Informalidad

SANTIAGO.- Cuando en una visita fugaz, pero nutritiva, a Chile, uno descubre que la informalidad en nuestro vecino sureño es del 27% y que eso les preocupa al sector empresarial y académico, no puede dejar de asombrarse de que después del estallido social del 2019 -que cambió el país para mal en todo sentido-, la fortaleza institucional chilena siga siendo envidiable.

Hay malestar en el sector inversor por la falta de confianza y, por ende, de inversión privada -como sucede en el Perú-, pero al mismo tiempo hay claridad de que la energía que se ponga en las protestas gremiales no puede saltarse a la garrocha la institucionalidad oficial del país.

Un país gobernado por la improvisación supina de Gabriel Boric, logra sobreponerse porque mantiene incólumes los pilares institucionales que le otorgaron décadas de progreso ininterrumpidos.

El propio Boric ha tenido que pisar tierra. De sentirse una suerte de Che Guevara reencarnado, llamado a tareas políticas trascendentes, ha debido reconvenir en que necesita convencer al centro del país para poder gobernar (por ello, dicho sea de paso, su reciente viaje a la asunción de mando de su antípoda Javier Milei en Argentina, a sabiendas de que no hacerlo hubiera despertado las furias del sector mayoritario de la opinión pública chilena).

No hay manera de pronosticar cuál va a ser el resultado del plebiscito constitucional de este domingo respecto del texto esta vez aprobado por la derecha chilena. Lo más probable es que se rechace, con lo cual se mantendría el statu quo. Boric no tiene salida victoriosa, sin embargo. Si se aprueba la reforma, pierde y si no se aprueba, también pierde, porque mantendría vigencia la Constitución de Pinochet (así considerada, a pesar de que ha merecido ya infinidad de cambios durante los diferentes gobiernos de la transición).

Hoy los problemas chilenos son muy parecidos a los del Perú. Encabeza la lista la inseguridad ciudadana y la sensación compartida de que el gobierno no sabe qué hacer al respecto. La ola delincuencial que sacude al país del sur es inédita en su historia republicana y genera, como es previsible, un impacto social que, entre otras consecuencias, produce cierta inmovilización política ciudadana o un menoscabo de la valía de las protestas, sobre todo si son violentas. Mucho por ver y mucho por aprender de las experiencias chilenas.

 

 

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La sospecha cotidiana entre los peruanos y peruanas y de ellos hacia los funcionarios públicos debe traducirse en corresponsabilidad. Varias encuestas nos afirman que el Perú en general está cansado de tanta inseguridad, de tanto canibalismo político y de tanto mercantilismo de varios integrantes de nuestra clase política. Es imperativo, para ello, que el Estado juegue un rol importante para devolver la política a la sociedad peruana, que no es otra cosa que involucramiento en los asuntos públicos.

Se necesita representatividad y gobernabilidad, como sostiene Carlos Meléndez en artículo del año 2015. De esa manera se otorga otro sentido al caos, a la falta de autoridad y al dinero sucio en política, que se afianzaron en el Perú – durante mucho tiempo- con la informalidad.

El eje del ejercicio político debe tener como prioridad un nuevo contrato social para superar las desigualdades sociales aún existentes en el país.

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Pero sobre todo, debemos cambiar nuestra mentalidad. Debemos entender que la informalidad no es solo un problema económico, sino también social y cultural. Debemos valorar el trabajo formal y la legalidad, y promover una cultura de la honestidad y la transparencia. Solo así podremos construir un país más justo y próspero para todos.

A la postre, más allá de remedios legalistas, lo que el Perú necesita para reducir la informalidad, es crecer a tasas superiores a las del crecimiento de su población. Hoy, si no fuera por la crisis política, lo podría estar logrando. Pero está demostrado que los menores niveles de informalidad acontecen cuando el PBI crece sostenidamente. Es la llave maestra de éste y muchos otros problemas institucionales que a veces sobredimensionamos en sus aspectos legales.

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Esas denominadas normas sociales son las que marcan el camino para el desarrollo y crecimiento, en lo social y en lo económico, pasando por una mejor lectura en lo político, y está en la sociedad misma hermetizar los constructos que como grupos humanos se han desarrollado, teniendo la valla social en un nivel aceptable, donde el respeto y el sentido de pertenencia a un territorio, permita la viabilidad del éxito social y conlleve a un Estado fuerte y respetado. La realidad puede decir lo contrario, no soy iluso, pero como análisis y punto de debate creo que es necesario exponerlo.

Dicho todo esto, en un artículo anterior consideré importante que las mentalidades de los emprendedores debían ajustarse a una mirada más empresarial, y ese punto, por demás importante, cambiaría el desarrollo y fortalecería los emprendimientos. Pero considerando lo que expone este artículo, no solo es una tarea de los empresarios, es una tarea global, donde la sociedad tiene que mirar distinto el desarrollo país. Repito que la capacidad de interacción social, la soberanía de una nación, dependen de la existencia de instituciones legítimas, que garanticen continuismos en la construcción constante de liderazgos para el mando, leyes que permitan generar tranquilidades y una justicia operante y ejecutiva que respete lo trazado en el constructo y por ende formalice su pensamiento, sus acciones, quizás su mirada al mercado, y conlleve a tener claro la importancia de poder fortalecer los mercados internos, las salvaguardas lo tangibiliza la sociedad misma, al tener claro, un sentido de pertenencia, como nación, como sociedad, como estado. Si nos comenzamos a definir como una sociedad informal el problema continuará y seguirán siendo reducidas la productividad de las economías, seguiremos distorsionando la asignación de recursos, seguiremos limitando la efectividad de los esquemas de protección social, seguiremos viendo nuestro entorno desordenado, tendremos siempre la informalidad en nuestra mente y el orden social del cual siempre se habla, sería solo un discurso que a la larga compromete la calidad de vida. Ilusión, deseo o una realidad que los lideres pueden comenzar a cambiar.

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En efecto, el capitalismo popular existente en el Perú es una bendición desde el punto de vista económico, y también desde el punto de vista social, porque también opera como otra poderosa vacuna contra la maldita demagogia de izquierda que ha invadido – con malas artes – a la mayoría de países latinoamericanos. Como sabemos, nuestro Perú está siendo atacado por enemigos internos y externos que se han aprovechado de la precariedad del Estado Peruano, y de nuestra carencia de una clase política cabal. Hace poco y de manera inesperada – como suele suceder en nuestro Perú – el aparato estatal fue secuestrado por una banda de delincuentes disfrazados de políticos de izquierda que nos puso al borde de la anarquía y la guerra civil… y otra vez quedó demostrado lo que ya sabemos. Hasta el momento es claro que DIOS HA TENIDO PIEDAD y PACIENCIA con nosotros… pero esa paciencia se puede acabar en cualquier momento si esta vez no aprendemos – de una vez por todas – y si no reaccionamos positivamente. Esta vez debemos corregir, y superar; no hay otra.

Y aquí me quedo, por el momento… esperando contar con vuestra participación y debate, porque nuestro Perú es tarea para todos los peruanos de buena leche.

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Como muestra un botón. Hace unos días leí en el semanario de COMEX Perú que en la última década la Región de Madre de Dios ha tenido un gran desarrollo macroeconómico, pero con carencias y brechas en los servicios para los ciudadanos. Según la ENAHO, en 2021 la pobreza monetaria fue del 7.7% colocándola en la segunda región menos pobre del Perú. Los ciudadanos tienen mayores ingresos, pero los indicadores socioeconómicos son muy bajos. Madre de Dios tiene la mayor tasa de homicidios, tiene altos índices de tuberculosis y se ubica en el tercio inferior de regiones con niveles satisfactorios de compresión lectora y matemáticas. Asimismo, es la región donde el 90% de la minería es informal o ilegal, lo que trae consigo delitos diversos como lavado, trata de personas y ambientales. En conclusión, hay suficientes recursos económicos, pero no hay servicios básicos para la población. 

Somos ciudadanos a medias. He ahí nuestro nivel de tolerancia al abuso, porque preferimos el efectivo que lo abstracto que son los derechos. Así vemos como los grupos vulnerables, bajo este sistema de trabajo informal son los más perjudicados. Es el caso de las mujeres, cuya tasa de informalidad es de 80% mientras que la de los hombres asciende al 70%.

La informalidad, ilegalidad y corrupción son tres componentes del Perú actual. En medio de ello, aparecen manifestaciones contra un Estado débil. No considero que el actual gobierno sea una dictadura; es, más bien, el resultado de años de no reconocer a los ciudadanos como sujetos de derecho ni considerarlos el centro y, lo más importante, en su actuar. Hoy es el momento de reconocer nuestras debilidades y fortalezas para crear un futuro como país. Las proyecciones de la informalidad laboral van en alza para los años que vienen, esperemos poder responder como Estado en parar esa tendencia. Ese es el reto para este gobierno y el siguiente.

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Mal y muy lejos de su potencial. Note, estimado lector, que se trata de factores que en apariencia no están relacionados con la economía. Sin embargo, lo están y mucho. Imagine usted, cuánto tiene que invertir una empresa en seguridad, cuántos días pierde en trámites con el Estado, las dificultades que enfrenta cuando pretende que el Poder Judicial le resuelva un problema. Los funcionarios parecen no seguir las reglas establecidas, sino que favorecen a unos sobre otros.

Por eso no sorprende que los países más competitivos del mundo sean aquellos con mejores instituciones y, como consecuencia de ellos, resultados económicos positivos y mayor calidad de vida. La clave está en encontrar cómo cambiar las instituciones y, aunque todos creen tener la receta perfecta para mejorar el marco institucional, hay una verdad universal: no sabemos cómo hacerlo.

Mientras no tengamos mejores instituciones, mientras no cambiemos las personas, resulta muy difícil que seamos un país competitivo, capaz de brindar a sus ciudadanos servicios básicos de calidad. El debate institucional está más allá de la izquierda y la derecha, y es anterior a ellas. Miremos el mundo y veamos por qué algunos países funcionan mejor que otros. Encontraremos que son sociedades con altos niveles de confianza interpersonal, que, además, tienen muy bajos niveles de corrupción y Estados que están al servicio de los ciudadanos con eficiencia y eficacia.

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En su posterior libro “Sociedad Emergente y Estado Desbordado” (Editorial Ricardo Palma, 2012), vuelve a retomar el tema de las barriadas, agregando la descentralización y el cambio de ciudades dormitorio a ciudades satélites, que se generaron en el mundo popular e informal. Brindó aportes.

Se nos fue físicamente hace unos años este gran sanmarquino, pero sus ideas quedan para seguir reflexionando sobre el Perú informal y sus posibilidades.

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