El terremoto político causado esta semana por la caída del primer ministro Guido Bellido debe haber sorprendido a más de uno, aunque era obvio que si seguía la tensión entre él y el presidente Castillo el único que iba a salir perdiendo era el Perú. En política, como se dice, nadie es imprescindible. Y con Bellido cayeron también varios ministros, entre ellos Ciro Gálvez, titular del Ministerio de Cultura (¿o de las Culturas?), lo que nos lleva a la siguiente reflexión.
La gestión de Gálvez, aunque breve y polémica, removió algunos cimientos asentados durante las gestiones anteriores, sobre todo en lo referente a quiénes resultaban favorecidos con el presupuesto de esa cartera. En algunos casos, se prestó nueva atención a los festivales populares y la producción de sectores informales provenientes del interior. En otros, se fracturó la unidad de la conocida argolla limeña en asuntos de premios, ayudas y ferias, pues el ministro Gálvez recusó la lista que había dejado su antecesor, Alejandro Neyra, de los invitados a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara por parecerle demasiado centralista y repetitiva. No le faltaba razón.
A las pocas semanas de asumir el cargo lanzó una nueva lista con nueve desembarcados. En solidaridad con ellos, 23 de los que seguían en la lista inicial hicieron público su rechazo a la invitación. Eso y la recomposición de la lista en una tercera versión (ver https://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2021/10/resoluciones-ministeriales/rm270-2021-dm-mc-anexo.pdf?fbclid=IwAR1C1pyzfgwVQ-K2r8DKFZRSKdbavn-n9efKHN3RlN1zDL0Fj6sYV7jOYKo ) determinaron la salida del Sr. Santiago Alfaro Rotondo como jefe de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes (DGIA), conocido también como “el tentáculo de la Católica”.
Hasta ahí todo normal. Lo que llama la atención es que algunos de los que renunciaron “solidariamente” con los desembarcados se han vuelto a subir al avión y parece que ahora sí viajarán a México. No es que un viajecito a esa feria (ni a ninguna otra) con todos los gastos pagados del erario público signifique alguna forma de consagración en el canon literario. Por lo mismo, da risa que los renunciantes vueltos a embarcar saquen a relucir el material del que estaba hecha su “so(ro)lidaridad”.
Ahora bien, el ministro Gálvez, al haber estado solamente 70 días en el mando, es lógico que dejara algunas cosas como estaban. Una de ellas es el tema del cine.
Pero primero veamos quién es la nueva ministra, Gisela Ortiz Perea. Se trata de una reconocida activista de los derechos humanos que representó a los familiares del caso La Cantuta, en que un hermano suyo fue asesinado por las fuerzas paramilitares durante el gobierno de Alberto Fujimori (1992). Ha sido directora de operaciones del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) desde el 2009. El EPAF se encarga de la noble tarea de buscar e identificar a las personas desaparecidas (cerca de 15 mil) durante el conflicto armado interno (CAI) que se vivió en el Perú entre 1980 y el 2000. También participa en proyectos de desarrollo en comunidades afectadas durante el CAI; es decir, Ortiz Perea tiene una amplia experiencia en cuestiones de gestión y administración.
Por lo mismo, una pregunta que se ha escuchado desde su nombramiento como ministra el pasado jueves es qué hace una activista de DDHH en la cartera de Cultura. Ojalá que sus dotes organizativas y un buen asesoramiento la lleven a resolver uno de los problemas más resilientes de la cartera de Cultura, como es el tema del cine y las subvenciones que otorga ese fondo, administrado por la Dirección Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO).
Según una denuncia existente, hay conflictos de interés en DAFO: “Es decir una persona A, que trabaja con una persona B en el concurso X, puede postular desde su gremio a esa persona B como jurado en el concurso Y, presentarse a ese concurso Y y ganarlo”.
Carlos Rentería y Mónica Delgado, autores de la denuncia, se dedican al cine, por lo que están interesados en las políticas del MinCul desde hace buen tiempo.Ellos han investigado casos de conflictos de interés en los nombramientos de los jurados de los concursos de (DAFO) y asignaciones arbitrarias de dinero –sin mediación de jurado alguno– para algunos cineastas cercanos al exdirector de la oficina. Presentaron la denuncia en las oficinas del Estado por las vías formales el 22 de febrero del 2021, es decir, cinco meses antes de que terminara la administración del exministro Neyra, pero hasta ahora no obtienen respuesta.
Como se ve, no solamente en la literatura se cuecen habas; también en las demás expresiones artísticas como es el séptimo arte, la cinematografía, tan necesitada de una nueva ley y de una filmoteca a la altura de su importancia.
Esperemos que la ministra Ortiz Perea pueda echar luz e insuflar nuevos aires en esos cotos enrarecidos del cine y la literatura.
