Pero, además de las cuestionadas designaciones, también se registran problemas con respecto a la relación entre el ministro Óscar Becerra y los trabajadores del Minedu. Un clima interno muy tenso que se viene registrando desde hace varias semanas debido a los numerosos pronunciamientos del titular del sector educación en los que cuestiona a los trabajadores del Ministerio de Educación contratados bajo la modalidad CAS y señala que son más de ocho mil trabajadores CAS.
Sudaca pudo conversar con fuentes que están dentro del Ministerio de Educación y señalan que el número de trabajadores que actualmente cuentan con contrato CAS es muy inferior al número que el ministro Becerra señala en las entrevistas que ha brindado a la prensa. Además, su gestión ha empezado a ser comparada con la de Rosendo Serna, quien ocupó la cartera de educación durante el gobierno de Pedro Castillo, debido a que él también había adoptado una política de amedrentamiento a los trabajadores del Minedu y era cuestionado por las designaciones que se realizaron durante su paso por dicho ministerio.
La llegada de Óscar Becerra había despertado cierta desconfianza por su pasado vinculado al gobierno aprista y, con las decisiones y acciones adoptadas durante el breve tiempo que lleva en el cargo, pareciera confirmar que su gestión al frente del Ministerio de Educación no era la solución que el sector necesitaba sino la continuidad de una conducción deficiente en uno de los ministerios más golpeados en los últimos meses.
De regreso al Perú, Guzmán viajó a Arequipa donde se dedicó a buscar jóvenes de mentalidad febril y ambición sin límites para incorporarlos a su proyecto de captura del poder. Augusta, ya convertida en la camarada Norah, viajó a la sierra norte y recorrió Cajamarca de cabo a rabo, seduciendo a decenas de jóvenes de ambos sexos, prometiéndoles un lugar importante en el Nuevo Estado. Según fuentes que prefieren el anonimato, en Chota conoció a Antonio Díaz Martínez, un ingeniero y antropólogo que quedó prendado de ella, convirtiéndose en un seguidor incondicional de su visión militarista de la toma del poder. La misma fuente asegura que Norah-Augusta jamás se convenció de la fidelidad de Díaz Martínez, a quien espió hasta sus últimos días. “Es chotano”, les decía a sus seguidores cuando le preguntaban por qué no confiaba en un cuadro que se arrastraba a sus pies.
De regreso a Huamanga, Norah estuvo siempre en primera fila para luchar contra el velasquismo y su política universitaria; nunca cedió un milímetro ante la tropa enviada por el gobierno militar para sofocar las algaradas de los universitarios rebeldes, llegando al extremo de asaltar la morgue ayacuchana y sustraer los cadáveres de los estudiantes caídos y velarlos con toda la fanfarria del extremismo comunista.
Convertida en la más importante líder del marxismo-leninismo ayacuchano, sobre todo después de la muerte en combate de Edith Lagos, quien fue una estudiante de Derecho que formó parte de Sendero Luminoso desde los inicios de la organización terrorista, Norah opacó a todos los cuadros senderistas de ambos sexos, tanto en los ámbitos políticos e ideológicos, como en los militares y administrativos, por eso su muerte y su entierro clandestino en 1988 siguen siendo parte de los libros negro y blanco de la organización maoísta desde esa ya lejana fecha.
Paralelamente a la vida efervescente y explosiva de la ayacuchana Norah, en el entorno de Abimael Guzmán había aparecido la iqueña Elena Iparraguirre, camarada Mirian, quien era tan brutal como Norah, pero mantenía un lugar un paso atrás de Guzmán. Por eso, cuando Guzmán y la cúpula terrorista enterraron a Norah en una tumba sin nombre y Miriam ocupó su lugar como segunda al mando en la organización criminal más cruenta del hemisferio occidental -que estaba a punto de cometer el tercer genocidio del siglo XX-, todos dentro y fuera de Sendero la señalan como eminencia gris de la desaparición de Norah a la camarada Miriam.
Desde mediados de los años ochenta, cuando Norah ordena los asesinatos selectivos de los marinos de alto rango y de los dirigentes belaundistas hasta 1985 y los del Partido Aprista hasta finales de la década, las encargadas de asegurar la muerte de los objetivos era una mujer, generalmente ayacuchana de nacimiento o hija de migrantes de ese departamento andino. Pegar el tiro de gracia en el cráneo de la víctima, un acto de evidentísima cobardía, era la obsesión de las mujeres entrenadas por Norah y sus lugartenientes, muchas de las cuales incrementaron las listas de desaparecidos tras la muerte por causas no divulgadas de Augusta-Norah La Torre.
Luego de sobrevolar el pasado criminal de las mujeres que convirtieron sus envidias y sus frustraciones en el leitmotiv de sus vidas, llegamos a la última generación de senderistas activas, entre las cuales destaca nítidamente Estefany Alanya Chumbes, conocida en la Dircote como camarada Yazmín, mando militar del Comité Regional Ayacucho. Su labor en el trabajo cerrado estuvo orientada en los sindicatos entre los años 2015 y 2017, desarrollando acciones de agitación y propaganda (agipro, según los manuales de todas las policías del continente) en organizaciones de trabajadores independientes, padres de familia y estudiantes secundarios, de academias preuniversitarias y de institutos de educación superior. El hecho de permanecer durante mucho tiempo en esos frentes, demuestra no solo su capacidad organizativa, sino su dedicación casi exclusiva y a tiempo completo a esas tareas, advirtiendo a la Policía de que Yazmín recibe apoyo económico de su organización.
Su fidelidad absoluta a la causa terrorista y su fanatismo sin fisuras cobran mayor relevancia cuando la susodicha es filmada y fotografiada portando una banderola de tela azul con la inscripción: “No a la impunidad del asesinato del doctor Abimael Guzmán Reinoso”, la cual deja solo dos explicaciones, una, que Yazmín creyera que el asesino serial había sido asesinado, y, dos, que tratara de convencer a personas más limitadas que ella de tal mentira.
Elena Iparraguirre (reo en cárcel), es quien emite la directivas nacionales y regionales, que camarada Cusi y camarada Yazmín han venido ejecutando.
Frustraciones que han conducido a la cárcel nuevamente a la llamada camarada Cusi, quien al caer en manos de la Policía Nacional en 1989 les dijo a sus compañeras de prisión que más temprano que tarde sería puesta en libertad y automáticamente ascendería a miembro suplente del Comité Central y poco tiempo después al exclusivo Buró Político del Comité Central, algo como el Colegio Cardenalicio para los jerarcas católicos, es decir, a solo un paso a esa suerte de Olimpo senderista donde había estado la camarada Norah y luego la camarada Miriam.
Envidias que habían llevado a todas las senderistas a matar de frente o por la espalda y de seducir a los odiados policías y militares con tal de conseguir información relevante para la organización, con tal de convertirse en protagonista de una primera plana periodística como las que lograron Norah, Miriam, Edith, Yovanka Pardavé, camarada Sara, y la camarada Clara, quien le voló la cabeza al dirigente aprista César López Silva con un revólver calibre 45.
Trascender aunque sea chapoteando en el lodo, esa era la consigna de las mujeres asesinas. Tal cual.
Sada Goray, en diciembre de 2022 brindó una entrevista a canal N1 en la que señaló que el monto total de las entregas de dinero fue de 4 millones de soles más 20 mil dólares y que además tenía pruebas, las que fueron entregadas a la Fiscalía. La inversión, a modo de coima, que aportó al gobierno de Pedro Castillo fue a cambio del apoyo de los trámites administrativos del Fondo Mi Vivienda con la finalidad de que se emitan resoluciones que le sean favorables, mientras que la entrega de los 20 mil dólares fue para comprar un carro a uno de los sobrinos del presidente Pedro Castillo.
El Equipo 3 del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción que investiga a Sada Goray, Salatiel Marrufo y otros, ha emitido la Disposición N° 5-2023 de fecha 25 de enero de 2023, en la que aceptan en su totalidad la versión de la empresaria en la que subrayan que la suma de dinero entregada por Sada Goray a Salatiel Marrufo fue de 4 millones de soles, obviando por completo la declaración de éste último brindada a dicha Fiscalía en la que confiesa haber recibido una suma de dinero muchísimo mayor.
Se está ante un caso absolutamente inédito e inverosímil, dado que la justicia da por cierta la declaración de una persona que dice haber entregado cuatro millones de soles cuando el receptor del dinero confiesa haber recibido más del doble del dinero (nueve millones de soles). Lo peor de todo es que la declaración de Salatiel Marrufo no solo abunda en detalles, sino que se encuentra corroborada con hechos que Sada Goray ha ocultado dolosamente a la Fiscalía.
Increíblemente Sada Goray no ha sido imputada por organización criminal
Para cualquier ciudadano de a pie y para cualquier persona con dos ojos en la frente Sada Goray ha sido y es la principal financista de la organización criminal liderada por Pedro Castillo. Sin embargo, para la Fiscalía Sada Angélica Goray Chong solo es responsable de los delitos de cohecho activo y tráfico de influencias y se le excluye escandalosamente de la imputación por organización criminal. En la Disposición N° 5-2023 de fecha 25 de enero de 2023 se puede leer algo indignante:
¿Cómo una persona que maneja las riendas del Estado a su antojo en más de tres ministerios a raíz de pagar sumas gigantescas de dinero recibe un trato no solo benigno, sino injusto y se le excluye exprofesamente de la condición de financista de la organización criminal?
No hay explicación racional alguna de por qué una persona que participó activamente, conjuntamente con los demás miembros de la supuesta organización criminal, no se encuentra investigada por dicho delito. Existe claramente un trato discriminatorio y desigual ya que Salatiel Marrufo Alcántara, Jorge Mauricio Fernandini Arbulú y Julieta del Pilar Celinda Tijero Martino han sido imputados por el delito de organización criminal como podemos apreciar a continuación:
Sin embargo, la dueña del negocio, la que orquestó y pagó millones de soles recibe un trato sorprendentemente generoso sin justificación alguna por parte del Ministerio Público; mientras que sus empleados o los intermediarios que la ayudaron a consumar sus delitos son involucrados como parte de la organización criminal. Los que entregaron circunstancialmente el dinero a Salatiel Marrufo son considerados miembros de la organización criminal y la propietaria de los fondos con los que se paga la coima, la dueña del aparato criminal y la verdadera interesada en que el negocio se cierre es excluida del caso de organización criminal.
La explicación de todo: el abogado de Sada Goray ha sido mano derecha y el hombre de confianza de Marita Barreto
Los beneficios y el trato preferente que recibe Sada Goray en el Ministerio Público tiene nombre y apellido: su abogado estrella Telmo Zavala Bayona ha sido por mucho tiempo el hombre de confianza de la Fiscal Superior Marita Barreto (la coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción) al trabajar por muchos años como su fiscal adjunto.
Telmo Zavala Bayona el flamante abogado de Sada Goray, quien la asesora y defiende en la investigación que se le sigue en su contra en el Equipo 3 del Equipo Especial de Fiscales de la Corrupción del poder, ha sido por muchos años el brazo derecho y la persona más cercana a Marita Barreto (por ejemplo, trabajaron juntos en el caso Orellana).
La cercanía del abogado de Sada Goray y la actual coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción ha sido plasmada en un comunicado que hizo el Ministerio Público a la opinión pública en septiembre del 2018. Allí se perennizó que la promoción de Telmo Zavala Bayona como fiscal provincial de lavado de activos contó con la aprobación y el visto bueno de Marita Barreto.
La astucia y habilidad de Sada Goray en los negocios y en el manejo del gobierno de Pedro Castillo ahora se traslada y aplica en su defensa legal en el Ministerio Público. Ha contratado como su abogado a un exfiscal de lavado de activos que por muchos años era el hombre de confianza de Marita Barreto.
La empresaria Sada Goray no solo hacía y deshacía a su antojo en el gobierno de Castillo, sino que continua ahora con sus pillerías controlando la investigación en la Fiscalía.
Una declaración en las playas del Caribe. La Fiscalía gasta en viáticos para que Marita Barreto viaje a tomar la declaración de Sara Goray en Punta Cana
Según el reporte migratorio, Marita Barreto Rivera, la coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción, viajó del 1 al 5 de noviembre de 2022 a República Dominicana y del 31 de enero al 4 de febrero de 2023 a Estados Unidos.
El viaje a República Dominicana, según la Resolución del Ministerio Público número 2312-2022 y 2337-2022-MP-FN, obedece a que la Fiscalía de la Nación autorizó a Kelinda Janampa (en ese entonces fiscal provincial del equipo 3) y a Marita Barreto Rivera (fiscal coordinadora) a que viajen en comisión de servicios al CARIBE, a efectos de que desarrollen diligencias presenciales.
El viaje que se autorizó a Marita Barreto Rivera y a Kelinda Janampa a República Dominicana tenía como único propósito el tomar la declaración de Sada Goray Chong. ¿Tanto es el poder, el manejo y las relaciones que tiene la empresaria en el Ministerio Público que consigue que los fiscales que la investigan hagan un viaje delivery al CARIBE (Punta Cana) a tomar una declaración que podía haberse realizado en el Perú a través de una simple citación de que la persona investigada concurra a la sede de la Fiscalía como es la obligación de cualquier peruano de a pie?
En las investigaciones fiscales a los peruanos pobres se los cita a que declaren en las oficinas de la Fiscalía; a los peruanos ricos y poderosos que han cometido delitos se les toma su declaración en las playas paradisiacas del Caribe.
Consultadas algunas fuentes del propio Ministerio Público si hay una conducta impropia de los fiscales Marita Barreto y Kelinda Janampa; nos señalan que se habría cometido el delito de peculado de uso ya que se han utilizados fondos públicos de manera indebida habida cuenta que la diligencia de Sada Goray podía haberse realizado de modo presencial en las instalaciones del propio Ministerio Público o se podía utilizar los recursos de Google meet o cualquier servicio tecnológico alternativo.
La autoridad, el poder y el crédito de investigación de la Fiscalía ha quedado por los suelos y envía la peor señal a la población en la investigación de la corrupción del poder, debido a que el Ministerio Público brinda un trato privilegiado a criminales confesos que, lejos de someterse a la justicia peruana, piden la gollería que su declaración se tome en el extranjero (en una playa del caribe), pese a que la persona que va a declarar cuenta con la ciudadanía peruana y supuestamente domicilia en el Perú. Un caso paradigmático de justicia delivery.
Lo más grave de todo es que la Fiscal Marita Barreto Rivera viaja al Caribe y no participa de modo alguno en las diligencias que se llevan a cabo. Llama la atención de que la Fiscal Barreto pese a estar autorizada a viajar no haya firmado las actas, sino únicamente lo haya efectuado la fiscal Kelinda Janampa.
¿Por qué motivo tendría que viajar la fiscal coordinadora, si quien se encarga de llevar a cabo las diligencias es la fiscal provincial? ¿Por qué la fiscal Marita Barreto viaja por el motivo de las diligencias y no firma las actas?
El viaje a Estados Unidos de la Fiscal Marita Barreto y el ExFiscal Telmo Zavala: otro caso de justicia delivery
La Fiscal Marita Barreto, utilizando fondos del Estado peruano, ha viajado a Estados Unidos a realizar, según la Resolución N° 203-2023-MP-FN del 25 de enero del 2023, una comisión de servicios que “tiene por finalidad desarrollar diligencias presenciales de carácter reservado, las cuales se señalan en el oficio de visto, en el marco de una investigación a cargo del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder”.
Marita Barreto en dicho viaje coincidió en los Estados Unidos con su viejo amigo, ex fiscal adjunto y ahora abogado defensor de la empresaria Sada Goray: Telmo Zavala Bayona.
Como se puede verificar el ex mano derecha de la Fiscal Marita Barreto y actual abogado de Sara Goray: Telmo Zavala Bayona, viajó a los Estados Unidos desde el 29 de enero del 2023 hasta el 7 de febrero del 2023. En dicho país coincidió con Marita Barreto 4 días, entre el 1 al 4 de febrero del 2023.
Mayor exhibición de poder y manejo que Sada Goray en el Ministerio Público, imposible.
Al parecer, cuando se tiene plata y poder todo se puede; total la justicia en el Perú se asemeja a una víbora que solo muerde a los que caminan con los pies descalzos.
1. Entrevista recuperada de: https://www.youtube.com/watch?v=S0kRtXh4Y7c
Sudaca converso con Joseph Dager, expresidente del Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP), quien cuestionó las formas en cómo se llevó a cabo el retiro de Carlos Cornejo. “El programa de Carlos era un programa de entrevistas. Evidentemente la opinión no puede estar ausente, sobre todo, del mismo conductor”, manifestó. Y es que deja un ambiente sospechoso que este retiro se dé en medio de las manifestaciones y la inestabilidad política.
Cabe resaltar que el Consejo Directivo del IRTP es elegido por el gobierno de turno. “Ellos (comunicado de IRTP) hablan de una reestructuración, pero seguimos viendo los mismos conductores, los mismos programas; lo único que cambió fue “Rimanchik”, cuestionó el expresidente del IRTP. “Sancionar la opinión es un atentado contra la libertad de opinión. Carlos Cornejo editorializó, opinó y lo hizo con muy buenas formas y basándose en principios fundamentales (los derechos humanos)”, agregó.
Dager cuestiona que el Ministerio de Cultura vulnere la autonomía de TV Perú. Y es que su titular, Leslie Urteaga Peña, mencionó en una rueda de prensa el cambio de programación. “Uno de los órganos adscritos del Ministerio de Cultura, como es TV Perú, estamos haciendo un relanzamiento de la programación 2023”, indicó la ministra.
Desde la presente vitrina, hemos visto que el actual gobierno ha puesto obstáculos para salir de la crisis social y política que está destruyendo no solo el Patrimonio de la capital, sino también, la democracia misma. The Economist Intelligence resaltó que el Perú dejó de ser una democracia y pasó a un “régimen híbrido”. Ahora bien, en medio de esta problemática cabe consultarnos, ¿La salida de Cornejo fue causada por sus declaraciones? ¿Es contundente destacar que el Perú es un régimen híbrido?
El poder de Sada Goray en el gobierno de Pedro Castillo era total y avasallador. No solo controlaba el Ministerio de Vivienda y había tendido sus tentáculos al Ministerio de la Producción, sino que además logró extender su influencia y mando hasta el Ministerio de Justicia al lograr que se designará como Superintendente de Registros Públicos a Luis Ernesto Longaray Chau.
Luis Ernesto Longaray Chau, es trujillano y un abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO). Igual que Pedro Castillo, que se rodeó de sus paisanos de Chota, Sara Goray tomó su ejemplo y logró que se designará a su paisano de Trujillo como mandamás de Registros Públicos.
¿Cómo lo hizo? Salatiel Marrufo en su declaración como colaborador eficaz del 18 de noviembre del 2022 señala que Sara Goray le pidió dicho nombramiento en Registros Públicos debido a que la empresaria necesitaba ayuda en la inscripción de un terreno en Chilca que había vendido a Centenario y que le faltaba resolver por una superposición de partidas. Dicha designación fue posible gracias a la intermediación del exministro de Justicia, Félix Chero Medina, quien recibió a cambio de dicha designación, según Marrufo, la suma de S/. 50,000 soles.
Previamente a la designación de Luis Ernesto Longaray Chau como Superintendente de Registros Públicos, Sara Goray le había entregado S/. 500,000 soles exigiéndole que acelerará su nombramiento. Los S/. 50,000 soles que pagó Salatiel Marrufo a Félix Chero no salieron de sus bolsillos, sino de la coima grande que había pagado días antes Sara Goray.
El servicio delivery de designación de funcionarios públicos que hizo Sara Goray en el gobierno de Pedro Castillo por lo menos comprendió tres ministerios: Ministerio de Vivienda, Ministerio de la Producción y Ministerio de Justicia. Mucho poder para ser víctima de extorsión y chantaje.
El control de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales
En el Equipo 3 del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción, se está investigando a Sada Goray, Salatiel Marrufo y otras personas, por las coimas realizadas a funcionarios públicos. Por ejemplo, en un documento fiscal (la Disposición N° 5-2023 de fecha 25 de enero de 2023), se han precisado los siguientes beneficios a Sada Goray a cambio de las coimas dadas a Salatiel Marrufo para Pedro Castillo:
En julio de 2021, Sada Goray solicitó a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales la rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas de un predio estatal, por encontrarse superpuesto con su predio ubicado en Chilca, afirmando que su predio era el más antiguo y, por tanto, debía prevalecer.
Dicha solicitud, conforme al Equipo 3 del Equipo Especial de fiscales, fue declarada improcedente, Goray apela, y se declara infundada su apelación; ante ambos rechazos, a Goray no le quedó otra alternativa que interponer recurso de nulidad. El área que debía responder dicha nulidad era la Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal que en ese entonces se encontraba a cargo de William de la Vega Villanes, quien habría sido coaccionado para emitir una resolución favorable a la nulidad planteada, pero al precisar la imposibilidad de que prospere porque no existía razón jurídica alguna, y señalar su negativa, la organización criminal optó por cambiar al Director para que pueda atender positivamente el pedido de Sara Goray. Tanto es así que la empresaria logra que cambien al Director y nombren a Marina Subiria Franco, y además Goray logra que contraten bajo la modalidad de terceros a su socia Flor Olivera Orellana.
Tanto era el poder de Sara Goray en el Ministerio de Vivienda que hizo, además, que sea contratada su socia Flor Olivera Orellana quien como funcionario público emitió el Informe N° 104-2022/SBN-DGPE que sirvió para que se emita la resolución que declara la nulidad de la resolución N° 20-2022 SBN-DGPE y que logra sus intereses empresariales sean atendidos. Es decir, Sara Goray no solo alcanza un resultado exitoso, sino que, además, consigue que el propio Ministerio de Vivienda contrate a su amiga y socia, quien elabora el Informe decisivo y obtiene a cambio unos suculentos honorarios profesionales.
El control del fondo Mi Vivienda
Sada Goray, el 3 de febrero de 2021, en su condición de gerente general de Marka Group, había solicitado al fondo Mi Vivienda la suscripción de un convenio institucional. Era necesaria la suscripción del convenio para que sus expedientes administrativos puedan tener un resultado favorable y se aprueben en el menor tiempo posible.
Luego de varias actuaciones administrativas, el Gerente General, José Forero Monroe, y el Gerente Comercial, Paulo Morán Villanueva, del fondo Mi Vivienda suscribieron el convenio con la Gerenta General de la empresa Marka Group de Sada Goray. Una de las razones claves por las que la empresaria invirtió en coimas más de S/. 4,000,000 es para que se apruebe y se suscriba dicho Convenio.
Sada Goray, además, tenía pendientes trámites administrativos ante el Fondo Mi Vivienda, uno de ellos era, el contrato de fideicomiso para el desembolso del Bono Familiar Habitacional correspondiente al proyecto Pradera de Cacatachi.
La solicitud para el Fideicomiso fue denegada con fecha 11 de setiembre de 2021:
Al haber tenido un resultado negativo, Sada Goray, recurre como financista a Salatiel Marrufo para que las instancias del Fondo Mi Vivienda emitan pronunciamientos a su favor, a cambio de importantes sumas de dinero. Para que dichas decisiones administrativas se puedan materializar, tuvo que cambiarse al Presidente y a los miembros del directorio del Fondo Mi Vivienda, a pedido de Sada Goray, designando en dichos puestos a Pedro Gary Arroyo Maquina (Presidente); Roger Lizandro Gavidia Johanson (Director) y Gonzalo Renato Arrieta Jovic (Director).
Pedro Arroyo ha sido mano derecha de Luis Mesones, exesposo de Sada Goray, quien fue exviceministro, se convirtió en su íntimo desde la década de los noventas, cuando estudiaban juntos en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo.
Salatiel Marrufo, respecto a las designaciones, ha señalado en la respuesta a la pregunta 2 de su continuación de declaración del 17 de noviembre de 2022, ante el Equipo 3 del Especial Especial de Fiscales contra la corrupción en el Poder, lo siguiente:
Los miembros del Directorio propuestos por Sada Goray finalmente fueron los funcionarios públicos que aprobaron a favor de la empresa Marka Group, la participación del Fondo Mi Vivienda en los fideicomisos inmobiliarios: (i) “Condominio Residencial las Praderas de Catachi”; (ii) Chiclayo Bonito; (iii) “Lima Bonita”, ello mediante Sesión Extraordinaria N° 16-2021, del 18 de octubre de 2021.
El dinero de Sada Goray sirvió para financiar la coima a los jueces que conocían el pedido de prisión preventiva de los sobrinos del presidente Pedro Castillo
Una de las declaraciones más explosivas y escandalosas que ha brindado Salatiel Marrufo a la Fiscalía ha sido el hecho de que cuando se tramitaba el pedido de prisión preventiva a los sobrinos del expresidente Pedro Castillo, entregó a Geiner Alvarado (ministro de Vivienda) y este alcanzó a Pedro Castillo S/. 500,000 para que se coimeara al juez de primera instancia que veía el requerimiento de prisión solicitado por el Ministerio Público. Dicho dinero salió de las coimas entregadas a Marrufo por Sada Goray.
De igual modo, Marrufo ha declarado que cuando se estaba por resolver el recurso de apelación de la prisión preventiva de los sobrinos del Ex Presidente de la República entregó S/. 1´500,000 a Cledin Vásquez Castillo a fin de que se pagara una coima a los jueces que conocían la apelación de la prisión preventiva de Fray Vásquez y Gianmarco Castillo. Dicha coima salió de los pagos que Sada Goray había hecho a Salatiel Marrufo.
Para José Vidaurre Arévalo, la historia con Movistar empezó a complicarse en el transcurso de año pasado cuando decidió mudarse al distrito de Surquillo. En su anterior domicilio, ubicado en San Borja, Vidaurre contaba con un dúo para internet y televisión y, cuando llegó la fecha de realizar la mudanza, optó por dar de baja a este servicio.
Los problemas comenzaron desde la primera llamada. Como hacen muchos usuarios de Movistar, José intentó realizar el trámite vía telefónica, pero no se lo permitían. «Para intentar cancelar la línea lo hice por teléfono, pero salía que no podían identificar mi DNI», explica. Ante este inconveniente debió pedir la baja de su dúo vía Whatsapp y un asesor le indicó que dicho procedimiento debía realizarlo en la aplicación de Movistar.
«Me apareció un pantallazo que había generado la orden con éxito y en veinticuatro horas se cancelaba», relata Vidaurre y agrega que no le aparecieron más indicaciones por lo que asumió que eso era suficiente para dar de baja el servicio. «El mensaje lo ponen como que no hay nada más por hacer», cuenta.
José pagó el recibo correspondiente al mes de julio y para agosto ya se encontraba en su nuevo domicilio. Pero, cuando llegó el recibo correspondiente a dicho mes, Vidaurre Arévalo se llevaría una sorpresa al encontrar que también le estaban cobrando por el servicio que creía haber dado de baja en julio. «Al inicio pensé que estaban equivocados y no le hice caso. Pero vi en el aplicativo y figuraba como si tuviese dos líneas», relata a Sudaca.
La historia se repitió en septiembre y para José era claro que no se trataba de un error. «Vuelvo a solicitar la baja del servicio y sale exactamente lo mismo que en veinticuatro horas estaba de baja», explica. Sin embargo, esta solicitud nunca existió según se lo hizo saber Movistar. «Me dicen que figura que nunca hice un trámite para dar de baja. Le muestro los pantallazos pero me responden que en el sistema no figura», cuenta Vidaurre.
Para el mes de noviembre, José seguía recibiendo recibos y, además, empezaba a recibir presiones para pagar la deuda acumulada. «Llega el recibo de noviembre y empiezan a llamarme algunas entidades de cobranza y estudios de abogados para que pague», cuenta el usuario y también revela que Movistar empezó a sugerirle que al menos pague el 20% del monto que debía para ese entonces.
Preocupado, José recurrió a las redes sociales para manifestar su molestia y fue gracias a esta publicación que pudo ponerse en contacto con Osiptel para recibir asesoramiento y encontrar una solución. No obstante, en sus diálogos con los representantes del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones se entera del extraño manejo que Movistar le había dado a su caso. «Me dijeron que cualquier cambio que haga con respecto al servicio la entidad envía ese reporte a Osiptel, pero ellos señalan que Movistar nunca les informó que había cancelado mi línea. Figura que nunca había hecho esa cancelación», manifiesta.
Con este apoyo, Vidaurre encontró una alternativa para afrontar el caso de los recibos fantasma que se seguían acumulando por un servicio que no consumía ni podía dar de baja. «Me dijeron que había una figura que me podía servir. Como presenté el reclamo y nunca recibí respuesta, podía aferrarme a la figura del silencio administrativo. Según esto, como ellos no dieron respuesta, yo tendría la razón», explica.
Finalmente, la figura del silencio administrativo sería la solución para el caso de José. Luego que Movistar se comunicara con él, las cuentas pendientes desaparecieron y dejaron de cobrarle por un servicio que había intentado de baja en innumerables oportunidades. «A los dos o tres días me comunica otra área de Movistar que recoge los módems viejos», cuenta.
Crisólogo Cáceres, especialista en derecho del consumidor y presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), señala que el cobro por estos servicios cuando hay un reclamo en curso queda suspendido. «En el caso de los recibos, si ellos están presentando un reclamo, esos recibos no los tienen que pagar hasta que se resuelva en primera instancia Movistar y en segunda Osiptel», señala.
Sobre casos como el de José Vidaurre, quien era presionado para pagar los recibos, el titular de ASPEC señala que «son métodos de cobranza coercitivos y eso está prohibido por el código del consumidor y está prohibido por la ley». Además, agrega que el uso de bots para atender a los clientes en lugar de permitir que puedan comunicarse con una persona es un hecho que «ha sido comunicado a Osiptel».
Movistar sigue gozando de una posición dominante en el mercado peruano con servicios como línea telefónica, internet y televisión por cable, pero casos como el de Patricia y José podrían seguir manteniendo a esta empresa en una posición destacada en los rankings de clientes insatisfechos y número de reclamos al año. Sudaca intentó comunicarse con Movistar para obtener sus descargos, pero hasta el final de este informe no obtuvimos respuesta.
En 1973, cuando el país era gobernado por Jean Claude Duvalier, un presidente de poco más de veinte años de edad, nacieron en Cité Simone, un barrio de obreros y de estibadores cercano a Puerto Príncipe, bautizado así en honor a la madre del presidente, unos niños inscritos en los registros civiles como Paul Luisanne y Luma Ena. Eran pobres, pero lograron acceder a los primeros grados de la educación primaria, y como muchísimos de sus contemporáneos quedaron huérfanos a muy corta edad, debido a las mil y una formas de morir que aparecieron en Haití en los años siguientes, como consecuencia de la alianza del presidente Duvalier y seis familias que detentaban todo el poder político y militar, sobre todo por la brutal represión realizada por los tonton macoutes, los hombres del saco, la policía secreta más brutal de las Antillas. Frente a esa fuerza paramilitar, la esposa de Duvalier creó un grupo de policías corruptos denominado Los Leopardos. Debido a eso, a la lucha encarnizada de ambos grupos, a la corrupción generalizada de la otrora eficiente burocracia capitalina y a la desaparición del Ejército regular, proliferaron decenas de bandas armadas que convirtieron Puerto Príncipe y, sobre todo, a Cité Soleil, ex Cité Simone, en el “barrio más pobre de la capital más pobre del país más pobre de América”, tal como lo retrató Lioman Lima de BBC News en julio del año pasado.
Y si en Ciudad del Sol (Cité Soleil) se vive mal, imaginemos lo que es vivir en un anexo de ese barrio tugurizado, maloliente y sin agua llamado Cité Carton, sí, Ciudad Cartón porque la gente vive en covachas construidas con los cartones tirados a la basura en el muelle colindante a las viviendas y se alimenta con unas “hamburguesas” hechas con lodo, verduras descompuestas y pedazos de cartón: el infierno en la tierra.
Para huir de ese infierno, Paul Luisanne, Luma Ena y una decena más de habitantes de Ciudad Cartón vendieron todo lo que tenían, convirtieron todos sus gourdes en dólares (casi 150 por dólar), compraron pescado en lata, galletas y agua embotellada, y salieron de Ciudad Cartón rumbo a cualquier sueño que los alejara de la pesadilla en la que vivían de día y de noche.
Según una fuente consultada por esta redactora, y que no está dispuesta a revelar su identidad ni a ACNUR ni a la policía ni a nadie, como los haitianos más ricos están en Francia, en el Canadá franco parlante o en la vecina República Dominicana y los que tienen algo de preparación en el sur de la Florida o en Nueva York y Nueva Jersey, intentando reemplazar a los dominicanos que abandonan el oficio de taxistas desempeñando por años por sus compatriotas, los que no tienen nada, migran hacia el nordeste de Brasil para a través de la selva de ese país llegar al Beni boliviano y de ahí al altiplano para ingresar a Chile por alguno de los pasos poco vigilados de la frontera común. Ese fue el camino escogido por Luisanne y Ena para ir hacia el extremo sur del continente, al país que, según la cueca más bella, “verás como quieren en Chile, al amigo cuando es forastero”. Pero, a diferencia de sus doscientos mil compatriotas que laboran como basureros, estibadores, jardineros y enterradores de mascotas, Luisanne y Ena llegaron a lo más alto de los Andes meridionales justo cuando sus habitantes estaban en el peor momento de las protestas de los puneños contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, aproximadamente un día o dos después del enfrentamiento que acabó con las vidas de casi una veintena de pobladores altiplánicos. Según nuestro informante, en esos días no había quién te cocinara un plato de sopa, te vendiera un poco de charqui, de cancha o de chalona, menos unos antibióticos, no había quién atendiera a un extranjero que no hablaba castellano. Así, los haitianos que habían contraído neumonía y que además no comieron nada durante días fueron muriendo uno por uno.
Lejos de Ciudad Cartón, lejos del lugar más maloliente del trópico y lejos del país emancipado del yugo francés pero a un precio impagable.
Y, además, enterrados en unas tumbas al lado de unos puneños que se consideran más aymaras que peruanos.
Si no fuera una cruel, crudelísima, ironía, habría que escribir como Luis Alberto Sánchez, citando a Manuel González Prada: “Aquí yace Manongo, de pura raza latina, su padre vino de China y su madre del Congo”.
Tráfico de cocaína
Además, la paralización de la pequeña industria nacional en favor de las importaciones más rentables y menos riesgosas, destruyó miles de puestos de trabajo formales, empujando a los desempleados a participar en el tráfico de cocaína proveniente de América del Sur. Haití es un punto de tránsito de la cocaína de América del Sur y de la marihuana de Jamaica en ruta a los Estados Unidos, compitiendo con Tegucigalpa – Honduras y la red de aeropuertos desimanada por toda isla de Cuba.
Datos:
Haití se convirtió en el primer país del mundo dirigido por ex esclavos tras declarar su independencia en 1804, pero se vio obligado a pagar una indemnización de 100 millones de francos (equivalente a 21.000 millones de dólares en marzo de 2022) a Francia durante más de un siglo y fue rechazado por otros países durante casi 40 años.
La esperanza de vida al nacer
población total: 65,95 años
hombre: 63,26 años
mujer: 68,67 años (2022 est.)
Panorama económico
Pequeña economía insular del Caribe y estado miembro de la OECO; pobreza extrema; enormes desigualdades de ingresos; desestabilización por el reciente asesinato presidencial; acceso preferencial al mercado estadounidense; deterioro del capital humano y las inversiones en infraestructura
PIB real (paridad del poder adquisitivo)
$32,856 mil millones (2021 est.)
$33,458 mil millones (2020 est.)
$34,615 mil millones (2019 est.)
Tasa de inflación (precios al consumidor)
16,84 % (2021 estimado)
22,8 % (2020 estimado)
18,7 % (2019 estimado)
Exportaciones
$1,241 mil millones (2021 est.) nota: los datos están en dólares del año en curso
$1,014 mil millones (2020 est.) nota: los datos están en dólares del año en curso
$1,733 mil millones (2019 est.)
Importaciones
$5,222 mil millones (2021 est.) nota: los datos están en dólares del año en curso
$4,206 mil millones (2020 est.) nota: los datos están en dólares del año en curso
Creado a comienzos de los años ochenta, el Consejo Nacional de Educación fue reincorporado como órgano especializado dentro del sector educativo en 2002. De acuerdo a su partida de nacimiento, el Consejo Nacional de Educación “promueve acuerdos y compromisos a favor del desarrollo educativo del país a través del ejercicio participativo del Estado y la sociedad civil, así como opina de oficio en asuntos concernientes al conjunto de la educación peruana”. Según las consideraciones de su creación, el Consejo se conforma por 25 consejeros nombrados por un periodo de 6 años.
Doctor Cuenca, ¿Cuál es su opinión sobre la disolución del Consejo Nacional de Educación?
Como lo he manifestado siempre, pese a que estoy en contra, creo que no es el tiempo ni la manera de acabar con una institución que ha estado durante veinte años teniendo autonomía para poder hacer su trabajo. Ha sido, como lo ha dicho el ministro, una decisión política la que ha conducido a su disolución. E, igualmente, la convocatoria a un grupo más pequeño de consejeros por un período más corto de designación desnaturaliza la idea original del Consejo Nacional de Educación.
Doctor Vexler, ¿qué opina sobre la disolución del Consejo Nacional de Educación?
Bueno, yo no quiero opinar sobre este tema porque he sido parte del Consejo desde el año 2000 hasta hace algunos días, solamente no he sido consejero cuando he ocupado la posición de viceministro o ministro. El Consejo, es líneas generales ha tenido un gran impacto, pero como todo órgano también tiene sus debilidades. Yo no quiero opinar sobre la decisión del gobierno actual de disolver el Consejo porque soy parte de él, pero sí me ha sorprendido. Quiero decirle que apenas salió el decreto supremo de disolución, yo presenté mi carta de renuncia al señor ministro y él me la aceptó.
🚨|El Ministerio Público abrió 11 investigaciones fiscales, entre diciembre de 2022 y enero de 2023, para determinar a los responsables de las muertes de ciudadanos ocurridas durante las movilizaciones sociales que se desarrollan en el país.
Según la información brindada a Sudaca, el accionar fiscal ha sido el siguiente: actualmente se han liberado a 337 personas. De esta cifra, 327 fueron liberados con citación, mientras que 10 han sido liberados con comparecencia. Por otro lado, se tiene conocimiento que 53 personas cumplen con detención preliminar, 3 personas se les ha dictado prisión preventiva y 2 se encuentran con requisitoriado.
La detención preliminar. Hablamos con Rafael Chanjan, abogado penalista. Destacó que se tiene que averiguar si es que se trata de un delito común, ya que si fuera así, entonces su detención sería de 7 días. Sin embargo, si se tratase de un caso complejo, esta detención podría ser de 10 días. “En la práctica judicial, el fiscal deberá solicitar prisión preventiva”, destacó. “Hay que verificar que exista riesgo procesal (fuga y/o entorpecimientos de la actividad probatoria). Tanto para la detención preliminar como para la prisión preventiva”, mencionó el abogado.
La fiscalía corre contra el tiempo. “Sí hasta que vence el plazo (10 días) no hay un requerimiento de prisión preventiva, entonces las personas tienen que salir en libertad”, mencionó el abogado con respecto al accionar fiscal y la cifra que el Ministerio Público presentó. Cada caso tiene que reflejarse por el riesgo procesal de cada investigado para solicitar la prisión preventiva.
Como hemos visto en las cifras y según lo comentado por Chanjan, es que también vencido el plazo de 10 días que se puedan determinar de detención preliminar, el fiscal puede decidir darles comparecencia restringida o que puedan seguir con el proceso mediante una libertad que sea fijada a partir de reglas de conducta.
