El Perú es resultado de un mestizaje que empezó con la llegada de los españoles y que, a través de más de 500 años, impuso al castellano como la lengua vinculante de este país, algo que incluso está expresamente en al artículo 48 de nuestra constitución y que dice a la letra: “Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes, según la ley.»
La puesta en valor de nuestras lenguas originarias no puede ir en detrimento del uso del castellano como lengua vinculante, y si vemos la moneda del otro lado, el que el castellano sea el idioma nacional no debe soslayar a nuestras lenguas originarias.
Por ello es imprescindible que la enseñanza del castellano sea intensiva en todos los rincones del país, de la mano con la lengua originaria de uso mayoritario en la región respectiva. De esta manera, la próxima generación de peruanos con lengua materna originaria, podrá ser perfectamente bilingüe, mantener su bagaje cultural y desarrollarse en equidad con sus compatriotas de lengua materna castellana.
Finalmente, es responsabilidad de todos los Gobiernos Regionales y Locales el identificar los lugares donde predominan lenguas originarias para proponer servicios públicos bilingües, tanto en castellano como en el idioma originario local; así como corresponde al Gobierno Nacional el asegurar los estándares escolares necesarios que permitan que los peruanos no necesitemos de traductores para conversar entre nosotros mismos.
Una pesadilla: un robo en la calle y usted parece culpable; al comienzo colabora, pero el policía le habla en Shipibo, idioma del que no entiende nada. Viendo que eso no va a funcionar, logra escaparse, corre, pero se resbala y cae, se golpea la cabeza y queda inconsciente.
Cuando despierta, un médico insiste en preguntarle sus síntomas en Quechua de Lamas, que reconoce porque lo ha escuchado alguna vez, pero no entiende; Finalmente, luego de hacerse entender por señas, termina en la comisaría. Está tratando de ordenar sus ideas, pero estornuda. Entonces, amablemente, uno de los policías le dice “Gesundheit”, usted lo mira, empieza a sonar el tema de la serie Black Mirror, y despierta, sudando.
Los derechos lingüísticos están orientados a garantizar que las personas puedan elegir los idiomas en los cuales comunicarse sin discriminación de ningún tipo. Esto cubre los procesos legales, administrativos y judiciales, la educación y los medios de comunicación. El 21 de Febrero de cada año se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna con el fin de promover la diversidad lingüística y cultural y la preservación y protección de todos los lenguajes usados por la gente de este planeta. El lunes de esta semana, esta disposición de la Naciones Unidas cumplió dos décadas, pero, como veremos a continuación, hasta ahora ha tenido poca repercusión en esta región del globo terráqueo.
Kay Pacha
En el Perú hay 3,8 millones de personas que tienen el Quechua como lengua materna, medio millón de hablantes en Aymara y cerca de 150 mil personas que emplean para comunicarse alguna lengua amazónica originaria; en este último caso hablamos de alrededor de 50 lenguas con universos de hablantes muy diversos y dispersos.
Probablemente no hay peruano de la tercera edad que no recuerde el Tawa Canal, Limamanta Pacha con que saludaba a su audiencia el canal 4 (tawa en quechua) bajo el impulso del gobierno militar de los años 70, que convirtió ese idioma en lengua oficial. Sin embargo, a pesar del valor simbólico de este y otros eventos, lo cierto es que no hemos tenido un gran desarrollo de políticas sobre el tema de derechos lingüísticos. Las buenas intenciones y algunos excelentes cuadros profesionales de los 70 en adelante chocaron con la restricción crónica de recursos de nuestro Estado y solo a partir de la década pasada se intensificó la tarea de elaboración de alfabetos para las lenguas originarias y, en el ámbito escolar, alcanzó masa crítica la Educación Intercultural Bilingüe (EIB). Eso nos pone aún a años luz de que el Estado garantice los servicios de salud, seguridad, justicia, etc. de quienes no tienen el castellano como lengua materna. Nunca se pensó cómo facilitar la atención cara a cara de hablantes no castellanos en los otros servicios del Estado.
Alternativas tecnológicas
En ese sentido, sin quitar mérito a los avances que pueda haber en Educación, ¿no será necesario atacar algunos problemas concretos de la interfaz estado-servicio público-ciudadanos? ¿Y no podría algún otro sector liderar esta alternativa?
Por ejemplo, explorar opciones tecnológicas: en nuestros días quien tiene un smartphone puede, simplemente empleando una app, comunicarse con los hablantes de casi cualquier lengua que Google o Microsoft hayan incluido en sus traductores y convertir en texto todo el intercambio entre los interlocutores. No será algo perfecto en todos los casos, pero es un salto gigante en la comunicación humana. Nuestras lenguas originarias están actualmente fuera de ese canal, y, por tanto, bloqueadas en su acceso a la modernidad. Es cierto que tienen algunas características específicas (su oralidad, pueden tener alfabetos, pero no una literatura que soporte sus procesos de traducción; esto crea dificultades informáticas) que hacen más difícil emplearlas en un traductor.
Sin embargo, ha habido algunos avances en la “traducción” de lenguas originarias, especialmente el Quechua. Hace ya 20 años, la ONPE concibió usar alternativas de voz en lenguas originarias en la modalidad de voto electrónico; en nuestros días el profesor Walter Velásquez ha desarrollado un robot que puede procesar instrucciones en quechua hablado, y un equipo de profesionales quechua-hablantes que tuvo financiamiento de CONCYTEC y fue liderado por el ingeniero Luis Camacho, ha desarrollado un sistema de captura de voz a texto también en Quechua.
Atender a la ciudadanía mediante estos productos, mejorados, permitiría elaborar más fácilmente historias clínicas, denuncias policiales, diagnósticos médicos, sentencias judiciales y otros documentos bilingües de uso público, y, por encima de ello, restituir al menos parte de sus derechos a las personas que, por uno u otro motivo, hablan preferentemente un idioma distinto del Castellano.
