En los últimos años, hemos sido espectadores de innumerables actos de corrupción realizados por funcionarios públicos en todos los niveles e instituciones del sector público, incluyendo el Ejecutivo, Poder Judicial, Congreso, gobiernos regionales y locales, y en todo el resto del aparato estatal.
La Contraloría General de la República, es la institución que tiene el encargo de, y cito : “Supervisamos y verificamos la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado, a través de nuestras gerencias regionales de control, los Órganos de Control Institucional (OCI) y las Sociedades de Auditorías (SOA).”
Lo que hemos visto de la Contraloría, en la voz del Contralor General Nelson Shack, son anuncios de cuánta plata se han robado en el 2023 (más de 24,000 millones de soles), cuánto se gasta en consultorías y que han encontrado unos 9,000 funcionarios incurriendo en faltas de todo tipo.
Pero siempre es lo mismo. Se siguen robando la misma cantidad de soles cada año, seguimos observando, impávidos, contrataciones de “amiguitas” y dinero público, nuestro, de nuestros impuestos, gastado en inútiles consultorías y sabe Dios, en qué otras barbaridades, porque si Dios no lo sabe, menos la Contraloría.
Ya estamos cansados de estos anuncios inútiles que hace el Contralor Shack. En vez de ello debería exponer cuáles han sido las mejoras en los procesos que los Órganos de Control Institucional (OCI) que funciones dentro de las instituciones públicas, han propuesto, implementado y cuáles han sido los resultados.
Si en el 2023 se robaron más de 24,000 millones de soles, ¿Cuál es la meta que la Contraloría se pone para el 2024? ¿Cuánto menos dinero se va ir en corrupción gracias al trabajo que hace la Contraloría y sus gerencias regionales de control, los Órganos de Control Institucional (OCI) y las Sociedades de Auditorías (SOA)?
Todos los funcionarios públicos trabajan con metas e indicadores que miden su gestión. ¿Cuál es la meta de dinero gastado en corrupción Sr. Contralor? Si en el 2023 se gastaron 19,300 millones en contrataciones “a dedo” porque los montos no sobrepasan las 8 UIT (41,200 soles), ¿Cuál ha sido la propuesta de la Contraloría para limitar este tipo de gasto discrecional sin concurso ni licitación?
Ya es hora que se ajuste a la Contraloría, para que trabajen con objetivos claros y que todos los peruanos sepamos las actividades, mejoras en los procedimientos e iniciativas legislativas que se han implementado y las que están en curso, así como sus respectivos impactos en la lucha contra la corrupción.
Pero en la práctica, ¿Quién controla al Contralor?
La impunidad que logró Walter Ríos no debe quedar sin castigo
Una de las preguntas más importantes en esta trama de corrupción y de impunidad es por qué Walter Ríos ha terminado recibiendo beneficios indebidos y logrando archivos de casos que debían seguir su trámite regular.
La respuesta a esta pregunta es que quien tenía el control del procedimiento especial de delación fue la Fiscal Fanny Quispe, la encargada material de preparar el acuerdo, fijando sus cláusulas y beneficios, tramitar el acuerdo de colaboración eficaz de Ríos, lograr su firma en la Fiscalía, de sustentar dicho acuerdo en el Poder Judicial y hacer el seguimiento correspondiente. Sin su participación y “buenos oficios” el acuerdo ni siquiera se habría logrado.
La gravedad de los hechos que el Juez Juan Carlos Checkley Soria ha impedido que se consumen o que sus efectos subsistan hasta la actualidad, debe llevar a los que han creado este menudo problema en el Equipo Especial, en el Ministerio Público, a que se les abra investigación y se inicie la búsqueda de la verdad a fin de saber e identificar cuáles son los verdaderos motivos que llevaron a conceder ventajas y beneficios indebidos al juez más corrupto de la historia del Perú.
Más allá del enojo e ira natural que puede albergar Walter Ríos porque no se salió con la suya, la sociedad peruana y el sistema de justicia no puede quedarse con las manos cruzadas y dejar que fiscales inescrupulosos que ya no están en el equipo especial del caso “Cuellos Blancos” hayan vendido beneficios y favores como si se tratara de una feria, pisoteando la Constitución y la ley.
Los Congresistas tienen 48 pasajes al año. Tienen cuatro pasajes por mes, para ir a su región, para ir a otra región, para ir donde quieran. No tienen que dar explicaciones.
Congresista MariCarmen Alva
El vestido verde floreado, la mirada sobradora y los aires de grandeza la delatan. Encima enfatiza el no tener que dar explicaciones ante un periodista maleable, los cuales abundan en estos tiempos. Aun así, desliza la pregunta.
Yo me imagino que si tiene que informar al respecto y que si tiene que ver con su condición de congresistas y con la función de representación que deben ejercer.
Nunca he escuchado que iban para una cosa especifica de representación. También podrían tener una reunión ahí…responde enojada la fémina.
¿Tiene sentido que el Congreso financie viajes por reuniones partidarias?, termina preguntando Ghibellini.
La Congresista es una conjunción de todo lo que no debe ser un político. Al margen de no poseer empatía alguna. Es la muestra latente del racismo y clasismo imperante en nuestras clases acomodadas.
María del Carmen Alva Prieto no me representa. En absoluto.
CINCO
Interpone demanda de amparo contra la Municipalidad de Lima, solicitando que se declare inaplicable el Decreto de la Alcaldía, que declara zona rígida para cualquier tipo de concentración publica, el sector de máxima protección dentro del centro histórico de Lima …. pues considera que esta vulnera sus derechos fundamentales de reunión y participación pública.
Sentencia del Tribunal Constitucional – 07 diciembre de 2005
Esta sentencia determina que las autoridades no pueden evitar que la gente ingrese al Casco Histórico de Lima. Se junte o se manifieste, sea pacíficamente o políticamente. Es una libertad consagrada en la Constitución. Es la Ley Mayor que nos rige. Lógicamente, el esperpento hecho Alcalde, desconoce la sentencia. Lo secundan – ridículamente– sus adláteres.
Nosotros como autoridad no podemos seguir aceptando violencia y desmanes que sigan dañando nuestro patrimonio cultural y arquitectónico. Lo que hemos aprobado ….. es declarar que el Centro de Lima es zona intangible para el desarrollo de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas y políticas, que pongan en riesgo la seguridad pública…todas esas marchas – que hemos visto- cargadas de violencia y vandalismo – encendiendo fuego en las calles del Centro Histórico- lanzando piedras a la policía nacional y teniendo armamento (¿?) …Eso no se va aceptar.
Acotó el Teniente Alcalde –Renzo Reggiardo– ante la permisividad cojuda de tres jóvenes periodistas de RPP.
Ignoró que el incendio del Edificio Marcionelli lo provocaron las bombas lacrimógenas de la Policía. Ídem, la muerte de Víctor Santisteban es un asunto baladí para el ínfimo personaje. Así como el hecho de la violencia policial contra gente que se manifestaba pacíficamente.
¿Esta es la extrema derecha o los HuevoNazis?
En tanto, Dina Boluarte se reunió con Keiko Fujimori.
Se espera que el Poder Judicial dé la razón a los demandantes y se evite el debilitamiento de una institución y un cargo fundamental para el fortalecimiento de la democracia y la defensa de los derechos.
Es importante visibilizar y limitar el avance de sectores oscurantistas que intentan asirse de las instituciones del Estado para sentar las bases de una sociedad contraria al bienestar común. Los derechos de mujeres, pueblos indígenas, discriminados, periodistas; víctimas de la corrupción, de las violencias y de la ineficiencia del Estado, están en franco peligro.
–La del estribo: a darse una vuelta por la Galería Ginsberg a ver la muestra de Ali Salazar, curada por Matheus Calderón (Santa Cruz 1068, Miraflores), y por 80m2 Livia Benavides a apreciar la muestra de Marco Pando Tarzán de Macetero (Malecón Pazos 252, Barranco). Y pronto inaugura en Galería del Paseo, Lorena Noblecilla Lección de historia natural (General Borgoño 770, Miraflores).
¿Por qué calla en siete idiomas cuando se habla de reformas institucionales? ¿La reforma política y electoral no le parecen importantes? ¿La reforma del Ministerio Público y el Poder Judicial ni les va ni les viene?
¿Por qué le aterra hablar de derechos civiles, políticas de género, derechos humanos? ¿Acaso cree, como señala la DBA, que esa es una agenda caviar global que se quiere infiltrar en nuestra soberana república democrática?
Mientras la derecha no entre de lleno a tocar estos problemas y presentar propuestas serias y novedosas al respecto, y persista en dejarle la narrativa de tales soluciones a la izquierda, nunca dejará de ser vocera del statu quo, nunca será disruptiva y no estará en capacidad de convocar a los peruanos desalentados, irritados, disconformes con lo que se entiende como “el modelo”.
El secretario de la Sala Mixta de Abancay, Ebert de la Vega Chirinos, también está en la mira del Ministerio Público. Este funcionario mantuvo decenas de comunicaciones con Jorge Chávez Sotelo en 2019. Los investigadores tienen información de que recibió dinero de los abogados a través de su colega Karin León, mencionada líneas arriba.
El trato era similar con Alan Velasquez Huillca, secretario del Juzgado Mixto Grau-Chuquibambilla, de Apurimac. Jorge Chávez lo tenía registrado como ‘Alan’ en su teléfono. Ambos sostuvieron conversaciones entre noviembre del 2018 y febrero del 2019. Según el documento judicial que ordena el allanamiento de su casa, en estos mensajes “se habla de temas referentes a transferencias de dinero que se realizan al secretario judicial a través de una cuenta de ahorros del Banco de la Nación a su nombre”.
La información que maneja la fiscalía es que ese dinero fue entregado por Julio Paniura Moscoso, trabajador de Chávez, “en contraprestación a la agilización de la expedición de resoluciones judiciales favorables en los casos patrocinados por Chávez que se siguen contra Las Bambas”.
De hecho, el 20 de diciembre del 2018, Jorge Chávez exhortó a Velásquez a que haga lo posible para que se emita un fallo favorable a uno de sus patrocinados, nada menos que Javier Ochoa Núñez, actual presidente de la comunidad de Huancahuire. Le dice “que le iba a reconocer ese trabajo”. Según la fiscalía, ese mismo día se expidió la primera resolución del expediente 124-2018 que admitía la demanda.
Nos comunicamos al teléfono de Frank Chávez Sotelo, para buscar su versión de los hechos aquí narrados, pero al cierre de este informe no hubo respuesta. En los números de las empresas relacionadas a los hermanos nadie responde.
UN PERSONAJE VIGENTE
Javier Ochoa Núñez, presidente de la comunidad de Huancahuire, también es investigado por la fiscalía especializada contra el crimen organizado.
Precisamente, los investigadores también descubrieron que Javier Ochoa, el presidente de la comunidad de Huancahuire, le transfirió S/260,000 a Frank Chávez. Así se lee en la documentación judicial revisada por Sudaca. La hipótesis es que esa plata era el pago para los operadores de justicia. Su casa fue allanada esta semana.
Núñez sigue ocupando el cargo hasta hoy y ha sido protagonista de las últimas acciones de su comunidad contra la empresa. En mayo pasado, Ochoa demandó dejar sin efecto el estado de emergencia como condición para participar en la mesa de diálogo con representantes del Gobierno y de la minera.
La acusación fiscal en su contra agrava el conflicto entre las comunidades y la minera, y no permite ver con claridad las demandas justas de las comunidades. Los pobladores de Huancahuire vienen reclamando en estos momentos por la ampliación de las operaciones de Las Bambas. Denuncian que la empresa opera en el lugar inconsultamente y que contamina el medio ambiente. Sin embargo, desde el 2013, Huancahuire ha recibido más de S/170 millones justamente por la cesión de sus tierras. Intentamos comunicarnos con el dirigente y su abogado, pero no hubo respuesta. Esperemos que en esta nueva parte del conflicto asesores corruptos y dirigentes cómplices no se roben el protagonismo.
Todas las encuestas ratifican que aquello que más mortifica al pueblo peruano es la corrupción, seguida de la delincuencia, frente a la que el gobierno ha mostrado su incapacidad -en ello no se distingue de sus antecesores, valga decirlo-, y el alza del costo de vida, frente al que el régimen no ha sabido reaccionar a tiempo. Todos los ingredientes mencionados en este combo de irritación los suma el gobierno actual, con desparpajo e ineficacia insolente.
No saldrán las calles, pues, en su defensa, sino para echarlo del lugar al que nunca debió llegar y colocarlo en el que se merece, que es la cárcel, por haber sido cabecilla de una organización criminal, instalada con precocidad en las cumbres del poder palaciego.
-La del estribo: soberbia actuación de Ebelin Ortiz y magnífica producción y dirección, en la obra El ocaso de una estrella, sobre los tiempos finales de la extraordinaria Billie Holiday (su último concierto en Filadelfia). Va hasta el 19 de setiembre en el entrañable Teatro Ricardo Blume.
Héctor Lazo Cuba es contador y padre de dos niñas de seis y tres años. Busca que le otorguen la tenencia de ambas. La madre no deja que Lazo las visite, a pesar de contar con un régimen establecido. La historia también incluye acusaciones de violencia.
Una de las primeras agresiones físicas ocurrió, recuerda Lazo, cuando estaba bajando las escaleras con su hija mayor en brazos. Se dirigían al parque y de pronto “la señora salió corriendo y me rompió un muñeco de plástico en la espalda”, dice.
En el 2019, los ataques alcanzaron un nuevo nivel: Héctor Lazo denunció a su entonces esposa por apuñalarlo en la espalda con un lapicero. Un documento judicial que le otorgó medidas de protección confirma el daño: “Los resultados de la evaluación física y psicológica del denunciante concluyen que presenta signos de lesiones traumáticas corporales recientes y evidencia afectación emocional”.
Esta fue la gota que derramó el vaso y el motivo por el que el padre pidió el divorcio. Como en el caso de Jorge Romero, a pesar del antecedente de violencia, en la conciliación le dieron a la mamá la tenencia de las dos pequeñas y a él un régimen de visitas. En lo que duró este proceso, Lazo no pudo ver a sus hijas. “No pude ver a las niñas por ocho meses. Me enteré del nuevo domicilio de la madre cuando en los documentos del juzgado me llegó su dirección. Fue terrible porque en ese tiempo no sabía cómo estaban”, cuenta.
A pesar de que Héctor se divorció de su esposa porque esta lo apuñaló con un lapicero, le dieron la tenencia de las dos niñas a la mamá. Hector solo tiene un régimen de visitas y denuncia que su exesposa maltrata a su hija mayor.
Cuando él se fue de la casa, quien se llevó la peor parte fue su hija mayor -a quien llamaremos ‘Ariana’ para proteger su identidad-, de seis años. Según Lazo, ella le contaba que sufría agresiones físicas y psicológicas, pero en la comisaría no mostraron interés en ayudarlo. Uno de los policías le dijo que debía llamar al 105 para pedir ayuda. Cuando Lazo lo hizo, al otro lado de la línea le dijeron que vaya a la comisaría. Al final, debido a la insistencia, un efectivo lo acompañó a casa de su exesposa a buscar a Ariana.
“Llegamos a la comisaría e increíblemente hicieron que mi hija pase al médico legista con la mamá, con la agresora. Como no había lesiones graves, me dijeron que no podían hacer nada y todo quedó ahí. Yo me quedé como ‘¿Qué hago ahora?’”, cuenta el padre.
El problema se repitió, pero ahora con la niña llorando encerrada en el baño de la casa, mientras la mamá golpeaba la puerta y gritaba. Nuevamente, Lazo acudió a la comisaría para pedir ayuda. Esta vez, para que le hagan caso, llevó un video donde se veía a la mamá gritándole a la niña y jalándole el cabello. El archivo también fue revisado por Sudaca y confirma la versión del padre.
Captura de pantalla del video donde se ve a la madre de Ariana gritarle y jalonearla del cabello. La asustada niña permanece a un lado cubriéndose la cabeza.
Consultada por este medio, la madre denunciada acepta la veracidad del video. “El papá me ha acusado a mí por un video que ocurrió en agosto del año pasado. Él ha difundido que yo soy una madre violenta. Está vengándose porque yo lo boté de la casa”, dice en su intento por defenderse.
Aunque un policía lo acompañó a la casa de la mamá, al final no hicieron nada porque la señora se negó a salir. “No, señor. No puedo entrar porque no escucho gritos, no escucho nada», asegura Lazo que le dijo el efectivo cuando él le pidió que ingresara a la casa. Incluso, cuenta que deslizaron la idea de que estaba haciendo problemas “porque no quiere pasar pensión alimenticia”.
En enero de este año, Lazo volvió a denunciar a su exesposa por maltrato psicológico, también contra Ariana. El Juzgado de Familia resolvió otorgar medidas de protección a la menor y ordenó a la mamá a “no realizar cualquier acción que cause daño” a su hija. Además, se le ordenó tomar terapia psicológica. La lucha judicial continúa para ver quién se queda con la custodia de las dos menores.
Lazo dice que, para poder denunciar a la madre por violencia física, los policías le han dicho que su hija debe “tener el ojo morado, haber perdido un mechón de pelo o moretones”. “Pero como no tiene nada de eso, no puede pasar por el médico legista. Eso es precisamente lo que quiero evitar. La violencia es gradual. Conmigo empezó así”, apunta.
“TE QUIERO, PERO NO TE RECUERDO”
José -quien pidió mantener su nombre en reserva- se separó de su esposa en el 2011. Su hija tenía apenas un año. Desde entonces, verla o conversar con ella se convirtió en toda una batalla.
A pesar de tener un régimen de visitas, muchas veces la madre no permitía que José salga con la menor. Prueba de ello son las más de 50 constataciones policiales donde se deja evidencia que fue a la casa de su expareja y no le entregaron a su niña. “Mi hija tiene el derecho de crecer con sus dos padres”, sostiene él.
Las pocas veces que sí le dejaba salir con su hija, no podía demorarse ni un minuto en llevarla a casa de nuevo porque la mamá se enojaba y le reclamaba. “A veces íbamos al cine y teníamos que salir a la mitad de la película porque me empezaba a llamar para decirme que teníamos que regresar en ese momento”, continúa.
Incluso, cuenta José, la mamá de su hija llegó a tal punto que le negó cualquier contacto con el colegio de la niña. Según un documento de la institución, en el 2019 la mamá presentó una solicitud donde pedía ser la única apoderada que podía acercarse al colegio. Por ello, cuando José asistió a una reunión de padres, fue expulsado de la escuela.
En la pandemia, la poca comunicación se hizo aún más escasa. José explica que su hija no tiene celular, pues la mamá no se lo permite. Tampoco puede llamar al número de la madre o mandarle mensajes, porque ella no le responde. “Una vez tuve el atrevimiento de llamarla para preguntarle por mi hija porque por mensajes no me contestaba. Me dijo: ‘este es mi teléfono personal, no tienes por qué llamarme’”, cuenta. Su única manera de hablar con la menor es a través de correo electrónico.
Lo que más lamenta José es no haber disfrutado crecer junto a su hija. “Mi hija ya tiene 12 años y me dice: ‘Papá, yo te quiero mucho porque eres mi papá, pero no te recuerdo tanto’. A mí me duele. ¿Cómo le puedes explicar a tu hija que no estás con ella no porque no la quieres, sino porque su mamá no me lo permite?”, comenta.
Lo que anhela es recuperar el tiempo perdido. “Yo como padre no sé llevar a mi hija al colegio. Nunca estuve en sus primeras palabras, no supe cómo creció, no la vi en su primer día de colegio. Son cosas que me he perdido por culpa de la ‘justicia’”, reclama.
José sabe que, en su caso, es tarde para pedir una tenencia compartida porque su hija ya está grande. Pero le hubiese gustado tener esa opción. “Cuando me enteré del proyecto de ley de tenencia compartida, me agradó la idea. Si la primera opción del juez hubiese sido eso, creo que este maltrato no habría ocurrido”, apunta.
El proyecto de ley al que hace referencia tiene como objetivo que el niño pueda disfrutar de ambos padres. Actualmente es promovido por Fuerza Popular y se encuentra en las comisiones de Mujer y Familia, y de Justicia y Derechos Humanos, a la espera de ser debatido. La propuesta establece, además, sanciones a aquellos que obstruyan el régimen de visitas y busca que no se le hable mal a los hijos sobre los padres.
La abogada María Espinoza Muñoz explica que actualmente “hay un uso abusivo de la tenencia”. Lo que ocurre, según la especialista, es que, cuando uno de los progenitores tiene la tenencia exclusiva de los hijos, el otro padre -normalmente con un régimen de visitas- se encuentra en una situación de desventaja. Por lo general, como hemos señalado, es la madre a quien se le otorga este “privilegio”.
Lo que hace, entonces, la tenencia compartida, es reivindicar que “ambos progenitores tengan los mismos derechos y obligaciones con sus hijos”, asegura la abogada.
