Nos hemos librado de una amenaza ya no solo para la buena marcha económica o para el buen funcionamiento del Estado, sino de un sujeto que desde el Estado siempre quiso petardear la democracia y felizmente fue interrumpido legítimamente en ese proyecto, cuyos coletazos vemos hoy día desplegarse, pero que con inteligencia y justa represión, deberían estar bajo control en pocos días.
Le toca al Congreso clausurar este despropósito llevando nuevamente al Pleno la derogatoria del decreto supremo que da origen a este descomunal atentado contra el derecho empresarial y la libertad asociativa. Ya la Comisión de Constitución ha tomado posición al respecto. Corresponde que ahora lo haga el Pleno y no se repita la indecorosa conducta de algunos parlamentarios que se pusieron de costado, en anterior ocasión, y permitieron que el Fenate-Movadef siguiera adelante en sus torvos propósitos.
Corresponde a la mayoría opositora ponerle coto a los desmanes del Ejecutivo. Esa es su tarea primordial. Y en este caso en particular, al abuso de poder que implicaba la participación directa del presidente Castillo y de su dócil ministro de Educación.
Por decretos supremos no se puede intervenir en las decisiones estatutarias de empresas privadas. Se sentaría un precedente nefasto para la confianza de los agentes empresariales. Y eso es lo que pretendía el gobierno, sin ningún sustento legal ni constitucional.
La Corte Superior ha fallado en justicia suspendiendo los alcances del decreto de marras. Es la hora de que el Congreso selle lo actuado derogando la susodicha norma, poniendo el Estado de Derecho por encima de apetitos sindicales particulares y afanes de venganza primarios que involucran al primer mandatario.
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¿Qué se hace cuando un ministro, como el de Educación, Carlos Gallardo, lanza un lamentable comunicado respaldando en la práctica el golpe institucional que se ha perpetrado contra la Sunedu y la reforma universitaria en la Comisión de Educación del Congreso, mientras su jefa, la premier Mirtha Vásquez señala que el gobierno respalda dicha reforma?
¿Con qué autoridad moral, el ministro de Economía pide delegación de facultades legislativas y señala explícitamente que gran parte de los recursos que se obtendrían, irán al sector Educación, si vemos al titular del pliego tirándose abajo la reforma magisterial, una de las más importante efectuadas en los últimos años en el país, consagrando así la mediocridad en el sector?
Corre intensamente el rumor de que sobrevendría un cambio de gabinete en los próximos días, no se sabe si inclusive de la Premier o solo de algunos ministros. Sea cual fuera al escenario, lo cierto es que el ministro de Educación no puede seguir un día más en el cargo que ocupa. Es el Atila de las reformas magisterial y universitaria peruana. Solo está en el cargo para favorecer irregularmente al sindicato apócrifo del Fenatep, vinculado al Movadef, y que pretende golpear en la línea de flotación al sindicato histórico del magisterio, el Sutep. Ese es su principal propósito, pero en el camino está destrozando el sector.
Causa sorpresa mayúscula, por cierto, que un importante núcleo político y tecnocrático de la izquierda, que acompañó durante más de una década los cambios positivos que se han ido emprendiendo en el sector Educación, guarde sepulcral silencio respecto de los desmanes de este gobierno en el mismo, desplegando una contrarreforma de tal envergadura que ni siquiera la ultraderecha se atrevió a plantear entre sus propuestas.
Causa igual o mayor sorpresa, que el Congreso, mayoritariamente opositor, no haya procedido ya a censurar a un ministro que carece de las condiciones mínimas para ejercer el cargo y, lo que es más grave, que muchos de sus miembros (al menos de la Comisión de Educación; ojalá que en el Pleno ello varíe) se sumen al lobby turbio de las universidades bamba que, sin duda, debe estar corriendo importantes sumas de dinero para convencer a algunos parlamentarios de que les permitan una nueva oportunidad de volver a las andadas de la mediocridad y corrupción académicas, sin tutelas ni exigencias.
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Importantes temas y reformas ligadas a los desvelos de la izquierda autodenominada moderada del país, están siendo atacadas directamente por el régimen de Castillo y no se oye una sola crítica de este sector ideológico y político del país.
La reforma del transporte, iniciada por una de las suyas, Susana Villarán, bajo el liderazgo del hoy viceministro de Hacienda, Gustavo Guerra García, por ejemplo, quiere ser demolida por el ministro de Transportes, quien ha sido pescado en un audio ofreciendo descabezarla a cambio de evitar una paralización, y agregando a la oferta sinfín de gollerías, contrarias todas al intento de poner un poco de orden en ese caos terrible e ineficiente que es el sistema de transporte público del país.
La reforma educativa, auspiciada con gran intensidad por el exministro Jaime Saavedra, con la participación significativa de cuadros tecnocráticos de izquierda y ONGs de ese espectro, hoy quiere ser lanzada a un tacho por el inefable titular del sector, Carlos Gallardo, quien está más preocupado por los beneficios del sindicato proMovadef, Fenatep, que por el bienestar de los alumnos o la mejora de la educación. Y el silencio sepulcral de la izquierda resuena grandemente.
El manejo de la seguridad interna es otro de los temas cooptados por la intelligentzia izquierdista, que tiene institutos dedicados exclusivamente a estudiar dicha problemática. Pero sale el gobierno con la peregrina y absurda idea, cara a la ultraderecha, de militarizar las calles sacando a las Fuerzas Armadas, y no se ha escuchado a ningún congresista, ministro, académico, intelectual o líder político de izquierda denunciado la falta de idoneidad de dicha medida.
Las pequeñas cuotas de poder de la coalición que nos gobierna, han comprado el silencio de la habitualmente vocinglera izquierda peruana, que se está tragando todos los sapos que perpetra el mediocre e improvisado régimen de Castillo, sin chistar. En ese sentido, más coherencia ha mostrado el grupo de Vladimir Cerrón y Perú Libre.
La buena noticia es que con esto se les acabará la monserga de la supuesta supremacía moral que presumían tener respecto de la derecha, a la que acusaban de actuar más por intereses que por principios. Ahora que la vemos en el poder, queda claro que algunas migajas del mismo, pesan más que los valores éticos de los que se preciaban.
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La opinión pública ha centrado su atención negativa sobre todo en el ministro del Interior, Luis Barranzuela, pero le ha puesto mediana intensidad a recalar en lo que se viene haciendo en un portafolio crucial como es el de Educación, y con su titular, Carlos Gallardo.
En conferencia reciente, el ministro de Educación, en la práctica, anunció la sepultura de la reforma magisterial y en particular de la evaluación meritocrática -una de las mejores y mayores reformas que se habían efectuado en un sector carente de manejos visionarios o de largo plazo-, asentó sus vínculos con Fenate, sindicato apócrifo vinculado al Movadef y, lo que coronó la fiesta, soslayó la urgencia de reiniciar las clases presenciales en el país.
Gallardo es un incompetente mayor. Carece de autoridad y de criterio para manejar una de las carteras en las que un gobierno de izquierda debiera marcar la diferencia respecto de las administraciones de derecha, que suelen no prestarle mayor atención a las políticas públicas básicas, sobre todo las de salud y educación.
A este paso, uno llega a preguntarse, con razón, para qué tanto esfuerzo del ministro de Economía, Pedro Francke, por incrementar el presupuesto vía una reforma tributaria, si uno de los sectores receptores de ese incremento recaudatorio, va a ser un portafolio pésimamente administrado por alguien que claramente no está calificado para el cargo.
El Congreso va a tener que tomar cartas en el asunto. El camino de la interpelación y la censura -o la censura directa- se impone más en este caso que en el de Barranzuela, siendo ambos, ministros que no merecen ocupar un asiento en el consejo ministerial.
La educación pública es uno de los pilares de la inclusión ciudadana y de la mayor equidad social. En la educación pública debieran invertirse los excedentes del éxito macroeconómico del país. Pero ello requiere mano diestra para conciliar intereses propios del sector y generar consensos que permitan sobrellevar la reforma que hasta el momento se ha desplegado, profundizándola y extendiéndola.
No se puede tolerar a un ministro contrarreformista, puesto en el cargo, al parecer, solo para beneficiar a un sindicato radical que quiere aprovechar el poder político del Presidente para trazar una ruta de dominio y de hegemonía en el magisterio, siendo, en esa perspectiva, Gallardo, un monigote que piensa más en ello que en el bienestar de millones de niños y jóvenes, cuyas familias claman por recibir una educación digna, competitiva con la educación privada que solo los afortunados pueden pagar.
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