Un Premier que es capaz de decir, como sucedió en el último Consejo de Ministros Descentralizado, que la minería acapara toda el agua y deja sin ella a la agricultura, o de promover una ley mordaza contra la prensa (pena privativa de la libertad para quien revele información fiscal reservada), no puede seguir en el cargo.
La falta de seriedad con la que la opinión pública percibe este gobierno, más como un sainete malhadado que como un régimen serio, es producto, entre otras razones, de los gazapos de un Premier que claramente no está a la altura de las circunstancias dramáticas por las que el país transcurre.
“Fue un tuit de sugerencia. Lo importante es que no haya cambios prematuros porque eso genera inestabilidad”, dice Bellido a Sudaca sobre su mensaje.
Pero el respaldo perulibrista a Aníbal Torres no se condice con el clima que desconfianza que impera en la relación entre Perú Libre y el presidente Castillo. A Vladimir Cerrón le supo muy mal que el presidente haga cambios en el gabinete sin consultarle, y remueva de su cargo a uno de sus alfiles, como Carlos Palacios, de la cartera de Energía y Minas. Cerrón y Castillo habían llegado a un acuerdo verbal para que el gabinete sea integrado por representantes de bancadas aliadas en el Parlamento, como Somos Perú, Juntos por el Perú y el bloque magisterial, para de esta manera frenar nuevos intentos de vacancia impulsados desde la oposición. Pero esta repartija de ministerios aún no se concreta.
Consultado sobre esto por Sudaca, Guido Bellido confirma el distanciamiento entre el presidente y el partido con el que llegó al poder. “Eso no es novedad. El partido no representa al gobierno. El presidente tiene que ser ideológica y políticamente de Perú Libre para representar sus ideas”, afirma.
Vladimir Cerrón también exhibió sus diferencias con Castillo en un tuit de este miércoles. Fue al replicar un mensaje del electo presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien anunció un agresivo plan de inversión para construir universidades y colegios.
“Esto le sugerí al Presidente (Castillo), además de hospitales especializados, en cada región. Hasta hoy, ni terreno ni perfil. Aún estamos a tiempo, cumpla el programa de PL (Perú Libre)”, escribió Cerrón.
Entre tanto, avanza en el Congreso la acusación contra el presidente por supuesta traición a la Patria, por haberse pronunciado favorablemente a la idea de someter a consulta popular la posibilidad de concederle una salida al mar soberana a Bolivia, en la tristemente recordada entrevista con el periodista de CNN Fernando del Rincón.
En mayo, el legislador acciopopulista Wilson Soto presentó un informe en el que recomendó citar a Castillo y a del Rincón. El caso sigue avanzando en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En Perú Libre consideran que el mandatario está muy confiado de que está acusación no prosperará, según una fuente del partido del lápiz. Quizás no debería estarlo tanto, piensan los allegados a Cerrón. La oposición más feroz ve en este caso un plan alternativo al de la vacancia, puesto que si prospera cumpliría con el objetivo de sacar a Castillo de Palacio. La acusación de traición a la Patria puede derivar en una suspensión del jefe de Estado mientras este es procesado. Y para eso solo se necesitarían 66 votos en el parlamento, no los 87 que se exigen para una vacancia por incapacidad moral permanente. Esos 21 votos hacen un mundo de diferencia.
La izquierda, en el futuro inmediato, va a ser dominada por el radicalismo. El colapso de las políticas públicas hará que la ciudadanía busque en los próximos comicios un candidato antisistema, no una agrupación acomodaticia como la que Verónika Mendoza o alguien similar podría querer representar.
No es una buena noticia, sin duda, para la democracia peruana, que una eventual izquierda moderna colapse, pero en este caso hablamos de un suicidio político, desplegado por intereses menudos, errores estratégicos, cálculos torpes y la proverbial indefinición de su lideresa.
La izquierda moderna murió en el Perú por acción propia. No fue resultado de una campaña de demolición de la derecha, de los medios, de los grupos empresariales, de la CIA o de algún sabotaje internacional. Fue obra y gracia de su cúpula cortoplacista, miope y dominada por intereses menudos de poder a cualquier precio, sin importar los principios y sin medir las consecuencias.
En un recorrido por hospitales como el Sabogal, el Rebagliati y el Grau -todos de EsSalud- Sudaca comprobó el calvario que los pacientes viven a diario: las colas en las puertas de ingreso son insoportables. En algunos casos, las personas dicen que van a visitar pacientes internados; pero en otros –la mayoría–, están esperando entrar a citas que les ha costado sudor y lágrimas conseguir.
En el seguro social las consultas generales se pueden programar por teléfono, pero eso no significa que conseguirás una atención rápida. Los operadores indican que te llamarán, pero no especifican cuándo. Quienes logran agendar las citas médicas lo hacen después de esperar, al menos, un par de semanas.
Eso, por ejemplo, le ocurrió en el Grau a Jorge Olivares (62), que padece cataratas. “Vine para la ecografía de mi vista. Me transfirieron del Hospital Canto Grande aquí. Eso fue hace, más o menos, 20 días. Por fin me atendieron”, asegura. En la Unidad Básica de Atención Primaria (Ubap) de Jesús María, el tiempo de espera para una ecografía puede llegar a ser de dos meses, relata una asegurada.
En el Grau, una señora de 98 años –que no quiso revelar su nombre– llegó por un dolor de rodilla que no le permite caminar sin bastón. “Saqué mi cita por llamada telefónica ayer y hoy me han reprogramado para marzo”, explica. La señora se retiró a su casa a esperar que le avisen –también por llamada– qué día del próximo mes finalmente la podrán atender.
La cola en el ingreso del Hospital III Emergencias Grau, ubicado en Cercado de Lima.
Godofredo Talavera, expresidente de la Federación Médica, estima que en EsSalud faltan alrededor de 8.000 doctores especialistas y 4.000 generales. Pero a ese colapso ahora se le ha sumado la huelga de los tecnólogos médicos del seguro social, que hace mucho más grave la falta de respuesta del sistema. Estos profesionales son un apoyo fundamental para los médicos, que les encargan realizar procedimientos como los análisis de laboratorio, las terapias físicas o las radiografías. Hoy cumplen 24 días en paro y la medida ya le pasa factura a los pacientes.
“Hace 8 años estoy mal de la espalda. Las piernas se me entumecen, se me ponen inertes y me duelen como el diablo. En esta cojudez nunca te atienden, me han dicho que me vaya a una clínica particular”, dice, muy ofuscado, Factor Carvajal Jaime (75), que necesita hacerse una radiografía en la columna. Está parado frente a la puerta de ingreso del Hospital III Emergencias Grau, del Cercado de Lima. Su padecimiento no le deja caminar sin la ayuda de muletas.
“Me dijeron que primero debo llamar a un número [para pedir la programación]. Luego te llamarán, pero no te dicen de dónde. Son ocho años donde aprendí a soportar este dolor. Ya me cansé. Yo vivo solo en San Cosme. Mi salida es pura medicina natural”, agrega.
LAS RAZONES DE LA PROTESTA
Los tecnólogos del seguro social han seguido brindando los servicios relacionados a la pandemia, pero han suspendido casi todo lo demás. “Muchas atenciones regulares de consultorios externos no se están dando en este momento debido a la huelga. Se han dejado de hacer cirugías y programar consultas. Muchas veces porque los pacientes no cuentan con sus resultados de laboratorio y exámenes radiológicos”, asegura Alberto Meza, secretario general del Sindicato Nacional de Tecnólogos Médicos de la Seguridad Social (Sinatemss).
Los tecnólogos protestan por la creación de una “unidad orgánica” para su especialidad. Esto –aseguran los huelguistas– mejoraría su capacidad de respuesta. “A través de ella se dirigen los procesos, se hace programación de personal, capacitación, adquisición de insumos, materiales y equipos. También mejoras laborales porque no siempre trabajamos en ambientes seguros, más aún en pandemia”, explica Meza.
La unidad orgánica, que es una instancia administrativa, le permitiría a los tecnólogos precisar qué tan grande es su brecha laboral y, así, optimizar el cumplimiento de sus tareas. Les ayudaría también a distribuir mejor su personal para atender la excesiva demanda. Esto incluye la rotación, los descansos y días de guardia que tengan que realizar.
Por eso, la ley que regula el ejercicio profesional del tecnólogo médico –promulgada hace 17 años, en el segundo gobierno aprista– menciona claramente la necesidad de una unidad orgánica. Han pasado casi dos décadas y ello no se ha concretado.
Los tecnólogos médicos han protestado frente al Ministerio de Trabajo y el Congreso en los últimos días
En enero, desde la Red Prestacional Sabogal ––que agrupa 23 centros de salud, con 374 tecnólogos médicos– pidieron una evaluación interna para saber si había las condiciones para crear la unidad orgánica. El informe arrojó que los 138 tecnólogos del hospital nacional y los 236 del resto de centros médicos de la red tenían que brindar una infinidad de servicios para los que no se daban abasto.
“Los tecnólogos médicos en el Hospital Nacional están asignados a tomografía y resonancia magnética; radiodiagnóstico y ecografía; medicina física y rehabilitación; microbiología; bioquímica e inmunología; hematología, hemoterapia y banco de sangre; patología quirúrgica y necropsia; y oftalmología”, se lee en el documento.
Según Alberto Meza, secretario general del Sinatemss, una unidad orgánica mejoraría la respuesta de los tecnólogos para todos esos servicios. “Nosotros a la fecha no podemos determinar la brecha de personal que existe a nivel nacional. Hay una brecha negativa que solo es cubierta por horas extra o en otros casos no se cubre y no se le puede atender a los pacientes el mismo día. No hay capacidad para cubrir la demanda”, asegura.
PASÁNDOSE LA PELOTA
Teniendo en cuenta ese panorama, sendas instancias de EsSalud estuvieron de acuerdo en que se debía implementar la mentada unidad orgánica, de acuerdo a documentos revisados por Sudaca. El 24 de enero de este año, por ejemplo, la Gerencia de Políticas y Normas de Atención Integral de Salud y la Gerencia de Organización de Procesos emitieron informes favorables para la creación de la demandada instancia administrativa, precisando su organización y funciones. Además, desde el 2019 ya se tenía la opinión jurídica de la Gerencia de Normativa y Asuntos Administrativos de la entidad.
A pesar de ello, EsSalud vio conveniente pedirle opinión a dos instituciones del Ejecutivo: la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, órgano rector de la organización estatal; y el Minsa. Ahí comenzaron los problemas. Entre la PCM y el Minsa se han estado tirando la pelota respecto de quién debía autorizar la iniciativa de la Unidad Orgánica de Tecnología Médica.
El 13 de enero el Minsa, a través de su Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, indicó a EsSalud que la propuesta era realizable, pero que requería una opinión de la PCM. “Los aspectos referidos a los sistemas administrativos entre ellos, el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, que comprende los aspectos de organización estructural, están supeditadas a la normativa que emite la PCM como órgano rector”, se lee en su informe.
El 8 de febrero, PCM le devolvió el balón al Minsa. En su informe, la Secretaría de Gestión Pública (SGP) concluyó que EsSalud cuenta con autonomía administrativa, por lo que “la aprobación o modificación de su estructura orgánica no requiere contar con la opinión técnica previa favorable de la SGP”. Más adelante, agregan: “Es factible contar con una opinión especializada del Minsa, como rector en materia de salud, respecto de las funciones a cargo de una unidad de tecnología médica”.
Para Alberto Mesa, secretario general de la Sinatemss, la poca claridad del gobierno solo busca que se demore el cumplimiento de la ley. “Nosotros vemos un ánimo de dilatación. Hacen todas las consultas innecesarias para no otorgarnos lo que, por ley, nos corresponde. Le hemos exhortado a la ministra de Trabajo que corrija estos hechos al ser EsSalud dependiente de ese ministerio”, manifiesta.
En respuesta a Sudaca, el área de prensa del Ministerio de Trabajo señala que los informes de la PCM y el Minsa “no abordan de manera contundente algún tipo de criterio que avale la creación o no de dicha unidad orgánica”, sino únicamente la legalidad de la medida. “La solución de este tema depende exclusivamente de EsSalud”, apuntan.
De hecho, EsSalud publicó un comunicado ayer viernes señalando que han recibido nuevos informes técnicos de la PCM y Minsa con “orientaciones aclaratorias” que les servirán para elaborar la propuesta final de la conformación de la Unidad Orgánica de Tecnología Médica.
El sindicato, sin embargo, no levantará su paro hasta que dicha promesa se cumpla. Meza cuenta que, incluso, analizan la posibilidad de iniciar una huelga de hambre. Mientras tanto, como pudo constatar Sudaca, los pacientes del seguro social sufren los estragos de la ineptitud burocrática. La salud de una persona no puede esperar 17 años. Tampoco dos meses. Hasta marzo es ya mucho pedir.
La caída de Mirtha Vásquez empezó a gestarse a mediados de diciembre. En aquel momento, los asesores del presidente Pedro Castillo le declararon la guerra y dejaron de coordinar con ella. “En esa fecha nos avisaron que los asesores habían llamado a gente ofreciendo cargos de ministros a nuestras espaldas”, dice una fuente cercana a la exprimera ministra.
En el entorno de Vásquez apuntan los dardos a Biberto Castillo, exasesor presidencial cercano a Perú Libre, que fue despedido ayer en medio del caos. Él organizó, por ejemplo, el encuentro entre el mandatario y cuatro exministros de Economía sin la presencia del actual titular de la cartera, Pedro Francke. La reunión se dió el 16 de diciembre pasado. El encuentro fue interpretado como un puñal para Francke, aliado de Vásquez en el Gabinete, y como una señal más del clima de caos y anarquía que se respira en Palacio.
30 de enero. El presidente Pedro Castillo Terrones, en la ciudad de Caballococha, en Loreto. Fuente: Presidencia.
Biberto Castillo era parte del llamado “Gabinete en la sombra” del jefe de Estado. Este grupo está formado, además, por Beder Camacho y los cajamarquinos Rodolfo Idrogo (prensa), Wilson Pretel (jefe de gabinete técnico), Eder Vitón Burga (asesor técnico), Franco Pomalaya (prensa) y José Fernández La Torre. Este último es jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. Al ‘petit comité’ se ha sumado recientemente Roberto Sánchez, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, un aliado incondicional del presidente.
El “Gabinete en la sombra” le hizo la vida de cuadritos a Mirtha Vásquez, marginándola de las decisiones importantes y no haciendo caso a sus recomendaciones. Por ejemplo, de acuerdo a fuentes próximas a la exprimera ministra, los asesores demoraron la promulgación en El Peruano de la ley sobre el referéndum, aprobada por insistencia en el Congreso. El texto, que bloquea una consulta para una Asamblea Constituyente, fue promulgado recién el 30 de enero, cuando había sido enviada el 25 de ese mes. Vásquez había recomendado una promulgación inmediata, como manda la ley.
Por eso no sorprende lo que pasó la tarde de ayer, cuando la expremier le entregó a Eder Vitón, asesor del gabinete técnico del Despacho Presidencial, su carta de renuncia para que la ingrese a mesa de partes. Minutos después de entregarle el documento, el presidente Castillo lanzó un tuit dando la idea de que él despidió a Vásquez y no que ella había renunciado.
Eder Vitón Burga, asesor técnico en Presidencia, recibió la carta de renuncia de la primera ministra Mirtha Vásquez. Fuente: Facebook de Eder Vitón.
“Yo le he entregado [la carta de renuncia] a uno de sus asesores y este asesor se llevó el documento y no regresó más. Nuevamente quiero expresar mi preocupación por el entorno de asesores que tiene [el presidente], que muchas veces hacen que él cometa este tipo de errores”, dijo Vásquez en el programa “Nada está dicho”, de RPP.
Vásquez, en su carta, dijo que renunció por la crisis desatada en el Ministerio del Interior, que terminó con la salida de Avelino Guillén. El exfiscal supremo había sido propuesto por ella como titular de esa cartera.
Lo cierto es que Vásquez no fue capaz de lograr un Gabinete cohesionado. La ahora expremier pidió la cabeza del ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, una carta de Perú Libre, y no pudo imponerse.
Además, tuvo roces con el ministro de Salud, Hernando Cevallos, por el asunto de la Asamblea Constituyente. Cevallos estaba a favor de promover el tema, ella no. “Ella se vio debilitada cuando anunció que no extendería los contratos de cuatro minas en Ayacucho y luego retrocedió rápidamente. No se le vio muñeca política. Ahí perdió fuerza al interior del gobierno”, dice una fuente palaciega.
EL CERRONISMO EN PALACIO
La guerra de los asesores presidenciales con Mirtha Vásquez coincidió con el acercamiento de Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. El jefe de Estado llamó ayer al líder del lápiz para conversar sobre la crisis política, de acuerdo a una fuente de Perú Libre. Cerrón, al no estar en Lima por sus restricciones legales, envió a Palacio una comitiva perulibrista encabezada por su hermano, el congresista Waldemar Cerrón. Este anunció en Twitter que sería el nuevo primer ministro y luego borró la publicación.
“Hemos hablado de la coyuntura política, pero no de propuestas para el Gabinete. Nos preguntó cuál era la mirada que teníamos. Le hemos dado nuestro punto de vista”, dice a Sudaca el legislador de Perú Libre y exprimer ministro Guido Bellido.
El lápiz busca retomar el protagonismo perdido en el gobierno. Y Castillo ha dado muestras de acercamiento con la llamada a Cerrón en plena escalada. Aun así, Roger Nájar, integrante del buró político, descartó en la interna asumir el premierato.
Eso sí: los perulibristas están con la sangre en el ojo. Según una fuente del partido del lápiz, han planteado al presidente Castillo una cirugía mayor: cambiar el 70% del Consejo de Ministros. De acuerdo a un asesor de Cerrón, este le ha sugerido al presidente restarle poder a Verónika Mendoza, su eterna rival. También ha pedido sacar del juego a la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, recientemente expulsada de Perú Libre.
Mendoza, en este momento, ha marcado distancia con el presidente por la renuncia de Guillén. “Lamento profundamente la renuncia de Avelino Guillén, un hombre honesto y valiente que se enfrentó siempre a la corrupción y al autoritarismo. Presidente, el país merece una explicación por lo ocurrido y acciones firmes que precisen el rumbo de su gobierno”, escribió el 30 de enero. El titular del MEF, Pedro Francke, también expresó su solidaridad con Guillén en las redes sociales, en lo que será una de sus últimas acciones como ministro.
La ministra de la Mujer, Anahí Durand, no siguió el mismo camino que sus correligionarios Francke y Mendoza. Durand, quien ha sido elegida como nueva presidenta del Nuevo Perú, estuvo en desacuerdo con los pronunciamientos que debilitan la alianza con Pedro Castillo, de acuerdo a fuentes de la organización izquierdista.
Anahí Durand Guevara, ministra de la Mujer y nueva presidenta de Nuevo Perú. No se solidarizó en redes sociales con Avelino Guillén, como Verónika Mendoza y Pedro Francke, en un tácito desacuerdo. Fuente: Andina.
Lo cierto es que, en estas horas, los puñales están a la orden del día. El desgobierno es tal que hasta los asesores del presidente Castillo andan enfrentados entre sí. Los integrantes del llamado “Gabinete en la sombra” libran una batalla con el secretario general Carlos Jaico Carranza.
Beder Camacho, el subsecretario general, pidió a Contraloría investigar a Jaico por usar un auto Grand Cherokee Overland, que pertenece a la Dirección Nacional de Inteligencia, cuando estaba de licencia. Jaico ha contragolpeado acusando a Camacho de reunirse de manera clandestina con el jefe de la Policía, Javier Gallardo, manzana de la discordia en el conflicto con Avelino Guillén. A Biberto Castillo, Jaico lo despidió con un memorando.
Pedro Castillo se reunió esta mañana con congresistas del ala magisterial, como Edgar Tello, Óscar Zea y Katy Ugarte. El tiempo apremia y el presidente no tiene mucho por donde escoger.
Comunidades de Ayacucho rechazan grupo de trabajo de la PCM. La moción de interpelacion al ministro del Ambiente. Y la devolución de los aportes del FONAVI
Una primera pequeña victoria de PCM en Chumbivilcas, al menos hasta el 18 de enero. Las internas moradas. ¡Y Patricia Chirinos pide vacancia mientras cocina!
Las negociaciones entre la minera china MMG -que opera Las Bambas- y el Frente de Defensa de Chumbivilcas (Fudich) han llegado a un punto muerto. Hace dos días, en una misiva enviada a la premier Mirtha Vásquez, el gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo de Negocios de la minera, Carlos Castro, le indicó que se retiraban de todo diálogo.
“Las Bambas, apelando al principio de reciprocidad y consecuente con la difícil decisión adoptada, se ve imposibilitada de seguir participando en los citados espacios y grupos de trabajo, creados o por crearse, hasta que se puedan concretar acuerdos que sean viables y verificable”, se lee en el escrito. Anoche, en conferencia de prensa junto a otros empresarios mineros, el gerente general de Las Bambas se reafirmó.
Los días previos a aquella decisión estuvieron marcados por inesperadas contramarchas en las mesas de diálogo que impulsan el ministerio de Energía y Minas (Minem) y la PCM. El 6 de diciembre, un día antes de que se votara la moción de vacancia contra Pedro Castillo, cuatro funcionarios de la minera se reunieron con el titular del Minem, Eduardo González.
Una fuente del Ejecutivo dice a Sudaca que en ese encuentro se acordó que las comunidades provean el servicio de 14 vehículos para el transporte de minerales, el alquiler de 14 camionetas para otras tareas y que se encargarían del mantenimiento vial en sus tres fases: el regado de vías, el mantenimiento de carreteras y el de micropavimento. Cualquier pacto de este tipo supone la creación de una empresa comunal que brinde todos esos servicios a la minera.
El preacuerdo fue comunicado por la noche a Víctor Villa Zambrano, asesor legal del Fudich. Villa dice para este informe que conversó con un funcionario del Ejecutivo y con Marcos Santos, de Las Bambas, y que se comprometió a llevar la propuesta a las comunidades. Señala, además, que los comuneros la aceptaron a regañadientes. Sudaca intentó recoger la versión de la minera, pero al cierre de esta nota no obtuvimos respuesta de parte de su agencia de comunicaciones.
Sin embargo, al día siguiente, la historia cambió repentinamente. En una asamblea en Cruzpampa, en la que participaron funcionarios del Minem, el Fudich y la minera, hubo un giro en la propuesta, asegura Villa. “Estaban los comuneros, el Minem y Marcos Santos [gerente de Asuntos Corporativos Regionales de Las Bambas]. Cuando llegó el representante de las Bambas, dijeron que serían 12 tracto camiones [para trasladar los minerales], el alquiler de 12 camionetas y solo el mantenimiento del micropavimento”, cuenta. Es decir, dos menos de lo convenido antes. «No sabía qué estaba pasando», agrega el abogado. Una fuente del Ejecutivo, que prefiere mantenerse en reserva, corrobora esta versión.
Había otro punto en debate: el monto que, por ley, iba a pagar Las Bambas para mitigar los daños ambientales. Las comunidades pedían S/1,2 millones, pero la empresa terminó por ofrecerles apenas S/100.000.
El 10 de diciembre, la compañía envió un documento a la PCM con su última oferta. La mina volvió a proponer que el servicio de transporte de concentrado mineral de parte de las comunidades sea con hasta 14 camiones. Pero, tal como habían retrocedido en la asamblea de Cruzpampa, sólo estaban dispuestos a alquilar 12 camionetas y que se hagan cargo del mantenimiento únicamente del micropavimento. Finalmente, se comprometía a entregar S/100.000 anuales en proyectos de inversión social para cada comunidad.
La empresa dio a conocer esta propuesta el 11 de diciembre, en una reunión en la localidad de Cruzpampa (Chumbivilcas, Cusco) convocada por la PCM. Pero, nuevamente, las negociaciones no llegaron a buen puerto.
Según Villa Zambrano, en dicha reunión los funcionarios de la PCM señalaron que iban a impulsar las actividades empresariales de la comunidad alrededor de las actividades mineras. Hablaron incluso de que la creación de la mentada empresa comunal para proveer de servicios a la mina era una buena idea. Pero insistieron en que se liberara la vía antes de cualquier acción.
Villa Zambrano cuenta que todo quedó en intenciones. Señala que, de regreso de Cruzpampa a la ciudad de Cusco, compartió vehículo con el viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Pablo Sánchez. Según el asesor legal de las comunidades, allí Sánchez se mostró en desacuerdo con la idea de la empresa comunal.
“Me dijo que no entremos en inversiones de alto riesgo y que era mejor que se compren los terrenos [se refiere a que el Estado compre los terrenos de las comunidades], que eso era más seguro. Ahí se cayó la PCM, ya que no estaban en la línea que teníamos”, cuenta Villa. Sudaca buscó comunicarse con Sánchez, pero se excusó diciendo que no tenía buena señal.
Las comunidades no supieron más de la PCM, de acuerdo al asesor del Fudich. “En las últimas semanas, nadie ha dicho nada. El ministro González sí llamó para solidarizarse. Teníamos esperanza con Mirtha Vásquez, pero esa fue la única vez que se comunicaron. A ella nunca la vimos”, señala.
Así, el 12 de diciembre, el frente arremetió con un pedido que sobrepasaba por mucho los acuerdos previos. Solicitó ser proveedora con 25 camiones encapsulados, alquilarle a la empresa 25 camionetas y hacerse cargo de los servicios de mantenimiento vial en conjunto. Además, pedía de nuevo S/1,2 millones anuales por la mitigación de impactos ambientales en cada comunidad. Esta fue la última solicitud por parte de las comunidades.
Toda iniciativa, sin embargo, hoy ha quedado desechada. Villa Zambrano dice que ahora apostarán por la vía constitucional para que la carretera por la que pasan los camiones de Las Bambas deje de ser considerada como nacional y vuelva a ser de las comunidades. El punto muerto en las negociaciones para el desbloqueo de la vía lleva ya varios días. Y MMG ha informado de la paralización total de sus operaciones. ¿Llegará una tregua antes de Navidad?
Actualización: Tras la publicación de esta nota, Las Bambas -cuya versión solicitamos previamente- nos envió el siguiente comunicado, que reproducimos en su totalidad:
*Las Bambas indica que en la reunión del 6 de diciembre en el MINEM se presentó y sustentó la propuesta de la minera para las comunidades de Chumbivilcas y que esta, en todo momento, fue por 12 camiones, 12 camionetas y servicios en la vía. Las Bambas señala que tal postura fue reiterada por ejecutivos de la empresa, entre ellos Marcos Santos, a funcionarios del MINEM y la asesoría legal de las comunidades de Chumbivilcas antes de la asamblea de Cruzpampa. Respecto a su participación en el diálogo, la empresa reitera su vocación por un diálogo constructivo en un marco de respeto a la ley y la libertad e integridad de personas y bienes.
