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Se ha sugerido una alternativa a la vacancia, el adelanto de elecciones o la modificatoria del artículo 117 para ampliar las causales de inhabilitación del primer mandatario: la de la suspensión judicial, que proviene del derecho penal, y es, claramente, lo que en derecho, se llama una “solución trágica”, porque se trata de darle barniz jurídico a una decisión finalmente política. Requiere tan solo que la Fiscal de la Nación lo solicite al Poder Judicial y éste lo decrete. Dadas las circunstancias de espanto que el país está viviendo y el consenso jurídico que está logrando, es una alternativa que se asoma como más viable para ponerle fin a esta calamidad de tener a un incapaz moral regentando Palacio.

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Que no sorprendan, pues, anuncios desfachatados, populistas, intervencionistas por parte del gobierno en estas horas. Tratará de recuperar el favor del pueblo a través de la cruzada anunciada, en la que abundará, sin duda, en promesas demagógicas o decisiones heterodoxas, que solo acrecentarán la crisis de confianza que ya existe de manera abrumadora en el sector inversor. Y pueblo no tendrá, porque lo desaprueba más del 70% del país.

Este es, claramente, un gobierno muerto, extinto, sin capacidad de emprender reforma alguna, ni siquiera de desplegar alguna política pública decente, solo con su instinto de supervivencia intacto y una astucia delictiva vigente que lo ha llevado, por ejemplo, a cooptar mafiosamente a más de una decena de congresistas con favores, pagos o contratos a allegados, para asegurar su voto protector en un Congreso, en donde, por ende, no habrá salida de esta crisis (porque la otra ruta, la del adelanto de elecciones, tampoco motiva en absoluto a una oposición tan o más mediocre que el Ejecutivo).

Veremos, en consecuencia, en los días venideros, una puesta en escena palaciega, un sainete, dañino y perjudicial, pero inefectivo y penoso. La deriva del gobierno seguirá destruyendo el país.

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