Tremendo alboroto ha causado en un sector de la derecha peruana que el gobierno declare Patrimonio Cultural de la Nación el monumento El ojo que llora. Han salido voceros ultristas a denunciar que la ministra de Cultura, Gisela Ortiz, está, merced a ese acto, reivindicando al terrorismo e igualando al Estado con los movimientos subversivos, añadiendo que en ese monumento se rinde homenaje también a exintegrantes de los dos grupos terroristas que dieron inicio al mayor periodo de violencia interna de nuestra historia.
Se trata, claramente, de una grosera mentira. El conjunto escultórico de la artista Lika Mutal, inaugurado el 2005, busca rendir reconocimiento a las víctimas del periodo de violencia entre 1980 y el año 2000, y en esa medida forma parte del proceso de memoria que el país ha emprendido respecto de la violencia terrorista y la represiva, que ocasionó cerca de 70 mil muertos, según la Comisión de la Verdad.
No hay un solo terrorista en el Registro Nacional de Víctimas, que es en el que se ha basado la lista de nombres que aparecen en El ojo que llora. Se señala explícitamente: “No se consideran víctimas, para los efectos específicos de su inclusión en el Registro Único de Víctimas de la Violencia, a los miembros de las organizaciones subversivas”. Hubo un intenso debate hace muchos años respecto de si se debía considerar, para ser reparados, también a quienes se alzaron en armas contra el Estado de Derecho (en otros países, se ha hecho extensivo a tales el reconocimiento reparador), pero en el Perú se zanjó claramente de que dichas personas no iban a integrarse al referido registro.
Lo que, en verdad, un sector reaccionario de la derecha peruana no quiere que se recuerde, es que no solo hubo muertos ocasionados por Sendero Luminoso o el MRTA, sino que también existieron, y en demasía, por excesos militares y policiales, que merecen ser registrados por la memoria colectiva del país. De modo decreciente, el mayor número de muertos o desaparecidos ilegalmente, por obra de las fuerzas del orden, ocurrió durante los gobiernos de Belaunde, García y Fujimori, mayormente en plena democracia. Es una dolorosa realidad, pero si se quiere restañar las profundas heridas colectivas que ese periodo ha dejado en la colectividad ciudadana, no se puede soslayar ese hecho. Todo lo contrario, hay que resaltarlo como corresponde para que nunca más vuelva a suceder.
