Informes

El pasado 23 de agosto, el congresista de Perú Libre, Jaime Quito, escribió en Facebook: “¡Ya tenemos Oficina Descentralizada en #Arequipa! Pueden visitarnos en la calle Mercaderes 413. Desde este espacio, coordinaremos todo apoyo que se pueda dar al pueblo arequipeño en el marco de mis funciones parlamentarias y también será un punto más para poder avanzar recolectando las firmas por la #NuevaConstitución”.

Quito, promotor oficial de la campaña de recojo de firmas, se refería a una oficina alterna a la de su despacho parlamentario, que ocupa en una antigua casona de la ‘Ciudad Blanca’. Le preguntamos a un asesor  si es que el legislador alquila el inmueble, pero no nos dio respuesta. Pero, ¿qué ocurre si se convierte en un centro donde, a cambio de firmas, el parlamentario preste favores o atienda con prioritaria conveniencia las demandas de ciertos ciudadanos? ¿Qué ocurre si alrededor de las rúbricas se tejen redes de clientelismo? El abogado especialista en derecho electoral, Jorge Jáuregui, señala que allí únicamente podría intervenir la comisión de Ética del Parlamento.

Y es que en el camino por la Nueva Constitución no hay ley de neutralidad que aplique. Jáuregui asegura que actualmente no existe una normativa que regule un proceso de campaña preelectoral. Y la recolección de firmas es precisamente eso: un proceso previo.

El abogado apunta que la Ley Orgánica de Elecciones  sólo regula la neutralidad de las autoridades políticas en los “actos electorales”, es decir, cuando ya se haya convocado el eventual referéndum. 

En comunicación con Sudaca, sin embargo, el congresista Jaime Quito dio un paso atrás en su propuesta de utilizar el inmueble para recolectar las firmas. “En mi oficina no [se recolectará firmas]. Hay locales del partido, la gente misma en sus casas [lo hace]. No es necesario un local. Algunos se organizan y van a los mercados donde hay concentración ciudadana”, dice.

No es el único congresista que promueve activamente la campaña. La semana pasada, el oficialista Guillermo Bermejo publicó en su cuenta de Facebook: “Asistiendo al lanzamiento e inicio de la recolección de firmas para el referéndum por la Asamblea Constituyente en la provincia Huaura. Venceremos”. No era semana de representación y Bermejo no es representante de Lima Provincias. También hay fotos, que ha posteado en su cuenta de Facebook, en las que se le ve en Puente Piedra, Caylloma (Arequipa) y Huanta (Ayacucho), en actividades similares.

La congresista de Juntos por el Perú Sigrid Bazán es otro rostro visible de la campaña. El fin de semana estuvo en Cusco, desde donde tuiteó: “Primero fue Piura y luego Ayacucho, hoy le tocó a Cusco ser escenario de la Tercera Asamblea Macro Regional Constituyente. Desde hace unos meses abrimos estos espacios de conversación nacional para que la ciudadanía sea partícipe del enriquecedor debate camino hacia una Nueva Constitución”.

El impulso a la recolección cuenta también con el respaldo de parte del Ejecutivo. El pasado martes 14, la vicepresidenta y titular del Midis, Dina Boluarte, declaró a la prensa: “Nosotros en campaña hemos hablado que los cambios estructurales que hay que dar en el país para el bien de todos los peruanos pasan por un cambio de Constitución y estamos trabajando en ello. Estamos trabajando y recolectando las firmas para ese referéndum de una Asamblea Constituyente”.

Desde Perú Libre aseguran que la semana pasada se inició la campaña de recolección de firmas en Lima y Chiclayo. En Arequipa, Tacna, Puno y Ayacucho había empezado desde mediados de agosto. Los locales de Perú Libre, agrupación presente en todas las regiones del país, son puntos oficiales para adherirse a la iniciativa. El secretario general de organización del partido en Lima, Yuri Castro, ve con optimismo lo que puedan lograr en la capital: la meta de las 43 bases es recoger, hasta diciembre, 500.000 firmas. 

CONTRAMARCHAS

El camino hacia la Asamblea Constituyente arrancó cinco días después de las elecciones, el pasado 11 de junio. En el local principal de Perú Libre, ubicado en la primera cuadra de la avenida Brasil, comenzó a planificarse la campaña. En ese cónclave, el secretario de organización nacional de Perú Libre -y uno de los investigados por el caso Dinámicos del Centro-, Arturo Cárdenas, aseguró a los participantes que no iba a haber moderación en su partido y que la promesa de campaña iba a cumplirse. Este hecho lo dio a conocer un informe de Sudaca.

Casi dos semanas después, el 23 de junio, los congresistas Jaime Quito y Guido Bellido, quien aún no estaba en los planes para el premierato, acudieron a la ONPE a adquirir un kit electoral para la recolección de firmas. Quito se inscribió como “promotor”, es decir, el responsable de la convocatoria; y Bellido, como “representante en Lima”.

El texto de ese kit electoral proponía que una vez recogido el 10% de firmas de la población electoral, que son 2,5 millones, el presidente Pedro Castillo debía convocar a elecciones en febrero del próximo año. El documento señalaba además que la Asamblea Constituyente iba a durar 10 meses, debía instalarse en marzo y sería conformada por 130 asambleístas. La pregunta a consultar era una sola: «¿Aprueba la convocatoria a Asamblea Constituyente encargada de elaborar la Constitución Política del Perú?».

Todo se iba a hacer sin que hubiera una reforma constitucional del artículo 206 de la actual Carta Magna, contrario a lo  que exigen algunos constitucionalistas. El plan en ese momento era recolectar las firmas antes de que acabe el 2021.

RF-00000041-2021-ReferéndumPL by Juan C Chamorro

Este es el kit electoral N° 00000041 que fue adquirido por Perú Libre en agosto. Aquí figura el texto normativo que será puesto en consulta. El promotor es el congresista oficialista, Jaime Quito.

 

Pero al poco tiempo cambiaron esa pregunta por esta otra: «¿Está de acuerdo con la reforma total de la Constitución de 1993, a cargo de una Asamblea Constituyente, Popular y Soberana?».

Y en el camino hubo modificaciones más drásticas. El 12 de agosto, Jaime Quito volvió a acudir a la ONPE para adquirir otro kit electoral. La entidad electoral se lo entregó. El kit mantiene la pregunta, aunque con ligeros cambios («¿Aprueba usted la reforma total de la Constitución de 1993 a cargo de una Asamblea Constituyente, Soberana y Plurinacional?”). En este caso, el tiempo de duración de la Asamblea Constituyente propuesto es de 12 meses. No obstante, no se precisa una fecha para la convocatoria del referéndum, como sí ocurría en el primer caso.

Quito explica a Sudaca que la adquisición del segundo kit electoral se produjo debido a “un error de datos” en el primero y que tomó ese camino porque si hacía correciones, estas iban a tardar más tiempo. Confirmó además que la recolección de firmas se realiza con el segundo kit, donde Bellido ya no figura como representante por haber asumido el cargo de premier.

RF-00000040-2021 by Juan C Chamorro

En junio pasado, el partido del lápiz adquirió el primer kit N°00000040. El promotor era Jaime Quito y Guido Bellido, el representante.

El congresista no quiso precisar cuánto tiempo durará la campaña, bautizada como ‘Firma ya’. Solo adelantó que en los próximos días se conocerá el número de firmas que  ha recolectado su partido hasta la fecha.

Quito señala que el objetivo de Perú Libre es que el presidente de la República convoque al referéndum apenas alcanzadas las firmas.  Espera que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acate sin que se requiera modificar el mentado artículo 206.  

Precisa, además, su propuesta es que la Asamblea Constituyente funcione paralelamente al Congreso, sin que este se cierre o disuelva. A su criterio, la fórmula para elegir a los 130 asambleístas es que una mitad se postule desde los partidos inscritos y la otra lo haga de forma independiente, desde organizaciones de la sociedad civil. Aunque está por definir los detalles.

Sobre el lugar donde deberá funcionar la Asamblea Constituyente, dijo que “son pormenores” que se irán discutiendo en su momento. “Como dicen: para hacer tortillas, primero hay que reventar los huevos”, apunta a Sudaca.

Pero la oposición ya empieza a cercarlos. La bancada de Alianza para el Progreso (APP) anunció al cierre de esta edición que solicitará investigar la iniciativa. «El tema de fondo es el uso de recursos públicos para este tipo de actividades. La pregunta es de dónde salen los fondos porque no es gratis. Hay spots en radios de provincias, en el norte. ¿Quién lo paga?», dice el parlamentario Eduardo Salhuana a Sudaca.

Por su lado, el congresista Jorge Morante (Fuerza Popular), integrante de la comisión de Ética, dice que su bancada evaluará presentar un pedido en este grupo de trabajo para indagar sobre la participación de congresistas en la campaña de recolección de firmas. El objetivo sería ver si están en su horario de trabajo, con licencia y el presupuesto que usan.

“Sabemos que en el Congreso, lo ha demostrado ya en todos los escenarios, hay en estos momentos una dictadura de los votos. Esto se ha reflejado el jueves último cuando han aprobado una ley que modifica los artículos 112 y 113 de la Constitución [referidos a la cuestión de confianza] con una interpretación auténtica», responde el congresista Quito.

El parlamentario oficialista negó que haya gastos millonarios en esta campaña, porque estos se centran en «sacar fotocopias a los planillones para las firmas». “No se necesita mucho dinero. La militancia se está articulando y está haciendo posible esta campaña”, comenta.

La asesora de Alta Dirección de la ONPE, Katiuska Valencia, dice a Sudaca que existe un “vacío legal” en la ley de participación ciudadana, puesto que no obliga a los promotores a reportar los gastos de campaña. Advierte además que su entidad no está obligada a publicar los planillones o los nombres de los adherentes con sus firmas. El experto en temas electorales José Tello señala que ese «vacío legal» es «peligroso» y podría acarrear incluso la figura de «lavado de activos». ¿Cómo se soluciona esto? Valencia responde que “con una modificación de la ley”, y su posterior reglamentación, que le dé facultades para supervisar los gastos del referéndum.

 

(*) Fotoportada: Darlen Leonardo

Tags:

Asamble Constituyente, Firmas, Nueva Constitución, Perú Libre, Referéndum

Mientras que los últimos morados se preparan para apelar su reciente pérdida de inscripción, la interna partidaria está movida por las alianzas que se vienen formando entre los desertores y algunas de las actuales congresistas. Hay quienes no se guardan nada y califican el hecho como una traición.

En la mira está Carlo Magno Salcedo, que no solo fue pieza clave en la formación de la doctrina republicana, sino también asesor del expresidente Francisco Sagasti. Como ya contó este medio, Salcedo y un grupo de militantes -varios de ellos con cargos a nivel nacional y regional- renunciaron el 18 de mayo al Partido Morado, pues consideraban que la dirección partidaria y Julio Guzmán eran los responsables de los terribles resultados electorales. La carta de renuncia terminaba con la siguiente frase: “Cada uno de nosotros […] habrá de construir su propio camino hacia adelante”.

Y eso es, precisamente, lo que hizo el exasesor presidencial. El 7 de septiembre, un día antes de que el PM fuera dado de baja por el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), Salcedo anunció en su perfil de Facebook el inicio de inscripción de Confluencia Perú, “un partido-frente que tiene el propósito de articular a diversas organizaciones y liderazgos”.

Lo que más llamó la atención fueron dos de sus aliados: Fuerza Ciudadana-Confluencia, organización de la que es parte la congresista Susel Paredes, y Dignidad Magisterial, un colectivo de profesores que apoyó la campaña política de Flor Pablo, otra parlamentaria morada. Esta última no quiso confirmar a Sudaca si es parte de este movimiento.

Lo que generó molestias en la interna morada es que Salcedo anunció la inscripción de su nuevo partido cuando el PM perdía, a su vez, la suya. “En política no hay casualidades. No es casual que, una noche antes de que salga la resolución, se anuncie esta alianza. No lo tomamos como normal”, dice Jean Pierre Lozano, exsecretario de Jóvenes de Lima Metropolitana. 

“Nosotros conocemos las malas mañas de algunos políticos, pero no de gente que nos ha acompañado en el proceso político del Partido Morado y que por diferentes razones se alejaron”, critica Jarek Tello Godoy, personero legal de los morados, en clara alusión a Salcedo. “Ahora anuncian que estaban haciendo alianzas con gente que es del Congreso o que están vinculadas a movimientos cercanos al partido”, agrega, sobre integrantes de la bancada morada. 

Aunque hay un grupo de morados que parece no tener mayores problemas con el asunto, a Tello lo respaldan en sus declaraciones hasta cinco militantes con los que conversó Sudaca para esta nota. Los ánimos están caldeados a pesar de que el partido parece destinado a desaparecer.

 

CONFIRMACIONES Y SILENCIOS

En septiembre del 2020, Fuerza Ciudadana -el movimiento del cual Susel Paredes era parte- suscribió un acuerdo político con el PM para participar juntos en las elecciones del 2021. Como resultado de esa alianza, Paredes se afilió ese mismo mes al partido entonces liderado por Julio Guzmán y obtuvo una curul.

A raíz de la polarización que causó la segunda vuelta, sin embargo, el ya pequeño Fuerza Ciudadana se dividió en dos grupos. Una de sus facciones tomó el nombre de Fuerza Ciudadana-Confluencia, aunque prefieren llamarse únicamente Confluencia Ciudadana para diferenciarse de su antiguo nombre. Esta es la facción que se unió al proyecto político de Carlo Magno Salcedo. Agrupa a aquellos cuadros que alguna vez postularon por el PM: además de Paredes, también se unieron Susana Chávez Alvarado y Segundo Flores Farfán.

Sudaca se comunicó con Susel Paredes, quien nos derivó con una tercera persona que confirmó su participación en esta alianza. “Susel definitivamente vino como parte de nuestro grupo y es parte de esta alianza aunque está como militante del Partido Morado”, dice a Sudaca uno de los integrantes del movimiento. Las conversaciones para concretar la unión comenzaron, de acuerdo a la misma fuente, en julio pasado.

Dentro de Confluencia Ciudadana ven este acuerdo como una oportunidad para formar una propuesta de centro “alejada de los extremos más radicales”, como explica Richard Arce, miembro de la agrupación. Agrega que le parece un abuso la decisión del ROP sobre los morados y dice que, de perder su inscripción, podrían unirse a ellos: “El Partido Morado está pasando por una situación delicada en la que su énfasis es salvar su inscripción, una batalla que es necesaria. Si no le dan la razón, va a ser motivo para que podamos convocarlos”.

Otro personaje criticado a la interna es la congresista Flor Pablo. De acuerdo a una fuente del Comité Ejecutivo Nacional morado, el colectivo Dignidad Magisterial (DM) fue el que sostuvo la campaña política de Pablo, quien se afilió como militante solo para participar en las elecciones. Uno de los integrantes de este movimiento, Cesar Alvarado Laveriano, también postuló al Parlamento Andino con el N°2.

La congresista morada Flor Pablo dictó talleres organizados por el Colectivo Dignidad Magisterial durante la última campaña electoral.

Ambos, en febrero y marzo de este año, participaron como ponentes en capacitaciones para docentes organizadas por este colectivo, donde Pablo aprovechó para promocionar su candidatura. La parlamentaria no quiso confirmar a este medio si pertenece a Dignidad Magisterial ni quiso hablar de la alianza con el partido de Carlomagno Salcedo. Tampoco lo ha querido hacer con sus colegas.

Uno de los militantes que habló con Sudaca señala que, cuando le consultó a la congresista sobre su participación en esta alianza, Pablo solo atinó a responderle que “Dignidad Magisterial es un colectivo que está buscando dónde hacer militancia política”.

Sudaca también se comunicó con Carlo Magno Salcedo, quien dijo que no opinará sobre estás alianzas para no “alimentar ninguna polémica que no aporta”.

Para el personero legal del PM, Jarek Tello, en cambio, esta silenciosa coalición representa una traición: “Ahí es donde se genera en mí la sensación de que hubiese intereses de personas que, en teoría, son cercanas al partido o que han sido militantes. Intereses en esperar la muerte rápida del Partido Morado para, sobre sus restos, formar un nuevo partido político, un nuevo movimiento. Esto me parece un acto de felonía, de traición”.

 

NAUFRAGIO

Pero en el PM se resisten a morir. Desde los resultados de la primera vuelta, el partido sabía que tendría que luchar para no desaparecer. El director del ROP, Fernando Rodriguez Patrón, ya lo había adelantado cuando publicó en un artículo que “un partido político conservará su inscripción, si alcanza cinco representantes al Congreso y si adicionalmente obtiene el cinco por ciento de los votos válidos del Congreso, es decir, debe cumplir ambas condiciones”. 

La agrupación fundada por Guzmán solo cumple lo último. Sin embargo, los últimos morados sostienen un argumento clave: que la ley establece, textualmente, que se cancela la inscripción en caso de no lograr los dos requisitos.

El 8 de junio se llevó a cabo la “Conexión Morada”, un encuentro virtual donde Julio Guzmán informó que se despediría del partido y expuso la estrategia que usarían para seguir con vida y poder participar de las Elecciones Regionales y Municipales 2022. El plan contemplaba apelar en caso el ROP decidiera cancelar la inscripción de la agrupación, tal como lo hizo. 

Por todo ello, los morados ya estaban advertidos cuando a las 3 p.m. del 8 de septiembre aparecían en la lista de las organizaciones políticas con inscripción cancelada en el sitio web del ROP. Militantes aseguran que se estuvo cambiando el estado del PM en el sistema antes de que el personero legal Jarek Tello fuese notificado sobre la resolución que dispuso la cancelación del partido.

El 8 de septiembre el estado del Partido Morado cambió en la web del ROP antes, siquiera, de que se haya notificado al personero legal de la agrupación sobre la pérdida de inscripción.

“Le quita muchísima seriedad el hecho de que se quite, se ingrese y se vuelva a quitar al PM [de las agrupaciones con inscripción activa]. Y que sea con anterioridad a la resolución del ROP también es sospechoso. Los militantes lo toman como si se estuviera jugando con su derecho y sus expectativas de pertenecer a una organización por la que han trabajado tanto”, dice Narescka Culqui, excandidata al Congreso y miembro de la Secretaría Nacional de Plan de Gobierno.

Mientras los demás partidos ya piensan en los próximos comicios, el PM debe enfocarse en salvar su inscripción. Ante la incertidumbre de no saber qué pasará, hay militantes que han optado por retirarse. Tienen miedo de no poder participar de las elecciones del 2022. En los próximos días, los últimos morados se alistan para preparar una denuncia penal contra el director del ROP por abuso de autoridad. El barco, sin embargo, parece destinado a naufragar.

Fotoportada: Darlen Leonardo

Tags:

Flor Pablo, Partido morado, Susel Paredes

Desde que llegaron al cargo, ni el presidente Pedro Castillo ni el premier Guido Bellido se han manifestado sobre la Sunedu. Tampoco se han reunido con sus autoridades. En cambio, el jefe del Gabinete sí ha sostenido dos reuniones con una institución que es férrea opositora a la Ley Universitaria.

Se trata de la Asociación de Universidades del Perú (ASUP), un gremio que reúne a 75 casas de estudio –públicas y privadas–, entre las que están varias no licenciadas por Sunedu. Algunas de ellas, según su Facebook institucional, son la Inca Garcilaso de la Vega, la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, y la tristemente célebre Alas Peruanas.

Según el registro de visitas de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la primera reunión se dio el pasado 12 de agosto y duró más de una hora. Visitaron a Bellido, como representantes del gremio, su directora ejecutiva Ada Gallegos y Victor Raúl Aguilar, exrector de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), el alma mater del premier (que sí está licenciada). La segunda reunión fue cinco días después, pero allí acudió solo Aguilar.

Quisimos contactar a los involucrados para saber de qué hablaron, pero en la asociación nos negaron la entrevista. Lo mismo ocurrió en la PCM. En la Sunedu tampoco quisieron opinar sobre estos encuentros, aunque sí –como veremos más adelante– sobre los ataques que reciben desde el Congreso. Lo concreto es que, por años, la ASUP ha gestionado intereses –hecho lobby, en cristiano– de universidades que buscan petardear a la Sunedu. 

Las reuniones del premier Guido Bellido con representantes de la ASUP en agosto. Fuente: PCM.

El gremio surgió como una mutación de la Asociación Nacional de Rectores (ANR), que fue reemplazada justamente por la Sunedu. Con su nueva identidad, desde el 2015, la asociación ha emitido diversos pronunciamientos cuestionando la efectividad de la reforma universitaria. 

Gallegos y Aguilar, de hecho, han sido dos de sus voceros más feroces. La primera, como directora ejecutiva de la ASUP, ha desfilado por diversos medios televisivos y radiales durante los últimos años criticando con ferocidad a la Sunedu.

A mediados del 2017, por citar un caso, Gallegos ya consideraba ineficiente la reforma universitaria. “La Ley Universitaria ha demostrado claramente que ha fracasado. La razón es que es inaplicable. Es una ley que está de espaldas a la realidad de la universidad peruana, en especial de las públicas”, declaró a RPP. A finales del 2018, Gallegos volvió a aparecer, esta vez en Exitosa, para atacar a la Ley Universitaria. “A lo largo de estos años, hubo un retroceso [en la calidad educativa] porque la visión se centró en regulaciones y eso nos ha sacado del foco que es la calidad”, aseguró. Más ejemplos, sobran. 

Por su parte, Víctor Raúl Aguilar fue, hasta su desaparición, el secretario ejecutivo de la ANR. El 2013, bajo dicho cargo, solicitó al Colegio de Abogados de Lima (CAL) una opinión respecto a la constitucionalidad de la norma que engendró a la Sunedu. El informe legal fue elaborado por el abogado Anibal Quiroga. “Si lo que se desea es tratar de mejorar el sistema educativo y supervisar su cumplimiento y la calidad de la educación, no es necesario imponer una Sunedu”, se lee en la página 36 del documento.

Fue precisamente el CAL una de las instituciones que presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Universitaria. En noviembre del 2015 el Tribunal Constitucional (TC) desestimó el pedido. 

Aguilar ha respaldado a Guido Bellido desde que asumió el cargo de premier. El 31 de julio, el flamante premier compartió un pronunciamiento del exrector de la UNSAAC en su cuenta de Facebook y le agradeció su “solidaridad”. Bellido era blanco de críticas cada vez más fuertes sobre su designación.

Durante la campaña, Pedro Castillo habló de la Sunedu. “Hay muchas quejas por parte de la Sunedu. Vamos a revisar y corregir [su] accionar”, señaló. Las reuniones de la ASUP con Bellido se dan en un momento de políticas poco claras de su gobierno respecto a la reforma. 

“No hemos tenido oportunidad de conversar con ellos [Castillo y Bellido] o de presentar nuestras acciones para que las conozcan. Por ahora, tenemos [reunión] solamente con el ministro del sector. Mañana [viernes 17 de setiembre] tenemos una reunión con él y le vamos a mencionar que estamos disponibles para ir a los altos niveles del Ejecutivo a prestarles toda la información», aseguró el jefe de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, al programa de entrevistas matutinas de Sudaca. Mientras que a él le queda mostrar su disponibilidad, la ASUP ya conversa con el premier. 

 

Lo que cocina el Congreso

Aparte del Ejecutivo, la ASUP ya ha movido con éxito sus influencias en otros frentes. En una entrevista para Exitosa del 2018, Ada Gallegos dijo que tenían claro que “la decisión de modificar la ley [universitaria] está en el Congreso”. Hoy, desde el Parlamento ya se tejen hilos para atar de manos a la Sunedu. 

El pasado lunes 6 de septiembre, en la Comisión de Educación, el congresista Darwin Espinoza (Acción Popular) presentó un proyecto de ley que busca darle un plazo de emergencia de dos años a universidades privadas no licenciadas para que puedan subsanar sus deficiencias. En otras palabras: abrirles una oportunidad más a quienes no cumplieron estándares mínimos de calidad, a pesar de que han pasado 6 años desde que empezó la reforma.

Espinoza tuvo al menos tres reuniones con representantes de universidades en las últimas semanas. En su Facebook, el congresista anunció que recibió la visita de Gilmer Díaz Tello y Juan Rodríguez Ruiz, rectores de dos universidades chimbotanas: San Pedro y Católica Los Ángeles, respectivamente. El viernes de la semana pasada –después de presentar su proyecto– recibió a Miguel Ángel León, docente de la Universidad Peruana del Centro, según el registro de visitas de su despacho. Ninguna de las tres universidades tiene licencia y las dos chimbotanas aparecen como miembros -¿sorpresa?- de la ASUP.

“Lo que preocupa del proyecto del congresista es que pide que las universidades se presenten bajo el mismo modelo que desaprobaron. Eso no está bien porque la Ley Universitaria dice que las licencias son renovables. Es decir, hoy te licencias con el modelo A y dentro de 6 años será con el B, que probablemente sea más exigente. Eso se llama mejora continua”, explica Joseph Dager, secretario general de la Sunedu, a Sudaca. 

“Otra cosa preocupante que dice es que la Sunedu no podrá hacer ninguna otra observación. Estaríamos limitados a abrirles la puerta y decirles que pasen no más”, agrega. La propuesta de Espinoza ya se encuentra en la lista de espera de la Comisión de Educación, presidida por el ultraconservador Esdras Medina. Para un informe previo de Sudaca, Medina había adelantado que solicitudes como la de Espinoza estaban pendientes en su grupo parlamentario. 

El último jueves Espinoza presentó un proyecto más: para permitir la creación de filiales de universidades públicas con licencia utilizando recursos del canon. Esta nueva iniciativa toma varios pasajes de un proyecto presentado por el excongresista del Frente Amplio, José Luis Ancalle, el 29 de diciembre del 2020. Tiene párrafos iguales o apenas parafraseados.

En la exposición de motivos, además, el esquema es muy parecido. Espinoza arranca describiendo la Ley Universitaria y a continuación coloca las cifras de entidades licenciadas. Lo mismo que había hecho Ancalle. El de AP usa los mismos cuadros que el del FA, pero con las cifras actualizadas. También coinciden cuando describen el déficit de filiales universitarias en distintas regiones “pese a que poseen recursos económicos como los del canon”.

Espinoza derivó a Sudaca con su asesor Yuri Pérez. Según este, “el hecho de que las normas a modificar coincidan con el proyecto de ley presentado por el ex congresista Ancalle resulta necesario” por tener objetivos similares. Además aseguró que “toda referencia estadística e informativa” está citada a pie de página. Sin embargo, ninguna nota al pie alude al antiguo proyecto del parlamentario de izquierda.

Nada indica que estos proyectos vayan a encontrar oposición dentro de la Comisión de Educación, que hace dos semanas creó un grupo de trabajo “para el seguimiento de los procesos de licenciamiento”. En la comisión se ha abierto un frente agresivo contra la Sunedu. Este último martes, los congresistas recibieron al superintendente Zegarra para que exponga los alcances de su trabajo. Lejos de ser una reunión amistosa, le lanzaron varios dardos luego de escuchar su exposición.

El legislador de Perú Libre Alex Paredes pidió un informe detallado del número total de trabajadores, consultorías, órdenes de servicios y gastos en publicidad de la Sunedu. Y lanzó una frase que puede ser interpretada como una declaración de guerra: “El interés de esta comisión es pecar de acción, pero no de omisión”. 

Por su parte, la fujimorista Tania Ramírez, que dirigirá el grupo de trabajo que hará “seguimiento” al licenciamiento, dejó registro de su enredada visión de la reforma universitaria. La educación universitaria después del licenciamiento está acentuando su carácter oligopólico, donde la calidad del servicio se mide en función a la ineficiencia del gasto en la universidad pública disfrazada de su selectividad”, manifestó la legisladora fujimorista. No sabemos si alguien la entendió.

Parte de la presentación del superintendente de la Sunedu ante la Comisión de Educación del Congreso el último martes.

“Preocupa mucho que cambien los congresos, pero se sigan reavivando algunos señalamientos que ya fueron investigados por el Parlamento. La Sunedu existe desde el 2015 y desde entonces han formado cuatro comisiones investigadoras. Han cuestionado las órdenes de servicio, los trabajadores, las consultorías y los gastos de publicidad. Ninguna de esas comisiones ha encontrado alguna irregularidad”, afirma Joseph Dager, secretario general del ente supervisor.  

Según el funcionario, ahora la institución está en una “segunda etapa”, donde evaluarán a las universidades denegadas que quieran volver a licenciarse. Además, en dos años, volverán a revisar a todas las casas de estudio bajo mayores exigencias. No hay duda de que la Sunedu seguirá siendo un tema caliente en este quinquenio.

**Fotoportada por Darlen Leonardo

Tags:

Guido bellido, Pedro Castillo, SUNEDU

Luego de ser alertados por la central de emergencia, dos policías se acercan a bordo de una patrulla a la curva de Chastudal, en el distrito de Gregorio Albarracín, en Tacna. El lugar está a unos 35 kilómetros de la frontera con Arica y aquella mañana, 6 de setiembre, es la escena de un accidente de tránsito. Hay dos haitianos muertos y otros diez heridos.

Lo que ven los agentes es un bus destrozado, de medio lado sobre el arenal que colinda con la carretera. Hay zapatos, envases de comida y mochilas de viaje desperdigados por todos lados. Al interior del vehículo están los cuerpos sin vida: uno de 40 años y el otro de 47, según sus documentos de identidad. Entre los heridos hay niños, a quienes trasladan rápidamente al hospital.

Uno de los testimonios que tiene la fiscalía dice que los haitianos pagaron a unos traficantes para cruzar, a pie, la frontera de Chile al Perú. En territorio nacional fueron recibidos por el vehículo que cayó en desgracia. Los heridos, hoy morando entre el hospital y una casa de refugio, podrían entrar a un largo proceso de deportación o -si así lo deciden- seguir su rumbo. Para las autoridades, lo que harán es una incógnita. 

“La deportación puede durar entre 6 meses y un año. Va a depender de la calificación que haga el Estado peruano. Se les da la opción también de quedarse mediante un trámite administrativo. Pero muchos no quieren, porque solo usan el país de paso y su destino es Estados Unidos», dice Percy Vargas, jefe de la Defensoría del Pueblo en Tacna.

La muerte de los dos haitianos viene siendo investigada para saber quiénes coordinaron su traslado. Pero es apenas un ejemplo de un problema mayor. El tráfico de migrantes en Tacna es constante, tanto en dirección a Chile como para el ingreso al Perú con rumbo norte.

Mientras este caso apenas empieza, otra dependencia del Ministerio Público ya ha terminado una pesquisa preliminar el pasado 9 de setiembre, con la detención de 13 miembros de una organización criminal de coyotes que trasladaba personas a Chile. Las evidencias apuntan a que tenían la complicidad de policías y trabajadores de Migraciones.

accidente haitianos
6 de setiembre. En la curva de Chastudal, a unos 35 kilómetros de la frontera con Arica, se despistó el bus que dejó dos haitianos muertos.

 

EL ORIGEN

11 de enero del 2019. 3:14 de la tarde. Dos traficantes, Adán y María, coordinan por teléfono el traslado por carretera de una migrante. No saben que la Policía está interviniendo la llamada.

Adán: Ya, seño, escúcheme, ¿tú no puedes llevar un pasajero por la pista? A una peruana.

María: A la pista… ¿peruana es?

Adan: Sí, peruana, peruana. Es que ha estado ilegal en Chile y quiere entrar ilegal también.

[…]

María: A las seis será. 300 soles. Chapa 200 y deja 100 para acá, ¿puede ser? 

Este es uno de los cientos de registros telefónicos que tienen los fiscales César Changa y Evelyn Taboada, especializados en crimen organizado. En junio del 2018, los representantes del Ministerio Público recibieron un informe de la Diviac que revelaba la existencia de una organización dedicada al traslado ilegal de personas a Chile. A partir de allí, Changa y Taboada ordenaron el seguimiento a los delincuentes, recabaron declaraciones de testigos protegidos y pidieron a un juez permiso para interceptar sus teléfonos.

“Los migrantes, desde el 2018, han sido venezolanos, colombianos y centroamericanos. Eventualmente haitianos”, apunta Changa, en su oficina del Centro de Lima.

La cadena de tráfico -explica- empieza en el terminal terrestre Manuel Odría, en plena ciudad de Tacna. Allí son captados migrantes que quieren llegar, a cómo dé lugar, a tierras chilenas. El pago por todo el servicio varía de acuerdo al peligro al que se expone al viajante. “Para migrantes con recursos, que pueden pagar documentos [falsos] y asegurar su ingreso por Migraciones [a través del complejo fronterizo], el costo en promedio es de US$200 por cada uno. Pero hay gente que no tiene esa plata. Si quiere irse por pasos no habilitados, riesgosos, caminar por lo menos por tres horas y exponerse a explosivos, el costo es de US$100”, dice el fiscal.

La primera modalidad se dio hasta que la frontera con Chile estuvo abierta. Con la llegada de la pandemia, los migrantes se han quedado con el cruce por el desierto como única opción.

La mafia tiene a su disposición colectiveros, taxistas y microbuseros. Además de trasladar a las personas hasta la frontera, los transportistas los acompañaban a los hoteles o casas donde se alojan antes de partir hacia Chile. No salen del lugar si antes no habían hecho el depósito.

Uno de estos locales era una casa a la que los fiscales han bautizado como ‘el búnker’. El día del operativo, encontraron a un grupo de extranjeros en este inmueble, a la espera de ser trasladados. “Hemos hallado seis migrantes, entre colombianos y venezolanos. Hemos hallado bastante cantidad de dinero a transportistas y también a un venezolano que formaba parte de la organización”, cuenta Taboada, que estuvo presente en el lugar. Los viajeros estaban a la espera de ser guiados a Chile, a través del peligroso desierto minado.

bunker migrantes
9 de setiembre. Fiscales especializados en crimen organizado encuentran en un inmueble cercano a la frontera a un grupo de migrantes. Había venezolanos y colombianos.

En un humilde stand del centro comercial Tacna Centro se hacen pasaportes, autorizaciones de viaje de padres de familia, cédulas de identidad de varios países, partidas de nacimiento. Todo documento oficial que sea exigido para cruzar la frontera se trabaja con prolijidad.

En un audio del 10 de enero del 2019, por ejemplo, se le escucha decir a uno de los traficantes: “Mira, acá tengo una venezolana con su hijito y la han regresado de la frontera, por el permiso del papa […] ¿Tú crees que se le puede hacer la autorización, porque le han dicho que vaya a Lima para hacer una”. La persona que le responde es Marcos Aguilar Condori, dueño del puesto U-21 del mentado centro comercial y sindicado como uno de los falsificadores al servicio de esta mafia. “Normal se le puede hacer acá, no hay problema con eso”, dice.

documentos a venezolana
Conversación interceptada entre uno de los coyotes y un falsificador de documentos. El primero le pregunta si le puede hacer una autorización para que un menor viaje. El segundo le responde: “normal, no hay problema con eso”.

Para lograr el ilegal paso por el complejo Santa Rosa, sin embargo, se necesitaba algo más que papeles bien elaborados. Al interior está situada una comisaría que se encarga de fiscalizar la documentación de los viajeros. Todo lo contrario, claro, a lo que habría estado pasando.

El 19 de setiembre del 2019, Enoc Villanueva -uno de los acusados- conversó con un migrante y le dijo que la policía del complejo Santa Rosa le había cobrado a unas personas que lo antecedieron en el intento de cruzar la frontera. “Escúchame bien. Acá los tombos en Santa Rosa les han cobrado la plata a los muchachos, el caña [el chófer que traslada a los migrantes] me está voceando. ¿Cuánto me estás dando tú? Cuenta, cuenta, cuenta”, le comentó.

La fiscalía puso en la mira a un agente en particular, el suboficial José Luis Camargo. Según los investigadores, Camargo se encargaba de “hacer una mala revisión de los documentos necesarios para su tránsito y salida de territorio nacional, brindándole incluso información a los integrantes de la organización sobre los nombres de los buses y el destino de los migrantes que llegan a la ciudad de Tacna, a fin de que sean captados”.

No era la única ayuda que recibía la mafia en el complejo Santa Rosa. También estaban dos agentes de Migraciones que hacían “un falso control de los viajantes e incluso adulteraban el registro de ingreso y salida”, de acuerdo a la documentación fiscal. En el operativo fue detenido Jorge Belmonte Quispe y fue allanada la celda de Ruddy Peralta Rodríguez, quien desde el año pasado purga prisión en el penal de Castro Castro, en Lima, por el mismo delito. Lo acusaron de ser  parte de otra mafia que se dedicaba a mandar menores de edad a Estados Unidos.

fisca changa
Fiscal especializado en Crimen Organizado César Changa Echevarría. Lleva investigando tres años a la mafia de coyotes junto a su colega Evelyn Taboada.

Que los migrantes lograran sortear el control peruano, sin embargo, no era garantía de que lo hicieran también en el puesto de vigilancia chileno, que se encuentra en el mismo complejo fronterizo. Cuando este último los rechazaba, los traficantes proponían falsificar más documentos, como cédulas de identidad. Pero, a veces, incluso eso no era suficiente.

La mafia, como ha explicado el fiscal Changa, tiene una tarifa más barata para quienes decidieran ir por el desierto, a través de caminos no autorizados a los que debían acceder de noche para evitar el control de policías y carabineros. Esta modalidad es la que ha tomado protagonismo a raíz de la pandemia, que derivó en el cierre de la frontera oficial con Chile, pero ya se daba antes. La comunicación del 14 de setiembre del 2019 entre Luis Quiroga Gutierrez, presunto cabecilla de esta mafia, y uno de sus cómplices al que llamaban Chueco, revela un caso previo:

Quiroga: ¡Oe!, ¿todo bien con tu pasajerita?

Chueco: ¿Qué ha pasado?

Quiroga: ¿Ha pasado tu pasajera ayer o no?

Chueco : La han devuelto won […] Ya le mande por la trocha, ya.

Quiroga: ¿Pero la has llevado o no?

Chueco: No, la han devuelto… ya le mande por la trocha. 

La travesía por el desierto puede tener un desenlace mortal, pues implica exponerse a las minas antipersonales que aún se esconden bajo la arena. Según la BBC, se estima que el gobierno del dictador Augusto Pinochet (1973-1990) colocó unas 180.000 minas en zonas fronterizas. No sólo en el límite con Perú, sino también con Bolivia y Argentina. En febrero del 2016, un joven de 27 años murió cuando pisó una de estas, pretendiendo cruzar la frontera peruano-chilena de manera ilegal, a 50 kilómetros del complejo fronterizo Santa Rosa.

Y luego están las condiciones climatológicas en medio de ese desierto. En setiembre del año pasado, un grupo de 23 venezolanos, entre ellos varios menores, se salvaron de morir de sed y frío en Arica. Un grupo de motociclistas los encontró mientras pasaba por allí y alertaron a los carabineros.

“La noche se nos hizo eterna. Era helada. Entre nosotros nos hacíamos calor, pero el frío era insoportable. La fogata no duró prendida ni cinco minutos. Estábamos en un hueco, en lo último de una montaña. Tanto clamar a Dios y él nos escuchó. Llegaron esos motorizados”, dijo una de las víctimas a los medios chilenos.

ya la mandé por la trocha
Comunicación del 14 de setiembre del 2019 entre el presunto cabecilla de esta mafia y uno de sus cómplices, que le cuenta que ha tenido que mandar a una migrante “por la trocha”. Es decir, por el desierto.

Los carabineros reportan constantemente el ingreso ilegal de personas. El pasado 5 de setiembre, los agentes chilenos sorprendieron en el desierto a 34 migrantes que eran guiados por coyotes de apenas 17, 19 y 23 años. Según el gobierno chileno, entre octubre del año pasado y febrero de este ingresaron de forma irregular a ese país, por las regiones norteñas de Tarapacá y Arica y Parinacota, entre 2.500 y 3.500 personas.

Por su parte, según la Dirección Regional de Salud de Tacna, actualmente hay un aproximado de 3.000 venezolanos y más de 1.000 personas de otras nacionalidades «asentados» en esta región.

Y el tráfico de migrantes está lejos de acabar. En el despacho de los fiscales Changa y Taboada dicen que la organización que acaban de desbaratar no es la única. “En el sur podría haber más de una organización. Es lo que hemos detectado”, asegura Changa.

 

*Fotoportada: Darlen Leonardo

Tags:

Chile, corrupción, migraciones, Tacna, tráfico ilícito de migrantes

La trama del caso Cuellos Blancos se complica. El fiscal encargado de la investigación, Jesús Fernández Alarcón, ha desatado una tormenta judicial. En el 2019 solicitó autorización al Poder Judicial para rastrear las llamadas, ubicación y mensajes de texto de celulares de veinte personas relacionadas a la indagación, entre ellos a algunos jueces supremos. Sin embargo, dos años después, en agosto de este año y tras recibir los reportes de los operadores telefónicos, pidió dejar sin efecto el rastreo por un “error en la redacción”. Este innecesario episodio puede costarle caro a Fernández, que ya empieza a abrirse frentes de ataque con sus propios investigados. 

El origen de esta historia se remonta a mayo del 2019. Fernández, que es fiscal supremo provisional, pidió en un escrito al juez Hugo Nuñez levantar el secreto de las comunicaciones de doce personas identificadas y vinculadas a la presunta red criminal de jueces y fiscales. Por ejemplo, el periodista Enrique Vidal y el empresario textil Mario Mendoza. Al primero se le atribuye ser un operador de la mafia judicial, mientras que el segundo es considerado un financista y un enlace de la organización. 

Mayo, 2019. Documento reservado judicial en el que se accede a la petición del fiscal Jesús Fernández Alarcón para rastrear llamadas, mensajes de texto y ubicación de veinte teléfonos.

Adicionalmente, en el mismo documento, Fernández solicitó identificar a los titulares de veinte teléfonos móviles sin argumentar el porqué. De esos números demandó también conocer el “detalle del tráfico de llamadas (entrantes y salientes) y mensajes de texto (SMS) con indicación de fecha, hora y tiempo de duración de las llamadas”. El juez Nuñez accedió al pedido en un documento reservado que Sudaca pudo revisar.

Las compañías de telefonía celular América Móvil (Claro), Entel y Telefónica (Movistar) enviaron, en un lapso de dos años, los nombres de los titulares de los veinte teléfonos y un registro histórico de las llamadas de esos números. Los operadores comunicaron al fiscal que los números pertenecen, entre otros, al actual juez supremo Héctor Lama, al exjuez supremo Martín Reyes; a los exconsejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Águila y Julio Gutiérrez Pebe; al expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos; y a los abogados Julio Severino y José Castillo Alva.

Cuadro elaborado por la Fiscalía que consigna el reporte enviado por América Móvil sobre seis personas rastreadas, entre ellas el juez supremo Héctor Lama More, en el marco del caso Cuellos Blancos.

Al juez supremo Héctor Lama le rastrearon sus llamadas y mensajes de texto desde julio del 2015 a julio del 2018. Su teléfono pertenece a la compañía Claro, que envió la información en septiembre del 2019. Desde entonces ese reporte está en poder del fiscal Jesús Fernández. Las pesquisas del fiscal Fernández apuntaron a Lama por la conversación pinchada que tuvo con César Hinostroza, en la que el exjuez que se fugó a España solicitaba apoyo para el traslado de una jueza de Áncash a la sede judicial del Callao, el reino del famoso ‘hermanito’. “El caso [se refiere a su comunicación con Hinostroza] se desestimó porque el pedido que me hizo no fue atendido”, dice Lama.

El asunto es que el fiscal Fernández no tiene competencia para investigar jueces supremos, según reconoce él mismo. Solo puede ver los casos de jueces y fiscales superiores, mientras que los fiscales Magaly Quiroz y Carlos Cabrera ven los asuntos de autoridades de menor jerarquía. El exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, es el encargado de abrir las pesquisas de los jueces y fiscales supremos salpicados en la trama.

Lama, quien el año pasado postuló a la presidencia del Poder Judicial, mostró su sorpresa al saber que sus comunicaciones han sido rastreadas. “No lo sabía. Me sorprende. No quiero especular sobre las razones pero averiguaré”, dice Lama. 

Otro teléfono rastreado ha sido el del exjuez supremo Martín Hurtado Reyes. El registro de llamadas del celular de Hurtado, de la compañía Telefónica, abarcó el periodo que va de julio del 2015 a julio del 2018, cuando aún ocupaba un puesto en lo más alto de la judicatura. Hurtado Reyes estuvo en el punto de mira por solicitar a Hinostroza, en un diálogo interceptado, acelerar la elevación de un expediente a la Corte Suprema. En mayo de este año la Junta Nacional de Justicia decidió destituirlo por “haber faltado a su deber de mantener una conducta intachable en todo momento”. 

Tras enterarse de que sus llamadas fueron rastreadas, Hurtado le salta al cuello a Jesús Fernández. Una muestra del frente de ataque que el fiscal se ha abierto. “Esa investigación se va a caer en algún momento porque se obtienen pruebas ilícitas. Tiene que ser la fiscal de la Nación y no otro fiscal la que solicite las interceptaciones telefónicas de los supremos”, dice Hurtado.

El fiscal Fernández terminó de recabar la información de las empresas de telefonía en febrero del 2021. Demoró seis meses, hasta agosto del 2021, en pedir al juez supremo de investigación preparatoria, Hugo Nuñez, que dejara sin efecto la resolución que autorizó el rastreo de las comunicaciones. Y prefirió no entrar en detalles en su escrito.

En cambio, fue en una exposición interna -que quedó plasmada en un documento al que Sudaca accedió- donde Fernández sustentó su pedido ante el juez Nuñez. Dijo que hubo un “error en la redacción”. Y, en ese sentido, demandó anular la autorización para rastrear las llamadas, mensajes y ubicación de veinte personas. No dio detalles del contenido de los mensajes de texto ni con quienes cruzaron mensajes los titulares de las veinte líneas telefónicas. 

17 de agosto, 2021. Exposición del fiscal Jesús Fernández Alarcón en el que argumenta que por un “un error en la redacción” pide dejar sin efecto el rastreo de llamadas, autorizado en el 2019, en el marco del caso Cuellos Blancos.

Fernández, acompañado de la fiscal adjunta Fany Quispe, argumentó que la información “se encuentra en cadena de custodia y no ha sido utilizada en la presente investigación”. 

En otro punto de la exposición, además, indicó que ha coordinado con oficiales de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) para “eliminar de su sistema” la información de algunos personajes que integran la lista de los veinte, como la del abogado Julio Severino y Alberto Vega Marroquín, exgerente general del Poder Judicial, por no tener investigaciones abiertas.

“No tengo ningún conocimiento. No me han notificado”, dice a Sudaca el abogado Julio Severino, testigo en el caso Cuellos Blancos.

Una fuente que conoce al dedillo los entresijos del expediente dice que el fiscal Fernández “salió a pescar peces gordos” y que ahora quiere borrar las huellas de sus acciones. “El problema es que busca rectificar dos años después y no a los meses o semanas. Eso no se ve bien”, dice la fuente. 

Al ser consultado por Sudaca, el fiscal Jesús Fernández Alarcón respondió que tomó la medida de dejar sin efecto el rastreo de las llamadas porque el secreto de las comunicaciones de algunos de los personajes ya había sido levantado en otras carpetas del megacaso de corrupción que está a su cargo. “Estamos haciendo los pronunciamientos finales y no queremos tener problemas en el juicio. Algunos números ya los teníamos en otros casos. Ese ha sido el problema. Estamos saneando eso para llegar a juicio sin ningún problema.”, dice Fernández.

Sus propios investigados ahora lo acusan de violar el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones. “Es realmente increíble. De ahora en adelante los fiscales pueden pedir el levantamiento del secreto de las comunicaciones, procesar la información, saber todos los pormenores de la vida íntima de la persona y luego hacerse de la vista gorda, dejar sin efecto. Es gravísimo”, dice el abogado José Castillo Alva. 

Castillo, vale recordar, es considerado por el fiscal Jesús Fernández como el cerebro de la red tejida en la corte del Callao para favorecer a los “hermanitos”. 

El retroceso del fiscal Fernández puede provocar una avalancha de quejas de las personas rastreadas, según una fuente relacionada al caso Cuellos Blancos. Y es que la resolución que autoriza el rastreo, emitida en el 2019, no da argumentos, lo que pone a Fernández en la mira de sus investigados, de acuerdo al especialista consultado. “El rastreo tiene que tener una justificación y los afectados pueden exigir al fiscal y al juez que expliquen la razón por la que sus teléfonos fueron rastreados. Es evidente que han pedido dejar sin efecto para no notificar a las partes, para que no se enteren”, dice la fuente. 

“El rastreo no se ha hecho con la intención de espiar a nadie, sino de obtener información relevante para la investigación. No hay ningún delito que el fiscal haya generado, pero sí podría existir una infracción administrativa que podría generar una sanción contra el fiscal. Él está reconociendo que ha actuado negligentemente en sus funciones. Podría tener un llamado de atención”, dice, por su parte, la abogada penalista Romy Chang. 

La bronca entre las partes anuncia una tormenta judicial en la recta final de la investigación y con miras al inicio del juicio de este emblemático proceso. 

*Fotoportada: Darlen Leonardo

Tags:

Cuellos Blancos, Jesús Fernández, Rastreo

Apenas sienten el sonido del motor, niños y adultos abren las polvorientas puertas de sus casas con una sonrisa y balde en mano. Hay un ambiente de carnaval, pero es todo lo contrario. Acaba de llegar un camión cisterna que recorre por primera vez la trocha carrozable hacia Shalom Maná, el centro poblado que alberga a 40 familias y que llevan más de una semana sobreviviendo a la escasez de agua potable en las alturas de San Juan de Lurigancho. Una de las vecinas ha tenido que ir en busca del vehículo que ha contratado Sedapal para proveer de agua a los vecinos del distrito más grande del país.

Shalom Maná está asentado sobre un terreno eriazo al que se llega pasando el penal Castro Castro, unos 20 minutos manejando cerro arriba. Las únicas veces que los vecinos han visto subir camiones ha sido para botar desmonte en un terreno que colinda con sus tierras.

Hace nueve años que llegaron a esta ladera inmigrantes provenientes de diferentes regiones del país. El agua, hasta hace una semana, era suministrada por un pilón, un caño público instalado en una comunidad aledaña que recibe agua de Sedapal. Cada jueves, desde la madrugada, los vecinos se turnaban para ir a recolectar el líquido en recipientes. Todo por una tarifa plana de S/25 soles mensuales, cuentan a Sudaca.

Pero desde el pasado 4 de enero, el pilón del que sacaban el agua está seco. Sedapal informó de un aniego de aguas servidas en el cruce de las avenidas Tusilagos y Próceres de la Independencia, a unos siete kilómetros de este pueblo joven. La rotura ocurrió debido a trabajos en su «Sistema Alterno de Emergencia». Hace más de dos años, sufrieron una situación similar, cuando otra tubería se rompió debido a las obras en la estación del Metro de Lima.

El incidente ha provocado que el distrito se quede sin servicio de agua potable. Y la oferta, que llega en camiones cisterna, no es suficiente para satisfacer la demanda. “Al inicio no estábamos tan preocupados porque teníamos algo almacenado, pero ahora he tenido que ir a hacer cola en la avenida Santa Rosa [uno de los puntos donde los camiones cisterna reparten agua a los vecinos del distrito]. Luego, regresamos para abastecer a los vecinos”, cuenta Ninan Gamonal, presidenta de la olla común de Shalom Maná.

Ninan Gamonal vive hace años en una zona que ni aparece en Google Maps (Foto: Giovani Alarcón).
Ninan Gamonal vive hace años en una zona que ni aparece en Google Maps (Foto: Giovani Alarcón).

Los ciudadanos de esta localidad se alimentan de esta olla, que usualmente reparte 150 platos de comida diarios. Con la escasez de agua, sin embargo, han tenido que disminuir las raciones. Gamonal cuenta que, para ahorrar agua, intentan cocinar menos arroz o, en la olla donde hacen tallarines, también ponen a hervir otros alimentos antes de cambiar el agua. Así evitan tener que lavar los utensilios tantas veces.  La crisis es tal que no podrán utilizar un centenar de sobres de caldo que les han donado en estos días. El lote está apunto de caducar.

Los problemas de salud tampoco son ajenos. Al menos dos niños han tenido infecciones que los vecinos relacionan a la falta de agua. Las enfermedades se suman al drama del Covid-19. Esta semana, cuentan, uno de los moradores ha tenido que ser internado por un cuadro de insuficiencia respiratoria.

El último jueves, los dirigentes de este centro poblado tuvieron una reunión con funcionarios de Sedapal, pero las promesas cayeron en saco roto. La empresa estatal, que había asegurado que iba a restaurar el servicio de agua el pasado fin de semana, no cumplió. Ahora dicen que lo harán antes del miércoles.

Los primeros días sin agua fueron de desconcierto para los vecinos de San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado del país: tiene más de un millón de habitantes. Las autoridades locales llegaron a recibir denuncias de cisternas -contratadas por Sedapal- que no llegaban a las zonas de reparto y más bien aprovechaban para vender el agua en lugares donde se les pagara más. 

“Muchos vecinos se han estado quejando de que algunas cisternas no han estado llegando a los destinos o que no encontraban al contacto en la zona de reparto. Al parecer, en el camino, hacían lo que no debían”, comenta Nil Herquinio, regidor de la municipalidad. Las quejas, según Herquinio y los propios vecinos, acabaron cuando el Ejército empezó a supervisar el trabajo de los repartidores.

Parada frente a la puerta del local de la olla común, Ninan Gamonal recuerda sus primeros años en Shalom Maná, las primeras casas, la construcción de la trocha carrozable que hoy nos ha guiado hacia el lugar. La docente, que enseña tres veces a la semana a 15 niños, sueña con que las colinas frente a las cuales amanece algún día sean verdes. “Quiero que sean como Mangomarca, que está a la vuelta del cerro de enfrente”, apunta, señalando una pequeña planta que crece a mitad de una ladera.

A 20 minutos del penal Castro Castro, cerro arriba, está Shalom Maná (Foto: Giovani Alarcón).
A 20 minutos del penal Castro Castro, cerro arriba, está Shalom Maná (Foto: Giovani Alarcón).

***

En el cruce de las avenidas Próceres y Tusilagos, en la parte baja de San Juan de Lurigancho, funciona hace 30 años la pollería La Kasiña. Desde su segundo piso, Rosa Espinoza (60), la dueña, ha sido testigo de primera mano de los aniegos que han inundado la zona, tanto el del pasado 4 de setiembre, como el del 2019.

“Fue el sábado como a las dos de la tarde. Los vecinos indignados llamamos y llegaron rápido con los hidrojets [maquinaria para succionar las aguas] a la media hora. Incluso vino el alcalde, pero lo corrieron al toque. Es muy figureti. Los vecinos le empezaron a gritar, a insultar. No hace nada, ni aparece, no hay gestión”, dice decepcionada la mujer.

Vista desde el segundo piso de La Kasiña el día del aniego del sábado 4 de setiembre.
Vista desde el segundo piso de La Kasiña el día del aniego del sábado 4 de setiembre.

Al día siguiente del último aniego, cerraron una de las vías de la avenida Tusilagos para que pueda ser ocupada por las cisternas. Al inicio, los vecinos se amontonaban para llenar sus baldes, pero conforme pasaron los días han encontrado otros puntos y han dejado la calle más libre.

La pollería de Rosa la pasó mal. Estuvieron tres días sin poder recolectar suficiente agua. Eso, sumado al tráfico generado por el cierre de la vía, generó que sus ventas cayeran hasta menos de la mitad de lo que suelen ganar. Su negocio está en una pequeña pendiente: gracias a eso, las aguas servidas no llegaron a tocar sus instalaciones.

En San Juan de Lurigancho no solo pululan pollerías, sino también los locales para lavar autos. Hay zonas en las que se pueden encontrar hasta tres car washes en una sola cuadra. Algunos se ubican frente a lugares donde, con el tráfico de los autos, se levantan polvaredas de manera frecuente.

César (58) es dueño de uno de estos negocios. Su local, La Merced CarWash, está frente al parque zonal Huiracocha. El llenado de un tanque -que le permite lavar hasta 100 carros- hoy le cuesta hasta S/70 diarios cuando antes del aniego costaba casi un tercio de aquel monto.

Con la escasez de agua, además, sus ganancias han disminuido considerablemente. Antes del incidente recibía hasta 70 autos diarios, hoy recibe menos de la mitad. Ha tenido que pedirle a tres de sus empleados que no vayan a trabajar hasta que regrese el agua.

«Sedapal no te llena nada, ¿y para qué uno se va a quejar si nunca aparecen? Ahora he tenido que subir la tarifa de S/8 a S/10 porque, con el pago del agua a las cisternas, ya no me alcanza», reniega César. A nuestro lado pasa un bus de transporte público a toda velocidad y levanta suficiente polvo para teñir de marrón su gorra negra. 

***

Los camiones cisterna suelen quedarse a mitad de camino en la Agrupación Familiar Super S-II, un poblado de cerca de 300 familias asentado sobre la ladera de un empinado cerro. Los motores no dan más y los que viven en la punta son los últimos en ser atendidos. Por lo tanto, reciben menos agua.

El camino para ingresar a este centro poblado también desemboca en otras 14 agrupaciones, todas las cuales dejaron de tener agua desde el sábado y hoy ruegan porque las cisternas puedan superar la pendiente del trayecto.

Zoraida Rivera (60) llegó a la falda de este cerro hace 20 años, desde su natal Huánuco. No sufre como el resto ya que la parte baja del cerro cuenta con un sistema de agua y desagüe, que lograron instalar el 2009. Pero no es un sistema estable.

“A veces nos llega en la noche o en la mañana, pero sí nos cobran en exceso. Yo pago hasta S/100 soles en ciertas ocasiones, aunque apenas somos cuatro personas. He reclamado a Sedapal, revisaron el medidor y me dijeron que no había problema”, dice la mujer, que en el último mes también ha visto la tarifa de luz por las nubes, cuando ni siquiera tiene un refrigerador o una plancha en casa. 

Zoraida Rivera es fundadora de uno de los pueblos en la falda de un cerro en SJL y vive el día a día vendiendo alfalfa(Foto: Giovani Alarcón).
Zoraida Rivera es fundadora de uno de los pueblos en la falda de un cerro en SJL y vive el día a día vendiendo alfalfa (Foto: Giovani Alarcón).

Desde el aniego, debe recurrir al camión cisterna. Si el vehículo no pasa, debe trasladarse a los puntos de reparto, lo que se traduce en pasajes de S/5 o S/6. “Como es subida, a veces nos dicen que no vienen hasta acá. Si subo sin carga [se refiere al agua], me cobran un sol, pero ahora eso es lo que cobran [los mototaxistas]. Tengo que reciclar mucho el agua”, cuenta. Hoy una cisterna sí ha llegado al lugar, pero se queda estancada cuando empieza a subir la colina, dejando un reguero de agua que se seca rápidamente sobre el arenal.

Fotoportada: Darlen Leonardo. Foto: Andina.

Tags:

aniego, San Juan de Lurigancho, sedapal

El presidente Pedro Castillo mantiene una línea abierta de comunicación con Ollanta Humala, de acuerdo a fuentes del entorno de ambos consultadas por Sudaca. En los últimos cuatro meses, el jefe de Estado se ha contactado con el líder nacionalista -al menos- en tres ocasiones, para pedirle consejos sobre cómo actuar en la segunda vuelta, cómo responder ante las acusaciones de fraude de la oposición y, en la última semana, para abordar soluciones al tema del gas en su primer mensaje a la Nación.

Las comunicaciones no se traducen aún en un pacto político, pero Humala -quien sacó solo 1,3% en la última elección y perdió la inscripción de su partido- ha mostrado públicamente su interés por apoyar a Castillo. “Hay que ayudarlo al presidente. El único en el gobierno que ha sido electo es él y hay que ayudarlo a que lo haga bien porque de eso depende nuestro futuro”, dijo en una entrevista en RPP el 19 de agosto.

El contacto entre Humala y Castillo empezó al inicio de la segunda vuelta, en abril pasado. En el entorno humalista cuentan que el exrondero fue el primero en coger el teléfono para pedirle consejos y que le detalle su experiencia en el balotaje contra Keiko Fujimori del 2011. 

La segunda llamada se produjo a finales de junio, en medio de las acusaciones de fraude de la oposición. “El señor Pedro Castillo llamó al expresidente Humala para que le aconseje cómo actuar en la segunda vuelta y también para saber qué opinaba de las acusaciones de fraude y que debía hacer ante ello. El expresidente Humala le pidió tener prudencia”, confirma una fuente que trabaja con el líder nacionalista.

La tercera comunicación se dio la semana pasada, de acuerdo a fuentes cercanas a ambos personajes. Castillo levantó el teléfono para pedirle a Humala su opinión sobre el alza indiscriminada del precio del balón de gas. Humala ofreció en campaña reincorporar el gas licuado de petróleo al Fondo de Estabilización de los Precios de Combustibles para frenar el encarecimiento del producto. Esta iniciativa fue asumida por el presidente en su último mensaje, con el precio del balón de gas por las nubes, pues supera en algunos casos los S/70.

Ollanta Humala realiza un mitin en el distrito de Colcamar, región Amazonas, en la última campaña electoral, en enero pasado. Foto: Partido Nacionalista.

Una posible alianza entre Castillo y Humala puede abrir grietas en la relación con dos pesos pesados que son aliados del gobierno: Vladimir Cerrón y Verónika Mendoza. Humala es resistido públicamente tanto por el líder de Perú Libre como por la excandidata presidencial. La izquierda lo ve como un traidor porque considera que el expresidente se alineó con los intereses de los grupos de poder en su gobierno. 

Humala ya ha asestado golpes mediáticos en esta pugna con la izquierda. El 4 de agosto pasado, en una entrevista con “Canal N”, dijo que los integrantes de la izquierda “podrían hablar diez horas, sin cansarse, de temas ideales y no son capaces de construir un puente”. “Esa gente ya está con el chip de la oposición”, añadió.

El 20 de agosto, Vladimir Cerrón mostró su animadversión al líder nacionalista en su cuenta de Twitter: “Expresidente Ollanta Humala al mencionar que Guido Bellido no es el premier ideal, está invitando indirectamente al Gobierno a su claudicante e histórica ‘hoja de ruta’”. Cerrón cuestionó así que, en las elecciones del 2011, Humala haya cambiado su plan de gobierno inicial, que también promovía una Asamblea Constituyente, por uno más moderado para ganarle en segunda vuelta a Keiko Fujimori.

Pero eso no parece importarle al actual presidente. Pedro Castillo quiere tejer una red de apoyo con otros líderes políticos, entre los que se encuentra Humala.

Edgar Tello, congresista de Perú Libre y brazo derecho del profesor, dice que Castillo ha anunciado en la interna el inicio de una ronda de conversaciones con líderes políticos. Castillo informó de esta iniciativa en la reunión que tuvo con integrantes de bancada oficialista el lunes 6 de septiembre por la noche. “Los están convocando para darle pluralidad al gobierno”, dice Tello.

El legislador puso como ejemplo la reunión que tuvo Castillo con el líder de Alianza Para el Progreso, César Acuña, y congresistas de esa agrupación, el 7 de septiembre pasado. Acuña, a diferencia de Humala, cuenta con una bancada que puede ser determinante para aprobar o echar por la borda las políticas de gobierno.

Ollanta Humala no quiso pronunciarse sobre las llamadas que reseñamos en esta crónica. Antes ha negado ser consejero o asesor del profesor cajamarquino cuando fue señalado como intermediario de la reunión entre Alonso Segura, exministro de Economía de su gobierno, y Castillo. El encuentro se dio en julio pasado, cuando aún no se habían repartido los cargos.

En cambio, Castillo ya ha estado ligado a la familia Humala en los últimos meses. En la campaña electoral ofreció indultar a Antauro Humala, preso por el Andahuaylazo. Los hermanos Antauro y Ollanta rompieron palitos en el 2011, cuando el primero lo acusó de traidor por cambiar de plan de gobierno entre la primera y segunda vuelta en la campaña electoral de aquel año. Los seguidores del líder etnocacerista resguardaban a Castillo en sus actividades proselitistas en medio del tumulto y el desorden. Ahora es el otro Humala el que se acerca al hombre del sombrero.

*Fotoportada: Darlen Leonardo

Tags:

Ollanta Humala, Pedro Castillo

La llegada del nuevo gobierno coincidió con un aumento inédito de los precios de los combustibles que ha llegado incluso a afectar la canasta básica familiar. Algunos no dudaron en responsabilizar directamente a Pedro Castillo del alza. Y aunque la incertidumbre política y la indecisión en materia económica juegan un papel, hay otros factores más determinantes como el precio internacional del petróleo y una reciente norma del Minem que fija la totalidad del GLP consumido en el país a precios de importación.

Empecemos por el fluctuante mercado internacional. El petróleo no la pasó bien el año pasado y hoy se recupera al alza con la “nueva normalidad”. Tras las primeras restricciones a las que nos llevó la pandemia, la demanda se redujo notoriamente. En abril del 2020 se reportó una caída histórica de 305% en el precio del barril de petróleo, de acuerdo al Intermediario del Oeste de Texas (WTI), uno de los referentes para la fijación de precios de este combustible. Y de acuerdo a BP, empresa británica que estudia el sector hidrocarburos, el consumo de energía primaria cayó 4.5% el 2020, su descenso más escandaloso desde 1945.

El dato no es menor. El petróleo es la fuente de energía más utilizada del planeta. También se emplea para elaborar desde plásticos hasta jabones y detergentes. De sus derivados, además, surgen el diésel que consumen los vehículos y el GLP de uso común en las cocinas de los peruanos. En otros casos, el GLP se produce a partir del gas natural. 

Hoy, ya sin tanto confinamiento y una demanda activa, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) –otro de los entes que influyen en el mercado petrolero– fija el valor de este hidrocarburo en $71.19 dólares el barril. Antes de la pandemia, en el 2019, su costo era de aproximadamente $66. A fines del año pasado alcanzaba los $49.

El cambio brusco de la oferta y demanda entre un año y otro es inaudito, según Aurelio Ochoa, ex presidente de Perupetro. “Se trata de una situación que no había ocurrido antes, donde factores como los precios del dólar y el valor del petróleo internacional han subido [por la demanda]”, explica.

Precisamente, según Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, el tipo de cambio del dólar –que se mantiene por encima de los S/4, en parte como consecuencia de la incertidumbre política– hace al caso peruano más especial. El Perú es un país importador de este insumo, lo que hace que necesitemos más soles para adquirir los dólares que nos permiten traerlo.

“La fluctuación del precio del petróleo internacional siempre ha existido. Ahora está fuera de control. En América Latina no somos los únicos que toman medidas. En Perú, el efecto es doble. Tenemos encima la depreciación del sol. Los países que no son fuertes son muy inestables cuando hay problemas políticos”, asegura. 

Este cóctel de factores internos y externos genera un efecto dominó sobre varios otros insumos, incluidos los que componen la canasta básica familiar. Al subir los combustibles, el precio del resto de productos suele aumentar porque cuesta más transportarlos. Eso se traslada al consumidor.

El yacimiento de Camisea. El lugar donde se produce el GLP del Perú. Foto: Andina.

“La subida del combustible, en el caso del transporte de carga con diésel, afecta nuestros costos operativos. O sea, todo lo que tengo que sumar para hacer un viaje, incluyendo peajes, el pago al chofer y la planilla. El combustible hoy bordea el 49%, casi la mitad de esos gastos totales”, explica Geovani Diez, presidente del Gremio de Transporte y Logística del Perú y América (GTL). El empresario no descarta subir sus precios: “Nosotros, pensando en el país y la pandemia, no hemos regulado nuestros precios, pero vamos a tener que hacerlo porque estamos trabajando en pérdida”. 

Esta misma estrategia la podrían aplicar otros agentes de movilidad como los taxistas. Finalmente, los que pagarán los platos rotos terminan siendo los consumidores finales, últimos en la cadena de producción, que ya empiezan ajustar los bolsillos cada fin de mes.

El pasado lunes, en una nueva actualización, el Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu) aseguró que productos como la gasolina de 90 disminuyeron solo 14 centavos: S/14.75 por galón en Petroperú y S/14,74 en Repsol. A inicios de año costaba S/10.44. Una tendencia similar ocurrió en otros derivados del petróleo como los gasoholes, a excepción del GLP que subió S/0,224 por kilo. 

Precisamente sobre el precio del GLP hay otro factor a considerar. El pasado 30 de diciembre, el Ministerio de Energía y Minas actualizó los mecanismos para determinar los precios de los combustibles, incluyendo al petróleo, diésel y GLP de Camisea. En la norma el ministerio “recomienda el uso de las equivalencias del mercado de la Costa del Golfo de Estados Unidos de Norteamérica, y en el caso del GLP, los marcadores del mercado de Mont Belvieu en Texas, Estados Unidos”. En cristiano, el precio de referencia lo marca esta ciudad norteamericana.

Aurelio Ochoa, expresidente de Perú Petro, lo explica de la siguiente manera: “Ese es el precio de referencia internacional para el GLP y otros combustibles en la Costa del Golfo. Es como la bolsa del GLP. Así, se simula que se trae [el GLP] desde allá hasta el Callao, pasando por el Canal de Panamá. Es el precio de Mont Belvieu más todo ese transporte, los seguros, el paso del Canal de Panamá hacia el Callao. Así se forma el precio de importación”. 

Lo novedoso no es que se fije el precio de acuerdo a mercados internacionales, sino que en esta ocasión no hay una diferenciación entre el precio de importación y el que provee para uso interno. La norma anterior, del 2011, sí hacía esa precisión, considerando que la producción nacional era mayor. Es decir, la actual normativa equipara el precio del GLP de Camisea al que viene del extranjero. 

“Nosotros consumimos 63,000 barriles diarios de GLP. De ese total, el 80% es nacional a través de Camisea, el único productor. Ese es el detalle: los peruanos estamos pagando un GLP como si se trajese desde la costa del Golfo, que solo representa un 20%, como si fuera el 100%”, asegura el geólogo.

Sin embargo, para Carlos Herrera, el gobierno de Sagasti se vio obligado a hacer este cambio, porque el Perú poco a poco se vuelve más importador que exportador de GLP. “Era reconocer una realidad económica. Hemos dejado de ser exportadores hace más o menos tres años, porque Camisea va declinando y la demanda crece enormemente. Si la demanda crece y la producción declina pasamos a ser importadores”, puntualiza el ingeniero.

El último reporte de la plataforma Facilito –que presenta las actualizaciones de los precios de los combustibles– del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) señala que el costo de un balón de gas de 10 kilos alcanza los S/65 en distritos limeños como Lince. En otras regiones del país bordea los S/70. 

La diferencia existe por el costo del transporte que, en algunas zonas, implica cruzar ríos o caminos poco accesibles. “En el caso de las provincias es por el valor de transporte. Alrededor de Camisea puede estar a 75 soles. En la selva se ha dicho que estaría por encima de 100 debido al transporte fluvial. Son casos particulares”, sostiene Aurelio Ochoa. 

 

El plan del lápiz

Como en otros temas urgentes, el nuevo gobierno se tomó un tiempo para presentar soluciones. A finales de agosto, el presidente Castillo anunció que habría “sorpresas” respecto a los precios del gas. No fue hasta el último lunes que por fin hubo novedades. 

Pedro Castillo refrendó un decreto supremo para reincorporar el GLP al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC). Se trata de un subsidio que busca evitar que el alza del petróleo y sus derivados afecte a los consumidores insertando dinero directamente del fisco.

Pero hay sospechas de que la medida fracasará. El GLP ya formó parte del fondo desde su creación en el 2004 hasta abril del año pasado cuando, a inicios de la pandemia, el Minem lo retiró. ¿La razón? Se había creado un mercado informal. Malos comerciantes adquirían el gas envasado al precio subsidiado, pero lo vendían a un precio mayor en una presentación a granel, generalmente a hoteles, restaurantes y grifos, distorsionando el mercado.

La medida tiene varios detractores, empezando por Osinergmin. A finales de agosto, Jaime Mendoza, presidente de la institución, sustentó frente a la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso que la restitución del producto al fondo no sería eficaz para reducir los precios del GLP y que además podría generar costos diarios de entre S/2 millones y S/4 millones.

Además, como respuesta a un pedido de información que solicitó Sudaca, el organismo asegura que, entre el 2016 y 2020, presentó más de 10 oficios al Minem evaluando la pertinencia de que el FEDC incluya al GLP.

“La voluntad del gobierno ha sido buscar soluciones, pero el FEDC no es la adecuada porque es una especie de subsidio ciego que no diferencia entre el que vive en San Isidro o Chumbivilcas. Eso es preocupante, porque la caja fiscal no tiene muchos recursos”, asegura Aurelio Ochoa, el expresidente de Perupetro.

A inicios de septiembre Héctor Plate, presidente de Opecu, ya había manifestado su rechazo a la inclusión del GLP al fondo. “La inclusión del GLP Envasado en el Fondo de Estabilización tuvo un costo fiscal sobre S/2.700 millones pagados a productores e importadores, así, sin ningún beneficio para los consumidores del balón de gas en el país en años, que además pagaron S/1.200 millones en exceso por este producto”, señaló el directivo en una comunicación oficial. 

Como solución, Osinergmin había recomendado al Minem la ampliación de la cobertura del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE). Este sistema de compensación brinda un subsidio de S/20 a las familias más vulnerables del país que se ven afectadas por la volatilidad del precio del GLP. Con la extensión, este último organismo proyectaba que 1,8 millones de hogares serían beneficiados. 

 

Las propuestas para el corto y largo plazo que Osinergmin ha sugerido al Minem para mejorar la situación del sector hidrocarburos del país.

Además, la institución también ha recomendado reemplazar el uso del GLP con energía eléctrica sostenible, ya que este recurso sería más económico con un potencial de ahorro del 50% comparado al costo actual del balón de gas.

Esta propuesta forma parte de un paquete de alternativas que Osinergmin ha ofrecido al Minem para el corto y mediano plazo en gobiernos anteriores. Pero Castillo no ha escuchado por el momento. Lo concreto es que las soluciones son esperadas por el consumidor en el corto plazo. Veremos si la “sorpresa” alivia sus bolsillos.

 

**Fotoportada: Darlen Leonardo

Tags:

Camisea, Combustibles, Pedro Castillo, Petróleo

La Derrama Magisterial es el siguiente objetivo de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), gremio fundado por Pedro Castillo. La institución previsional, que tiene cerca de 300.000 docentes afiliados, es un jugoso botín para este nuevo sindicato, que logró inscribirse oficialmente recién bajo el mandato del actual presidente. En concreto, tras menos de 72 horas de haber asumido Palacio.

Hoy la Derrama Magisterial (DM) está bajo el control del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), gremio vinculado al Partido Comunista del Perú-Patria Roja. El Sutep, como es de esperar, no dejará que le arrebaten tan fácilmente la gallina de los huevos de oro.

De acuerdo a sus Estados Financieros, hasta enero de 2020 la Derrama tenía activos por un valor de S/2.650 millones. Además de ofrecer créditos a sus afiliados, la institución ha invertido el dinero de los profesores -entre otros- en proyectos de vivienda y hoteles tres estrellas en Arequipa, Asia, Ayacucho, Cusco, Moquegua, Ica, Nasca, Tacna y Tarapoto. También tiene una unidad de venta de retail online llamada DM Plaza y la más reciente joya de la corona: Librerías Crisol.

Esta última fue adquirida en 2016. Para esa fecha, el valor de la librería se estimaba hasta en S/36 millones, sin contar la deuda financiera. Su participación en el mercado, con una treintena de tiendas, era de más del 50% del canal moderno.

El manejo de todo ese imperio está ahora en juego. El movimiento magisterial que fundó Castillo, y que tiene irrefutables vínculos con el Movadef, cuenta con aproximadamente 50.000 afiliados y está en una activa campaña, en el sur y el norte del país, para captar más. Sudaca pudo conocer que al interior de la Fenatep hay dos vertientes sobre qué hacer con dicha entidad si llegan a tomarla. La primera es “democratizar” la participación de otros sindicatos en el directorio. La segunda: cerrar la institución y liquidar sus activos. Esta última responde a las voces más radicales de la agrupación.

Partidario de la primera opción es el actual congresista Édgar Tello, quien a fines del mes pasado ya solicitó al Ministerio de Educación un informe sobre la situación económica de la DM, aunque no ha tenido respuesta por el momento. “En el estatuto que el Minedu ha aprobado para la Derrama existe una condición para ser miembros del directorio y esta es ser afiliado al Sutep, lo que vulnera el derecho de la libertad sindical y de libre asociación”, se queja el parlamentario, consultado para este informe. 

El estatuto de la DM señala que el directorio está conformado por cuatro representantes del Sutep, uno del sindicato de profesores de educación superior y un representante del Ministerio de Educación. No se permiten cambios a menos que sean propuestos por el directorio y aprobados por la cartera ministerial.

Otra vía podría estar en el Congreso, donde la Fenatep es parte de la bancada de Perú Libre. En los dos últimos años se han presentado 14 proyectos de ley sobre la Derrama, a través de parlamentarios de distintas bancadas. Entre ellas, Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Acción Popular, Unión por el Perú o Frepap. Algunos de los proyectos buscaban, por ejemplo, que se incorporen representantes regionales en el directorio, que se autorice el retiro de fondos y la desafiliación o que se modifique el estatuto mismo de la entidad. Ninguna de estas iniciativas vio la luz en El Peruano.

“La ley es muy clara en el sentido de que quien representa a los trabajadores es el sindicato mayoritario. Y el sindicato mayoritario, para todo efecto, es el Sutep. A no ser que cambien la legislación y adecúen todo a los intereses del Fenatep. Entonces ya sería un actuar mucho más descarado”, dijo hace unas semanas Lucio Castro, secretario general del Sutep, a Sudaca. El dirigente asegura tener más de 200.000 afiliados en su gremio.

Sudaca buscó la version de la DM, pero no obtuvo respuesta. Castro, en tanto, sí cuestionó la cercanía del Fenatep con el Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso, y apuntó: “El deseo de ellos ha sido inscribir su sindicato, lo han logrado aprovechándose del poder que ahora tienen. Lo que ellos quieren seguramente es meter la mano en el dinero de los maestros. Eso los afiliados no lo vamos a permitir”.

Lo cierto es que otro sector de la Fenatep que no tiene intenciones de conformar el directorio, sino que quiere liquidar los activos para repartir los recursos entre los docentes. Luego se crearía una nueva entidad. “Nuestro planteamiento es que la Derrama sea intervenida y que se produzca una auditoría, porque no está funcionando a favor del maestro. Además, que se produzca la liquidación y la devolución de los aportes, tanto personales como de capital que existen ahí”, dice Segundo Vásquez, secretario general del nuevo gremio, a Sudaca.

Consultado sobre qué se haría con la previsión social de los docentes, Vásquez indica que eso se verá luego del cierre, en “los eventos realizados en cada base distrital y provincial para ir proponiendo contenido, estructura y estatuto de la nueva entidad de previsión”.

Vásquez no desaprovecha la oportunidad para arremeter contra la actual gestión de la DM. Dice, por ejemplo, que los créditos no son competitivos en comparación con otras entidades bancarias. El directorio -cuyo mandato acaba este año- lo preside Luis Espinoza Tarazona, quien figura como militante de Juntos por el Perú desde 2017 y es afiliado al Sutep.

La influencia del Fenatep sobre el presidente Castillo puede jugar un rol decisivo en la toma de la Derrama Magisterial. Sin embargo, el ministro de Educación, Juan Cadillo, es hasta ahora un muro de contención. “Con nosotros se hace el difícil para conversar. Con Patria Roja sí para coordinando”, dice Segundo Vásquez. Veremos hasta dónde resiste las presiones.

Tags:

derrama magisterial, fenatep, Minedu, Sutep
Página 20 de 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
x