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Es intolerable un régimen que ya ha abandonado sus funciones mínimas de gobernar y se aboca, de cuerpo entero, a fungir de fuerza de choque del presidente. Como resultado de ello, el Estado y sus servicios más básicos colapsan a vista y paciencia de todo el país sin nadie que le ponga coto. Esa es la responsabilidad principal y mayor de un Congreso opositor. Esa es su cifra política y por apartarse de ella es que el pueblo los castiga en las encuestas.

Una lista única, con objetivos claros y tareas definidas frente a la mediocridad y corrupción palaciega, es lo que la ciudadanía esperaría de la actuación del Congreso en los días siguientes, en los que tendrá que elegir a su nueva presidencia. Ojalá esté a la altura de las circunstancias.

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Entre tanto, debe acelerarse el proceso de inhabilitación constitucional de la vicepresidenta Dina Boluarte por clara infracción legal y allanar así el camino de la eventual transición a que daría pie la salida de Castillo del poder.

Mientras todo ello acontece en los predios del Legislativo (lo cual, dicho sea de paso, debe elevar los niveles de aprobación de este poder del Estado), habrá que estar atento a las posibles salidas judiciales que la Fiscalía de la Nación estaría evaluando iniciar, solicitando a la Corte Suprema la suspensión en el cargo del primer mandatario (por ello, adicionalmente, es que recobra especial urgencia la inhabilitación de Dina Boluarte).

A la perversa mezcla de populismo y victimización desplegada por un gobierno corrupto y mediocre como el que tenemos, al que ahora ya no le interesa siquiera gobernar sino solo subir en las encuestas, polarizando contra la Fiscalía, el Congreso, los medios de comunicación y los empresarios, se le debe hacer frente con firmeza. Frente a ello, hoy más que nunca la oposición democrática debió haber mostrado unidad y solidez.

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