Si se tratase del gabinete inaugural de un gobierno entrante con un mandato de cinco años por delante, lamentaría la falta de concordancia plena entre varios ministros respecto de objetivos políticos y económicos cruciales. La agenda urgente del país exige un shock institucional jurídico por un lado, pero del otro un shock inversor que nos saque de la modorra capitalista en la que estamos inmersos desde hace más de un lustro.
Pero evidentemente no se trata de eso en estos momentos. El gabinete de Violeta Bermúdez tiene ante sí objetivos muy puntuales, y cumplirlos a cabalidad será más que suficiente en la rendición de cuentas que tocará hacerle al final de su gestión. Son 1) control de la pandemia; 2) reactivación económica; 3) aseguramiento de elecciones pulcras el próximo año; y agregaría dos más: 4) lucha contra la inseguridad ciudadana, la misma que se ha disparado producto de la recesión; y 5) defensa de algunos islotes institucionales que no pueden debilitarse, tales como la reforma educativa (Sunedu incluida) o la lucha anticorrupción (con pleno respaldo al equipo especial Lava Jato y Club de la Construcción).
En esa perspectiva, el de Merino no era un régimen de transición sino uno de restauración, que buscaba desandar reformas importantes y que parecía armado para allanarse a las mafias vacadoras (universidades y empresas corruptas en búsqueda de impunidad). Felizmente, este ingreso por la puerta falsa de la DBA fue frustrado por una calle republicana movilizada (a diferencia de Chile, acá el detonante de la algarada no fue económico sino político).
Como el de Paniagua, el régimen de Sagasti debe cumplir objetivos muy puntuales. Y tanto él como su gabinete parecen bien equipados para lograrlo. Si no se aparta de sus tareas esenciales habrá cumplido con creces. Y contra lo pensado, la primera gran víctima política de un buen desempeño de Sagasti y su gabinete será Martín Vizcarra, cuya mediocridad resaltará por contraste.
