fapjunk.com teensexonline.com
sendero luminoso archivos | Sudaca - Periodismo libre y en profundidad

sendero luminoso

[INFORMES] La Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ayacucho logró la restitución de los restos óseos humanos que corresponden a Remigia Taipe Yucra, fallecida en 1984, víctima de los ataques de la organización terrorista Sendero Luminoso en la comunidad de Saytahuaylla, provincia de La Mar.

Sendero Luminoso llevó a cabo numerosos ataques en diversas regiones de Perú durante la época del terrorismo. Uno de los lugares afectados fue la comunidad de Saytahuaylla, que se encuentra en la provincia de La Mar, en la región de Ayacucho. Esta zona, como muchas otras en Perú, sufrió la violencia y la presencia de Sendero Luminoso en las décadas de 1980 y 1990.

En Saytahuaylla y sus alrededores, Sendero Luminoso cometió actos de violencia, incluyendo ataques a la población civil, asesinatos, y desplazamiento forzado. Esto formó parte de la estrategia de Sendero Luminoso para expandir su influencia y control en zonas rurales de Perú.

La diligencia se efectuó junto a un arqueólogo forense y un antropólogo social del Equipo Forense Especializado (EFE), al igual que representantes de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD), e hijos y familiares de la agraviada”, se destaca en el pronunciamiento de la fiscalía en relación a la diligencia de restitución y reconocimiento de los restos óseos de Remigia Taipe Yucra.

Ahora bien, durante la acción fiscal, se contó con acompañamiento psicosocial para los deudos a quienes se les entregó elementos asociados que fueron hallados en julio pasado, cuando se identificaron los restos de Taipe Yucra cerca del paraje Qerapukro, en la comunidad de Saytayhualla.

dignidad y respeto
Procedimiento fiscal. Material fotográfico otorgado por el área de prensa de la Fiscalía para Sudaca.pe

 

dignidad y respeto
Entrega de los restos óseos de Remigia Taype

 

Examinación de los restos óseos
Examinación de los restos óseos

Es importante destacar que los ataques de Sendero Luminoso en Saytahuaylla y otras áreas del país causaron un gran sufrimiento a las comunidades locales y dejaron una huella indeleble en la memoria colectiva del país. El terrorismo en el Perú tuvo un alto costo humano y social, y las heridas aún perduran en la sociedad peruana.

Las desapariciones forzadas fueron una táctica utilizada por Sendero Luminoso y, en menor medida, por el MRTA, para infundir miedo en la población y eliminar a aquellos que consideraban enemigos. Los desaparecidos eran generalmente secuestrados, torturados y asesinados, y sus cuerpos no eran entregados a sus familias. Esto causó un gran sufrimiento en las comunidades afectadas y generó una profunda sensación de impunidad.

No fue el único cadáver restituido

Otro de los casos que se evidencio por los años 1991 y 1992 fue el “Caso Madre Mía”. La Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad consiguió la restitución de restos óseos humanos que pertenecen a 16 personas desaparecidas

Dicha ceremonia se llevó a cabo en el auditorio de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, en Huánuco, con peritos del Equipo Forense Especializado (EFE) del Ministerio Público, así como con representantes de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD) y la presencia de los familiares y deudos de las presuntas víctimas.

Ceremonia en la Universidad Nacional Agraria de la Selva
Ceremonia en la Universidad Nacional Agraria de la Selva

Por otro lado, estos restos óseos humanos fueron identificados y analizados en junio pasado, a través de validaciones de ADN, análisis antropológicos y dentales, entre otros. Los cuerpos hallados corresponden también a los caseríos de Yanajanca y San Miguel, así como a los centros poblados de La Perla y Shapajilla, en el departamento de Huánuco.

“De acuerdo con las investigaciones, las personas desaparecidas habrían sido victimados por soldados del Ejército peruano que sirvieron en el Batallón Contrasubversivo 313 – Tingo María y en la Base Contrasubversiva de Madre Mía, en el departamento de San Martín”

Pronunciamiento del Ministerio Público

Justicia que se sigue gritando en el campus PUCP

Ernesto Rafael Castillo Páez fue un estudiante peruano de Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). A la edad de 22 años fue detenido por agentes de la Policía Nacional del Perú un 21 de octubre de 1990 en Villa El Salvador. Desde ese día no se le volvió a ver más.

Desde entonces, su familia y representantes estudiantiles de la casa de estudios alzan su voz de justicia por la desaparición del estudiante universitario.

“Han pasado 33 años desde que nuestro compañero Ernesto Castillo, estudiante de Sociología en PUCP de 22 años de edad, fue detenido por agentes de la PNP y desde ese momento se desconoce su paradero. Se exige justicia para los responsables y se pide que persista en la memoria colectiva”, menciona el pronunciamiento del Centro Federado de Estudios Generales Letras PUCP.

Post conmemorativo de los 33 años de desaparición del estudiante de Sociología PUCP
Post conmemorativo de los 33 años de desaparición del estudiante de Sociología PUCP

Al día de hoy se sigue buscando justicia de esta época tan cruel que pudo vivir el Perú. Se ha logrado dar una digna despedida a tantas víctimas que tuvieron que pagar los estragos de una organización como Sendero Luminoso que no merecían. Hoy por hoy se sigue buscando justicia para Ernesto. Que esta etapa histórica sirva de reflexión para saber los retos y desafíos que nos toca velar y prevalecer en nuestra sociedad.

Tags:

Justicia para las victimas del terrorismo, Justicia para Regina, sendero luminoso, víctimas del terrorismo

Lo que no dijo y debió decir el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, como bien ha hecho énfasis Jaime de Althaus, es que el triunfo del Estado peruano sobre Sendero Luminoso se debió, en gran medida, al cambio de la estrategia antisubversiva desplegada, sobre todo, por Alberto Fujimori.

Se modificaron las relaciones con las comunidades campesinas, volviéndolas aliadas contra SL y no en sospechosas de terrorismo y, por ende, arrasadas, como sucedió en la década de los 80, pero además se otorgó más recursos a las labores de inteligencia policial. En ese sentido, la CVR, si bien pone justo énfasis en el Grupo Colina, una barbaridad por donde se le mire, no dice mucho del GEIN.

Alguna vez le pregunté a Salomón Lerner por qué la CVR encontró responsabilidad penal en Fujimori y no en Belaunde y García, a pesar de que las mayores barbaridades contra los derechos humanos se cometieron en los 80. Su respuesta fue que Fujimori era un dictador y que como tal tenía cadena de mando perfecta sobre todas las ocurrencias ilegales de su gobierno. Viéndolo con serena objetividad, esa respuesta fue un despropósito que tiene que ver mucho con la naturaleza de su encargo: Toledo creó la Comisión de la Verdad porque pensó hallar pruebas contundentes del proceder asesino de Fujimori y al final descubrió que fue durante los gobiernos democráticos de Belaunde y García, que eso mayormente sucedió.

Eso tiene que expresarlo la narrativa del LUM -la heredad viva de la CVR-, y despejar el sesgo antifujimorista que allí predomina. Solo así podrá irse logrando paulatinamente el proceso de reconciliación, que también es un mandato de la CVR y su sucedáneo museístico.

El Estado peruano derrotó al terrorismo. Es una victoria histórica que merece mayor reconocimiento. Nos hemos cansado de proponer que se declare feriado nacional el 12 de setiembre, día de la captura de Abimael Guzmán, sin que se derramase una gota de sangre. Fue el triunfo de la inteligencia republicana sobre la demencia maoísta, que dio pie a la caída del grupo terrorista que estuvo cerca de capturar el poder y perpetrar desde allí un baño de sangre sin par en nuestra historia.

¿Por qué no se hace? Porque ocurrió durante el gobierno de Fujimori. Una muestra más de que la ausencia de reconciliación viene mayoritaria y paradójicamente, por parte de quienes la propalan a los cuatro vientos, como parte de su narrativa institucional.

Tags:

Comisión de la Verdad, GEIN, Salomón Lerner, sendero luminoso

[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] Hace poco, desde España, el primer ministro Alberto Otárola anunció el fin de la crisis y el ingreso del país a un “proceso de pacificación”. “En este momento no existe una sola marcha de protesta, ni un camino bloqueado”, sentenció enfático. Pero a qué “pacificación” se refiere. Usualmente, se la entiende como los esfuerzos de un gobierno para poner fin a los conflictos sociales. Lo que implica buscar soluciones pacíficas mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo con los adversarios que lo cuestionan con el objetivo de restablecer el orden y la estabilidad social.

Por el contrario, la “pacificación”, implementada por el gobierno, encubre acciones represivas y violaciones de los derechos humanos de cientos de ciudadanos que se movilizaron en su contra desde diciembre del año pasado. En lugar de buscar soluciones pacíficas y fomentar el diálogo, el gobierno recurrió a un uso desproporcionado de la fuerza pública como un instrumento para acallar a sus opositores. ¿No son acaso las detenciones arbitrarias como lo sucedido en el campus de la Universidad San Marcos o las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas del orden estrategias que buscaron generar un clima de temor y desaliento, con el objetivo de desmovilizar y controlar a la población, limitando su participación en manifestaciones de protesta?

Esa “pacificación” se sirvió de un discurso que estigmatizaba a los manifestantes. El “terruqueo” fue la punta de lanza del mismo, el cual buscó desacreditarlos o “demonizarlos”, presentándolos como elementos violentistas y perturbadores del orden público o como integrantes de Sendero Luminoso. Además, como parte de esa narrativa, se sostuvo que las movilizaciones eran financiadas por el narcotráfico y la minería ilegal. Pese a que la canciller Ana Gervasi señalara que el gobierno no cuenta con “ninguna evidencia” de que fuera así, hoy por hoy, el primer ministro Otárola sigue sosteniendo lo mismo. Con lo cual se trata de justificar, una vez más, la represión policial y militar sin mayor control.

Asimismo, tal “pacificación” es percibida por la ciudadanía como violatoria de los más elementales derechos humanos. Han transcurrido seis meses desde las primeras ejecuciones extrajudiciales cometidos y la investigación de las mismas no avanza con la celeridad que la situación requiere. No está de más mirarnos en el espejo europeo. Esta semana en Francia, un policía asesinó a un adolescente francés. De inmediato, sus conciudadanos se movilizaron en Paris y otras ciudades exigiendo justicia. El policía, una vez detenido, pidió perdón a la familia del menor ejecutado. El presidente Macron hizo lo mismo. A la fecha, las protestas continúan con tal grado de violencia muy pocas veces visto en lo que va del presente siglo. Cientos de manifestantes han sido detenidos y ningún otro ciudadano ha sido asesinado por la policía o el ejército.

Por último, pareciera que la única paz que se ofrece desde el gobierno, resultado de su mentada “pacificación”, es “la paz de los cementerios”. Expresión que se condice con lo dicho por la presidenta Boluarte: “¿cuántas muertes más quieren?”. La paz social no será fruto de la violación de derechos humanos ni de la impunidad. Por el contrario, es el resultado de la prevención y sanción de los delitos cometidos, del respeto irrestricto de los derechos humanos y del fortalecimiento de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y no de su degradación.

Tags:

Alberto Otárola, Ana Gervasi, Boluarte, España, Macron, pacificación, sendero luminoso

De regreso al Perú, Guzmán viajó a Arequipa donde se dedicó a buscar jóvenes de mentalidad febril y ambición sin límites para incorporarlos a su proyecto de captura del poder. Augusta, ya convertida en la camarada Norah, viajó a la sierra norte y recorrió Cajamarca de cabo a rabo, seduciendo a decenas de jóvenes de ambos sexos, prometiéndoles un lugar importante en el Nuevo Estado. Según fuentes que prefieren el anonimato, en Chota conoció a Antonio Díaz Martínez, un ingeniero y antropólogo que quedó prendado de ella, convirtiéndose en un seguidor incondicional de su visión militarista de la toma del poder. La misma fuente asegura que Norah-Augusta jamás se convenció de la fidelidad de Díaz Martínez, a quien espió hasta sus últimos días. “Es chotano”, les decía a sus seguidores cuando le preguntaban por qué no confiaba en un cuadro que se arrastraba a sus pies. 

De regreso a Huamanga, Norah estuvo siempre en primera fila para luchar contra el velasquismo y su política universitaria; nunca cedió un milímetro ante la tropa enviada por el gobierno militar para sofocar las algaradas de los universitarios rebeldes, llegando al extremo de asaltar la morgue ayacuchana y sustraer los cadáveres de los estudiantes caídos y velarlos con toda la fanfarria del extremismo comunista.

Convertida en la más importante líder del marxismo-leninismo ayacuchano, sobre todo después de la muerte en combate de Edith Lagos, quien fue una estudiante de Derecho que formó parte de Sendero Luminoso desde los inicios de la organización terrorista, Norah opacó a todos los cuadros senderistas de ambos sexos, tanto en los ámbitos políticos e ideológicos, como en los militares y administrativos, por eso su muerte y su entierro clandestino en 1988 siguen siendo parte de los libros negro y blanco de la organización maoísta desde esa ya lejana fecha. 

Paralelamente a la vida efervescente y explosiva de la ayacuchana Norah, en el entorno de Abimael Guzmán había aparecido la iqueña Elena Iparraguirre, camarada Mirian, quien era tan brutal como Norah, pero mantenía un lugar un paso atrás de Guzmán. Por eso, cuando Guzmán y la cúpula terrorista enterraron a Norah en una tumba sin nombre y Miriam ocupó su lugar como segunda al mando en la organización criminal más cruenta del hemisferio occidental -que estaba a punto de cometer el tercer genocidio del siglo XX-, todos dentro y fuera de Sendero la señalan como eminencia gris de la desaparición de Norah a la camarada Miriam.

Desde mediados de los años ochenta, cuando Norah ordena los asesinatos selectivos de los marinos de alto rango y de los dirigentes belaundistas hasta 1985 y los del Partido Aprista hasta finales de la década, las encargadas de asegurar la muerte de los objetivos era una mujer, generalmente ayacuchana de nacimiento o hija de migrantes de ese departamento andino. Pegar el tiro de gracia en el cráneo de la víctima, un acto de evidentísima cobardía, era la obsesión de las mujeres entrenadas por Norah y sus lugartenientes, muchas de las cuales incrementaron las listas de desaparecidos tras la muerte por causas no divulgadas de Augusta-Norah La Torre.

Luego de sobrevolar el pasado criminal de las mujeres que convirtieron sus envidias y sus frustraciones en el leitmotiv de sus vidas, llegamos a la última generación de senderistas activas, entre las cuales destaca nítidamente Estefany Alanya Chumbes, conocida en la Dircote como camarada Yazmín, mando militar del Comité Regional Ayacucho. Su labor en el trabajo cerrado estuvo orientada en los sindicatos entre los años 2015 y 2017, desarrollando acciones de agitación y propaganda (agipro, según los manuales de todas las policías del continente) en organizaciones de trabajadores independientes, padres de familia y estudiantes secundarios, de academias preuniversitarias y de institutos de educación superior. El hecho de permanecer durante mucho tiempo en esos frentes, demuestra no solo su capacidad organizativa, sino su dedicación casi exclusiva y a tiempo completo a esas tareas, advirtiendo a la Policía de que Yazmín recibe apoyo económico de su organización.

Su fidelidad absoluta a la causa terrorista y su fanatismo sin fisuras cobran mayor relevancia cuando la susodicha es filmada y fotografiada portando una banderola de tela azul con la inscripción: “No a la impunidad del asesinato del doctor Abimael Guzmán Reinoso”, la cual deja solo dos explicaciones, una, que Yazmín creyera que el asesino serial había sido asesinado, y, dos, que tratara de convencer a personas más limitadas que ella de tal mentira.

campaña
Elena Iparraguirre (reo en cárcel), es quien emite la directivas nacionales y regionales, que camarada Cusi y camarada Yazmín han venido ejecutando.

Frustraciones que han conducido a la cárcel nuevamente a la llamada camarada Cusi, quien al caer en manos de la Policía Nacional en 1989 les dijo a sus compañeras de prisión que más temprano que tarde sería puesta en libertad y automáticamente ascendería a miembro suplente del Comité Central y poco tiempo después al exclusivo Buró Político del Comité Central, algo como el Colegio Cardenalicio para los jerarcas católicos, es decir, a solo  un paso a esa suerte de Olimpo senderista donde había estado la camarada Norah y luego la camarada Miriam.

Envidias que habían llevado a todas las senderistas a matar de frente o por la espalda y de seducir a los odiados policías y militares con tal de conseguir información relevante para la organización, con tal de convertirse en protagonista de una primera plana periodística como las que lograron Norah, Miriam, Edith, Yovanka Pardavé, camarada Sara, y la camarada Clara, quien le voló la cabeza al dirigente aprista César López Silva con un revólver calibre 45.

Trascender aunque sea chapoteando en el lodo, esa era la consigna de las mujeres asesinas. Tal cual.

Tags:

Abimael Guzmán, Camarada Yazmín, sendero luminoso

El gobierno no puede entrometerse en los asuntos administrativos de una empresa privada, pretender modificar sus estatutos, y hacerlo impunemente. Es exactamente equivalente a que mañana pretenda hacer lo propio con un banco, una empresa minera, o una cooperativa. Sería un claro abuso estatista, írrito e ilegal, que no puede ser tolerado.  Ha hecho bien el Congreso, por ello, en poner en su sitio las cosas y cabe esperar que hoy ratifique dicha conducta democrática y jurídica.

Las huestes senderistas están vivas en el magisterio y corresponde continuar su proceso de extirpación, para bien de la educación peruana. Parapetados detrás de las banderas de Perú Libre llegaron al gobierno y controlan el Ejecutivo, además de tener una bancada congresal. Ello no les da, sin embargo, patente de corso para hacer tabla rasa del ordenamiento legal del país y mucho menos carta libre para hacer realidad viejos anhelos de venganza política frente a quien ellos consideran un adversario sindical, como es el Sutep.

Tags:

sendero luminoso

Desde el 28 de julio, Pedro Castillo ha propuesto al Perú tiempos de confrontación política. Si bien la opinión pública y la oposición política exigían moderación y políticas de convocatoria nacional, el Ejecutivo -en diversos tramos de estos meses del año- ha propuesto razones de tener cuidado con la estrategia que tienen en mente, que es llevar adelante la Asamblea Constituyente. 

Una primera prueba de esta atmósfera de confrontación que ha generado Pedro Castillo fue la designación de Guido Bellido como premier. Durante su gestión, hemos podido apreciar discursos que generaban incertidumbre en las inversiones nacionales e internacionales. Otra prueba de dicha atmósfera es el discurso radical que presenta el presidente en regiones (léase continuar con los planes de campaña electoral, de intentar estatizar el gas de Camisea y de -en reiteradas ocasiones- polarizar contra el Congreso) para legitimar políticamente las estrategias que viene llevando adelante: como dividir a Lima y las provincias. 

Por otro lado, podemos apreciar que los cambios que se han realizado en las Fuerzas Armadas -vinculados para el caso del Ejercito a su aliado Antauro Humala- no es más que otro indicio que nos tiene que poner en alerta. Los golpes de estado siempre han venido de la mano, o teniendo como aliado, al Ejército. A esto agregamos que -desde el lunes pasado- se ha puesto en estado de emergencia a Lima y el Callao (bastión de la oposición al gobierno) por razones de “seguridad ciudadana”. ¡Qué tal coincidencia!

Podemos apreciar también que las designaciones de Pedro Castillo de personas vinculadas a Sendero Luminoso y el narcotráfico en carteras ministeriales de vital importancia para el país, como Trabajo, Interior y Educación son señales que nos tienen que poner en alerta. En dichos sectores, la entrada de estos personajes cuestionables (Maraví, Barranzuela y Gallardo respectivamente) han puesto bombas de tiempo que -en cuestión de meses o años- tardaremos en ver los resultados desastrosos para la estabilidad del país. 

Dicho esto, la oposición política debe quitarse la venda de los ojos y tener en cuenta que lo que estamos viviendo no son tiempos de normalidad política. Que al otro lado de la orilla no perciben adversarios sino enemigos políticos. Que al otro lado de la orilla tenemos un proyecto político que no busca consensos para reactivar la economía de nuestro país, que ha sido puesto críticamente durante la gestión de Martín Vizcarra. Y que al otro lado de la orilla tienen en mente la premisa: “salvo el poder, todo es ilusión”.

Necesitamos más Churhills que Chamberlains; en otras palabras, necesitamos más generales políticos estos tiempos de confrontación que estamos viviendo.

Tags:

administradores de sistemas, confrontación, Guido bellido, ministerios, Mirtha Vasquez, Presidente Castillo, sendero luminoso

El domingo pasado, en mi videocolumna dominical, recurrí al distingo que hacía el célebre historiador británico Erick Hobsbawm entre siglos cronológicos y siglos históricos para proponer que el corto siglo XX peruano comenzaba desde el advenimiento de Leguía, con su autogolpe del 4 de julio de 1919 y culminaba con la caída de Fujimori, en Septiembre de 2000. Sustenté mi afirmación en que, desde Leguía, la avasalladora llegada de las inversiones, capitales y modas norteamericanas nos metieron al siglo XX al son de los modernos y pegajosos ritmos del one step y el foxtrot.  

Sin embargo, el imperialismo yanqui, como lo llamaba Haya de la Torre, no fue el único huésped inesperado que, desde 1919, se alojó en el país sin intenciones de irse, lo hizo también una parroquiana insospechada, mucho más sombría e indeseada, y que marcaría decisivamente el devenir de nuestra veinteava centuria: la dictadura. 

Si aceptamos que el siglo XX histórico comenzó con la modernización y expansión del Estado emprendida por Leguía, con cientos de millones de dólares gringos que luego, con la depresión del 29, nos sumieron en una extenuante crisis económica que provocó su estrepitosa caída, la conclusión que se desprende de su innovación autoritaria es inequívoca: 

En los 81 años transcurridos entre 1919 y 2000, vivimos 53 en dictadura, los 11 de Leguía (1919 – 1939), los 3 de Sánchez Cerro (1931 – 1933), quien a pesar de resultar elegido democráticamente, en su primer acto de gobierno promulgó la ley de emergencia, convirtiéndose así en uno de los dictadores más sanguinarios que haya registrado nuestra historia, los 4 (1935 – 1939) de Oscar Benavides, luego de que concluyese el periodo de amnistía con el que intentó pacificar al país (1934), los 6 de Manuel Prado en su primer gobierno, quien, a pesar de ser elegido a través del voto, lo hizo en elecciones con proscripción del APRA y el PC, y en un gobierno que mantuvo al tope la persecución contra de los militantes de ambos partidos (1939 – 1945), los 8 de Manuel Odría con la represión política al tope (1948 – 1956), el años de la junta de Nicolás Lindey y Ricardo Pérez Godoy   (1962-1963), el GRFA con Juan Velasco y Francisco Morales Bermúdez (1968 – 1980) y finalmente el ochenio fujimorista (1992 – 2000), con lo que cerramos el corto siglo XX histórico defenestrando una dictadura el mes de septiembre, así como lo iniciamos inaugurando otra en julio de 1919. 

A su turno, los periodos democráticos, casi brillan por su ausencia: el limbo de 1930/31, cuando Luis Sánchez Cerro renunció al poder para postular a las elecciones de 1931 y se lo cedió a la Junta de Gobierno que encabezó el dignísimo Comandante Gustavo Jiménez encargado de organizar dichas justas electorales y que se quitaría la vida en circunstancias trágicas al fracasar su rebelión en contra de la cruenta y ultrarepresiva dictadura sanchecerrista. Luego nos encontramos otro limbo, debido a la ley de amnistía promulgada por el presidente Benavides en 1933, en favor de apristas y comunistas que terminó diluyéndose en el transcurso de 1934 y con los lideres de ambos movimientos una vez más en la clandestinidad antes de fin de año. La democracia sólo volvió en el trienio de José Luis Bustamante y Rivero (1945 – 1948), en buena parte arruinada por la poca disposición del APRA para convertirse en un aliado más colaborador con el Poder Ejecutivo, en circunstancia en el que el mundo se recuperaba de la Segunda Guerra Mundial y hacían falta medidas económicas de ajuste fiscal. 

El segundo gobierno de Manuel Pardo (1956 – 1962) es un gobierno de transición. Prado llega al poder con el voto aprista que obtiene a cambio de la amnistía política que se extiende también a los comunistas. El pacto da lugar a un periodo de apaciguamiento nacional y a las elecciones libres de 1962 en las que, desgraciadamente, una vez más  intervienen los militares para impedir el triunfo de Haya de la Torre. En el 63 se repiten las justas y gana Fernando Belaúnde quien lidera un gobierno democrático hasta el golpe de Velasco del 3 de octubre de 1968. La democracia se recupera recién el 28 de julio de 1980, otra vez con Belaunde, y el 28 de julio de 1985 es la primera ocasión, en nuestro corto siglo XX (1919 – 2000) que un presidente democrático le entrega la banda a otro también democrático, la escena se repitió una vez más en 1990, cuando Alan García se la entregó a Alberto Fujimori, hasta que este interrumpió el proceso democrático más largo del siglo XX, el 5 de abril de 1992, y encabezó una dictadura teñida de nocturnidad y oscurantismo y que se prolongó hasta septiembre de 2000.

El saldo democrático, entre 1919 – 2000, no puede ser más exiguo: suman 21 años de un total de 81. Luego nos preguntamos ¿por qué no hay partidos políticos en el Perú? ¿por qué lo que tenemos son vientres de alquiler? ¿por qué contamos con partidos con propietarios privados como Podemos o Alianza Para el Progreso? Los números, bien interpretados, responden ellos mismos la pregunta: no tuvimos cuando madurar una cultura democrática en el Perú, tan sencillo como eso.

Hacia un nuevo autoritarismo ¿el camino del siglo XXI?

Los números del siglos XXI, a primera vista, deberían ser motivo, sino de entusiasmo, al menos de expectativa. Ya el año pasado batimos el récord de 19 años de continuidad democrática ininterrumpida que ostentaba la vetusta República Aristocrática (1895 – 1914), nosotros acabamos de cumplir 21, desde septiembre de 2000 a septiembre de 2021, nada mal. 

Sin embargo, 21 años constituyen una ridiculez como tiempo necesario para madurar en la construcción de una institucionalidad democrática. Lo es más si analizamos la calidad de dicha democracia, la ya referida ausencia de partidos y la difusión de viejas formas de clientelismo, patrimonialismo y feudalización de la política, las que constituyen el verdadero vínculo entre la ciudadanía y el estado, aunque con ropajes contemporáneos. 

Si a esto le sumamos la creciente corriente de extremismos de derecha que se abre paso hace una década como respuesta a los excesos de la cultura de la cancelación proveniente de la izquierda cultural,  podemos retratar un panorama en el cual el desinterés por las formas y contenidos de la democracia y el republicanismo, así como por los derechos que enarbolan, los han colocado casi en la periferia del juego político, cuya posición central, principalmente en el debate, comienza a ser ocupado por los extremos de la derecha y de la izquierda.  

No es pues casualidad, que el aliado más indeseado del gobierno de Pedro Castillo, hoy puesto en entredicho, se declare marxista leninista sin ningún apuro y que algunos personajes no completamente deslindados de los grupos terroristas hayan formado parte del gabinete en sus inicios. En la otra orilla, la reivindicación del pasado hispano, acompañado de cruces de Borgoña, vigilias a la escultura de la estatua de Cristóbal Colón al conmemorarse un año más del descubrimiento de América, y la agresión verbal al presidente Sagasti en una librería sanisidrina, con el terruqueo como fácil recurso que apunta hacia la polarización binaria cerrando el debate para más opciones, nos muestran cuál es el escenario que desde ciertos sectores extremistas se quiere montar para nuestra política del futuro inmediato. 

El año pasado, varios meses antes de las elecciones presidenciales, Salvador del Solar hizo un oportunísimo y desoído llamado a formar un gran frente de centro, uno que defendiese eso que hoy a pocos parece entusiasmar pero que es nuestro mayor resguardo para el desarrollo material y espiritual de la nación: el centro, entendido como confluencia de movimientos cuyas bases doctrinales las constituyen el republicanismo, la democracia y los derechos fundamentales, civiles, humanos, políticos y sociales; los que conforman el marco fundamental para el debate, así como las fronteras que deben acogerlo. Es por eso que ese centro admite también derechas e izquierdas, si el punto de partida es ese gran consenso. 

He sabido recientemente de los esfuerzos de Carlo Magno Salcedo a través de la Confluencia Perú que agrupa a los colectivos Perú Republicano, Confluencia Ciudadana, Colectivo Colibrí, Grupo Valentín, Dignidad Magisterial y Servicio La Libertad; que apura esfuerzos para alcanzar su inscripción ante el JNE. Al mismo tiempo, El Partido Morado ha mantenido su inscripción ante el JNE y hoy delibera la elección de una nueva directiva que esperamos troque maneras verticales de hacer política por otras auténticamente republicanas, pues ese es el cambio de cultura política que en un Bicentenario no ha surtido efecto en el Perú y que la ciudadanía reclama a gritos.

Mucha cháchara. ¡Construid en centro! El centro amplio, el centro que puede incluir a las derechas y las izquierdas democráticas también, de lo contrario, las sombras del autoritarismo, una vez más, están a la vuelta de la esquina.  

 

Tags:

dictaduras militares, sendero luminoso

El domingo pasado, antes de que se difundiese un audio efectista de un estudiante de postgrado de la PUCP, denostando la institución por la convocatoria de un profesor a un seminario sobre el Conflicto Armado Interno, y no sobre El Terrorismo, antes de que la PUCP respondiese dicho audio de manera acertada en las redes sociales, y antes de que se cremasen los restos de Abimael Guzmán y se decidiese que nadie supiese donde se esparcirían sus cenizas; yo había señalado, en esta misma columna, que reivindicaba mi derecho de llamarle “era del terror” a aquellos tiempos y señalé que los restos del cabecilla de Sendero Luminoso debían esparcirse por los confines más remotos del planeta.

Deslindé, no obstante, con las posturas negacionistas de cierta derecha frente a la sistemática violación de derechos humanos por parte de las FFAA y policiales (30% de las víctimas) durante aquel periodo y clamé, una vez más, por la necesaria reconciliación entre estas y los sectores de la sociedad a los que dañara en tiempos caracterizados por el ataque de las bandas terroristas a la sociedad y el Estado. 

En general, en mis últimas columnas he intentado, con poco éxito (lo que es usual en sociedades polarizadas y de debates binarios como la nuestra) reiniciar la discusión sobre la reconciliación nacional que muchos creyeron terminada el día que se inauguró el LUM o pensaron que este, por sí solo, iba a encaminar, con el tiempo, de manera casi espontánea. Por eso el pronunciamiento-respuesta de la PUCP en las redes sociales, al desatinado audio difundido días antes es importante porque señala un punto de partida sustancial para la discusión. 

De hecho, lo más relevante del pronunciamiento PUCP es que ciñe el concepto “conflicto armado” a las categorías del Derecho Internacional Humanitario establecido por la ONU y categóricamente establece que esta denominación no equipara al Estado con los grupos terroristas, ni les otorga ningún estatuto particular de prisioneros de guerra, ni beneficio alguno. 

Al contrario, cierra señalando que “quienes pertenecen a grupos terroristas en un CAI no tienen inmunidad por combatir, ni derecho a combatir, ni privilegio o característica excepcional en el derecho internacional” lo que encaja bien con la necesidad de un esfuerzo para acercar las FFAA con los sectores civiles que esta afectó, para sanar las heridas de la sociedad, sin que los grupos terroristas tengan ninguna participación de estos procesos que considero imprescindibles. Las políticas que sugiero no sirven para olvidar, pero sí para llevar el recuerdo a lugares periféricos de la memoria histórica, en donde ya no le duelan a la colectividad, ni generen las controversias que hoy le siguen generando al tiempo presente. 

Respecto de la denominación, mi posición es en realidad la misma, yo me siento más cómodo con la “era del terror”, pero en clase suelo decir “la era del terror o conflicto armado interno”. Debemos entender que el consenso en una sociedad no tiene que consistir en que todos denominemos las cosas de la misma forma. Esos fueron los viejos consensos del totalitarismo cuya herencia hoy reclaman ciertos populismos exacerbados que se han colocado, estratégicamente, en la periferia derecha de nuestra democracia. Al contrario, consenso es poder aceptar que, como sociedad, podemos llamar de dos maneras al mismo fenómeno, si ya hemos dejado claro que sus responsables son los terroristas y solo los terroristas. 

Es hora de recuperar el gran centro, entendido como el amplio espectro en el cual se desenvuelven las fuerzas democráticas, desde la derecha, bien entendida, hasta la izquierda sistémica, y solo hay centro, allí donde existen la voluntad del diálogo y de alcanzar consensos amplios y plurales. 

 

Tags:

Centro, Derecha, Izquierda, PUCP, sendero luminoso
Página 1 de 3 1 2 3
x