En el momento en el que escribo esta columna, todo acto, todo gesto, toda afirmación se encuentra polarizada en el Perú. Hacia esa situación nos ha conducido el conflicto que se produjo entre los grupos de poder y las peruanas y peruanos identificados con el Presidente Castillo. No creo que de ello, estas palabras me permitan escapar.
El conflicto al que me refiero tiene dos bandos. El bando más poderoso tiene como arma a la prensa y como infraestructura el Congreso; edificio donde se reúnen sus representantes, que abarcan distintos sectores de corrupción (blindaje al sector justicia, intervención del sistema educativo, sostenimiento de la informalidad, reducción de los derechos laborales, evasiones tributarias, etc.), con la ventaja de tener en sus manos la producción de todo el aparato legislativo necesario para facilitar su trabajo. La prensa, sin hacer mayor campaña contra los congresistas y brindándoles un espacio para atacar a Castillo, centró el control de la información en descabezar al contrincante que había ganado el control del poder Ejecutivo. Pero por ser como es Pedro Castillo, un sindicalista de origen rural, todos los medios de los grupos de poder, incluidas las redes sociales, abrieron la compuerta al racismo y sus variantes: expelieron terruqueo, desprecio hacia el campesino “pobre y tonto”, fobia al comunismo latinoamericano. Desde esas barricadas, mostraban un Presidente de la República rodeado de funcionarios públicos no sólo incompetentes en sus funciones, sino también fáciles de descubrir y de acusar cometiendo actos delictivos de corrupción que hasta comparados con los fujimoristas, por dar un ejemplo, resultaban ser de poquísima monta, “20 mil dólares escondidos en un baño”.
Pero esta maquinaria ubicada en Lima, desubicada, desproporcionada, no ha sido consciente y quizá nunca quiera serlo, de que cada vez que atacaba a Castillo y a su entorno familiar y gubernamental, no estaba agrediendo a “representantes” de un grupo electoral, sino que estaba hiriendo a quienes se sentían “identificados” con Castillo (y a quienes aún defienden con nostalgia al “pueblo” del socialismo latinoamericano), por ser también víctimas de ese racismo con tal plenitud de variantes, que una y otra vez, de un modo o de otro, los iba a afectar. Ese es el otro bando. Que de su lado tiene un poder Ejecutivo que tras ¡dispararles! no tiene la menor idea de cómo reaccionar y que se ha limitado a la interpretación literal de las normas y la Ley.
El sufrimiento social generado en la décima parte, sino más, de la población nacional desde que ganó Castillo, sumado al producido por la pandemia, es ya profundo. Desde la psicología comunitaria de Tesania Velázquez, podríamos decir que se ha producido una movilización panregional de doloroso resentimiento, que ante la victimización de Castillo, principal instigador de la rebelión, se ha expresado con una furiosa y violenta pasión de venganza. Y la violencia siempre escala. Desproporcionadamente respondida, a balazos, quitando la vida de jóvenes, de campesinos, ha seguido hiriendo el cuerpo y el alma de toda esta gente que ya no da más. Pedir el retorno de Castillo, el adelanto de elecciones y la asamblea constituyente no tiene pues razón política, sino afectiva: porque su retorno les devolvería el más alto reconocimiento alcanzado, porque se debe largar a los culpables del desprecio y porque debemos asegurarnos de que nunca más lo puedan volver a hacer.
Se trata de una furia que para detener, primero tendremos que dejar de atacar. Bastaría que la prensa y el Congreso de una vez recuperaran la cordura. Y que el cargo de Primer Ministro sea encargado a una persona capaz de conseguir la pacificación nacional. Porque de lo contrario, como dijo su viejo vocero, José María Arguedas: “que vengan esos hombres a quienes no conocemos. Los esperaremos en guardia, somos hijos del padre de todos los ríos, del padre de todas las montañas.”
