Hemos señalado recientemente que una señal clara del gobierno en favor de la inversión privada sería que saque adelante los proyectos mineros de Conga y Tía María y que ello podría despertar de su letargo la confianza empresarial y la consecuente inversión.
No será necesario ir a mayores -como implicaría destrabar dos proyectos con enorme carga de conflictividad social-; bastaría con que el Ejecutivo coordine con el Congreso y logre la privatización de ese monstruo burocrático, que se roba los dineros de todos los peruanos, que es Petroperú.
Fitch le acaba de rebajar la calificación crediticia en consonancia con su quiebra fáctica. Apoyo Consultoría ha emitido un informe en el que sugiere cinco medidas concretas: 1.- Regresar temporalmente la empresa al Fonafepara designar al nuevo directorio, eliminar la interferencia política y mejorar el gobierno corporativo. 2.- Condicionar nuevas facilidades financieras, tanto garantías como reprogramación de deudas; 3.- Transparentar el Plan de Restructuración realizado por la consultora Arthur D. Little; 4.- No otorgar la operación de nuevos lotes petroleros a Petroperú, en particular el lote X; y 5.- Acelerar la incorporación de capital privado a Petroperú y evaluar su transferencia completa al sector privado.
A contramarcha de ello, el presidente del directorio de Petroperú dice que la empresa no tiene que divulgar su plan estratégico (plan de reestructuración), cuando es una obligación de cualquier gobierno corporativo de una empresa que cotiza en bolsa. Petrobrás y Ecopetrol lo tienen a libre disponibilidad en su página web, no hay ni que pedir el favor que lo compartan. ¿Qué se esconde?
Peor: Petroperú promete bajar el precio del combustible si el Estado se allana a sus irracionales pedidos de salvataje. Es pura demagogia. ¿Cómo lo va a hacer, si solo tiene ventas mayoristas -un 30% del mercado- y no maneja sus grifos, quienes solo alquilan el logo?
Es una desgracia que Fujimori, embelesado con su intento de re-reelección, haya abandonado el proceso de privatización de las empresas públicas que empezó la primera mitad de los 90 y que luego detuvo para evitar asperezas y lograr su cometido político. Por culpa de ello, tenemos que soportar la carga infame de Petroperú, Sedapal y Córpac, entre otras. Se anotaría un golazo el gobierno de Dina Boluarte si zanjara esa deuda histórica.
[PIE DERECHO] El concepto de empresas públicas es caro a la izquierda, por lo menos a la izquierda retrógrada que tenemos en el Perú y en casi toda la región, pero desde ningún punto de vista es un precepto de modernidad administrativa.
Sólo el afán de lucro puede lograr que actividades tan importantes, como la refinación de petróleo, su exploración y explotación, su transporte por el oleoducto, la provisión de agua potable o la administración de aeropuertos, hagan coincidir el interés privado con el buen servicio público.
Privatizar Petroperú, Córpac y Sedapal (además de todas las empresas municipales de agua potable del país), coadyuvará a que el Perú recupere una dinámica de inversiones capaz de evitar el derroche, el mal servicio y la corrupción (tanto empresarial como sindical) que hoy afecta a las empresas mencionadas, alejándolas de todo propósito social o de beneficio colectivo.
En estos temas ya no necesitamos entrar a discusiones ideológicas. Es un tema práctico gerencial. El sector privado es infinitamente más eficiente que el Estado para administrar empresas y su gestión le evita, además, a todos los peruanos el riesgo de que ante una situación crítica, sea el erario nacional (es decir, todos los peruanos) el llamado a meter la mano en el bolsillo y solventar las pérdidas, como es el caso actual de Petroperú y su escandalosa solicitud de nuevos desembolsos del fisco para seguir con vida.
Ya no debería ser motivo de debate que el mercado debe ser el gran motor de la economía y el Estado, no siendo débil, cumplir un rol regulador y ecualizador de las fallas del mercado (que sí existen, a pesar de la prédica en contrario de los libertarios). Ese es el Estado del siglo XXI que garantiza el desarrollo de las naciones.
Lamentablemente, ni la izquierda ni la derecha peruanas parecen tenerlo claro. Ambas parecen ancladas en el siglo pasado, planteando fórmulas anacrónicas. Se necesita de una nueva derecha y, con más urgencia, de una nueva izquierda, que sepan coincidir en lo dicho en párrafos anteriores y diriman sus diferencias en el perfil que le quieran dar a la función mínima del Estado y a la amplitud de políticas morales (aborto, drogas, políticas de género, etc.).
Si un libertario ultraconservador como Javier Milei ha logrado marcar la agenda y ganar elecciones en Argentina, un país con ADN peronista, es posible que en el Perú surja un candidato liberal que se atreva a decir las cosas claras, así suenen en principio impopulares y lograr su cometido de hacerlas arraigar. Algunos ejemplos:
1.- Privatizar Petroperú y vender la refinería de Talara (algo se podrá recuperar del despilfarro criminal cometido en su construcción). Es un horror que en un país sin mayores recursos fiscales se le otorgue a Petroperú lotes para exploración y eventual explotación.
2.- Privatizar Sedapal y las casi cincuenta empresas de saneamiento municipales, que lo único que han logrado es el reinado de corruptelas y ausencia de inversión. Resultado de ello: millones de peruanos pobres no tienen agua potable y pagan fortunas para conseguirla.
3.- Reducir la maraña burocrática ambiental que se ha construido alrededor de los proyectos mineros, haciéndolos o inviables o con una morosidad de ejecución de casi una década. El Perú es un país minero y necesita poner en activo los recursos inmensos de los que goza (Quilish, Conga y Tía María incluidos).
4.- Nuestro país es uno de los de mayor rigidez laboral en el mundo, alentando la informalidad rampante que sufrimos. Hay que flexibilizar esas normas, facilitando la contratación y el despido. Al final, va a ser en beneficio de los propios trabajadores. El populismo jurídico solo trae consecuencias negativas para los presuntos beneficiados.
5.- Derogar la obligatoriedad de aportes pensionarios a las AFP u ONP, y que ese aporte de las empresas vaya directamente a un aumento remunerativo de los trabajadores. Si se quiere establecer un régimen pensionario privado, que no sea gravando los sueldos. Es un despropósito mercantilista que hay que cortar de un solo tajo.
6.- Entregar directamente el canon minero a las comunidades. Se equivocó Keiko Fujimori cuando propuso hacerlo a los ciudadanos individuales. La cosmovisión andina exige recepción y procesamiento comunal. Se vería un beneficio tangible y se evitaría la corrupción terrible de los gobiernos regionales y locales.
Son solo algunos ejemplos de propuestas que, en un país dominado crecientemente por una narrativa anticapitalista, serían disruptivos. Es hora de romper la caja y hablar claro y sin tapujos. La ciudadanía premiará la sinceridad y desfogará los impulsos radicales que hoy solo derivan en favor de alternativas izquierdistas.
Según información de la Sunass, 3.3 millones de peruanos no cuenta con servicio de agua potable y 6.4 millones no tiene servicio de alcantarillado. ¡Una barbaridad ciudadana!
No solo hay un impacto evidente de esta carencia en la salud, educación y medio ambiente, sino uno directo en la generación de condiciones vitales de peruanos sin ciudadanía, sin sentido de pertenencia al Estado y, por ende, materia prima dispuesta para que cosechen los radicales antisistema.
Según información oficial, “en los hogares que cuentan con el servicio de agua potable, los casos de diarrea se reducen en 10% y si además tienen instalaciones sanitarias la tasa disminuye en 20%. Estudios también han corroborado que el acceso al agua potable y alcantarillado acorta en 13% la desnutrición crónica infantil, porque contribuye a prevenir las enfermedades diarreicas agudas”.
En materia educativa, “en el ámbito rural sólo 3 de cada 100 personas recibe agua adecuadamente clorada. Se ha comprobado que, en este ámbito, al acceder a los servicios de saneamiento, un grupo de estudiantes mejoraron sus calificaciones, se enfermaron menos y no faltaron a clase”.
Todo este problema se debe, en gran medida, a que es el Estado el responsable de la cobertura de agua y alcantarillado. Fujimori entró en pánico cuando suspendió la ola de privatizaciones, que empezó a inicios de los 90, y dejó Sedapal y las empresas municipales en manos de los gobiernos central o locales responsables (y Petroperú campante).
Hoy, como era de esperarse, las empresas no tienen los capitales para invertir en obras que permitan aumentar los recursos y la consecuente cobertura, sobre todo a los mercados menos rentables (zonas populares y zonas rurales), que una empresa privada, con la debida regulación y supervisión (que no debería dejar de existir), sí podría brindar rápidamente.
Una deuda social inmensa se mantiene viva y lo grave es que inevitablemente conlleva efectos políticos como los señalados. Mientras la brecha de servicios básicos se mantenga (agua, salud, educación, infraestructura, etc.), no habrá ciudadanía activa y, en consecuencia, seguiremos siendo una democracia incompleta y fallida.
Y así, puede haber decenas de ideas que un buen candidato de derecha plantee, marque la agenda, se enfrasque en dura polémica con la izquierda y, sobre todo, le dé un tono antiestablishment a una campaña en donde ese talante va a ser dominante, por obra y gracia del colapso del Estado que Castillo nos va a dejar como su mayor herencia política.
Candidatos políticamente correctos, aguachentos, acomodados al lugar común, serán desbordados por las demandas populares de cambios importantes y su derrota será segura. Hay que arrebatarle esas banderas antisistema a la izquierda y la derecha tiene suficientes argumentos ideológicos para hacerlo.
Backus, hoy propiedad de la transnacional belga AB InBev, se acaba de ahorrar S/340.372,74 por el agua subterránea que usó en junio del 2012. El mes pasado, con los votos de Augusto Ferrero, Manuel Miranda y Ernesto Blume, el Tribunal Constitucional le dio la razón a la cervecera más grande del país en un largo proceso contra Sedapal. Dicho fallo, sin embargo, no quedará acotado solo a un mes. La compañía empleó el mismo criterio legal para cuestionar los pagos durante un periodo mucho más largo: del 2010 al 2015.
Según Sedapal, la controversia se saldó recién en agosto del 2015, cuando entró en vigencia un decreto legislativo que zanjaba años de discusiones sobre el tema. En total, entonces, ¿cuánto le ganaría la cervecera a las arcas públicas desde el 2010 hasta la aparición de aquella norma?
Sedapal no respondió esta pregunta. Pero un cálculo rápido nos ayuda a ponerlo en perspectiva: si ampliamos la cifra perdonada de junio del 2012, Backus se ahorraría aproximadamente S/20 millones por agua subterránea en esos años. De hecho, desde Sedapal señalan que, del 2015 en adelante, la cervecera desembolsa S/6 millones anuales por dicho recurso.
¿Los cinco años anteriores? El agua usada por Backus podría ser gratuita gracias al TC. En un país como el Perú, donde hay más de 7 millones de ciudadanos sin agua potable, según cifras del INEI, eso no es poca cosa.
“Se acumula el agua en tan pocas manos, que tenemos que despojar a una población de este recurso. Se prioriza dar agua para fines comerciales cuando hay otras comunidades más pequeñas que necesitan abastecerse de agua”, critica el ingeniero Juan Víctor Béjar Saya, especialista en temas hídricos e investigador en gestión social del agua. A continuación, la historia.
De izquierda a derecha: Ernesto Blume, Manuel Miranda y Augusto Ferrero. Los tres magistrados votaron a favor de Backus en la controversia sobre la tarifa por el agua subterránea.
DIFERENCIAS
En la asociación de vivienda La Nueva Rinconada, en San Juan de Miraflores, los vecinos no tienen agua potable. Para que el comedor popular de la zona pueda abastecerse del líquido y ayudar a las 45 familias que la conforman, deben comprar el agua a los ‘aguateros’.
Antes de la pandemia, cada tanque de 1.100 litros les costaba S/25. Duraba tres días. Ahora les están dando el agua gratis, pero solo hasta que termine diciembre. Ya les han avisado que a partir del próximo año volverán a pagar por un recurso que, muchas veces, no es apto para el consumo. «El agua no viene tan limpia, a veces encontramos pajitas o restos de pintura seca”, se queja una de las vecinas.
En el extremo opuesto de la capital, las 40 familias que viven en el centro poblado “Shalom Maná”, a la espalda del penal Castro Castro, en San Juan de Lurigancho, son otro ejemplo de precariedad. Todos los jueves, se turnan desde la madrugada para recolectar el agua de un caño público que está instalado en una comunidad vecina. Cada familia paga S/25 mensuales, pero a veces no logran abastecerse lo suficiente.
“En total somos ocho comunidades que no tenemos agua y a veces con lo que recolectamos en nuestra agrupación no nos damos abasto para la semana”, cuenta Ninan Gamonal, presidenta de la olla común de Shalom Maná.
Sudaca hizo un cálculo teniendo en cuenta la capacidad de los tanques y las semanas de consumo. El resultado es que cada familia (de dos miembros a más) tiene que conformarse con 8,8 m³ de agua al mes, en el mejor de los casos. En el peor, solo pueden recolectar la mitad de esa cifra. Según el INEI, en Lima el promedio de consumo para una sola persona es de 7,5 m³ mensuales.
Nada de esto se compara con los más de 263.000 m³ del subsuelo peruano que Backus usó solo en junio del 2012 para elaborar gaseosas, cervezas y aguas embotelladas. Sedapal emitió seis resoluciones para que la empresa pague por haber usado aquel recurso, pero la hoy subsidiaria de AB InBev llevó el caso ante el Tribunal Fiscal (un organismo del Ministerio de Economía que es la última instancia administrativa para decidir la validez de cobros tributarios y multas).
El argumento de Backus fue que había precedentes de que esos cobros eran inconstitucionales. La compañía reconoce a Sudaca que, así como la de junio del 2012, impugnó las resoluciones de Sedapal entre el 2010 y el 2015.
INTERPRETACIONES
¿Por qué Backus argumentó la inconstitucionalidad de aquel cobro? En sencillo: la controversia gira en torno a si el agua subterránea se debe pagar como un tributo o como una retribución económica por el uso del recurso natural. La cervecera se ha beneficiado de la inconstitucionalidad de la primera interpretación.
Para calcular la tarifa por el agua subterránea, Sedapal se basó en un decreto supremo -el cual regula a un decreto legislativo- que dio pie a interpretar que el dichoso cobro era un tributo. Y según anteriores sentencias del Tribunal Constitucional (a favor de Gloria, el Jockey Club y la Compañía Inmobiliaria los Constructores), cobrar por el uso del agua en calidad de tributo era inconstitucional porque ello debía estar explícito en el decreto legislativo y no regulado solo en un decreto supremo.
Tomando en cuenta los fallos previos del TC, en diciembre de 2012 el Tribunal Fiscal le dio la razón a la cervecera. ¿Qué implicancias tuvo esto? Que se deje sin efecto la cobranza de los más de S/340.000 que Sedapal le requirió para junio de ese año.
Desde entonces, Backus y Sedapal se enfrascaron en una batalla judicial que ha durado casi 10 años. La cervecera, de hecho, perdió en la vía judicial. El 2017, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema emitió una sentencia en la que señaló que, más allá de la discusión de si el pago por el uso del agua subterránea es o no un tributo, “Sedapal está autorizado por la ley para realizar el cobro correspondiente, por ser un recurso natural”.
Luego de que el Poder Judicial le diera la razón a Sedapal, la cervecera no se quedó de brazos cruzados. Tras las apelaciones de rigor, en septiembre de este año llevó el caso hasta el TC.
En noviembre de este año, con los votos de Ferrero, Miranda y Blume, el TC resolvió anular la sentencia del Poder Judicial. Marianella Ledesma y Eloy Espinoza-Saldaña, por su parte, votaron para que la demanda interpuesta por Backus sea declarada improcedente.
El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda interpuesta por Backus, perdonándole así una deuda de S/340.000.
El principal argumento de Ledesma fue que los jueces que vieron el caso sí revisaron lo establecido anteriormente por el TC y que, al mismo tiempo, explicaron adecuadamente sus razones para que Backus asuma “el costo del aprovechamiento del recurso natural”.
Espinosa-Saldaña sostuvo, a su vez, que el Poder Judicial era competente para resolver estos temas y que en el caso de Backus no correspondía aplicar el mismo criterio que las anteriores sentencias. Además, advirtió que el voto mayoritario de los otros tribunos traería repercusiones con casos similares que tuviesen que ver con el pago de la tarifa del agua subterránea. En otras palabras, marcaría un mal precedente. En el caso de Backus, favorecería al resto de sus impugnaciones del periodo 2010-2015.
“Ha habido todo un debate sobre este tema. Muchas empresas han llevado a juicio a Sedapal para no pagar, porque ha habido vacíos legales que se los permitieron. Normalmente sí se debe pagar por esto”, dice Aldo Cárdenas Panduro, especialista en recursos hídricos y exconsultor de la Autoridad Nacional del Agua.
De hecho, aunque el problema de la constitucionalidad del cobro se zanjó en el 2015 gracias al nuevo decreto legislativo que regula el uso del recurso subterráneo, varios casos anteriores a este año siguen en disputa, según dijo a Sudaca Francisco Dumler Cuya, presidente del directorio de Sedapal.
Consultada por Sudaca, Backus respondió que no es correcto hablar de montos impagos porque en el 2009 «el Tribunal Constitucional determinó que los cobros eran ilegítimos e inconstitucionales”. Además, recalcó que lo que hizo ahora el TC fue reafirmar su posición de que “Sedapal no puede cobrar tarifas como tributo por uso de agua subterránea, puesto que el Decreto Legislativo 148 y su Reglamento [el Decreto Supremo No. 008-82-VI] en el que se basaba es inconstitucional”.
Agregaron que, a la fecha, seguirán realizando “los pagos que por derecho de uso de aguas subterráneas le corresponde”.
SOSTENIBILIDAD
“Normalmente no se prioriza el agua para uso poblacional. Eso se puede ver en la construcción de las ciudades, zonas donde no llega el agua potable y son alimentadas por cisternas o tienen que abastecerse ellos mismos. Hay una problemática en el acceso equitativo al agua”, dice el ingeniero Béjar Saya, experto en la gestión social del agua.
Cárdenas Panduro, exconsultor de la ANA, explica que aproximadamente el 20% del total del agua poblacional de Lima viene del subsuelo. Y si es que hubiese escasez de agua superficial –aquellas que se encuentra en ríos, lagos, estanques–, el porcentaje de agua subterránea para uso poblacional aumentaría hasta un 60%.
“Por eso es importante cuidarla y regular su uso, porque el agua subterránea es la próxima fuente de reserva de agua natural si es que se acaba el agua superficial”, sostiene Cárdenas.
Pero la explotación de este recurso natural no solo tiene implicancias en el acceso desigual del agua, sino que la sostenibilidad de los ecosistemas también está en riesgo. “Si yo extraigo el agua de un lado, estoy quitando agua a otro lugar”, explica Béjar. Y en esa lucha por el agua, hay claros vencedores y vencidos.
Han pasado casi tres años desde que cientos de vecinos de la zona de Los Tusilagos, en San Juan de Lurigancho, vieron sus viviendas inundadas por primera vez. Fue un aniego enorme causado por la ruptura de un colector de desagüe. En aquella oportunidad, el Ministerio de Vivienda señaló como responsables a la tardía respuesta de Sedapal, y a las empresas contratadas para el mantenimiento y reparación de aquellos colectores: la española Acciona Agua y H&M Servicios Industriales.
Sin embargo, aspectos claves de lo ocurrido no se conocían hasta hoy. Diversos documentos revelan que Sedapal exoneró de responsabilidad a Acciona Agua S.A, al no exigirle que termine con la reparación de una tubería dañada en el colector ubicado en la zona de Canto Grande. Una tarea que estaba estipulada en el contrato, pero que ninguna de las partes cumplió.
Por el contrario, tomaron la decisión de apartar a la compañía del lugar, apuntalando una coartada pública que este medio desmontará a continuación.
Según el contrato firmado entre Sedapal y Acciona Agua en el 2017, las funciones que debió cumplir la empresa española eran «el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de alcantarillado». Es decir, el desatoro, la reparación de rupturas, el reforzamiento de tuberías, la limpieza mecánica y otros aspectos necesarios para el buen funcionamiento de los colectores. La autoridad a cargo de supervisar el servicio de la empresa contratada era Yuri Sanchez, actual jefe del Equipo de Recolección Primaria de Sedapal y presidente del comité que le dio la buena pro a la empresa española.
El contrato también indica que Acciona Agua daría mantenimientos a colectores de aguas residuales con diámetros entre 350 a 2.400 mm (milímetros). La tubería afectada del colector tenía 1.500 mm, por lo tanto se encontraba dentro del rango de responsabilidad y aplicación de trabajo establecidos en los términos de referencia.
Parte del contrato entre Sedapal y Acciona donde se aclara que toda negligencia o deficiencia en el trabajo será responsabilidad del contratista.
RED DE MENTIRAS
El 2 de enero de 2019, Sedapal informó a la Municipalidad de Lima que iniciarían labores de rehabilitación de un colector en La Huayrona. Las obras, anunciaron, estarían a cargo de Acciona por el lapso de un mes.
Pero apenas iniciado el trabajo, el 3 de enero, Sedapal le pidió a Acciona retirarse del lugar y contrató, mediante un seguro del Estado, a la empresa H&M Servicios Industriales para que acudiese de emergencia a la zona. Así quedó registrado en un correo, donde Yuri Sanchez, funcionario de Sedapal, alertaba de una avería en el colector de Canto Grande, ubicado a pocos metros del de La Huayrona. ¿Qué había pasado?
Lo sabríamos poco tiempo después de la madrugada del 13 de enero, cuando ocurrió el aniego. En ese momento Sedapal admitió que se dio debido a un “represamiento” -un atoro- en el colector Canto Grande. El Colegio de Ingenieros precisaría un mes después, en un informe, que el colector tenía un forado en su superficie que permitió el ingreso de «una gran cantidad de conglomerado».
“El aniego fue un proceso que se incubó a lo largo de varios días. Se inició el 3 de enero de 2019 y derivó en el atoro del 13 de enero de 2019”, señaló la entidad. Es decir, que los trabajos en La Huayrona dañaron al otro colector, el que generó la inundación.
Sedapal nunca responsabilizó a Acciona por este hecho. Lo extraño es que la empresa estatal tampoco emplazó a su contratista para que -como lo estipula su contrato- repare la tubería dañada. Oficialmente todo quedaba en manos de H&M. Y a eso apuntó la empresa española.
Correo enviado por Yuri Sánchez para la activación de un seguro para reparar una tubería que se encontraba en el rango de responsabilidades de Acciones Agua.
En una nota periodística del diario Gestión, Acciona señaló que no habían tocado el mentado colector y que sólo estuvieron los días 2 y 3 de enero realizando trabajos en la zona. Es decir, desviaron la atención hacia H&M.
Las versiones de la empresa y Sedapal coincidían. Pero diversos correos enviados a Yuri Sanchez, jefe del Equipo de Recolección Primaria de Sedapal, evidencian que mintieron y que Acciona sí estuvo trabajando en el lugar por más tiempo.
Cuatro correos demuestran que en los días 07, 09, 10 y 11, dos días antes del desastre, la empresa Acciona Agua continuaba en la zona del tubo afectado. Es decir, no se retiraron como aseguraron a los medios. Este es uno de ellos.
Los días 7, 9, 10 y 11 de enero, el equipo de seguridad de Sedapal reportó que en el lugar del desastre se encontraba trabajando personal de H&M y también de Acciona. Además, se comunicó que ningún trabajador de la empresa estatal se encontraba en la zona supervisando los trabajos, una falta grave de la institución. Dos días después, San Juan de Lurigancho estaba cubierta de excrementos.
Otro de los correos que muestra que Acciona siguió trabajando en el lugar, según informaron a Yuri Sánchez funcionarios que llegaron al lugar. Sudaca tuvo acceso a todos los correos.
El exministro de Vivienda, Carlos Bruce, señala a Sudaca que, si Sedapal le ordenó a Acciona Agua que se retire, como aseguran en la nota de Gestión, la empresa no debió haber estado los demás días en el lugar del colector dañado.
Bruce recuerda el informe del Colegio de Ingenieros “en el que se demuestra el ingreso de materiales, piedra, basura a las tuberías del colector Canto Grande por la ruptura”. “Acciona Agua debió limpiar eso y no ocultarlo con una tabla, como indica el informe final», asegura.
Asimismo, Christian Castillo Luna, experto en contrataciones del Estado, señala que, si Sedapal decidió retirar a la empresa del trabajo en los colectores primarios, debió de cancelar el contrato por incumplimiento y ejecutar cartas fianzas. “Lo que me preocupa es por qué no se resolvió ese contrato, porque había daños que pagar”, agregó Castillo Luna.
El abogado apunta que la negligencia de Sedapal es evidente. “Al resolver el contrato, la española debía ser sancionada por el OSCE y, al suceder esto, la empresa ya no podría contratar más con el Estado, menos con Sedapal. Como que los han protegido con ese tema”, añade.
Sudaca se comunicó con el funcionario Yuri Sánchez, el protagonista de los correos, pero no quiso participar de este reportaje. También nos comunicamos con el área de prensa de Sedapal y enviamos un pliego de preguntas que no fueron respondidas. Con la empresa española tampoco hubo suerte. Este medio envió preguntas a la gerencia de proyectos, pero al cierre de esta edición ninguna fue resuelta.
La empresa Acciona, involucrada en el desastre que mantuvo bajo aguas residuales y por varios días a cientos de vecinos de San Juan de Lurigancho, continúa aún contratando con el Estado. En total son once contratos, de los cuales diez son con Sedapal por montos cercanos a S/1.000 millones. El negocio de la compañía española sobrevive en nuestro país gracias a la empresa pública de agua y desagüe.
Apenas sienten el sonido del motor, niños y adultos abren las polvorientas puertas de sus casas con una sonrisa y balde en mano. Hay un ambiente de carnaval, pero es todo lo contrario. Acaba de llegar un camión cisterna que recorre por primera vez la trocha carrozable hacia Shalom Maná, el centro poblado que alberga a 40 familias y que llevan más de una semana sobreviviendo a la escasez de agua potable en las alturas de San Juan de Lurigancho. Una de las vecinas ha tenido que ir en busca del vehículo que ha contratado Sedapal para proveer de agua a los vecinos del distrito más grande del país.
Shalom Maná está asentado sobre un terreno eriazo al que se llega pasando el penal Castro Castro, unos 20 minutos manejando cerro arriba. Las únicas veces que los vecinos han visto subir camiones ha sido para botar desmonte en un terreno que colinda con sus tierras.
Hace nueve años que llegaron a esta ladera inmigrantes provenientes de diferentes regiones del país. El agua, hasta hace una semana, era suministrada por un pilón, un caño público instalado en una comunidad aledaña que recibe agua de Sedapal. Cada jueves, desde la madrugada, los vecinos se turnaban para ir a recolectar el líquido en recipientes. Todo por una tarifa plana de S/25 soles mensuales, cuentan a Sudaca.
Pero desde el pasado 4 de enero, el pilón del que sacaban el agua está seco. Sedapal informó de un aniego de aguas servidas en el cruce de las avenidas Tusilagos y Próceres de la Independencia, a unos siete kilómetros de este pueblo joven. La rotura ocurrió debido a trabajos en su «Sistema Alterno de Emergencia». Hace más de dos años, sufrieron una situación similar, cuando otra tubería se rompió debido a las obras en la estación del Metro de Lima.
El incidente ha provocado que el distrito se quede sin servicio de agua potable. Y la oferta, que llega en camiones cisterna, no es suficiente para satisfacer la demanda. “Al inicio no estábamos tan preocupados porque teníamos algo almacenado, pero ahora he tenido que ir a hacer cola en la avenida Santa Rosa [uno de los puntos donde los camiones cisterna reparten agua a los vecinos del distrito]. Luego, regresamos para abastecer a los vecinos”, cuenta Ninan Gamonal, presidenta de la olla común de Shalom Maná.
Ninan Gamonal vive hace años en una zona que ni aparece en Google Maps (Foto: Giovani Alarcón).
Los ciudadanos de esta localidad se alimentan de esta olla, que usualmente reparte 150 platos de comida diarios. Con la escasez de agua, sin embargo, han tenido que disminuir las raciones. Gamonal cuenta que, para ahorrar agua, intentan cocinar menos arroz o, en la olla donde hacen tallarines, también ponen a hervir otros alimentos antes de cambiar el agua. Así evitan tener que lavar los utensilios tantas veces. La crisis es tal que no podrán utilizar un centenar de sobres de caldo que les han donado en estos días. El lote está apunto de caducar.
Los problemas de salud tampoco son ajenos. Al menos dos niños han tenido infecciones que los vecinos relacionan a la falta de agua. Las enfermedades se suman al drama del Covid-19. Esta semana, cuentan, uno de los moradores ha tenido que ser internado por un cuadro de insuficiencia respiratoria.
El último jueves, los dirigentes de este centro poblado tuvieron una reunión con funcionarios de Sedapal, pero las promesas cayeron en saco roto. La empresa estatal, que había asegurado que iba a restaurar el servicio de agua el pasado fin de semana, no cumplió. Ahora dicen que lo harán antes del miércoles.
Los primeros días sin agua fueron de desconcierto para los vecinos de San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado del país: tiene más de un millón de habitantes. Las autoridades locales llegaron a recibir denuncias de cisternas -contratadas por Sedapal- que no llegaban a las zonas de reparto y más bien aprovechaban para vender el agua en lugares donde se les pagara más.
“Muchos vecinos se han estado quejando de que algunas cisternas no han estado llegando a los destinos o que no encontraban al contacto en la zona de reparto. Al parecer, en el camino, hacían lo que no debían”, comenta Nil Herquinio, regidor de la municipalidad. Las quejas, según Herquinio y los propios vecinos, acabaron cuando el Ejército empezó a supervisar el trabajo de los repartidores.
Parada frente a la puerta del local de la olla común, Ninan Gamonal recuerda sus primeros años en Shalom Maná, las primeras casas, la construcción de la trocha carrozable que hoy nos ha guiado hacia el lugar. La docente, que enseña tres veces a la semana a 15 niños, sueña con que las colinas frente a las cuales amanece algún día sean verdes. “Quiero que sean como Mangomarca, que está a la vuelta del cerro de enfrente”, apunta, señalando una pequeña planta que crece a mitad de una ladera.
A 20 minutos del penal Castro Castro, cerro arriba, está Shalom Maná (Foto: Giovani Alarcón).
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En el cruce de las avenidas Próceres y Tusilagos, en la parte baja de San Juan de Lurigancho, funciona hace 30 años la pollería La Kasiña. Desde su segundo piso, Rosa Espinoza (60), la dueña, ha sido testigo de primera mano de los aniegos que han inundado la zona, tanto el del pasado 4 de setiembre, como el del 2019.
“Fue el sábado como a las dos de la tarde. Los vecinos indignados llamamos y llegaron rápido con los hidrojets [maquinaria para succionar las aguas] a la media hora. Incluso vino el alcalde, pero lo corrieron al toque. Es muy figureti. Los vecinos le empezaron a gritar, a insultar. No hace nada, ni aparece, no hay gestión”, dice decepcionada la mujer.
Vista desde el segundo piso de La Kasiña el día del aniego del sábado 4 de setiembre.
Al día siguiente del último aniego, cerraron una de las vías de la avenida Tusilagos para que pueda ser ocupada por las cisternas. Al inicio, los vecinos se amontonaban para llenar sus baldes, pero conforme pasaron los días han encontrado otros puntos y han dejado la calle más libre.
La pollería de Rosa la pasó mal. Estuvieron tres días sin poder recolectar suficiente agua. Eso, sumado al tráfico generado por el cierre de la vía, generó que sus ventas cayeran hasta menos de la mitad de lo que suelen ganar. Su negocio está en una pequeña pendiente: gracias a eso, las aguas servidas no llegaron a tocar sus instalaciones.
En San Juan de Lurigancho no solo pululan pollerías, sino también los locales para lavar autos. Hay zonas en las que se pueden encontrar hasta tres car washes en una sola cuadra. Algunos se ubican frente a lugares donde, con el tráfico de los autos, se levantan polvaredas de manera frecuente.
César (58) es dueño de uno de estos negocios. Su local, La Merced CarWash, está frente al parque zonal Huiracocha. El llenado de un tanque -que le permite lavar hasta 100 carros- hoy le cuesta hasta S/70 diarios cuando antes del aniego costaba casi un tercio de aquel monto.
Con la escasez de agua, además, sus ganancias han disminuido considerablemente. Antes del incidente recibía hasta 70 autos diarios, hoy recibe menos de la mitad. Ha tenido que pedirle a tres de sus empleados que no vayan a trabajar hasta que regrese el agua.
«Sedapal no te llena nada, ¿y para qué uno se va a quejar si nunca aparecen? Ahora he tenido que subir la tarifa de S/8 a S/10 porque, con el pago del agua a las cisternas, ya no me alcanza», reniega César. A nuestro lado pasa un bus de transporte público a toda velocidad y levanta suficiente polvo para teñir de marrón su gorra negra.
***
Los camiones cisterna suelen quedarse a mitad de camino en la Agrupación Familiar Super S-II, un poblado de cerca de 300 familias asentado sobre la ladera de un empinado cerro. Los motores no dan más y los que viven en la punta son los últimos en ser atendidos. Por lo tanto, reciben menos agua.
El camino para ingresar a este centro poblado también desemboca en otras 14 agrupaciones, todas las cuales dejaron de tener agua desde el sábado y hoy ruegan porque las cisternas puedan superar la pendiente del trayecto.
Zoraida Rivera (60) llegó a la falda de este cerro hace 20 años, desde su natal Huánuco. No sufre como el resto ya que la parte baja del cerro cuenta con un sistema de agua y desagüe, que lograron instalar el 2009. Pero no es un sistema estable.
“A veces nos llega en la noche o en la mañana, pero sí nos cobran en exceso. Yo pago hasta S/100 soles en ciertas ocasiones, aunque apenas somos cuatro personas. He reclamado a Sedapal, revisaron el medidor y me dijeron que no había problema”, dice la mujer, que en el último mes también ha visto la tarifa de luz por las nubes, cuando ni siquiera tiene un refrigerador o una plancha en casa.
Zoraida Rivera es fundadora de uno de los pueblos en la falda de un cerro en SJL y vive el día a día vendiendo alfalfa (Foto: Giovani Alarcón).
Desde el aniego, debe recurrir al camión cisterna. Si el vehículo no pasa, debe trasladarse a los puntos de reparto, lo que se traduce en pasajes de S/5 o S/6. “Como es subida, a veces nos dicen que no vienen hasta acá. Si subo sin carga [se refiere al agua], me cobran un sol, pero ahora eso es lo que cobran [los mototaxistas]. Tengo que reciclar mucho el agua”, cuenta. Hoy una cisterna sí ha llegado al lugar, pero se queda estancada cuando empieza a subir la colina, dejando un reguero de agua que se seca rápidamente sobre el arenal.
