genocidio

[EL DEDO EN LA LLAGA]  Fue precisamente este crimen el que llevó al jurista polaco judío Raphael Lemkin (1900-1959) a acuñar el término de “genocidio”, aparecido por primera vez en 1944 en su trabajo de investigación “Axis Rule in Occupied Europe” (“El poder del Eje en la Europa ocupada”), publicado en Estados Unidos. Lemkin había logrado escapar de Polonia en 1939, pero sin poder llevarse a sus padres, que serían asesinados en Auschwitz. En su escrito decía:

«En términos generales, el genocidio no significa necesariamente la destrucción inmediata de una nación, excepto cuando se logra mediante la matanza masiva de todos los miembros de una nación. Se trata más bien de significar un plan coordinado de diferentes acciones encaminadas a la destrucción de los fundamentos esenciales de la vida de los grupos nacionales, con el objetivo de aniquilar a los propios grupos. Los objetivos de tal plan serían la desintegración de las instituciones políticas y sociales, de la cultura, el idioma, los sentimientos nacionales, la religión y la existencia económica de los grupos nacionales, y la destrucción de la seguridad, la libertad, la salud, la dignidad y incluso las vidas de las personas que pertenecen a esos grupos. El genocidio se dirige contra el grupo nacional como una entidad, y las acciones involucradas están dirigidas contra individuos, no en su capacidad individual, sino como miembros del grupo nacional».

Lemkin dedicaría su vida a que el crimen de genocidio fuera reconocido internacionalmente como un crimen contra la humanidad, pues «cuando una nación es destruida, no es la carga de un barco lo que es destruido, sino una parte sustancial de la humanidad, con una herencia espiritual que toda la humanidad comparte».

Sus esfuerzos lograron que en diciembre de 1948 la Asamblea General de la ONU aprobara la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que luego sería ratificada por cada uno de los Estados miembros.

Es de hacer notar que los criminales nazis juzgados en los Juicios de Núremberg (nov 1945 – oct 1946) no fueron sentenciados explícitamente por genocidio sino por crímenes contra la humanidad, dentro de los cuales estaban incluidos delitos que calificarían como genocidio.

En el documento mencionado de la ONU aparece una definición descriptiva bastante clara de lo que se debe entender por genocidio, definición que será recogida posteriormente en el Estatuto de Roma (1998), instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional:

«Se entenderá por “genocidio” cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal:

  1. A) Matanza de miembros del grupo;
  2. B) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
  3. C) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
  4. D) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo;
  5. E) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo».

¿Son los genocidios cosa del pasado? ¿Ha aprendido la humanidad de las lecciones de la historia? Los hubo siempre y en lo que va del siglo XXI siguen ocurriendo, destacando entre ellos el de Darfur (Sudán) perpetrado por los yanyauid, milicianos árabes de tribus de criadores de camellos de etnia árabe, que asesinaron por motivos raciales y étnicos a unos 300,000 miembros de grupos etnolingüísticos saharianos, principalmente agricultores, o el genocidio de los rohinyá, minoría musulmana, en Myanmar, país de mayoría budista, que ya tiene en su haber más de 25,000 muertos y más de 700,000 desplazados.

O lo que está ocurriendo a vista y paciencia de la opinión pública mundial: el genocidio de palestinos en la Franja de Gaza, bajo el argumento de que el Estado perpetrador, Israel, se está defendiendo así del terrorismo, cuando en realidad está haciendo algo muy parecido a lo que hizo el grupo terrorista Hamás el 7 de octubre, cuando asesinó a unos 1,200 israelíes en territorio de Israel, con la diferencia de que lo actuado por Israel es proporcionalmente mucho peor de lo que hizo Hamás. Y esta acción de Israel está siendo tolerada —si es que no recibe un apoyo total— por parte de países como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania.

La situación en Alemania es muy peculiar. Es un país cuyas autoridades perpetraron uno de los mayores genocidios del siglo XX durante el régimen nazi, asesinando a unos seis millones de judíos, siendo uno de los mayores genocidios en número de víctimas durante ese siglo, siendo superados sólo por los genocidios perpetrados por Stalin en la Unión Soviética y Mao Tse-Tung en la República Popular China. La excusa de muchos ciudadanos alemanes fue que no sabían lo que estaba haciendo su gobierno y no pudieron enterarse al respecto, excusa que no se sostiene después de la Noche de los Cristales Rotos, cuando entre el 9 y el 10 de noviembre de 1938 se atacaron masivamente establecimientos judíos y se incendiaron sinagogas con participación de la Sturmabteilung (SA), fuerza de choque del partido nazi, y la población civil junto con otras organizaciones vinculadas al nazismo, mientras la policía y las fuerzas del orden se limitaban a contemplar lo que sucedía sin intervenir. Poco tiempo después muchos alemanes comenzaron a ver como sus vecinos judíos eran detenidos y no regresaban nunca más. Si bien no se sabía las dimensiones del genocidio que se estaba realizando, era un secreto a voces que la intención de Hitler y sus subalternos era desaparecer a la población judía. Había indicios suficientes de que el Estado estaba cometiendo un crimen, pero la mayoría de la población prefirió ignorar esas señales y tomó la decisión de no saber. Esa voluntad de no saber persistiría incluso después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, hasta que en enero de 1979 se propaló en la televisión alemana la miniserie “Holocausto” (Marvin J. Chomsky, 1978), que constituyó un hito al confrontar a los alemanes con su pasado nazi y permitir un ajuste de cuentas con él, y un afianzamiento de la memoria del Holocausto judío para que un genocidio como ése no vuelva a repetirse.

Sin embargo, lo que constituyó un gran paso adelante parece ser también un obstáculo para reconocer un genocidio cuando es el gobierno de un país habitado por descendientes de víctimas del Holocausto el que comete ese crimen contra la humanidad. Desde que ocurrieron los ataques de Hamás contra Israel, el gobierno de Olaf Scholz y la cúpula de la Unión Europea, liderada por la alemana Ursula von der Leyen, han manifestado su apoyo irrestricto a Israel y defendido su derecho a defenderse de esos ataques. Los medios alemanes han estado atentos a cualquier señal de antisemitismo y han resaltado noticias al respecto, informando escasamente sobre las masacres y el desastre humanitario que Israel está ocasionando en la Franja de Gaza. A lo más se habla de “presunto” genocidio o de acusaciones de este crimen vertidas por los opositores de Israel, aun cuando las evidencias saltan a la vista día a día a través de informes y videos que se propalan en las redes y a pesar de las declaraciones de expertos de la UNO o de representantes de organizaciones como Médicos Sin Fronteras.

La activista sueca Greta Thunberg ha sido criticada por apoyar “unilateralmente” a Palestina, acusándosela de antisemitismo, cuando ella misma ha declarado que no está en contra de los judíos. El 11 de mayo de 2021, mucho antes de los sucesos actuales, ya había escrito en Twitter lo siguiente:

«To be crystal clear: I am not “against” Israel or Palestine. Needless to say I’m against any form of violence or oppression from anyone or any part. And again – it is devastating to follow the developments in Israel and Palestine».

«Para ser claros: No estoy “en contra” de Israel o Palestina. Huelga decir que estoy en contra de cualquier forma de violencia u opresión por parte de cualquiera o de cualquier parte. Y de nuevo, es devastador seguir el desarrollo de los acontecimientos en Israel y Palestina».

Aún así, han habido presiones para que la dirigencia en Alemania de Friday for Future, el movimiento fundado por Greta Thunberg, se distancie de sus declaraciones.

Quien se manifiesta a favor de Palestina en Alemania corre el riesgo de ser tachado de antisemita. A quien menciona los crímenes de guerra cometidos en Gaza por Israel y no menciona los crímenes cometidos por Hamás en Israel, se le tacha de antisemita, sesgado o unilateral. A decir verdad, un genocidio nunca tiene justificación alguna y, por lo mismo, no se requiere mencionar una causa que haya dado pie a que ocurra. No hay motivo valedero que justifique lo que Israel está haciendo en la Franja de Gaza. Y tampoco hay justificación para el apoyo político y armamentístico que recibe Israel para poder realizar este genocidio efectiva e impunemente.

Que esté ocurriendo actualmente un genocidio tolerado —cubierto por el manto de la indiferencia de muchos— es un signo manifiesto de la pérdida de humanidad de la así llamada civilización occidental.

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Crimen contra la Humanidad, derechos humanos, genocidio, Raphael Lemkin

Los últimos días, algunos medios han hecho notar la presencia de dirigentes indígenas amazónicos que habitan en torno a lo que se llama el circuito petrolero, en Loreto. Sustancialmente, las provincias de Datem del Marañón, el distrito de Trompeteros en la provincia de Loreto-Nauta, y Maynas, y las cuencas de los ríos Marañón, Corrientes, Pastaza, Chambira y Tigre.

De no atenderse sus demandas, paralizarán todos los lotes petroleros y las plantas de tratamiento, así como el traslado de crudo. Y ya están en los lugares, listos para actuar. 

A algunos sonará como novedad este litigio, no lo es. Novedad es que los medios hayan dado espacio a los dirigentes indígenas amazónicos. En agosto de 2020 la policía al servicio de la empresa Petrotal asesinó a tres comuneros que participaban en protestas en torno al lote 95, en Bretaña. Poco se supo, no fue noticia, la fiscalía investiga arrastrando los pies, las familias afectadas, también de los heridos que hubo, son atendidos por las propias federaciones y comunidades. Estado y empresa se lavan las manos.

Una historia antigua: la invención de la pobreza

Si bien había actividad petrolera de baja intensidad desde los años 20 del siglo pasado, es desde 1970, en que, al descubrirse yacimientos petrolíferos más grandes en la Amazonía, Petroperú se dedica a explorar y explotar en el bosque amazónico. Luego se ofrece en concesión la mayor parte de ese territorio. Empresas como Occidental Petroleum, PlusPetrol se sumaron a la actividad. 

La versión que circula sobre contaminación de toda la zona de explotación petrolera es que se debe a derrames accidentales de crudo, por problemas en el ducto que transporta el petróleo. Es mucho más que eso. La cruda verdad es que, desde que arrancó la explotación, y a pesar de existir desde comienzos del siglo XX protocolos para el cuidado de los entornos en otros lugares del planeta, como en Estados Unidos y Canadá, en el Perú no se tomó precaución alguna. 

Es más, desde el inicio, se arrojó a los cuerpos de agua de ríos y lagunas las aguas de producción de manera sistemática. ¿Qué son las aguas de producción?  Estas brotan juntas con el petróleo, a una temperatura de 90º C. Son dos veces más saladas que las del mar y contienen hidrocarburos, cloruros y metales pesados, como plomo, cadmio, bario, mercurio, arsénico y otros. Al ingresar al agua de ríos y lagunas las contaminan destruyendo toda vida, y haciendo de esas aguas tóxicas para el consumo humano. 

Desastre, ecocidio, genocidio, racismo

En los entornos de producción petrolera viven desde hace miles de años, poblaciones de seres humanos. Pueblos indígenas que no eran pobres, que vivían bastante bien de la pesca, de la caza, de la pequeña agricultura. 

Pero, la extracción petrolera, con absoluta indiferencia de la suerte de esas poblaciones contaminó directamente el entorno, tanto por obra de la empresa estatal como luego por las empresas concesionarias extranjeras, trayendo algo desconocido: la pobreza. También enfermedades, y con bastante frecuencia, la muerte.  

En términos de definición de gestión del riesgo, se trata de desastre. Como dice José Fachín, asesor de las federaciones de Pueblos Afectados por la Actividad Petrolera (PAAP) “se trata de un desastre ambiental que el propio hombre ha causado, y cuyos responsables directos son las empresas petroleras como Occidental Petroleum, Pluspetrol, Petroperú, con autorización del Estado:” 

Es ecocidio porque se trata de la destrucción sistemática de gran parte del ambiente del territorio amazónico, de manera intencionada y en muchos puntos, irreversible. Con destrucción de flora y fauna, y alteración permanente de la cadena trófica, la cadena alimenticia, y desaparición de especies. 

Es genocidio porque son miles las familias que han perdido a sus seres queridos afectados por enfermedades derivadas de la contaminación de las áreas de explotación y el vertido consciente de tóxicos que destruyeron las fuentes de vida de las poblaciones indígenas y afectaron su salud gravemente. Sin mencionar otras afectaciones permanentes a la salud de las personas.

Es racismo institucional y social, porque para el beneficio del Estado, de particulares, y también de intermediarios corruptos, se permitió todo ello sin importar las vidas de aquellos peruanos que fueron afectados, porque se trata de indígenas.

Muchas promesas, y nada

Desde el inicio, la resistencia de los pueblos del circuito petrolero loretano ha existido. Han tratado de dialogar, han hecho tomas de las estaciones y de los lotes, y a cambio han recibido promesas e incumplimientos constantes. Además de balas.

En 2006 hubo la firma del Acta de Dorissa, con compromisos serios de parte del Estado hacia las comunidades indígenas, que jamás se cumplieron. Luego hubo los acuerdos de Saramurillo, siguió el Acta de Nauta con presencia de la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz. Desde Humala, cuando se declaró en emergencia ambiental toda la zona del circuito petrolero, pasando por sucesivos compromisos, el resultado ha sido nulo. 

Lo más reciente, y que parece más concreto, es el Decreto Supremo 145-2020-PCM, firmado por el entonces presidente Martín Vizcarra, que aprueba un llamado Cierre de Brechas, que comprende obras y acciones para todas las zonas afectadas a un costo que parece mucho, 6 mil millones de soles, pero es nada comparado con lo que debe repararse para remediación de la zona y atender las demandas de estos peruanos agredidos por su propio Estado.

A pesar de que las demandas son mucho mayores, y esa norma es un pequeño avance, no se ejecuta. Los pueblos afectados exigen un fideicomiso a ser administrado por el gobierno regional y los gobiernos locales con fiscalización indígena. El gobierno se aferra a una fórmula que es la mejor manera de que no llegue nada a sus beneficiarios: distribuir el monto entre los sectores del Estado concernidos donde, con seguridad, los consumirá la burocracia corrupta o los dejará morir la indiferencia racista. 

Para lo inmediato

En la agenda hidrocarburos, los pueblos afectados por la actividad petrolera piden modificación de la ley de canon para que llegue algo a ellos, y el derecho a decidir que incluye una modificación de la ley de consulta previa. Asimismo, exigen una Comisión de la Verdad en torno a todo lo acontecido en 50 años de actividad petrolera, con garantías de que no se vuelva a repetir. También, en tal sentido, la revisión de los contratos ley. 

Hay una agenda de vida post-petróleo, que a la vista del posible abandono de la zona de explotación por PlusPetrol, sin remediación alguna, es más vigente que nunca: debe garantizarse la vida con todos sus derechos a los pueblos afectados cuando culmine la actividad extractiva petrolera. La remediación es un imperativo. 

Y hay la espera atenta a las inversiones directas, ahora para 2021, de cuestiones urgentes para las comunidades, y que ya son posibles, sobre lo que existe también compromisos del Estado. Pero el Estado no responde. 

Tomo un río, luego existo

La toma de carreteras es el grito desesperado para decir aquí estoy de muchos pueblos en el Perú. En la Amazonía, es la lucha por la vida entre los ríos y el bosque depredado. Bosque que requiere ser, al menos, algo parecido a lo que fuera al inicio. Y compensación en educación, salud, agua, oportunidades iguales a las de todos, para poblaciones que no reclaman más que lo que es justo: vida digna, buen vivir. 

Además de justicia histórica. Nos hemos rasgado las vestiduras por los crímenes durante la actividad cauchera – cuando el presidente Leguía decía que era actividad necesaria para la hacienda pública, y no actuaba contra ella por eso – mientras hemos visto repetir el mismo crimen durante los últimos 50 años, callando vergonzosamente, y por los mismos prejuicios, con respecto a los que sufren otros peruanos a los que se considera menos importantes.  

En tiempos de crisis climática gravísima, en tiempos de virus por zoonosis que amenazan con duplicarse más seguido, cuidar los bosques es una prioridad, pero lo es también cuidar la vida de aquellos que son los que mejor saben cuidarlos. Eso significa, también, reivindicarlos en todo su valor de peruanidad.

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