[AGENDA PAÍS] El mensaje a la nación de más de 3 horas que la presidenta Dina Boluarte ofreció al país el pasado 28 de Julio, si bien contuvo una serie de ofrecimientos importantes en distintos ámbitos de la problemática nacional, dejó también la sensación de una falta de priorización y la duda sobre si con las capacidades actuales del Estado y de las Regiones, estas promesas podrían, efectivamente, ser cumplidas.
También queda el sentimiento que un mensaje tan denso y extenso, acompañado de otro extenuante desfile de fiestas patrias, con llegada presidencial en carro descubierto, estuvo buscando primero, una reconciliación con el pueblo con pedido de perdón incluido, y segundo, dar al empresariado, interno y externo, una señal que la pacificación en el país es una realidad, pero lo más importante, que hay gobernabilidad y que no hay duda de que Dina Boluarte tiene el poder.
Pero pasando a la sustancia de las propuestas, de las críticas y comentarios que el discurso presidencial ha recibido (algunos muy ácidos, otros agridulces y unos pocos entusiasmados), rescato las opiniones del ex Ministro de Economía Carlos Oliva Neyra, actual Presidente del Consejo Fiscal y Vice-Presidente del Banco Central de Reserva (BCR).
Con su conocido temple, claridad y sentido de la realidad, Carlos Oliva introduce la variable del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización-CNCF (https://www.cnc.gob.pe/) antes que la del Acuerdo Nacional-AN (https://acuerdonacional.pe/). La CNCF (a diferencia de la AN, que es más un entorno de mucha retórica pero de poca o nula efectividad) tiene como misión institucional “articular los esfuerzos del sector público, privado y la academia para implementar reformas y medidas de impacto en favor de la competitividad y productividad en el país”.
El CNCF es, por lo tanto, un espacio de interacción entre los actores relevantes y eso fortalece la credibilidad de las propuestas y de la institucionalidad. En este entorno, el CNCF desarrolló hace ya varios años un plan institucional muy bien estructurado basado en 9 objetivos priorizados con sus correspondientes medidas, que, de manera concreta y medible, busca mejorar el bienestar de todos los peruanos.
Incluso, el CNCF ha desarrollado planes regionales, identificando dónde se debe realizar inversiones para cerrar brechas, como, por ejemplo, una cartera de proyectos para la promoción de inversiones en turismo en la región San Martín.
Los 9 objetivos priorizados, que dada la realidad del país son también ambiciosos, incluyen: Infraestructura, Capital Humano, Innovación, Financiamiento, Mercado Laboral, Ambiente de Negocios, Comercio Exterior, Institucionalidad y Sostenibilidad Ambiental.
Hubiese sido interesante que el mensaje presidencial hubiera tomado estos 9 objetivos y las 84 medidas que relacionan a 14 entidades, como marco para el plan de gobierno 2023-2026, estableciendo mejoras fundamentales como el fortalecimiento de la institucionalidad. En este punto, por ejemplo, se careció de una visión integral de cómo mejorar los servicios públicos de todo el Estado, cuyo eje principal es la calidad de los funcionarios públicos y el acceso meritocrático a la carrera pública.
Las propuestas de modificación de la manera cómo se eligen a los congresistas y el regreso a la bicameralidad son interesantes, pero no articuladas con una reforma política. Otra propuesta fue la inclusión de 50,000 policías del orden cuya forma más bien, va en contra de la institucionalidad de la PNP. Estas promesas no dieron la impresión de estar bajo una visión integral en el campo de la institucionalidad, sino más bien, anuncios que buscan el aplauso de corto plazo sin medir las consecuencias posteriores.
Es tarea de la PCM tomar los objetivos priorizados del CNCF, hacerlos suyos y trabajar articuladamente en la sincronización con el mensaje presidencial, para que devengue en un plan de acción 2023-2026 con objetivos que sean medibles progresivamente y que la ciudadanía, a través de un portal que el gobierno ponga a disposición, pueda hacer el seguimiento y si es el caso, el llamado de atención a las autoridades para que se cumpla el plan y se use adecuadamente el dinero de todos los peruanos.
