Nota de edición: días después de la publicación de la nota, Sudaca pudo acceder a la mencionada carta enviada por la gestión de Muñoz. A continuación, la adjuntamos.
El silencio a medias de la Municipalidad
Intentamos obtener los descargos de la Municipalidad de Lima y la explicación sobre esta carta de enero de 2019. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje, los responsables de comunicaciones de la MML no respondieron nuestras consultas.
La información que la comuna sí llegó a brindar es sobre el precio real que le pagan a Innova Ambiental por el servicio. Como se recuerda en la primera nota sacada sobre el tema, la Sociedad Nacional de Residuos Sólidos estimaba que el monto excedía los 300 soles por tonelada para el servicio de recojo y transporte de basura. Innova Ambiental, por su lado, sostenía que en verdad era “la suma de S/221.09 incluyendo el IGV por tonelada”. Finalmente, en septiembre, la Municipalidad de Lima le remitió al regidor Jorge Valdez la información exacta sobre dichos pagos, el cual consiste en 274.31 soles por tonelada (contando la recolección y transporte, así como la operación de planta de transferencia y relleno sanitario).
El detalle del monto pagado a Innova Ambiental por sus servicios, de enero a julio 2022.
Como advirtió Sudaca, Innova Ambiental recibió 481 millones de la Municipalidad de Lima desde enero de 2016 (que comenzó la última e indefinida extensión) hasta abril de 2022. Con un concurso suspendido por el Poder Judicial, el otro cancelado por una supuesta falta de recursos financieros de la comuna y ninguno nuevo a la vista, este monto seguirá aumentando.
Pero eso no fue lo único que detectó la Contraloría. Como dijimos, el club aún tenía pendientes. Para el año en que acabó la concesión, el 2014, el Terrazas aún no había cumplido con entregar cuatro obras a las que se había comprometido en el contrato original y en la primera adenda: el remodelamiento del estacionamiento público frente a la playa Makaha, un centro de servicios comunitarios que incluya el tópico de primeros auxilios y el depósito de tablas de surf, una ciclovía en el malecón Cisneros, y un puente que conecte la playa y el mentado centro de servicios comunitarios.
Todas estas obras incumplidas se incluyeron como nuevas en la cuestionada Adenda N°2. Y aunque algunas se hicieron con posterioridad, no estuvieron exentas de observaciones por parte de la Contraloría. La comisión auditora, por ejemplo, realizó una visita a la ciclovía y verificó que presentaba fisuras y desniveles. Lo más grave es que fue la municipalidad la que se encargó de reparar esas deficiencias y no el club, según el informe de control de fines del 2018.
Por lo tanto, la Contraloría consideraba que la ampliación del contrato sólo era beneficiosa para los socios del club y venía “ocasionando una afectación a su finalidad pública”. El ejemplo más claro es el inexistente centro comunitario que el Terrazas se había comprometido a construir para uso de los bañistas.
En el contrato y en la Adenda N°1 se señaló que dicho centro debía construirse “al interior del terreno que la sede de la playa viene ocupando”. Pero la Adenda N°2 le permitía hacerlo fuera de este terreno. “Al acordar en la Adenda 2 que dicha obra se construya en la zona adyacente a la playa y no en el terreno concesionado significó en la práctica que el club tenga una extensión mayor del terreno concesionado”, se lee en el informe de Control que es la base de la investigación fiscal.
El club nunca pudo construir el centro comunitario, pues esto hubiese enfrentado las normas urbanísticas que rigen sobre la Costa Verde. Es algo que ambas partes no tomaron en cuenta (o no quisieron hacerlo). “Como se puede advertir, se acordó la construcción de obras sin antes considerar si técnica y legalmente estas eran posibles de ser ejecutadas”, concluyó la Contraloría.
Sudaca pidió una entrevista con el área legal del Terrazas, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
La sede de la playa Makaha del club, favorecida por un empeñoso Jorge Muñoz.
El informe también es claro en advertir que no había justificación para ampliar la concesión por tantos años. “No existe ningún sustento técnico-legal que justifique el plazo de renovación de 25 años más y si este corresponde a la inversión que haría el club en contraprestación”. Y añadió algo peor: “Tampoco se incluyó ninguna cláusula que precise las garantías que debía dar el club a favor de la municipalidad en caso de incumplimiento”.
El órgano de control responsabilizó a Muñoz por dirigir los acuerdos que llevaron a favorecer al club Terrazas con la ampliación de la concesión. Por lo tanto, concluyó que este “incumplió sus atribuciones como alcalde establecidas en el Manual de Organización y Funciones”. Lo mismo les achacaron a siete regidores, entonces de Somos Perú, y al gerente de asesoría jurídica, Greem Leiva Abanto, quien tuvo la suerte de ser jalado por Muñoz para su gestión en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Leiva fue, hasta el 2020, subgerente de fiscalización de la Empresa Municipal de Mercados S.A.
Pero el problema no es administrativo, sino penal. La fiscal Rosario Quico investiga de manera preliminar a los personajes mencionados en el informe de control. Lo hace por los presuntos delitos de colusión y, alternativamente, por negociación incompatible y aprovechamiento del cargo. También está comprendido en la indagación el mencionado Eduardo Ángeles de Rivero (expresidente del club).
El despacho de Quico abrió la carpeta fiscal a inicios del 2020, pero la pandemia impidió el avance. Actualmente, explican fuentes con conocimiento del tema, a la fiscal sólo le falta culminar algunas diligencias para decidir si hace suya la denuncia de la Contraloría y arrancar así una segunda fase de investigación antes de acusar.
La mala gestión de Jorge Muñoz, además, ha llevado a la comuna miraflorina a enfrentar un arbitraje contra el club. “La gestión actual de Molina, para dejar sin efecto esta concesión de ampliación, ha entablado un proceso arbitral. Y eso está en trámite”, dice el procurador Hernández.
Sudaca se comunicó con el área de prensa y relaciones públicas de la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero no aceptaron darnos una entrevista con el alcalde. Muñoz vuelve a hacer de la técnica del avestruz su política más efectiva.
El 2016, dos años después de la sospechosa Adenda N°2, Muñoz participaba de un evento junto a autoridades del club Terrazas.
Sin supervisión gubernamental de ningún tipo, BioAmbientalistas ha continuado sus peludas actividades hasta hace unos días. Así lo dejan ver en su cuenta de Facebook. Y van a seguir haciéndolo, al menos por las próximas semanas. “Nosotros vamos a continuar hasta que lo que recolectamos se termine. Ya nos queda poco, luego veremos otro tipo de estudios. El mar también se contamina con otras cosas como basura”, dice Tania Saboya, vocera del colectivo.
A mitad de febrero, BioAmbientalistas difundió en sus redes sociales los resultados de un estudio propio donde señalaban que uno de sus cordones de cabello retenía 426,8 gramos de hidrocarburos en una hora. El “test”, sin embargo, fue hecho en baldes llenos de agua contaminada y no en el mismo mar afectado.
«BioAmbientalistas ha seguido trabajando en estos últimos meses. Su última intervención, según sus redes sociales, fue hace un par de semanas».
“Debe existir un sinceramiento de esas cifras. Se entiende el compromiso, pero las soluciones deben ser a gran escala.Esa es una de las lecciones del derrame. El uso de skimmers [aparatos para recoger hidrocarburos en agua] y barreras deben ser aplicados por Repsol, no la ciudadanía. El cabello sigue siendo una herramienta poco efectiva”, explica Gardenia Jiménez, decana del Colegio de Biólogos del Perú.
Insistir a estas alturas con utilizar cabello para mitigar los daños del ecocidio de Repsol es un absurdo, de acuerdo a biólogos consultados por Sudaca. El pelo sí puede “absorber” hidrocarburos, pero su eficacia se reduce rápidamente. “Matter of Trust [precursora en este método] explicó que en un máximo de 72 horas [después del derrame] el sistema funciona, después de eso ya es difícil porque no hay evidencia de que la película tornasolada de petróleo se adhiera al cabello. Lo que hemos visto es que la primera intervención recién fue después de dos semanas”, dice el biólogo Diego Padilla. La asociación también señaló que nunca se ha utilizado cabello a escalas como la del ecocidio de Repsol, añade.
Gardenia Jiménez, la decana del Colegio de Biólogos también explica que este método podría expandir el daño ambiental ocasionado en el mar. “El problema con el cabello como cualquier absorbente orgánico es que va absorber petróleo y el agua. Pero, cuando lo hace, el peso de las denominadas ‘salchichas con cabello’ se incrementa y se va hundir contaminando con petróleo en otro nivel hasta el fondo del mar”, apunta.
Y también podría afectar a la fauna marina si es que las “salchichas” están mal armadas y los cabellos se dispersan en el mar. “A eso se refiere [el Minam y el Oefa] con que las actividades no pueden hacerse de manera independiente y sin asistencia técnica o equipamiento”, sentencia Jiménez.
Diego Padilla, junto a otros biólogos preocupados, hicieron llegar las advertencias a la comuna metropolitana en un documento que sintetizaba la bibliografía al respecto. Trabajo que les tomó dos días, pero que para la MML fue imposible de hacer. “Si vas a priorizar tu estrategia de comunicación política para una actividad que no conoces, no tienes protocolos y donde la bibliografía dice que no se sabe si funciona de la mejor forma, y además estamos a destiempo, en mi opinión no tienes idea de qué hacer con el problema”, dice el biólogo sobre el accionar de la comuna.
No hay mayor claridad sobre la potencial contaminación extra que un mal uso del cabello en el mar podría ocasionar, pero el riesgo es grande. “Es importante que la población se involucre, pero debe contar con asesoramiento estatal precisamente para no caer en irregularidades. Si esto genera residuos peligrosos, ¿dónde se disponen?, ¿quién va a encargarse de ello? Debe existir una trazabilidad en el recojo de residuos”, señala la decana Jiménez.
“Fue una medida mediática y desesperada que se tuvo con la ciudadanía participante. Hay que acercarse al colectivo y explicarles técnicamente que esto ya no corresponde. Se les agradece la voluntad, pero en este momento podrían ocasionar más problemas sin contar con el respaldo de las autoridades”, sentencia la decana Jiménez. La municipalidad de Lima quiso tomarnos el pelo.
