reciente, de mayo pasado, es por un caso de falsedad ideológica. Los otros delitos que aparecen en los registros fiscales son falsificación documentaria, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, apropiación ilícita y estafa. Además, según prensa local, fue señalado como el “facilitador” de cobro de cupos en el muelle artesanal de Chimbote y el muelle municipal ‘27 de octubre’ a inicios de año. Al ser consultado por estos temas, Robles prefirió el silencio.
El flamante asesor también venía visitando el despacho de Fondepes antes de ser nombrado. Ingresó entre el 20 y 24 de septiembre, desde la mañana hasta entrada la noche. El motivo siempre fue “reunión de trabajo” con la jefatura de la entidad. Luego, el 27 de ese mes, ingresó como parte del equipo de ‘transferencia de cargos’.
Según señalan fuentes de Fondepes a Sudaca, Andrés Trigoso Alca es otro de los personajes cercanos a Gutiérrez que en los próximos días juramentaría como asesor. Trabajó por casi una década en el Ministerio de Energía y Minas, siendo su último cargo el de jefe de la Oficina de Gestión de Diálogo y Participación Ciudadana el 2020. También, como Robles, fue parte de la comisión de transferencia.
Trigoso tiene cuatro carpetas fiscales como imputado o investigado entre el 2008 y 2012. Los delitos que figuran junto a su nombre son abuso de autoridad, fraude procesal y violencia familiar. El caso más grave en el que aparece -y que, según los registros, hasta julio pasado seguía abierto- es el de la presunta violación sexual a una «persona que se encuentra en situación de dependencia, autoridad o vigilancia”.
Nota de Edición: Trigoso se contactó con Sudaca luego de publicada esta nota, y afirmó que el caso de violencia familiar fue archivado. Asimismo, dijo que en cuanto a «esa y las otras denuncias desconozco ya que nunca fui notificado y no sé la materia de las denuncias». Además, sobre el caso de denuncia sexual, indicó que no es el imputado, aunque en el registro de fiscalía aparece como investigado en un caso que califica.
Para la elaboración de este artículo Sudaca se contactó con el asesor quien, al ser requerido para una entrevista, expresó su extrañeza porque “no tiene un vínculo laboral” con Fondepes. Al indicarle que teníamos conocimiento de su cercanía con la entidad y sus visitas físicas a la misma, nos dejó en visto. Sudaca pudo comprobar que Trigoso visitó el Fondepes la noche del pasado viernes. Este medio tomó registro de su auto saliendo del local del Cercado de Lima.
Trigoso, sin embargo, solo aparece en una visita con motivo de transferencia de cargo el 27 de septiembre de 5:43 pm a 7:25 pm. La visita captada por el autor de esta nota no está en el registro. Una fuente de la entidad asegura que habría ingresado, además, entre el 20 y 23 de septiembre bajo el nombre de ‘Fernando Segundo Arce Trigoso’, que sí figura.
De acuerdo a la Contraloría, el no registrar las visitas constituye una falta que afecta las normas de transparencia. La amonestación tendría que estar dirigida a la jefatura de la entidad, es decir, Jorge Gutiérrez Mendoza. Pero el nuevo jefe del Fondepes también es un personaje cuestionado.
Luego de su nombramiento, se hizo público que tiene una investigación por negociación incompatible que habría ocurrido en su paso por la Diresa II de Apurímac. Además, se hicieron públicas sendas denuncias por violencia familiar, según América Televisión.
Sus recientes acciones hablan por él. Como Fondepes es una entidad técnica, no cualquiera puede entrar a sus filas. Por ello, la anterior gestión había elaborado una matriz con los perfiles exigidos a los contratados por órdenes de servicio. El 1 de octubre, Gutiérrez se tumbó esos lineamientos.
Ese día dirigió un memorándum múltiple a diversos directores y jefes. En el documento se comunicaba que los requisitos establecidos en la gestión anterior, para contratos de personal por órdenes de servicio -menores o iguales a 8 UIT (S/35.200)- quedan sin efecto. Está claro que en la nueva agencia de empleos del desaparecido Frente Amplio, el festival de dudosas contrataciones apenas empieza.
