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ONPE

[PIE DERECHO]  Uno de los pilares de la reforma política emprendida a medias en años anteriores, consistía en el financiamiento público a los partidos que hayan conseguido mantener la inscripción electoral, con el objeto de tornarlos menos dependientes del financiamiento privado, por lo general irregular y dado a pactos no santos entre intereses mercantilistas y poder político.

Lamentablemente, según lo acaba de demostrar la asociación civil Vigilancia Ciudadana, los partidos que reciben esos fondos malversan los mismos en usos irregulares y cuestionables.

La supervisión del uso de tales fondos corresponde a la ONPE, pero este organismo electoral no está cumpliendo con su labor, la misma que dado el caso debería escalar, inclusive, a instancias penales. Es más grave que se malempleen fondos públicos, de todos los peruanos, a que se maquille el ingreso de recursos privados. Lo segundo es perseguido de modo tan implacable como desmedido por el Ministerio Público. Lo primero, ni siquiera es tocado con el pétalo de una rosa.

Una de las razones por las que el Perú transita por una severa crisis política corresponde a la precariedad de los partidos. La democracia se debe sostener en la existencia de partidos sólidos, cada vez más flexibles de acuerdo a los tiempos desideologizados que vivimos, pero transparentes y dinámicos. Si hoy los organismos responsables pasan por alto las trapacerías que se cometen en los inicios de la reforma política, lo más probable es que la terminen por desacreditar y pervertir.

Esos dineros deberían derivar en capacitaciones, instalación de locales descentralizados, conferencias ideológicas, instancias de participación ciudadana, no en pago de sueldos a las autoridades partidarias o contrataciones irregulares (en un caso, se ha disfrazado el pago por aparecer en televisión como contratación del productor del espacio televisivo, en otro, un prófugo de la justicia, como Vladimir Cerrón, sigue cobrando).

Si con la misma laxitud se controla el ingreso de dineros de las economías delictivas a la política partidaria (narcotráfico, minería ilegal, tráfico de tierras, etc.), se entenderá por qué la degradación sostenida de la vida política peruana, la misma que, a contrapelo del crecimiento económico de las últimas décadas, ha ido cuesta abajo. La institucionalidad política no ha marchado a la par del desarrollo socioeconómico del país y allí anida una de las fracturas institucionales más graves por resolver.

La del estribo: ya viene La doctora en el Teatro La Plaza, para arrancar la temporada teatral del año. Entre tanto, continuamos la maratón cinematográfica. Recomendadas: Los delincuentes (Argentina), Trenque Lauquen (Argentina), The holdlovers (EEUU), Rustin (EEUU), Amerikatsi (Armenia), Blanquita (Chile), El sueño de la sultana (España), Saben aquell (España), Monster (Japón) y Bastarden (Dinamarca).

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Crisis política, Fondos públicos, ONPE, reforma política

[EN EL PUNTO DE MIRA] Efectivamente, Sol Carreño trató de justificar prácticas políticas poco saludables para nuestra vida democrática. Evi­denció un desconocimiento profundo sobre lo que implica militar en un partido político, el cual engloba disciplina par­tidaria y disidencia.

Obvio que no se le pide mi­litancia política para poder comprenderlo a cabalidad, pero sí un mínimo de rigor sobre lo que representan los partidos políticos para la joven democracia de nuestro país. Porque si no sabemos la real dimensión que representan, seguiremos teniendo –como viene sucediendo desde los años noventa- piratas de la política o políticos ambiciosos, que están más allá de nuestro precario sistema de partidos.

Desde analistas políticos hasta constitucionalistas sostie­nen que debe ser permisiva la norma para la supervivencia política de personas, más que de instituciones. ¿Paradóji­co no? Estos académicos que con tanto esmero en un aula universitaria instruyen a fu­turos sociólogos, politólogos y abogados que todo poder del Estado debe tener un con­trapeso político (o una nor­ma que sancione el transfu­guismo), pues en la práctica no hacen más que desdecirse lo que enseñan.

Los partidos políticos pue­den –actualmente– tener in­numerables errores, pero no se ha encontrado otra fórmula política que pueda reempla­zarlos. No la hay. Por lo tanto, en vez de seguir apostando por el cambio de camiseta política, debería pensarse en las res­tricciones (o sanciones) para fortalecer nuestros precarios partidos, sobre los políticos ambiciosos.

En suma, tratemos de bus­car una agenda mínima en la que se sancione el transfu­guismo y se regule la vida partidaria postelecciones. Una regulación tipo presupuesto por resultados en la que el Jurado Nacional de Elecciones (junto a la ONPE y el Reniec) otorgue incentivos y castigos al des­empeño partidario postelecciones. Actualmente, es muy débil este tipo de regulación.

Como reza el viejo dicho: quien tiene oídos que oiga, quien tiene ojos que vea.

 

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Jurado Nacional de Elecciones, ONPE, Partidos políticos, RENIEC, Sol Carreño, transfuguismo

La tesis del fraude electoral, presuntamente cometido en las elecciones del 2021, le ha hecho mucho daño a la convivencia democrática del país. Sustentada en el argumento de que el voto rural andino era amañado, su énfasis solo horadaba la ya alicaída confianza de ese enorme bolsón poblacional en las bondades del statu quo. La tesis del fraude reafirmaba su disidencia.

Hoy el Congreso vuelve a la carga con la misma monserga, al pretender tirarse abajo el tinglado institucional electoral (JNE, ONPE y Reniec), con argumentos jurídicos falaces que, en verdad, se remontan a la peregrina y disparatada hipótesis de que si no fuera por sus autoridades, Keiko Fujimori habría sido electa presidenta constitucional.

No hay un solo informe técnico que avale semejante especulación y los propios voceros del fraude (entre los que lamentablemente participó, en un inicio, hasta Mario Vargas Llosa) fueron silenciándose conforme se comprobaba la insuficiencia de pruebas y el carácter endeble de sus hipótesis.

Hay, como es obvio, una mayoría congresal compuesta por congresistas de derecha e izquierda que parecen dispuestos a unirse para causas pueriles como la reseñada. Sorprende, por cierto, que Perú Libre y sus desagregados se sumen eventualmente a la pretensión de descabezar los organismos electorales, habiendo sido ellos los legítimos ganadores de la jornada electoral que llevó a Pedro Castillo a Palacio. Pero en los vericuetos del poder parecen estar ocurriendo sortilegios que solo parecen factibles de desentrañarse si se entiende que el Congreso se ha convertido en un mercadillo de tomas y dacas, sin signo ideológico de por medio ni visión democrática detrás.

Es hora de esperar que la nueva Mesa Directiva logre asentarse en las instancias de los partidos democráticos -aquellos que se opusieron al despropósito de Castillo- y que, a su vez, entienda que no es hora de venganzas menudas ni de ajustes imaginarios de cuentas, sino de construir una agenda legislativa reformista que saque al Legislativo del hoyo de descrédito en el que se encuentra.

Un Parlamento con 91% de desaprobación, es decir, absoluta carencia de representación, debería entender que su tarea, para remontar esas cifras, no pasa por abusar de su poder sino por ajustar las clavijas del desmadre moral que se despliega al interior de su recinto y por trazar una línea de acciones de largo plazo que pongan a este poder del Estado a la altura del bicentenario.

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Congreso, Fraude, NE, ONPE, RENIEC
joaquin ramirez
A pesar de que su candidatura y la de toda su lista fue declarada improcedente horas antes de los comicios, Joaquín Ramírez lidera los resultados electorales.

“Lo que debería ocurrir es que el JNE emita un pronunciamiento para aclarar estos casos”, comenta Heber Campos, abogado especialista en temas electorales. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje, el Jurado Nacional de Elecciones no respondió nuestras interrogantes.

¿QUÉ PASA CON ‘LOS TACHADOS’?

Diferente es la situación de los candidatos tachados, algunos de ellos, incluso, anunciados como ganadores en el primer flash electoral (a la espera de lo que diga la ONPE), como Luis Mendieta (San Juan de Miraflores) y José Luis Huamaní (Surquillo). Otros, como Augusto Miyashiro en Chorrillos, se quedaron a nada de conseguirlo.

Para saber qué pasará en aquellos distritos es importante recordar que, en estas elecciones, “nosotros no votamos por candidatos individuales, sino por listas”, como explica José Manuel Villalobos, especialista en derecho electoral. “La foto de los candidatos no sale en la cédula, sino el símbolo del partido. Por lo tanto, votas por la lista del partido”, apunta.

Esto significa que quien tomará las riendas de los distritos son los tenientes alcaldes o regidores de la organización política que obtuvo el primer lugar. Así, por ejemplo, si en San Juan de Miraflores, el ganador fuera el apepista Luis Mendieta, quien asumiría no sería el segundo en las preferencias. En este caso, será la enfermera Delia Castro Pichihua, candidata a teniente alcaldesa de Alianza Para el Progreso, la que ocuparía el sillón municipal. 

Y en el caso de Surquillo, donde tanto el alcalde y el teniente alcalde de APP tienen la condición de tachados, la nueva autoridad edil sería la maestra Engracia Retamozo.

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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Elecciones, JNE, joaquín ramírez, ONPE

La del estribo: muy recomendable Tiempos Mejores, obra escrita por Rasec Barragán y Mikhail Page. Fue seleccionada en el FAE Lima 2021 y posterioremente ganó el premio Estímulo Económico a las Artes Escénicas del Ministerio de Cultura. Soberbias actuaciones de Javier Valdéz, Denisse Dibós, Alicia Mercado y Mario Cortigo. Dirigida por Roberto Ángeles (disclaimer: es mi querido y admirado primo hermano), va en el Centro Cultural Ricardo Palma hasta el 24 de octubre.

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elecciones regionales y distritales, JNE, ONPE

Lo sucedido en las últimas elecciones que acaba de suceder hace unos siete meses merece una lectura en perspectiva. A la luz de los datos presentados por la ONPE, la situación política del país pasa por una representación social y política con limitaciones, aún sin proyección real a largo plazo. Sobre todo, después de dos décadas y media de crecimiento económico, el cual generó nuevas clases medias, nuevos sectores ricos del país y una dinámica popular ligada a la creación de riqueza sin canalización de demandas por parte de un Estado ineficiente en medio de una descentralización que necesita un segundo reimpulso. 

Carlos Meléndez escribió en su columna para El Comercio (16/05/2015), el cual nos puede servir como referente para explicar mi argumento lo siguiente: “los canales de intermediación política y social en el Perú están rotos”, y que “los dirigentes sociales ven reducidas a las de simples operadores políticos […] sin capacidad real de control, ascendencia y dirección del movimiento social”. Detengámonos aquí que tengo mis observaciones. 

Estando en un sistema postcolapso del sistema de partidos a nivel nacional, ¿aún seguimos con los canales de intermediación política y social rotos como sostiene Meléndez? Hace unos años realicé un estudio sobre formación partidaria a nivel subnacional para mi maestría, y los resultados que encontré son que, después de dos décadas y media de intensa actividad minera en el Perú, se está configurando el escenario político en algunas regiones del país (como Cajamarca la parte sur del país) que pueden tener repercusión a nivel nacional. 

En ese sentido, no se puede seguir sosteniendo que los canales de intermediación están rotos, sino que están reconfigurándose en un contexto político que gira en torno al resquebrajamiento y la organización mínima, en donde las minorías activas cobran fuerza que la situación de crisis de toda índole lo permite para polarizar escenarios electorales. Así llegó -por ejemplo- Pedro Castillo al gobierno. 

El pésimo manejo de las empresas mineras en casos emblemáticos como Conga y Tía María y –ahora- Las Bambas formaron un cúmulo de descontento social de décadas, que ha devenido en división política, que están aprovechando algunas minorías activas que cuentan con organización mínima.

Recalco: tengamos en cuenta cómo de ciertas coyunturas se están formando representación política y social aún con limitaciones que es aprovechada por minorías activas en ciertas coyunturas críticas que nos presenta el escenario político peruano. 

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2021, elecciones presidenciales, ONPE

La trama judicial que involucra a José Luna Gálvez tiene un nuevo capítulo. El fiscal contra el crimen organizado del Callao, Roger Saldaña, le sigue los pasos a la abogada Karin Díaz López, una mujer que en el 2017 trabajó en la ONPE. Aquel año, según la hipótesis fiscal, la red de Luna Gálvez desplegó toda su maquinaria al interior del organismo electoral para lograr la inscripción como partido de Podemos Perú. El Ministerio Público investiga al actual congresista por presuntamente haber corrompido funcionarios para lograrlo. 

Karin Díaz, de 35 años, fue asesora de Luna en el Parlamento entre febrero del 2015 y julio del 2016, años en los que el artífice de Telesup estaba en las filas de Solidaridad Nacional. Hoy, ya en los predios de Podemos Perú, los militantes la han bautizado como la “ahijada” del congresista. Esto porque Karin Díaz es hija de Kiraida López, actual dirigente del tribunal electoral del partido y muy cercana a Luna, como se puede apreciar en redes sociales. No tiene aún la condición de investigada, pero los esfuerzos de la Fiscalía apuntan a darle un papel protagónico en la trama.

Kiraida Luna Gálvez
Kiraida López Lavy, madre de Karin Díaz y dirigente de Podemos Perú, con José Luna Gálvez. Fuente: Facebook de Kiraida López.

Según el exjefe de la ONPE, Adolfo Castillo, el organismo electoral fue copado por gente afín a Luna en los años que se investigan. Junto a Karin Díaz, catorce funcionarios fueron colocados en puestos claves por recomendación de los operadores del congresista, dijo Castillo. 

Incluso fue contratado personal de Telesup, la universidad con licencia denegada del clan Luna. Dos profesores de esa empresa trabajaron simultáneamente en la ONPE en el 2017 y seis trabajadores de la casa de estudios fueron traspasados al ente electoral en aquella época, según la investigación fiscal. 

 

LOS REGISTROS

El rol clave de Karin Díaz se refleja en las 67 comunicaciones -entre llamadas y mensajes de texto- que mantuvo con José Cavassa. Este hombre es considerado por el Poder Judicial como el principal operador político de Luna Gálvez y es una pieza importante en el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, por haber presuntamente influido en la elección de autoridades del antiguo Consejo Nacional de la Magistratura. Los contactos entre Díaz y Cavassa se dieron del 2016 al 2018, de acuerdo a un reporte judicial al que Sudaca tuvo acceso. 

Cavassa llamadas
Reporte de las 67 comunicaciones entre José Cavassa Roncalla, operador político de Luna Gálvez, y Karin Díaz López, exasesora del líder de Podemos.

En ese mismo periodo de tiempo, Karin Díaz se comunicó 135 veces con Luna Gálvez, según otro documento judicial. Fuentes cercanas al fiscal dicen que Saldaña sospecha que Díaz fue intermediaria entre Cavassa y Luna. Aunque entre estos dos sí había comunicación, la hipótesis fiscal es que ella servía de enlace para algunas coordinaciones.

Por ejemplo, de acuerdo a los reportes de comunicaciones, fueron siete las veces que Karin Díaz se comunicó con Cavassa y el líder de Podemos Perú en un mismo día, solo en el segundo semestre del 2016. Luego de que Luna dejase el Parlamento, la ‘ahijada’ fue contratada en Telesup entre agosto del 2016 y febrero del 2017, como apoyo administrativo.

Ya en el verano del 2017, Luna Gálvez y Telesup apostaron todas sus fichas a que Adolfo Castillo Meza, un físico sin experiencia en temas electorales, ganase el concurso como jefe de la ONPE. El objetivo: inscribir a Podemos Perú como partido político. Así lo confesó el propio Castillo Meza a las autoridades. A finales del 2020, admitió que fue colocado en el cargo por la red de Luna en un concurso amañado, con la complicidad de algunos consejeros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura. “El más fuerte de los operadores políticos de Luna Gálvez es José Luis Cavassa Roncalla”, declaró a la Fiscalía. Cavassa actuó como un lobista en la sombra en el organismo electoral. 

En aquellos días frenéticos por el nombramiento de la cabeza de la ONPE, entre el 9 de enero y el 6 de abril del 2017, Cavassa y Karin Díaz se comunicaron 39 veces. Los detalles de las conversaciones se desconocen, pero todo apunta a las presuntas movidas para inscribir a toda costa a Podemos Perú. “No sé por qué me está llamando, señor. No sé de qué está hablando”, dice Díaz al ser consultada por Sudaca. Cavassa está con arresto domiciliario y, por lo tanto, tiene restricciones para dar declaraciones.

El 19 de abril del 2017 Karin Díaz fue contratada en la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, dos días después de la fundación de Podemos Perú, según la investigación fiscal. Ya eran tiempos de Castillo Meza. Fuentes del Ministerio Público dicen a Sudaca que Díaz llegó, principalmente, para monitorear el proceso de inscripción de ese partido. “La presencia de su exasesora congresal fue una exhibición de poderío de Luna Gálvez en la ONPE de Adolfo Castillo Meza. Ella llegó para apuntalar la inscripción”, dice a Sudaca una fuente cercana a la investigación.

Cuadro
Documento judicial que da cuenta que Karin Díaz López trabajó en la ONPE y Telesup, la universidad de Luna Gálvez, casi al mismo tiempo.

Así, toda la ONPE fue copada por gente afín a Luna Gálvez, según declaró el propio Castillo Meza. En la oficina donde fue colocada Karin Díaz hubo más nombramientos. “A la persona de Ulbert Medina lo nombró en la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios a sugerencia de Fernando Obregón [a quien identificó como operador de Luna Gálvez] con la finalidad de supervisar el rendimiento de gastos de campaña, específicamente de Podemos Perú”, dijo Castillo. 

“A la persona de Ricardo Pajuelo se le designó como secretario general. Este puesto era muy importante por cuanto es el tercer nivel de filtro en la presentación de planillones de inscripción del partido Podemos Perú. Este personal se colocó en la ONPE para controlar los procesos electorales”, añadió Castillo. 

La investigación fiscal descubrió también que, en el 2017, dos funcionarios de la ONPE trabajaban al mismo tiempo en Telesup como profesores. Se trata de Edwin Benavente Orellana (gestor de proyectos en el organismo electoral) y Erick Calderón Zuñiga (asesoría jurídica). “No he tenido vínculos con el señor Luna. Yo llegué a Telesup por temas circunstanciales, como profesor externo”, dice Benavente. “El tema ya fue aclarado. Estoy prohibido de dar cualquier declaración”, dice, por su parte, Calderón. Ninguno de ellos ha tenido  comunicación con Cavassa. 

 

ÚLTIMAS LLAMADAS

Logrado el nombramiento de Castillo Meza en la ONPE, quedaba pendiente la parte más importante: terminar de inscribir al partido político. El 16 agosto del 2017, en pleno proceso de inscripción, Cavassa llamó a Karin Díaz, ya funcionaria de la ONPE.

En septiembre de aquel año, Podemos presentó un primer lote de firmas: 136.879 planillones repartidos en 28 cajas. Estos tenían datos incompletos y no fueron presentados con declaraciones juradas correctas, de acuerdo a una observación de la misma ONPE.

El 24 de noviembre, en pleno ajetreo para que Podemos tenga luz verde, Cavassa volvió a llamar a Karin Díaz. Hablaron un minuto. En diciembre, el partido que ha apadrinado a Daniel Urresti como candidato la alcaldía de Lima presentó un segundo lote de 13.846 planillones. Los dos lotes sumaban un millón de firmas. El organismo electoral validó 733,719 rúbricas.

Daniel Urresti
Daniel Urresti Elera, precandidato a la alcaldía de Lima por Podemos Perú. Fuente: Facebook de Daniel Urresti.

“La verdad no recuerdo ese nombre [Karin Díaz]. Lo que usted debe saber que el juez ha prohibido a mi patrocinado dar declaraciones”, dice a Sudaca Mateo Castañeda, abogado del legislador Luna Gálvez, actualmente con comparecencia restringida. 

Díaz culminó sus labores en la ONPE en diciembre del 2017. El 1 de enero del 2018, llamó a Cavassa, según el reporte de la Diviac, por seis minutos. Nueve días después, el 10 de enero, el último día de plazo para poder participar en los comicios, el partido de Luna logró su inscripción.

*Fotoportada: Darlen Leonardo

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José Luna Gálvez, ONPE, Podemos Perú, Telesup

Entre el  16 y 17 de mayo de este año, Percy Anibal Chávez Lume, un militante de Perú Libre, tomó una buena decisión para su futuro profesional: aportó S/ 5.900 en especies para la campaña de Perú Libre, que consistió en la entrega de 500 polos, 20 gigantografías y 200 banderines, según información de la ONPE. Desde agosto, trabaja como asesor principal en el despacho del congresista Abel Reyes Cam y tiene un sueldo de categoría «nivel 9» (entre S/8.096 y S/.8.899).

Chávez Lume y Reyes, además, son socios de Kausachum SRL, dedicada al rubro de la construcción. El congresista posee el 97% de las acciones, su padre el 2% y Chávez el 1%. El 27 de agosto de 2019, a pocos días de que  Vladimir Cerrón sea suspendido en el cargo por una sentencia judicial de corrupción, la empresa obtuvo un contrato con el Gobierno Regional de Junín por S/ 30.000 para la elaboración de un estudio de preinversión. Llamamos al congresista Reyes para que nos dé detalles, pero no contestó al cierre de esta edición.

Similar es el caso de Segundo Diego Rojas Sánchez. El 23 de abril de este año realizó un aporte de S/3.300 para cubrir el alojamiento y la alimentación para la comitiva de la campaña del lápiz que llegó a Chiclayo. Lo hizo a pesar de que era militante de Alianza para el Progreso (APP) desde el 12 de mayo de 2014. Su aventura en el partido de Acuña acabó el 20 de octubre con su renuncia. Nueve días después, el 29, fue nombrado director ejecutivo del programa ‘Nuestras Ciudades’ del Ministerio de Vivienda.

El pasado 29 de octubre, el aportante Segundo Diego Rojas Sánchez es nombrado director ejecutivo del programa ‘Nuestras Ciudades’ del Ministerio de Vivienda.

 

Otro caso llamativo es el del empresario Mauro David Gonzales Caballero, amigo de Pedro Castillo y frecuentemente voceado para varios cargos públicos. Después de aportar a la campaña de Perú Libre, él no obtuvo un puesto laboral en el Estado -al menos de manera oficial- pero sí su tío.

En junio de este año, Mauro Gonzales, director de Radio Disco SA (990 AM), el nombre legal de la pro oficialista Radio Latina, realizó un aporte de banners, polos y banderines valorizados en S/12.000. En julio, después de que Pedro Castillo ganó las elecciones, el propietario de  la radio, su tío David Caballero Llanos, fue nombrado coordinador parlamentario del Ministerio de Defensa. 

 

 

El pasado 30 de septiembre, David Fernando Caballero Llanos fue designado como coordinador parlamentario del Ministerio de Defensa.

 

Gonzales Caballero, que es bachiller en Derecho y Administración de Empresas, dice a Sudaca que “es normal” que esto suceda. “Si cumples el perfil, estás apto para el puesto y te llaman, ya pues… Bienvenido, ¿no?”, apunta.

Dice que ese es el caso de su tío, quien es abogado y, según él, posee experiencia en el sector público desde 1989. “Algunos me han ofrecido cargos y no cumplía con el perfil, y no he aceptado. Soy joven, tengo 26 años y los requerimientos de los puestos en el Estado son altos”, reconoce Gonzales.

Pero no descarta ocupar un cargo público en esta gestión. Por el momento, asegura, le da consejos en diversos temas al presidente Pedro Castillo, porque es “mi amigo». Anuncia que mañana lunes inaugurará el nuevo canal Nacional TV, que asegura “no será oficialista”. Veremos.

No todos son puestos en el gobierno central ni en el Congreso de la República. Un caso, plagado de irregularidades, es el de Ángela Ivette Hurtado Caballero, subgerente de Desarrollo de Tarma del Gobierno Regional de Junín desde julio del 2020. El pasado 1 de marzo de este año, Hurtado realizó un aporte de S/500 en efectivo a la campaña del lápiz.

 

La subgerente de Desarrollo de Tarma del Gobierno Regional de Junín, Ángela Ivette Hurtado, realizó un aporte de S/500 (ver foto arriba). Y, después, la radio ‘Sudamericana’, que es de su propiedad, obtuvo un contrato de S/450 con el propio Gore-Junín. La ley de contrataciones del Estado se le prohíbe por ser funcionaria.

 

La funcionaria, según su declaración jurada, es gerente titular y accionista mayoritaria de ‘Radio Sudamericana-Señor de Muruhuay’, un conocido medio de comunicación que diariamente transmite noticias en la tierra de Vladimir Cerrón.

Luego de 22 días de haber hecho su aporte a la campaña, el 23 de marzo, la radio obtuvo un contrato por S/450 para difundir publicidad del proceso de admisión 2021 del instituto Adolfo Vienrich. El monto desembolsado provenía de la Dirección de Educación del gobierno regional donde ella es funcionaria. Nadie advirtió la irregularidad.

La contratación de radio ‘Sudamericana’ con el Gore-Junín ha quedado registrada en el Servicio Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace).

 

El experto en procesos electorales, José Tello, asegura a Sudaca que, de acuerdo a Ley de Contrataciones con el Estado (Ley N° 30225), un funcionario de una entidad pública no puede ser dueño o accionista de una empresa privada que gane licitaciones o contratos con el Estado porque habría “conflicto de intereses”, como es el caso de Ángela Hurtado, también militante de Perú Libre. “El impedimento es bastante preciso y acá no hay mayor interpretación”, dice el experto.

Desde el 17 de julio de 2020, fecha en la que Hurtado ocupa el cargo, su medio de comunicación ha ganado contratos con el Estado por un monto total de S/59.987,16, con el gobierno regional de Junín, la municipalidad de Tarma y la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma. Sudaca se comunicó a su teléfono y un allegado a ella dijo que nos iba a devolver la llamada, pero al final esta no se concretó. Parece que ser aportante del lápiz no solo la ha ayudado a hacer crecer su negocio, sino también a tener luz verde para seguir ganando contratos con el Estado sacándole la vuelta a la ley.

La personera legal de Perú Libre, Ana María Códova, dice a Sudaca que son las instituciones que han contratado los servicios de Hurtado las que deben pronunciarse.  

Aportes de Campaña de Perú … by Juan C Chamorro

Este es el conjunto de informes de los aportes de campaña de las elecciones generales del 2021, entregados por Perú Libre a la ONPE.

El gerente de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, Miguel Quispe Soto, asegura a Sudaca que en este momento se encuentran en un “proceso de verificación” de todos los reportes de rendiciones de gastos y aportes entregados por los partidos políticos a esa entidad.

“Si hubiese casos que ameriten una mayor indagación, la examinación de un aportante o de una situación dentro de una rendición de cuentas, nosotros daremos cuenta de esa situación. Tenemos las sanciones administrativas dentro de la ley, pero también pueden existir indicios penales. Una vez después que haya concluido todo el análisis, se reporta y se va a concluir con un informe técnico ”, advierte el funcionario.

 

 (*) Fotoportada del reportaje: Darlen Leonardo

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Cerrón, Chota, Junín, ONPE, PedroCastillo, PeruLibre, Sombrero
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