Informes

Por Julio Rospigliosi y Alessandro Azurín

Cuando las cámaras de América TV se acercaron, se escondió detrás de las rejas de su domicilio y apenas atinó a decir: “Yo voy a visitar a mis amigos, nada más”. Minutos antes de aquella madrugada del 21 de octubre, este huidizo personaje había salido de la casa del jirón Sarratea, en Breña, que el presidente Pedro Castillo usa para sus irregulares reuniones nocturnas.

A insistencia del reportero, el misterioso sujeto se presentó como Carlos Ponce. Debe haber sido el primer nombre que se le ocurrió, porque en realidad se llama distinto: Elmer Marino García Gutiérrez. Es el flamante subgerente de distribución y almacenamiento en la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (Ceabe) de EsSalud, y también un personaje cercano al cuestionado mandamás del seguro social, Mario Carhuapoma. 

¿Por qué no dijo la verdad? “Seguro por apuro lo dije, pero ya tienen mi nombre [real]”, es la inverosímil respuesta que da a Sudaca.

PROVEEDORES DEL ESTADO

Elmer García, como Carhuapoma, es químico farmacéutico. Dice que conoció a su actual jefe en la universidad. Pero lo más interesante es su experiencia laboral. El hombre que mintió sobre su identidad ha trabajado recientemente en empresas proveedoras del Estado. Una de ellas es Quimtia SA, donde estuvo en el área de “aseguramiento de calidad” desde el 2013 “hasta la actualidad”, según su LinkedIn. García asegura, sin embargo, que ya no labora en esa empresa.

Nota de edición: Luego de publicado este informe, Quimtia envió un comunicado señalando que el señor García Gutiérrez dejó de tener vínculo laboral con esta empresa en febrero del 2017. Cabe aclarar que el señor García se limitó a decir en la entrevista que ya no era trabajador de esta compañía sin precisar la fecha. A continuación reproducimos la carta de Quimtia.

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Quimtia ha ganado 66 licitaciones públicas en los últimos cinco años, la mitad con EsSalud. Sólo en el período de Pedro Castillo, logró 12 contratos con el seguro social por un monto total de S/653.400, según el buscador del OSCE. Los últimos tres contratos se cerraron el 29 de octubre, una semana después de que García pasara por Breña, y son para la “adquisición de material de laboratorio” destinado a la red de salud de Piura.

No es la única compañía proveedora a la que estuvo ligado García. Según LinkedIn, fue gerente comercial de Cromilexming EIRL, que ha tenido contratos con EsSalud y el Instituto de Enfermedades Neoplásicas en el 2019, y en sus redes sociales promocionaba los trabajos de Erel Farmadroug SAC en diversos centros de salud del país hasta un mes antes de que asumiera este gobierno. El 2021, antes de la primera vuelta, mostró -vía Facebook- sus simpatías por Pedro Castillo. 

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Elmer García, posando con una casaca de la empresa Quimtia en una foto subida en noviembre del 2020.

Ya con el profesor en el poder, pasó del sector privado a ser funcionario público. Desde agosto, su nombre figura en el portal de Transparencia como subgerente de la Ceabe, la central encargada de la “programación, contratación, almacenamiento, distribución y redistribución de bienes estratégicos, como productos farmacéuticos, dispositivos médicos, equipos médicos y ropa hospitalaria”, según el reglamento de organización y funciones de EsSalud publicado en mayo del 2021.

Consultado por su versión, García dice que no le compete la función de adquirir bienes. Asegura que la subgerencia de la Ceabe en la que está contratado, la de almacenamiento y distribución, se mantiene al margen de aquellos asuntos. Por estas tareas percibe un sueldo de S/10.816.

Pero el químico farmacéutico es un personaje con bastante llegada al Ejecutivo. García estuvo presente en la transferencia de la cartera de salud de este gobierno, como reveló él mismo en una fotografía que subió a su Facebook. 

Ya en el cargo, visitó el jirón Sarratea, de Breña, la noche del pasado 21 de octubre, cuando fue captado por Cuarto Poder. El 26 de ese mes, también ingresó a la oficina del congresista Waldemar Cerrón, representante del ala más radical de Perú Libre. Un mes antes, lo había hecho en el despacho del oficialista Edgar Tello.

Le enviamos al personaje un pliego amplio de preguntas sobre estas visitas, pero prefirió no responder. “Podrían preguntar sobre lo bueno que hacemos en la entidad”, nos espetó. Él podría haber dado su nombre real a la prensa, pero eligió no hacerlo.

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ESSALUD, Pedro Castillo, Reuniones en Breña

Artículo original publicado el 27 de noviembre de 2021 por Elise Ann Allen en Crux

https://cruxnow.com/church-in-the-americas/2021/11/peruvian-ex-nuns-report-abuses-of-power-conscience-inside-order

Traducción del inglés por Martin Scheuch.

“Una Sierva es recia. Quien obedece nunca se equivoca. La voz de tu superior es la voz de Dios. Cuestionar a tu superior es cuestionar a Dios. Nunca debes confiar en nadie fuera de la comunidad. Tu familia es una tentación del demonio”.

Estas son algunas de las frases inculcadas en las mentes de las jóvenes que forman parte de las Siervas del Plan de Dios (SPD), conocidas coloquialmente como las Siervas. Se trata de un grupo de mujeres consagradas fundado en el Perú en 1998 por el laico Luis Fernando Figari.

Figari es también el fundador de otras comunidades laicas: una de varones, el Sodalitium Christianae Vitae (SCV); y otra de mujeres, la Fraternidad Mariana de la Reconciliación (FMR).

Las tres son sociedades de vida apostólica de laicos consagrados. Sin embargo, a diferencia del SCV y de la FMR, las Siervas -conocidas en las medios sociales por sus videos interpretando música- visten el hábito tradicional y tienen un carisma particular de servir a los pobres y necesitados.

En el 2015, los periodistas peruanos Paola Ugaz y Pedro Salinas publicaron el best seller ‘Mitad monjes, mitad soldados’, que incluía los testimonios de numerosos exmiembros del SCV acusando a Figari de diversas formas de abuso físico, psicológico y sexual, incluso contra menores. Así como abusos de poder, de autoridad y de conciencia.

Los miembros denunciaban la cultura interna tóxica y militante en que la autoridad era incuestionable. Los miembros eran sometidos rutinariamente a crítica, humillados públicamente y empujados a sus límites físicos y mentales con el fin de ser “suficientemente recios” para asumir los retos de responder al llamado de Dios.

Figari fue sancionado por el Vaticano en el 2017 y tiene prohibido cualquier contacto con las comunidades que fundó. Mientras tanto, el SCV está pasando por un profundo proceso de reforma que incluye la revisión de sus constituciones bajo la guía de tres delegados nombrados por el Vaticano.

Las ramas femeninas del SCV han estado largo tiempo fuera de los reflectores no obstante las numerosas denuncias de abusos similares dentro de estas comunidades.

Entre 2016 y julio de este año, cerca de 30 exintegrantes de las Siervas, algunas de las cuales dejaron la comunidad en tiempos tan recientes como el 2020, han presentado denuncias ante las autoridades eclesiásticas en Perú, Chile y el Vaticano.

Crux ha podido acceder a varias de estas denuncias.

Entre aquellas que han denunciado están Ángela Cardona, que pasó 16 años dentro de la comunidad; Paola Mattos, que estuvo 17 años; Melanie Taylor, que estuvo 6; Verónica Avilés, que estuvo 7; y Delia Avilés, que estuvo 8 años.

 

UNA HISTORIA DE ABUSOS

Fundadas con el carisma de servir a los pobres y a los más necesitados, el mantra de las Siervas siempre ha sido: “Si estás cansada, no lo muestres. Muestra siempre una dulce y tierna sonrisa como Santa María”.

Pero según las exintegrantes, esta dulce sonrisa no siempre era sincera y, con frecuencia, fue usada como una máscara para ocultar las consecuencias físicas y emocionales de los abusos de poder y autoridad que fueron moneda corriente dentro de la comunidad.

Muchas de las exintegrantes que denunciaron abusos en las SPD se quejaron de los ejercicios excesivos que las empujaron más allá de sus límites físicos, que causaron en algunos casos lesiones permanentes, con un énfasis excesivo en dietas y en la apariencia física.

Según las exintegrantes, sólo las chicas más bonitas y las que pertenecían a las familias más adineradas le eran presentadas a Figari cuando visitaba sus comunidades y se pasaban semanas ensayando sus platos favoritos antes de que él viniera.

A las mujeres más rollizas les decían cosas como “a Dios no le gusta que seamos gordas” o “la que es gorda no es apostólica” y eran puestas a dietas estrictas sin consultar a un nutricionista. Algunas aseguran que fueron obligadas a hacer ejercicios adicionales o fueron testigos de que se les exigió eso a otras chicas, ocasionando en algunas una serie de problemas de salud, incluyendo anemia.

Una exintegrante que prefirió guardar anonimato por miedo a repercusiones dijo que a las integrantes de la comunidad en Chosica se les exigía anualmente trepar un cerro rocoso para que pudieran rezar en la cima.

No había ningún camino hacia la cima, de modo que a las hermanas se les obligaba a trepar por las rocas con simples zapatos formales de color negro, en lugar de calzado deportivo o botas de excursionismo, y sin ninguna otra forma de protección.

Una vez que alcanzaban la cima, tenían tiempo para la oración, la reflexión y la meditación.

En una ocasión, como cuenta una exintegrante, resbaló y se cayó encima de un cactus, pero aun así se le exigió finalizar la ascensión. Cuando regresaron a la casa de comunidad, su espalda estaba llagada y sangraba.

La hermana dijo que, en todos los años que vivió en la casa de comunidad en Chosica, ni una sola vez la superiora participó de la ascensión. En lugar de eso, con frecuencia, se quedaba en la cama en pijama hasta bien avanzada la mañana.

Las exintegrantes dijeron que fueron reprendidas o recibieron correcciones humillantes delante de toda la comunidad, con la superiora gritando o arrojando objetos. Muchas denunciaron haber sido objeto de abuso verbal, habiéndoseles dicho cosas como “usa la única neurona que tienes” cuando cometían un error.

Otras denunciaron, además, que hubo manipulación de sus procesos de discernimiento y que se les dijo que manifestar dudas sobre su vocación era equivalente a ceder a las tentaciones del demonio.

Ciertas integrantes también contaron de problemas que tuvieron durante sus años de formación, los cuales, en vez de enfocarse en el estudio y el discernimiento, transcurrieron para ellas como sirvientas personales de la superiora, haciendo de todo: desde limpiar habitaciones hasta planchar velos y lavar ropa interior.

Muchas exhermanas señalaron en sus denuncias el número significativo de integrantes de la congregación que recibían alguna forma de tratamiento psicológico, el cual se inició para la mayoría apenas ingresaron a la comunidad, incluyendo varias que fueron medicadas. Muchas dejaron la comunidad con desórdenes de ansiedad y algunas desarrollaron síndrome de estrés postraumático.

También denunciaron el presunto mal uso de recursos. Señalaron que el dinero destinado a sostener proyectos para los pobres fue, en cambio, invertido en la comunidad. Esto mientras que los hogares de ancianos pasaban meses sin reparaciones básicas y se les proveía solo con los materiales más elementales y baratos.

 

LEALTAD A FIGARI

No obstante los rumores públicos sobre las inconductas de Figari e incluso las sanciones que le impuso el Vaticano el 2017, las exintegrantes de las SPD señalaron que seguía siendo idolatrado por la comunidad.

Paola Mattos, quien denuncia haber sufrido diversos abusos psicológicos, abusos de autoridad y acciones en perjuicio de su salud física mientras vivía en la comunidad, relató que cuando se estaba preparando para una operación quirúrgica -la cual se efectuó aproximadamente al mismo tiempo en que estaban saliendo a la luz las acusaciones contra Figari- se le dijo que este estaba siendo “injustamente perseguido” y que debía ofrecer sus sufrimientos por él.

De manera similar, una vez que las acusaciones fueron públicas y quedó claro que el Vaticano probablemente tomaría acciones contra Figari, Delia Avilés les preguntó a sus superioras si debía deshacerse de la colección de libros de Figari que había en la casa de comunidad.

Como respuesta se le dijo: “Hay que guardarlos, quizás en este tiempo en Roma él se santifique y sea santo. Eso no lo sabemos nosotros”. El diálogo se dio cuando Figari había sido enviado a vivir en Roma en el momento en que los rumores sobre su conducta habían comenzado a circular en el Perú.

Otras exintegrantes denuncian haber oído a hermanas defendiendo a Figari y señalan que las superioras de las Siervas imitaban su estilo autoritario de liderazgo, incluso después de haber sido sancionado.

 

UNA VISITA APOSTÓLICA Y DENUNCIAS REALIZADAS

En el 2016, la primera denuncia contra las Siervas por diversos abusos ingresó en la Oficina Pastoral de Denuncias (OPADE) en Chile. Fue hecha por una excandidata a las SPD.

Un año más tarde apareció un informe en un periódico chileno, El Mostrador, escrito por una excandidata a las SPD, haciendo un recuento terrorífico de relatos de abusos dentro de la comunidad. Se daban a conocer así estas acusaciones a la opinión pública.

En mayo de 2018, cinco exintegrantes de las Siervas hicieron llegar sus denuncias a Monseñor José Rodríguez Carballo, Secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, haciendo un recuento de sus historias de abusos. Aún no han recibido una respuesta.

En ese momento estas cinco mujeres también informaron a las SPD que habían hecho la denuncia, pero no les revelaron su contenido. Sin embargo, trascurrido un año sin ninguna respuesta, les enviaron el informe completo el 2019. Las SPD respondieron, pero no hubo ningún cambio o investigación.

Varios meses después de la denuncia hecha por las cinco exintegrantes el 2018, varias mujeres pertenecientes a la comunidad en ese entonces -hoy ya no- le escribieron al arzobispo de Lima, el Cardenal Juan Luis Cipriani, sobre su creciente preocupación por las conductas dentro de las SPD.

En diciembre de 2018, Cipriani puso en marcha una visita canónica a las SPD, requiriéndoles no mantener ninguna comunicación externa mientras la visita tuviera lugar. A las integrantes se les dijo que, si hablaban de la visita con alguien fuera de la comunidad, incluyendo sus familias, era una violación de su promesa de obediencia.

Los primeros delegados que llevaron a cabo la visita fueron el sacerdote peruano Jose Taminez y la monja peruana María Elena Camones. Sin embargo, Cipriani dejó su cargo cuando la visita no había aún terminado y ahora el obispo auxiliar de Lima, Mons. José Salaverry, es el encargado de llevar adelante la visita junto con la Hna. Camones.

En ese entonces se le dijo a la comunidad que cada una de sus integrantes sería entrevistada como parte de la visita. Sin embargo, las exintegrantes denuncian que este no fue el caso y que a muchas de ellas se les impidió hablar con los delegados, incluyendo a varias que habían confiado los abusos a sus superioras.

La visita terminó abruptamente sin concluir su trabajo poco después de que el nuevo arzobispo de Lima, Mons. Carlos Castillo, asumiera su cargo en marzo de 2019 y a las hermanas se les dijo que la razón de esto estaba en el cambio de autoridad eclesiástica en Lima. Sin embargo, algunas exintegrantes dijeron que algunos funcionarios de la Iglesia en Lima les comunicaron que otro motivo fue la falta de transparencia de las integrantes y autoridades de las SPD durante las entrevistas.

Algunos meses después, en agosto de 2019, un grupo de 20 exintegrantes de las SPD enviaron un dosier a Mons. Castillo, reseñando testimonios y denuncias de varios abusos. Este dosier fue posteriormente presentado a Mons. Salaverry, que es ahora delegado del arzobispado de Lima para la vida consagrada.

Mons. Salaverry no ha respondido al pedido de comentarios por parte de Crux sobre los resultados de la visita y el estado actual de las SPD.

En junio de 2021, un grupo aparte de siete exintegrantes hizo llegar una denuncia formal a la Oficina Pastoral de Denuncias de Chile y en julio sus denuncias fueron enviadas al Vaticano, a la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, a través del subsecretario del dicasterio, Pier Luigi Nava.

Muchas de las denuncias involucraban a Andrea García, quien ha dejado la comunidad, pero que estuvo a cargo de la formación de las SPD entre 1998 y 2017. Fue Superiora General de la comunidad de 1998 a 2005 y parte del Consejo Superior de 1998 a 2018.

Las ex integrantes también acusan a las Hnas. Carmen Cárdenas, Claudia Duque y Elizabeth Sánchez de diversos abusos dentro de la comunidad.

La misma Hna. Cárdenas fue Superiora General de las SPD desde 2005 hasta enero de 2020. Ambas, ella y la Hna. García, fueron designadas por Figari. La actual Superiora General de las SPD, Natalia Sánchez, fue la primera en ser elegida por las mismas integrantes de la comunidad en el año 2020.

En sus comentarios a Crux, la Hna. Natalia Sánchez, actual Superiora General de las SPD, dijo que desde hace algunos años la comunidad está pasando por “un proceso de reflexión y renovación”.

Parte de este proceso, según ella, fue la primera Asamblea General de las SPD, que tuvo lugar a fines del año 2019.

Durante la asamblea “hemos podido elegir a nuestras nuevas autoridades y replantear nuestro camino en comunidad al servicio de la Iglesia. Reconocemos que es un camino largo en el que aún hay más por profundizar y aprender”, dijo.

Sánchez dijo que la comunidad está promoviendo actualmente varias actividades orientadas a una reforma, incluyendo cursos de entrenamiento sobre varios temas; encuentros y conversaciones con especialistas; desarrollo de protocolos para la prevención e identificación de abusos, según las normas de la Iglesia; un plan revisado de formación, incluyendo la formación de aquellas que ejercen de superioras en las casas de comunidad y de las hermanos a su cargo.

Todos estos pasos, dijo Sánchez, “son necesarios para la práctica saludable del discernimiento comunitario que promueva la participación de las hermanas y la vida fraterna”.

Dio fe de la de la “total disposición” de las SPD para cooperar con las autoridades competentes, “para que se esclarezca cualquier hecho que sea materia de denuncia y se tomen las medidas pertinentes y así prime y se garantice la verdad y justicia que tanto necesitan las personas que hayan sido afectadas y nuestra Iglesia”.

Sánchez no reveló si se ha iniciado una investigación sobre las Hnas. Cárdenas, Duque y Sánchez.

A día de hoy, Delia es la única que ha oído algo del Vaticano después de enviar una denuncia personal al Cardenal Luis Ladaria, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, mediante un correo electrónico de diciembre de 2020.

Precisamente en este mes en curso, casi un año después de contactar a Mons. Ladaria, Delia recibió un correo de un funcionario de la así llamada Congregación para Religiosos solicitando una dirección a la cual poder enviar una carta formal del dicasterio.

En la carta, firmada por la Hna. Carmen Ros Nortes, subsecretaria de la Congregación para Religiosos, se le informa a Delia que su denuncia de diciembre de 2020 había sido recibida y que “ha sido objeto de un análisis detenido y llevado a la autoridad competente para solicitar una respuesta al respecto”.

“Por el bien de todos y de la Iglesia, se ha pedido a las mismas autoridades que actúen, superen y corrijan los aspectos impropios e incorrectos que se encontraron en el gobierno, en la formación y en la constatación de eventuales actos de abuso de poder, de violencia psicológica o de manipulación de la conciencia”, decía la Hna. Ros Nortes en la carta.

La Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica rechazó un pedido de Crux solicitando comentarios sobre el estado de las SPD y si se ha abierto una investigación.

El 16 de noviembre, las SPD anunciaron en su página de Facebook que a inicios de este mes tuvieron un encuentro virtual con todas sus integrantes en el mundo para poner en marcha el protocolo de prevención de abuso, en el contexto del “tiempo institucional de revisión, reflexión y renovación”.

Pero para las ex integrantes, muchas de las cuales dejaron la comunidad en los últimos cinco años, gestos como estos son demasiado tardíos y existen dudas sobre si puede tener lugar una reforma significativa cuando el liderazgo de la comunidad aún está compuesto por integrantes de la “vieja guardia” formadas en tiempos de Figari.

Dado que muchas de las exintegrantes han dejado la comunidad en época muy reciente, esto significa que los abusos que experimentaron dentro de la comunidad seguían ocurriendo incluso después de que Benedicto XVI y el Papa Francisco intentaron reformar la vida consagrada, y después de que se hicieran públicos los escándalos que involucraban a Figari y a varios otros fundadores de movimientos eclesiales.

Actualmente hay una presión enorme dentro del Perú para disolver el SCV y toda la Familia Sodálite. 

Aún ha de verse lo que sucederá con estas comunidades, pero una cosa es cierta: que independientemente de su destino, son un ejemplo notorio del trabajo que aún necesita hacerse en el arduo y progresivo esfuerzo de reformar la vida consagrada en la Iglesia católica.

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El exsecretario general de la Presidencia pasó de hacer taxi en un Daewoo Tico, modelo 1994, a presumir de una camioneta Toyota Fortuner 2019, valorizada en US$41.490. Con este último vehículo el profesor de secundaria de los cursos de Química y Biología llegó el viernes pasado a Palacio de Gobierno, de acuerdo a las imágenes de varios canales de televisión. La camioneta pertenece a la compañía Servicios de Salud Guadalupe, la razón social de la clínica Guadalupe de Chorrillos, según Registros Públicos. 

Pacheco visitó a Beder Camacho Gadea, nuevo subsecretario general de Presidencia y exfuncionario en el gobierno de Ollanta Humala. Lo hizo en medio de la polémica por el hallazgo de US$20.000 en el baño de su oficina en Palacio, durante una inspección del fiscal anticorrupción Marco Huamán que lo investiga por presionar al jefe de la SUNAT, Enrique Vera Castillo. Para la cita Pacheco llegó y salió a bordo de la camioneta de la clínica Guadalupe. 

El centro de salud es dirigido por Elena Maco Flores, quien –en noviembre del 2020- fue detenida por presuntamente dirigir a personal médico que no reunía los requisitos para atender. El caso no llegó a mayores porque la clínica sigue funcionando, con Elena Maco al frente. La clínica Guadalupe ganó este año un contrato de S/11.031 en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de acuerdo a datos de la cartera de Economía y Finanzas. El portal no consigna qué mes. ¿Qué hacía Pacheco a bordo de un automóvil de un proveedor? Por ahora es un misterio. Sudaca se comunicó con él, pero al cierre de esta edición no respondió a nuestras llamadas. También llamamos a la casa de la directora de la clínica, pero dijeron que no se encontraba.

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Izquierda: Partida registral que consigna la compra de un Toyota Fortuner 2019 por parte de Servicios de Salud Guadalupe. El costo: US$41,490. Derecha: Esa camioneta fue usada por Bruno Pacheco para ir a Palacio el viernes 26 de noviembre.

La ostentación actual de Pacheco contrasta con su modo de vida de años atrás. En el 2004, por ejemplo, compró un Daewoo Tico a US$1.200, conforme a los documentos registrales. El pequeño auto se usaba para hacer taxi, según informes del Servicio de Administración Tributaria (SAT). El Tico hasta ahora está a su nombre.

Partida registral que consigna que, en el 2004, el exsecretario general de Presidencia Bruno Pacheco compró un Daewoo Tico a US$1,200.

El 2009, Pacheco fue multado por haber cometido una falta grave a bordo de este carro. El vehículo registra otras sanciones. En el 2012, le aplicaron papeletas por estacionarse en zonas indebidas en el Rímac e Independencia, por un monto total de S/704. Los informes colocan que Arnulfo Bruno Pacheco Castillo era el propietario del Tico amarillo y no dan cuenta que haya alquilado el carro o que el conductor fuese otro. Los inspectores le tomaron foto al auto de Pacheco. Tenía el letrero de “Taxi”. 

Uno de los reportes del SAT da cuenta de otra infracción por “detener el vehículo sobre la línea demarcatoria de intersección, dentro de éstas o en el crucero peatonal (pase peatonal)”. 

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Izquierda: Papeleta impuesta, en el 2012 a Bruno Pacheco Castillo, a bordo de un Daewoo Tico por invadir carril peatonal. Derecha: Foto del pequeño vehículo usado como taxi. Fuente: Servicio de Administración Tributaria.

Pacheco tuvo otros tres autos a lo largo de su vida, que ya no le pertenecen. Tuvo un Nissan de 1985, que también lo usó para hacer taxi, de acuerdo a información del SAT. Y dos autos Toyotas, de 1993 y 1995. Los carros terminaron en manos de sus hermanos Gloria y Misael. No tiene inmuebles a su nombre. 

En la declaración jurada de intereses que presentó a la Contraloría, Pacheco consignó que  ejerce de profesor en la Unidad de Gestión Educativa Local 07 desde 1998. En el 2014 comenzó a trabajar como jefe de selección y capacitación de personal en la compañía de seguridad Vigarza.

Pacheco llegó a la cumbre al ser designado este año secretario general de Palacio, ganando S/25.000 mensuales. La Unidad de Inteligencia Financiera detectó recientemente S/80.000 en las cuentas del exasesor del presidente Pedro Castillo, informó “La República”. Los movimientos financieros de Pacheco son escudriñados con lupa por la Fiscalía. 

Deltron por dentro 

El fiscal anticorrupción Marco Huamán Muñoz ha puesto el punto de mira, principalmente, en la relación entre Pacheco y el grupo informático Deltron, creado en 1992. Deltron es un importante proveedor del Ministerio de Educación, el sector en que Pacheco se mueve como pez en el agua. Ha ganado contratos por S/478’704.000, entre 1999 y 2021, según el portal de Transparencia Económica del MEF.  El año pasado la compañía obtuvo el acuerdo más ventajoso en su historial con el Estado: la cartera de Educación  le adjudicó una licitación de S/123’309.703 como proveedor de las tabletas para los escolares. 

El grupo Deltron fue fundado por Néstor Quispez Asín Serna, un empresario vinculado a Perú Posible, el partido al que perteneció Silvia Barrera, considerada el enlace entre la empresa y Bruno Pacheco.

Quispez Asín se dejó ver en eventos relacionados con los peruposibilistas. En el 2015 participó en la presentación del libro “La sociedad compartida”, de Toledo, actualmente prófugo. También asistió a eventos coordinados por Gustavo Pacheco, exescudero de Toledo y actual parlamentario andino por Renovación Popular, sobre gobernabilidad y negocios. 

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2015. Néstor Quispez Asín Serna (con un teléfono en la mano), fundador del grupo Deltron, en la presentación del libro del expresidente y  fundador de Perú Posible, Alejandro Toledo, “La sociedad compartida”.

No resulta extraño, por lo tanto, la conexión entre Quispez Asín y Silvia Barrera, exalcadesa de Villa María del Triunfo por Perú Posible e incondicional del expresidente Toledo. 

Barrera fungió como intermediaria entre Pacheco y Deltron al enviarle al primero una resolución de la SUNAT, en el 2015, sobre la deuda tributaria de la compañía. El objetivo: que el exsecretario mueva sus influencias para  dejar de cobrarle impuestos a la firma que vende productos informáticos. Pacheco aceptó el encargo y empezó a operar. Le envió un chat al jefe de la SUNAT para que perdone la deuda de sus amigos de Deltron porque “si no lo van a mandar a la bancarrota”, 

De acuerdo a los estados financieros del 2018, Deltron arrastraba una deuda de S/2’067.000. El grupo empresarial, ante el escándalo suscitado por las presiones de Bruno Pacheco al jefe de la SUNAT, dijo no tener “deuda tributaria vencida” y agregó que “goza de una saludable posición económica y financiera”.  Todo esto a través de un comunicado. 

La trama también tiene ingredientes políticos. Silvia Barrera se afilió a Podemos Perú, el partido de José Luna, en septiembre último. Esta agrupación tiene una bancada próxima al oficialismo en el Congreso. Y, desde esa militancia, Barrera ha tenido acercamientos con el otrora hombre fuerte del gobierno, Bruno Pacheco. El exsecretario general de Palacio, incluso, participó en una actividad proselitista de Silvia Barrera, que aspira a volver al sillón municipal en Vila María del Triunfo. El hecho podría suponer un interés de Pacheco de que el gobierno tenga un pacto con el partido de Luna Gálvez, en medio de una feroz pugna con la oposición. 

Barrera Luna Gálvez
Silvia Barrera Vásquez, con el líder y congresista de Podemos Perú, José Luna Gálvez, en un acto proselitista en octubre. Barrera se afilió a esa agrupación, aliada del gobierno,  en septiembre último y llevó a una actividad, en Villa María del Triunfo,  a Bruno Pacheco. Fuente: Facebook de Silvia Barrera.

En abril del 2021 Deltron, además, cambió a su directorio. Tomó las riendas de la empresa Alberto Oropeza Malpartida, exmilitante de Alianza Para el Progreso, de César Acuña, que le hace un guiño al Ejecutivo en estos días. 

El hallazgo de los veinte mil dólares en el baño del exsecretario presidencial es sólo la punta del iceberg de la investigación contra Bruno Pacheco, el hombre que nueve años atrás manejaba un taxi Tico.

*Fotoportada: Darlen Leonardo

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El año pasado, durante los momentos más críticos de la pandemia, en el Colegio Médico de Lima Metropolitana se desató una serie de irregularidades financieras y administrativas. Así lo revela una auditoría de mediados de este año a la que Sudaca accedió y que pone en la picota al exdecano de esta sede, el epidemiólogo Juan Astuvilca Cupe, y a la tesorera Julisa Caballero Amado. Y es que no todos los esfuerzos del gremio se centraron, precisamente, en combatir al coronavirus. 

El 15 de octubre del año pasado, el Colegio Médico del Perú (CMP) encargó a la empresa de auditores Jerí Ramón & Asociados una evaluación sobre el manejo administrativo del Consejo Regional III Lima, más conocido como el Colegio Médico de Lima Metropolitana. Los especialistas pusieron el foco entre enero y setiembre de aquel 2020, advertidos de presuntos malos manejos que apuntaban a la cabeza.

En noviembre de aquel año, Astuvilca y Caballero fueron separados de sus cargos hasta que concluyan las indagaciones. Luego de algunos meses de trabajo, los auditores señalaron que el decano Astuvilca y su tesorera Caballero habían autorizado bonos sin justificación e incluso se beneficiaron de préstamos sin autorización de la Junta Directiva, la máxima instancia que aprueba este tipo de desembolsos.

Uno de los hallazgos más importantes es que existieron operaciones financieras “fantasma”. En total fueron más de 125 transacciones sin respaldo documentario. “No fueron ubicados los documentos que respaldan operaciones hasta por S/315.668,58”, asegura el informe. La mayoría de estos desembolsos fueron pagos de AFP’s y servicios básicos, pero también pagos de dietas a directivos, como la propia Caballero.

A inicios de este año, además, las autoridades que reemplazaron a Astuvilca en el cargo le dijeron a los auditores que la tesorera no había entregado los documentos contables que sustentan los desembolsos. “Existe una variedad de documentos que faltan, porque lastimosamente la Dra. Julisa Caballero no ha realizado la entrega de cargo correspondiente sobre el acervo documentario administrativo y contable, a pesar de las cartas notariales que la Junta Directiva le solicitó, lo cual perjudica notablemente a la institución en su funcionamiento, incumpliendo totalmente las funciones a la que fue asignada como Tesorera”, contó en enero pasado Gerardo Campos Siccha, el tesorero que sucedió en el cargo a Caballero.

Los auditores dieron cuenta de que también faltaban 773 comprobantes de pago, entre notas de crédito, boletas de venta y facturas. Y encontraron que, entre febrero y mayo de ese año, se autorizaron préstamos a directivos por S/78.400 saltándose los procesos.

El 7 de febrero del 2020, por ejemplo, el entonces decano Astuvilca recibió S/54.000, mientras que la tesorera obtuvo S/9.400 en mayo por ese concepto, dice el informe. Estas transferencias no se dieron en «un proceso regular debido a que la Junta Directiva desconocía dicha solicitud”, dijo Campos Siccha.

Los préstamos que Astuvilca y Caballero autorizaron para ellos mismos, según el informe de auditoría.

Campos agregó que Astuvilca devolvió parte del dinero recién en junio de este año, es decir, cuando el proceso administrativo en su contra estaba en curso. También señaló que Caballero, como tesorera, aprobó su propio préstamo directamente a su cuenta bancaria “el cual no contaba con la documentación, aprobación y conocimiento de la Junta Directiva”.

Pero hay más. Tanto Astuvilca como Caballero habrían acordado realizar otros desembolsos durante el pico más alto de la pandemia. Por ejemplo, el decano recibió S/14.080 entre bonos de movilidad sin aparente justificación, según la auditoría.

Los pagos, que se dieron entre marzo y junio del 2020, se aprobaron “por un aparente acuerdo entre Caballero como jefa de tesorería y Astuvilca como decano” y sin haber hecho la solicitud correspondiente, de acuerdo a lo señalado en el informe por el ya mencionado Campos Siccha. Estos “bonos” no tendrían justificación porque “ya habían sido pagados en el mismo periodo”, se lee en el documento. Astuvilca, como con los préstamos anteriores, devolvió los importes más de 90 días después.

Otros desembolsos coordinados entre Astuvilca y Caballero fueron la entrega de “bonos extraordinarios” a ciertos trabajadores de la institución, en mayo del año pasado. La auditoría identificó que, sin ningún sustento, salieron S/31.300 de tres cuentas bancarias de la institución y fueron a parar a manos de algunos suertudos. “No se evidencia acuerdo del Consejo Regional III – Lima ni del Consejo Nacional que apruebe las Entregas a Rendir ni de Bono Extraordinario a favor de los mencionados trabajadores”, dice el informe.

Fue tal el desconcierto respecto a estos “bonos extraordinarios” que los trabajadores beneficiados devolvieron el dinero. Una de ellas, la contadora Rocío Villegas Huapaya, dirigió una carta al decano señalando que devolvía los S/2.000 que le depositaron porque “no se justifica que un grupo de trabajadores reciban un bono extraordinario y no la totalidad del personal”. Un gesto de honestidad en medio de este presunto faenón.

Un premio económico muy similar se dio bajo el concepto “pago de escolaridad”. En febrero del año pasado, solo un mes después de que la gestión Astuvilca tomara las riendas del colegiado de Lima, se repartieron S/16.138 entre 14 trabajadores por este concepto. Pero había un detalle: algunos no tenían hijos en edad escolar. “Se observó que de los trabajadores beneficiarios del pago de escolaridad están considerados algunos que no evidenciaron tener hijos en edad escolar”, dicen los auditores. Campos Siccha señaló que no tenía conocimiento de ningún acta de consejo donde se haya acordado este desembolso, señala el informe.

Debido a este festín de bonos y repartija de dinero, Astuvilca y Caballero se encuentran separados temporalmente de sus funciones desde noviembre del año pasado. Los auditores recomendaron al final de su trabajo que el decano nacional, Palacios Celi, elevara su informe al Comité Ejecutivo Nacional para determinar acciones y se establezcan sanciones en su contra.

El área de prensa del CMP le dijo a Sudaca que el proceso disciplinario es reservado y que “no pueden pronunciarse por ahora”, conforme a su reglamento interno. Todo queda en casa.

Astuvilca, con quien este medio intentó comunicarse en reiteradas oportunidades, se limitó a señalar en su Facebook que las acusaciones en su contra son “falsas especulaciones que atentan contra su reputación”. La publicación es del día en que anunciaron su separación y cuando no se conocían los detalles que consignamos en este informe. También buscamos la versión de Caballero, pero no tuvimos éxito. 

 

Objetivo decanato

Tanto Astuvilca como Caballero llegaron a sus puestos para el periodo 2020-2022 gracias a la agrupación ‘Integridad Médica’. Este movimiento tiene como coordinadores nacionales a las actuales cabezas del gremio: Miguel Palacios Celi, decano nacional, y Ciro Maguiña Vargas, vicedecano. El primero de ellos es el llamado a elevar el informe de auditoría al Comité Ejecutivo Nacional, como ya hemos mencionado.

Maguiña, por su parte, es recordado por haber formado parte del escándalo del “Vacunagate”, en el que 487 personas se vacunaron de manera irregular contra la Covid-19.

El decano y el vicedecano son cercanos a Astuvilca y Caballero, como se puede ver en publicaciones y fotos en redes sociales.

Para el periodo 2022-2024, Integridad Médica intentará mantener el timón del Colegio Médico del Perú y de la sede de Lima. Como cabeza de lista, la agrupación propone al doctor Raúl Urquizo Aréstegui para el decanato nacional. Urquizo, actual director del Servicio Médico Familiar del colegio (SEMEFA), es un viejo conocido de Astuvilca y también es mencionado en el informe de auditoría.

El candidato de Integridad Médica fue decano de Lima entre los años 2018 y 2020. En ese mismo periodo Astuvilca fue su secretario general. Como parte de su informe de gestión, Urquizo señaló que “con mucho esfuerzo” lograron concluir una obra que estaba estancada desde el 2012. Se trataba de 18 bungalows para el Club Tumi I de Chaclacayo, un centro de recreación administrado por el Colegio Médico de Lima que ofrece sus servicios a los colegiados de todo el país.

Sin embargo, el informe de auditoría señala que actualmente solo un bungalow ha sido terminado y la construcción del resto se encuentra suspendida debido a clamorosas deficiencias técnicas. “La paralización se refiere a 17 bungalows que quedaron semiconstruidos en casco, habiéndose construido un bungalow en su totalidad y un primer nivel correspondiente al estacionamiento vehicular que ha sido totalmente rehabilitado y reforzado con columnas y vigas para soportar la estructura”, dice el documento. 

Las fisuras (en blanco) que observaron los auditores en el estacionamiento del centro recreacional Tumi I.

Según verificó Jerí Ramón & Asociados al visitar el club, el estacionamiento –que soporta el peso de los 18 bungalows– tiene fisuras en su interior. La obra, que comenzó en el 2019 con Urquizo y debía concluir en la gestión de Astuvilca, ya le ha costado al Colegio Médico más de S/2 millones. 

Consultado por Sudaca respecto a estos hechos, el doctor Urquizo descartó tener responsabilidad directa. “Se está utilizando ese elemento para atacar mi candidatura. Esa obra fue entregada en noviembre del 2019. Obviamente el mantenimiento es responsabilidad de la actual gestión [Astuvilca y sus sucesores luego de ser separado], pero nosotros dejamos operativo todo”, aseguró.

En las elecciones de este domingo 28 de noviembre, donde compiten con otras tres listas, Integridad Médica buscará extender su reinado en el colegio al menos por dos años más. Están advertidos.

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“La vocación nace con uno. No se impone por la necesidad”, escribió en su perfil de LinkedIn Bruno Pacheco. El renunciante secretario general de la Presidencia está en el ojo de la tormenta por presionar al jefe de la SUNAT, Luis Vera Castillo, para beneficiar -entre otros- al grupo Deltron, una compañía de productos informáticos. El escándalo ya es usado como un arma para plantear la vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Es uno de los argumentos que plantea la moción redactada por la congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, que busca destituir al mandatario, en un escenario de máxima tensión. 

“Se ha hecho de público conocimiento otras denuncias por haber presionado al Jefe de la SUNAT para favorecer a empresas que tienen deudas con dicha entidad”, dice una parte de la moción de 13 páginas, redactada por Chirinos el 15 de noviembre. El documento aún no ha sido presentado formalmente al cierre de esta edición. Necesita 26 firmas como mínimo para presentarse, 52 para ser admitido a debate en el Pleno y 87 para concretar la caída de Castillo.

Moción página
Una parte de la moción redactada por Patricia Chirinos, el 15 de noviembre, que da cuenta del escándalo protagonizado por el secretario general de Palacio, Bruno Pacheco.

En Palacio estiman que, en este momento, la oposición no tiene los votos para vacar al presidente. Pero aseguran que el escándalo desatado por Bruno Pacheco, quien aún no tiene reemplazo, les da una oportunidad para volver a la carga más adelante. “Si el presidente es salpicado de una u otra manera en la investigación fiscal a Pacheco, la oposición sacará las garras porque el tema de la vacancia ya flota en el ambiente. Los opositores ven más posibilidades en este caso que en los Dinámicos del Centro”, dice una fuente palaciega.

Los casos de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra vienen a la cabeza ante este despelote. Ambos, como ahora Castillo, se enfrentaron a una feroz oposición congresal. PPK afrontó un proceso de vacancia en diciembre del 2017 por haber ocultado pagos de la constructora brasileña Odebrecht. Kuczynski sorteó la destitución con lo justo tras recibir una ayuda inesperada de Kenji Fujimori. Con la sangre en el ojo, los fujimoristas volvieron a la carga, en marzo del 2018, cuando revelaron los “Mamaniaudios”, donde supuestamente se intentaba comprar votos para salvarle el pellejo al entonces presidente. PPK se vio forzado a renunciar ante su inminente destitución. 

Vizcarra pasó por el mismo trance. En septiembre del 2020 esquivó un pedido de vacancia por la contratación del polémico cantante Richard Cisneros, mejor conocido de “Richard Swing”. El asunto fue visto como un globo de ensayo. El plato de fondo llegó dos meses después, en noviembre de aquel año. Vizcarra ya no pudo driblear la vacancia al ser acusado de recibir sobornos en su etapa como gobernador regional de Moquegua.

Castillo parece haber tomado nota del espinoso asunto. Y busca un acercamiento con el ala dura de la bancada de Perú Libre para tener 37 votos seguros. Una fuente del lápiz asegura que hoy estaba pactada una reunión entre Waldemar Cerrón, el vocero del grupo oficialista parlamentario, y el mandatario. Pero el diálogo no se se antojará sencillo. Si bien es cierto los cerronistas han anunciado que no votarán por la vacancia, no están dispuestos a respaldar al gobierno en todos los demás aspectos.

Fuentes de Perú Libre señalan que Waldemar Cerrón, hermano de Vladimir, pediría la cabeza de Auner Vásquez, el poderoso asesor de Pedro Castillo. Y es que el ala cerronista lo responsabiliza también del caos que habita en Palacio. El pedido,sin embargo, no será una condición para que la bancada apoye al mandatario en el trance de la vacancia.

Waldemar Cerrón
Waldemar Cerrón Rojas, congresista de Perú Libre y hermano de Vladimir Cerrón,  en una reunión con el presidente Pedro Castillo, según fuentes de Perú Libre. Foto: Congreso.

SONDEOS

Con este clima de división y acusaciones, el gobierno afrontaría un primer pedido de vacancia. Mientras tanto, los congresistas de oposición, con Patricia Chirinos a la cabeza, tratan de convencer a los legisladores para que –al menos 52 de ellos– admitan a debate la moción de vacancia y el presidente Castillo responda a los cuestionamientos ante el Pleno.

Chirinos sondeó a algunos parlamentarios de centro, como José Jerí (Somos Perú), para sumarse a su causa. No obtuvo éxito, de acuerdo a fuentes de Somos Perú. Hasta el momento, bancadas como Alianza Para el Progreso y Acción Popular, con 15 y 16 congresistas, respectivamente, rechazan la vacancia. Los dos grupos parlamentarios son claves, numéricamente hablando, en cualquier votación importante. 

“Nosotros no vamos apoyar el pedido de vacancia. Siempre respetamos los votos que puedan tener nuestros invitados, a quienes tenemos una gran consideración, que son el general Chiabra y la doctora Echaíz. Pero, como partido, la bancada no va a respaldar en este momento ningún pedido de vacancia. El gobierno, pues, tiene que considerar todo lo que estamos haciendo para darle gobernabilidad”, dice Luis Ibérico, asesor principal de la bancada de Alianza Para el Progreso.

“Me preocupa la situación porque estamos actuando con una gran irresponsabilidad. Yo lamento que haya ciertos políticos que vean la vacancia como deporte nacional. Hay congresistas y políticos que están moviendo el avispero demasiado, que están moviendo el panal demasiado. Y cuando al panal mucho golpeas, salen las abejas. Y las abejas salen de manera furibunda, salen para golpear. Están golpeando demasiado el panal y podría haber una convulsión social sin precedentes en nuestro país”, dice, por su parte, Mesías Guevara, gobernador regional de Cajamarca y dirigente de Acción Popular. 

GABINETE EN LA MIRA

En paralelo, el exprimer ministro Guido Bellido apunta sus dardos hacia la vicepresidenta Dina Boluarte. “No podemos tener un acercamiento con una persona que habla mal de sus dirigentes y no reconoce a su propio partido. La vicepresidenta plantea conversar con el fujimorismo y no con Perú Libre. Nada bueno va a salir de una conversación con la bancada fujimorista”, dice Bellido a Sudaca. Esto a propósito de una declaración de Boluarte, en Arequipa, donde dijo que se reuniría con Fujimori “de ser necesario” para que la lideresa pueda hablar con la bancada de Fuerza Popular, que empuja la moción de vacancia.

El ala dura también cuestionan a la primera ministra Mirtha Vásquez y a Verónika Mendoza, aliada del profesor Castillo, por cómo está repartida la torta en el gabinete. “No hay proporción en la cuota de poder. Mendoza tiene, para mí, siete ministerios e incluyo al Midis y Trabajo [ambos dirigidos por las militantes perulibristas Dina Boluarte y Betssy Chávez]. Ella [se refiere a Chávez] ha tomado distancia del partido”, dice Bellido. 

La batalla contra Vásquez sigue su curso. La parlamentaria cerronista Margot Palacios pidió –a través de una moción– que la premier dé explicaciones sobre su reunión con el líder de Alianza Para el Progreso, César Acuña, en la casa de este último en La Molina. El encuentro tuvo lugar la noche del 8 de noviembre. “Ahora comprenderá el presidente Pedro Castillo por qué quisimos salvarlo del Gabinete caviar, porque son una plaga si le das chance”, tuiteó el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, el 13 de noviembre pasado, en referencia a la cumbre en la casa de Acuña. 

 

Mitha Vasquez - Premier -PCM
23 de noviembre. La primera ministra Mirtha Vásquez sustenta el presupuesto 2022 ante el Congreso, en medio del fuego graneado de la oposición y los empresarios. Foto: Andina.

La figura de la primera ministra, adversaria de Perú Libre, ha quedado trastocada luego de anunciar el cierre de cuatro unidades mineras, en Ayacucho, desatando las protestas de las empresas afectadas, los gremios empresariales y la federación de trabajadores mineros. Vásquez tuvo que retroceder y ablandar su discurso ante los reclamos. El desaguisado trató de ser arreglado por el presidente en una actividad en Arequipa. “Para referirme a un tema que ha generado debate en los últimos días, desde aquí [Arequipa] vuelvo a ratificar ante el país nuestro compromiso de respetar y promover las inversiones privadas, entre ellas la minería”, dijo Castillo.

“Todos los ministros trabajan conjuntamente. Pero nada de eso cuenta, porque lo que se quiere es buscar una causal y pedir la declaración de la vacancia del presidente de la República. Y, con respecto a Perú Libre, es normal que haya posiciones diferentes, pero esperamos que no se produzcan divisiones porque perjudica a la democracia”, dice a Sudaca Aníbal Torres, el ministro de Justicia, intentado poner paños fríos.

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Por Alba Ñaupas y Paolo Benza

Toda una trama empresarial tejió América Móvil Perú SAC, el nombre legal de la filial de Claro en nuestro país, para pagar menos impuestos por la importación de equipos de la marca Nokia. Así lo señala documentación del Tribunal Fiscal y una reciente resolución judicial a la que Sudaca tuvo acceso. La historia incluye la creación de una empresa ‘cascarón’ en Chile y un convenio bilateral al que se le sacó la vuelta.

La Sunat fue la primera en advertir la jugada y calculó que la empresa de telecomunicaciones de capitales mexicanos debía al fisco S/53.000.000, ya no solo por lo que dejó de pagar, sino por los intereses y la multa respectiva. Entonces la compañía acudió al Poder Judicial para revertir la situación, pero una reciente resolución de primera instancia terminó dándole la razón al ente recaudador.

 

LA PANTALLA CHILENA

Cuando en el 2008 se creó en Chile la empresa Arrendadora Móvil, Claro Perú dejó de importar los productos directamente de Nokia, como lo venía haciendo hasta entonces, y firmó un contrato de arrendamiento con esta compañía chilena.

Según la resolución judicial, Claro Perú le pagaba a la compañía chilena “una comisión” por el alquiler de equipos diversos. Aquella transacción obligaba a Arrendadora Móvil a pagar el impuesto a la renta correspondiente en nuestro país.

Pero al no tener un lugar físico en el Perú, Claro era la responsable de retener un porcentaje de lo que le pagaba a esta compañía y de entregárselo a la superintendencia. ¿Cuánto es lo que se debía pagar en impuestos? Lo normal hubiese sido el 30% de la transacción. Sin embargo, amparándose en un convenio entre Perú y Chile del 2001 -que tiene como objetivo evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal-, Claro calculó que lo retenido debía ser apenas el 15%, una tasa especial porque consideraban a la compañía chilena encajaba en el perfil de “beneficiario efectivo”. Cuando en 2014 la Sunat inició la fiscalización de los impuestos del periodo 2010-2011, empezaron las cuestionables interpretaciones de este concepto.

Para ser considerado un “beneficiario efectivo” y acceder a una tasa especial para tributar, la Sunat sostiene que la empresa no solo debe residir en Chile, sino que debe operar y tener actividad comercial en dicho país. “La cláusula de beneficiario efectivo lo que hace es decir: ‘Mira, yo como Perú me comprometo a ayudar a evitar la doble imposición, pero lo voy a hacer siempre y cuando sepa que la empresa opera y trabaja en Chile, y que tiene sus actividades comerciales”, explica un abogado tributarista que ha seguido el caso de cerca.

Arrendadora Móvil, sin embargo, no cumplía con estos requisitos. El 2014, la Sunat encontró que la empresa chilena no ejercía la actividad de arrendamiento, “por lo tanto no podía ser considerado como beneficiario efectivo”, se lee en la resolución judicial.

“Claro Perú sostiene que la otra empresa sí es un beneficiario efectivo por estar en Chile, pero la Sunat le ha respondido: ‘Arrendadora Móvil no tiene nada en Chile, es una empresa ‘cascarón’ que no tiene operaciones en el país. Entonces no es un beneficiario efectivo’”, explica el tributarista consultado por Sudaca. Con esta jugada, Claro dejó de pagar más de S/15.000.000, según información de la Sunat.

Lo que Arrendadora Móvil hacía en el país chileno era tan poco, o casi nada, que la Sunat estableció, de acuerdo al documento judicial, que “solo cumplía un papel de intermediaria”, y ni siquiera realizaba los trámites de importación de los productos que llegaban al Perú. Los equipos, de acuerdo a la superintendencia, nunca pisaron suelo chileno, sino que eran traídos de frente a territorio nacional.

Otro de los hallazgos de la Sunat fue que la empresa chilena no contaba con “ningún inmueble, local o lugar físico para el desarrollo de sus actividades”. Además, en el 2010, la empresa arrendadora contaba con un único trabajador en planilla: Sergio Fernando Aravena Chávez. De acuerdo a la misma información, Aravena era multifacético, pues fungía como representante legal y gestor de negocios, y también realizaba labores administrativas, contables, de facturación y hasta de cobranza. Todas esas tareas las llevaba a cabo, supuestamente, él solo.

Según el Tribunal Fiscal, Arrendadora Móvil -hoy Claro Chile- era una sociedad instrumental: una empresa ‘cascarón’. Esta decisión fue ratificada por el Poder Judicial.

Pero había más. Arrendadora Móvil tenía el mismo domicilio que Claro Chile, “empresa del mismo grupo económico, con quien incluso compartía la misma plataforma bancaria”. En el 2014, de hecho, la empresa de alquileres fue absorbida por aquella filial de Claro. Así lo determina un expediente del Tribunal Fiscal, una de las instancias que vio el caso antes de que llegue a los pasillos del Poder Judicial.

Con las evidencias, la Sunat llegó a la conclusión de que esta empresa era en realidad una “sociedad instrumental situada en el país de Chile”. Es decir, una empresa ‘cascarón’ cuyo objetivo es beneficiarse del acuerdo para reducir la carga tributaria, dicen los especialistas consultados para este informe. 

De acuerdo al Tribunal Fiscal, “el propósito principal de la constitución de Arrendadora Móvil en Chile […] fue buscar un tratamiento tributario más favorable, a través de la aplicación de la tasa reducida de 15%, […] en perjuicio del fisco del Perú”.

 

LO QUE PIDIÓ CLARO

Como Claro Perú no cumplió con su obligación de retener el 30%, sino únicamente el 15% a Arrendadora Móvil, la Sunat le achacó la responsabilidad. Según los cálculos de la superintendencia, la cifra de los impuestos que se dejaron de pagar era de S/15.841.663. Y ese monto crecería debido a los intereses y la multa. Así se dio a conocer en resoluciones del ente fiscalizador, emitidas en el 2017.

Pero la filial peruana de la multinacional de telecomunicaciones no estaba, ni de lejos, de acuerdo con pagar esa cantidad y hasta ahora se cierra en el argumento de que Arrendadora Móvil sí es un “beneficiario efectivo”. Por ello apeló aquellas resoluciones. Sus quejas, sin embargo, fueron declaradas infundadas por la Sunat en junio de 2018.

Como seguía inconforme, Claro Perú acudió al Tribunal Fiscal, un órgano resolutivo del Ministerio de Economía y Finanzas. Otra vez, en julio del año pasado, se le volvió a dar la razón a la Sunat. 

El Tribunal Fiscal llegó a la conclusión de que “la empresa chilena era una intermediaria en la relación comercial entre el fabricante extranjero y el cliente peruano”. Y un agente intermediario no puede tener la calificación de “beneficiario efectivo”. Por lo tanto, no le correspondía tributar con la tasa preferencial de 15%, sino la tasa general del 30%.

Así, en agosto de 2020, Claro tuvo que pagar un total de S/53.668.593. El monto incluía la cantidad omitida, los intereses que se generaron con los años y la multa correspondiente. De no haber pagado, la compañía se exponía a una eventual cobranza coactiva

Claro no solo pidió que se anulen las resoluciones de la Sunat y el Tribunal Fiscal, sino que se le devuelvan «los importes pagados indebidamente».

Pero esto no fue impedimento para que sigan reclamando. Usando los caminos que les permite la ley, la empresa de telecomunicaciones tocó las puertas del Poder Judicial. Claro Perú solicitó que se anule la resolución del Tribunal Fiscal y que la Sunat le devuelva lo ya pagado más los intereses. Argumentaba que “los procedimientos de fiscalización e intercambio de información no fueron llevados dentro del marco legal establecido” e incluso señalaba que había “un evidente desconocimiento y confusión, por parte de la Sunat y el Tribunal Fiscal”.

El Poder Judicial, el 22 de octubre de este año, resolvió que “la Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal efectuaron la calificación correcta” y declaró infundada la demanda de Claro Perú. La empresa ha apelado la decisión. De llegar a la Corte Suprema con los mismos resultados, el caso puede convertirse en un precedente para otros procesos similares.

Sudaca se comunicó con la empresa mediante la agencia de comunicaciones Azerta, quien nos respondió: “nuestra representada ha pagado todos sus impuestos, incluso aquellos que se encuentran actualmente en litigio”. Y añade que “desde su llegada al Perú en el año 2005 a la fecha, Claro ha pagado puntualmente y de acuerdo a ley todos sus impuestos, contribuyendo con el desarrollo y crecimiento económico del país”.

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Uno de los empresarios que ha venido rondando Palacio de Gobierno es Marco Antonio Zamir Villaverde García, más conocido como Zamir Villaverde y quien se presenta como asesor o especialista en temas de seguridad. El hombre de negocios es un asiduo invitado de los noticieros y de varios programas populares de la televisión, como ‘Hoy es sábado con Andrés’  y ‘Enemigos Públicos’. Sudaca ha podido conocer que le ha ofrecido al Despacho Presidencial un servicio de resguardo gratuito. Villaverde también ha venido participando en actividades oficiales de la Policía Nacional del Perú.

El sábado 14 de agosto, el empresario se reunió con el subsecretario general de Palacio de Gobierno, Ysmael Rafael Mayuri Quispe. La cita, que según los registros tenía como motivo una “reunión de trabajo”, duró cerca de ocho horas. Villaverde ingresó, sin compañía, a las 2:37 de la tarde y se marchó, también solo, a las 10:04 de la noche. 

Sudaca pidió a la Oficina de Acceso a la Información Pública que nos explique la razón de aquel encuentro. En la respuesta indican que la reunión fue a solicitud del propio Zamir Villaverde. “En la indicada oportunidad [la reunión del 14 de agosto], a solicitud del señor Marco Antonio Zamir Villaverde García, se procedió a recibir la visita de la referida persona, quien venía a proponer un servicio especializado de seguridad gratuita para el Despacho Presidencial”, señala el documento enviado a este medio. No mencionan, sin embargo, a qué institución representaba el empresario cuando ingresó a Palacio. El registro de visitas tampoco lo hace.

 

La Oficina de Acceso a la Información Pública de Palacio de Gobierno nos envió este documento en el que confirma que el empresario Zamir Villaverde ofreció un servicio especializado de seguridad gratuita al Despacho Presidencial. Se le informó que iban a evaluar su pedido. 

 

La misiva tampoco dice en qué consistía aquel servicio “especializado”, pero sí da cuenta de un generoso detalle: que no iban a generar ningún tipo de gasto al Estado. Era gratuito. “Luego de la exposición y explicación de lo que comprendía el servicio –añade el documento-, el visitante procedió a retirarse, indicándosele que, si fuera necesaria su propuesta, se lo estaría convocando”.

Pero Villaverde regresó. El 6 de octubre también fue recibido por el subsecretario Ysamel Mayuri. Sudaca volvió a solicitar las razones de su visita, pero al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.

¿Por qué Villaverde tenía abiertas las puertas de Presidencia de la República? El último viernes, el diario El Comercio reveló su nexo con el exsecretario general de Palacio, Bruno Pacheco Castillo, quien renunció el 19 de noviembre por el escándalo de los ascensos en las Fuerzas Armadas y las presiones que ejerció sobre el jefe de la Sunat. Pacheco, mano derecha de Pedro Castillo, trabajó para Villaverde en la compañía de seguridad Vigarza SAC.

Zamir Villaverde, de 45 años de edad, fue apoderado de esta empresa familiar. Tuvo ese cargo hasta el 2019 y coincidió con Bruno Pacheco, quien trabajó ahí entre 2014 y 2020 como jefe de selección y capacitación de personal. De acuerdo al Decano, Villaverde sigue vinculado a la administración del negocio.

 

 

El exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, asegura en su declaración jurada que fue jefe de Selección y Capacitación de Personal de la empresa Vigarza, entre 2014 y 2020.

 

Vigarza presta diversos servicios. Según su sitio web, incluso tienen un escuadrón de emergencia rápida para sus clientes “similar al sistema policial del 105 y de las Águilas Negras Seguridad de Bancos en versión privada”. “Es una unidad táctica operativa conformado por personal de resguardos que están constantemente capacitados, entrenados y equipados con chaleco antibalas, armas de corto y largo alcance y vehículos modernos todos 4×4 caracterizados de color negro con lunas antibalas”, se lee en su portal.

La hija mayor del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, dice a Sudaca no tener conocimiento de ningún servicio de seguridad privado ni para el presidente ni para su familia. “Una cosa es el Despacho Presidencial y otra cosa es la residencia [donde vive ella y la familia presidencial]. Y nosotros, como familia, vivimos en la residencia y no en el Despacho, son cosas muy diferentes. No tengo conocimiento”, asegura. 

Paredes señala, además, que desde que se mudaron a Palacio, su familia solo posee resguardo de los policías de Seguridad del Estado y no de alguna empresa de seguridad privada.

A la fecha, no figura contrato alguno entre el Estado y Vigarza bajo este nuevo gobierno. El 2019, sin embargo, firmó dos por la suma total de S/133.000 con el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) del Ministerio de Defensa. El año pasado también obtuvo dos contratos -uno de ellos con la misma entidad y el otro con la municipalidad de La Molina- que suman más de S/100 mil.

La primera vez que Villaverde ingresó a la Casa de Pizarro fue el 4 de agosto. En esa ocasión, lo hizo a las 8:00 de la noche acompañado de la exalcaldesa de Villa María del Triunfo, Silvia Barrera Vásquez, y del exalcalde de Huaraz, Vladimir Antonio Meza Villarreal. Los tres se marcharon a las 11:00 de la noche. Barrera llegó al sillón municipal por Perú Posible y actualmente es militante de Podemos Perú. Meza, por su parte, le dijo a El Comercio que no conoce a Barrera ni a Villaverde, y que fue a Palacio para invitar al presidente Castillo a Áncash.

 

SERVICIO ESPECIALIZADO

Villaverde también es dueño de un conglomerado de empresas de diversos rubros. Es gerente general, por ejemplo, de Mazavig SAC, que brinda servicios de transporte de personal y de turismo. También posee participación mayoritaria en la inmobiliaria Villaverde Company SAC, la empresa comercializadora de minerales Multimethal Company SAC, la Corporación Marviga y la Fundación Villaverde, que se dedica a llevar ayuda a poblaciones vulnerables. Y es accionista minoritario del Estudio Villaverde.

El empresario no aparece en los registros de egresados de la Sunedu. No se conoce si ha realizado estudios en el exterior. Lo cierto es que se presenta como asesor y experto en seguridad. Villaverde ha brindado entrevistas en televisión como especialista en esta materia e incluso sobre el uso de armas de fuego y disuasivas. También ha aprovechado su cercanía con los medios para promocionar su proyecto residencial Los Delfines, ubicado cerca de las playas de Asia.

Zamir Villaverde es invitado a populares programas televisivos, como ‘Sábado con Andrés’ del mediático Andrés Hurtado. En esa oportunidad, presentó su exclusivo proyecto inmobiliario ‘Los Delfines’, cerca de las playas de Asia.

Villaverde además es un asiduo visitante de actividades policiales, donde se codea con altos mandos, según se puede corroborar en las fotos que publica en su Facebook.

La última ceremonia a la que asistió fue al ‘XXV Curso de Capacitación Básica de Protección y Seguridad de Entidades Bancarias’. Ocurrió el pasado 23 de octubre y participaron, según escribió en sus redes sociales, el general PNP Jorge Angulo Tejada, jefe de la Región Lima; el coronel Freddy Velásquez, jefe de la División de Emergencias de la Región Lima; y el comandante  PNP Alberto Oliva Angulo, jefe del Escuadrón Águilas Negras, precisamente la unidad que resguarda los bancos. 

El 22 de septiembre, publicó también unas fotos con el comandante Oliva felicitándolo por “la excelente gestión y labor que realiza como jefe del Escuadrón de Seguridad de Bancos Águilas Negras”.

El 23 de octubre, Zamir Villaverde publicó este post sobre su participación en el ‘XXV Curso de Capacitación Básica de Protección y Seguridad de Entidades Bancarias’ donde estuvo acompañado de los altos mandos policiales. El Mininter ni la Policía nos ha respondido si alguna empresa vinculada a Villaverde posee convenios o acuerdos con ambas instituciones.

Sudaca envió un cuestionario al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional del Perú para conocer si la entidad ha firmado algún contrato, convenio o acuerdo institucional de capacitación con alguna empresa representada por Zamir Villaverde, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta. El empresario tampoco nos contestó el pliego de preguntas que le enviamos sobre los temas abordados en este informe, incluidas sus denuncias.

Y es que el nombre de Zamir Villaverde tampoco es ajeno en las comisarías y los pasillos del Ministerio Público. El hombre de negocios ha sido denunciado por los presuntos delitos de usurpación, tentativa de homicidio y resistencia a la autoridad. Esto último a raíz de medidas de restricción que tenía el 2019 para acercarse a su familia, de acuerdo a documentos policiales que Sudaca pudo obtener.

Una denuncia policial reciente, registrada el 17 de enero de este año en la comisaría de Cerro Azul, Cañete, narra el supuesto accionar de los vigilantes de la empresa Vigarza. Un joven de 19 años de edad, identificado como Matías Barrientos, contó que “fue amenazado con arma de fuego” por dos vigilantes “de una tranquera ilegal”  colocada en medio de un terreno ubicado a la altura del kilómetro 126 de la Panamericana Sur.

El padre del joven, identificado como Miguel Ángel Barrientos, fue a reclamarle a los vigilantes y también fue amenazado con armas, según la misma denuncia. Los aludidos señalaron que se encontraban vigilando un terreno de propiedad de Zamir Villaverde.

El empresario es señalado por los denunciantes como presunto “autor intelectual” del ataque. Villaverde, sin embargo, también ha realizado denuncias por falsedad ideológica, prevaricato y falsificación documentaria. Todo estos líos no le han quitado tiempo para acercarse al poder de turno.

(*) Fotocomposición de la portada del reportaje: Darlen Leonardo

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Un testimonio desgrana cómo fue el apoyo de un poderoso estudio jurídico a Fuerza Popular. Julio Pérez Vargas, socio principal de ‘Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados’ -más conocido como Payet- narró al Ministerio Público cómo colaboró en la revisión de actas electorales que sirvió para apuntalar la tesis de fraude lanzada por Keiko Fujimori tras la segunda vuelta. “Lo hice en el ejercicio de mi derecho político que reconoce la Constitución del Perú y porque consideré que existían algunos vicios en la última elección”, declaró el abogado en el despacho del fiscal José Domingo Pérez, el 16 de noviembre pasado. El Equipo Especial investiga el financiamiento del partido naranja en esta última elección.

El letrado dio cuenta cómo este importante bufete se volcó entero a la causa de Fuerza Popular pese a que el propio “código de conducta” del estudio Payet prohíbe a sus asociados apoyar a los partidos políticos, incluso a “título personal”. Así lo reveló Sudaca en este informe. 

Julio Pérez Vargas contó a las autoridades que su participación arrancó el 7 de junio, en horas de la mañana, un día después del balotaje. En ese momento, el conteo rápido de la encuestadora Ipsos Perú dio como ganador a Pedro Castillo sobre Fujimori por un estrecho margen. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) empezaba a dar resultados parciales. Pérez dijo que recibió una llamada de Juan Cauvi Abadia, socio principal de la firma, para coordinar la ofensiva legal. Él respondió que “me interesaba apoyar a título individual”. 

“Mi socio Juan José Cauvi me llamó por teléfono a mi número celular el 7 de junio del 2021 y me comentó que habría una reunión a las 3:00 pm en el local de Fuerza Popular, cuyo propósito era apoyar en la revisión de las actas”, dijo el abogado a la fiscal adjunta Reyna More Chumacero, que trabaja bajo las órdenes de José Domingo Pérez.

Declaración Keiko Fujimori
16 de noviembre. Declaración de Julio Pérez Vargas, socio de Payet, Rey, Cauvi, Pérez, que habla de la coordinación de los abogados de grandes estudios y Fuerza Popular.

El socio del estudio Payet comentó que, tras hablar por teléfono con Cauvi, se comunicó con Giulliana Loza, la abogada de Keiko Fujimori. “Antes de ir al local de Fuerza Popular llamé a la doctora Giulliana Loza a su celular, a quien conozco, y le pregunté dónde sería la reunión. Me respondió que ya no sería en el local de Fuerza Popular, sino en la avenida Javier Prado, cuadra 16, cerca de la avenida Guardia Civil [el número exacto no lo recordó]. Pero recuerdo que era una casa de dos pisos”, dijo Julio Pérez Vargas.

El abogado del estudio Payet dijo que llegó puntual, a las tres de la tarde, y que encontró mucha gente.  “En ese momento se conversó cómo apoyar y se me dijo que la idea era hacer una revisión de las actas. Recuerdo que propusimos establecer distintas áreas geográficas para dividirnos ordenadamente el trabajo. Yo elegí Huancavelica y Tacna”, añadió. El letrado dijo no recordar quién llevó la voz cantante en la reunión. Sólo dijo que fue un hombre. 

El abogado contó además que en el encuentro estaba Daniel Córdova, uno de los voceros del fraude sin pruebas, y Giulliana Loza. Y señaló a Juan Cauvi como el hombre del bufete que coordinaba todos los detalles en busca de invalidar los votos de Castillo.

“Luego me retiré [de la reunión] y volví a llamar telefónicamente a Juan José Cauvi para comentarle que la idea era revisar las actas de las zonas mencionadas. Él se encargó de ordenar el número de actas que cada una de las personas quería revisar”, dijo.

Juan José Cauvi
Juan Cauvi Abadia, un coordinador de la revisión de actas del proceso electoral en el estudio Payet, según el abogado Julio Pérez.

Y luego añadió: “Me dijo que algunas personas se habían ofrecido para hacer la revisión de las actas y que, para hacerlo de manera ordenada, él distribuiría el número de mesas para no cruzarnos. La idea era entregarle las actas revisadas donde, presumiblemente, tenían firmas falsificadas para que luego hiciera una constatación en Reniec”.

La fiscal Reyna More le repreguntó a Julio Pérez Vargas qué otros abogados del estudio revisaron las actas electorales. Él mencionó a Alan García Nores, hijo del expresidente Alan García, Xaviera Brandon y Gabriel Rey. No mencionó a José Payet, socio fundador del poderoso bufete que lleva su apellido y que fue personero de Fuerza Popular en la última elección.

Tras la reunión de aquel 7 de junio, Keiko Fujimori dio una conferencia de prensa y denunció sin pruebas “un fraude en mesa”,  orquestado para favorecer a Castillo. No comentó en ese momento que un ejército de abogados de grandes estudios colaboraba con ella. Incluso, Fuerza Popular negó ese día, mediante un comunicado, que “haya abierto una convocatoria de abogados”. Tuvo que reconocerlo cuando presentó la lista de aportantes a la Onpe. 

Keiko Fujimori
7 de junio. Keiko Fujimori brinda conferencia, flanqueada por Luis Galarreta y Patricia Juárez, un día después de la segunda vuelta para hablar de “fraude en mesa”. Ese día recibió el apoyo de los abogados de los grandes estudios. Foto: Andina.

Fue una jornada frenética para Pérez, quien madrugó para revisar las actas. “[La revisión de las actas] debe haber sido entre la tarde noche del 7 de junio y la mañana del 8 de junio”, dijo el abogado en su declaración. “[Trabajé] unas 12 a 13 horas”, añadió. También mencionó que revisó “entre 80 a 100 actas” y que “se las entregó impresas a Juan José Cauvi en su domicilio, el 8 de junio”.

Pérez terminó su declaración diciendo que “no existe ningún impedimento legal” para la revisión de actas y que su participación fue voluntaria.

El trabajo de los abogados se tradujo en aportes a la campaña naranja. Según el reporte presentado por Fuerza Popular a la ONPE, Pérez aportó con “revisión de actas y cotejo de firmas, días 7 y 8 de junio del 2021” por un monto de S/1.000. Alan García Nores también figura con la misma cantidad. Juan Cauvi Abadia fue registrado con un aporte de S/5.426 por el mismo concepto, así como la “constatación de datos Reniec”.

En total, 42 abogados de 13 grandes estudios, entre ellos los del bufete ‘Payet, Rey, Cauvi, Pérez’, brindaron servicios al partido naranja para alimentar las denuncias de fraude, según el portal Ojo Público. 

“No voy a declarar absolutamente nada”, dijo a Sudaca Juan Cauvi. La oficina de prensa del poderoso estudio señaló también que no emitirá declaraciones a nivel corporativo. El desfile de los abogados continuará en los próximos días en el despacho de José Domingo Pérez. 

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Un personaje clave asoma en la investigación que se le sigue a Mark Vito por presunto lavado de activos. Se trata del empresario Nikola Seremet Slavkovic, quien está en la mira del fiscal José Domingo Pérez por supuestamente simular contratos de corretaje con la empresa inmobiliaria MVV Bienes Raíces, perteneciente al esposo de Keiko Fujimori. Seremet supuestamente contrató los servicios de esta compañía en once ocasiones, entre el 2014 y el 2019, por un monto total de US$245.686 y S/17.318.

“Se advierte que Nikoa Seremet Slavkovic lo favoreció [a Mark Vito] al haber suscrito contratos de corretaje con el fin de hacer figurar a la empresa MVV Bienes Raíces como la corredora de inmuebles relacionados a su persona y con ello generarle una ganancia”, dice el fiscal José Domingo Pérez en la que abre la pesquisa contra Seremet y Vito, en julio pasado.  El esposo de Keiko Fujimori ya fue investigado como parte de la maquinaria de Fuerza Popular en el caso Cócteles (por el que pidieron 22 años de cárcel para él). Ahora se le abre indagación por las sospechosas triangulaciones financieras en su compañía inmobiliaria. 

Keiko Fujimori Higuchi, lideresa de Fuerza Popular y esposa de Mark Vito. Foto: Andina.

El fiscal Pérez trabaja con la hipótesis de que MVV Bienes Raíces es una inmobiliaria fachada, que se valió de allegados a Mark Vito y Keiko Fujimori para darle apariencia de legalidad. En esa línea, el empresario maderero e inmobiliario Nikola Seremet se ha convertido en uno de los  principales clientes de una compañía poco conocida en el mercado inmobiliario. “No conozco a esa inmobiliaria y sobre ese personaje (Mark Vito) nunca lo he visto en el mundo del corretaje”, dice la corredora Cecilia Cayo, expresidenta de la Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios y con veinte años de experiencia. 

Nikola Seremet y Mark Vito se conocieron en el 2006, de acuerdo al expediente de la investigación. “Yo lo conocí (a Vito) cuando trabajaba en la empresa IBM de Estados Unidos”, declaró Seremet a la Fiscalía, en el 2018, como parte de la investigación del caso Cócteles. En ese momento fue citado como testigo. En el 2011, ambos constituyeron la empresa MNG Transportes. La pareja de la lideresa de Fuerza Popular abandonó esa compañía, en el 2013, vendiendo el 40% de sus acciones por US$80.000.

En el 2014 Mark Vito abrió MVV Bienes Raíces, teniendo como socio a Marc Koening, el esposo de Sachie Fujimori, la hermana de Keiko. Desde entonces afianzó lazos empresariales con Nikola Seremet, quien empezó a requerir los servicios de la compañía inmobiliaria.

El fiscal Pérez ha puesto en el punto de mira, por ejemplo, a un contrato de corretaje realizado el 15 de diciembre del 2014 entre Nikola Seremet y MVV Bienes Raíces por S/17.318. El motivo: la venta de una casa de Seremet en la Encantada de Villa, en Chorrillos. Los compradores fueron la pareja formada por Álvaro Baertl Espinoza y María Cárpena Macher. 

Lo llamativo del asunto es que esa propiedad en Chorrillos fue adquirida por Seremet en junio de ese año por US$190.000, según el expediente fiscal. Y luego fue revendida, seis meses después, a US$550.000, más del doble. 

Además, uno de los compradores del inmueble en la Encantada de Villa, Álvaro Baertl Espinoza, declaró ante el despacho del fiscal Pérez -en diciembre del 2020- y abrió la caja de Pandora. Baertl dijo que “las negociaciones para acceder, conocer y acordar el precio de la operación inmobiliaria la realizó de manera directa con el vendedor Nikola Seremet Slavkovic”.

“Esto es, sin la intervención y/o participación de la empresa de corretaje inmobiliario MVV Bienes Raíces ni de su gerente general Mark Vito Villanella o algún representante de esta, lo que devendría en una operación simulada”, concluyó el fiscal José Domingo Pérez. 

Baertl, un empresario agroexportador, reculó después. Cambió su versión cuando declaró nuevamente ante el despacho de Pérez, el 23 de agosto último, y agudizó las sospechas. Dijo que la madre de sus hijos, María Cárpena Macher, fue “quien hizo las coordinaciones” para comprar el inmueble a Seremet y ya no él. 

Según fuentes del Ministerio Público, el cambio de versión de Álvaro Baertl busca favorecer a Mark Vito porque, en un primer momento, se dijo que el esposo de Keiko Fujimori no participó en la operación inmobiliaria.

“El señor José Domingo Pérez se agarra de la deficiencia de una declaración que, posteriormente, se corrige. Fue una declaración mal dada de este señor Baertl que, en un principio, dice que él ha negociado directamente con el señor Nikola [Seremet]. Pero la verdad es que se coordinó con otros corredores, como el señor Mark Vito. Todo está documentado. Y, a pesar de eso, lo han involucrado indebidamente al señor Seremet”, dice a Sudaca, Álex Ganoza, abogado del exsocio de Mark Vito.

Mark Vito entregó una serie de correos y documentos con los que intenta acreditar que él participó como corredor en la venta de la casa de su exsocio, Nikola Seremet, en Chorrillos. Informó, además, que participaron en la operación dos agentes inmobiliarios más: María Berastain Arenas y la empresa MYL Productos, de Carla González del Riego, esposa del excongresista fujimorista Miguel Torres, un hombre de máxima confianza de Keiko Fujimori y que difícilmente lo contradirá.

Según este acuerdo, la comisión total por el servicio de corretaje sería de US$19.470, correspondiéndole a Vito el 30% (S/17.318) y a sus socios el resto. 

Agosto, 2014. Documento redactado por Mark Vito que da cuenta de cómo tres agentes inmobiliarios se repartieron la comisión por la venta de la casa de Nikola Seremet, en la Encantada de Villa, en Chorrillos. Uno de los socios es MYL Productos, de Carla González del Riego Collomp, esposa del excongresista fujimorista Miguel Torres.

Pero, en el despacho del fiscal Pérez, de acuerdo a fuentes del Ministerio Público, las dudas no están despejadas y siguen apuntando a la tesis de los contratos simulados con Nikola Seremet. Van a revisar la autenticidad de este convenio y los correos presentados por Vito.

UN DÍA DE SUERTE

La investigación a Seremet y a Vito apunta a otros contratos de corretaje, presuntamente fantasmas, según la tesis fiscal. En un mismo día, el 15 de diciembre del 2015, Vitó realizó tres operaciones con las propiedades de Seremet. Vendió, por ejemplo,  dos terrenos industriales a Juan Higuchi Fukazawa, primo de Keiko Fujimori, ubicados en la urbanización El Pino, en San Luis. Una propiedad costó US$1’924.590, mientras que la otra tuvo el valor de US$1’225.402. El negocio fue posible gracias a la mediación de Mark Vito.

Los hermanos Juan y Eduardo Higuchi Fukazawa son caseritos de MVV Bienes Raíces. Han comprado inmuebles ofrecidos por la empresa de Mark Vito por un total de US$12’315.185, según un informe del portal “El Foco” basado en documentación fiscal. Todo queda en familia.

“A inicios del año 2015, Mark me ofreció dos lotes (…) a US$1.600 el metro cuadrado, pero al final se llegó a un acuerdo de alrededor de US$1.200 aproximadamente. Ello mediante el servicio de la inmobiliaria MVV Bienes Raíces”, dijo Juan Higuchi al despacho de José Domingo Pérez el 6 de noviembre del año pasado. Higuchi añadió: “Asimismo, preciso que no se ha pagado ninguna comisión a la inmobiliaria (MVV Bienes Raíces)”. 

Vito, en cambio, recibió comisiones por la venta de estos dos terrenos. El cliente: Nikola Seremet. Los pagos fueron por US$57.737 y US$36.762.

Factura MVV Bienes Raices
15 de diciembre, 2015. Factura de MVV Bienes Raíces, de Mark Vito, que consigna el pago de comisión de Comercial Maderera Andina, de Nikola Seremet, por US$57.737 por la venta de un terreno de US$1’924,598.00 a Juan Higuchi, primo de Keiko Fujimori. Dos operaciones más se harían ese día.

El mismo 15 de diciembre del 2015, el día que Nikola Seremet vendió dos terrenos industriales en San Luis, se cerró otro acuerdo. CMA, una inmobiliaria de Seremet, firmó un contrato de alquiler de un inmueble por diez años con la empresa Autoclass, representada en aquel momento por Sergio Vallencoso. Este último fue un aportante de la campaña fujimorista del 2011 con S/140.630, según el expediente fiscal. Vito recibió por esa operación una comisión de US$30.368. 

“El señor Mark Vito crea una empresa, MVV Bienes Raíces, que me brinda servicios como agente inmobiliario desde el año 2014”, dijo Seremet, en su declaración en el 2018. El empresario, actualmente en Italia, se ha convertido así en una pieza clave en la investigación.

“El tema está en la imaginación del fiscal Domingo Pérez al decir que todo está simulado. Pero ahí están los documentos registrales, bancarios e hipotecarios”, dice Álex Ganoza, abogado de Seremet. Giulliana Loza, abogada de Mark Vito, no respondió a las llamadas para este informe. La investigación de la trama inmobiliaria recién empieza. 

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