Lo cual conlleva a que las fuerzas del orden traten de restaurar “la paz social” de manera desproporcionada, sin mayor control y violando los derechos de las personas que se movilizan. Por eso, el gobierno no condena el accionar de la policía nacional sino le agradece por su “inmenso sacrificio y profesionalismo” (Otárola) y resalta su actuación “inmaculada” como lo hizo la presidenta Boluarte. Afirmaciones que pueden ser interpretadas como un claro respaldo y anuencia hacia el desempeño de la policía y el Ejército.
La no condena de la represión policial y militar violatoria de derechos humanos y la deshumanización recurrente de quienes protestan hacen presumir que al gobierno de Boluarte y al Congreso poco o nada les importa la muerte de nuestros conciudadanos. Por el contrario, pareciera que la administración de la muerte es hoy una política de Estado, la cual es utilizada como un mecanismo más para intentar salvaguardar “el orden y el estado de derecho” y como un mecanismo de control y de silenciamiento de aquellos que exigen la renuncia de la presidenta y de la convocatoria a elecciones generales. Una “necropolítica” que debe ser cuestionada y condenada en defensa de la vida. Nada, absolutamente nada justifica la muerte de quienes ejercen su legítimo derecho a la protesta y menos que sea legitima.
*Fotografía perteneciente a terceros
