Bajo la hipótesis de que en el conflicto desatado por la Junta Nacional de Justicia y entre ésta y la Fiscal de la Nación, no están en juego criterios objetivos y técnicos de análisis jurisdiccionales sino motivaciones ideológicas claramente identificables, es factible proponer una suerte de arreglo de diferencias que nos permita resolver la crisis que enerva en estos momentos al país político (porque, por supuesto, al grueso de la población el tema ni le va ni le viene).
El tema es sencillo de remediar. Que la Junta Nacional de Justicia, predominantemente caviar, se retire la sangre del ojo en contra de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la deje gobernar en paz. El país, salvo la izquierda, está agradecido con ella por haber permitido que gracias a su implacable labor de pesquisa se conocieran las corruptelas de espanto del expresidente Pedro Castillo y que éste, acorralado por las evidencias y desesperado, intentara un fallido golpe de Estado, que al final ha terminado con sus huesos en la cárcel, como corresponde.
Que eventualmente la JNJ la amoneste, como parece merecer, y que propenda a su enmienda en lo actuado en el caso de su hermana y santo bueno, que se mantenga en el cargo, continuando con la labor de limpieza política que el país entero le agradece (de haber continuado Castillo, hoy el país estaría en escombros).
Del otro lado, a ver si Keiko Fujimori, la gran titiritera de este asunto, controla a la inefable Patricia Chirinos y la lleva a retirar el pedido de sanción contra todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia, una barbaridad jurídica por donde se le mire y que claramente es parte del plan conservador de efectuar una razzia caviar del Estado peruano, que en este caso se acrecienta porque se advierte el intento de la JNJ de pretender inhabilitar a la fiscal Patricia Benavides, por ojeriza ideológica más que por razones legales.
Ya la congresista Chirinos peca en abundancia de desatinos (como su precoz intento de vacancia de Castillo que lo único que permitió fue fortalecerlo), como para que se le permita seguir cometiéndolos con fruición. Una reconvención parlamentaria del intento de destitución de la totalidad de la JNJ bajaría enormemente las tensiones más aún si va de la mano con las consideraciones del caso a la fiscal Benavides.
Sabemos que legalmente, las cosas no se arreglan así y no cabe una reunión cumbre entre la congresista Chirinos o Keiko Fujimori con el presidente de la JNJ o la mano caviar que mece la cuna, pero no somos ingenuos de creer que en esta turbamulta no hay un trasfondo ideológico de guerra cruenta entre DBA y caviares que buscan ajustar cuentas en cuanta oportunidad se pueda. Después de todo, al final del día ya el próximo año se elige a una nueva JNJ y allí la derecha conservadora podrá imponer sus reales sin generar la turbulencia innecesaria que hoy está generando. Por hoy, que se queden la JNJ y la fiscal Benavides.
“Conversé con muchas madres de las bases del vaso de leche y entendieron que lo que consumían sus hijos no era nutritivo, pero la mayoría de presidentas, entre ellas Pilar Brito, no quisieron dar su brazo a torcer”, señaló la dirigente ganadera. «Ellas no dicen nada, porque les dan de todo», informaron las madres del vaso de leche a Vargas.
No es la única vez que Pilar Brito estuvo presente en medidas que favorecen a la industria láctea. Cuando Patricia Chirinos presentó el proyecto de ley que se mencionó en párrafos anteriores, Pilar Brito encabezó las marchas para derogar el decreto supremo y declaró a medios de comunicación la afirmación de siempre: las mezclas lácteas son nutritivas y la leche fresca no.
Pilar Brito estuvo junto a Patricia Chirinos el día que se presentó el proyecto de ley en contra del decreto supremo.
“Hubo una logística grande, se pagaron buses y alimentos para las madres que protestaron. Sería curioso saber quién financió eso”, cuestionó Vargas. Al respecto Silvia Pareja dijo que muchas madres fueron obligadas a ir a la marcha. “Si no iban las raciones de leche en sus bases iban a ser cortadas, recibí varios mensajes de madres contándome lo mismo”, aclaró la dirigente.
Días después de que las afirmaciones de Brito y la industria láctea fueron desmentidas, Pilar Brito llamó a Nivia Vargas para tener una reunión con ella. «Los de Gloria siempre nos han invitado a su planta, pero no sabíamos que los ganaderos tenían buenas vacas», se excusó Brito. “Dijo que dejaría el tema ahí, pero ha vuelto a incentivar que se derogue el decreto. Si la norma se anula, ganaderos y madres del vaso de leche haremos marchas hasta que se deje de perjudicar a los niños”, finalizó la presidenta de Agalep.
Sudaca intentó comunicarse con Pilar Brito para recoger sus descargos sobre las acusaciones que se le hacen, pero hasta el cierre de este informe no recibió respuesta alguna.
La oposición planea sus próximos movimientos en un tablero delimitado por la guerra entre el Congreso y el Ejecutivo. Una de las jugadas que se avecina es comunicar que María del Carmen Alva no irá a la reelección como presidenta del Congreso. Esto por haber desgastado su imagen con exabruptos. Un 62% la desaprueba, de acuerdo al último sondeo de Ipsos Perú.
La sucesión congresal caería en manos de Alianza Para el Progreso (APP), como parte de un acuerdo interno entre opositores tomado a inicios del gobierno de Pedro Castillo. “En julio debe asumir alguien de APP. Es pertinente que haya un cambio para refrescar, en un momento importante y delicado”, dice Eduardo Salhuana (APP), quien desde ya es voceado para asumir la cabeza del Parlamento. La agrupación de César Acuña ocupa hoy la primera vicepresidencia, con Lady Camones.
Eduardo Salhuana Cavides, vocero de la bancada de Alianza Para el Progreso, apunta a ser el próximo presidente del Congreso. Fuente: Andina.
“En Acción Popular no van a apoyar a María del Carmen Alva en caso de presentarse a la reelección, porque ella no representa el sentir del partido, por más que pida disculpas. Ha hecho un daño político enorme”, dice el legislador de Perú Democrático, Carlos Zeballos, quien renunció en octubre a la bancada de la lampa.
Alva, que fue asesora de la bancada de Acción Popular entre el 2012 y el 2016, tiene una imagen mellada dentro de su propia tienda. María Sáenz Zenteno, militante de la lampa, trabajó varios años en el Congreso y recuerda así a su actual presidenta: “Ella maltrataba a la gente que trabajaba ahí. He visto un maltrato terrible de esta señora en años pasados”.
Por ejemplo, asegura que Alva -cuando era asesora- tuvo un fuerte intercambio de palabras con la militante cusqueña de Acción Popular, Celia Quispe, quien entre el 2015 y el 2016 también trabajó para la bancada. “En un momento le dijo, en una discusión, ‘Tú eres una Quispe y yo soy una Alva’. Prima más en ella los sentimientos negativos y el racismo”, cuenta Sáenz Zenteno. Ella admite estar mortificada porque la actual Mesa Directiva no le renovó el contrato.
María del Carmen Alva Prieto, presidenta del Parlamento, brinda una conferencia el miércoles pasado con voceros de otros partidos, entre ellos Waldemar Cerrón, de Perú Libre. Fuente: Congreso.
María Sáenz es una militante conocida en los predios acciopopulistas, dado que laboró varios años como asesora del exparlamentario Víctor Andrés García Belaunde. Buscamos a Celia Quispe, pero no quiso dar declaraciones.
GRIETAS EN LA OPOSICIÓN
Otro de los personajes que ha perdido peso en el bloque opositor es Patricia Chirinos. Hoy un grupo de congresistas marca distancia con la parlamentaria de Avanza País, feroz adversaria del presidente Castillo, en medio de una aparente tregua con el gobierno. “Todos sabemos que Patricia Chirinos tiene declaraciones irresponsables. Ya nos tiene acostumbrados. No sé si su intención es sumar o restar”, dice a Sudaca Elvis Vergara, vocero de Acción Popular e incondicional de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.
Chirinos es vista con recelo por un sector de la oposición desde que presentó una moción de vacancia contra Castillo en noviembre, sin coordinación previa. “Hemos considerado riesgoso que Patricia Chirinos haya tenido la iniciativa de presentar una moción de vacancia nada concertada y poco oportuna, que golpeó duramente esta figura constitucional. Una medida tan seria, tan dramática y tan extrema aún dentro de los cauces democráticos, como es la vacancia presidencial, no puede ser un asunto de inspiración personal”, dice Luis Ibérico, secretario ejecutivo nacional de Alianza Para el Progreso.
Una fuente parlamentaria cuenta a Sudaca que la legisladora por el Callao no es convocada desde entonces a las coordinaciones por tener un juego propio. Chirinos no fue llamada, por ejemplo, a la reunión organizada por la Fundación Friedrich Naumann y el Centro de Innovación de Políticas Públicas, en la que estuvieron las caras más visibles de la oposición y que fue dada a conocer por “Hildebrandt en sus Trece”. Dicha fundación pertenece a “Atlas Network”, una poderosa red de think tanks norteamericana fundada en 1981, que combate a los gobiernos de izquierda.
Chirinos asistió, eso sí, a su propio evento. El 1 de febrero pasado fue la estrella invitada del foro “Crisis de democracia en Perú”, organizado en Miami por el Instituto Interamericano para la Democracia (IID), una institución que también pertenece a la red de “Atlas Network”.
1 de febrero. Exposición de la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos Venegas, en Miami, en el foro “crisis de democracia en Perú”, organizado por el Instituto Interamericano para la Democracia.
El IID es dirigido por el boliviano Carlos Sánchez Berzaín, quien suscribió las falsas teorías de fraude electoral en la campaña peruana y considera al gobierno de Pedro Castillo “castrochavista”. Chirinos dijo en su exposición que “he decidido presentar una denuncia constitucional contra Pedro Castillo por sus constantes faltas a nuestra Carta Magna y a través de ese mecanismo permitir que el Congreso vote por su destitución e inhabilitación”.
Y, efectivamente, el 8 de febrero Chirinos presentó un proyecto para modificar el artículo 117 de la Constitución y ampliar las causales para acusarlo durante su gobierno, incorporando las figuras de “actos de corrupción, narcotráfico, violación de derechos humanos y graves infracciones a la Constitución”.
“La Mesa Directiva y los voceros tratan de dar una conferencia, buscando poner paños fríos a la tensión política, y ella sale en un foro internacional diciéndole de todo el presidente. Actúa de manera individual”, dice a Sudaca el vocero de Alianza Para el Progreso, Eduardo Salhuana.
Aunque un asesor de Chirinos dice a Sudaca que la legisladora mantiene relaciones cordiales con sus colegas de la oposición, la bancada de Avanza País -a la que pertenece Chirinos- es el único grupo de oposición que ha informado que no asistirá a la ronda de diálogo planteada por el primer ministro Aníbal Torres.
Los planes para un reacomodo en la oposición se dan cuando el 74% de peruanos, según una reciente encuesta de Ipsos Perú, está a favor de que ‘se vayan todos’ y de que convoquen a nuevas elecciones presidenciales y congresales. Es decir, hasta el momento el Congreso tampoco supo jugar bien sus fichas contra un rival que se ha tropezado solo. ¿Corregirá?
Una primera pequeña victoria de PCM en Chumbivilcas, al menos hasta el 18 de enero. Las internas moradas. ¡Y Patricia Chirinos pide vacancia mientras cocina!
Hace seis años Patricia Chirinos Venegas, fallida promotora de la vacancia presidencial y entusiasta de los hornos para incinerar corruptos, fue señalada de tener estrechos lazos con el hampa. El 11 de setiembre del 2015, un testigo protegido de la Fiscalía contó que, durante su gestión como alcaldesa de La Perla, la actual tercera vicepresidenta del Congreso le pagaba cupos a la organización criminal “Barrio King”, liderada por el peligroso Gerson Gálvez Calle, alias “Caracol”. Lo habría hecho, según el delator, a través de una empresa municipal de limpieza pública: ESLIMP Callao.
¿El pago a los criminales significaba que las autoridades eran víctimas de extorsión o más bien -a la luz de las políticas de Chim Pum Callao- se había montado una red clientelar para favorecer y favorecerse de los delincuentes? El fiscal a cargo del caso nunca lo averiguó. Tres meses después de brindar su manifestación, el 2 de diciembre, el testigo fue acribillado de 25 balazos por dos sicarios al servicio de “Caracol”.
De acuerdo a la página 234 de la sentencia judicial del caso “Barrio King” -del 25 de febrero del 2019-, el hombre que cantó los detalles de esta trama criminal era el exconvicto Wilbur Castillo Sánchez. Le habían asignado el código S/N-2-2015
Sus deudos acusaron directamente a Chirinos, la ‘Woman’ del Callao, de ser una de los autores intelectuales del crimen que aún sigue sin resolver. Pero ese homicidio no es el único escándalo del caso. El fiscal que pudo haber desentrañado los vínculos entre Barrio King y las autoridades chalacas demoró tres años en archivar todo lo concerniente a los cupos en la empresa de limpieza pública.
Con tanto tiempo perdido, ciertos políticos, hoy vigentes -así como jueces y fiscales-, podrían haberse salvado bajo un manto de impunidad. Esta es la historia.
LOS PAGOS A ‘BARRIO KING’
Wilbur Castillo Sánchez era el testigo estrella del fiscal supraprovincial de crimen organizado Víctor Raúl Luna Castillo. Luna estaba a cargo de investigar a los 34 miembros de “Barrio King” acusados de asesinato, hurto agravado, asociación ilícita y extorsión de varias empresas, entre ellas la Empresa Municipal de Servicio de Limpieza Pública (ESLIMP) del Callao.
En noviembre del 2015, el fiscal ya reconocía (en su formalización y continuación de investigación preparatoria) que existían «elementos que direccionan la influencia de la organización criminal ‘Barrio King’ en cargos públicos o personas en la esfera política, funcionarios de la administración pública”. Luna hablaba expresamente de funcionarios penitenciarios y de la municipalidad de La Perla, ESLIMP, regidores, jueces y efectivos de la PNP.
El escrito agregaba: “Si bien es cierto su finalidad primordial [la de ‘Barrio King’] es la obtención de beneficios económicos a través de la extorsión -cobro de cupos- o cualquiera de las diversas formas de influencia política, social o económica, esta también se ve condicionada a futuros favores como paralizaciones, apoyo en campañas y otras”. Es decir, el fiscal sabía que más allá de la extorsión, el pago a los criminales significaba un intercambio de favores para las autoridades.
Fue Wilbur Castillo quien reveló al fiscal Luna los estrechos vínculos de “Caracol” con autoridades locales del Callao, entre ellas ‘Patty’ Chirinos. Dijo también que los pagos a los delincuentes se hacían a través de la empresa de limpieza de la municipalidad provincial del Callao -la mencionada ESLIMP-, donde un regidor oficialista de la gestión de Chirinos era el gerente.
“La señora Patricia Chirinos Venegas, ahora alcaldesa de La Perla, paga cupos a los integrantes de ‘Caracol’ como si estos fuesen trabajadores. [Lo hace] a través del señor Cochella, quien es su regidor y a la vez gerente general de la ESLIMP Callao”, contó.
Declaración de Wilbur Castillo: «La señora Patricia Chirinos Venegas, ahora alcaldesa de La Perla, paga cupos a los integrantes de ‘Caracol’ como si estos fuesen trabajadores».
El testigo se refería a Joaquín Cochella Maldonado, gerente general de ESLIMP entre el 2011 y el 2019, y regidor del municipio de La Perla en la gestión de Chirinos entre el 2015 y el 2018. Ambos llegaron a sus cargos públicos cobijados por Chim Pum Callao. Ella era militante chimpunera y él fue invitado. “El señor Cochella entregaba 100 sobres de S/1.500 al ‘Cholo Papo’ para que este entregara a los sicarios de ‘Caracol’. Últimamente, este ya no entregó […] Ese es el motivo de la muerte de este sujeto”, le dijo Castillo al fiscal Luna. El ‘Cholo Papo’, Jorge Luis Vargas Villa, figuraba como “locador de servicios” de la empresa de limpieza. Fue asesinado el 1 de julio del 2015.
El testigo protegido explicó que la red criminal de ‘Caracol’ estaba “incrustada” desde la municipalidad de La Perla hasta el mismo Gobierno Regional del Callao. “La gran ambición de ‘Caracol’ es tener el control de todo el Callao, el cobro de cupos, sacar el dinero de las municipalidades y Gobierno Regional”, dijo. Y contó que las autoridades del gobierno regional “forman supuestos programas de ayuda social para los barrios del Callao para sacar el dinero” de sus arcas.
¿A qué se refería con eso último? Para ese momento, dirigentes sociales del Callao, extrabajadores de ESLIMP y exfuncionarios de la región ya habían denunciado que sus autoridades pagaban cupos en planillas fantasmas a criminales a cambio de protección, apoyo en sus campañas y amenazas a sus opositores.
En una fotografía que aún sobrevive en redes sociales, el mismo Wilbur Castillo aparece sosteniendo una radio de comunicación a distancia junto a la actual congresista Patricia Chirinos y otros personajes ataviados con camisas azules. Alberto Paz de la Vega, dirigente de la Coordinadora Recuperando al Callao, indica para este informe que el 2012 Chirinos presentó al grupo «Los azules de La Perla», liderados por Castillo, como los que se encargarían de brindar seguridad a dicho distrito. Ella era en ese entonces consejera regional del Callao.
La relación entre Wilbur Castillo y Patricia Chirinos, sin embargo, luego estuvo marcada por denuncias de ida y vuelta. Castillo fue detenido en enero del 2013, luego de que la actual parlamentaria lo denunciara por extorsión. Castillo denunció entonces que en su detención, los policías, entre ellos Francisco Samamé, le sembraron un arma. Samamé también fue investigado en el caso ‘Barrio King’.
Castillo salió libre en enero del 2014, con Chirinos aún como consejera del Gobierno Regional del Callao que encabezaba Félix Moreno. Ese mismo año, denunció que la entonces militante de Chim Pum Callao y candidata a la alcaldía de La Perla amenazó de muerte a su madre.
El 2015, Wilbur Castillo decidió colaborar en la investigación que Víctor Luna Castillo seguía contra ‘Barrio King’. El día de su asesinato, en diciembre del 2015, su hermano Robert dijo en Canal N: “Acá hay una mafia que la manejan la presidencia de la región, la comisaría, un general. ‘Caracol’ trabaja con Samamé [el suboficial Francisco Samamé Vidal], que es policía, con Patty Chirinos y Félix Moreno”.
El hombre denunció a Moreno, Chirinos y a Rogelio Canches (entonces congresista) de ser los autores intelectuales del crimen y “haber contratado a sicarios y mafias del Callao y crear un narcodistrito”. Robert Castillo fue asesinado de diez balazos en el 2020.
Wilbur Castillo junto a Patricia Chirinos. Un dirigente de la Coordinadora Recuperando al Callao indica para este informe que, el 2012, Chirinos presentó al grupo «Los azules de La Perla», liderados por Castillo, como los que se encargarían de brindar seguridad a dicho distrito.
VERGONZOSO ARCHIVAMIENTO
Luna tenía, además del testimonio de Wilbur Castillo, escuchas telefónicas registradas entre mayo y setiembre del 2015 que revelaban la trama de corrupción en ESLIMP. En una de ellas, los miembros de “Barrio King” mostraban su preocupación porque “Renzito” (Renso Brisolesi Espinoza, líder de una organización rival) “había chapado ESLIMP con Cochella”.
En otro audio, “Colorao” (Juan Romero Echevarría), a cargo del cobro de cupos, le indicó a Alexander Joel Muñoz Vásquez, lugarteniente de “Barrio King: “Necesito el libro para hacer los documentos y dejárselo a Cochella. Los camiones de ESLIMP están trabajando en la Municipalidad de La Perla”.
El 16 de octubre del 2018, tres años después, el fiscal Luna presentó su acusación penal ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Denunció a “Caracol” y a los demás miembros de su organización de varios delitos por los que hoy purgan prisión, pero increíblemente pidió sobreseer la investigación contra “Caracol” por la presunta extorsión a la empresa de limpieza pública. ¿Qué había pasado?
Luna no buscó desentrañar la intromisión de “Caracol” en los municipios chalacos, ni en el Gobierno Regional, ni buscó saber qué autoridades y políticos estaban influenciados por “Barrio King”. Tampoco escarbó en los apoyos que recibieron los políticos del puerto en sus campañas. Para Luna, “la manifestación del testigo con clave de identidad S/N-2-2015 no ha sido corroborada con otros datos objetivos”.
Para ese 2018, Luna había reducido el caso a una simple extorsión. Y para el fiscal, las víctimas de aquella extorsión eran los que supuestamente pagaban los cupos de trabajadores fantasmas: el gerente general de ESLIMP o la propia Chirinos. No se percató, o no quiso hacerlo, de que los cupos también podrían significar una alianza entre autoridades y delincuentes, como él mismo lo sugería en su formalización de investigación preparatoria del 2015, mencionada líneas arriba.
Por supuesto, los involucrados negaron todo. Joaquín Cochella dijo a la Fiscalía que la alcaldesa de La Perla no le dio dinero para pagar cupos de trabajo y negó haberse reunido con “Colorao”. ¿“Renzito»? Pues dijo no conocerlos. Chirinos declaró recién el 26 de abril del 2017, a año y medio de abierta la investigación. Dijo no haber sido víctima de coacción o extorsión por “Caracol” o algún miembro de “Barrio King” para el pago de cupos.
El fiscal Luna archivó todo lo concerniente al caso ESLIMP en 2018.
En junio del 2018, cuando ella había dejado el cargo para postular a la gobernación regional, hubo un robo de documentos de la oficina de la alcaldía, de recursos humanos y otras áreas. Noticias sobre pérdidas de documentos también han ocurrido en el municipio de Bellavista y en el Gobierno Regional chalaco.
GROSEROS YERROS DEL FISCAL
La muerte de Wilbur Castillo fue clave para enterrar esta investigación, pero no fue lo único. Increíblemente, Víctor Luna esperó tres años para poner en conocimiento a la fiscalía anticorrupción de sus hallazgos en el caso de ESLIMP. Recién el 2018 informó sobre los pagos indebidos de esta empresa a dos integrantes de “Barrio King” que cobraban sus sueldos mientras estaban presos: Wilmer Farfán Ruiz y Juan José Romero Echevarría, alias “Colorao”.
También dio a conocer las escuchas telefónicas atribuidas a dos trabajadoras del Gobierno Regional que hablaban sobre el manejo de cupos de trabajo y entregas de dinero a “Barrio King”, y dio información sobre el sembrado de pruebas falsas por policías del Departamento de Investigación Criminal de Bellavista a los rivales de “Barrio King”.
Luna prefirió mirar a otro lado a pesar de que otras fiscalías ya habían puesto el ojo en ESLIMP y en funcionarios como Joaquín Cochella. En octubre del 2016, por ejemplo, la prensa había revelado contrataciones de miembros de “Barrio King”, por lo que la fiscalía anticorrupción abrió una investigación de oficio.
Fiscal de Crimen Organizado, Víctor Luna. Pudo hacer mucho más.
Ese mismo año, la Fiscalía de Lavado de Activos del Callao también inició investigación contra Cochella, el exalcalde provincial Juan Sotomayor y exfuncionarios de ESLIMP y del municipio provincial que captaban recursos de la empresa de limpieza a través del pago de planillas y servicios fantasmas. Pedimos información al coordinador de las fiscalías anticorrupción, Omar Tello, sobre el estado de todas las investigaciones contra Cochella, pero no obtuvimos respuesta.
“En el caso ‘Barrio King’, el fiscal [Luna] debió derivar su investigación a la fiscalía anticorrupción en la etapa inicial. Hacerlo en la etapa de acusación, en el 2018, fue muy tarde y, estando muerto el testigo, no podía investigar”, dice un fiscal consultado especializado en este tipo de casos.
La misma fuente señala que Luna debió desacumular la declaración de Wilbur Castillo desde un principio, recabar más elementos para poder derivarla a sus colegas especializados en delitos de corrupción de funcionarios y que estos pudieran entrevistar al testigo. Otro camino era pedir al Fiscal de la Nación que ampliara sus competencias e indagar él mismo la trama de corrupción chalaca. “Luna no hizo nada de esto, no puede decir que no había elementos de convicción pues no los buscó”, señala el fiscal.
Otro despacho fiscal hizo lo que no hizo Luna. En enero del 2020, fueron detenidos preliminarmente los principales miembros de la organización criminal “Rich Port II”, liderada por Juan Sotomayor (alcalde provincial del Callao entre el 2010 y 2018) e integrada también por el excongresista Víctor Albrecht. Cochella tuvo suerte: la fiscalía pidió para él comparecencia restringida.
Esta investigación, sin embargo, analizó solo hechos ocurridos desde abril del 2019. Desde esa fecha, cuando Joaquín Cochella dejó la gerencia general de ESLIMP, la organización criminal “Rich Port II” extorsionó a la nueva gestión para que siga pagando planillas fantasmas. Según las pesquisas, sin embargo, Cochella habría seguido ligado desde afuera al manejo de la empresa de limpieza y habría tramitado dichas planillas. La red habría ganado más de S/6 millones hasta que cayeron.
El cobro de planillas fantasmas era un hecho de larga data. Algo que no quiso ver Luna Castillo.
NO VIO A LOS “CUELLOS BLANCOS”
Fuentes fiscales con conocimiento del caso indican que Luna tenía interceptaciones telefónicas que revelaban cómo los miembros de “Barrio King” eran favorecidos por jueces y fiscales, y pudo haber identificado a la red judicial al servicio de “Caracol”. Dicha red fue descubierta el 2017 y -con el tiempo y el acceso a más escuchas- llegaba hasta “Los cuellos blancos del puerto”.
Desde el 17 de setiembre pasado, la autora de este informe pidió, reiteradamente, a través del área de prensa del Ministerio Público, entrevistas con los fiscales Luna Castillo, Jorge Chávez Cotrina (coordinador de las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada) y Octaviano Omar Tello Rosales (coordinador de las fiscalías de corrupción de funcionarios), pero no respondieron.
Patricia Chirinos también optó por no participar de este reportaje. “No hay nada que decir, solamente que no conozco a esa gente. Gracias», escribió.
Moisés Vega de la Cruz, procurador especializado en delitos de orden público, señala que se debe analizar con qué argumentos se pidió el sobreseimiento sobre el caso de ESLIMP dado a conocer por Wilbur Castillo. Afirma que “habría que ver el caso ‘Rich Port II’ y pedir que se investiguen a los funcionarios públicos que se mencionaron en el caso ‘Barrio King’.
Vega se comprometió a realizar acciones. “Vamos a revisar este caso. Voy a conversar con el fiscal y, si nos da mayor información sobre los cuadernos de colaboración eficaz, veremos qué acciones podríamos hacer como Procuraduría. Cabe la posibilidad que el Ministerio Público amplíe denuncias en el caso ‘Rich Port II’ por hechos vistos en ‘Barrio King’ o ampliar otros hechos contra más personas […] Si aparecieran testigos que involucren a Chirinos, se puede investigar”, apunta.
La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, también conoce de las sindicaciones contra Chirinos en el caso “Barrio King”. El 9 de agosto pasado, la Coordinadora Recuperando al Callao y la Mesa de Lucha contra la Corrupción de esa región le pidieron que le solicite a Chirinos un informe sobre su situación en este caso y que pida al fiscal Luna detalle de sus hallazgos. También fueron notificadas las bancadas de Perú Libre, Juntos por el Perú, Acción Popular y el Partido Morado.
Los fantasmas del pasado, en forma de testigos con clave, pueden volver para atormentar a la exchimpunera.
Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 270:La variante sudafricana que preocupa a la OMS y la UE. El rechazo a la congresista Chirinos. Y el lunes vuelve Paolo!
“La vocación nace con uno. No se impone por la necesidad”, escribió en su perfil de LinkedIn Bruno Pacheco. El renunciante secretario general de la Presidencia está en el ojo de la tormenta por presionar al jefe de la SUNAT, Luis Vera Castillo, para beneficiar -entre otros- al grupo Deltron, una compañía de productos informáticos. El escándalo ya es usado como un arma para plantear la vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Es uno de los argumentos que plantea la moción redactada por la congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, que busca destituir al mandatario, en un escenario de máxima tensión.
“Se ha hecho de público conocimiento otras denuncias por haber presionado al Jefe de la SUNAT para favorecer a empresas que tienen deudas con dicha entidad”, dice una parte de la moción de 13 páginas, redactada por Chirinos el 15 de noviembre. El documento aún no ha sido presentado formalmente al cierre de esta edición. Necesita 26 firmas como mínimo para presentarse, 52 para ser admitido a debate en el Pleno y 87 para concretar la caída de Castillo.
Una parte de la moción redactada por Patricia Chirinos, el 15 de noviembre, que da cuenta del escándalo protagonizado por el secretario general de Palacio, Bruno Pacheco.
En Palacio estiman que, en este momento, la oposición no tiene los votos para vacar al presidente. Pero aseguran que el escándalo desatado por Bruno Pacheco, quien aún no tiene reemplazo, les da una oportunidad para volver a la carga más adelante. “Si el presidente es salpicado de una u otra manera en la investigación fiscal a Pacheco, la oposición sacará las garras porque el tema de la vacancia ya flota en el ambiente. Los opositores ven más posibilidades en este caso que en los Dinámicos del Centro”, dice una fuente palaciega.
Los casos de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra vienen a la cabeza ante este despelote. Ambos, como ahora Castillo, se enfrentaron a una feroz oposición congresal. PPK afrontó un proceso de vacancia en diciembre del 2017 por haber ocultado pagos de la constructora brasileña Odebrecht. Kuczynski sorteó la destitución con lo justo tras recibir una ayuda inesperada de Kenji Fujimori. Con la sangre en el ojo, los fujimoristas volvieron a la carga, en marzo del 2018, cuando revelaron los “Mamaniaudios”, donde supuestamente se intentaba comprar votos para salvarle el pellejo al entonces presidente. PPK se vio forzado a renunciar ante su inminente destitución.
Vizcarra pasó por el mismo trance. En septiembre del 2020 esquivó un pedido de vacancia por la contratación del polémico cantante Richard Cisneros, mejor conocido de “Richard Swing”. El asunto fue visto como un globo de ensayo. El plato de fondo llegó dos meses después, en noviembre de aquel año. Vizcarra ya no pudo driblear la vacancia al ser acusado de recibir sobornos en su etapa como gobernador regional de Moquegua.
Castillo parece haber tomado nota del espinoso asunto. Y busca un acercamiento con el ala dura de la bancada de Perú Libre para tener 37 votos seguros. Una fuente del lápiz asegura que hoy estaba pactada una reunión entre Waldemar Cerrón, el vocero del grupo oficialista parlamentario, y el mandatario. Pero el diálogo no se se antojará sencillo. Si bien es cierto los cerronistas han anunciado que no votarán por la vacancia, no están dispuestos a respaldar al gobierno en todos los demás aspectos.
Fuentes de Perú Libre señalan que Waldemar Cerrón, hermano de Vladimir, pediría la cabeza de Auner Vásquez, el poderoso asesor de Pedro Castillo. Y es que el ala cerronista lo responsabiliza también del caos que habita en Palacio. El pedido,sin embargo, no será una condición para que la bancada apoye al mandatario en el trance de la vacancia.
Waldemar Cerrón Rojas, congresista de Perú Libre y hermano de Vladimir Cerrón, en una reunión con el presidente Pedro Castillo, según fuentes de Perú Libre. Foto: Congreso.
SONDEOS
Con este clima de división y acusaciones, el gobierno afrontaría un primer pedido de vacancia. Mientras tanto, los congresistas de oposición, con Patricia Chirinos a la cabeza, tratan de convencer a los legisladores para que –al menos 52 de ellos– admitan a debate la moción de vacancia y el presidente Castillo responda a los cuestionamientos ante el Pleno.
Chirinos sondeó a algunos parlamentarios de centro, como José Jerí (Somos Perú), para sumarse a su causa. No obtuvo éxito, de acuerdo a fuentes de Somos Perú. Hasta el momento, bancadas como Alianza Para el Progreso y Acción Popular, con 15 y 16 congresistas, respectivamente, rechazan la vacancia. Los dos grupos parlamentarios son claves, numéricamente hablando, en cualquier votación importante.
“Nosotros no vamos apoyar el pedido de vacancia. Siempre respetamos los votos que puedan tener nuestros invitados, a quienes tenemos una gran consideración, que son el general Chiabra y la doctora Echaíz. Pero, como partido, la bancada no va a respaldar en este momento ningún pedido de vacancia. El gobierno, pues, tiene que considerar todo lo que estamos haciendo para darle gobernabilidad”, dice Luis Ibérico, asesor principal de la bancada de Alianza Para el Progreso.
“Me preocupa la situación porque estamos actuando con una gran irresponsabilidad. Yo lamento que haya ciertos políticos que vean la vacancia como deporte nacional.Hay congresistas y políticos que están moviendo el avispero demasiado, que están moviendo el panal demasiado. Y cuando al panal mucho golpeas, salen las abejas. Y las abejas salen de manera furibunda, salen para golpear. Están golpeando demasiado el panal y podría haber una convulsión social sin precedentes en nuestro país”, dice, por su parte, Mesías Guevara, gobernador regional de Cajamarca y dirigente de Acción Popular.
GABINETE EN LA MIRA
En paralelo, el exprimer ministro Guido Bellido apunta sus dardos hacia la vicepresidenta Dina Boluarte. “No podemos tener un acercamiento con una persona que habla mal de sus dirigentes y no reconoce a su propio partido. La vicepresidenta plantea conversar con el fujimorismo y no con Perú Libre. Nada bueno va a salir de una conversación con la bancada fujimorista”, dice Bellido a Sudaca. Esto a propósito de una declaración de Boluarte, en Arequipa, donde dijo que se reuniría con Fujimori “de ser necesario” para que la lideresa pueda hablar con la bancada de Fuerza Popular, que empuja la moción de vacancia.
El ala dura también cuestionan a la primera ministra Mirtha Vásquez y a Verónika Mendoza, aliada del profesor Castillo, por cómo está repartida la torta en el gabinete. “No hay proporción en la cuota de poder. Mendoza tiene, para mí, siete ministerios e incluyo al Midis y Trabajo [ambos dirigidos por las militantes perulibristas Dina Boluarte y Betssy Chávez]. Ella [se refiere a Chávez] ha tomado distancia del partido”, dice Bellido.
La batalla contra Vásquez sigue su curso. La parlamentaria cerronista Margot Palacios pidió –a través de una moción– que la premier dé explicaciones sobre su reunión con el líder de Alianza Para el Progreso, César Acuña, en la casa de este último en La Molina. El encuentro tuvo lugar la noche del 8 de noviembre. “Ahora comprenderá el presidente Pedro Castillo por qué quisimos salvarlo del Gabinete caviar, porque son una plaga si le das chance”, tuiteó el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, el 13 de noviembre pasado, en referencia a la cumbre en la casa de Acuña.
23 de noviembre. La primera ministra Mirtha Vásquez sustenta el presupuesto 2022 ante el Congreso, en medio del fuego graneado de la oposición y los empresarios. Foto: Andina.
La figura de la primera ministra, adversaria de Perú Libre, ha quedado trastocada luego de anunciar el cierre de cuatro unidades mineras, en Ayacucho, desatando las protestas de las empresas afectadas, los gremios empresariales y la federación de trabajadores mineros. Vásquez tuvo que retroceder y ablandar su discurso ante los reclamos. El desaguisado trató de ser arreglado por el presidente en una actividad en Arequipa. “Para referirme a un tema que ha generado debate en los últimos días, desde aquí [Arequipa] vuelvo a ratificar ante el país nuestro compromiso de respetar y promover las inversiones privadas, entre ellas la minería”, dijo Castillo.
“Todos los ministros trabajan conjuntamente. Pero nada de eso cuenta, porque lo que se quiere es buscar una causal y pedir la declaración de la vacancia del presidente de la República. Y, con respecto a Perú Libre, es normal que haya posiciones diferentes, pero esperamos que no se produzcan divisiones porque perjudica a la democracia”, dice a Sudaca Aníbal Torres, el ministro de Justicia, intentado poner paños fríos.
Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 264: Patricia Chirinos pide vacancia presidencial pero le recuerdan su pasado en ChinPum Callao. Y los cambios ministeriales. ¿Cambiará algo?
Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 217: ¿Qué deberíamos hacer con el cuerpo del genocida, más allá de la discusión legal? Las últimas encuestas le son favorables a Castillo. Y Bellido vuelve a remover la acusación de Chirinos.
