El pasado 23 de agosto, el congresista de Perú Libre, Jaime Quito, escribió en Facebook: “¡Ya tenemos Oficina Descentralizada en #Arequipa! Pueden visitarnos en la calle Mercaderes 413. Desde este espacio, coordinaremos todo apoyo que se pueda dar al pueblo arequipeño en el marco de mis funciones parlamentarias y también será un punto más para poder avanzar recolectando las firmas por la #NuevaConstitución”.
Quito, promotor oficial de la campaña de recojo de firmas, se refería a una oficina alterna a la de su despacho parlamentario, que ocupa en una antigua casona de la ‘Ciudad Blanca’. Le preguntamos a un asesor si es que el legislador alquila el inmueble, pero no nos dio respuesta. Pero, ¿qué ocurre si se convierte en un centro donde, a cambio de firmas, el parlamentario preste favores o atienda con prioritaria conveniencia las demandas de ciertos ciudadanos? ¿Qué ocurre si alrededor de las rúbricas se tejen redes de clientelismo? El abogado especialista en derecho electoral, Jorge Jáuregui, señala que allí únicamente podría intervenir la comisión de Ética del Parlamento.
Y es que en el camino por la Nueva Constitución no hay ley de neutralidad que aplique. Jáuregui asegura que actualmente no existe una normativa que regule un proceso de campaña preelectoral. Y la recolección de firmas es precisamente eso: un proceso previo.
El abogado apunta que la Ley Orgánica de Elecciones sólo regula la neutralidad de las autoridades políticas en los “actos electorales”, es decir, cuando ya se haya convocado el eventual referéndum.
En comunicación con Sudaca, sin embargo, el congresista Jaime Quito dio un paso atrás en su propuesta de utilizar el inmueble para recolectar las firmas. “En mi oficina no [se recolectará firmas]. Hay locales del partido, la gente misma en sus casas [lo hace]. No es necesario un local. Algunos se organizan y van a los mercados donde hay concentración ciudadana”, dice.
No es el único congresista que promueve activamente la campaña. La semana pasada, el oficialista Guillermo Bermejo publicó en su cuenta de Facebook: “Asistiendo al lanzamiento e inicio de la recolección de firmas para el referéndum por la Asamblea Constituyente en la provincia Huaura. Venceremos”. No era semana de representación y Bermejo no es representante de Lima Provincias. También hay fotos, que ha posteado en su cuenta de Facebook, en las que se le ve en Puente Piedra, Caylloma (Arequipa) y Huanta (Ayacucho), en actividades similares.
La congresista de Juntos por el Perú Sigrid Bazán es otro rostro visible de la campaña. El fin de semana estuvo en Cusco, desde donde tuiteó: “Primero fue Piura y luego Ayacucho, hoy le tocó a Cusco ser escenario de la Tercera Asamblea Macro Regional Constituyente. Desde hace unos meses abrimos estos espacios de conversación nacional para que la ciudadanía sea partícipe del enriquecedor debate camino hacia una Nueva Constitución”.
El impulso a la recolección cuenta también con el respaldo de parte del Ejecutivo. El pasado martes 14, la vicepresidenta y titular del Midis, Dina Boluarte, declaró a la prensa: “Nosotros en campaña hemos hablado que los cambios estructurales que hay que dar en el país para el bien de todos los peruanos pasan por un cambio de Constitución y estamos trabajando en ello. Estamos trabajando y recolectando las firmas para ese referéndum de una Asamblea Constituyente”.
Desde Perú Libre aseguran que la semana pasada se inició la campaña de recolección de firmas en Lima y Chiclayo. En Arequipa, Tacna, Puno y Ayacucho había empezado desde mediados de agosto. Los locales de Perú Libre, agrupación presente en todas las regiones del país, son puntos oficiales para adherirse a la iniciativa. El secretario general de organización del partido en Lima, Yuri Castro, ve con optimismo lo que puedan lograr en la capital: la meta de las 43 bases es recoger, hasta diciembre, 500.000 firmas.
CONTRAMARCHAS
El camino hacia la Asamblea Constituyente arrancó cinco días después de las elecciones, el pasado 11 de junio. En el local principal de Perú Libre, ubicado en la primera cuadra de la avenida Brasil, comenzó a planificarse la campaña. En ese cónclave, el secretario de organización nacional de Perú Libre -y uno de los investigados por el caso Dinámicos del Centro-, Arturo Cárdenas, aseguró a los participantes que no iba a haber moderación en su partido y que la promesa de campaña iba a cumplirse. Este hecho lo dio a conocer un informe de Sudaca.
Casi dos semanas después, el 23 de junio, los congresistas Jaime Quito y Guido Bellido, quien aún no estaba en los planes para el premierato, acudieron a la ONPE a adquirir un kit electoral para la recolección de firmas. Quito se inscribió como “promotor”, es decir, el responsable de la convocatoria; y Bellido, como “representante en Lima”.
El texto de ese kit electoral proponía que una vez recogido el 10% de firmas de la población electoral, que son 2,5 millones, el presidente Pedro Castillo debía convocar a elecciones en febrero del próximo año. El documento señalaba además que la Asamblea Constituyente iba a durar 10 meses, debía instalarse en marzo y sería conformada por 130 asambleístas. La pregunta a consultar era una sola: «¿Aprueba la convocatoria a Asamblea Constituyente encargada de elaborar la Constitución Política del Perú?».
Todo se iba a hacer sin que hubiera una reforma constitucional del artículo 206 de la actual Carta Magna, contrario a lo que exigen algunos constitucionalistas. El plan en ese momento era recolectar las firmas antes de que acabe el 2021.
RF-00000041-2021-ReferéndumPL by Juan C Chamorro
Este es el kit electoral N° 00000041 que fue adquirido por Perú Libre en agosto. Aquí figura el texto normativo que será puesto en consulta. El promotor es el congresista oficialista, Jaime Quito.
Pero al poco tiempo cambiaron esa pregunta por esta otra: «¿Está de acuerdo con la reforma total de la Constitución de 1993, a cargo de una Asamblea Constituyente, Popular y Soberana?».
Y en el camino hubo modificaciones más drásticas. El 12 de agosto, Jaime Quito volvió a acudir a la ONPE para adquirir otro kit electoral. La entidad electoral se lo entregó. El kit mantiene la pregunta, aunque con ligeros cambios («¿Aprueba usted la reforma total de la Constitución de 1993 a cargo de una Asamblea Constituyente, Soberana y Plurinacional?”). En este caso, el tiempo de duración de la Asamblea Constituyente propuesto es de 12 meses. No obstante, no se precisa una fecha para la convocatoria del referéndum, como sí ocurría en el primer caso.
Quito explica a Sudaca que la adquisición del segundo kit electoral se produjo debido a “un error de datos” en el primero y que tomó ese camino porque si hacía correciones, estas iban a tardar más tiempo. Confirmó además que la recolección de firmas se realiza con el segundo kit, donde Bellido ya no figura como representante por haber asumido el cargo de premier.
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En junio pasado, el partido del lápiz adquirió el primer kit N°00000040. El promotor era Jaime Quito y Guido Bellido, el representante.
El congresista no quiso precisar cuánto tiempo durará la campaña, bautizada como ‘Firma ya’. Solo adelantó que en los próximos días se conocerá el número de firmas que ha recolectado su partido hasta la fecha.
Quito señala que el objetivo de Perú Libre es que el presidente de la República convoque al referéndum apenas alcanzadas las firmas. Espera que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acate sin que se requiera modificar el mentado artículo 206.
Precisa, además, su propuesta es que la Asamblea Constituyente funcione paralelamente al Congreso, sin que este se cierre o disuelva. A su criterio, la fórmula para elegir a los 130 asambleístas es que una mitad se postule desde los partidos inscritos y la otra lo haga de forma independiente, desde organizaciones de la sociedad civil. Aunque está por definir los detalles.
Sobre el lugar donde deberá funcionar la Asamblea Constituyente, dijo que “son pormenores” que se irán discutiendo en su momento. “Como dicen: para hacer tortillas, primero hay que reventar los huevos”, apunta a Sudaca.
Pero la oposición ya empieza a cercarlos. La bancada de Alianza para el Progreso (APP) anunció al cierre de esta edición que solicitará investigar la iniciativa. «El tema de fondo es el uso de recursos públicos para este tipo de actividades. La pregunta es de dónde salen los fondos porque no es gratis. Hay spots en radios de provincias, en el norte. ¿Quién lo paga?», dice el parlamentario Eduardo Salhuana a Sudaca.
Por su lado, el congresista Jorge Morante (Fuerza Popular), integrante de la comisión de Ética, dice que su bancada evaluará presentar un pedido en este grupo de trabajo para indagar sobre la participación de congresistas en la campaña de recolección de firmas. El objetivo sería ver si están en su horario de trabajo, con licencia y el presupuesto que usan.
“Sabemos que en el Congreso, lo ha demostrado ya en todos los escenarios, hay en estos momentos una dictadura de los votos. Esto se ha reflejado el jueves último cuando han aprobado una ley que modifica los artículos 112 y 113 de la Constitución [referidos a la cuestión de confianza] con una interpretación auténtica», responde el congresista Quito.
El parlamentario oficialista negó que haya gastos millonarios en esta campaña, porque estos se centran en «sacar fotocopias a los planillones para las firmas». “No se necesita mucho dinero. La militancia se está articulando y está haciendo posible esta campaña”, comenta.
La asesora de Alta Dirección de la ONPE, Katiuska Valencia, dice a Sudaca que existe un “vacío legal” en la ley de participación ciudadana, puesto que no obliga a los promotores a reportar los gastos de campaña. Advierte además que su entidad no está obligada a publicar los planillones o los nombres de los adherentes con sus firmas. El experto en temas electorales José Tello señala que ese «vacío legal» es «peligroso» y podría acarrear incluso la figura de «lavado de activos». ¿Cómo se soluciona esto? Valencia responde que “con una modificación de la ley”, y su posterior reglamentación, que le dé facultades para supervisar los gastos del referéndum.
(*) Fotoportada: Darlen Leonardo
