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“No me he podido preparar en comprensión lectora”, reconoce el profesor de Matemáticas, Física e Inglés, Juan Luis Zegarra, que enseña en el colegio ‘Julio César Tello’ de Mirones Bajo, en el Cercado de Lima. El docente, que trabaja hace más de 24 años y aún no está en la planilla del Minedu, dice que está casi seguro que saldrá desaprobado en el examen de nombramiento que rindió ayer sábado. «Me faltó contestar 15 preguntas de letras», asegura.

Ayer, más de 250.000 docentes contratados de todo el país rindieron una evaluación para obtener una de las 37.000 plazas y conseguir el anhelado ‘nombramiento’. Es decir, ingresar a la planilla del Minedu con todos los beneficios de ley. 

La prueba está dividida en tres partes: comprensión lectora, razonamiento lógico-matemático y conocimiento pedagógico de la especialidad. Para aprobar el examen se debe responder correctamente al 60% o más de las preguntas de cada área.

 

Los docentes Sonia Roque, Juan Luis Zegarra, Jorge Recines y Martha Dueñas confirmaron a Sudaca que no todos sus colegas pudieron prepararse, para dar la evaluación, en academias o grupos de estudio, porque no tenian los recursos económicos. Pidieron además suspender el examen (foto: Juan C.Chamorro).

La única vez que Zegarra estuvo cerca de ser ‘nombrado’ fue hace más de 16 años, durante el gobierno de Alejandro Toledo. En ese tiempo, recuerda, no se rendía examen como ahora. “Estuve apto para que me nombren en provincia. Allí era entrevista personal y [evaluación de] experiencia. No había examen. Saqué el puntaje mínimo para que me nombren. Pero, me descuidé y no viajé”, comenta, y lamenta la oportunidad perdida.

Asegura que en el 2019, bajo el actual modelo, no le quedó tiempo para contestar todas las preguntas de comprensión lectora y cultura general. Salió desaprobado. Zegarra, de 54 años, lamenta no haber tenido dinero para pagar una clase en alguna academia o en un grupo de estudio donde preparan a los docentes para este examen. Hay academias cuya clase de preparación puede llegar a costar S/50 soles, como es el caso del ‘Grupo Auge’, conocido entre los docentes. El profesor Zegarra no tiene hijos, pero su madre y su pareja dependen de su magro sueldo de S/ 2.000.

“No tengo los recursos. Tengo a mi hijo en la escuela militar y no me alcanza para pagar ni los S/20 que cuesta tomar una clase de preparación”, dice la profesora Marta Dueñas Ayala, del centro educativo inicial ‘Paraíso’, de Lurín.

Otros de sus colegas sí lograron pagarse una academia, un negocio que cada dos años -el tiempo en que se realizan las evaluaciones a docentes- parece hacer su agosto. Y es que algunos profesores no se sienten capacitados para afrontar las secciones del examen que no son de su especialidad.

La profesora de Comunicación Sonia Roque, por ejemplo, dice no tener vergüenza al contar que viene siendo desaprobada desde hace años. No puede con las preguntas de razonamiento lógico-matemático. “Es mi debilidad, por más que me preparo e invierto en una academia o con algunos amigos, no es mi especialidad. Yo soy de Comunicación. [Razonamiento lógico-matemático] lo dejo para última hora y ya no me da tiempo para resolverlo”, señala la docente, que enseña en el colegio para jóvenes y adultos (CEBA) ‘Ollantay’, en San Juan de Miraflores, 

Jorge Recines Padilla, que enseña Lengua y Literatura, también se dio tiempo para participar en un grupo de estudios gratuito en Whatsapp. Apenas pudo repasar porque trabaja, además, como vigilante privado en un condominio.

Recines, que labora en el colegio para jóvenes y adultos (CEBA) ‘Pronoepsa’, en Breña, tiene que dobletear para pagar un préstamo bancario por el que le descuentan S/1.100 de sus S/2.200 de sueldo. El profesor tiene a su cargo una hija de 22 años y a su madre, María Angélica Padilla Delgadillo, una profesora cesante con 38 años de servicio que ha llegado a ser premiada con las Palmas Magisteriales.

En su examen de ayer, cuenta, solo respondió la mitad de las preguntas en el área de lógico-matemática. “En razonamiento verbal puedo sacar 20; en lógico-matemática, 10; en conocimiento pedagógico, 15. Pero, como he desaprobado matemática, estoy jalado. El examen técnicamente está hecho para jalar”, dice.

Hay otras quejas. La profesora de primaria Amelia Sánchez, por ejemplo, dice tener nueve años como docente contratada y haber rendido ya cinco evaluaciones. Pero hasta ahora no ha podido ser ‘nombrada’. Recuerda que en las últimas evaluaciones le fue bien en la primera fase, la del examen. No obstante, en la siguiente etapa, que consiste en que un jurado evalúe el desempeño de la docente en un simulacro de clase, no consigue avanzar.

“Cuando uno pasa a la segunda fase, allí se presentan 20 profesores para competir [por una plaza]. Obviamente, se ve ‘amiguismo’ [se refiere a favoritismo], pero no tengo las pruebas [para denunciarlo]”, señala. En esta ocasión, Sánchez, que trabaja en el colegio ‘Javier Heraud’, ubicado en San Juan de Miraflores, también optó por recibir clases en una academia. Dice haber desembolsado en total S/200.

La academia más solicitada, para preparar de forma virtual a los profesores para el examen, fue el ‘Grupo Auge’. Daban cursos hasta en la madrugada.

A los gastos en academia, otros le suman factores emocionales. La profesora de Arte, Sonia Apcho, madre de tres hijos, dice que cada dos años sufre de cuadros de estrés y ansiedad porque tiene temor a no pasar la prueba. “Llega diciembre y todos los contratados vamos a sufrir de eso. Es una preocupación. Nos podemos quedar en la calle y, otra vez, a comenzar de cero, a buscar trabajo”, dice la docente del colegio ‘Alfonso Ugarte’, de San Juan de Miraflores. Y es que una nota muy baja puede hacer, incluso, que otro colega la reemplace en el colegio donde trabaja.

Debido a la pandemia, sus gastos han aumentado porque tiene que pagar ahora el Internet en casa y ha tenido que adquirir un celular de alta gama para grabar y almacenar sus videos y enviarlos a sus alumnos. Con miras al examen, ha invertido S/120 en seis clases virtuales. No pudieron ser más porque “económicamente, todos los docentes nos hemos visto afectados en la pandemia, porque no hemos podido desarrollar otro tipo de trabajos”. La docente añade: “También porque hemos sufrido la pérdida de familiares y eso ha hecho que tengamos que gastar más”.

 

Los profesores Sonia Apcho, Franklyn Mendoza y Amelia Sánchez aseguraron a Sudaca, por separado, que el modelo del examen debe ser cambiado (fotos: Juan C. Chamorro).

 

LA FILTRACIÓN

Por esa razón, algunos profesores ven con esperanza que el Ministerio de Educación (Minedu) pueda anular la prueba del pasado 13 de noviembre debido a la filtración del examen. Sudaca pudo tener acceso, la noche de ayer, a un examen de 50 preguntas de razonamiento lógico-matemático y comprensión lectora con las respuestas marcadas. Según los profesores Jorge Recines y Sonia Apcho, las preguntas eran similares a las que les hicieron en su evaluación.

La profesora Sánchez, por su parte, dice que la filtración era un secreto a voces desde el jueves pasado. “Incluso dicen que ya están vendiéndolo en provincias. Yo soy de Cajamarca y me dicen mis paisanos que varios lo tienen”, añade. Los congresistas de Perú Libre, Hamlet Echeverría y Wilson Rusbel Quispe,  fueron las primeras autoridades en solicitar al Minedu una investigación por la filtración del examen de los docentes.

El ministerio de Educación anunció el inicio de las indagaciones, pero no se pronunció sobre una posible suspensión de la prueba. ¿Cómo acabará esta historia?

 

Razonamiento lógico-matemático by Juan C Chamorro

Este es el examen de 50 preguntas de razonamiento lógico matemático y comprensión lectora que le fue entregado a Sudaca. Esta prueba es similar a la que se tomó ayer sábado, aseguraron a Sudaca los profesores Sonia Apcho y Jorge Recines.

(*) Fotoportada de informe periodístico: Darlen Leonardo

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Castillo, evaluación, examen, filtración, Minedu, ministeriodeeducación, Profesores

Un hecho anecdótico resume la falta de liderazgo en el gobierno. El presidente Pedro Castillo sólo intervino en una de las 15 sesiones de Consejo de Ministros entre agosto y septiembre, de acuerdo a las actas liberadas por el Ejecutivo. Lo hizo en la reunión del 1 de septiembre y fue para decir, con comentarios breves, que se forme una comisión multisectorial para ver el alza del balón de gas, que se lea una carta de la embajada de Rusia en la que pide registrar la vacuna Sputnik V y que se evalúe abrir la frontera con Ecuador.

 

Acta Presidente
Acta de la sesión del Consejo de Ministros del 1 de septiembre, donde se ve que el presidente Pedro Castillo intervino dos veces. El mandatario sólo tomó la palabra en cuatro oportunidades en quince reuniones del Gabinete, entre agosto y septiembre.

La escasa comunicación del mandatario repercute en el Gabinete presidido por Mirtha Vásquez, que se caracteriza por su poca cohesión y por las intrigas políticas. Se trata de un Consejo de Ministros que agrupa a varios bloques, donde cada uno va por su lado, sin guardar lealtad a nadie.  Por eso, la premier choca con Juan Silva, ministro de Transportes que representa la cuota de poder de Castillo, y con Eduardo González, de Energía y Minas, vinculado a Perú Libre.

Este despelote se plasmó con más fuerza en el caso del ministro de Defensa, Walter Ayala, acusado de actuar como un intermediario de Castillo para presionar por ascensos a altos mandos militares. El lunes 8 de noviembre, ante las denuncias, Vásquez se reunió con el presidente para recomendar la salida de Ayala y el secretario general de Palacio, Bruno Pacheco (también acusado de interferir en el proceso de ascensos), de acuerdo a dos fuentes gubernamentales. La premier estuvo acompañada de ministros considerados moderados, como Aníbal Torres (Justicia), Pedro Francke (Economía), Óscar Maúrtua (Cancillería) y Avelino Guillén (Interior). 

Esta vez, la jefa del Gabinete no condicionó su permanencia a la salida de Ayala, como sí lo hizo con el exministro del Interior, Luis Barranzuela, ampayado en una fiesta a pesar de las restricciones por el Covid-19. Vásquez, de acuerdo a fuentes de su entorno, no buscó tensar la cuerda por tratarse de dos personas de máxima confianza de Castillo, pero sí sugirió la destitución de Ayala y Pacheco. 

Ayala, al tomar conocimiento de este pedido, lanzó un tuit aquel lunes 8 donde habló de poner su «cargo a disposición». Pero el mensaje fue un saludo a la bandera. Al día siguiente, el martes 9, el titular de Defensa dialogó directamente con el presidente en Palacio, saltándose a la primera ministra, para aferrarse al cargo. Argumentó que se trataba de un complot político. 

Ayala ya había hecho lo mismo con el expremier Guido Bellido, quien le pidió su renuncia por avalar un comunicado de la Marina contra el excanciller Héctor Béjar. A ‘Puka’ lo ignoró olímpicamente. En ambos casos consiguió el respaldo del profesor. 

Ayala, abogado de profesión, penetró en el círculo de confianza de Castillo por una recomendación de Richard Rojas, exjefe de campaña de Perú Libre, asegura una fuente cercana al ministro de Defensa.

Walter Ayala
Ministro de Defensa, Walter Ayala Gonzales, aferrado en el cargo.

El reciente desaire de Ayala a  Mirtha Vásquez desnudó un Gabinete desordenado y con poca comunicación. Vásquez no viajó a Ayacucho para acompañar al presidente a dar cuenta del balance de los primeros cien días de su gobierno, en desacuerdo con la permanencia del titular de Defensa. “No me sorprendió su ausencia,  en el sentido de que estaba en medio de una situación bastante compleja, con los hechos ocurridos con el ministro de Defensa”, reconoce a Sudaca Gisela Ortiz, la ministra de Cultura.

Ortiz, junto con el titular del Interior Avelino Guillén, es una de las más cercanas a Vásquez en el Gabinete.

 

MINISTROS EN LA MIRA

La primera ministra tiene una fluida coordinación con Francke, Maúrtua y Anahí Durand. Sin embargo, mantiene sus diferencias, por ejemplo, con el ministro de Salud, Hernando Cevallos. 

Según una fuente del Ejecutivo, en una reunión previa al pedido de confianza, Cevallos le planteó a Vásquez que incluya el tema de la Constituyente en el discurso de investidura que presentó ante el Congreso. Ella se opuso. Pedro Castillo revivió la propuesta el último miércoles en Ayacucho, cuando parecía un asunto enterrado para el gobierno. “Creo importante manifestarles lo de la Asamblea Nacional Constituyente, que es un grito popular. Lo dijimos ante el Congreso de la República y hoy está a instancia del pueblo. El pueblo organizado tendrá que asumir su propio camino”, dijo. 

Cevallos es visto con recelo por el círculo cercano de la primera ministra, que considera que su objetivo final es reemplazar a Vásquez como cabeza del Consejo de Ministros. Como parte de las intrigas, dos fuentes palaciegas aseguran que Cevallos le dice a Castillo y a su entorno que él puede unificar al Gabinete y a la bancada de Perú Libre por tener llegada con todos los bloques. El ministro de Salud fue requerido para este informe pero no accedió a las llamadas. 

Cevallos se volvió a reunir ayer con la primera ministra, aunque no se supo los motivos del encuentro. “Hay que dejar que el gobierno siga adelante con su trabajo. Acabamos de lograr la investidura. El Ejecutivo necesita un espacio para poder implementar sus políticas.  Si a cada rato interpelan ministros, es muy complicado llevar adelante todas las políticas que el país está reclamando. Hay que avanzar”, dijo Cevallos a “TVPerú”, antes de la cita con Mirtha Vásquez en la PCM. 

La jefa del Gabinete, además, tiene en la mira a los ministros de Energía y Minas y Transportes, Eduardo González Toro y Juan Silva, respectivamente. El primero cuenta con el aval del ala dura de Perú Libre y postuló al Congreso, en el 2016, por Perú Libertario, el embrión del lápiz. El segundo es un recomendado del presidente.

Mirtha Vásquez y Pedro Castillo
La primera ministra Mirtha Vásquez saluda al presidente Pedro Castillo, en la entrega de dos naves de fabricación rusa, en la Dirección de Aviación Policial, en el Callao, el viernes 13 de noviembre. Foto: Presidencia del Consejo de Ministros.

Vásquez cuestionó a González Toro  –a través de un oficio– por no participar en las reuniones de la comisión multisectorial para masificar el gas natural. En la PCM han tomado nota también que este ministro fue cuestionado por los nativos awajún, en Loreto, cuando fue a negociar con ellos por la toma de la estación petrolera 5. Los nativos dicen que González ha actuado con “negligencia e inoperancia” y han pedido su renuncia.

González respondió a Vásquez en los mismos términos -mediante un oficio- sobre el asunto del gas natural. Dijo que él no pudo asistir por estar atendiendo otros conflictos sociales y le pidió “tener una mejor comunicación”. La respuesta fue un claro ejemplo de confrontación. 

El congresista de Perú Libre Guillermo Bermejo también salió en defensa del ministro con uñas y dientes. “Donde se resolvió el problema de Antamina no fue en PCM. Fue en el Ministerio de Energía y Minas (…) la premier debería agradecer más bien”, dijo ayer a la prensa.

También acusó a Mirtha Vásquez de recurrir al chantaje. “Si ella está incómoda, las puertas siempre van a estar abiertas. Se lo he dicho al presidente, nosotros no podemos estar con nadie que nos chantajee con que ‘o haces lo que yo quiero, o me voy’”, señaló.

Roger Nájar, integrante del buró político de Perú Libre, va más allá y pide la salida de Mirtha Vásquez. “Yo pienso que esta señora ya está demás en el Gabinete. Lo que debe hacer es dar un paso al costado. No es necesaria ni indispensable”, opina Nájar para Sudaca.

“La señora Vásquez parece que está mareada. Y no se gobierna con oficios mandándoles a los ministros, como veo que está haciendo. Por lo tanto, si ella se siente incómoda, las puertas de Palacio y de la PCM están abiertas para que salga. Con lo que está haciendo lo único que hace es perder la confianza porque está peor que Guido Bellido, el anterior premier, disparando a su propio Gabinete. Cuando esas cosas bien podrían internamente conversarse y solucionarse y no dar este espectáculo. Es ridículo”, añade. 

La reacción de Bermejo y Nájar no es un asunto menor. Los dos son escuchados por el presidente. Ambos son convocados a Palacio de Gobierno cada vez que hay una crisis política. Castillo los considera como interlocutores válidos de Perú Libre. 

Cuando Vásquez asumió el cargo de primera ministra, colocó a Gisela Ortiz en Cultura y, luego, a Avelino Guillén en Interior. Después, encontró un Gabinete variopinto, donde algunos responden al presidente, otros a Perú Libre y otros a ellos mismos. En esas aguas turbulentas navega. 

“Yo no me atrevería a hablar de crisis. Yo sí encuentro que hay discrepancias. Pero eso no significa una crisis política o un afán de desestabilizar. Desde un primer momento hay mucha presión de Perú Libre para ocupar algunos puestos y, por otro lado, la propia decisión del presidente para designar ministros. La  fricción viene de ese nivel. La premier llega en una etapa de crisis y de mucho cuestionamiento”, dice la ministra Ortiz. 

La primera ministra estuvo ayer en una actividad del Ministerio del Interior con el presidente Castillo, en una imagen cargada de simbolismo ante las versiones de  una posible renuncia. La premier, sin embargo, continuó chocando con los ministros cuestionados. Esta vez el turno fue del titular de Transportes, Juan Silva, a quien le envió un oficio para pedirle explicaciones por la salida de Patricia Cama como titular de  la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran). Mirtha Vásquez parece haber descubierto que tiene al enemigo en casa.

*Fotoportada: Darlen Leonardo

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Hernando Cevallos, Mirtha Vasquez, PedroCastillo

Roosevelt Cárdenas Dávila, militante de Acción Popular, denunció que fue secuestrado el día de las elecciones internas, el pasado 25 de setiembre. Cárdenas fue designado delegado electoral del distrito de La Victoria y tenía la misión de supervisar los comicios y reportar cualquier incidente.

Su testimonio quedó consignado en un informe que presentó al Comité Nacional Electoral (CNE), el ente encargado de llevar a cabo los comicios del partido y velar por que no haya irregularidades. Cárdenas contó que un grupo de desconocidos había ingresado al local de votación y le exigían que firme un acta para anular las elecciones. Como no lo hizo, según sus propias palabras, lo secuestraron y no lo dejaron salir del local. “Se llevaban la mano a la cintura como queriendo sacar armas”, dice a Sudaca. El delegado tuvo que solicitar ayuda policial y salir escoltado del lugar.

“Debo manifestar mi total incomodidad, así como haber pasado momentos de zozobra por estas personas, ya que no dejaban el desarrollo del proceso electoral”, escribió Victor Sanchez Reategui, personero legal de la lista distrital que encabezaba Jorge Rivera Inuma, en su informe. Estas personas -dijo- impidieron que él pueda entrar al local, pero no evitaron el ingreso del personero de una lista rival.

Los testimonios de Cárdenas y Sánchez son apenas un botón de muestra de una jornada accidentada -a decir de los documentos, videos y testimonios que recogió este medio-, en la cual se eligió como nuevo secretario general nacional del partido a Edmundo del Águila Morote, y a una decena de dirigentes departamentales y distritales.

Aunque Del Águila juró el 31 de octubre, aún tiene que esperar que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resuelva una serie de impugnaciones presentadas por sus rivales para ser inscrito oficialmente. Entre las quejas está que el CNE anuló varias mesas de votación que pudieron cambiar la historia.

JORNADA ACCIDENTADA

Rafael Vásquez Neyra fue uno de los candidatos a secretario general. Cuando el 25 de setiembre se acercó a votar en las internas, en un local del distrito de Huacho, su nombre no figuraba en el padrón electoral. Así lo denunció en su página de Facebook y se ratifica para este informe.

“Esto se ha repetido en casi todo el país. ¿Usted se imagina a un candidato presidencial de la República que vaya a votar y no se encuentre en el padrón electoral?”, dice un ofuscado Vásquez a Sudaca. Y continúa: “Esas elecciones serían nulas. Eso es lo que ha pasado y es el principal argumento que hemos presentado ante el JNE para pedir que se anulen. ¿Cómo es posible que haya militantes que no hayan podido votar?”.

No fue el único lugar donde hubo problemas. En la región San Martín se anularon las votaciones del distrito de Banda de Shilcayo luego de que los padrones desaparecieran. 

El 19 de octubre, Segundo Montilla Vela, presidente del Comité Electoral de San Martín, envió una carta al Comité Nacional Electoral (CNE), la máxima autoridad de AP en los comicios. En el documento aseguraba que sí les habían enviado los padrones. Incluso adjuntó el voucher del envío, que estaba a nombre de Doris Guerrero Guerrero, presidenta del CNE.

Sin embargo, el paquete con las actas y los padrones de todo el departamento no fue recogido por Guerrero, sino por Hugo Magallanes Torres, persona que no es militante del partido. Consultado por este medio, Magallanes admite su rol y dice que solo apoyaba a Guerrero. No dio más detalles.

Sobre los documentos extraviados nadie tiene respuesta hasta ahora. Al cierre de esta edición, Guerrero tampoco respondió las llamadas ni los mensajes para saber qué ocurrió con los padrones. Así, sin importar o investigar qué pasó realmente, se declaró la nulidad de las mesas del distrito por la desaparición del material. De acuerdo al comunicado emitido por el CNE, su ausencia “impide llevar a cabo unas elecciones limpias y transparentes”.

En Comas ocurrió un hecho similar. El delegado electoral, Luis Enrique Ángeles, encargado de enviar todos los padrones al CNE, fue acusado de no hacerlo. El proceso en este distrito también se anuló.

Orlando Apian Martinez, personero de una de las listas distritales, le mandó una carta notarial exhortándolo a entregar el material y a “presentar su descargo ante la instancia correspondiente”. La carta terminaba con una advertencia: “de no cumplir con la entrega del padrón, daremos inicio a las acciones judiciales respectivas”.

Carta notarial enviada al delegado Luis Enrique Ángeles Quispe exhortándolo a entregar el padrón electoral del distrito de Comas.

 

Ángeles milita en el partido de la lampa recién desde hace dos años. Nos comunicamos con él, pero respondió escuetamente: “no deseo, gracias”. El suegro del delegado es Álex Valenzuela Chipana, quien fue parte de la lista N°2 del distrito encabezada por Ada Luz Marquez Espinozaque. Esta lista apoyó públicamente la candidatura a la secretaría general de Edmundo del Águila

Consultado por este medio, Valenzuela prefiere no entrar en detalles y asegura que él y toda su familia renunciarán a Acción Popular. “Nos equivocamos al estar en el partido”, señala.

“Si los padrones no llegaron, es responsabilidad del CNE. Ellos tendrían que abrir un proceso ante la Policía para determinar el paradero de los padrones y reclamar al propio delegado para que los recupere o ponga una denuncia. Pero no hacen nada y solo anulan la elección”, reclama Ivette Mendoza, secretaria electa de Juventudes de Lima Metropolitana que no juramentó como forma de protesta “ante las irregularidades que se han cometido”.

CAOS EN ATE

“¡Bájate de tu nube y cumple con tu chamba!”, le gritaba Edde Cuellar Alegría, alcalde de Ate, al delegado electoral del distrito, Junior Prado Quispe, el encargado por el CNE de informar cualquier incidente en el proceso electoral de esa jurisdicción. Prado se oponía al ingreso de más personas al local de votación. Y es que ya habían pasado las 4 p.m., hora en la que estaba previsto el término de la jornada.

De acuerdo al informe que entregó al CNE, el problema empezó minutos antes de las 4 p.m., cuando él y los personeros se percataron de que seguían llegando más personas al local de votación. La mayoría -según el delegado- eran funcionarios del municipio donde Cuellar es alcalde. El burgomaestre apoyó la candidatura de Edmundo del Águila Morote.

“Se quería que todos los que habían estado en la cola voten, porque como varios eran funcionarios de la municipalidad, los iban a favorecer [se refiere a la lista de Del Águila]”, se queja Prado en entrevista con Sudaca.

Debido a la coyuntura, asegura Prado en su informe, se dejó ingresar a un número reducido de personas. “No podía exponer a los miembros de mesa, porque ellos dieron su punto de vista de que no podía haber aglomeración dentro del local”, apuntó. Y añadió que a las 4:20 p.m. “se dejó ingresar a 30 personas y con ellos se procedió a cerrar el local”.

Hasta el local llegaron Edde Cuellar y Edmundo del Águila Herrera, hijo del candidato Del Águila Morote. Según Del Águila hijo, él se encontraba en el lugar porque era personero de la lista de su padre. Reconoce, sin embargo, que llegó sobre la hora. “En el recorrido que hace uno como personero, me encontré que en el distrito de Ate, a las 4 p.m., a la hora que acababa la votación, habían cerrado la puerta cuando afuera habían cientos de correligionarios que no podían votar”, dice.

Pero junto a Cuellar y Del Águila, de acuerdo al informe y los videos registrados, también estaban personas que no tenían nada que ver con el partido, como Pedro Augusto Chirinos Ruiz, subgerente de Educación, Cultura, Deporte y Juventudes del municipio. Este medio pudo corroborar -a través de la web del municipio y sus redes sociales- que se trataba de él.

Los visitantes lograron entrar por una puerta lateral. Cuando “ingresaron los señores Edmundo del Águila Herrera, Pedro Morales Miranda y Edde Cuellar Alegría conjuntamente con personas ajenas al proceso de escrutinio, se perdió el control del material electoral, porque no hubo un control y supervisión adecuados”, se lee en el informe de Prado.

A pesar de que este comunicó que no daba fe de que el proceso se haya realizado con total transparencia, el Comité Nacional Electoral validó todos los votos del distrito, donde salió ganador Edmundo del Águila Morote con un resultado demoledor de 575 votos.

Se me dijo de todo, se me amenazó, se me insultó. Ya no había garantías para llevar un proceso transparente”, cuenta Junior Prado sobre lo ocurrido ese día. Sudaca se comunicó con el alcalde de Ate para preguntarle acerca de su accionar en el local de votación, pero no nos respondió.

SUSPENSO

Los personeros del principal contendor de Edmundo del Águila Morote, el investigado por corrupción Julio Chávez Chong, han denunciado un supuesto fraude en las elecciones. Según sus propios cálculos, basados en un recuento rápido de los padrones, Chávez fue el ganador de los comicios por más de mil votos. Pero el resultado se habría revertido -aseguran- debido a que el Comité Nacional Electoral decidió ampliar el plazo para presentar pruebas sobre “posibles hechos irregulares ocurridos el día de la jornada electoral”.

En esta etapa, según ellos, el Comité Nacional Electoral anuló varias mesas de votación y es ahí donde el marcador se habría dado vuelta a favor de Del Águila, quien terminó llevándose una apretada victoria con 68 votos de ventaja. “Han eliminado miles de votos. Eso nunca se ha visto en la historia del partido”, se queja el también candidato Rafael Vásquez. 

Según las propias cifras del CNE, la jornada terminó con 5.944 votos nulos o viciados. Vásquez y Julio Chávez Chiong ya han presentado impugnaciones ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) porque consideran que parte de esta cifra responde a las mesas que se dejaron de lado por las irregularidades descritas en este informe. Sus personeros señalan que, hasta el día de hoy, el comité electoral no ha cumplido con publicar los motivos que lo llevaron a anular ciertas mesas, como la de San Juan de Lurigancho.

Desde la campaña de Edmundo del Águila Morote también sostienen que el proceso no fue del todo transparente. Pero apuntan la artillería contra otras listas que participaron de los comicios.

En varias jurisdicciones se encontraron firmas falsas de personas que nunca fueron a votar. Nosotros contratamos dos peritos para que revisen esos temas”, asegura Edmundo del Águila Herrera, hijo de Del Águila Morote. Hasta el cierre de edición, sin embargo, no compartió la información que avale sus denuncias. Su padre tampoco quiso hacerlo. “Nuestro estatuto nos prohíbe llevar los problemas internos a la opinión pública sin antes haberlos resuelto internamente”, afirma.

Mientras el Jurado Nacional de Elecciones no resuelva las impugnaciones, la nueva dirigencia no podrá ser inscrita. ¿El partido que preside el Congreso de la República seguirá, por sexto año consecutivo, sin nuevos dirigentes?

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Acción Popular, Edmundo del Aguila, Julio Chávez

En el gobierno la amistad tiene recompensa. Un ejemplo claro de ello es la exmilitante aprista y defensora de Martín Vizcarra, Olga Chagua Timoteo, quien se encarga de diseñar estrategias para combatir la delincuencia en el Ministerio del Interior.  Ella ocupa el puesto de viceministra de Seguridad Pública en esa cartera desde el 17 de octubre. La mujer de 41 años llegó al cargo por recomendación del presidente Pedro Castillo, aseguran fuentes de Perú Libre y del Mininter a Sudaca. 

¿Cómo? Chagua se aproximó en los últimos meses a un grupo de ronderos de Chota, liderado por Sergio Muñoz Sánchez, hombre de confianza del mandatario. En junio, ella acompañó a Muñoz en una marcha de ronderos en Lima. El motivo: apoyar a Castillo en plena segunda vuelta. En un video de una concentración de ronderos, en el club departamental Cajamarca se les puede ver a ambos. “Nos encontramos en Lima para respaldar a Pedro Castillo Terrones en la condición de rondero, en la condición de dirigente sindical y en la condición de maestro”, dijo Muñoz en esa entrevista. 

 

Ronderos de Chota
Junio, 2021. El dirigente rondero de Chota y amigo de Pedro Castillo, Sergio Muñoz Sánchez, brinda una entrevista en Lima. Al fondo, observa Olga Chagua Timoteo, actual viceministra de Seguridad Pública.

Chagua incursionó en la política en el 2008, cuando se afilió al Apra, de acuerdo al Jurado Nacional de Elecciones. La aventura en el partido de la estrella terminó para ella en el 2014, pero mientras militaba en ese agrupación ejerció el cargo de fiscal especializada en delitos ambientales. Una carrera como defensora de la legalidad que empezó en el 2012.

La viceministra abandonó el Ministerio Público en enero de este año por “motivos de índole estrictamente personal”. Lo cierto fue, según confesó en entrevistas a la prensa de Huánuco, que le picó el bicho de la política. Entró al movimiento Perú Firme, que creó el fallido candidato presidencial, Daniel Salaverry. El expresidente del Congreso fue un aliado ocasional de Pedro Castillo en la segunda vuelta.

Este movimiento hizo una alianza con Somos Perú con miras a las presidenciales. Chagua postuló sin éxito al Congreso por el partido del corazón en la región Huánuco. Se hacía llamar la “Dama de Hierro” en su campaña e hizo una defensa del expresidente Martín Vizcarra, el invitado estrella de la agrupación.

Al ser consultada por la prensa local sobre la controvertida vacunación secreta de Vizcarra, Chagua dijo: “Aprovechamiento no veo. […] no olvidemos que esa vacuna que él se puso fue de un ensayo”. 

Tras el estrepitoso fracaso electoral, Chagua se acercó al grupo de ronderos chotanos, liderado por Sergio Muñoz, y –por ahí– logró aproximarse a Castillo. “Agradezco [a Castillo] la gentileza de su tiempo y atención brindada”, escribió en su cuenta de Facebook, en julio pasado, tras reunirse con el profesor, en medio de las denuncias de fraude de la oposición por los resultados de la segunda vuelta. 

El jefe de Estado nombró al exfiscal anticorrupción Juan Carrasco Millones como ministro del Interior. El nombre de Chagua nunca estuvo entre sus opciones para ocupar un viceministerio en el Mininter. Fue el presidente el que impuso la designación, de acuerdo a una fuente con conocimiento del tema. 

Así las cosas, Chagua fue nombrada como viceministra de Orden Interno, un cargo que se enfoca en la labor preventiva para combatir el crimen. Desde ese puesto veía temas administrativos y logísticos. Y también construyó una relación con las rondas campesinas, en sintonía con el gusto de Castillo. La viceministra participó en dos reuniones (en Andahuaylas y Bagua Grande) con Sergio Muñoz, el amigo rondero del mandatario. Muñoz ha visitado al profesor en Palacio, en cuatro ocasiones, entre el 17 de agosto y el 2 de septiembre. 

Olga Chagua, viceministra, y Sergio Muñoz, rondero y amigo del jefe de Estado, en otra imagen.

“La señora Chagua no tiene ningún mérito para ocupar ese cargo. Ella sólo está preocupada en posicionar su imagen. En una marcha de apoyo a Pedro Castillo en Huánuco, la señora se presentó con un polo con su nombre: Olga Chagua. Ese gesto no ha sido bien visto”, dice Elena Ramos, integrante del Frente de Defensa de Huánuco, un conocido colectivo ciudadano de la región.

Como contó Sudaca en una nota del 8 de octubre pasado, antes de ser destituido del cargo, Carrasco pidió la renuncia de la viceministra Chagua. Las razones: tener una agenda propia, no coordinar sus actividades y priorizar viajes a Huánuco, su región natal. Pero Carrasco cayó, como parte de la recomposición en el Gabinete, y Chagua se mantuvo. 

El polémico Luis Barranzuela llegó para ocupar el sillón principal del Mininter y realizó una maniobra táctica: sacó a Chagua del viceministerio de Orden Interno para recolocarla en el de Seguridad Pública, un puesto más caliente que se enfoca en los planes operativos para atacar la delincuencia. La jugada ocurrió el último 17 de octubre. La recomendada del presidente se ha vuelto intocable hasta el momento. No accedió a dar declaraciones. 

 

MÁS PADRINAZGOS 

El presidente, además, movió otras fichas en esa cartera. El profesor chotano, José Rafael Heredia, fue designado como director general de la Dirección General de Gobierno Interior, que ve un asunto estratégico: la designación de los prefectos, subprefectos y tenientes gobernadores a nivel nacional, cargos apetecidos por Perú Libre. Estas autoridades, aproximadamente 1.800 en todo el país,  son claves para el control político porque suelen estar en lugares alejados. Representan al gobierno en temas de seguridad en esas localidades.

El partido del lápiz, con Vladimir Cerrón a la cabeza, declinó su aspiración –mediante un duro comunicado– de copar las prefecturas, ante la feroz pugna con Castillo y sus aliados. “El partido no sujetará su conducta política al condicionamiento de espacios laborales, porque le impediría tener una amplitud crítica, ejecutar acciones políticas o aplicar un programa leal al pueblo”, señaló Perú Libre sobre el tema.  

José Rafael Heredia, al igual que Castillo, tiene un pasado político marcado por su militancia en Perú Posible. Ambos coincidieron en el partido fundado por el expresidente Alejandro Toledo, actualmente prófugo de la justicia. Castillo fue militante entre el 2005 y el 2017, mientras que Rafael se matriculó en la chakana en un periodo que va desde el 2010 hasta el 2015. 

Este personaje tiene también como un aliado en la sombra al polémico profesor Grover Mamani, de acuerdo a fuentes del Ministerio del Interior. Mamani desató al inicio del gobierno una crisis política al ser voceado como la cabeza de la Dirección General de Gobierno Interior. Dos viceministros de la cartera, Carlos León y Nicolás Zevallos, renunciaron ante el posible nombramiento de Mamani, por considerar que no cumplía con el perfil para el puesto y ser un profesor radical en Puno. 

 

Grover Mamani Condori
Grover Mamani Condori, profesor en Puno, sigue cerca a la estratégica Dirección General de Gobierno Interior. Foto: Facebook de Grover Mamani.

El 21 de octubre pasado, el profesor chotano, José Rafael Heredia, acudió a Palacio a visitar al todopoderoso asesor Auner Vásquez. El actual director general de la Dirección General de Gobierno Interior asistió en compañía de Grover Mamani. “No puedo dar declaraciones”, dice José Rafael al ser consultado para este informe. El círculo se cierra. 

*Fotoportada: Darlen Leonardo

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José Rafael Heredia, Olga Chagua, Pedro Castillo

“Por los cuidados que necesita un hombre de 81 años, cuidas de mi alimentación y alegras mi día”, escribió en su cuenta de Twitter, el 28 de octubre, el ministro de Educación Carlos Gallardo. Era un mensaje dedicado a su hija, Ynés Gallardo Calixto. “Alimentarlo”, sin embargo, no parece ser el único motivo de las recurrentes visitas de su retoña.

De acuerdo con el registro del Ministerio de Educación (Minedu), Ynés Gallardo, de 54 años, acumula cerca de 135 horas de visitas a la sede de la cartera. En total, ha ido 17 veces desde el pasado 12 de octubre, poco después de que Carlos Gallardo asumiera las riendas del sector. La hija del ministro siempre se dirige a un piso en especial, el 12, desde donde despachan los altos funcionarios del ministerio.

 

Allí, según se advierte en el registro, Ynés Gallardo asiste a “reuniones de trabajo” con su padre. Durante las horas de sus visitas, por ejemplo, ha coincidido en nueve oportunidades con Alfredo Rodríguez, asesor del despacho; y en seis ocasiones con Víctor Rodríguez Rabanal, sociólogo y asesor II del ministro desde el 21 de octubre.

También ha estado 13 veces junto al excongresista del extinto Frente Amplio, Edgar Ochoa Pezo, pese a que este no está nombrado, ni es funcionario del Minedu. Hasta inicios de octubre, Ochoa se desempeñaba como asesor del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Tan solo esta última semana, Ochoa fue tres días para sostener “reuniones de trabajo” con el ministro Gallardo. Ynés Gallardo, de acuerdo con el registro, también estuvo presente en el lugar. Según fuentes del ministerio, pronto Ochoa sería nombrado nuevo jefe del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), entidad que maneja un presupuesto anual de más de S/1.300 millones.


La semana pasada, América Noticias mostró los lazos de amistad que tendría Ynés Gallardo con la educadora Maritza Sánchez Perales y la psicóloga Carolina Lizano Espinoza. Ambas fueron nombradas en importantes cargos bajo esta gestión: la primera como directora de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) y la segunda como jefa de la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica.

La hija del ministro estuvo en el piso 12 al mismo tiempo que ambas funcionarias, incluso antes de que fueran designadas en sus puestos. Con Sánchez, coincidió en siete oportunidades; mientras que con Lizano, en 11 de los 17 días que fue al ministerio.

Ynés Gallardo también estuvo en el Minedu el pasado miércoles 3 de noviembre, entre las 10:22 a.m. y las 12:24 p.m., cuando el presidente Pedro Castillo visitaba el ministerio. Todas sus visitas registradas hasta antes del 4 de noviembre responden a “reuniones de trabajo”. Luego de que RPP revelara la cantidad de veces que ha visitado a su padre, los registros cambiaron y pasaron a llamarse “otros motivos-visita personal”.

Bajo esa denominación, Ynés Gallardo volvió a visitar el Minedu el 4 de noviembre, el día en que se llevó a cabo el voto de confianza en el Parlamento. Permaneció una hora y 40 minutos.

Sudaca buscó varias veces a Gallardo Calixto, quien prefirió no responder a nuestras consultas. Sí se pronunciaron desde el Minedu, negando que ella tenga algún tipo de participación en las labores del ministerio. «Su presencia obedece a las relaciones de cariño y respeto que existen en todas las familias y son parte de su ámbito íntimo y privado», respondieron ante nuestra inquietud. No se entiende -entonces- qué significa una “reunión de trabajo” para el ministro Gallardo, ni por qué su hija coincide tanto con asesores y funcionarios posteriormente nombrados. 

Fuentes de alto rango del Minedu, sin embargo, desmienten la versión oficial, aunque piden mantener la reserva de sus nombres por temor a represalias. Dos funcionarios dicen, por ejemplo, que las mamparas de las oficinas del piso 12 se empezaron a cerrar cuando asumió Gallardo y que había que pedir permisos inusuales para acceder a este piso. Antes no era así. Las mismas fuentes opinan que ello se debe a que el ministro no quiere que vean con quién despacha y, por tanto, con quiénes decide las políticas del sector. 

Cuatro trabajadores del Minedu con los que conversó Sudaca señalan que el ministro busca el apoyo de su hija debido a su avanzada edad. Segundo Vásquez, secretario general de la Fenate Perú, con quien Gallardo se reunió el último viernes, también reconoce que el viejo sindicalista ya no es el mismo. “Su comportamiento y temperamento no es igual que el de alguien menor. Es lo normal de su edad”, dice.

 

JUGANDO CON EL CARGO

La última visita que registra Ynés Gallardo es la del 5 de noviembre. Estuvo aproximadamente siete horas, siempre en el piso 12. Ese fue el primer día de la gestión de Carlos Gallardo con el voto de confianza del Congreso. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Recibir a los dirigentes del gremio de maestros que fundó Pedro Castillo, la Fenate Perú.

Gallardo se reunió en una maratónica jornada con una treintena de dirigentes de ese sindicato. En dicha reunión, la Fenate Perú presentó su pliego de reclamos y, luego de varias horas, acordaron armar siete mesas de trabajo sobre distintos puntos. Sin embargo, al momento de discutir sobre el examen de nombramiento de los profesores del próximo 13 de noviembre, ambas partes no parecían llegar a un acuerdo. La reunión, entonces, se tornó tensa.

El ministro sostuvo que era imposible postergar el examen por lo avanzado del proceso y que una salida para ello podría ser una iniciativa legislativa para cambiar la evaluación a futuro. Pero no era una solución inmediata. La Fenate, por su parte, insistía en aplazar la prueba a cómo dé lugar.

Gallardo entonces puso su cargo a disposición del gremio, según dos fuentes confiables que estuvieron en dicha reunión. “Gallardo les dijo que eso les podía ofrecer y que, si no aceptaban, renunciaba”, señala uno de los presentes a Sudaca.

Mauro Concha, dirigente de la Fenatep por Apurímac, otro de los asistentes a dicha reunión, confirma la versión. “Gallardo dijo que si no le entendían, daría un paso al costado. Somos conscientes de que no está cometiendo un acto irregular, está dentro del marco legal [el no aplazar el examen de nombramiento]. Nosotros tampoco encontramos fundamentos legales para ir en contra de lo que propuso”, asegura el dirigente.

Así las cosas, parece que la influencia del gremio de profesores, que según Vasquez acumula ya más de 150.000 afiliados a nivel nacional, puede tranquilamente sacar a un ministro.

 

Fotoportada: Darlen Leonardo.

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Entre el  16 y 17 de mayo de este año, Percy Anibal Chávez Lume, un militante de Perú Libre, tomó una buena decisión para su futuro profesional: aportó S/ 5.900 en especies para la campaña de Perú Libre, que consistió en la entrega de 500 polos, 20 gigantografías y 200 banderines, según información de la ONPE. Desde agosto, trabaja como asesor principal en el despacho del congresista Abel Reyes Cam y tiene un sueldo de categoría «nivel 9» (entre S/8.096 y S/.8.899).

Chávez Lume y Reyes, además, son socios de Kausachum SRL, dedicada al rubro de la construcción. El congresista posee el 97% de las acciones, su padre el 2% y Chávez el 1%. El 27 de agosto de 2019, a pocos días de que  Vladimir Cerrón sea suspendido en el cargo por una sentencia judicial de corrupción, la empresa obtuvo un contrato con el Gobierno Regional de Junín por S/ 30.000 para la elaboración de un estudio de preinversión. Llamamos al congresista Reyes para que nos dé detalles, pero no contestó al cierre de esta edición.

Similar es el caso de Segundo Diego Rojas Sánchez. El 23 de abril de este año realizó un aporte de S/3.300 para cubrir el alojamiento y la alimentación para la comitiva de la campaña del lápiz que llegó a Chiclayo. Lo hizo a pesar de que era militante de Alianza para el Progreso (APP) desde el 12 de mayo de 2014. Su aventura en el partido de Acuña acabó el 20 de octubre con su renuncia. Nueve días después, el 29, fue nombrado director ejecutivo del programa ‘Nuestras Ciudades’ del Ministerio de Vivienda.

El pasado 29 de octubre, el aportante Segundo Diego Rojas Sánchez es nombrado director ejecutivo del programa ‘Nuestras Ciudades’ del Ministerio de Vivienda.

 

Otro caso llamativo es el del empresario Mauro David Gonzales Caballero, amigo de Pedro Castillo y frecuentemente voceado para varios cargos públicos. Después de aportar a la campaña de Perú Libre, él no obtuvo un puesto laboral en el Estado -al menos de manera oficial- pero sí su tío.

En junio de este año, Mauro Gonzales, director de Radio Disco SA (990 AM), el nombre legal de la pro oficialista Radio Latina, realizó un aporte de banners, polos y banderines valorizados en S/12.000. En julio, después de que Pedro Castillo ganó las elecciones, el propietario de  la radio, su tío David Caballero Llanos, fue nombrado coordinador parlamentario del Ministerio de Defensa. 

 

 

El pasado 30 de septiembre, David Fernando Caballero Llanos fue designado como coordinador parlamentario del Ministerio de Defensa.

 

Gonzales Caballero, que es bachiller en Derecho y Administración de Empresas, dice a Sudaca que “es normal” que esto suceda. “Si cumples el perfil, estás apto para el puesto y te llaman, ya pues… Bienvenido, ¿no?”, apunta.

Dice que ese es el caso de su tío, quien es abogado y, según él, posee experiencia en el sector público desde 1989. “Algunos me han ofrecido cargos y no cumplía con el perfil, y no he aceptado. Soy joven, tengo 26 años y los requerimientos de los puestos en el Estado son altos”, reconoce Gonzales.

Pero no descarta ocupar un cargo público en esta gestión. Por el momento, asegura, le da consejos en diversos temas al presidente Pedro Castillo, porque es “mi amigo». Anuncia que mañana lunes inaugurará el nuevo canal Nacional TV, que asegura “no será oficialista”. Veremos.

No todos son puestos en el gobierno central ni en el Congreso de la República. Un caso, plagado de irregularidades, es el de Ángela Ivette Hurtado Caballero, subgerente de Desarrollo de Tarma del Gobierno Regional de Junín desde julio del 2020. El pasado 1 de marzo de este año, Hurtado realizó un aporte de S/500 en efectivo a la campaña del lápiz.

 

La subgerente de Desarrollo de Tarma del Gobierno Regional de Junín, Ángela Ivette Hurtado, realizó un aporte de S/500 (ver foto arriba). Y, después, la radio ‘Sudamericana’, que es de su propiedad, obtuvo un contrato de S/450 con el propio Gore-Junín. La ley de contrataciones del Estado se le prohíbe por ser funcionaria.

 

La funcionaria, según su declaración jurada, es gerente titular y accionista mayoritaria de ‘Radio Sudamericana-Señor de Muruhuay’, un conocido medio de comunicación que diariamente transmite noticias en la tierra de Vladimir Cerrón.

Luego de 22 días de haber hecho su aporte a la campaña, el 23 de marzo, la radio obtuvo un contrato por S/450 para difundir publicidad del proceso de admisión 2021 del instituto Adolfo Vienrich. El monto desembolsado provenía de la Dirección de Educación del gobierno regional donde ella es funcionaria. Nadie advirtió la irregularidad.

La contratación de radio ‘Sudamericana’ con el Gore-Junín ha quedado registrada en el Servicio Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace).

 

El experto en procesos electorales, José Tello, asegura a Sudaca que, de acuerdo a Ley de Contrataciones con el Estado (Ley N° 30225), un funcionario de una entidad pública no puede ser dueño o accionista de una empresa privada que gane licitaciones o contratos con el Estado porque habría “conflicto de intereses”, como es el caso de Ángela Hurtado, también militante de Perú Libre. “El impedimento es bastante preciso y acá no hay mayor interpretación”, dice el experto.

Desde el 17 de julio de 2020, fecha en la que Hurtado ocupa el cargo, su medio de comunicación ha ganado contratos con el Estado por un monto total de S/59.987,16, con el gobierno regional de Junín, la municipalidad de Tarma y la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma. Sudaca se comunicó a su teléfono y un allegado a ella dijo que nos iba a devolver la llamada, pero al final esta no se concretó. Parece que ser aportante del lápiz no solo la ha ayudado a hacer crecer su negocio, sino también a tener luz verde para seguir ganando contratos con el Estado sacándole la vuelta a la ley.

La personera legal de Perú Libre, Ana María Códova, dice a Sudaca que son las instituciones que han contratado los servicios de Hurtado las que deben pronunciarse.  

Aportes de Campaña de Perú … by Juan C Chamorro

Este es el conjunto de informes de los aportes de campaña de las elecciones generales del 2021, entregados por Perú Libre a la ONPE.

El gerente de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, Miguel Quispe Soto, asegura a Sudaca que en este momento se encuentran en un “proceso de verificación” de todos los reportes de rendiciones de gastos y aportes entregados por los partidos políticos a esa entidad.

“Si hubiese casos que ameriten una mayor indagación, la examinación de un aportante o de una situación dentro de una rendición de cuentas, nosotros daremos cuenta de esa situación. Tenemos las sanciones administrativas dentro de la ley, pero también pueden existir indicios penales. Una vez después que haya concluido todo el análisis, se reporta y se va a concluir con un informe técnico ”, advierte el funcionario.

 

 (*) Fotoportada del reportaje: Darlen Leonardo

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Cerrón, Chota, Junín, ONPE, PedroCastillo, PeruLibre, Sombrero

La sombra de Vladimir Cerrón no se puede borrar fácilmente de Junín. Ni mucho menos el rastro que dejó como gobernador. Ahora, la Contraloría ha identificado a tres funcionarios de su confianza que causaron un perjuicio de S/1.161.274 al gobierno regional en una trama que favoreció al Consorcio Vial Junín. En el conglomerado de empresas estaba un familiar de Carlos Wilfredo Zárate Villalobos, el policía que fungía de guardaespaldas del secretario general de Perú Libre.

LO QUE EMPIEZA MAL…

Durante la gestión del exgobernador regional de Junín, Ángel Unchupaico (2015-2018), se convocó el proceso de selección para la obra de “Mejoramiento del corredor vial de transporte masivo” en Huancayo. Desde el inicio, la contratación estuvo llena de irregularidades que le pasaron factura a la entidad. Literalmente.

De acuerdo a un informe de la Gerencia Regional de Control de Junín, al que Sudaca tuvo acceso, las cosas pintaban mal desde el inicio. En 2018, los funcionarios del Gobierno Regional de Junín le dieron la buena pro al Consorcio Vial Junín para que se encargue del proyecto, valorizado en poco más de S/54 millones.

El consorcio está conformado por las empresas Corporación San Rafael SAC (con 44% de participación), Ditranserva SAC (33%), Corporación Ejecutora de Obras (15%), Constructora y Consultora la Incontrastable Great Group SRL (7%) y HVC Inmobiliaria y Constructora SAC (1%). 

A la hora de elegir al ganador, poco importó que la empresa Corporación Ejecutora de Obras tuviera, en ese entonces, una sanción del Tribunal de Contrataciones del Estado por presentar documentos adulterados. Al día de hoy, tiene tres más por presentar información inexacta o documentos falsos.

HVC Inmobiliaria y Constructora SAC, por su parte, tenía como gerente -durante los años en los que ocurrieron las irregularidades- a Milton Zárate Palomino, tío del efectivo policial que hacía de ‘chaleco’ de Vladimir Cerrón. Aunque la participación de esta empresa era, en apariencia, menor, la tajada que le tocaría era de más de medio millón de soles, si nos ceñimos a los porcentajes de su participación. El informe de Contraloría señala que esta consorciada no cumplía con los requisitos de las bases del concurso.

Lo más grave, sin embargo, es que la obra se inició cuando no se contaba con la “disponibilidad física del terreno”. Y es que se necesitaba la autorización de Ferrovías Central porque los trabajos se realizarían dentro del área de concesión de esa empresa ferroviaria. Para intentar saltarse los protocolos, el Gobierno Regional emitió un “acta de libre disponibilidad de terreno”, que solo sirvió para avanzar la obra por un breve tiempo.

Los funcionarios de la Gerencia Regional de Control de Junín realizaron la visita de inspección el 23 de febrero de 2021. Hasta el día de hoy, la obra -que le ha salido cara al Gobierno Regional de Junín- sigue paralizada.

A inicios del 2019, las obras se paralizaron y -hasta la fecha, según la Contraloría- han generado un perjuicio total de S/2.469.863. Por estas irregularidades, hay cinco funcionarios de confianza del gobierno de Unchupaico que tienen presunta responsabilidad administrativa y penal. Sin embargo, casi la mitad de ese monto se explica por la mala praxis de tres funcionarios de confianza de la gestión de Vladimir Cerrón. ¿Por qué?

 

CERRONISTAS EN ACCIÓN

Según el cronograma, la obra debía terminar en mayo de 2019. Ese año, el fundador e ideólogo de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se convirtió en gobernador regional de Junín. Al poco tiempo de asumir, el 19 de marzo, su gestión declaró la nulidad del contrato por la falta de un terreno donde realizar la construcción.

Cualquiera diría que Cerrón entró a poner orden, pero no fue así. Funcionarios colocados por él en puestos de confianza aprobaron un informe que describía supuestos avances en la obra. Pero, como corroboró la Contraloría luego, estos nunca existieron. De acuerdo al informe de control, esto generó un perjuicio económico de S/1.161.274.

Según el documento de Contraloría, el gobierno regional contrató a inicios de abril del 2019 al ingeniero Miguel Ángel Escobar Ramos para que indique cuáles eran los gastos que había realizado en la obra el consorcio en el que participaba el tío del chaleco de Cerrón, hasta ese momento.

Escobar elaboró un informe en el que se afirmaba que la empresa había realizado trabajos obligatorios del contrato, como el relleno para la nivelación de subrasante (la superficie sobre la que se coloca pavimento) o la compactación y riego de material de relleno.

El resultado del estudio elaborado por Escobar concluía que, al 20 de marzo de 2019, el proyecto tenía un avance del 14,2% y que la empresa solo debía devolver S/1.155.365 de lo que se le había desembolsado en la gestión anterior, como adelanto. Pero lo que el gobierno regional debía recibir, de acuerdo a los cálculos de la Contraloría, era S/2.316.640. 

Según el órgano de control, el documento de Escobar no presentaba evidencia alguna de que se haya avanzado lo que él mencionaba en su informe. Sus dudosas conclusiones, sin embargo, fueron aprobadas por Luis Ángel Ruiz Ore, subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras, y funcionario de confianza del gobierno regional cuando Cerrón todavía era gobernador.

De izquierda a derecha los funcionarios de confianza de Cerrón: Luis Ruiz Ore, Jakelyn Flores Peña y Marcial Castro Cayllahua.

Ruiz emitió un informe técnico el 2 de mayo de 2019 aprobando que se liquide a la empresa por los avances efectuados. Al día siguiente, Jakelyn Flores Peña, gerenta regional de Infraestructura, otra funcionaria de confianza, envió un oficio a la oficina de Asesoría Jurídica recomendando hacer lo mismo, según documentación recabada por la Contraloría.

Flores, de acuerdo al Registro de Organizaciones Políticas, es militante del partido de Cerrón desde 2017, cuando aún era un movimiento regional. Ingeniera de profesión, en las últimas elecciones tentó suerte como congresista por la región Junín. Según La República, al menos hasta abril de este año, tenía dos investigaciones en su contra por los delitos de colusión agravada y negociación incompatible. ¿La entidad afectada? El Gobierno Regional de Junín.

Sus cuitas judiciales sobran. Recientemente la fiscalía decidió investigarla en el caso de lavado de activos que se le sigue a dirigentes de Perú Libre, por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales del 2020 y 2021. La fiscalía sostiene que la exfuncionaria cumpliría el “rol de operadora respecto a actos de conversión y transferencias de dinero que facilitarían a la organización criminal las operaciones de lavado de activos”. También que, como candidata al Congreso, “habría recibido financiamiento de las ganancias ilícitas provenientes de actos de corrupción” del partido de gobierno.

La cadena de irregularidades, según la Contraloría, terminó en Marcial Castro Cayllahua, entonces gerente encargado de Infraestructura, quien emitió una resolución gerencial el 8 de mayo de aquel 2019 haciendo eco del informe de Escobar.

Castro, que ostentaba un puesto de confianza en el gobierno de Cerrón y había sido funcionario de la gestión anterior, no tenía fama de ser muy diligente. El 2018, fue inhabilitado por 1 año y 2 meses por la Contraloría por haber incurrido en faltas graves durante el ejercicio de sus funciones.

Como parte de sus indagaciones, en diciembre del año pasado funcionarios de la Contraloría de Junín se presentaron en el lugar con el objetivo de corroborar que los trabajos efectivamente fueron realizados. Algo que no hizo ningún funcionario de la gestión, a decir del órgano de control. Los inspectores terminaron corroborando sus sospechas: que nunca se habían llevado a cabo los avances que Escobar había descrito en su informe.

Consultado por el organismo de control, el jefe de supervisión de la obra, contratado por el consorcio, también confirmó lo que era evidente con solo visitar el sitio. En los cuadernos de obra (documentos oficiales donde se registran todos los acontecimientos importantes que ocurren durante la construcción) tampoco había rastro de que los trabajos se hubiesen concretado.

Vladimir Cerrón ya no es gobernador regional de Junín, pero las decisiones que se tomaron durante su corto mandato siguen causando problemas.

Estos hechos, de acuerdo al informe de la Contraloría, transgredieron la “Ley de Contrataciones del Estado”, que establece que se debe pagar solo por los trabajos ejecutados. El órgano de control añade que estos hechos ocurrieron por el “accionar de los funcionarios que intervinieron en razón de sus cargos en los referidos trámites”, originando así el perjuicio económico en contra del gobierno regional.

Consultada por su participación en la aprobación del expediente en cuestión, Jakelyn Flores señala escuetamente que no tiene conocimiento del informe de la Contraloría. Sin embargo, de acuerdo al documento al que Sudaca tuvo acceso, “las personas comprendidas en la presente observación fueron notificadas mediante cédulas de comunicación y notificación”.

Marcial Castro, por su parte, solo se limitó a dejar en visto los mensajes. Quien sí respondió fue Luis Ruiz Ore, quien aseguró que “el perjuicio que demanda la Contraloría viene de más atrás [de la gestión de Unchupaico]” y que ellos lo que hicieron fue anular el contrato. Sobre la aprobación del documento que originó el presunto perjuicio de más de S/1.000.000, solo dijo que la “Contraloría es un ente que tiene un sesgo” y que pronto hará el descargo correspondiente. Esperemos que sea ante un fiscal anticorrupción.

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Cerrón, contraloria, Junín

Mirtha Vásquez contraataca. La primera ministra ha pasado a la ofensiva tras la andanada de puyas que recibió del ala dura de Perú Libre en las últimas semanas. Por ahora, ha prevalecido.

En su afán por desmarcarse de cerronistas y radicales, por ejemplo, en la tarde de ayer miércoles convocó a  congresistas del bloque moderado de la bancada oficialista. El objetivo de la reunión: granjearse su apoyo con miras al debate del voto de confianza de hoy. “Nos dijo que esperaba de nosotros apostar por la confianza y la gobernabilidad”, cuenta a Sudaca el legislador José Bálcazar, representante del ala magisterial del lápiz.

Desde que asumió el premierato, Vásquez marcó distancia de Cerrón y compañía. Cambió, por ejemplo, el contenido de la Política General de Gobierno aprobada por el ex primer ministro Guido Bellido, que no llegó a ser publicada por él antes de su caída. “Yo dejé firmada la Política General de Gobierno concordante con el ideario político de Perú Libre [con temas como la renegociación de contratos], pero lo que se publicó no corresponde a nuestro ideario”, asegura el propio Bellido a Sudaca. 

La política general para el quinquenio 2021-2026 que la premier, finalmente aprobó, fue publicada el 16 de octubre en el diario “El Peruano”. No aborda temas polémicos, como la Asamblea Constituyente o la renegociación de los contratos.

La primera ministra también frenó la destitución de Amalia Moreno, directora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, según una fuente de Perú Libre. Como reportó Sudaca, Bellido le había pedido la renuncia a Moreno a través de un emisario, cuando era primer ministro. El partido del lápiz quería colocar en el puesto a Paco Gavidia, excandidato al Congreso por Alianza Para el Progreso, según la misma fuente.

Los ataques contra Mirtha Vásquez se habían intensificado en las últimas semanas. El ala dura perulibrista le llama –principalmente– “caviar”, en tono despectivo. Ella devolvió el golpe el 29 de octubre: ese día dio por concluido el nombramiento del militante de Perú Libre, Braulio Grajeda, como viceministro de gobernanza territorial en la PCM. En ese puesto, Grajeda se encargaba de monitorear los conflictos sociales. 

Dos fuentes de la PCM alegan que Grajeda no dio la talla para el cargo ante la ola de protestas que sacuden el país, como la quema del campamento minero Apumayo, en Ayacucho, y la huelga en la comunidad de Aquia, en Áncash, contra las operaciones de Antamina. “Tenemos que volver a un enfoque preventivo de los conflictos. Todos estos años la única estrategia que se ha utilizado es la estrategia represiva”, dijo Vásquez a Canal N el 31 de octubre.

Braulio Grajeda
Braulio Grajeda Bellido, exviceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, expectorado por la primera ministra Mirtha Vásquez. Es militante de Perú Libre y cercano a Cerrón. Foto: Facebook de Braulio Grajeda.

 

CHAU, CUOTA DE BERMEJO

Un día después, el 1 de noviembre, Vásquez vio una oportunidad de oro para deshacerse de Luis Barranzuela –exabogado de Vladimir Cerrón– como ministro del Interior. Según un informe de Latina, Barranzuela celebró una fiesta en su casa de Surco por el Día de la Canción Criolla, a pesar de la prohibición para realizar reuniones sociales. El propio ministerio que él dirigía comunicó que este tipo de celebraciones quedaban prohibidas.

Como explicó Sudaca en un reciente informe, la premier ya tenía entre ceja y ceja a Barranzuela –quien llegó al puesto recomendado por el congresista Guillermo Bermejo–, porque no lo consideraba idóneo para el cargo. Para Vásquez, el exministro del Interior tenía agenda propia y era un promotor indirecto de paros cocaleros al mostrarse en contra de la erradicación de la hoja de coca. No consiguió removerlo antes porque el exmayor de la Policía tenía el respaldo del presidente Pedro Castillo, dice una fuente de la PCM. 

Pero a la primera ministra no sólo le incomodó la juerga. También que Barranzuela haya reconocido, en el comunicado que sacó para defenderse, que coordinaba asuntos de gobierno con personas ajenas al Ejecutivo, como los abogados Raúl Noblecilla y Ronald Atencio, presentes en el festejo. “Esa fue una demostración de que Barranzuela tenía un juego propio”, dice una fuente cercana a Vásquez.

Y es que Barranzuela dijo en su comunicado que aquella noche tuvo una reunión vía Zoom con el ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, para tocar el tema de “los conflictos al interior de nuestro Perú”. ¿Qué hacían, entonces, Atencio y Noblecilla en medio de aquella cita?

Así las cosas, el pulso en el gobierno se elevó el lunes 1 de noviembre, el día de los Muertos. Mirtha Vásquez le envió un oficio al todavía ministro para que explique por qué realizó una reunión social pese a las restricciones por el coronavirus. No le pidió una reunión presencial. 

“Yo advierto que hay una animadversión de la primera ministra al emplazar de manera escrita al ministro”, dice Ronald Atencio, abogado de Luis Barranzuela y del congresista Guillermo Bermejo. Atencio, sin embargo, no quiso responder sobre el ‘tono’ en Surco.

Barranzuela dio su versión a la premier también mediante un escrito, pero la jefa del Gabinete lo consideró “inaceptable”. El exmayor de la Policía intentó aferrarse al cargo buscando el respaldo de Pedro Castillo. Vásquez, sin embargo, condicionó su permanencia en el Ejecutivo a la salida de Barranzuela, durante un encuentro con el presidente que se produjo a las seis de la tarde del martes 2 de noviembre.

“La primera ministra le dio una suerte de ultimátum al presidente diciéndole que resuelva [la salida o permanencia de Barranzuela] el martes”, dice una fuente cercana a la premier. A su círculo de confianza, la primera ministra le contó que había presentado su renuncia, que desde el gobierno le habían pedido que no se fuera y que les había dado como plazo hasta el cierre del día. A sus más allegados les comentó que había límites que no estaba dispuesta a cruzar, según pudo conocer Sudaca. 

Y así fue como Vásquez le ganó la pulseada a Barranzuela, quien se vio forzado a renunciar. Esta mañana juró como nuevo ministro del Interior Avelino Guillén, quien marcó distancias con Vladimir Cerrón en la campaña electoral. “Mi deslinde es claro y contundente con el señor Cerrón. En relación a su participación o no, a quien le corresponde señalar -y lo ha dicho y respaldo la posición- es al profesor Castillo, quien ha dicho que el señor Cerrón no va a tener participación en el Ejecutivo”, dijo Guillén a la prensa.

 

Luis Barranzuela
Luis Barranzuela Vite, exministro del Interior, perdió en el pulso con la jefa del Gabinete. Foto: Facebook de Luis Barranzuela.

 

BANCADA DIVIDIDA

Tras todo ello, y en su afán de reducir al máximo la influencia del radicalismo de Perú Libre en el gobierno, Vásquez pactó el encuentro de ayer con los legisladores del bloque moderado que reseñamos al inicio de este informe. La premier se reunió con once parlamentarios, mientras circulaban nuevas versiones de un rompimiento de la bancada de Perú Libre. 

Esto, tras una columna de Vladimir Cerrón que se publicó en la página oficial del partido el 31 de octubre. En el escrito se lee que sólo falta “oficializar” la ruptura porque “la bancada siempre fue expresión de dos nítidos componentes: de la militancia nata del Partido y los aliados del sindicato magisterial”.

Los parlamentarios moderados anuncian que le darán su respaldo. “Conversamos de que el rumbo del presidente Castillo no se va a desviar y vamos a respaldarlo”, dice el parlamentario Óscar Zea, integrante de ese bloque. “La idea es trabajar para lograr avances en el país. Yo le puedo ratificar que voy a darle el voto de confianza a este gabinete”, dice, por su parte, Luis Kamiche, legislador también alineado con ese grupo. 

Los cerronistas, en cambio, ratifican que no le darán tregua a la primera ministra. “Nosotros vamos a votar en contra de Mirtha Vásquez. Es un voto de rechazo hacia ella. No tenemos por qué respaldarla”, dice el congresista y exprimer ministro Guido Bellido. 

Bellido dice que él no se haría problemas en caso la bancada de Perú Libre se fracture. Y marca distancia con su colega Guillermo Bermejo, quien está más cerca al presidente de la República en las últimas semanas. Bermejo es convocado a Palacio por el presidente cada vez que hay una crisis política. Ayer no fue la excepción.  

“[Si la bancada se divide,] no creo que Bermejo esté con nosotros. ¿Qué haría con nosotros? Los que tienen agenda propia terminan solos. Siempre”, dice Bellido. Las tensiones no tienen cuándo acabar.

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Luis Barranzuela, Mirtha Vasquez
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