[PIE DERECHO] El gobierno no puede confiar en su frágil alianza con el Congreso para permanecer incólume hasta el 2026. La precariedad de los propios grupos políticos que componen el Legislativo hace que esa apuesta sea de alto riesgo. Apenas se den cuenta en el Parlamento de que su simbiosis de intereses con el Ejecutivo arruinaría las posibilidades electorales futuras de los partidos que conforman esta suerte de alianza tácita, se producirá un quiebre que, si coge al Ejecutivo pasmado, se lo llevará de encuentro.
Muchos en el gobierno, particularmente el premier Otárola, parecen convencidos de que haber superado relativamente airosos la confrontación social violenta que aconteció al poco de tiempo de haber asumido la transición post Castillo, ya los blinda frente a cualquier otro escenario de aparente menor intensidad, y ello quizás sea el motivo por el cual su gestión brilla por su medianía y ausencia de objetivos de trascendencia.
Se equivoca garrafalmente el Ejecutivo si comparte esa hipótesis. Más que ninguno otro, el actual régimen está obligado a hacer dos o tres cosas bien (entre ellas, resolver la crisis económica y el lacerante problema de la inseguridad ciudadana) si quiere mejorar en sus niveles de aprobación en las encuestas y obtener así capital político que eventualmente le dé sostén, desalentando al Congreso a enfrentársele.
El inefable Vizcarra, sin bancada, pero con una inmensa aprobación, fue capaz de tumbarse un Congreso adverso, pero sin ese respaldo ciudadano no lo hubiera podido hacer. Esa lección debe ser extraída por Boluarte. Si ella no eleva dramáticamente sus índices de popularidad, hoy tan ralos, no tendrá parapeto alguno frente a un Legislativo que empiece a ponerse arisco conforme se acorten los plazos electorales.
La única manera de que el gobierno dure hasta el 2026 no será en base a astutas jugadas de intercambios políticos con el Congreso, porque éste no dudará un segundo en vacar a Boluarte si así lo considera conveniente para sus intereses. En cambio, si el gobierno crece en su aprobación popular, será difícil que un Legislativo que anda casi a la par en impopularidad, se atreva a destronarlo (al gobierno emergente de esa situación le pasaría algo semejante a lo que le pasó a Merino).
La dupla Boluarte-Otárola está obligada a gobernar superlativamente mejor si quiere llegar hasta el final de su mandato constitucional. Si no lo hace, seguirá siendo un factor de inestabilidad, desconfianza y precariedad política, causando un efecto perverso de obstaculización de las propias expectativas de mejora.
[INFORMES] En julio de 2021, un padre, su esposa, dos hijos en edad escolar y una joven entenada nacidos todos en un caserío de Chota, Cajamarca, llegaron a Lima para ocupar un lugar en la historia nacional, luego que el jefe de familia hubiera ganado en estrechísimo y controversial balotaje la Presidencia del Perú. Y aunque en los textos de historia se dirá por siempre que José Pedro Castillo Terrones entró el 28 de julio de 2021 a Palacio de la mano de su mujer y con un sombrero de paja en la cabeza, todos sabemos que al igual que Potus (President of the United States) y su primera dama, Lula y su pareja, Emmanuel Macron y su odiada esposa y Maduro y su socia en la destrucción de Venezuela, todas las entradas al máximo poder político en las llamadas democracias representativas son realmente “entraderas” de panacas y de clanes familiares o tribales. En todos lados se cuecen habas, pero en el Perú sólo se cuecen habas, como dijo en algún momento el poeta César Moro, pues la entrada de Castillo a Palacio fue el ingreso desordenado, caótico y desesperado de cuñados, cuñadas, sobrinos, aportantes de campaña, compañeros de ruta, sindicalistas hambrientos de dinero y de poder y decenas de desocupados en busca de un primer trabajo donde pudieran ganar plata con el menor esfuerzo.
Pedro Castillo solicitó al Poder Judicial la revocación de la orden de prisión preventiva impuesta tras el golpe de estado del 7 de diciembre de 2022.
La fórmula 44
Desde varias semanas antes de la ceremonia de investidura de Pedro Castillo como primer mandatario del país, todos los grupos, sub grupos y grupúsculos que se habían coaligado para repartirse el poder y, eventualmente, alargarlo todo el tiempo que fuera posible, elaboraron sendas agendas minimalistas y maximalistas, según fuera su origen ideológico y político. Para los poquísimos que aún creían en el modelo cubano de mantenimiento en el poder -o en su variante llamada por Hugo Chávez: socialismo del siglo XXI-, todo consistía en prometer una nueva constitución y crear un clentelaje mediante la entrega de cada vez mayores bonificaciones a la población más vulnerable y más manipulable, y esperar el levantamiento del pueblo. Para los poco iluminados que creían que el régimen chino era comunista, Mao un dios y Abimael Guzmán su principal profeta, “todo consistía en acumular fuerzas y esperar las condiciones objetivas para la toma del poder”. Convencido que los textos para tontos escritos por la chilena Marta Harnecker eran las tablas de la ley de la nueva religión marxista, Vladimir Cerrón, probablemente el más ilustrado de los “genios” llegados al poder como colas de Castillo, tenía una sola idea, básica e incombustible: Pedro Castillo duraría en el poder todo el tiempo que él lograra mantener 44 congresistas dispuestos a impedir que la oposición al profesor chotano consiguiera los 87 votos para despojarlo de su investidura y subrogarlo, es decir, crear la vacancia de la Presidencia de la República.
Mientras los castristas, los maoístas y los caviares elaboraban sus agendas de cara al futuro, Pedro Castillo Terrones pensaba en hacer realidad sus sueños en el tiempo más corto posible. Prueba de ello es que ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el destituido comandante general del Ejército, general José Vizcarra Álvarez, narró con lujo de detalles cómo lo presionaron desde Palacio de Gobierno para que la Aviación del Ejército ponga a disposición de la familia presidencial un avión que estaba en fase de mantenimiento. Igualmente, en lugar de preocuparse por encontrar un presidente del Consejo de Ministros que lanzara buenas señales a los inversionistas nacionales y extranjeros, el 29 de julio del peor año de nuestras vidas nombró a Guido Bellido como primer ministro. Una burla al país, sin duda.
En las siguientes semanas y meses, el país se fue enterando que Castillo usaba una casa en el distrito de Breña para en forma ilegal e inconstitucional reunirse con proveedores que le fueron entregando dinero en efectivo, cada vez más y con mayor frecuencia. Y así como él y el secretario presidencial Bruno Pacheco organizaron sendos negociados en diferentes rubros, su esposa y su entenada establecieron otros emprendimientos delictivos de diversos tipos. De igual manera lo hicieron los hermanos de la primera dama Lilia Paredes y las hermanas del mandatario Castillo Terrones.
Vizcarra relató que entre el 11 y 13 de octubre del 2021 fue al Ministerio de Defensa llevando las actas de ascenso: “El señor ministro (Walter Ayala) llamó por teléfono a Palacio y me increpó que los recomendados no habían ascendido y que Bruno Pacheco estaba incómodo”.
A robar, a robar… que el mundo se va a acabar
Todos los “apretones” a proveedores y aspirantes a proveedores que daban plata en forma constante, pero muy lenta para los intereses de los Castillo Paredes, se vieron frenados de pronto cuando la maquinaria delictiva ingresada al sector Vivienda se encontró de pronto con la mafia de la trujillana Sada Goray. La inversionista inmobiliaria Sada Goray, una mujer con menos escrúpulos que Castillo, Lilia Paredes y toda la parentela de estos, convirtió en la mayor proveedora de dinero en efectivo de Castillo Terrones y su familia. Pero no lo hizo en forma directa, sino a través de Salatiel Marrufo, el brazo derecho del ministro de Vivienda Geiner Alvarado. Y esa elección de cobrar a través de Marrufo fue la perdición de Castillo, pues una vez que este cayó en manos de la Fiscalía dijo: “prendan la grabadora, yo cuento todo, pero qué ganó”. Una vez acordada la colaboración de Marrufo, este fue citado por la Comisión de Fiscalización del Congreso para que lo contara todo el 7 de diciembre de 2022. Era el principio del fin, pero también el fin del principio. El día que se crearon las muchas preguntas que hoy todavía no tienen respuestas.
El pasado 6 de octubre, luego de escuchar el fallo de la Sala Penal de Apelaciones Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Junín, Vladimir Cerrón pasó a la clandestinidad, sumándose a la lista de prófugos como el exministro de Transporte y Comunicaciones (MTC) Juan Silva Villegas y Fray Vásquez, sobrino del exmandatario Pedro Castillo.
¿Qué roles cumplieron el 7 de diciembre de 2022 Aníbal Torres, Betssy Chávez, Vladimir Cerrón, ciertos generales del Ejército y más de un alto mando policial?
Enfrentado a la necesidad de tomar una decisión política trascendental, Pedro Castillo actuó el 7D tal como lo hizo el 29 de julio de 2021, es decir, delegó la pregunta qué hacer a las personas de su entorno más íntimo, vale decir, Aníbal Torres y Betssy Chávez. Estos, tan intolerantes el uno como la otra, pensaron que si le redactaban un mensaje a la Nación igualito al que leyó el expresidente Alberto Fujimori el domingo 5 de abril de 1992, el resultado iba a ser el mismo. Pero ni Torres ni Chávez averiguaron cuál era el ánimo en los cuarteles, cuánto de cierto era el apoyo total del Ejército al golpe castillista, tal como había jurado hasta la ronquera el ministro de Defensa Gustavo Bobbio o cuántos de los jefes policiales castillistas iban a mantenerse en esa línea cuando vieran que las Fuerzas Armadas seguían manteniendo su lealtad a la Constitución.
Es más, creyendo que todo era tan bonito como se lo habían pintado los ayayeros, Castillo, Torres y Chávez concluyeron que todo el tema terminaba una vez que la Policía impidiera el ingreso de los congresistas al Palacio Legislativo y un grupo de agentes del orden apresara a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Hasta ahora no sabemos quiénes dieron la orden de desatar el caos en la sierra sur del país, toda vez que la lógica elemental nos dice que no se puede tener a la vez el apoyo incondicional de las Fuerzas Armadas y a decenas de revoltosos matando militares y policías y tomando aeropuertos y carreteras.
Probablemente una resonancia a la cabeza de Vladimir Cerrón nos diga qué hay o qué no hay en su cerebro.
A pesar de los costos que implica implementar una política anticorrupción efectiva, ella es imperativa. La corrupción ha causado un daño incalculable a la economía peruana y ha minado la confianza de la ciudadanía. Sin una política anticorrupción efectiva, el Perú seguirá siendo un país que no cumple con los estándares internacionales de transparencia y rendición de cuentas, lo que afectará la inversión extranjera y el crecimiento económico a largo plazo.
Es importante tener en cuenta que los costos de no implementar una política anticorrupción son inmensos. La corrupción no solo afecta la economía, sino que también corroe la democracia y el Estado de derecho. Si no se toman medidas efectivas para combatirla, la corrupción seguirá siendo una amenaza para el bienestar de los peruanos y para el futuro del país.
La implementación de una política anticorrupción efectiva es una necesidad urgente en el Perú. Es hora de tomar medidas efectivas para erradicar la corrupción y restaurar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
Cabe preguntarse si la presidenta y sus ministros son conscientes de que con cada mentira van perdiendo la confianza de los ciudadanos y fortalecen la percepción de que están más interesados en su propio interés que en el bienestar del país. No por nada la aprobación presidencial es de un 15% según la última encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos. Además, con cada una de ellas van socavando valores democráticos fundamentales y haciendo que pierdan credibilidad las instituciones democráticas. Suena utópico, pero toca seguir demandando a los gobernantes de turno un compromiso mayor con la verdad, la transparencia y la rendición de cuentas para proteger y fortalecer nuestra debilitada democracia.
Debería servir también el affaire Castillo para repensar el tejido institucional existente en la administración pública peruana, que está preñada de corrupción en casi todas sus instancias. Es demasiado fácil robar en el Perú. Desde las alturas palaciegas hasta los salones ediles distritales. Los dineros de todos los peruanos van a parar a los bolsillos de autoridades corruptas, con mayoritaria impunidad, y no hay un sistema inmunológico lo suficientemente eficaz para advertirlo. Lo ocurrido con Castillo debe ser, también, por ello, una clarinada de alerta respecto de lo mucho que hay por rediseñar al respecto.
El poder de Sada Goray en el gobierno de Pedro Castillo era total y avasallador. No solo controlaba el Ministerio de Vivienda y había tendido sus tentáculos al Ministerio de la Producción, sino que además logró extender su influencia y mando hasta el Ministerio de Justicia al lograr que se designará como Superintendente de Registros Públicos a Luis Ernesto Longaray Chau.
Luis Ernesto Longaray Chau, es trujillano y un abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO). Igual que Pedro Castillo, que se rodeó de sus paisanos de Chota, Sara Goray tomó su ejemplo y logró que se designará a su paisano de Trujillo como mandamás de Registros Públicos.
¿Cómo lo hizo? Salatiel Marrufo en su declaración como colaborador eficaz del 18 de noviembre del 2022 señala que Sara Goray le pidió dicho nombramiento en Registros Públicos debido a que la empresaria necesitaba ayuda en la inscripción de un terreno en Chilca que había vendido a Centenario y que le faltaba resolver por una superposición de partidas. Dicha designación fue posible gracias a la intermediación del exministro de Justicia, Félix Chero Medina, quien recibió a cambio de dicha designación, según Marrufo, la suma de S/. 50,000 soles.
Previamente a la designación de Luis Ernesto Longaray Chau como Superintendente de Registros Públicos, Sara Goray le había entregado S/. 500,000 soles exigiéndole que acelerará su nombramiento. Los S/. 50,000 soles que pagó Salatiel Marrufo a Félix Chero no salieron de sus bolsillos, sino de la coima grande que había pagado días antes Sara Goray.
El servicio delivery de designación de funcionarios públicos que hizo Sara Goray en el gobierno de Pedro Castillo por lo menos comprendió tres ministerios: Ministerio de Vivienda, Ministerio de la Producción y Ministerio de Justicia. Mucho poder para ser víctima de extorsión y chantaje.
El control de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales
En el Equipo 3 del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción, se está investigando a Sada Goray, Salatiel Marrufo y otras personas, por las coimas realizadas a funcionarios públicos. Por ejemplo, en un documento fiscal (la Disposición N° 5-2023 de fecha 25 de enero de 2023), se han precisado los siguientes beneficios a Sada Goray a cambio de las coimas dadas a Salatiel Marrufo para Pedro Castillo:
En julio de 2021, Sada Goray solicitó a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales la rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas de un predio estatal, por encontrarse superpuesto con su predio ubicado en Chilca, afirmando que su predio era el más antiguo y, por tanto, debía prevalecer.
Dicha solicitud, conforme al Equipo 3 del Equipo Especial de fiscales, fue declarada improcedente, Goray apela, y se declara infundada su apelación; ante ambos rechazos, a Goray no le quedó otra alternativa que interponer recurso de nulidad. El área que debía responder dicha nulidad era la Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal que en ese entonces se encontraba a cargo de William de la Vega Villanes, quien habría sido coaccionado para emitir una resolución favorable a la nulidad planteada, pero al precisar la imposibilidad de que prospere porque no existía razón jurídica alguna, y señalar su negativa, la organización criminal optó por cambiar al Director para que pueda atender positivamente el pedido de Sara Goray. Tanto es así que la empresaria logra que cambien al Director y nombren a Marina Subiria Franco, y además Goray logra que contraten bajo la modalidad de terceros a su socia Flor Olivera Orellana.
Tanto era el poder de Sara Goray en el Ministerio de Vivienda que hizo, además, que sea contratada su socia Flor Olivera Orellana quien como funcionario público emitió el Informe N° 104-2022/SBN-DGPE que sirvió para que se emita la resolución que declara la nulidad de la resolución N° 20-2022 SBN-DGPE y que logra sus intereses empresariales sean atendidos. Es decir, Sara Goray no solo alcanza un resultado exitoso, sino que, además, consigue que el propio Ministerio de Vivienda contrate a su amiga y socia, quien elabora el Informe decisivo y obtiene a cambio unos suculentos honorarios profesionales.
El control del fondo Mi Vivienda
Sada Goray, el 3 de febrero de 2021, en su condición de gerente general de Marka Group, había solicitado al fondo Mi Vivienda la suscripción de un convenio institucional. Era necesaria la suscripción del convenio para que sus expedientes administrativos puedan tener un resultado favorable y se aprueben en el menor tiempo posible.
Luego de varias actuaciones administrativas, el Gerente General, José Forero Monroe, y el Gerente Comercial, Paulo Morán Villanueva, del fondo Mi Vivienda suscribieron el convenio con la Gerenta General de la empresa Marka Group de Sada Goray. Una de las razones claves por las que la empresaria invirtió en coimas más de S/. 4,000,000 es para que se apruebe y se suscriba dicho Convenio.
Sada Goray, además, tenía pendientes trámites administrativos ante el Fondo Mi Vivienda, uno de ellos era, el contrato de fideicomiso para el desembolso del Bono Familiar Habitacional correspondiente al proyecto Pradera de Cacatachi.
La solicitud para el Fideicomiso fue denegada con fecha 11 de setiembre de 2021:
Al haber tenido un resultado negativo, Sada Goray, recurre como financista a Salatiel Marrufo para que las instancias del Fondo Mi Vivienda emitan pronunciamientos a su favor, a cambio de importantes sumas de dinero. Para que dichas decisiones administrativas se puedan materializar, tuvo que cambiarse al Presidente y a los miembros del directorio del Fondo Mi Vivienda, a pedido de Sada Goray, designando en dichos puestos a Pedro Gary Arroyo Maquina (Presidente); Roger Lizandro Gavidia Johanson (Director) y Gonzalo Renato Arrieta Jovic (Director).
Pedro Arroyo ha sido mano derecha de Luis Mesones, exesposo de Sada Goray, quien fue exviceministro, se convirtió en su íntimo desde la década de los noventas, cuando estudiaban juntos en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo.
Salatiel Marrufo, respecto a las designaciones, ha señalado en la respuesta a la pregunta 2 de su continuación de declaración del 17 de noviembre de 2022, ante el Equipo 3 del Especial Especial de Fiscales contra la corrupción en el Poder, lo siguiente:
Los miembros del Directorio propuestos por Sada Goray finalmente fueron los funcionarios públicos que aprobaron a favor de la empresa Marka Group, la participación del Fondo Mi Vivienda en los fideicomisos inmobiliarios: (i) “Condominio Residencial las Praderas de Catachi”; (ii) Chiclayo Bonito; (iii) “Lima Bonita”, ello mediante Sesión Extraordinaria N° 16-2021, del 18 de octubre de 2021.
El dinero de Sada Goray sirvió para financiar la coima a los jueces que conocían el pedido de prisión preventiva de los sobrinos del presidente Pedro Castillo
Una de las declaraciones más explosivas y escandalosas que ha brindado Salatiel Marrufo a la Fiscalía ha sido el hecho de que cuando se tramitaba el pedido de prisión preventiva a los sobrinos del expresidente Pedro Castillo, entregó a Geiner Alvarado (ministro de Vivienda) y este alcanzó a Pedro Castillo S/. 500,000 para que se coimeara al juez de primera instancia que veía el requerimiento de prisión solicitado por el Ministerio Público. Dicho dinero salió de las coimas entregadas a Marrufo por Sada Goray.
De igual modo, Marrufo ha declarado que cuando se estaba por resolver el recurso de apelación de la prisión preventiva de los sobrinos del Ex Presidente de la República entregó S/. 1´500,000 a Cledin Vásquez Castillo a fin de que se pagara una coima a los jueces que conocían la apelación de la prisión preventiva de Fray Vásquez y Gianmarco Castillo. Dicha coima salió de los pagos que Sada Goray había hecho a Salatiel Marrufo.
–La del estribo: empezó por fin la temporada teatral. Algunas a recomendar: La omisión de la familia Coleman, gran éxito argentino que ahora pone un elenco peruano, en el Teatro La Plaza; Egon, en el Británico, sobre la vida del pintor austríaco Egon Schiele; La mujer con cabeza de serpientes, en el Británico; la reposición de La vida es sueño, en el Municipal, y ya para abril, Ha llegado un inspector, en el Británico.
Como está el país ahora de enardecido, no es momento de pensar en una reformulación de la relación entre las regiones con el Ejecutivo. Sin embargo, un tema clave es ordenar en el futuro esta relación fomentando que exista un alineamiento entre las políticas nacionales y regionales, con el único objetivo de beneficiar a la población con, por ejemplo, hospitales completamente implementados (tanto en equipos como en personal), colegios con toda la infraestructura necesaria para darle educación de calidad a toda la niñez y adolescencia y vías de comunicación modernas que reduzcan los accidentes.
Para ello, una alternativa es que los gobernadores regionales sean designados por el Ejecutivo, de esta manera se orienta esta relación nacional-regional en el aspecto técnico-político para que puedan confluir tantos las necesidades nacionales como las regionales y alinear las políticas públicas. Será también importante, para mantener ese nexo entre estas necesidades, que el Consejo Regional siga siendo conformado por elección popular para que lleve al gobernador las demandas y prioridades que la población espera que sean resueltas por sus autoridades.
He podido recibir que, en estas comunidades andinas, las hermanas y hermanos que saltan a las protestas están siendo chantajeadas, están siendo coaccionadas. Porque les dicen sino vas a marchar te vamos a pedir una cuota de 100 soles. Si no vas a marchar te vamos a cortar el suministro de agua y si no vas a marchar te vamos a incendiar tu casa. Yo creo que eso, ya no es una protesta sana, eso no es una protesta pacífica.
Presidenta Dina Boluarte
Uno de los principales problemas de los medios de comunicación, es que las redes sociales han subvertido todo. Los adolescentes, hoy en día, no ven televisión y menos noticieros. Todo se enteran a través de las redes sociales. Menos escuchan radio, para eso tienen Spotify. La globalización hace que la gente se entere de todo, en una fracción de tiempo.
De ahí que muchísimos jóvenes han visto a través de videos como la gente desde provincias despiden a los manifestantes, con algarabía e incluso dándoles víveres. En ningún momento, se percibe lo que manifiesta la Presidenta, todo lo contrario. Son distintos los videos que se han hecho virales en las redes con idénticas escenas.
Entonces, ¿quién miente?
¿Quiénes son los asesores de la Boluarte?
¿Uno de ellos será el criptoanalista?
El 50% de la gente está identificado con la protesta. La Sra. Dina tiene el 79% de desaprobación y el Congreso tiene solo un 8% de aprobación.
Este jueves, habrá paro nacional y la Marcha de los Cuatro Suyos en Lima.
Habrá gente que dirá, como escribió un diario capitalino.
