Informes

Mirtha Vásquez contraataca. La primera ministra ha pasado a la ofensiva tras la andanada de puyas que recibió del ala dura de Perú Libre en las últimas semanas. Por ahora, ha prevalecido.

En su afán por desmarcarse de cerronistas y radicales, por ejemplo, en la tarde de ayer miércoles convocó a  congresistas del bloque moderado de la bancada oficialista. El objetivo de la reunión: granjearse su apoyo con miras al debate del voto de confianza de hoy. “Nos dijo que esperaba de nosotros apostar por la confianza y la gobernabilidad”, cuenta a Sudaca el legislador José Bálcazar, representante del ala magisterial del lápiz.

Desde que asumió el premierato, Vásquez marcó distancia de Cerrón y compañía. Cambió, por ejemplo, el contenido de la Política General de Gobierno aprobada por el ex primer ministro Guido Bellido, que no llegó a ser publicada por él antes de su caída. “Yo dejé firmada la Política General de Gobierno concordante con el ideario político de Perú Libre [con temas como la renegociación de contratos], pero lo que se publicó no corresponde a nuestro ideario”, asegura el propio Bellido a Sudaca. 

La política general para el quinquenio 2021-2026 que la premier, finalmente aprobó, fue publicada el 16 de octubre en el diario “El Peruano”. No aborda temas polémicos, como la Asamblea Constituyente o la renegociación de los contratos.

La primera ministra también frenó la destitución de Amalia Moreno, directora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, según una fuente de Perú Libre. Como reportó Sudaca, Bellido le había pedido la renuncia a Moreno a través de un emisario, cuando era primer ministro. El partido del lápiz quería colocar en el puesto a Paco Gavidia, excandidato al Congreso por Alianza Para el Progreso, según la misma fuente.

Los ataques contra Mirtha Vásquez se habían intensificado en las últimas semanas. El ala dura perulibrista le llama –principalmente– “caviar”, en tono despectivo. Ella devolvió el golpe el 29 de octubre: ese día dio por concluido el nombramiento del militante de Perú Libre, Braulio Grajeda, como viceministro de gobernanza territorial en la PCM. En ese puesto, Grajeda se encargaba de monitorear los conflictos sociales. 

Dos fuentes de la PCM alegan que Grajeda no dio la talla para el cargo ante la ola de protestas que sacuden el país, como la quema del campamento minero Apumayo, en Ayacucho, y la huelga en la comunidad de Aquia, en Áncash, contra las operaciones de Antamina. “Tenemos que volver a un enfoque preventivo de los conflictos. Todos estos años la única estrategia que se ha utilizado es la estrategia represiva”, dijo Vásquez a Canal N el 31 de octubre.

Braulio Grajeda
Braulio Grajeda Bellido, exviceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, expectorado por la primera ministra Mirtha Vásquez. Es militante de Perú Libre y cercano a Cerrón. Foto: Facebook de Braulio Grajeda.

 

CHAU, CUOTA DE BERMEJO

Un día después, el 1 de noviembre, Vásquez vio una oportunidad de oro para deshacerse de Luis Barranzuela –exabogado de Vladimir Cerrón– como ministro del Interior. Según un informe de Latina, Barranzuela celebró una fiesta en su casa de Surco por el Día de la Canción Criolla, a pesar de la prohibición para realizar reuniones sociales. El propio ministerio que él dirigía comunicó que este tipo de celebraciones quedaban prohibidas.

Como explicó Sudaca en un reciente informe, la premier ya tenía entre ceja y ceja a Barranzuela –quien llegó al puesto recomendado por el congresista Guillermo Bermejo–, porque no lo consideraba idóneo para el cargo. Para Vásquez, el exministro del Interior tenía agenda propia y era un promotor indirecto de paros cocaleros al mostrarse en contra de la erradicación de la hoja de coca. No consiguió removerlo antes porque el exmayor de la Policía tenía el respaldo del presidente Pedro Castillo, dice una fuente de la PCM. 

Pero a la primera ministra no sólo le incomodó la juerga. También que Barranzuela haya reconocido, en el comunicado que sacó para defenderse, que coordinaba asuntos de gobierno con personas ajenas al Ejecutivo, como los abogados Raúl Noblecilla y Ronald Atencio, presentes en el festejo. “Esa fue una demostración de que Barranzuela tenía un juego propio”, dice una fuente cercana a Vásquez.

Y es que Barranzuela dijo en su comunicado que aquella noche tuvo una reunión vía Zoom con el ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, para tocar el tema de “los conflictos al interior de nuestro Perú”. ¿Qué hacían, entonces, Atencio y Noblecilla en medio de aquella cita?

Así las cosas, el pulso en el gobierno se elevó el lunes 1 de noviembre, el día de los Muertos. Mirtha Vásquez le envió un oficio al todavía ministro para que explique por qué realizó una reunión social pese a las restricciones por el coronavirus. No le pidió una reunión presencial. 

“Yo advierto que hay una animadversión de la primera ministra al emplazar de manera escrita al ministro”, dice Ronald Atencio, abogado de Luis Barranzuela y del congresista Guillermo Bermejo. Atencio, sin embargo, no quiso responder sobre el ‘tono’ en Surco.

Barranzuela dio su versión a la premier también mediante un escrito, pero la jefa del Gabinete lo consideró “inaceptable”. El exmayor de la Policía intentó aferrarse al cargo buscando el respaldo de Pedro Castillo. Vásquez, sin embargo, condicionó su permanencia en el Ejecutivo a la salida de Barranzuela, durante un encuentro con el presidente que se produjo a las seis de la tarde del martes 2 de noviembre.

“La primera ministra le dio una suerte de ultimátum al presidente diciéndole que resuelva [la salida o permanencia de Barranzuela] el martes”, dice una fuente cercana a la premier. A su círculo de confianza, la primera ministra le contó que había presentado su renuncia, que desde el gobierno le habían pedido que no se fuera y que les había dado como plazo hasta el cierre del día. A sus más allegados les comentó que había límites que no estaba dispuesta a cruzar, según pudo conocer Sudaca. 

Y así fue como Vásquez le ganó la pulseada a Barranzuela, quien se vio forzado a renunciar. Esta mañana juró como nuevo ministro del Interior Avelino Guillén, quien marcó distancias con Vladimir Cerrón en la campaña electoral. “Mi deslinde es claro y contundente con el señor Cerrón. En relación a su participación o no, a quien le corresponde señalar -y lo ha dicho y respaldo la posición- es al profesor Castillo, quien ha dicho que el señor Cerrón no va a tener participación en el Ejecutivo”, dijo Guillén a la prensa.

 

Luis Barranzuela
Luis Barranzuela Vite, exministro del Interior, perdió en el pulso con la jefa del Gabinete. Foto: Facebook de Luis Barranzuela.

 

BANCADA DIVIDIDA

Tras todo ello, y en su afán de reducir al máximo la influencia del radicalismo de Perú Libre en el gobierno, Vásquez pactó el encuentro de ayer con los legisladores del bloque moderado que reseñamos al inicio de este informe. La premier se reunió con once parlamentarios, mientras circulaban nuevas versiones de un rompimiento de la bancada de Perú Libre. 

Esto, tras una columna de Vladimir Cerrón que se publicó en la página oficial del partido el 31 de octubre. En el escrito se lee que sólo falta “oficializar” la ruptura porque “la bancada siempre fue expresión de dos nítidos componentes: de la militancia nata del Partido y los aliados del sindicato magisterial”.

Los parlamentarios moderados anuncian que le darán su respaldo. “Conversamos de que el rumbo del presidente Castillo no se va a desviar y vamos a respaldarlo”, dice el parlamentario Óscar Zea, integrante de ese bloque. “La idea es trabajar para lograr avances en el país. Yo le puedo ratificar que voy a darle el voto de confianza a este gabinete”, dice, por su parte, Luis Kamiche, legislador también alineado con ese grupo. 

Los cerronistas, en cambio, ratifican que no le darán tregua a la primera ministra. “Nosotros vamos a votar en contra de Mirtha Vásquez. Es un voto de rechazo hacia ella. No tenemos por qué respaldarla”, dice el congresista y exprimer ministro Guido Bellido. 

Bellido dice que él no se haría problemas en caso la bancada de Perú Libre se fracture. Y marca distancia con su colega Guillermo Bermejo, quien está más cerca al presidente de la República en las últimas semanas. Bermejo es convocado a Palacio por el presidente cada vez que hay una crisis política. Ayer no fue la excepción.  

“[Si la bancada se divide,] no creo que Bermejo esté con nosotros. ¿Qué haría con nosotros? Los que tienen agenda propia terminan solos. Siempre”, dice Bellido. Las tensiones no tienen cuándo acabar.

Tags:

Luis Barranzuela, Mirtha Vasquez

La periodista Perla Berríos sigue lidiando con el que fue su lugar de trabajo por casi diez años: la Compañía Latinoamericana de Radiodifusión SA, mejor conocida como Latina. El canal que decía “hacerse cargo” se negó a pagarle los intereses legales de la indemnización que recibió tras ganar un juicio por despido indirecto en el 2018. Por eso, en enero el Poder Judicial ordenó el embargo de las cuentas de la empresa. El proceso para cobrar el dinero, sin embargo, aún debe pasar por varias etapas para hacerse efectivo.

La cifra -S/11.509- no es significativa para los dueños del canal, el fondo de inversión Enfoca, controlado por el ‘Zuzo’ Zamora, cuyos accionistas mayoritarios están domiciliados en el paraíso fiscal de las Islas Caimán. El fondo también tiene millonarias inversiones en la red de clínicas Auna, la pesquera Diamante, la empresa de servicios aeroportuarios Talma, entre otros negocios. 

Este es el colofón de una historia de injusticias que empezó a fines del 2015, cuando Perla Berríos se negó a leer publicidad como si fuese contenido informativo en el noticiero ‘90 Segundos’. El hecho le costó el puesto por presunto “incumplimiento de contrato”.

La periodista recuerda que fue retirada del aire, le dijeron que no regrese a trabajar e, incluso, no la quisieron dejar entrar al canal. Ella mandó una carta para que cesara la hostilización en su contra, dirigida a varias gerencias, incluídas la de recursos humanos y la de noticias.

“La hostilización en una empresa o institución empieza con un jefe que decide desconocer un contrato o desnaturalizarlo. Y luego la empresa o institución pública lo secunda. Es muy fácil decir: ‘no me gusta lo que haces o quién eres, entonces te maltrato, te congelo, te aislo porque, como en teoría tengo el poder, entonces puedo mandarte a hacer lo que se me venga en gana’. Y eso no es así”, dice Berríos a Sudaca.

La empresa, cuenta, no reconoció la falta. Entonces, ella se dio por despedida y acudió al Poder Judicial. Allí ganó en primera y segunda instancia el caso por despido indirecto. En mayo del 2018, la Corte Superior ordenó a Latina pagarle su indemnización, CTS, vacaciones y gratificaciones. La empresa quiso seguir el caso mediante una casación, pero terminó retirando el recurso, aseguran desde la defensa de la periodista.

Latina finalmente cumplió con pagar la indemnización, pero debía hacer lo mismo con los intereses que se habían generado desde que la periodista fue injustamente despedida, a fines del 2015, hasta que les ganó el juicio. El monto fue calculado por un perito judicial en septiembre del 2018 “no habiendo ninguna de las partes presentado recurso de observación alguno contra la liquidación de intereses legales y financieros”, según una resolución posterior.

embargo de latina perla latina docs
Izquierda: el requerimiento del juzgado de marzo del 2020 para que Latina pague los intereses. Derecha: la decisión de embargar sus cuentas de enero de este año. Tiene un error de tipeo en el nombre de la empresa.

Aquel fallo fue la primera advertencia para que el canal pague. En vista de que no cumplió, a inicios de este año se tomó la decisión de embargar sus cuentas. El pasado 20 de enero, el 19° Juzgado Especializado de Trabajo Permanente dispuso “trabar embargo en forma de retención sobre las cuentas bancarias que pudiese tener la empresa demandada”. El siguiente paso era que los bancos respondan al Poder Judicial si registraban alguna cuenta a nombre de la empresa.

Entre mayo y junio, el BCP, Interbank, el BBVA y otros enviaron oficios al juzgado, según se puede ver en la web de consultas de expedientes judiciales. El contenido de aquellas cartas no está en el sistema. De tener cuentas de la empresa en sus centros financieros, el juzgado cobrará el dinero para luego transferirlo a Berríos.

“Hoy me río, porque ya gané y sé que el pago se dará tarde o temprano. Pero en su momento padecí tremendamente”, dice la periodista.  Cuando se produjo su despido, tenía siete meses de embarazo. A pesar de su situación, dice, Latina nunca se mostró dispuesta a cumplir ni siquiera con el pago de su liquidación. Tuvo que acudir a la Sunafil luego de dar a luz.

“Recién había dado a luz y Latina no quería ni pagar mi liquidación, que no estaba judicializada y que por derecho me correspondía. Acudí a la Sunafil, hicieron una inspección y les dieron 24 horas para pagarme”, recuerda. Terminó cobrando el dinero luego de un mes y medio. Fue el primer paso de un largo proceso.

Berríos ahora está a la espera de cerrar definitivamente el capítulo más incómodo de su carrera profesional. Aún falta que Latina le devuelva también los “costes y costos” del proceso, entre ellos los honorarios de su abogado. El asunto podría derivar, visto lo visto, en otro embargo.

El caso de la exconductora de Latina podría ser usado en los tribunales por otros periodistas que enfrenten este tipo de abusos de parte de sus empleadores. “Nada más bajo que jugar con la estabilidad laboral de alguien que necesita el trabajo para darle de comer a su familia. En mi caso, pude defenderme gracias al estudio Blancas Bustamante, por eso le digo a las personas que no se dejen. Hay que ir de frente, no son todopoderosos”, apunta Berríos.

Sudaca se comunicó con Latina por varios medios, pero hasta el cierre de esta edición no respondieron al pedido de descargos. Quizá estaban entretenidos con alguna de sus novelas turcas.

Tags:

latina, perla berríos, Poder Judicial

Luis Cordero Jon Tay, congresista de Fuerza Popular, tiene un gurú jurídico y político. Se trata del controvertido exjuez Alejandro Rodríguez Medrano, quien fue considerado un alfil del exasesor presidencial Vladimiro Montesinos en el Poder Judicial. Rodríguez fue condenado a ocho años de prisión en el 2000 por tráfico de influencias y corrupción de funcionarios.

El exmagistrado, conocido como ‘El Chino’,  figura como encargado del departamento jurídico en la web de la Cámara Perú Asia Pacífico, una asociación creada por el legislador Cordero en el 2016. Rodríguez Medrano, además, fue el invitado estrella en varias ediciones de un programa que tuvo el parlamentario hace tres años en el canal de esa asociación. En aquel espacio, el exhombre del ‘Doc’ se despachaba a su gusto, clamaba su inocencia y defendía a Alberto Fujimori. 

Los dos han demostrado simpatía por el fujimorismo. Uno de los programas que transmitía la asociación, vía YouTube, sirvió para blanquear la imagen del sentenciado exjuez Rodríguez Medrano y darle tribuna como una autoridad en los asuntos legales y hasta políticos. Grabaron unos veinte programas. Cordero le daba pase para que emita sus “valiosas opiniones” sobre temas de coyuntura y, especialmente, sobre el caso judicial de “El Chino” Rodríguez Medrano, como veremos más adelante.

2018. Link de Youtube del programa de la asociación creada por el congresista de Fuerza Popular, Luis Cordero, con Alejandro Rodríguez Medrano como invitado estelar. El espacio hacía una cerrada defensa de Fujimori y proclamaba la inocencia del controvertido exmagistrado.

No es lo único. Ambos están vinculados a la masonería, ya que pertenecen al Supremo Concejo del Grado 33. “Él [Cordero] pertenece a la misma logia que yo. Yo lo conozco hace años. La Cámara Perú Asia Pacífico me permitió salir al aire”, cuenta a Sudaca Rodríguez Medrano, quien dice desconocer que aparece como encargado jurídico de la asociación fundada por Luis Cordero. Esto a pesar de que su nombre  figura -al cierre de la edición- en la web. “No lo veo hace dos, tres años”, añade. 

Rodríguez Medrano, de 77 años, anda encorvado por una operación en la columna. Su apariencia inofensiva de hoy contrasta con un polémico pasado, donde fue el hombre fuerte del Poder Judicial en tiempos de Fujimori y Montesinos. “Si quieres creerme, créeme. Yo creo en Dios y punto. Él sabe lo que he hecho y no he hecho”, dice. 

La historia de este oscuro personaje, ahora cercano al congresista fujimorista Luis Jon Tay, empezó en 1995. Ese año fue nombrado presidente de la Corte Superior de Lima a pesar de que solo era un juez provisional, según consta en archivos periodísticos y documentos judiciales. 

«‘El Chino’ Rodríguez Medrano fue el principal operador de la mafia de Montesinos en el Poder Judicial durante buena parte de los años noventa. Se convirtió en un instrumento fundamental del régimen de Fujimori y del propio Montesinos para manipular a la justicia en el tema de los tribunales sin rostro, en el tema de la persecución a políticos y las llamadas comisiones interventoras”, dice Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal.

El propio Rodríguez Medrano reconoció ante el Congreso, apenas se desmoronó el régimen fujimorista en el 2000, que fue 36 veces al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), dominado por Montesinos, aunque –según él– lo hizo para dictar charlas sobre terrorismo y narcotráfico. Aseguró que no recibió un centavo. “Mi relación con Montesinos fue profesional. Él me llamaba. Yo he sido profesor en el Servicio de Inteligencia”, dice ahora a Sudaca. 

Chino
Alejandro Rodríguez Medrano, exjuez sentenciado: ““Mi relación con Montesinos fue profesional”. Foto: Alonso Ramos.

Pero las evidencias van más allá de una relación “profesional” y dibujan a un hombre dispuesto a todo con tal de defender a Montesinos y a sus compinches. Tras la difusión del primer “vladivideo’, en septiembre del 2000, donde se vio a Montesinos sobornando con U$15.000 a Alberto Kouri, Rodríguez Medrano trató de limpiar la situación. Así lo confesó a las autoridades en esa época el propio ‘Beto’ Kouri.

El exlegislador dijo durante el proceso en su contra que, para tratar de arreglar la situación, Rodríguez supervisó en el SIN la declaración que dio, apenas estalló el escándalo del soborno, a una fiscal ligada al fujimontesinismo  

Rodríguez Medrano cayó, finalmente, a inicios del nuevo milenio. El exhombre fuerte del Poder Judicial fue denunciado en el 2000 por presionar a la entonces jueza provisional y hoy procuradora antidrogas, Sonia Medina, para que falle a favor de Enrique Escardó, director de la revista ‘Gente’, en una querella por presunta difamación que le entabló al periodista Hugo Guerra, entonces editor de ‘El Comercio’. ‘Gente’ era una publicación afín al régimen fujimorista.

Según contó Sonia Medina en el proceso, Rodríguez Medrano la convocó a su oficina, le habló de su amistad con Enrique Escardó y dijo que le interesaba ese proceso. Medina, indignada, se retiró de la oficina. En represalia fue separada del cargo. La ahora procuradora antidrogas dio a conocer el hecho ante los medios y todo desencadenó en un proceso judicial contra el entonces poderoso juez.

Rodríguez Medrano fue condenado a ocho años de prisión por este caso y a un pago de reparación civil de S/500.000 soles. Salió de la cárcel en el 2008. 

VIDAS PARALELAS

Por su parte, Luis Cordero Jon Tay inició su aventura política en el fujimorismo en el 2011. Aquel año postuló sin éxito al Congreso por Fuerza 2011, el embrión de Fuerza Popular. Él es hermano de la también actual parlamentaria fujimorista Pilar Cordero. Y ambos son allegados al expresidente Alberto Fujimori, de acuerdo a fuentes del partido naranja.

En el 2012, por ejemplo, Pilar Cordero saltó a la palestra por visitar con frecuencia al exmandatario en el Establecimiento Penitenciario Barbadillo, fuera del horario de visitas. 

“Yo me acerco al partido, aproximadamente, en el año 2011, por amistades afines al partido Cambio 90. Fui invitado a participar en este partido”, declaró Luis Cordero en el 2017, cuando fue interrogado como testigo en el despacho del fiscal José Domingo Pérez, que investiga a la excandidata presidencial Keiko Fujimori por lavado de activos. 

Al ser consultado sobre el aporte de S/5.000 a la campaña de Fuerza 2011, según un reporte de la ONPE, Luis Cordero Jon Tay dijo no recordar. “De acuerdo al informe que se me presenta a la vista, no recuerdo las circunstancias en que la realicé ni a quién entregué o si suscribí algún documento al respecto. Puede ser que hayan sido [contribuciones] económicas, más no recuerdo por los años que han transcurrido”, declaró Cordero a la Fiscalía. 

Los caminos de Luis Cordero Jon Tay, actual congresista por Lima Provincias y abogado de profesión, y Alejandro Rodríguez Medrano se cruzaron en el 2018 en la Cámara Perú Asia Pacífico, una asociación creada por Cordero, supuestamente, para promover el intercambio comercial entre empresarios peruanos y asiáticos.

Alejandro Rodriguez y José Carlos Feliciano
Pantallazo a la web de la Cámara Perú Asia Pacífico, asociación creada por el congresista de Fuerza Popular, Luis Cordero Jon Tay. Allí figura en la actualidad Rodríguez Medrano como encargado del departamento jurídico.

“Yo no debí haber estado ningún día preso”, dijo Rodríguez Medrano en una de las ediciones del programa de la asociación, argumentando que fue víctima de una persecución política. Cordero Jon Tay, quien fungía de entrevistador, intervino muy poco y sólo dejaba hablar a  sus anchas al invitado estelar. 

El espacio sirvió también para ejercer la defensa de Alberto Fujimori.  “Las denuncias [contra Fujimori] no tienen validez jurídica”, dijo Rodríguez Medrano en otra edición. Incluso, a propósito del estallido del caso Cuellos Blancos, opinó que “es una mafia que merece ser extirpada de raíz”. 

El exjuez, en sintonía con el fujimorismo, dice en la actualidad que las elecciones que dieron como ganador a Pedro Castillo son ilegítimas. Ello basándose en tecnicismos legales, como que el Jurado Nacional de Elecciones debió proclamarlo con sus miembros completos; es decir, con cinco y no con cuatro magistrados. Le busca cinco pies al gato. 

Rodríguez Medrano no hace ninguna autocrítica y explica por qué defiende su inocencia.  “Yo no vivo con rencor. Lo que yo quiero es una garantía para mis hijos y mis nietos en un futuro. Yo estoy doblando la esquina. El hombre es pasajero. Tus actos lo reconocen después de muerto”, dice. 

Luis Cordero Jon Tay, el hombre que le tiene fe al juez que visitaba el SIN de Montesinos, no respondió a las llamadas y mensajes para este reportaje. En agosto contrató como asesora principal en su despacho congresal a la excongresista fujimorista Rosa Bartra. El siguiente mes, en septiembre de este año, Bartra pasó a trabajar en el mismo puesto para la legisladora Pilar Cordero, la hermana.

Tags:

Alejandro Rodríguez Medrano, Fuerza Popular, Luis Cordero Jon Tay

Los estudiantes de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV) están en vilo. La casa de estudios enfrenta un proceso de liquidación y no está asegurada la continuidad de las clases para miles de estudiantes. La misma Sunedu les ha dado la espalda, aunque lo niegan. El pasado 31 de agosto acudieron al Poder Judicial en busca de un salvavidas.

La decisión de liquidar la universidad se tomó debido a cinco años seguidos de pérdidas, según se puede ver en sus estados financieros. A fines de 2019, la Sunedu había sancionado a la UIGV por infracciones muy graves debido al mal uso de excedentes de la universidad por más de S/77 millones y de los activos de la universidad para fines no académicos, además del incumplimiento de la Ley Universitaria. La superintendencia terminó negándole la licencia a esta casa de estudios

En ese momento, el rector era Luis Cervantes Liñán, que ocupó el cargo por más de 15 años y tenía un poder casi absoluto sobre la administración de esta casa de estudios. «Ganaba ocho veces más que el rector del MIT y como 10 veces lo que percibe el rector de Harvard. Se le acusó de al menos seis delitos, como apropiación ilícita, asociación ilícita para delinquir, estafa, lavado de activos, entre otros. En ese entonces, el Estado había dejado de percibir al menos S/47 millones por defraudación tributaria”, dice a Sudaca Daniel Mora, excongresista que investigó la corrupción en la UIGV.

Las millonarias multas hicieron que la gestión de la UIGV sea inviable y se sumaron acreedores que exigían el pago de millonarias deudas. De acuerdo a la última resolución publicada por Indecopi, los principales son la Sunedu con S/10.5 millones (46.8%), Prima AFP (28%), Hewlett Packard (9.8%) y sus trabajadores (7.1%), de un total de más de 400 afectados.

El pasado 28 de junio, finalmente, los acreedores y la empresa Gestión Económica acordaron la liquidación de la universidad, un proceso que debe ejecutarse en el plazo de un año. Esto porque el convenio entre ambas partes reconoce que no se puede interrumpir unilateralmente las clases.

El convenio señala, además, que se establecerán los mecanismos de continuidad de los estudios, ya sea en la misma universidad o en otra que los reciba, por lo que la empresa liquidadora «realizará el costeo del traslado de los estudiantes a las universidades receptoras». Los alumnos, sin embargo, viven un presente bastante gris.

FUTURO INCIERTO

El caos ha hecho que algunos estudiantes preocupados por el futuro se organicen en la Federación Comunidad Garcilasina, presidida por Sonia Negreiros, una estudiante de Estomatología que cursa el 10 ciclo.

Los estudiantes -dice la representante estudiantil- vinieron estudiando con normalidad hasta fines de 2019, luego vino la pandemia y en muchas carreras no se permitió la matrícula a todos los cursos. El inicio del semestre debió empezar en agosto, pero no han podido porque el rectorado, designado por la empresa liquidadora, aún no determina el reinicio de clases. Según Negreiros, en una reunión con la empresa liquidadora se les comunicó que eran cerca de 12.000 alumnos los que podrían perjudicarse con toda esta situación.

En un comunicado del 25 de septiembre, Patricia Concha, gerente general de Gestión Económica, les dijo que estaban atados de manos porque las autoridades salientes «han hecho caso omiso y no han cumplido con entregar el acervo documentario, bienes muebles e inmuebles de la UIGV, hecho que perjudica directamente la prestación del servicio educativo».

Negreiros asegura, además, que se han cesado decenas de trabajadores de la universidad como parte del proceso de liquidación. “La Ley Universitaria indica que el nombramiento de las autoridades se hace en base [lo dispone el] al Consejo Universitario, pero han destituido a estos y han enviado carta de cese a los docentes ordinarios, que son constituyentes [miembros] de la Asamblea Universitaria”, explica Negreiros a Sudaca.

Cabe precisar que con el nuevo reglamento de la universidad, los órganos de gobierno son la Asamblea General de Asociados, a cargo de la Junta de Acreedores; y la Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario, ambos a cargo de la liquidadora.

Los estudiantes han tocado la puerta de la Sunedu en varias oportunidades en busca de ayuda. En febrero de 2021, más de 200 estudiantes le indicaron a la superintendencia que no podían obtener el registro de sus títulos, de acuerdo a una nota de prensa de la entidad. El escollo era Cervantes Liñán, cuya designación no cumplía los requisitos de ley, por lo que no podía registrar más de 2.000 títulos. Con el ingreso de la empresa liquidadora a la administración de la universidad, Cervantes fue destituido a inicios de este mes.

En julio pasado, además, la federación que comanda Negreiros denunció ante la Sunedu que no se habían programado matrículas para el ciclo regular 2021-I a excepción de los de último año debido a que «no había docentes que lo dicten».

Señalaban que la transferencia de alumnos a otras universidades podría perjudicar hasta con dos años académicos no reconocidos. La denuncia también apuntaba que los egresados entre 2019 y 2020 no podían solicitar su diploma de bachiller ya que no había atención administrativa o esta era muy deficiente, pese -aseguran- a haber cumplido con sus pagos.

A fines de octubre, Sunedu les respondió y les dio apenas dos días hábiles para que adjunten una serie de documentos que respaldaran las denuncias, aun -según Negreiros- habiéndolos adjuntado desde el inicio del proceso. Les fue imposible. Hace unos días, la entidad le respondió a los alumnos que «habiendo vencido en exceso el plazo otorgado de fecha límite el 12 de octubre, no se atendió el requerimiento efectuado, por lo que, corresponde disponer el archivo de la denuncia». La respuesta les fue enviada el 26 de octubre, aunque el documento tiene fecha de 19 de octubre. En otras palabras, tiraron al tacho sus demandas.

Desde Sunedu niegan esta versión y señalan que Negreiros presentó una denuncia solicitando 7 puntos, de los cuales se le pidió que se subsane en tres y se reiteró lo mismo mediante una carta. Al no obtener respuesta, se archivó la denuncia, aunque con la posibilidad de volver a presentar evidencia posteriormente.

“La Sunedu podría contratar a profesores y administrativos para reiniciar las clases, pero quieren que los alumnos se cansen. Casi el 70% se han quedado en el aire y apenas un grupito ha podido matricularse”, cuenta Negreiros.

“[La Sunedu] tiene un área de supervisión para ver los títulos, pero luego de varios meses me piden que adjunte todos los actuados en la denuncia, evidencias de pagos que hemos realizado con dos días de plazo de vencimiento. Piensan que soy una abogada para acopiar todo eso”, agrega.

En la Sunedu explican que la responsabilidad recae en la liquidadora. Una fuente de la superintendencia consultada para este informe señala que la responsabilidad de la gestión de la universidad está a cargo de esa empresa, ya que -como acreedora- la entidad no puede ser juez y parte sobre la supervisión de la UIGV.

Los estudiantes también han intentado acercarse al nuevo rector, Julio César Villar Castillo. “Le hemos enviado una carta notarial y una persona cercana a él nos dijo que ya nos iba a contestar. Por ahora ya hay rumores de que están cotizando los locales más costosos que son las facultades de Estomatología, Derecho e Ingeniería”, dice una agobiada Negreiros.

En una reunión realizada el día de ayer entre Sunedu, algunos representantes de la universidad y empresa liquidadora, esta última informó que se está dialogando con universidades para la suscripción de convenios, pero aún sin formalizar ello y sin dar mayores detalles.

Sudaca buscó comunicarse en reiteradas veces con la liquidadora sin éxito. La Sunedu le ha otorgado a la universidad un plazo para que cese sus actividades hasta marzo del 2023. Por ahora, el 18 de octubre, el Poder Judicial admitió una demanda de acción de amparo interpuesta por los estudiantes que buscan el reinicio de todas las actividades académicas. Mientras tanto, viven con el miedo de no saber en qué han invertido sus años de juventud.

 

Fotoportada: Darlen Leonardo.

Tags:

SUNEDU, uigv, universidades

Luego del escándalo mediático que generó un fallo del Indecopi sobre ‘Bimbo’, Julián Palacín Gutiérrez, flamante presidente ejecutivo de la entidad, aprovechó los reflectores para sacudirse de los cuestionamientos. El abogado anunció una limpieza sistemática, supuestamente de la mano de la Contraloría, para acabar con posibles conflictos de intereses entre los tribunos de la entidad.

Sin embargo, un mes antes de la llegada de Palacín, en agosto pasado, la gestión que lo antecedió ya había terminado un informe sobre la materia con el objetivo de hacer una reforma. Este documento escudriña las declaraciones juradas de todas las personas que integran las salas y comisiones del Indecopi, encargadas de resolver las denuncias de los consumidores. El resultado es un detallado análisis de sus vínculos con empresas y estudios de abogados.

Ese mismo mes, Hania Pérez de Cuellar, la entonces mandamás de la institución, se había presentado en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso y había expuesto la necesidad de reformar estos “órganos resolutivos” para evitar los conflictos de intereses. El gran impedimento, apuntó, era el presupuesto. Algo similar le dijo a Sudaca, en esta entrevista.

Sudaca accedió al documento,  donde se destacan cifras para estar alerta. Entre los 23 vocales que conforman las cinco salas –que funcionan como segunda instancia–, 19 tienen vínculos con el sector privado, lo que representa el 82.6% del total. En el caso de los vocales de la Sala Especializada en Protección del Consumidor, el 100% está relacionado a alguna empresa. 

En cuanto a los comisionados, que evalúan los casos en primera instancia, de los 52 que hay, 25 están relacionados a alguna empresa o estudio de abogados, lo que significa que el 48% está relacionado al sector privado. Palacín extendió erróneamente este dato también a los vocales en una entrevista con La República. Se entiende, porque el informe no es de su gestión. 

Y hay comisiones, como la de Fiscalización de la Competencia Desleal y Protección del Consumidor N° 1, por ejemplo, donde más del 75% de sus miembros tienen vínculos con empresas.

 

Hoteles, malls y estudios jurídicos

En el documento destacan Oswaldo del Carmen Hundskopf Exebio, vocal de la Sala Especializada en Protección del Consumidor, y José Enrique Benjamín Palma Navea, vocal de la Sala Especializada en Procedimientos Concursales (SCO). Ambos son los que mayor cantidad de vínculos tienen con el sector privado: seis cada uno.

Hundskopf, que ocupa el cargo en Indecopi desde junio del 2018, dirige su propio estudio, SHV Abogados, desde hace más de 20 años. Ahí brinda consultorías en áreas como derecho administrativo, pesquero, procesal, laboral, corporativo y arbitral. 

A pesar de que varios de esos ámbitos se tratan en Indecopi, Hundskopf asegura que en su estudio “no acepta jamás” casos que puedan llegar a la entidad. “Conozco Indecopi desde el inicio porque he tenido vínculos con varios gobiernos, pero nunca he desempeñado cargos políticos”, asegura a Sudaca.

INDECOPI-INFOGRAFÍA
Los vínculos con el sector privado de los cuatro tribunos de Indecopi que Sudaca destaca en este informe.

El abogado sí ha dejado entrever en qué círculo se mueve. En julio del año pasado, cuando el fiscal José Domingo Pérez pidió la suspensión de las actividades políticas de Fuerza Popular, el vocal de Indecopi firmó un comunicado promovido por el aprista Jorge Del Castillo en oposición a esta medida. Otros que suscribían el documento fueron Lourdes Flores Nano, Ántero Flores Araoz y Juan Sheput. 

Hundskopf también es exdecano de la facultad de Derecho de la Universidad de Lima y árbitro de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Cámara de Comercio Americana del Perú, la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa y la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca. «Ahorita tengo 46 arbitrajes en proceso. En ninguno hay incompatibilidad. Si en Indecopi tengo algún tema que de alguna forma involucra, por ejemplo, a la Universidad de Lima, me abstengo», dice.

El informe también señala que Hundskopf tiene el albaceazgo –es decir, vela por el cumplimiento de un testamento– de Michael Maurice Debakey Cooper, un empresario dedicado al sector turismo que tiene un hotel en Iquitos y una urbanización en Lurín. 

José Enrique Palma, por su parte, es asesor del Hotel Naymlap Inn, ubicado en San Isidro. Lo más llamativo de su hoja de vida, sin embargo, es su vínculo con centros comerciales. El miembro de la Sala Especializada en Procedimientos Concursales (SCO) brinda servicios legales al Jockey Plaza Shopping Center desde el 2014, mismo año en el que pasó a formar parte de esta sala, según su declaración jurada de intereses. Además, también aconseja a la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP), que agrupa a Plaza San Miguel y el Real Plaza. 

Como Hundskopf, Palma también es árbitro de la Cámara de Comercio de Lima y tiene su propio estudio: el Arróspide & Palma Abogados, que desde el 2014 ofrece servicios en áreas que competen al Indecopi, como gestión de intereses y patrimonios privados, y asuntos corporativos, de acuerdo a su LinkedIn.

Palma es doctor en Derecho por la Universidad San Marcos. Desde el 2017, también es consultor del estudio Vidal Quino & Polack Abogados y asesor legal de Asesorandes, una “sofisticada boutique financiera” que realiza consultorías en los sectores financiero, inmobiliario y, cómo no, a centros comerciales. Algunos de sus principales trabajos en los últimos años han sido asesorías en el desarrollo de hoteles en Paracas y un centro comercial frente al Golf Los Inkas.

Vocales como Hundskopf y Palma cobran S/800 por sesión –cada una suele durar entre dos y tres horas– y pueden reunirse unas 10 veces al mes. Lo que, restándole los impuestos, podría generar un ingreso de S/730 soles por sesión, es decir, unos S/7.300 soles mensuales. Incluso si se abstienen en un caso, ya que suelen ver más de un asunto en una sola sesión.

 

La abstención como problema

La abstención es la carta en mano que todo vocal y comisionado del Indecopi tiene para evitar que se materialicen posibles conflictos de intereses. Así evitan participar en procesos donde, por diferentes motivos, no puedan mantener su imparcialidad. Es lo que debió hacer Silvia Hooker, vocal de la sala que favoreció a Bimbo. Hooker es gerente de Asuntos Internacionales de la Sociedad Nacional de Industrias, que tiene a la empresa panificadora como uno de sus agremiados.

Hundskopf, por ejemplo, se ha abstenido 65 veces entre 2018 y julio de este año; Palma lo hizo en 19 ocasiones entre el 2018 y el 2020. Según el informe de la gestión Pérez de Cuellar, sin embargo, estas abstenciones generan otro tipo de problemas que se suman a los potenciales conflictos de intereses: un enorme retraso en las resoluciones y el incremento del presupuesto, porque deben pagarle al vocal que se abstuvo y al suplente que lo reemplazará.

Desde el 2018, por ejemplo, Javier Eduardo Raymundo Villa García Vargas, presidente de la Sala Especializada en Protección del Consumidor (SPC), ha preferido no votar en 653 ocasiones. Es el que más abstenciones ha tenido en los últimos años. 

En respuesta a Sudaca Villa García asegura que se abstuvo en los casos que, de acuerdo a ley, correspondía hacerlo. Además, asegura que desde que forma parte de la sala ha resuelto “aproximadamente 12.100 casos” y que sus abstenciones representan solo el 5% de ese total. 

Una explicación para números tan grandes es, precisamente, sus vínculos con el sector privado, que incluyen empresas mineras y un estudio de abogados con una clientela abultada. Al menos hasta noviembre del 2020, según su declaración jurada, el presidente de la sala de protección al consumidor llevaba más de una década como apoderado de la Compañía de Minas Buenaventura, la minera de Roque Benavides dedicada a la extracción de oro, plata y cobre. Además, es accionista minoritario de la Minera Poderosa, que extrae oro en Trujillo. Y, como los casos anteriores, también es árbitro de la Cámara de Comercio de Lima. 

Sobre su interés minero, el letrado respondió a Sudaca que en su sala no ven casos relacionadas a ese sector y, puntualmente en el caso de Minera Poderosa, donde es accionista, dice que sus valores “corresponden a un ahorro de hace más de 10 años y representan el 0.0001% del accionariado total de la empresa”. 

Villa García también es socio del prestigioso Estudio Aurelio García Sayán, como consta en su página web. Este grupo tiene una lista interminable de clientes que litigan en Indecopi como Alicorp y el Banco de Crédito del Perú. Como no podía ser de otra forma, también asesoran a minas como la ya mencionada Buenaventura, Yanacocha, Volcan y Southern Peaks Mining.

Otro funcionario de Indecopi que se ha visto obligado a abstenerse en reiteradas oportunidades por sus vínculos con el sector privado es Tommy Ricker Deza Sandoval. El letrado es presidente de la Comisión de Protección al Consumidor N° 2 (CC2) desde inicios de año.

Según el informe elaborado por la gestión de Pérez de Cuéllar, Deza aumentó sus abstenciones notoriamente este año. El comisionado se ha abstenido en 95 ocasiones hasta finales de junio. Entre el 2018 y 2020 solo lo hizo en cuatro oportunidades, de acuerdo al mismo documento.

¿La razón? El mismo abogado lo explica. “Sí. Es cierto, lo digo de manera transparente, me he abstenido en algunos casos porque en febrero de este año me he afiliado a un estudio privado como jefe del área de derecho administrativo”, dice Deza a Sudaca. Asegura que no fueron tantas abstenciones, aunque dice no recordar la cifra, y que comunicó con antelación a Indecopi su incorporación a su nuevo trabajo.

El comisionado forma parte del renombrado Estudio Diez Canseco & Venero Abogados desde febrero de este año, poco después de asumir la presidencia de su comisión. Esta firma brinda servicios, justamente, en protección de los derechos del consumidor –el área que atiende Deza en Indecopi– aunque él afirma que acordó en su contrato  “no ver absolutamente nada” que pueda terminar en la entidad.

Lo cierto es que el estudio hace alarde en su sitio web de que algunos de sus miembros “se han desempeñado como funcionarios” precisamente en Indecopi. Curioso, porque en la biografía de Deza, no mencionan que actualmente ejerce como presidente de comisión en esa institución. Según fuentes del Indecopi, presidentes de comisiones como él y Villa García cobran más que sus comisionados, así se abstengan: S/600 por sesión, frente a S/400. 

Los personajes retratados en este informe son solo una pequeña muestra de las relaciones que tienen los tribunos de Indecopi con el sector privado. Otros casos resaltantes son Orlando Vignolo Cueva, asociado a los estudios Garrigues, Vignolo & Reyes Arrese Abogados y las empresas Fresol Group, dedicada al cultivo de cereales, y Telefónica; y Fernando Raventos Marcos, vinculado a los estudios Lex Asesores e Intellectual Mix y la empresa Shohin, que brinda servicios de almacenamiento y depósito. 

También aparecen Jessica Valdivia Amayo, relacionada con las empresas financieras Inversiones Berval y Entelin International Holding; y la minera aurífera Caribbean Goldfields Perú, además del estudio Arbe Abogados; José Antonio Corrales Gonzales, vinculado a los estudios Marcionelli Abogados, Balbi Consultores Asociados, Delrot y a la empresa Consejeros y Corredores de Seguros, que da asesorías en asuntos financieros; entre otros funcionarios.

Sudaca intentó comunicarse con el funcionario José Enrique Palma Navea mediante su estudio de abogados, pero al cierre de edición no tuvimos respuesta. 

 

**Fotoportada e infografía por Darlen Leonardo

Tags:

Indecopi, Julián Palacín, pcm

“Si sigue con la misma política [del exministro Juan Cadillo], pediremos la reorientación del ministerio y, en ese camino de reorientación, tiene que salir”, asegura a Sudaca el secretario general de la Fenate-Perú, Segundo Vásquez. Se refiere al actual ministro de Educación Carlos Gallardo, excompañero de luchas de este gremio.

El titular del Ministerio de Educación (Minedu) no la va a tener nada fácil con la Fenate-Perú. Si pensó que iba a calmar las aguas con su reciente anuncio de que se nombrarán (entrarán a planilla) profesores que “durante años” han venido siendo evaluados, se equivocó. 

Los anuncios realizados ayer por el ministro de Educación, Carlos Gallardo, en conferencia de prensa, no han caído nada bien en la Fenate.

“En el Perú, para el nombramiento, se presentan 220.000 maestros. A todos no se les puede nombrar, tienen que ser a aquellos que reúnan las competencias profesionales para el ejercicio de una docencia de calidad”, declaró ayer Gallardo durante una conferencia de prensa. Y agregó: “Vamos a avanzar con una disposición […] para que quienes han pasado decenas de evaluaciones ya sean nombrados”.

El anuncio no ha caído bien en el sindicato que hizo conocido al presidente Castillo tras la huelga de 2017. Ellos demandan el nombramiento de los profesores contratados bajo la ley N°30328 -régimen parecido al CAS-, que tengan tres o más años en el sector. No solo de algunos que hayan pasado “decenas” de evaluaciones, como ha anunciado ayer Gallardo, que entienden que son los que tienen 10 años con contrato y no menos. La propuesta de Gallardo, para la Fenate, solo beneficiaría a 20 mil docentes. 

La Fenate-Perú calcula que son 100.000 profesores los que deberían ser pasados a planilla. Según cifras del gremio, hay alrededor de 350.000 ya nombrados, pero las cifras del Minedu indican que son 405.000. Una diferencia que seguro también será materia de discusiones entre la cartera que dirige Gallardo y los sindicalistas.

Otra demanda de la Fenate-Perú es la suspensión de las evaluaciones a los profesores que está programada para el próximo 13 de noviembre. También buscan el cambio del enfoque de género por el “enfoque científico” en el modelo educativo que se implementará con el nuevo currículo escolar, tal como informamos en mayo. La posición de la Fenate-Perú está plasmada en su “plan de reorientación”.

“El currículo debería tener vigencia a partir del próximo año -señala Vásquez- con la participación de padres de familia, alumnos de secundaria, alumnos de institutos y de universidades, y catedráticos”. Y añade: “Nosotros queremos una educación científica: un enfoque científico, democrático, tecnológico, humanista, porque esta educación de ahora ha descuidado la formación de valores. La cuestión de género hay que tomarlo como algo natural y no darle mayor importancia”.

El dirigente de la Fenate dice que, como las evaluaciones a los docentes “están a la vuelta de la esquina” y el ministro aún no los recibe, van a movilizarse. Aunque siguen apostando por un diálogo que hasta ahora no se da. 

La amenaza no debería ser pasada por alto. La Fenate-Perú impulsó la salida de Juan Cadillo a inicios de este mes. El gremio pidió su renuncia al presidente Pedro Castillo el 1 de octubre, en una reunión que sostuvieron en Palacio de Gobierno, tal como informó Sudaca. Vásquez explicó que pidió la salida de Cadillo porque se negó “a reorientar el Minedu».

“Tarde o temprano tenía que darse [mi salida]. Yo tenía como meta, por lo menos, llegar a diciembre”, cuenta a Sudaca el exministro de Educación, Juan Cadillo, al recordar la forma en la que fue removido del cargo, el 6 octubre. Fue a través de un mensaje por Whatsapp enviado por el presidente Castillo. El exministro dice que el mandatario no le dio los motivos en el mensaje.  

Cadillo señala que los dirigentes de la Fenate-Perú “siempre se opusieron” a su nombramiento. “El sindicato expresó su malestar porque no quería que yo fuera ministro. En el equipo hablábamos que, si llegábamos a diciembre, iba a ser algo increíble”, dice.

Segundo Vásquez, por su parte, recuerda que en una reunión que tuvieron con Juan Cadillo -antes de que sea ministro- le manifestaron que el plan que tenía no favorecía a la educación nacional. “[Cadillo] sabía que íbamos a presionar, necesariamente [para su salida]“, añade.

Vásquez apunta ahora su artillería contra Gallardo y señala que, si viene actuando como hasta ahora, “no durará” en el cargo como su antecesor. “Nosotros, en nuestra huelga [del 2017] hemos traído abajo un Gabinete y lo menos [difícil] será el ministro del área”, asegura. Vásquez alude al cambio de Gabinete de setiembre de aquel año, en el que Mercedes Aráoz entró en reemplazo de Fernando Zavala.

En la Fenate están disgustados con Gallardo porque, según ellos, viene “ignorándolos”. El sindicato que fundó Pedro Castillo reclama por una fecha para que su gremio pueda reunirse con el ministro y hacerle llegar su ya mencionado “plan de reorientación”. “La secretaria de oficina de diálogo [del Minedu] nos ha dicho que estamos a la espera y primeros en la fila, pero, como buen peruano, el ministro desconoce la cola y está pasando a sus amigos [a su oficina]”, señala.

Vásquez sostiene que lo que le interesa a la Fenate-Perú “es el cambio de la política educativa”. “Y, si va a seguir con lo mismo del señor Cadillo y si es cierto que no va a cambiar, tendrá que irse el señor”, añade. Se refiere a Gallardo. 

 

TUMBARSE AL SUTEP

Con quienes sí se ha reunido Gallardo ha sido con el bloque magisterial de la bancada de Perú Libre. Un día después del nombramiento en el Minedu, el pasado 7 de octubre, el ministro de Educación recibió en su despacho a los congresistas Fernando Herrera [quien falleció hace algunos días], Edgar Tello, Álex Paredes, Katy Ugarte, Germán Tacuri, Paul Gutiérrez y Elizabeth Medina.

La Fenate-Perú ha pedido la nulidad de la inscripción del Sutep. Quiere ser el único sindicato de los maestros.

 

La congresista Katy Ugarte cuenta a Sudaca que le pidieron al ministro que el sueldo de los profesores no sea menor a 1 UIT (que actualmente es de S/4.400), que implemente el servicio de internet en todos los colegios donde se realizan las clases semopresenciales, que cumpla con la entrega de laptops para alumnos y docentes, y la recuperación en el currículo escolar de cursos sacados como Educación Cívica, Economía, Filosofía e Historia del Perú (que ahora está incluido en el curso de Ciudadanía y Ciencias Sociales). 

Segundo Vásquez dice que esa cita no fue coordinada con su sindicato. “Tenemos escasas coordinaciones con la ‘bancada magisterial’”, señala.

Mientras esperan por una cita con Gallardo, en la Fenate-Perú ya se están llevando a cabo otros planes que apuntan a dejarlos como únicos representantes de los profesores a nivel nacional. El pasado 21 de octubre, el gremio envió a la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, un documento pidiendo la nulidad de la inscripción del Sutep. “Le hemos pedido a la ministra de Trabajo que anule la inscripción del Sutep porque no cumple con los requisitos que le dieron en su inscripción, en 1984”, señala Vásquez.

“En la misma resolución le recomiendan que tiene que adecuar su estructura a una categoría de gremio nacional [con dos gremios regionales inscritos en el Registro de Organizaciones Sindical del Ministerio de Trabajo, ROS] y no lo ha hecho. En 1995 le reiteran y tampoco lo ha hecho”, agrega. 

El secretario general del Sutep, Lucio Castro, asegura a Sudaca que el artículo 57 de la ley Servir, que exige como mínimo tener dos gremios regionales inscritos en el ROS, no se puede aplicar porque es posterior a la creación de su sindicato. “La ley no es retroactiva, pero sí se le puede aplicar a la Fenate-Perú porque nació en el 2017. Esto es un tema político”, dice el dirigente, que no cree que el pedido de la Fenate prospere “porque sería algo injusto e ilegal”. Por el momento, el Sutep ya hizo sus descargos ante el Ministerio de Trabajo.

Del Sutep al Ministerio de … by Juan C Chamorro

El Sutep ha solicitado al Ministerio de Trabajo la nulidad de la inscripción de la Fenate por haber recibido supuestamente ayuda del gobierno.

De la misma forma, el 31 de agosto, el Sutep también pidió la nulidad de la inscripción de la Fenate por el presunto favoritismo de parte del entonces ministro de Trabajo, Iber Maraví, en su inscripción. “Él [Maraví] fue juez y parte”, apunta Castro, y recuerda que el presidente Castillo también fue parte de ese gremio.

El ministro Carlos Gallardo, que fue la inspiración del escritor Oswaldo Reynoso para crear el personaje ‘Cara de Ángel’, protagonista del célebre libro ‘Los Inocentes’, puede estar con las horas contadas en el Minedu.

Lucio Castro señala que, a fines de noviembre, tal como lo exige la ley de negociación colectiva, vence el plazo para que los sindicatos puedan demostrar quién tiene más afiliados. “Allí se verá cuál es el sindicato que tiene mayor representatividad”, añade. Castro dice no tener problema de que ambos gremios puedan convivir en el sector educación, ya que los profesores “elegirán a qué sindicato afiliarse”. La convivencia, sin embargo, promete  conatos de bronca.

(*) Fotoportada del reportaje: Darlen Leonardo

Tags:

fenate, Minedu, Sutep

Evo Morales ejerce de mediador en la política peruana. El 22 de octubre pasado un grupo de izquierdistas le pidió al expresidente de Bolivia tender puentes entre el presidente Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, distanciados en este momento por pugnas internas. El boliviano aceptó de buena gana la misión, aseguran a Sudaca dos testigos directos de la conversación. El encuentro privado se realizó en la tarde, en el piso 14 del hotel Fiesta Americana, en Ciudad de México. Fue en medio de un foro político internacional organizado por el Partido del Trabajo del país azteca. 

La delegación peruana estuvo representada por diez personas, entre ellas la congresista de Perú Libre, Silvana Robles; Leonel Falcón, del Partido Humanista; y la exministra de la Mujer y representante del Partido Socialista, Aída García Naranjo. Los peruanos, aprovechando un receso en el seminario, pidieron la cita con Morales. “Le sugerimos [a Evo Morales] que levante el teléfono, converse con Castillo y Cerrón y busque limar asperezas. Porque, al final de cuentas, Perú Libre ha ganado la elección y Castillo es militante de Perú Libre. Evo se comprometió a ser un interlocutor válido”, dice una de las fuentes, que pidió reserva de su identidad. 

“Se ha expresado una profunda preocupación por la situación de Perú y, particularmente, por la ofensiva que existe frente al presidente Castillo y la demanda de la vacancia presidencial de grupos conservadores y fundamentalistas”, acepta a Sudaca, por su parte, García Naranjo. Sobre el pedido de mediación a Evo Morales, añade: “Me reservo la información de esa reunión”.

Evo Morales - Mexico
22 de octubre. Una delegación peruana de izquierda se reunió en México con el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Ahí se le pidió mediar entre Vladimir Cerrón y Pedro Castillo.

El líder boliviano ha visitado el Perú en tres oportunidades desde que Castillo asumió el poder. Incluso, su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), tiene una filial en Cusco, según un reportaje del programa “Panorama”.

De acuerdo a las fuentes, Morales ofreció a la delegación peruana en México llamar a Castillo y Cerrón el domingo 24, un día antes de que la primera ministra, Mirtha Vásquez, pidiese el voto de confianza al Congreso. Y, precisamente, cuando soplan vientos de fractura en la bancada oficialista.

En el evento en México, los asistentes firmaron un comunicado de respaldo a Vladimir Cerrón y con un ataque velado a la jefa del Gabinete. Adolfo Mendoza, representante del MAS, fue uno de los adherentes. “En el Perú se busca separar al partido Perú Libre que llevó a la presidencia a Pedro Castillo con la finalidad de aislarlo y someterlo a una ‘Hoja de Ruta’  que no se cambie las políticas neoliberales, contratos lesivos y privilegios de monopolios, grupos económicos y transnacionales”, dice el documento.

La eventual mediación de Morales aún no surtió efecto. Cerrón y el ala dura del lápiz siguieron enfilando sus baterías contra Mirtha Vásquez en la sesión del Pleno.

“He estado en Cajamarca, donde los cajamarquinos me han dicho […] que los hermanos campesinos que eran defendidos por la primera ministra aún siguen con su proceso y, sin embargo, la ONG que los ha defendido ha cobrado más de S/30 mil. Eso no da confianza”, dijo en el debate el exprimer ministro y congresista de Perú Libre, Guido Bellido. El legislador hacía referencia en su ataque al organismo no gubernamental Grufides, en el que Vásquez fue directora. 

Ese mismo día, Waldemar Cerrón, el vocero del ala dura y hermano de Vladimir, comparó en un tuit a la premier con una “loba”, que sometió a 17 parlamentarios del bloque moderado de la bancada -a los que llamó “corderos” y sin principios-  por recibirlos en la PCM. 

Mirtha Vásquez
La primera ministra Mirtha Vásquez, en su presentación en el Congreso para pedir el voto de confianza. Es blanco de los dardos del ala dura de Perú Libre. Foto: Andina.

El jefe del Estado y la primera ministra no han querido saber nada del bloque cerronista por sus posturas belicosas. El ala dura solicitó una reunión con el mandatario el pasado viernes 22, pero Castillo nunca respondió a la petición. “Se pidió la reunión, pero no ha habido respuesta. Si tiene interés por nosotros, nos convocará”, dice el parlamentario de Perú Libre -leal a Cerrón- Alfredo Pariona. 

Vásquez ha intentado marcar su terreno en el Ejecutivo y distanciarse de los radicales. La primera ministra, en ese sentido,  bloqueó el nombramiento de Ricardo Belmont como asesor, de acuerdo a fuentes cercanas a la premier. A Castillo, Belmont le había dicho en sus redes sociales que iba a “terminar en la cárcel” y a Vásquez la tachó de “caviar”. Además, en la PCM aseguran que Belmont hubiese sido “incontrolable” y una “fuente permanente de conflictos”. 

Vásquez, en cambio, no pudo convencer a Castillo para remover al ministro del Interior, Luis Barranzuela, promovido por el legislador Guillermo Bermejo. Según dos fuentes cercanas a la primera ministra, ella pidió la salida de Barranzuela porque lo considera un promotor indirecto del paro cocalero en Puno, al mostrarse en contra de la erradicación de la hoja de coca. 

Vásquez, tras conversar con los dirigentes cocaleros de Puno, logró que levantasen la protesta iniciada el 12 de octubre. En las negociaciones no estuvo Barranzuela. “La primera ministra no va a aceptar cambios en el Gabinete por cuestiones ideológicas. Ella ve la idoneidad de las personas y, en ese sentido, tenía preocupación por el ministro Barranzuela”, dice una fuente cercana a la premier. 

Luis Barranzuela
Luis Barranzuela Vite, ministro del Interior, logró mantenerse en el cargo pese a los cuestionamientos. Foto: Ministerio del Interior.

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, agrega que la posición que adoptó el Parlamento, de regular a rajatabla la cuestión de confianza, restó credibilidad a la oposición, que pide la cabeza del titular del Interior. 

“No creo que el Ejecutivo tome una decisión en base a las críticas del Congreso. ¿Qué autoridad moral tiene el Congreso para criticar a Barranzuela si acaba de violar, flagrantemente, la Constitución? Los violadores de la Constitución no pueden cuestionar a otros personajes. Se ha debilitado totalmente la posición del Congreso con relación al ministro que usted menciona. El Ejecutivo ha hecho todos los esfuerzos para suprimir el ruido político. Lo máximo que hizo fue recomponer el Gabinete. Y el gobierno recibió como respuesta una puñalada por la espalda con la modificación de la cuestión de confianza, dejando intacta la vacancia presidencial”, dice Torres a Sudaca. 

“Ellos [los de la oposición] están esperando el momento para ir por la vacancia presidencial por cualquier razón, con el pretexto de que hay incapacidad moral”, añade. 

En medio de estas pugnas, Evo Morales asoma como un posible facilitador del diálogo entre Castillo y Cerrón. El líder de Perú Libre, acorralado por investigaciones judiciales, parece estar buscando apoyo internacional. Por lo pronto, ha recibido una comunicación del expresidente de Ecuador, Rafael Correa. 

Sin embargo, un acercamiento entre Castillo y Cerrón se ve difícil en este momento, por los venenosos dardos que recibe la premier Mirtha Vásquez. Y eso, aunque el mediador sea un amigo en común, como Evo Morales.

*Fotoportada: Darlen Leonardo

Tags:

Evo Morales, Pedro Castillo, Vladimir Cerrón

En el Ministerio Público se libra una batalla sin cuartel. La razón: los fiscales José Domingo Pérez y Jesús Fernández Alarcón se están tirando la pelota sobre a quién le corresponde investigar a la exjueza María Zavala, actual miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en una pesquisa que salpica a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Ambos son fiscales que investigan casos emblemáticos de corrupción. Pérez en ‘Lava Jato’ y Fernández en la trama de los ‘Cuellos Blancos’. 

Según Pérez, el 2017 Zavala participó en un complot para apoyar a Fujimori “en sus investigaciones ante la Fiscalía”, junto a miembros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y excongresistas de Fuerza Popular. Por eso, el 7 y el 9 de septiembre presentó dos quejas a su inmediato superior, la cabeza del Equipo Especial, Rafael Vela Barba. 

En sus quejas, Pérez acusa la “omisión” del fiscal Fernández al no investigar a María Zavala, quien también fue ministra de Justicia en el segundo gobierno aprista. Vela hizo suyo el reclamo y lo elevó al fiscal supremo Pablo Sánchez.

Pérez escrito
9 de septiembre. El fiscal José Domingo Pérez envía un documento al coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela Barba, en la que da cuenta de la “omisión” de su colega Jesús Fernández Alarcón para investigar a María Zavala.

José Domingo Pérez saltó hasta el techo luego de una entrevista concedida por Fernández a radio Exitosa, el pasado 31 de agosto. Allí Fernández justificó por qué Zavala no es investigada. “Para investigar y procesar a una persona tiene que haber una imputación concreta, más allá de la inconducta reprochable”, dijo. Y agregó que Zavala -en esa época- no era funcionaria pública y “por eso se derivó a la Fiscalía que investiga a Fuerza Popular”. Es decir, al despacho de Pérez.

UNA REUNIÓN SOSPECHOSA

¿Qué hizo  María Zavala para desatar un conflicto en el Ministerio Público? En septiembre del 2017, la exjueza participó en un almuerzo en el segundo piso del stud (la caballeriza) que tiene Óscar Peña, el llamado “rey de la pesca negra”, en el hipódromo de Monterrico. Peña fue bautizado así por operar con tres embarcaciones con medidas cautelares. Está prófugo de la justicia luego de ser condenado a cinco años de prisión por su participación en la venta de terrenos subvaluados en el fundo Oquendo, en el Callao. 

En el almuerzo participaron, además de Zavala, los entonces congresistas fujimoristas Rolando Reátegui y Úrsula Letona; Guido Águila,  expresidente del desaparecido CNM; y el operador montesinista Enrique Vidal. Todo esto, de acuerdo al testimonio de un colaborador eficaz.

La reunión, según el delator, tuvo como finalidad coordinar la destitución del consejero Baltazar Morales y reemplazarlo por su accesitaria, María Zavala, de acuerdo al mismo colaborador. “María Zavala fue citada por Guido Águila para definir el apoyo hacia ella de parte de Fuerza Popular”, dijo.

Al fujimorismo le interesaba copar el CNM para asegurarse el control del sistema de justicia, según una fuente del Equipo Especial. Por aquel entonces, en ese 2017, el fiscal José Domingo Pérez ya era un dolor de cabeza para los fujimoristas. Había iniciado una investigación contra Fuerza Popular y Keiko Fujimori por lavado de dinero. 

El consejero Baltazar Morales no estaba alineado con los intereses fujimoristas en el consejo, según el colaborador. “El interés de Guido Águila era tratar de cambiar a una persona en el CNM porque él no tenía la mayoría absoluta. Asimismo, [quería] ganar poder político y quedar bien con el partido de Keiko Fujimori”, añadió. 

Morales tenía en ese momento un flanco débil para explotar por sus adversarios. A la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, controlada por Fuerza Popular, llegó una denuncia contra él por haber contratado al novio de su hija como asesor. Una oportunidad de oro para aplicarle la guillotina.

Así que el almuerzo fue a todo dar. Óscar Peña llevó a su chofer y empleada doméstica, Miguel Honores Pérez y Diana Meza, respectivamente, para atender de la mejor manera a los comensales.

“En un momento determinado, el congresista [Rolando] Reátegui hacía consultas por teléfono con Keiko Fujimori, toda vez que luego del almuerzo mencionó ‘ya hablé con Keiko’. Asimismo, conversaba con la doctora Zavala e indicaba que este tema se iba a apoyar de forma inmediata en el Congreso para que se dé el reemplazo”, dijo el colaborador.

Keiko Fujimori y Reategui
Excongresista de Fuerza Popular, Rolando Reátegui, con Keiko Fujimori. Reátegui fue el interlocutor de la lideresa de Fuerza Popular en el almuerzo en el que participó María Zavala, según un colaborador. Foto: Andina.

Honores Pérez, el chofer de Óscar Peña, declaró en marzo de este año y corroboró la presencia de los participantes en el almuerzo. Y dijo que en el 2017 le entregó, en tres  oportunidades, US$30.000 a Guido Águila, el exhombre fuerte del Consejo Nacional de la Magistratura. No detalló el porqué. De acuerdo a fuentes del Ministerio Público, el testimonio del trabajador es clave para entender por qué en esa reunión no se había ido a hablar precisamente de hípica.

EL VERSUS

El presunto acuerdo para reemplazar a Baltazar Morales por María Zavala no llegó a concretarse ante el estallido del caso ‘Cuellos Blancos’, en julio del 2018. Zavala renunció a ser suplente de Morales y declaró a “IDL Reporteros” que “jamás he acordado nada” con los fujimoristas.

Pero el caso abrió grietas en la Fiscalía. El 25 de agosto de este año, el fiscal Jesús Fernández envió toda la información sobre la hoy integrante de la JNJ a José Domingo Pérez. El mensaje tácito era este: el asunto está en la cancha del Equipo Especial.

Fernández documento
25 de agosto. Documento enviado por el fiscal del caso Cuellos Blancos, Jesús Fernández Alarcón, a José Domingo Pérez, dando cuenta de la información sobre María Zavala, integrante de la Junta Nacional de Justicia.

El escrito provocó la fuerte reacción de Pérez. Él envió un escrito a su jefe, Rafael Vela, diciendo que el Equipo Especial carece de competencia para investigar a la exjueza y que esa chamba le corresponde a su colega Jesús Fernández. 

“Al Equipo Especial no le compete investigar a los funcionarios públicos vinculados al Ministerio Público, Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura ni a los particulares relacionados a la investigación de ‘Los Cuellos Blancos’”, redactó Pérez. 

“No es cierto que María Zavala Valladares sea ajena a los actos de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos’, más aún cuando el propio fiscal supremo Jesús Fernández señala su participación en la ilícita reunión en la caballeriza del Jockey Club”, agregó. 

La polémica entre Pérez y Fernández debería ser zanjada por el fiscal supremo Pablo Sánchez, coordinador del caso ‘Cuellos Blancos’ y al que Vela pidió tomar posición. El fuego cruzado sigue mientras tanto.

*Fotoportada: Darlen Leonardo

Tags:

Jesús Fernández Alarcón, José Domingo Pérez, Keiko Fujimori
Página 16 de 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
x