Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 117: ¿Keiko sigue en la senda del desahucio electoral o mejora? ¿Cómo hace De Soto para mantenerse vigente sin estan en segunda vuelta? Y la vacunación: futuro problema de pobres.
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Hay un dato revelador en la última encuesta del IEP: un 58% de la población señala que se debería mantener el modelo, pero con cambios, mientras que un minoritario 33% dice que se debería cambiar totalmente. En la propia izquierda, hay un 52% que señala lo propio, que se debe mantener el modelo, pero con cambios, y en la derecha el 63%.
No estaría cayendo en saco roto el mensaje de Keiko Fujimori de defensa del modelo y su narrativa anticomunista. Claramente apunta a reforzar su núcleo duro, de derecha, centro y hasta una porción de la izquierda. Y es más fácil para Keiko decir que va a defender el modelo y le va a hacer algunos cambios que a que Castillo lo haga.
Castillo está atrapado en su lógica radical. Difícilmente va a poder salir de ella. Su propia bancada está partida en tres: los prosenderistas, los cerronistas y unos cuantos castillistas. Si se modera no solo perdería a su facción radical -que fácilmente puede dejar de votar por él y pasarse al bolsón de blancos y viciados- sino que puede resultar inverosímil y proyectar la imagen de la impostura.
No es casual que Castillo rehúya las entrevistas en set, ante periodistas calificados y acuciosos y solo decida declarar a reporteros, sin posibilidad del intercambio de preguntas y respuestas necesario y sin el tiempo debido (él mismo se encarga de cortar las entrevistas).
Nada está definido en esta elección aún. Las actitudes, más que la ideología, va a jugar un papel preponderante y ya estamos viendo que, según la propia encuesta del IEP, hay mayor facilidad de que el discurso de Keiko (si le agrega alguna dosis de anti establishment) pegue antes que el de un rígido Castillo (no tiene muchas variables de juego).
No es momento de que los castillistas celebren alborozados el triunfo ni de que los keikistas se conduelan deprimidos por los resultados de las primeras encuestas. La campaña recién comienza y no estamos ante bloques ideológicos afianzados y duros que sean imposibles de convencer de su migración.
La diferencia de intención de voto que muestra la encuesta del IEP en La República (41.5% versus 21.5%) -casi el doble- parece indicar que la elección ya estuviera ganada por el candidato de Perú Libre. Hay, sin embargo, tela por cortar y trecho por desbrozar. Cabe analizar la difícil estrategia que deberá realizar Keiko para remontar. Tendrá que ser una estrategia segmentada, multiverso e intensiva.
Derecha.- Primero va a tener que convencer a la propia derecha. Si uno, a priori, sumaba las votaciones en primera vuelta de la propia Keiko (10.9%), López Aliaga (9.56%), De Soto (9.4%), Acuña 4.9%), Forsyth (4.6%) y Beingolea (1.6%), la candidata de Fuerza Popular tendría que haber empezado la segunda vuelta con 40.96%. Pero según la propia encuesta, se ve cómo, por ejemplo, un 23.6% de los votantes de López Aliaga y un 18.3% de los de De Soto se han ido con Castillo en la segunda vuelta. En este segmento tendría la labor de cosecha aparentemente más fácil o propicia, pero hay trabajo por hacer.
Antifujimoristas.- según el IEP, hay un 21.2% de blancos/nulos y un 13.5% de indecisos. Allí anida el gran bolsón de centro y derecha antifujimorista y antikeikista (ella se ha ganado a pulso su propio antivoto por su deleznable actuación política de los últimos cinco años) al que Keiko va a tener que convencer con algo más potente que la sola invocación anticomunista que ha elegido como narrativa de inicio de campaña (suponemos, claro está, que es solo el primer paso de una estrategia más compleja). Gestos, anuncios, endoses más eficaces que los de Vargas Llosa, nombramientos anticipados, etc.
Anti establishment.- la gruesa mayoría del electorado y que cruza no solo todos los sectores sociales (hay un 26.5% del AB que votará por Castillo), sino también edades y regiones. Es el sector molesto con lo que identifica como “modelo económico”, al que se ha sumado desgraciadamente el bolsón de empobrecidos por la recesión pandémica, y al que solo se le puede conquistar con un discurso crítico de las enormes falencias de lo que hemos vivido los últimos veinticinco años. Keiko tendría argumentos para hacerlo. Pasa, por lo pronto, por recuperar en seis semanas el talante antiestablishment connatural al fujimorismo auroral que ella dice querer rescatar. Pero este es su nicho más refractario porque es un votante que tendría que robarle a su contendor, quien ya lo tiene consigo.
En entrevista con Sudaca.pe, ex ministro de Economía, Alonso Segura, afirma que nuestra economía y salud seguirán expuestas hasta que buena parte de la población esté vacunada en el 2022. Para este 2021 espera un crecimiento de 8%.
Ante un panorama complejo por la segunda vuelta electoral y un ritmo de vacunación lento, Sudaca.pe conversó con Alonso Segura, ex Ministro de Economía y Finanzas, para tener mayores luces sobre la situación que afrontará el país en los próximos meses.
Esta semana Perú recibió un nuevo lote de vacunas, ¿Cuáles son las proyecciones de crecimiento económico en relación al avance de la vacunación?
Todavía es incierto, porque los lotes igual se van anunciando poco a poco. Lo bueno es que se ha acelerado el volumen de los lotes, pero igual estamos hablando de que posiblemente no tengamos a gran parte de la población vacunada hasta algún momento del 2022. La economía va a seguir expuesta y ahí va a depender de cuáles sean las medidas que se adopten desde la restricción de actividades. Puede que la segunda ola se extienda, o que se dé una tercera ola y tengamos que seguir operando con restricciones menores. Suponiendo que el gobierno actual y el nuevo gobierno, cualquiera sea ese, adopten una política de actividades económicas similar a la actual donde el cierre es limitado, diría que el impacto será relativamente moderado.
¿Cuánto debería crecer este año nuestra economía?
Deberíamos poder tener un rebote estadístico importante. Las autoridades estiman un crecimiento del 10%. Yo considero que es un poco alto, pero un 8% es posible. El otro tema que debemos considerar es el efecto elecciones. Eso va a trastocar el panorama.
Los dos candidatos en segunda vuelta no tienen en sus planes de gobierno una propuesta concreta sobre la vacunación.
Ambos son muy vagos en términos del manejo de su estrategia. Probablemente van a improvisar. Esperemos que, a la hora de formar equipos, tengan un criterio razonable, que implementen políticas y medidas razonables. No sabemos si tendrán una estrategia negacionista del tipo Bolsonaro o Lopez Obrador. Eso añade más incertidumbre. Cuando se cerró la economía drásticamente, esta explotó. Cuando se cerró limitadamente, la economía también explotó. No ha habido diferencia. Ojalá implementaran un poquito de ciencia, algo que no se ha hecho. El gobierno actual recién reacciona y dice que va a repartir mascarillas de forma gratuita, algo que algunos ya habíamos recomendado hace un año.
¿Las cuarentenas -que golpean la economía- se deberían seguir aplicando?
Quien entre [a la presidencia] va a tener que hacerlo con estrategias limitadas de cierre, lo cual sugiere que la economía no se va a afectar tanto. La cuarentena estricta no funcionó en su momento, y ahora tampoco funcionaria. El tema va más por lo sanitario: cómo hacer más eficientes las medidas para evitar el costo humano de lo que se está viviendo en lo económico.
¿Cómo ve el panorama hacia el cambio de mando?
Hay temas que dejar bien en claro. Velocidad de vacunación, adquisición de vacunas, adquisición de pruebas. Estas son 100% gestión pública. También la disponibilidad de recursos, porque recursos disponibles había, entonces hemos tenido una falla de gestión pública. Punto. Hacia adelante va a depender de eso también. No te puedo decir si las autoridades van a tener dos dedos de frente o no, si van a ser indolentes como han sido varios hasta ahora o no, entonces es muy difícil hacer un pronóstico. Pero que la economía y la salud van a estar expuestas, sí, lo van a estar. Salvo se dé un cambio importante en términos de disponibilidad de vacunas a estas alturas, gran parte del próximo año seguirá expuesto.
¿Cuáles serán los retos más grandes que van a tener que enfrentar estos dos candidatos de llegar al poder?
El primero es cómo articular medidas económicas con control de la pandemia, lo que no se ha hecho bien en ningún gobierno. Diría que este es mejor que el anterior, pero ninguno lo ha hecho bien, porque la población está expuesta. Ese es el primer reto que lleva muchos por debajo, como las clases escolares y la salud pública. Este es el reto dominante porque tiene consecuencias económicas y los errores cuestan. Tienes un mercado laboral muy golpeado y empresas en situación delicada, entonces el margen de error no es muy grande.
¿Y en la parte fiscal?
Entran con una posición deteriorada que tienen que ir consolidando gradualmente, lo cual sugiere que hay poco espacio de maniobra para el gasto público. Tienen que ser muy selectivos en sus decisiones de gasto público y en la parte de ingreso, tienen que ver cómo generar más ingresos sin medidas que induzcan una mayor evasión fiscal.
Quien gane va a tener que determinar su estrategia de mediano plazo para generar credibilidad y confianza, que pueda atraer inversión y generar empleo. El sector público no lo va a hacer. Que haya alta ejecución de inversión pública ayuda algunas décimas en el crecimiento del PBI, pero no mueve la aguja para crecer sostenidamente. Eso es actividad privada.
Entonces ¿Cuál candidato la tendría más difícil?
Pedro Castillo la va a tener más difícil que Keiko Fujimori. Si Keiko sale [elegida], la gran inversión va a tener un respiro, pero luego tendrá que ver cómo va la parte política porque va a ser un gobierno minoría, y podríamos tener todos los problemas políticos de este último quinquenio. Si sale Castillo hay muchas más incógnitas sobre a dónde va a su línea. Si hace la de Humala, tiene que generar la confianza de que va a ser un gobierno que busque más inclusión social sin patear el tablero. Si se va hacia Chávez, Maduro, Correa o Kirchner, será un problema porque generaría retracción de inversión.
Es importante para ambos que definan sus mensajes sobre lineamientos de política económica y la composición de su gobierno. Keiko necesita un gobierno que no sea de Fuerza Popular, sino representativo y de amplia base. Creo que lo mismo con Castillo. Antes de anunciar sus medidas, va a ser fundamental ver quiénes van a estar en sus equipos y luego presentar los grandes lineamientos de política. Ahora estamos en una discusión sobre las grandes reglas de juego. ¿Van a seguir o las van a cambiar? ¿Cómo? Eso es lo que van a escuchar quienes generan empleo en el país. Peruanos y extranjeros, ambos por igual.
A diferencia del 2016, uno de los hitos de Keiko Fujimori para esta nueva campaña electoral ha sido la reconciliación con su padre, el exdictador Alberto Fujimori. De hecho, hace una semana la candidata reconoció que recibe consejos de este y, a inicios de abril, señaló que lo iba a indultar “si es que se me da la confianza”
Sin embargo, el expresidente aún tiene millonarias deudas con el país. De acuerdo a información oficial de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción que obtuvo Sudaca, Alberto Fujimori no ha pagado las reparaciones civiles por tres procesos penales en los que fue condenado.
El primer caso corresponde a un proceso por peculado doloso y falsedad genérica en los que quedó demostrado que Fujimori se apropió ilegalmente de S/52,5 millones junto a su exasesor Vladimiro Montesinos y los exministros Carlos Boloña Behr, Carlos Bergamino Cruz y Guillermo Salas Guevara Schultz.
Por estos hechos, Fujimori fue condenado en julio de 2009 a 7 años y 6 meses de pena privativa de la libertad y la inhabilitación por 2 años y 10 meses para ejercer cualquier cargo público. En aquella oportunidad se le fijó una reparación civil de S/3 millones que debían pagar entre todos sus cómplices. A la fecha, sólo se han saldado S/876.618.
Teniendo en cuenta los intereses generados desde la condena, la Procuraduría le atribuye a Fujimori una deuda de S/5.142.824,98.
El segundo caso corresponde a un proceso de peculado doloso, cohecho activo e interferencia o escucha telefónica. La condena está relacionada con el control de medios de comunicación, como fue la adquisición de canal 10 y la compra de la línea editorial del diario Expreso, con el objetivo de alcanzar la fraudulenta reelección del 2000.
Asimismo, junto con Montesinos, los ministros de Defensa, del Interior y el jefe del SIN, ejecutaron el ‘Plan Emilio’, que consistía en interceptar las comunicaciones de periodistas, políticos y demás personajes incómodos al régimen.
En setiembre de 2009, Fujimori fue condenado por este caso a 6 años de pena privativa de la libertad efectiva y se le fijó una reparación civil de S/.24.060.216. Hasta el 2017, por el incumplimiento en el pago, la deuda creció a S/45.859.447,47.
Además, se resolvió que Fujimori pague S/107.000 a cada uno de los 28 agraviados (unos S/3 millones en total), entre los cuales figuran César Hildebrandt, Cecilia Valenzuela, Alberto Borea, Javier Pérez de Cuéllar y Javier Diez Canseco. En la documentación enviada por la Procuraduría no se precisa si se ha realizado el pago a estos personajes.
La tercera arruga que tiene Alberto Fujimori con el Estado tiene que ver con una condena por usurpación de funciones, por la cual se le impuso una reparación civil de S/400.000 y dos años de inhabilitación en cualquier cargo público. El caso está relacionado al teatro que armó el expresidente para, supuestamente, capturar a su asesor Vladimiro Montesinos. Para el “operativo” se llegó a suplantar al representante del Ministerio Público y se allanó la casa del “doc” sin orden judicial. Los intereses han hecho que la deuda se incremente a S/687.010,39.
En total, según el informe de la Procuraduría Anticorrupción, Fujimori tiene una deuda de S/51.689.282,84, incluyendo los intereses solicitados que representan casi la mitad (S/24.229.066,84) y que están pendientes de una pericia en la Vocalía Suprema de Instrucción del Poder Judicial desde el 2017.
Sin embargo, el exmandatario “no ha abonado ningún monto por concepto de reparación civil”, apunta el documento. La Procuraduría precisa que Fujimori no cuenta con ningún bien que amerite interponer alguna medida cautelar, aunque se ha enviado un oficio a la Universidad Agraria La Molina (UNALM), para embargar su pensión de excatedrático; y al Congreso, para verificar si es que cobra su pensión como expresidente.
La UNALM informó que, a partir de julio de 2017, se reactivó la pensión de cesantía a favor de Fujimori por S/1.589, pero de acuerdo al Código Procesal Civil dicho ingreso no se puede embargar. Por el lado del Congreso, la respuesta fue que “no existe disposición de reconocimiento de pensión a favor del señor Alberto Fujimori Fujimori, ni ha recibido solicitud al respecto”.
El autor de este artículo se contactó con el abogado del expresidente, César Nakazaki. Este señaló que, al sólo tener ingresos por pensión o regalías que puedan generar sus cuadros o algún libro, “las reparaciones civiles millonarias no se establecieron para ser pagadas, sino con el único propósito de alargar la carcelería». Evitó referirse así a los intereses generados durante estos años y si su patrocinado ha decidido pagar o no su deuda con el país.
Por otro lado, del elenco corrupto que protagonizó el régimen de Fujimori, quien lidera el ranking de deudores es justamente su exasesor Vladimiro Montesinos con S/548,1 millones de los cuales sólo ha pagado S/10,7 millones.
Le sigue César Victorio Olivares, quien fue gerente general de la Caja de Pensiones Militar Policial, con una deuda de S/340,6 millones, de los cuales apenas ha pagado S/10.000. A continuación, están José Francisco Crousillat Carreño y José Enrique Crousillat, quienes deben aún S/79,5 y S/77,1 millones respectivamente.
La lista la integran también los tristemente célebres hermanos Winter con un saldo por S/12,4 millones de soles; Víctor Joy Way, con S/9 millones; y el publicista Carlos Raffo, con S/2,3 millones de soles de saldo pendiente. Raffo ha sido relacionado por varios medios de comunicación como consejero de Keiko Fujimori en temas publicitarios para esta campaña.
La candidata Keiko Fujimori ha manifestado que su padre no será funcionario, pero que sí es motivo de orgullo contar con sus consejos. Quizá tendría más orgullo si es que el exmandatario decidiera cumplir con sus deudas.
El candidato Pedro Castillo ha empezado a moderar su discurso confrontacional. Intuye que con la persistencia radical de finales de primera vuelta y primeros tiempos de la segunda podía ir amasando un antivoto importante (ya la encuesta de Datum muestra que hay tanto anticomunismo cojo antifujimorismo).
Con ello desafía a Keiko Fujimori, quien tiene tremendo reto por delante. No le basta el terruqueo ni el antichavismo, aunque el argumento sí resuena. Ha empezado una eficaz campaña de marketing peruano/antiperuano, que es tan potente como la de Castillo pobres/ricos, pero aún así, eso no le será suficiente.
La candidata de Fuerza Popular debe asegurar la defensa del modelo -fuente primigenia de su base electoral-, pero a la vez debe reducir el enorme antivoto que sufre y, no bastando con ello, debe recuperar el espíritu auroral anti establishment del fujimorismo.
Quien mejor exprese el humor ciudadano, su malhumor para ser más preciso, podrá conquistar a los sectores populares, muchos de los cuales no han sido beneficiarios del modelo económico y otros han sido expulsados de sus logros por culpa de la recesión pandémica.
A ellos se suma el enorme bolsón poblacional de gente que no recibe nada del Estado y así identifica al modelo. Con una salud pública de país del cuarto mundo, con una educación pública que no es inclusiva ni igualitaria y con una seguridad que parece coto exclusivo de los ricos, no hay ciudadanía capaz de ser integrada al statu quo.
¿Cómo lograr que la defensa del modelo comulgue con la crítica al Estado asociado a él? Ese es el desafío de Keiko Fujimori y de la derecha peruana en general. Castillo, y la izquierda en particular, la tienen más fácil. Su discurso antisistema prende con mayor facilidad (en gran medida, el fracaso electoral de Verónika Mendoza pasa por haber rebajado ese perfil confrontacional en el tramo final de la primera vuelta).
Alejandro Aguinaga Recuenco, médico de cabecera de Alberto Fujimori, exministro de Salud del expresidente y excongresista entre el 2006 y el 2016, ha sido elegido nuevamente parlamentario por la bancada de Fuerza Popular, el partido que quiere llevar al poder a Keiko Fujimori.
Aguinaga fue el más votado del fujimorismo en Lambayeque y el quinto en toda la región con 9,541 votos. Esto pese a que tiene abierto una investigación fiscal de la cual es notorio protagonista: las esterilizaciones forzadas ocurridas durante el segundo mandato del condenado Alberto.
Por estos días el fiscal Pablo Espinoza viene sustentando su acusación contra Aguinaga, Alberto Fujimori y otros funcionarios como autores mediatos del delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud por la muerte de cinco mujeres y por haber lesionado a más de 1.300 “en un contexto de grave violación de derechos humanos”, de acuerdo a la acusación que Sudaca pudo revisar.
Pese a que el caso tiene más de 20 años, recién hace poco se iniciaron las audiencias con el objetivo de que pase a una investigación judicial. Para Milton Campos, abogado de Demus que patrocina a algunas de las víctimas, la demora se debió a «una deficiente conducción y tratamiento por un sector de la fiscalía que irregularmente decidió archivar el caso en tres oportunidades”. Además, considera, esta pesquisa “tiene un elemento político indesligable».
La historia de las esterilizaciones empezó hacia el inicio del gobierno de Fujimori, cuando este anunció que 1991 sería “el año de la austeridad y la planificación familiar”. Al año siguiente, el gobierno decidió que el título se amplíe a toda la década.
A inicios de 1996, el entonces ministro de Salud Eduardo Yong aprobó, mediante una resolución ministerial, el ‘Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000’ donde se incluyó la gratuidad de métodos anticonceptivos e intervenciones quirúrgicas de esterilización. Aguinaga era entonces viceministro de esa cartera y hacia 1999, en lo peor del régimen, fue nombrado ministro.
Según la Defensoría del Pueblo, el método de la intervención quirúrgica (llamada Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria -AQV) fue priorizado por encima de los otros. Las cirugías debían ser voluntarias y solo necesitaban del consentimiento escrito de la usuaria.
Pero la acusación explica que el consentimiento, en realidad, se convirtió en imposición o chantaje en las zonas más pobres del país. Según recoge la fiscalía, a Lucinda Primo Matto, una de las víctimas, “en diversas oportunidades, el personal de salud le dijo que se ligue las trompas, a lo que ella se negaba, por lo que la amenazaron diciéndole que si no accedía al procedimiento la iban a multar”.
En el caso de Felipa Cusi Condor, personal de salud llegó a su casa en 1997 para decirle que debía someterse a la ligadura de trompas y, tras negarse, le indicaron que sus hijos no iban a poder estudiar.
De acuerdo a la misma documentación, a Vicentina Usca Ccopa, que acababa de dar a luz a su último hijo, se le dijo que debía ligarse las trompas y que, si no lo hacía, no le iban a dar los documentos de su recién nacido.
Otro caso que se reseña es el de Ernestina Canlla Cárdenas, que había dado a luz a sus anteriores hijos en casa. Canlla recibió la visita del personal de salud de la posta de su localidad. Como se había negado a pasar por el proceso en el establecimiento de salud, dicho personal le gritó y le dijo que debía ligarse las trompas “porque estaba pariendo como animal” y no tenía dinero para solventar a su familia. Además, se le amenazó diciéndole que, si no lo hacía, vendrían con la policía y no le reconocerían a sus hijos.
A 273.684 mujeres se les realizó esterilizaciones a través de cirugías entre los años 1996 y 2000, siendo 1997 el año con mayor incidencia, con 120.056 casos. A partir de 1998, las intervenciones fueron cada vez menores por investigaciones y denuncias por violación de los derechos humanos.
El gobierno de Fujimori, según recoge la acusación del fiscal Pablo Espinoza, identificó una relación negativa entre el crecimiento poblacional y el económico en 1991. Con esa base se elaboró el plan de 1996, principalmente en zonas rurales de la selva y sierra, donde las mujeres mantenían patrones reproductivos de hasta más del doble respecto a las zonas urbanas, de acuerdo al gobierno de turno.
Con ello, se buscó reducir el ritmo de crecimiento de la población a no más del 2% anual y se estableció que la tasa de fecundidad de mujeres en áreas de mayor pobreza no debía superar el nivel de tres hijos cada una.
Bajo ese marco, se empezaron a desarrollar campañas con el Minsa y el Instituto Peruano de Seguridad Social asistidas por USAID (la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional que luego se retiró tras alertar ilegalidades), el Fondo de Población de Naciones Unidas y otras ONG.
En el papel, el gobierno tenía como meta practicar el método quirúrgico a las parejas que tuvieran más de cuatro hijos. Pero en la práctica, se terminó por esterilizar a mujeres que, incluso, no tenían descendencia.
La Defensoría del Pueblo ha señalado que se esterilizaron a mujeres que eran analfabetas, que no se mostraron otras opciones anticonceptivas en muchos casos, que no se hallaron las autorizaciones y que se usaron escasamente los formularios de consentimiento.
Para cumplir con el objetivo en un corto plazo, se empezó a exigir cuotas a cambio de diversos incentivos a los establecimientos de salud, a la población y al personal médico.
Asimismo, surgieron denuncias de ofrecimientos de alimentos y ejecución de ligaduras a través de engaños, las cuales fueron reveladas por algunos médicos de aquel entonces. Esto se hacía, en gran parte, a través de festivales de salud en los cuales se daban incentivos a los líderes locales de los programas mediante alimentos y hasta viajes a un lugar del país, según la fiscalía.
Hacia el 2001, de acuerdo a información de 34 Direcciones de Salud de los diversos departamentos, se registraron 1.599 complicaciones por las intervenciones quirúrgicas. Esto debido a la mala calidad en la atención y a las mentadas (y nefastas) cuotas basadas en desempeño, según informó la misma USAID.
De hecho, se registraron cinco muertes, además de 1.316 personas con lesiones graves, según un informe del Minsa del 2003.
Alejandro Aguinaga, flamante parlamentario, es acusado por su participación como ministro de Salud entre abril de 1999 y noviembre del 2000. Además, al haber sido viceministro de Salud entre 1994 y 1999, ejecutó la política del sector y habría visitado centros de salud a nivel nacional para aplicar el “método de planificación permanente”.
Asimismo, como ministro, dio cuenta mensualmente al expresidente Fujimori sobre el avance de las metas a nivel nacional, así como los problemas en su desarrollo. Aguinaga, de acuerdo a la fiscalía, se reunía con los directores regionales de salud para dar énfasis a las anticoncepciones quirúrgicas y promover los festivales de la salud, “impartiendo directivas y órdenes” para “alcanzar el fin político de mayor crecimiento económico a través de la disminución de la pobreza mediante la reducción de la tasa de natalidad”.
Keiko Fujimori no se ha pronunciado por este caso relacionado a uno de sus congresistas y a su propio padre. Por el contrario, ha anunciado que de ser presidenta indultará a Alberto Fujimori.
Sí se pronunció respecto al caso VacunaGate, que también involucra a Aguinaga, pero justificando que lo hizo por ser ‘consultor’ en el ensayo clínico. «En lo personal, considero que haber solicitado la vacuna para su esposa me parece una gran falta de empatía y solidaridad con la población», matizó a mediados de marzo. Pero no hubo mayores consecuencias dentro de la tienda naranja.
Según la fiscalía, más de mil mujeres fueron despojadas de su elección de procrear, en la búsqueda de mejorar la economía del país, de manera forzosa y violando sus derechos humanos. Pasará algún tiempo más, sin embargo, para saber la fecha en que el juzgado de crimen organizado se manifieste a favor o en contra de que el caso pase de la fiscalía a la etapa de investigación judicial. Si fuese así, el plazo de esas pesquisas debe ser de ocho meses, con una posible ampliación de cuatro más. «Si mantenemos el ritmo de audiencias establecido inicialmente por el juez, en no menos de un mes se estaría decidiendo», dice el abogado Milton Campos.
Sudaca buscó al doctor Aguinaga, pero se limitó a dejar en visto los mensajes que solicitaban su versión.
Usted ha llamado a no regalar el voto, pero uno de los dos candidatos ya tiene el 40% de la intención a su favor y la otra candidata cuenta con respaldo público de ciertos personajes, como Mario Vargas Llosa. ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener este apresuramiento?
Primero, lo que las encuestas miden no es la votación, es la preferencia que hay en ese momento. No se ha traducido en un acto de voto. Podemos llamarlo una protointención de voto, pero naturalmente lo preferible es poner en suspenso la decisión hasta no haber tenido de los dos contendientes declaraciones claras, rotundas, específicas, comprobables y verificables de respeto, y la decisión de respetar y defender la democracia. Y la democracia no como un concepto general, sino definida en forma muy pormenorizada en torno a algunos de los asuntos y elementos que la definen como tal.
Hay una frase que repiten algunos: “de Keiko Fujimori tenemos pruebas, pero de Castillo dudas”. Usted, sin embargo, ha escrito en una editorial que de Perú Libre conocemos lo suficiente. ¿Lo suficiente para avizorar qué tipo de gobierno?
Lo suficiente como para temer por un tipo de gobierno autoritario, vertical, que con el ropaje de izquierda y estatismo no rinda cuentas, tome como modelo a la tiranía de Maduro en Venezuela o la tiranía de Ortega en Nicaragua y que tenga como punto esencial la permanencia en el poder. Con un fortalecimiento del aparato del Estado que, antes de servir para el bien común, va a servir para el fortalecimiento del gobierno. Todo esto bajo la etiqueta del socialismo. Esto no viene de que yo tenga algunas propiedades parapsicológicas ni clarividentes, sino de, sencillamente, ver y constatar cuáles han sido y son las relaciones del ideólogo de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Sobre todo con el gobierno de Maduro en Venezuela.
Habrá leído usted el ideario de puño y letra del señor Cerrón. La impresión es esa, que apuntan a un gobierno autoritario.
Lo que he leído y numerosas declaraciones de Cerrón, reportes de sus contactos, su decidido apoyo a Maduro, naturalmente me hacen pensar eso y creo que haría pensar lo mismo a cualquier persona con una capacidad esencial de razonamiento.
¿No ve a Castillo emancipándose de este personaje?
No puedo descartarlo, naturalmente. Si Castillo sale elegido presidente, el que va a tener el mandato para dirigir es él y no Cerrón. Cerrón va a ser el que tiene el partido, el grupo, el aparato que entraría al gobierno. Pero no es una posibilidad dominante en absoluto [que pueda emanciparse]. Ahora, ¿en qué sentido se emanciparía Castillo? ¿Cómo? ¿Con qué equipo? ¿Para hacer qué? Tampoco uno puede configurar un plan basado en ello. Lo más importante de todo es lo siguiente: había muchas posibilidades pésimas en la segunda vuelta y esta es una de las peores. Reitero lo que dije en el editorial: se trata de dos candidatos que en conjunto no llegan a la quinta parte del universo electoral del país.
Algunos analistas están calculando que ninguno de los dos candidatos tendrá vía libre para lograr sus intenciones a plenitud, porque no tendrían mayoría en el Congreso. ¿Eso debería tranquilizarnos o más bien preocuparnos por la estabilidad del país?
Bueno, tranquilizarnos ciertamente no. Cuando una persona que no tiene vocación democrática enfrenta una situación incierta con el Congreso, en la que no tiene mayoría y está lejos de imponer aquellas cosas que requiere, entonces lo más probable es que haya una actitud de confrontación. Un conflicto, si el Congreso no se somete. Y por una u otra vía, por ejemplo, en una Asamblea Constituyente, se le quite a este la capacidad. Lo más probable es que todo este elenco de políticos que va a entrar al gobierno y al Legislativo en el 2021 probablemente no sea el mismo que los deje en el 2026.
Cree que vamos a tener otros cinco años de vacancias o tentaciones por ese tipo de prácticas.
Si cualquiera que gane no lo hace con un compromiso firme en defensa de la democracia y con un programa de gobierno que, siendo racional y tratando de ser lo más eficaz posible, se dé dentro de los parámetros de la democracia, vamos a tener cinco años de inestabilidad. Y si tenemos estabilidad, va a ser una estabilidad lograda por un gobierno a la fuerza, una estabilidad falsa debajo de la cual va a estar fermentando la resistencia y la rebeldía.
¿Usted ve al señor Castillo con un respaldo popular y de las fuerzas del orden como para convertirse en un dictador, como temen algunos de sus críticos, o por ahí no va el temor?
Si gana Perú Libre con Castillo a la cabeza y hay un proyecto de permanencia en el poder, como entiendo que manifestó Cerrón hace pocos días al definir lo que era un acto revolucionario, entonces las acciones para lograr esa permanencia se van a dar. ¿De qué forma, con qué correlación de fuerzas, utilizando qué medios? Va a depender muchísimo de los resultados que haya en la segunda vuelta, de lo que suceda durante la campaña y de quiénes sean los que estén en las funciones fundamentales del gobierno. Y naturalmente, va a haber resistencia de otras fuerzas políticas y de la sociedad civil. Por el momento, esas son cosas que están dentro de lo posible, pero no dentro del cálculo de lo inmediato. A la vez, quiero decir que podemos pensar en un escenario en que, sobre todo Castillo, adecuadamente aconsejado, tome la decisión de tener un compromiso firme, cabal, verdadero con la democracia y decida actuar como tal.
De otro lado está el fujimorismo más reciente, el de la ‘mototaxi’, que ya ha demostrado su propensión a petardear la democracia y que ahora ha cambiado a una estrategia de conciliación. Piden perdón por la actuación de sus representantes en el Congreso, por ejemplo. ¿Hay que creerle a esa cara o, más bien, es una careta?
Recuerda que la Keiko de Harvard, la de la mochila pesada, fue previa a la del 2016. Luego hubo otra Keiko que no hubiera sido reconocible con la que habló en Harvard. Entonces, puras declaraciones de esas que se dan al pasar no valen mucho. Dentro de las posibilidades limitadas de una sociedad civil, una de las cosas que se puede hacer es una suerte de acta, de estatuto, de juramento, donde cada uno de estos candidatos, solemnemente y ante una serie de peruanos, luego con observadores extranjeros, firmen y juren mantener, respetar, defender la democracia en forma pormenorizada. No en términos generales. No usar ese lugar común de ‘el respeto irrestricto a los derechos humanos’. Uno escucha esa palabra y ya sabe de que algo malo va a pasar. Sino el derecho a la libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de reunión, de asociación. En cada aspecto tiene que estar claramente determinado el equilibrio de poderes, respeto a autoridades autónomas, independencia de poderes. Si en el camino traicionan aquello, va a estar claro y patente que lo hicieron y la resistencia en la sociedad civil. Hay ejemplos muy recientes de lo que [eso] puede llegar a ser. Noviembre está cercano todavía.
Hace ya más de una semana el fiscal José Domingo Pérez declaró que temía por él, por su familia y por las investigaciones. ¿Qué es lo peor que puede pasar con el caso Lava Jato y con el caso de los Cuellos Blancos con Keiko Fujimori en el poder?
Lo peor… dejemos a la imaginación volar. Puede haber escenarios desastrosos: destituir, arrestar, hacer investigaciones truchas contra los fiscales, atentados. Puede pasar, en ese sentido, casi cualquier cosa. Pero la pregunta es si la gente va a permitir que pase. Recuerda cuando Chávarry quiso destituir a Rafael Vela y José Domingo Pérez, y la gente se movilizó en año nuevo. Entiendo que han pasado muchas cosas, entre ellas, la tremenda guerra sucia que se ha desatado contra los fiscales y luego el efecto aturdidor de la pandemia. Pero va a estar cada vez más claro que, dentro del desgraciado retroceso que ha tenido la lucha anticorrupción en América Latina [se refiere al desmantelamiento de equipos anticorrupción en Brasil, Guatemala y Honduras], el equipo especial en el Perú es el único que queda como baluarte. Considerando sus logros históricos, yo creo y espero que haya una firme movilización de la sociedad en defensa de ellos y también una fortísima solidaridad del extranjero. Si [Keiko Fujimori] aprovecha su posición de poder para atacarlos, va a estar muy claro que todas las promesas que dio son tan valiosas como un billete de S/13. Al margen de ello, van a ser años muy difíciles y las fuerzas democráticas deben prepararse para enfrentarlos. No estar con esa actitud pasiva, reactiva, básicamente frívola, de decir ‘yo prefiero a este o aquel por ser de izquierda o de derecha’. Yo no quiero ni tirano de derecha ni tirano de izquierda.
Castillo nunca se ha referido a estos temas [investigaciones anticorrupción] como cruciales. ¿Es una incógnita para usted?
Hasta el momento hay muchas más preguntas que respuestas. Por eso también he hablado de la necesidad de no regalar el voto, porque hay que conocer muchísimo más sobre el candidato. Tenemos delante a un desconocido y es indispensable conocerlo bien. Hasta el momento que eso se dé, uno no debe tomar una decisión de voto. Hay muchísima gente que está corriendo para ver dónde se ponen y obviamente [existe] el interés de poder estar en el próximo gobierno haciendo algo. Desde el punto de vista del compromiso democrático, eso es algo totalmente irresponsable. La única pregunta que me gustaría que Castillo responda es cuán amistosa, cuán profunda es la relación que tiene con Tomás Aladino Gálvez y, si la relación es estrecha, qué va a hacer con los conflictos que tiene en la Fiscalía de la Nación y las investigaciones que enfrenta en la Junta Nacional de Justicia. Eso para mí sería bastante importante de saber en el corto plazo (*)
Dentro de nuestro imperfecto sistema democrático, como usted lo califica, también está la prensa, ¿usted cree que peligra con ambos como presidentes?
Depende de qué prensa hablemos. Hay una prensa corrupta, una prensa lumpen. Hasta este momento, yo veo grupo lumpen de un lado y grupo lumpen del otro. Me imagino que eso van a seguir haciendo…
Hablemos de la prensa independiente.
La prensa independiente, la prensa que vale, la prensa que es respetable en algunos casos y respetabilísima en otros, no creo que la va a tener fácil. Depende cuán intensa sea, si se presenta, la degradación autoritaria. Puede ser una degradación en la cual se ataque directamente a los medios, se busque destruirlos económicamente. Estamos viendo lo que pasó en Nicaragua, con todos los medios importantes de investigación, que han sido desbaratados; o en Venezuela, donde o los han obligado a exiliarse o les han hecho juicios estúpidos en los que tribunales vasallos han fallado a su favor. Un ejemplo es el reciente caso de Diosdado Cabello contra El Nacional, que básicamente equivale a una confiscación, por supuestamente haber insultado el honor de Cabello al haber reproducido una noticia que estaba en toda la prensa internacional. Es ese el tipo de cosas que pueden pasar en un lado. Y en el otro lado, no tengo siquiera que hacer demasiadas suposiciones: vean la prensa basura que estos promovieron y vean lo que pasó en la última etapa de Montesinos y Fujimori como para tener una idea de lo que puede suceder. Se hizo durante el gobierno de Fujimori y se volvería a hacer ahora. Todos los periodistas que vivimos con pasión y entrega nuestra vocación, sabemos los riesgos y estamos plenamente dispuestos a enfrentarlos. Aceptamos cualquier consecuencia por llevar a cabo, con entereza, nuestra labor, ¿pero es o era necesario? Por supuesto que no. Nosotros ya habíamos logrado esta democracia y habíamos logrado avances únicos a través del periodismo de investigación en la lucha contra la corrupción. Ahora, volver a empezar, tener que afrontar todo eso.
Para terminar: ¿se ve usted apoyando, como lo ha hecho Vargas Llosa, al fujimorismo? Al fujimorismo que usted enfrentó y padeció.
Mi voto va a ser mi voto. De repente hay ciertas cosas que resultan difíciles de hacer. Para mí lo importante ahora es poder ayudar a determinar el compromiso, el juramento de defensa de la democracia. Si un candidato la firma y el otro no, entonces obviamente quien la ha firmado y se compromete a hacerlo, debe ser apoyado y ganar la elección. Para mí, ese es el criterio. Si eso significa que uno va a tener como mandatario o mandataria a personas que considera que no están mínimamente calificadas para eso y, si en algunos casos, significa una ironía amarga del destino, pues las realidades son las realidades y tenemos que enfrentarlas adecuadamente. He tenido varios dilemas duros que enfrentar en estos años y la verdad que haber defendido la democracia aceptando el mal menor, cuando uno esperaba cosas tanto mejores para la patria, ha significado una tragadera de sapos que te deja un mal sabor perdurable. Pero hubo que hacerlo y hasta este momento no tengo razón alguna para arrepentirme de ninguna de las decisiones anteriores.
(*) El fiscal Tomás Gálvez y Pedro Castillo son naturales de Cajamarca. Castillo dice haber sido rondero. Desde el Ministerio Público, Gálvez ha llevado a cabo capacitaciones y diversas actividades con las rondas. Recientemente también ha viajado a Chota. Gálvez tiene pendiente una investigación en la Junta Nacional de Justicia y ha sido vinculado a “Los Cuellos Blancos”.
(**) Foto: Knight Center.
(***) Fecha de publicación: 22 de abril del 2021
El extremismo de los resultados electorales ha despertado un gran temor al tener que escoger entre la líder de una de las organizaciones de mafia y corrupción más consolidada del país, y un dirigente sindical que promete un socialismo estatista. El temor a ambas propuestas (y a sus coincidencias) se ha manifestado a través de un conjunto de acusaciones entre los votantes según el extremo que consideran “el mal menor” como lo llamó Mario Vargas Llosa: que si se es delincuente, terruco, clasista, racista, ignorante, fanático, paternalista, vengativo, resentido, etc.
La pregunta de por qué la población peruana se ha descubierto en medio de estos extremos es muy obvia: al ladrón se le perdona cuando hace obra y al ladrón que roba al ladrón, se le deben muchos años de perdón. Keiko Fujimori, de liberar a su padre y gobernar con él, tendrá la mano dura necesaria, como en la década del 90 la tuvo Alberto, para “librarnos de la pobreza y el terrorismo”, sin importar (o todo lo contrario) la inversión en clientelajes y en las tajadas correspondientes a las grandes decisiones estatales. A la otra orilla, las estatizaciones y redistribución de la riqueza a través del Estado que propone tan simplificadamente Pedro Castillo pueden llevar a desbancar al país, pero estarán muy cerca de cumplir con la justicia popular reclamada por los pobres.
La pobreza es entonces la causa principal y ninguna otra la que nos ha llevado a este enfrentamiento. De acuerdo con el último Reporte técnico de Unicef sobre el impacto del COVID-19 en la pobreza y desigualdad en niñas, niños y adolescentes en el Perú (2021), la población más afectada es la que se encuentra en la sierra rural, con un incremento de la pobreza al 44.5% y en la selva rural, con un incremento durante este periodo a 51.5%. Si comparamos con el 2019 la pobreza rural ha crecido cerca de un 14%. Y no sólo en el campo. En las zonas más pobres de Lima metropolitana, la pobreza ha alcanzado también el 44%.
Y por alguna razón, a esa pobreza se le sigue dando la espalda y se continúa estigmatizando las protestas y reacciones apelando a la ilegalidad. Un ejemplo fueron las huelgas y protestas del sector agrícola. Es cierto que el estado ha entregado una serie de bonos y de incentivos económicos, pero en las zonas rurales la crisis de la economía agrícola migratoria, el aislamiento, la reducción de los servicios públicos, primordialmente el de salud, y la caída del sistema escolar, han hecho retroceder a la población casi una década de avances.
Otro ejemplo es el de las invasiones de terrenos en Lima. Es cierto que entre setiembre del 2020 y enero de este año, el Congreso aprobó una populista normativa que amplía los plazos de la titulación de terrenos hasta el año 2026 y que por esa razón se favorecerá la ocupación ilegal y el tráfico de terrenos. Pero los casos que hemos visto en Lima, tanto en Chorrillos como en Villa El Salvador, nos muestran que dos de cada tres inquilinos han tenido problemas para pagar sus alquileres debido a la pandemia. Las personas que se resisten a ser desalojadas no cesan de repetir que no tienen, simple y llanamente, a dónde ir.
Y en medio de todo este escenario, ¿qué representantes del Estado peruano se han sentado a escuchar, a tomar decisiones y a plantear alternativas concretas a la población? ¿La policía y los funcionarios sectoriales? La justificación de que estamos bajo la tutela de un gobierno transitorio no sirve de nada ante la pobreza que, con los resultados electorales, ya no pudo ser más maquillada, silenciada, escondida.
Irónicamente, hoy invadido, Villa El Salvador reubicó 50 años atrás a un grupo de 350 familias desesperadas por contar con un lugar donde vivir que tomaron una zona de Pamplona con el interés comercial suficiente como para que la policía interviniera de manera violenta. Avergonzado, el Estado de la mano con la iglesia católica progresista de aquel entonces, llevó el año 1972 a las familias hacia una zona urbana planificada por profesionales, de tal forma que respondiera a la organización autogestionaria que se propuso como modelo a la población. El tener donde vivir no acabó con la pobreza, pero pudo con la dignidad. En 1987 Villa El Salvador ganó el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, entregado por ser “La práctica ejemplar para organizar un tipo de ciudad solidaria y económicamente productiva”. Ahora viven en el distrito más de 420,000 personas.
Los terrenos urbanos en Lima sin duda cada vez son más escasos y lejanos, pero el Estado ¿simplemente los va a desalojar para combatir el tráfico de tierras? ¿Vamos a esconder que no tienen siquiera un lugar dónde dormir y dejaremos, como en las zonas rurales, que vean con un par de bonos al año cómo sobrevivir? Al menos en las comunidades más alejadas siempre hay un techo que ofrecer a la familia, esa que observa cómo sus niñas y niños han perdido ya dos años de formación escolar.
En este marco no es difícil imaginar por qué ambos candidatos se encuentran disputando la Presidencia de nuestro país.
