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Sada Goray, en diciembre de 2022 brindó una entrevista a canal N1 en la que señaló que el monto total de las entregas de dinero fue de 4 millones de soles más 20 mil dólares y que además tenía pruebas, las que fueron entregadas a la Fiscalía. La inversión, a modo de coima, que aportó al gobierno de Pedro Castillo fue a cambio del apoyo de los trámites administrativos del Fondo Mi Vivienda con la finalidad de que se emitan resoluciones que le sean favorables, mientras que la entrega de los 20 mil dólares fue para comprar un carro a uno de los sobrinos del presidente Pedro Castillo.

El Equipo 3 del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción que investiga a Sada Goray, Salatiel Marrufo y otros, ha emitido la Disposición N° 5-2023 de fecha 25 de enero de 2023, en la que aceptan en su totalidad la versión de la empresaria en la que subrayan que la suma de dinero entregada por Sada Goray a Salatiel Marrufo fue de 4 millones de soles, obviando por completo la declaración de éste último brindada a dicha Fiscalía en la que confiesa haber recibido una suma de dinero muchísimo mayor.

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Se está ante un caso absolutamente inédito e inverosímil, dado que la justicia da por cierta la declaración de una persona que dice haber entregado cuatro millones de soles cuando el receptor del dinero confiesa haber recibido más del doble del dinero (nueve millones de soles). Lo peor de todo es que la declaración de Salatiel Marrufo no solo abunda en detalles, sino que se encuentra corroborada con hechos que Sada Goray ha ocultado dolosamente a la Fiscalía.

Increíblemente Sada Goray no ha sido imputada por organización criminal

Para cualquier ciudadano de a pie y para cualquier persona con dos ojos en la frente Sada Goray ha sido y es la principal financista de la organización criminal liderada por Pedro Castillo. Sin embargo, para la Fiscalía Sada Angélica Goray Chong solo es responsable de los delitos de cohecho activo y tráfico de influencias y se le excluye escandalosamente de la imputación por organización criminal. En la Disposición N° 5-2023 de fecha 25 de enero de 2023 se puede leer algo indignante:

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¿Cómo una persona que maneja las riendas del Estado a su antojo en más de tres ministerios a raíz de pagar sumas gigantescas de dinero recibe un trato no solo benigno, sino injusto y se le excluye exprofesamente de la condición de financista de la organización criminal? 

No hay explicación racional alguna de por qué una persona que participó activamente, conjuntamente con los demás miembros de la supuesta organización criminal, no se encuentra investigada por dicho delito. Existe claramente un trato discriminatorio y desigual ya que Salatiel Marrufo Alcántara, Jorge Mauricio Fernandini Arbulú y Julieta del Pilar Celinda Tijero Martino han sido imputados por el delito de organización criminal como podemos apreciar a continuación:

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Sin embargo, la dueña del negocio, la que orquestó y pagó millones de soles recibe un trato sorprendentemente generoso sin justificación alguna por parte del Ministerio Público; mientras que sus empleados o los intermediarios que la ayudaron a consumar sus delitos son involucrados como parte de la organización criminal. Los que entregaron circunstancialmente el dinero a Salatiel Marrufo son considerados miembros de la organización criminal y la propietaria de los fondos con los que se paga la coima, la dueña del aparato criminal y la verdadera interesada en que el negocio se cierre es excluida del caso de organización criminal. 

La explicación de todo: el abogado de Sada Goray ha sido mano derecha y el hombre de confianza de Marita Barreto 

Los beneficios y el trato preferente que recibe Sada Goray en el Ministerio Público tiene nombre y apellido: su abogado estrella Telmo Zavala Bayona ha sido por mucho tiempo el hombre de confianza de la Fiscal Superior Marita Barreto (la coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción) al trabajar por muchos años como su fiscal adjunto.

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Telmo Zavala Bayona el flamante abogado de Sada Goray, quien la asesora y defiende en la investigación que se le sigue en su contra en el Equipo 3 del Equipo Especial de Fiscales de la Corrupción del poder, ha sido por muchos años el brazo derecho y la persona más cercana a Marita Barreto (por ejemplo, trabajaron juntos en el caso Orellana).   

La cercanía del abogado de Sada Goray y la actual coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción ha sido plasmada en un comunicado que hizo el Ministerio Público a la opinión pública en septiembre del 2018. Allí se perennizó que la promoción de Telmo Zavala Bayona como fiscal provincial de lavado de activos contó con la aprobación y el visto bueno de Marita Barreto.

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La astucia y habilidad de Sada Goray en los negocios y en el manejo del gobierno de Pedro Castillo ahora se traslada y aplica en su defensa legal en el Ministerio Público. Ha contratado como su abogado a un exfiscal de lavado de activos que por muchos años era el hombre de confianza de Marita Barreto.

La empresaria Sada Goray no solo hacía y deshacía a su antojo en el gobierno de Castillo, sino que continua ahora con sus pillerías controlando la investigación en la Fiscalía. 

Una declaración en las playas del Caribe. La Fiscalía gasta en viáticos para que Marita Barreto viaje a tomar la declaración de Sara Goray en Punta Cana 

Según el reporte migratorio, Marita Barreto Rivera, la coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción, viajó del 1 al 5 de noviembre de 2022 a República Dominicana y del 31 de enero al 4 de febrero de 2023 a Estados Unidos.

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El viaje a República Dominicana, según la Resolución del Ministerio Público número 2312-2022 y 2337-2022-MP-FN, obedece a que la Fiscalía de la Nación autorizó a Kelinda Janampa (en ese entonces fiscal provincial del equipo 3) y a Marita Barreto Rivera (fiscal coordinadora) a que viajen en comisión de servicios al CARIBE, a efectos de que desarrollen diligencias presenciales.

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El viaje que se autorizó a Marita Barreto Rivera y a Kelinda Janampa a República Dominicana tenía como único propósito el tomar la declaración de Sada Goray Chong. ¿Tanto es el poder, el manejo y las relaciones que tiene la empresaria en el Ministerio Público que consigue que los fiscales que la investigan hagan un viaje delivery al CARIBE (Punta Cana) a tomar una declaración que podía haberse realizado en el Perú a través de una simple citación de que la persona investigada concurra a la sede de la Fiscalía como es la obligación de cualquier peruano de a pie?

 

En las investigaciones fiscales a los peruanos pobres se los cita a que declaren en las oficinas de la Fiscalía; a los peruanos ricos y poderosos que han cometido delitos se les toma su declaración en las playas paradisiacas del Caribe.  

 

Consultadas algunas fuentes del propio Ministerio Público si hay una conducta impropia de los fiscales Marita Barreto y Kelinda Janampa; nos señalan que se habría cometido el delito de peculado de uso ya que se han utilizados fondos públicos de manera indebida habida cuenta que la diligencia de Sada Goray podía haberse realizado de modo presencial en las instalaciones del propio Ministerio Público o se podía utilizar los recursos de Google meet o cualquier servicio tecnológico alternativo.

La autoridad, el poder y el crédito de investigación de la Fiscalía ha quedado por los suelos y envía la peor señal a la población en la investigación de la corrupción del poder, debido a que el Ministerio Público brinda un trato privilegiado a criminales confesos que, lejos de someterse a la justicia peruana, piden la gollería que su declaración se tome en el extranjero (en una playa del caribe), pese a que la persona que va a declarar cuenta con la ciudadanía peruana y supuestamente domicilia en el Perú. Un caso paradigmático de justicia delivery.     

Lo más grave de todo es que la Fiscal Marita Barreto Rivera viaja al Caribe y no participa de modo alguno en las diligencias que se llevan a cabo. Llama la atención de que la Fiscal Barreto pese a estar autorizada a viajar no haya firmado las actas, sino únicamente lo haya efectuado la fiscal Kelinda Janampa.

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¿Por qué motivo tendría que viajar la fiscal coordinadora, si quien se encarga de llevar a cabo las diligencias es la fiscal provincial? ¿Por qué la fiscal Marita Barreto viaja por el motivo de las diligencias y no firma las actas?

El viaje a Estados Unidos de la Fiscal Marita Barreto y el ExFiscal Telmo Zavala: otro caso de justicia delivery 

La Fiscal Marita Barreto, utilizando fondos del Estado peruano, ha viajado a Estados Unidos a realizar, según la Resolución N° 203-2023-MP-FN del 25 de enero del 2023, una comisión de servicios que “tiene por finalidad desarrollar diligencias presenciales de carácter reservado, las cuales se señalan en el oficio de visto, en el marco de una investigación a cargo del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder”.

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Marita Barreto en dicho viaje coincidió en los Estados Unidos con su viejo amigo, ex fiscal adjunto y ahora abogado defensor de la empresaria Sada Goray: Telmo Zavala Bayona.

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Como se puede verificar el ex mano derecha de la Fiscal Marita Barreto y actual abogado de Sara Goray: Telmo Zavala Bayona, viajó a los Estados Unidos desde el 29 de enero del 2023 hasta el 7 de febrero del 2023. En dicho país coincidió con Marita Barreto 4 días, entre el 1 al 4 de febrero del 2023.

Mayor exhibición de poder y manejo que Sada Goray en el Ministerio Público, imposible.

Al parecer, cuando se tiene plata y poder todo se puede; total la justicia en el Perú se asemeja a una víbora que solo muerde a los que caminan con los pies descalzos.


1. Entrevista recuperada de: https://www.youtube.com/watch?v=S0kRtXh4Y7c

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¿Se han procesado a suficientes detenidos?

Según la información brindada a Sudaca, el accionar fiscal ha sido el siguiente: actualmente se han liberado a 337 personas. De esta cifra, 327 fueron liberados con citación, mientras que 10 han sido liberados con comparecencia. Por otro lado, se tiene conocimiento que 53 personas cumplen con detención preliminar, 3 personas se les ha dictado prisión preventiva y 2 se encuentran con requisitoriado.

La detención preliminar. Hablamos con Rafael Chanjan, abogado penalista. Destacó que se tiene que averiguar si es que se trata de un delito común, ya que si fuera así, entonces su detención sería de 7 días. Sin embargo, si se tratase de un caso complejo, esta detención podría ser de 10 días. “En la práctica judicial, el fiscal deberá solicitar prisión preventiva”, destacó. “Hay que verificar que exista riesgo procesal (fuga y/o entorpecimientos de la actividad probatoria). Tanto para la detención preliminar como para la prisión preventiva”, mencionó el abogado. 

La fiscalía corre contra el tiempo. “Sí hasta que vence el plazo (10 días) no hay un requerimiento de prisión preventiva, entonces las personas tienen que salir en libertad”, mencionó el abogado con respecto al accionar fiscal y la cifra que el Ministerio Público presentó. Cada caso tiene que reflejarse por el riesgo procesal de cada investigado para solicitar la prisión preventiva.

Como hemos visto en las cifras y según lo comentado por Chanjan, es que también vencido el plazo de 10 días que se puedan determinar de detención preliminar, el fiscal puede decidir darles comparecencia restringida o que puedan seguir con el proceso mediante una libertad que sea fijada a partir de reglas de conducta.

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Si ello no se hace, la violencia se mantendrá y crecerá, amenazando la transición constitucional bien trazada. Se le pondrá en bandeja el país a los remanentes resentidos del corrupto Castillo, a las huestes desoladas de Perú Libre, a las mafias ilegales que actúan impunemente y a los sectores ultras vinculados a Sendero Luminoso (Movadef) que, sin duda, han salido a capitalizar la crisis.

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Algo curioso y semejante a lo que le pasa a Iván Melgar Cáceres, ocurre con el postulante Reggis Chávez Sánchez quien ha sido removido del equipo especial del caso “Cuellos Blancos del Puerto”, en el que se venía desempeñando como Fiscal Adjunto Supremo, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2395-2022-MP-FN que ha sido publicada en el diario El Peruano el día 14 de noviembre del 2022. Un cambio que se produce días antes de un concurso para alcanzar una plaza de Fiscal Superior que es solo un escalón interno más bajo a la de Fiscal Supremo es preocupante y lleva a la pregunta de quién está detrás de toda información inusual y los cambios sorpresivos.

Cabe resaltar que Díaz Cabello es coordinador general del caso “Cuellos Blancos” desde el 04 de julio del 2022 y no solo tiene interés directo en lo que puede ocurrir con su postulación para ser Fiscal Superior Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios al estar en tercer lugar, sino también le preocupa la suerte de sus competidores más cercanos: Reggis Chávez Sánchez (primer lugar) e Iván Melgar Cáceres (segundo lugar).

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 Lo que llama a sorpresa es que una información secreta, confidencial y a la que solo tiene el acceso la Fiscalía del caso “Cuellos Blancos” que ha levantado el secreto de las comunicaciones al celular de Guido Aguila Grados, y de otras personas que se le mencionan en el recuadro previo, de pronto se utilice para golpear y denostar a un candidato a Fiscal Superior Anticorrupción que se encuentra en los primeros lugares del concurso público convocado por la Junta Nacional de Justicia y que no tiene alguna investigación pendiente ni en una Fiscalía penal ni en el ámbito disciplinario, con el único propósito de restarle opciones y querer sacarlo de carrera.

Si bien es entendible de que en el concurso para una plaza vacante en el Ministerio Público exista una competencia feroz y encarnizada sorprende que la información reservada que no tiene por qué manejarse como si fuera cualquier papel y que está en custodia de la Fiscalía de pronto se distribuya con el afán de meter una zancadilla al rival de turno y obtener a toda costa una plaza de Fiscal Superior.      

Algo curioso y semejante a lo que le pasa a Iván Melgar Cáceres, ocurre con el postulante Reggis Chávez Sánchez quien ha sido removido del equipo especial del caso “Cuellos Blancos del Puerto”, en el que se venía desempeñando como Fiscal Adjunto Supremo, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2395-2022-MP-FN que ha sido publicada en el diario El Peruano el día 14 de noviembre del 2022. Un cambio que se produce días antes de un concurso para alcanzar una plaza de Fiscal Superior que es solo un escalón interno más bajo a la de Fiscal Supremo es preocupante y lleva a la pregunta de quién está detrás de toda información inusual y los cambios sorpresivos. 

Cabe resaltar que Díaz Cabello es coordinador general del caso “Cuellos Blancos” desde el 04 de julio del 2022 y no solo tiene interés directo en lo que puede ocurrir con su postulación para ser Fiscal Superior Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios al estar en tercer lugar, sino también le preocupa la suerte de sus competidores más cercanos: Reggis Chávez Sánchez (primer lugar) e Iván Melgar Cáceres (segundo lugar).

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TAFUR

Es muy probable que el abogado Pedro Grández, defensor oficial de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, así como no explicita el conflicto de intereses al criticar la decisión de la Fiscal de la Nación de remover a su esposa, la fiscal Fanny Quispe Farfán del Equipo del caso “Cuellos Blancos” y de tildar a unos periodistas como rentados que celebran el logro de su campaña previa y anota que ya pueden cobrar el presunto honorario de éxito, busque influenciar en la Junta Nacional de Justicia, donde trabaja temporalmente, para que ratifique como Fiscal Suprema a su defendida y a la vez la JNJ abra proceso disciplinario a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que se atrevió a remover de su posición de poder a su esposa que había logrado en la gestión de Zoraida Ávalos como Fiscal de la Nación.

Audios reveladores que exponen la estrecha relación del operador Jose Luis Cavassa y el control que ejercía en el defenestrado CNM.

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Los Fiscales: intento de decapitar a un magistrado supremo 

Por cierto, es inusual que la Fiscalía Superior presente una denuncia disciplinaria contra un juez de mayor jerarquía cuando este procedimiento normalmente queda en manos de los Fiscales Supremos, que poseen un rango similar al de los jueces supremos, y que es llamativo que la denuncia se presente cuando el recurso presentado solo se admitió a trámite y se califica positivamente la decisión de una Sala Superior que dio por concedido el recurso de casación y, lo que es más grave, se denuncia cuando no existe algún pronunciamiento sobre el fondo del caso que puede salir favorable o desfavorable.    

¿Por qué la Fiscalía Superior, y no la Fiscalía Suprema, se adelanta a un resultado judicial que le puede ser favorable si litiga sin presión mediática y a punta de denuncias? ¿Por qué se presenta una denuncia contra un magistrado que todos vinculan al caviarismo más recalcitrante –al que muchos fiscales pertenecen y lo reconocen con orgullo– y que es autor principal de la condena de Alberto Fujimori? ¿Acaso, es posible ensayar una respuesta razonable?

Analizados fríamente los hechos y los actos precedentes del Equipo Especial del caso “Lava Jato” la denuncia contra San Martín no es una queja aislada ni un actuar en solitario, lo que se busca, en realidad, es lograr que la Junta Nacional de Justicia no ratifique en el cargo de Juez de la Corte Suprema a un magistrado que está inmerso en el proceso de ratificación que ha sido convocado y que tiene su etapa crucial en la primera semana de noviembre. Para ello la denuncia ha sido presentada estratégicamente un mes antes de que pase la entrevista del proceso de ratificación. 

La idea que se maneja dentro del Equipo Especial del caso “Lava Jato” es que si se logra la no ratificación y expulsión de San Martín de la Corte Suprema y del Poder Judicial, ningún juez del Perú se atreverá a dictar fallos adversos y en contra de los intereses de los fiscales. 

La finalidad prioritaria de sancionar y expulsar a San Martín de la Corte Suprema de Justicia no es reciente y novedoso en los integrantes del Equipo “Lava Jato”. Ya en marzo del 2020 Rafael Vela presentó una denuncia a la Junta Nacional de Justicia pidiendo que se investigue a San Martín debido a que los requerimientos fiscales de uno de los casos que lleva el Equipo especial habían sido revocados en la Corte Suprema por acciones presuntamente sistemáticas de los abogados y “con decisiones de los jueces supremos que causan sospecha”, tal como lo informa el diario Gestión en su edición del 3 de marzo del 2020.

El poder de los fiscales  

La denuncia a la JNJ con fines de expulsión de la Corte Suprema de Justicia contra el magistrado San Martín no es un acto aislado de un sector del Ministerio Público.

Se debe recordar que el Fiscal Supremo Jesús Fernández Alarcón y la Fiscal Suprema Fanny Quispe enfilaron sus baterías, mientras estuvieron dirigiendo el caso “Cuellos Blancos”, contra cuatro jueces supremos titulares: José Luis Lecaros Cornejo, Elvia Barrios Alvarado, Carlos Arias Lazarte y Héctor Lama More. A José Luis Lecaros lo acusaron de haber negociado su nombramiento frustrado como representante de la Corte Suprema de Justicia en el Jurado Nacional de Elecciones en una cena en el restaurant el Polo Marino, de propiedad del empresario Salvador Ricci, con el prófugo César Hinostroza. A Elvia Barrios, la sindicaron de haber llamado al ex Presidente de la Corte del Callao Walter Ríos Montalvo para interceder supuestamente en un caso que tenía a su hermano como una de las partes interesadas. A Carlos Arias Lazarte lo acusaron de haber recibido ayuda para lograr el cargo de juez de la Corte Suprema en el concurso a jueces Supremos de la República del año 2017. A Héctor Lama lo acusaron de haber sido el candidato en reserva favorecido por el ex juez César Hinostroza Pariachi en el concurso de jueces supremos del año 2015.   

La paja en el ojo ajeno 

La Fiscalía Suprema ha vuelto a presentar el 20 de octubre del 2022 un segundo pedido de inhibición del magistrado San Martín. Se basa en que dicho juez tiene lazos de amistad con el abogado Dino Carlos Caro Coria y dicho abogado es su abogado en los procesos instaurados ante la Junta Nacional de Justicia y destaca que Caro Coria a su vez también es defensa técnica de los investigados, representantes de la empresa Enagas Internacional. Dicho pedido sería improcedente ya que se ha presentado casi un año después de que el caso llegara a la Corte Suprema de Justicia y porque Caro Coria no defiende a las personas y a las partes que han interpuesto el recurso de Casación.

Algunos abogados consultados para esta nota destacan que pocas veces se ve el empecinamiento del Ministerio Público para excluir a un magistrado de la Corte Suprema de un proceso penal, sobre todo, proveniente de un Fiscal Supremo como el fiscal Pablo Sánchez Velarde que conoce y sabe que un pedido de esta clase es a todas luces improcedente, sobre todo porque el abogado aludido no tiene ninguna relación con alguna de las partes que recurre y ha presentado la Casación a la Corte Suprema de Justicia. El actuar del Fiscal Pablo Sánchez es, además, contradictorio.

Se resalta que, por ejemplo, nunca el Fiscal Pablo Sánchez ha pedido el apartamiento de San Martín del conocimiento de algún caso en el que el abogado Miguel Pérez Arroyo ha defendido casos de narcotráfico en alguna Sala Penal de la Corte Suprema, pese a conocer que Pérez Arroyo fue secretario de confianza de San Martín Castro por muchos años. Este trato desigual y discriminatorio en el caso de la Casación N° 1095-2021 y los casos de narcotráfico que lleva el abogado Miguel Pérez Arroyo tal vez se debe a que Pérez Arroyo fue nombrado el año 2015 por Pablo Sánchez, cuando era Fiscal de la Nación, como Gerente Central de la Escuela del Ministerio Público.

Sin embargo, una de las principales razones por las que Pablo Sánchez Velarde se habría comprado el pleito personal de los integrantes del Equipo Especial del caso “Lava Jato” en la exclusión del juez San Martín reside en el ofrecimiento de ayuda que necesita de manera urgente para pasar el proceso de ratificación sumamente complicado que le toca afrontar durante la primera semana de noviembre.

Uno de los temas más delicados y controvertidos que descalifica y pone en entredicho la denuncia que presenta los fiscales Equipo Especial del caso “LAVA JATO” en contra del juez supremo San Martín Castro es que no tienen el mismo comportamiento con fiscales que le son afines y allegados suyos. Por ejemplo, el equipo especial no ha presentado alguna denuncia, queja y no han realizado siquiera algún pronunciamiento público acerca de los graves hechos, que revisten carácter delictivo, que comprometen a la ex Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera alrededor de su irregular nombramiento como Fiscal Suprema y en el que utilizó cinco certificados falsos sobre temas de derecho realizados en el Instituto LIBREJUR y que le permitió pasar raspando los 66 puntos que se necesitaba para aprobar la etapa curricular en el concurso de Fiscales Supremos del año 2013 en el que fue apoyada por el operador fujimontesinista -y quien logró en tiempo reciente la inscripción ilegal del partido PODEMOS-, José Luis Cavassa Roncalla

Incluso, algunos Fiscales y conocedores del sistema de justicia sostienen que la denuncia presentada contra el juez San Martín Castro es la mejor cortina de humo y el distractor más eficaz para lograr que los reflectores y los cuestionamientos en la ratificación de jueces y fiscales supremos se concentren en un juez de la Corte Suprema; y de esta manera los fiscales Pablo Sánchez Velarde y Zoraida Ávalos Rivera logren pasar el proceso de ratificación por agua caliente y sin ningún contratiempo. Total, en la guerra, siempre se sacrifica al enemigo.

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Consultados algunos fiscales, nos dijeron que a quien debe investigar la Junta Nacional de Justicia es a la fiscal Revilla Corrales por ocultar una información tan sensible tanto tiempo y que recién recuerda cuando la sacaron del cargo que ocupaba. Si a Patricia Benavides se la tiene que investigar por esto, lo debe hacer control interno del Ministerio Público. Por el tiempo transcurrido –agregan los fiscales consultados–es probable que no se pueda siquiera abrir investigación, por haber prescrito la falta disciplinaria.  

El plan retorno y la cláusula de impunidad 

En el Ministerio Público es un secreto a voces que quien está dirigiendo la campaña contra la actual Fiscal de la Nación es la fiscal Fanny Quispe Farfán quien prepara una serie de medidas legales para tratar de retornar a la Fiscalía Suprema que investiga el caso Cuellos Blancos, de la que fue cambiada el 22 de julio del 2022. 

Quispe –que ahora labora en una fiscalía del distrito de San Luis– siente que se la humilló por no consultarle si quería ser cambiada y por no respetar su antigüedad en el cargo; ella se considera la descubridora del caso Cuellos Blancos y la persona más importante (e irremplazable) del caso. Sin embargo, la causa principal por la que quiere regresar a su antiguo trabajo se debería a que la nueva gestión fiscal, al revisar exhaustivamente los casos se encontró con carpetas mal armadas, sin foliatura, y los expedientes de colaboración eficaz en un completo abandono y ha identificado que el acuerdo de colaboración eficaz que la Fiscalía suscribe con Walter Ríos contiene una cláusula de impunidad absolutamente inédita e ilegal en la historia del derecho peruano, ya que se le otorga al expresidente de la Corte del Callao todo beneficio por hechos delictivos, presentes o futuros, que pueda cometer. Por ejemplo, si Walter Ríos mata a alguien en el penal o vuelve a cometer un delito de corrupción por el acuerdo ilegal de colaboración que suscribió la fiscal Fanny Quispe no se le podría investigar y menos castigar. Ni siquiera Odebrecht ha tenido tantas ventajas y gollerías en su trato con la Fiscalía.

Como la cláusula de impunidad de Walter Ríos ha generado un escándalo en la nueva gestión de la Fiscalía, Fanny Quispe pretendería regresar a fin de neutralizar cualquier investigación que pueda abrirse en su contra debido a la ley peruana no permite a los fiscales a llegar un acuerdo de impunidad con los delincuentes por hechos todavía no descubiertos y que no se encuentran contenidos en el acuerdo de colaboración eficaz.

Si existe una nueva autoridad decente de control interno en el Ministerio Público, que ahora encabeza Juan Antonio Fernández Jerí, se debería intervenir de oficio y de inmediato para investigar, procesar y castigar un claro caso de delito de prevaricato que se ha cometido para brindar beneficios ilegales a Walter Ríos Montalvo. La otra opción es que la nueva gestión fiscal remita copias a control interno para la investigación correspondiente, dada la gravedad de los hechos descubiertos.

La filtración de las llamadas de Patricia y Enma Benavides con Antonio Camayo y Edwin Oviedo       

Uno de los temas “bombas” que aparecen en una última entrevista al fiscal Cubas Villanueva es que tiene acceso a un documento enviado por la DIVIAC (mediante oficio 496-2020 DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPAPTEC ) dirigido a la fiscal provincial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado del Callao. Dichi documento reporta que en el marco de la investigación del caso Cuellos Blancos existen ocho comunicaciones telefónicas entre Edwin Oviedo y Enma Benavides, jueza superior y hermana de la fiscal Patricia Benavides, que ocurrieron entre mediados de abril y principios de junio de 2018; así como siete llamadas entre la fiscal Patricia Benavides y el investigado Antonio Camayo Valverde, que tuvieron lugar entre finales de mayo y finales de junio de 2018 en pleno estallido del caso Cuellos Blancos.

Para cualquier persona e, incluso, para cualquier fiscal, es difícil acceder a un Informe de la DIVIAC sobre levantamiento de secreto de las comunicaciones, ya que tiene un carácter eminentemente reservado al afectar la vida privada de las personas. Cubas Villanueva, al ocupar un cargo administrativo en el Ministerio Público como jefe de la implementación del Código procesal penal, y al no investigar a nadie, difícilmente podía contar con una información tan sensible. Solo es posible que esa información se haya filtrado por las personas y los funcionarios que directamente tienen acceso a ella.

SUDACA ha consultado a los oficiales de la DIVIAC que se relacionan con el informe de registros de comunicaciones a las que Cubas alude y nos señalan de manera enfática que ellos solo han entregado de manera oficial el documento de registros de comunicaciones a la fiscalía que lo solicitó y no a otra dependencia del Ministerio Público y que es imposible que dicha información ellos la hayan entregado a la prensa, o a cualquier otro fiscal, debido a que estarían incurriendo en delito y en falta grave que les podría costar su carrera. Asimismo, se ha consultado a la fiscal que ordenó el informe de la DIVIAC, la Dra. Rocío Sánchez y también nos negó enfáticamente que haya tenido una copia en su poder de dicho informe y menos que haya filtrado la información a la prensa o que haya proporcionado dicha información a Cubas Villanueva, con quien no tiene ninguna relación, o que haya elevado un informe a otra dependencia fiscal.

Si tanto la DIVIAC y la ex fiscal encargada del caso niegan de manera rotunda haber entregado a terceros el informe de registros de llamadas en la que se encuentran Patricia y Enma Benavides, la única opción posible es que dicho informe haya sido filtrado por la misma fiscalía que investiga a Camayo Valverde y a Edwin Oviedo Pichotito. Se recuerda que la investigación fiscal de ambos personajes se encuentra a cargo de los fiscales provinciales Magaly Quiroz y Juan Carlos Cabrera Segovia.

Se debe recordar que sobre la fiscal Magaly Quiroz hay graves hechos que pesan en su contra, y que hasta ahora nadie investiga, debido a que ocupa el lugar de principal investigadora del caso Cuellos Blancos luego de ser designada por la antigua Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, a propuesta de Fanny Quispe, pese a ser amiga íntima y compañera de colegio de la esposa (Maritza Sánchez) del principal protagonista del caso Cuellos Blancos: Walter Ríos Montalvo. Habiendo, además, asesorado a la esposa de Ríos –tal como lo refiere ‘Hildebrandt en sus trece’ y el diario ‘Expreso’– en la defensa del cabecilla del escándalo de corrupción. ¿Cómo es posible que una fiscal que tiene una amistad pública con la esposa del jefe de la organización, a quien brindó asesoría y consejos legales, termine siendo investigadora del caso y haya, por ejemplo, desaprobado el acuerdo de colaboración eficaz de Gian Franco Paredes Sánchez que involucra a Walter Ríos Montalvo en actos de corrupción que nunca éste delató a la Fiscalía? ¿Qué sorpresas y qué hallazgos nos puede brindar el levantamiento del secreto de las comunicaciones de la fiscal Magaly Quiroz a través de los registros históricos de llamadas con su amiga Maritza Sánchez?

Una situación semejante ocurre con el fiscal Juan Carlos Cabrera Segovia, que investiga también en primera instancia el caso Cuellos Blancos y hace unos meses fue denunciado en señal abierta, tal como informó el programa ‘Panorama’ de Panamericana Televisión, por su asistente Dina Maguiña por abuso de autoridad, peculado de uso y hostigamiento laboral debido a que la enviaba a trabajar indebidamente para sus trámites personales y no para los casos de la Fiscalía, en especial, para recoger información de distintas entidades públicas que le podía servir para su ratificación en la Junta Nacional de Justicia. Dina Maguiña ha presentado a control interno de la Fiscalía chats de conversaciones personales con las que prueba sus afirmaciones y ha acusado a Cabrera Segovia de maltrato y de haberla humillado en su trabajo, situación inaceptable para un representante del Ministerio Público que debe respetar a la dignidad de la persona. Cabrera es conocido en el Ministerio Público por la prepotencia con su personal, su carácter ácido y por tener una relación cercana con la fiscal Fanny Quispe.        

Con lo dicho, queda en evidencia que el principal peligro y fuego graneado que tiene la Fiscal de la Nación no proviene de terceros, sino de los propios integrantes del Ministerio Público que, desde distintas instancias y posiciones luego de acceder a información reservada, buscan desestabilizar a la cabeza del Ministerio Público para recuperar posiciones de poder que han perdido. El hecho que Patricia y Enma Benavides, o cualquier otra persona, hayan conversado telefónicamente con una persona investigada en algún caso que investiga el Ministerio Público no las convierte en sospechosas de algo y menos en delincuentes, peor aun cuando no hay audios de dichas conversaciones y no se conoce el contenido.

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¿Por qué calla en siete idiomas cuando se habla de reformas institucionales? ¿La reforma política y electoral no le parecen importantes? ¿La reforma del Ministerio Público y el Poder Judicial ni les va ni les viene?

¿Por qué le aterra hablar de derechos civiles, políticas de género, derechos humanos? ¿Acaso cree, como señala la DBA, que esa es una agenda caviar global que se quiere infiltrar en nuestra soberana república democrática?

Mientras la derecha no entre de lleno a tocar estos problemas y presentar propuestas serias y novedosas al respecto, y persista en dejarle la narrativa de tales soluciones a la izquierda, nunca dejará de ser vocera del statu quo, nunca será disruptiva y no estará en capacidad de convocar a los peruanos desalentados, irritados, disconformes con lo que se entiende como “el modelo”.

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