“A principios de febrero, el Ministerio del Interior no había abierto ninguna investigación sobre la conducta policial y ningún agente de policía había sido sancionado ni apartado del servicio”.
“El gobierno peruano debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y exhaustivas de todos los abusos cometidos por la policía y las Fuerzas Armadas, así como de los actos de violencia, enjuiciando a los responsables según corresponda. Los fiscales deben investigar y presentar cargos, según proceda, no sólo contra los militares y policías que cometieron los abusos, sino también contra sus superiores y las autoridades gubernamentales que pueden haberlos ordenado, no haber tomado medidas efectivas para impedirlos o no haber respondido adecuadamente para impedir nuevos abusos y garantizar la rendición de cuentas”.
“Hay fuertes razones para creer que la presidenta Boluarte, el primer ministro Otárola y otros altos funcionarios no tomaron medidas efectivas para detener las muertes, a pesar de tener conocimiento de la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en ellas”.
¿Por qué en lugar de plantear la posibilidad de una renuncia habló de un proyecto de ley sobre adelanto de elecciones que el Congreso podía volver a rechazar?
Pudo haber tenido un rol mucho más activo y eso es innegable. Eso hubiera permitido que el día de hoy tengamos una fecha cierta para el adelanto de elecciones.
¿La presidenta tenía alguna razón para creer que el Congreso podía tener la voluntad de apoyar el adelanto de elecciones?
Eso tendría que responder la presidenta sobre cuál creyeron que era la estrategia que creyeron que funcionaría.
En los discursos del gobierno muchas veces se habló de infiltrados de Bolivia, ¿la presidenta Boluarte le mostró pruebas que justifiquen estas expresiones?
Nunca abordamos esos temas. En toda movilización social siempre va a haber infiltrados, pero es un error esa interpretación porque aquí hay un reclamo genuino de un sector muy importante de la población sobre todo de comunidades campesinas, centros poblados y caseríos. Lamentablemente, hay una lectura errónea cuando llegan a terruquear a todo el mundo. Es un error gravísimo porque no están entendiendo los temas de fondo que está viviendo el país.
¿Dina Boluarte está capacitada para conducir al país hasta 2026?
Más allá de las competencias acá hay una cuestión objetiva, ambos poderes del Estado, Ejecutivo y Legislativo, han ido perdiendo legitimidad. Los políticos se equivocan y creen que ganar una elección es un cheque en blanco. En democracia se tiene que hacer control ciudadano. En el caso del Congreso, ha sido cómplice de un gobierno irresponsable y corrupto como el de Pedro Castillo. Por eso hoy tienen 8% de aprobación. Lo mismo ocurre con el Ejecutivo y se ha llegado a este nivel de polarización. Si están pidiendo que se vayan todos, el camino constitucional es el adelanto de elecciones generales. Ahora, es evidente que el Congreso no quiere y eso traerá consecuencias lamentables en el futuro.
¿Volvería a reunirse con Dina Boluarte si lo invita?
Siempre voy a estar dispuesto a servir a mi país. Pero que quede bien claro que no es por ningún interés particular. Piensan que es como con Castillo que tenían que ofrecerles cargos recién se pongan de incondicionales. Mi posición crítica va a seguir siendo la misma porque mantengo mi independencia. Yo no me reuní en Sarratea sino en Palacio de Gobierno, algo muy diferente a lo que hicieron muchos compañeros y camaradas.
No tienen parangón, por lo tanto, las marchas que se están produciendo desde diciembre en el Perú y desde enero de este año en Lima, pues en esta ocasión las han convocado indígenas y mestizos, urbanos y rurales de regiones del sur andino: apurimeños, puneños, ayacuchanos, arequipeños, cusqueños que han constatado durante la pandemia cómo el estado peruano se había desentendido de su salud, educación, transporte; cómo los grupos de poder fujimoristas asentados en Lima, se dedicaron a despreciar con discursos racistas al gobernante que habían elegido. Son los pueblos del sur ahora quienes demandan una asamblea constituyente que nos reintegre como nación. No obstante, la respuesta ha sido acusarlos de subversión y abrir fuego contra ellos. 60 vidas van, pero aún las protestas no consiguen que la presidenta reconozca que su renuncia es la punta del hilo que requerimos para salir del laberinto en el que la corrupción nos tiene secuestrados. Y parece cuestión de tiempo, pues ningún manifestante parece que se va a rendir.
Frente a los vándalos y violentistas, todo el peso de la ley y de la justa represión. Frente a la población movilizada, contención sensata y búsqueda inagotable de mecanismos de diálogo que los haga trastocar una agenda politizada, que es inviable y seguramente no comparten (liberación de Castillo, renuncia de Boluarte, cierre del Congreso y Asamblea Constituyente), por una plataforma de acciones sociales y gubernativas concretas en cada una de las regiones soliviantadas.
–La del estribo: imprescindible la lectura de Sin noticias de dios. Sodalicio: una crónica de impunidad, del periodista Pedro Salinas, una suerte de bitácora personal del caso en su conjunto, desde sus inicios, sobre los actos violatorios de los derechos humanos perpetrados en una sociedad pontificia que, con la abundancia de pruebas delictivas presentadas, ya hace tiempo debió haber sido clausurada.
¿Pensó usted que el proceso de regionalización y de descentralización mal enfocado y pésimamente reglamentado en los comienzos de este siglo, podría llevarnos a una mayor pobreza en las regiones cupríferas y a un gigantesco odio contra Lima en la sierra sur del país?
Más que una regionalización, lo que ha habido es un ordenamiento territorial dirigido desde Lima para disponer de terrenos para actividades extractivas en cantidades escandalosas, llegándose en el tema de Conga, Cajamarca, a otorgarse el 90 por ciento del territorio a concesiones mineras, generando en todo el territorio minero del país el rechazo de la gente. Aparte de eso, cuando han prosperado las actividades mineras con responsabilidad social, como es el caso emblemático de Las Bambas, inmediatamente han aparecido los extorsionadores que utilizando a los comuneros que viven en la vecindad de los asentamientos mineros, han exacerbado sus ánimos hasta encontrar una manera de conseguir una renta permanente obligando a la compañía minera a que les pague por los conceptos que se les ocurren a los abogados limeños que “asesoran” a los comuneros. Entonces no es culpa de la regionalización criticada desde Lima, sino de la inexistencia de programas reales y concretos para que los dineros de los canon (¿alguien dice cánones?) y de las regalías sea bien ejecutado, es decir en obras de salud, de educación y de vías provinciales y distritales. Yo creo que debería ser una obligación del Ministerio de Economía y Finanzas apoyar permanentemente a las regiones conjuntamente con el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) para elaborar las bases para las licitaciones y los concursos públicos. Por tales deficiencias no hay proyectos y los dineros de esas regalías permanecen congelados en los bancos, y esa incompetencia no solamente es de la autoridad regional, sino principalmente de la autoridad nacional que la abandona.
Si usted pudiera enderezar el rumbo torcido de la descentralización, ¿cuál sería el primer paso para sacarnos de la situación que hoy nos enluta a todos los habitantes del país?
El Estado debe estar más presente en las provincias y no solamente en obras públicas de obligación y de envergadura nacionales. En las provincias se habla de los altos índices de pobreza, de la falta de electricidad, de la de agua, de la de desagüe, de los déficits de salud y de educación, pero poco se dice de los temas de seguridad y del control exclusivo y excluyente del territorio nacional, de eso nada de nada. De ahí los contrabandos de oro, de papas, de combustibles y de personas de un lado al otro de la gigantesca y porosa frontera binacional. Eso se puede comparar con lo sucedido en Sinaloa, México, cuando la gente se pone contra el Estado y a favor de Ovidio Guzmán, el hijo del híper famoso narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, es decir, la gente apoya a los delincuentes que aportan trabajo ilícito, pero trabajo al fin, a las poblaciones empobrecidas secularmente. Es así que desde la caída de Castillo, esas poblaciones reaccionan contra la autoridad, que es lo que estamos viendo; más allá de las creencias políticas e ideológicas, que las hay, lo real es que esas personas sienten que van a perder y seguir perdiendo en el futuro próximo los ingresos provenientes de esas actividades ilícitas. He ahí un componente importante de las protestas.
Doctor Vargas, usted no solo es un experto en temas de seguridad pública, sino en una de las causas fundamentales de la violencia delictiva en el Perú contemporáneo: el narcotráfico, probablemente la única industria de integración vertical del país. Díganos: ¿cuánto creció el área cocalera en el Perú de Pedro Castillo, cómo se explica el maridaje del Sendero del Vraem con el castrismo de Perú Libre y, finalmente, cómo procesa la unión de las diferentes izquierdas peruanas para la toma del poder de 2021 en adelante?
El narcotráfico es una de las industrias que opera en un amplio universo de economías ilegales y también es una de las economías más antiguas del Perú, pues la historia negra del narcotráfico tiene ya más o menos 50 largos años. Pero en términos de economía, de dinero sucio, no es la más importante: la más importante es la minería ilegal del oro; y una característica que esta minería -y otras industrias ilegales, en las cuales destaca el mencionado tráfico de drogas-, está expresando cada vez con mayor claridad su poder fáctico, y ese poder se manifiesta en distintos aspectos de la democracia: está como un poder económico que reclama cada vez con más insistencia mayores cuotas de poder, como cotos de caza en la administración pública; es así que, la minería ilegal ocupa ahora espacios más grandes en el Ministerio de Energía y Minas, el tráfico de drogas ha penetrado sin dudas a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, al Ministerio Público y al Poder Judicial, y la minería ilegal ha infiltrado a la Sunat y corrompido a empresarios privados que comercializan el mineral sin importarles el origen ilegal de este. Entonces, repasemos las cifras y reconozcamos que entre la minería ilegal y tráfico ilícito de drogas se movilizan aproximadamente unos 3 500 millones de dólares anuales, y ese dinero no se lava construyendo hostales o centros comerciales, es una cantidad de dinero suficientemente grande que penetra el sistema formal bancario y financiero del Perú. Con esos datos, me pregunto: ¿acaso ese gigantesco volumen de dinero no puede ser rastreado por la Unidad de Inteligencia Financiera o por la Sunat? Sin duda que se podría porque es un elefante tan grande que es imposible no verlo, pero esa es la situación en la que nos estamos desenvolviendo y estamos viviendo: precisamente esa situación desvergonzada de las economías ilegales hace que ahora reclamen poder político, lugar destacado en la administración pública y foros donde exhibir su enorme poder económico. Siendo un poco más específico sobre el problema de las drogas conocidas, es indudable que durante el gobierno de Pedro Castillo se abandonó la lucha contra las drogas y, en sentido contrario, se incluyeron los intereses de las economías ilegales como parte del brazo político del régimen de Castillo. Vimos durante año y medio que Devida, que es la institución rectora de la lucha contra las drogas, fue manejada en los hechos por el congresista Guillermo Bermejo, por sus operadores y terminó subsumida en un enorme proceso de mediocridad y puesta al servicio de la economía ilegal de la hoja de coca. Se abandonó la lucha contra las drogas y se pretendió engañar al país diciendo que el Estado iba a comprar toda la producción de hoja de coca, incluso se hizo un consejo ministerial en el Vraem con esa promesa, sabiendo que el 95 por ciento de la hoja de coca del Vraem termina convertida en cocaína. Vale decir, lo que se planteó desde Palacio fue el Pacto Social Ciudadano, que, en los hechos, es una mala copia del control absoluto de la coca del gobierno boliviano. De ahí se entiende que lo que parecía absurdo para enfrentar una economía ilegal era muy funcional para los propósitos políticos de Pedro Castillo y sus socios en la conquista del Perú.
¿Y qué área de cultivo de coca tenemos actualmente? Según el monitoreo de Estados Unidos hay 100 mil hectáreas, según el de Naciones Unidas alrededor de 80 mil hectáreas; en cualquier caso, estamos en un escenario muy parecido al de la década del noventa frente al problema de las drogas convencionales. Hay una producción potencial de más de mil toneladas anuales de cocaína, de la cuales se incauta un promedio de 5 por ciento, el resto, es decir, el 95 por ciento termina en los grandes mercados internacionales. Por lo tanto, podemos colegir que hemos retrocedido de una manera notable en los dieciséis meses de desgobierno de Pedro Castillo. En lo que sí fue eficiente ese gobierno fue en destruir la poca institucionalidad para enfrentar los problemas de tráfico de drogas y de minería ilegal, incluso facilitó la actividad de esa minería delictiva, ampliando por enésima vez el plazo para obligarla a legalizarse, torciendo el idioma y las leyes, disfrazando esa minera ilegal bajo el manto de minería informal. Y se hizo eso con la aprobación de una ley en el Congreso que ampliaba el plazo hasta 2024. Un lobby gigante, sin duda alguna, que flexibilizó el marco legal del control de la minería ilegal, lo cual permitió destrozar las leyes y los reglamentos y tener concesiones mineras con facilidades absurdas.
“El gobierno de Pedro Castillo fue eficiente destruir la poca institucionalidad para enfrentar los problemas de tráfico de drogas y de minería ilegal”, manifestó el ex ministro del Interior, Rubén Vargas Céspedes.
Podríamos decir que durante el periodo del señor Castillo las economías ilegales han estado protegidas desde Palacio de Gobierno.
Como es fácil de entender, las economías ilegales tienen una enorme responsabilidad en las revueltas posteriores al auto golpe de Castillo, pero no las explican completamente; las economías ilegales no son las que están movilizando a los miles de peruanos, porque hay una crisis política al margen del crecimiento descomunal de la minería ilegal y del narcotráfico. Desconocer esa crisis política y no valorar adecuadamente su peso en la coyuntura actual no nos ayuda en nada en la búsqueda de una salida de la crisis.
Si usted, doctor Vargas, pudiera enderezar el rumbo torcido de la descentralización, que muchos sindican como uno de los males de origen de los problemas del primer cuarto del siglo veintiuno peruano, ¿cuál sería el primer paso para sacarnos de la situación que hoy enluta a muchos hogares del país?
Sin duda que hay un serio problema en la gestión de los problemas regionales, reclaman ellos mayores recursos, mayor presupuesto, pero con lo que se les asigna tenemos serios problemas de corrupción o de mala gestión, de embalses y de proyectos que se abandonan, entonces ahí hay un serio problema, y los peruanos de las regiones empobrecidas con todo derecho le reclaman al Estado una mayor atención para que los servicios básicos puedan también estar a la altura de sus necesidades. Creo que hay un serio problema de gestión y que hay un enorme nivel de corrupción, por lo que es evidente que tiene que discutirse de una manera más técnica el tema de la descentralización, pero no con el ánimo de desaparecerla sino de fortalecerla, y, obviamente, de tener mayores mecanismos de control de los gobiernos subnacionales.
Después de escuchar al ingeniero César Gutiérrez y al doctor Rubén Vargas, expertos en recursos minerales y de combustibles fósiles y en seguridad y narcotráfico, respectivamente, creemos que en el Perú la corrupción y el deterioro de sus élites políticas conspiran para que los propietarios de los negocios de la extracción ilegal de oro y de la elaboración de enormes cantidades de cocaína, dicten diariamente la agenda del país con todos los problemas colaterales escritos y no escritos en ella. Por esas razones, los pronósticos sobre el futuro inmediato del Perú son de malos para pésimos, pudiendo agravarse de manera notable si los enemigos de la democracia sacan a Dina Boluarte de la Presidencia de la República.
He podido recibir que, en estas comunidades andinas, las hermanas y hermanos que saltan a las protestas están siendo chantajeadas, están siendo coaccionadas. Porque les dicen sino vas a marchar te vamos a pedir una cuota de 100 soles. Si no vas a marchar te vamos a cortar el suministro de agua y si no vas a marchar te vamos a incendiar tu casa. Yo creo que eso, ya no es una protesta sana, eso no es una protesta pacífica.
Presidenta Dina Boluarte
Uno de los principales problemas de los medios de comunicación, es que las redes sociales han subvertido todo. Los adolescentes, hoy en día, no ven televisión y menos noticieros. Todo se enteran a través de las redes sociales. Menos escuchan radio, para eso tienen Spotify. La globalización hace que la gente se entere de todo, en una fracción de tiempo.
De ahí que muchísimos jóvenes han visto a través de videos como la gente desde provincias despiden a los manifestantes, con algarabía e incluso dándoles víveres. En ningún momento, se percibe lo que manifiesta la Presidenta, todo lo contrario. Son distintos los videos que se han hecho virales en las redes con idénticas escenas.
Entonces, ¿quién miente?
¿Quiénes son los asesores de la Boluarte?
¿Uno de ellos será el criptoanalista?
El 50% de la gente está identificado con la protesta. La Sra. Dina tiene el 79% de desaprobación y el Congreso tiene solo un 8% de aprobación.
Este jueves, habrá paro nacional y la Marcha de los Cuatro Suyos en Lima.
Habrá gente que dirá, como escribió un diario capitalino.
Tomar aeropuertos responde a una lógica militar desestabilizadora que no puede ser permitida por las fuerzas del orden democráticas. El Movadef, las mafias ilegales, y los secuaces del preso de Barbadillo no pueden marcar la agenda nacional con su lógica violentista y golpista. La democracia está en pleno derecho de defenderse y si en ese proceso (por eso es un orden democrático), se cometen excesos pues deberán ser sancionados, pero el lamentable número de muertos no nos debe hacer olvidar que acá estamos frente a una responsabilidad mayor de parte de los autores intelectuales de la asonada, que están buscando escalar el conflicto para provocar el colapso de la sucesión constitucional bien trazada por la institucionalidad democrática que supo resistir y salir indemne del golpe perpetrado por el expresidente Pedro Castillo, quien hoy dirige, qué duda cabe, la turbamulta delictiva organizada en diversos puntos del país.
Los halcones de ambas partes solo conducen a una guerra interminable, generando más violencia que aquella que supuestamente quieren evitar. Esperamos y exigimos del gobierno una actitud sensata en ese sentido y que desoiga los cantos de sirena de la derecha extrema, que parece disfrutar del caos, igual que los azuzadores que lo provocan, buscando justamente una reacción desmedida.
Todos han llegado a la conclusión — los que no han decidido desconectarse de lo que va más allá de sus afanes inmediatos— que los actores en el escenario de lo social y político no tienen nada que ver con el bienestar común y el funcionamiento colectivo: solo buscan promover intereses subterráneos y trasladar sus culpas a otros, dentro de su propio equipo o a quienes se encuentran en el que, supuestamente, combaten. Son mercaderes de la duda: lo único que podemos comprarles son sospechas. Preferencias, no hay.
Todos están confundidos. “Muere héroe o vive lo suficiente para convertirte en villano”, le dijo Harvey Dent a Bruce Wayne. Viniendo de un fiscal que alguna vez persiguió el delito y buscó la justicia, no deja de ser irónico en las actuales circunstancias. Pero lo cierto es que vivimos un festival en el que todos pretenden ser héroes y a la vuelta de una semana se gradúan de villanos. Ciudadanos y líderes, no hay.
Todos están aburridos. Tienen la sensación de estar condenados a asistir a un partido cuyo resultado tendrá consecuencias importantes. Los jugadores son malos, no hay árbitro, se agotó la banca de suplentes, se acabaron los alargues y ahora se está en una definición por penales que no tiene cuando acabar. Y ni siquiera se puede salir del estadio. Rabia, sí hay.
