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“Es como si tuvieras una pareja y te dijera: ‘no voy a terminar contigo hasta que me devuelvas todas mis cosas o hasta que me pidas perdón’. ¡Es un absurdo!”. Así describe Andrés Calderón lo que considera que fue una relación tóxica con la Tarjeta Oh!, el producto estrella de la financiera que lleva el mismo nombre, uno de los tentáculos del grupo Intercorp. Anular su tarjeta le costó poco más de 30 meses de sufrimiento innecesario, que acabaron hace apenas unos días. 

El vínculo del abogado con Oh! comenzó a inicios del 2018 y terminó el lunes de la semana pasada. Como muchos otros usuarios, se dejó seducir por las jugosas promociones que ofrecía la tarjeta en establecimientos como Plaza Vea, Oeschle, Promart, etc. Todos propiedad del conglomerado que dirige Carlos Rodríguez-Pastor. Los problemas de Calderón comenzaron hacia mediados de su primer año como cliente de Oh!.

 

“Aparentemente había hecho una compra por S/159,20 soles, pero según la Financiera Oh! la había pedido a 24 cuotas. Casi S/160 en 24 cuotas. ¿Quién puede ser tan ilógico para partir en tantas cuotas algo que saldría menos de S/10 por mes?”, pregunta Calderón. 

El abogado asegura que esa compra la hizo a una sola cuota, como suele hacer con sus tarjetas de crédito, justamente para evitar inconvenientes (y también los intereses). Y así lo hizo saber en su reclamo, donde también pidió cancelar su relación con Oh!. Lo que no esperaba era la escueta respuesta de la financiera.

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La escueta respuesta que la Financiera Oh! le dio a Calderón.

El 17 de octubre del 2018, la empresa le contestó “que los cobros son correctos de acuerdo a los pagos y consumos realizados, lamentablemente la devolución no ha sido aprobada”. Esto indignó a Calderón. “Es una respuesta de un párrafo. No me muestran el voucher de compra donde aparezca que yo había firmado por 24 meses y ni siquiera me dicen algo sobre que no me dejaban cancelar la tarjeta”, reclama el abogado. 

Luego de eso, Calderón no usó más su tarjeta de crédito. En el medio, visitó en reiteradas oportunidades Oechsle de Real Plaza Salaverry para anularla. La respuesta siempre era la misma: primero cancele su deuda, luego vuelva en 48 horas si aún quiere deshacerse de ella. Calderón tuvo que pagar las cuotas. 

Pero el año pasado, a inicios de la pandemia, le notificaron que tenía otro pendiente, esta vez por la membresía. Ofuscado, Calderón volvió a pedir que cancelen su tarjeta. Nuevamente le dieron la misma orden: cancele y vuelva a intentarlo en dos días. Hace una semana le volvieron a cobrar. 

“Fui a pagar la cuota de membresía el viernes de la semana pasada. Este ha sido el tercer intento en tres años para cancelar mi tarjeta. Ahora felizmente ya admiten hacerlo por teléfono”, dice el abogado, harto de visitar Real Plaza Salaverry para sus gestiones. 

Recién este último lunes 12 de julio recibió el correo que tanto esperaba: la Financiera Oh! le comunicaba que su relación -al fin- había terminado. Pero su calvario es muy parecido a otros que pudo recopilar Sudaca. Según el abogado, en todos ellos aplican lo que se conoce en derecho del consumidor como métodos comerciales coercitivos.

“La voluntad del cliente es doblegada. Esto se puede hacer para forzarte a contratar algo que no querías o mantener una relación que no quieres tener. Por eso hacía alusión a una relación tóxica. Si una persona quiere cancelar un servicio, debería poder hacerlo de manera inmediata”, afirma.

“Lo más evidente en este caso es que te den un plazo. 48 horas después de que has hecho la primera gestión del pago de la deuda, recién vas a poder cancelar [tu tarjeta]. Eso no tiene ningún soporte legal”, agrega Calderón, amparándose en el artículo 56 del Código de Protección y Defensa del Consumidor de Indecopi. Pero parece que estas técnicas están tan normalizadas en el sistema financiero que pasan por agua tibia. 

 

Un calvario por “20 centavos” 

“La historia es tan surreal que todavía la recuerdo”, comenta Álvaro Ledgard, periodista financiero de 31 años. En mayo del 2017 sacó su Tarjeta Oh! para adquirir unas zapatillas en Oechsle del Parque Kennedy. Él no lo sabía en ese momento, pero tendría que volver a esa tienda para reclamar por algo que ahora le parece broma: no le dejaron cerrar su cuenta por una deuda estrafalaria de apenas 20 céntimos.

El problema empezó cuando, a mediados del 2018, le cobraron la comisión de mantenimiento de la tarjeta. “Yo no entendí por qué. Revisé mis estados de cuenta y sí había hecho un consumo todos los meses, pero igual me cobraban esa comisión», asegura Ledgard. 

Cuando se asoció a Oh!, al experiodista de Semana Económica le habían garantizado que podía librarse del mantenimiento si compraba todos los meses, lo que lo incentivaba a visitar Oeschle con regularidad. De hecho, llegó a comprar un televisor por el que debía S/2.000 al momento en que le cobraron indebidamente la comisión.

Ledgard envió un correo quejándose y lo pasearon como a Calderón. Le dijeron que debía reclamar en tienda. Volvió al Parque Kennedy solo para llenar el formulario. Ahí el empleado que lo atendió corroboró que había consumido todos los meses. “Me dijo ‘tu reclamo debería proceder, incluso has hecho un par de compras grandes. No hay ningún motivo para que te cobren esta comisión”, afirma el periodista. Pero la relación tóxica con la financiera de Intercorp no se corta así nomás. 

Financiera Oh! tenía un mes para responder. El 3 de julio del 2018 contestaron que “lamentablemente no es posible realizar el extorno, ya que el cobro se realizó de manera correcta al encontrarse tu tarjeta activa en el mes de cargo”. En cristiano que, como su cuenta estaba habilitada, podían cobrarle lo que les pareciera conveniente.

RespuestaOh!Ledgard
La respuesta de Financiera Oh! a Ledgard. En sencillo le dijeron que le cobraron porque su «tarjeta estaba activa».

Molesto, imprimió ese correo y volvió al Kennedy a reclamar otra vez. Le dijeron que nada se podía hacer, porque el reclamo ya había sido resuelto. Pidió cancelar su tarjeta, pero le explicaron que primero debía pagar la ‘tele’ y llamar por teléfono al día siguiente. Sólo así podía desvincularse de Oh!

Aunque estaba fastidiado, Ledgard hizo caso. Sacó los S/2.000 y esperó 24 horas para cancelar sus pendientes. Le reiteró al empleado que lo atendió que, por favor, verificara si con eso ya podía anular su tarjeta. Solo cuando se lo garantizaron regresó a su casa.

Pero cuando llamó al día siguiente para cancelarla, asegura que le dijeron: «lo siento, pero acá figura una deuda de 20 centavos». No lo podía creer. El empleado le explicó que esa ínfima cantidad era un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) generado por la transferencia de S/2.000 para pagar su ‘tele’ el día anterior. 

«Ese es el truco. Yo le insistí múltiples veces al empleado que yo pagaba mi deuda con la intención de anular mi tarjeta. Él sabía que ese era mi propósito y probablemente también que se iba a generar un ITF, pero no me lo dijo. Me lo ocultaron», afirma el periodista. 

Aún así, Ledgard dice que se acercó al día siguiente con su moneda de 20 céntimos y, aliviado, por fin pudo terminar con Oh!. Pero la experiencia lo marcó. “Me trataron de ignorante cuando intenté cerrar la cuenta con esa deuda. Y no fue hasta el final que trataron de voltear la situación, pero ya era demasiado tarde», explica. 

 

Protegida sin saberlo

Ledgard no es el único cliente de la financiera que fue sorprendido por omisiones clamorosas de información. A Káterin Infante no le cobraron una deuda irrisoria, pero sí le hicieron pagar un seguro que nunca aceptó. La psicóloga de 31 años se asoció a Oh! en marzo del 2017. 

Todo estuvo bien hasta mayo de ese año cuando, al recibir su estado de cuenta, se enteró que, además de su consumo mensual, tenía que pagar un seguro de protección. Ella había aceptado el servicio -asegura- porque el empleado que le ofreció la tarjeta en Plaza Vea de La Rambla descartó que haría pagos adicionales. “Por simpatía accedí, pensando que era como las tres tarjetas que hasta ese momento tenía. Dije ‘una más no hay problema’”, explica. 

Con la noticia, Infante fue al Real Plaza Salaverry para cancelar el servicio. Como a Calderón y Ledgard, le dijeron que debía cancelar su deuda primero y volver 24 horas después. Esto incluía pagar S/25,08 por su consumo del mes, pero también asumir el costo de S/59,90 del “Interseguro” que no pidió. En total: S/84,90. 

“Me hizo pasar un mal momento. Unos pueden decir que S/84 no es para tanto, pero para otros si lo puede ser. La indignación fue porque me mintieron. Cuando le pregunté a la persona que me ofreció la tarjeta si había algún pago adicional me dijo que no”, recalca Infante.

Infante pagó y solo así pudo desafiliarse de Oh!. Lo anecdótico es que tres meses después de cerrar su cuenta, en agosto de aquel 2017, le llegó al buzón el seguro que nunca aceptó. “En agosto fui nuevamente extrañada [por] ese correo, pero me dijeron que mi cuenta estaba anulada y que tampoco sabían por qué me llegó eso”, explica la psicóloga.

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Los correos de Oh! a Infante. El «aviso» del seguro llegó 3 meses después que ella se desvinculó de la financiera.

La pandemia no fue pretexto para mejorar sus mecanismos de atención al cliente. Como señala un informe previo de Sudaca, la Financiera Oh! lidera el ranking de sanciones en Indecopi de todos los sectores para el periodo 2017-2021. Solo desde el inicio de la pandemia hasta mayo de este año eran 431 sus sanciones firmes. ¡Hoy la cifra ha subido a 540! Los testimonios aquí recogidos explican por qué el número sigue creciendo. 

Para el abogado Andrés Calderón, en todos ellos existe un patrón similar. “Hay una estrategia detrás que es super maliciosa. Se demoran y juegan a que la persona se olvide o se canse para que no pueda cancelar la tarjeta. No te dejan hacerlo en una sola acción”.

Sudaca solicitó descargos a la Financiera Oh! a través del área de prensa del grupo Intercorp. Nos aseguraron que nos confirmarían su participación. Sin embargo, al cierre de esta edición, nos dejaron en visto.

 

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A fines del 2020, DHL Express fue elegida como el segundo mejor lugar para trabajar a nivel mundial. La empresa incluso se jactó de que en el Perú no paró operaciones, además de mantener a su personal y no recortar sus salarios. Pero hace dos semanas explotó un caso de maltrato laboral que desencadenó en una serie de denuncias por despidos disfrazados de “mutuo disenso”. Sudaca pudo recoger varios de estos testimonios.

 

El pasado 16 de julio, Scarlett Loyola, hija del ahora extrabajador Luis Loyola, denunció públicamente que su padre había sido retenido en las oficinas de DHL y que fue obligado a renunciar. Luis tenía cerca de 10 años trabajando como mensajero en DHL y, desde que empezó la pandemia, le habían asignado tareas que podía cumplir en su casa. Es, además, una persona que padece hipertensión arterial.

Según el relato, el señor Loyola se encontraba con descanso médico por un infarto ocular del que fue dado de alta a inicios de este mes. El pasado 14 de julio fue citado a las oficinas de la empresa con la excusa de una capacitación.

El martes entregó su alta y lo llamaron para que vaya el miércoles 14/7 a la oficina en el Callao a una capacitación. Mi papá fue y lo llevaron a un cuarto con el jefe y la gerente de operaciones, Mireya Martin. Le dijeron que debía firmar su renuncia por mutuo acuerdo. Pero él nunca firmó suspensión perfecta de labores y encima tenía descanso médico. Mi papá dijo que no firmaría y no lo dejaban salir”, se lee en la publicación de su hija.

Contactada por Sudaca, Scarlett Loyola se ratifica y cuenta que ella estuvo en comunicación con su padre por el celular durante este penoso episodio.  Asegura, incluso, que le escuchó decir que se sentía mal de la presión, pero el personal de DHL apenas atinó a que una agente de seguridad le tome el pulso. Según la hija del trabajador, a pesar de la urgencia, no lo dejaron salir de la oficina. Hasta que, finalmente, firmó el documento.

La mujer, que hoy sufre injustificadamente una serie de insultos en Twitter por destapar este hecho (aunque también muestras de apoyo), asegura que, cuando llegó a ayudar a su padre, el director de Recursos Humanos, Mauricio Martínez, la maltrató y le negó la opción de grabar una conversación que mantuvieron afuera de la empresa, en la vía pública. Según ella, le dijo que la denunciaría si hacía lo contrario. Mauricio Martinez  ha desactivado su perfil de LinkedIn.

Cuando Scarlett pidió explicaciones del despido disfrazado de “mutuo acuerdo”, Matínez habría puesto como excusa que su padre, a pesar de estar contagiado de Covid-19, se fue a almorzar con un trabajador de la empresa y, por lo tanto, lo había puesto en peligro. Lo que le llamó la atención es que su padre había estado infectado desde fines de febrero hasta el 7 de marzo pasado, en que lo dieron de alta. La supuesta comida ocurrió en mayo, asegura: dos meses antes de su despido.

“Se puso déspota y me dijo que si quería que denunciase en las redes, en Sunafil, donde sea, pero que tenían la firma de mi papá y eso los iba a avalar, dijo que tenían un staff de buenos abogados”, afirma Scarlett Loyola.

Horas después de que el caso de Loyola saliera a la luz, la empresa publicó un comunicado. En este decía que no iban a discutir casos individuales de excolaboradores por consideraciones legales y de privacidad, pero que rechazaban rotundamente cualquier acusación relacionada a algún maltrato o violación de derechos. 

Además, apuntaron: «Para aquellos considerados como grupo vulnerable, pero cuyos trabajos requieren operaciones en centros de servicio, también hemos hecho arreglos para que puedan quedarse en casa sin afectar sus ingresos ni su situación laboral». No todos opinan lo mismo, como veremos a continuación. 

Más pretextos

Jair Yataco sufre de dislipidemia, una concentración elevada de lípidos (colesterol, triglicéridos), y también de hipertensión arterial. Según Bryan Medina, médico del hospital Rebagliati, estas condiciones, en el contexto de pandemia, hacen que sea población vulnerable. 

Yataco asegura que la empresa conoce de su condición. A pesar de eso, señala que él siguió operando en la calle hasta poco tiempo antes de ser despedido, cuando se le dijo que haga trabajo remoto.

El pasado 15 de julio, sin embargo, tras 15 años trabajando como mensajero en la empresa, fue llamado a una “capacitación” por uno de los líderes de su área. Ahí le dijeron, para su desagradable sorpresa, que debía firmar un mutuo disenso. Según su relato, si no aceptaba, la empresa utilizaría como excusa un incidente que había ocurrido el 20 de noviembre del 2019, por el cual se le retuvo su brevete.

“Sabía que me iban a agarrar por eso, porque otros amigos ya estaban hablando de despidos, pero es algo que yo había comunicado en su momento. Me dijeron que si no firmaba, sólo me iba a ir con la CTS, en plena pandemia. Tácitamente estaba obligado a firmar”, recuerda.

Otro caso similar es el de Yanira Hermoza (28), quien había dedicado siete años en el área de Aduanas y fue retirada hacia fines de 2020. Según su testimonio, fue convocada de un momento a otro a la compañía tras un descanso médico y fue llevada a una oficina en el área de recursos humanos, supuestamente, para comunicarle que querían cambiar sus funciones.

Una vez ahí, le dijeron que ahora buscaban a gente de otro nivel y que no cumplía con las expectativas de la empresa. “Yo tenía hasta felicitaciones de DHL y había estado siete años. Me tenían a veces trabajando sábados o domingos y jamás me pagaron horas extras. Eran conscientes que era mamá soltera, pero igual me hicieron sentir muy mal y lloré. Me pareció raro que me dijeran que firme lo de mutuo disenso, pero para no pelearme, terminé firmando”, narra.

“Firmé por ignorancia, me dijeron que era la mejor opción para ambas partes, para que puedan dar buenas referencias mías. Llegué a casa y me dijeron que debí negociar de otra forma. Luego caí en cuenta de que, primero me dijeron que me sacaban por ser mala en el trabajo y luego me decían que me recomendarían en otro. Después de tanto esfuerzo, te dicen ‘chau’. Fueron injustos conmigo”, se lamenta.

María, nombre ficticio de una extrabajadora de casi 10 años, aún tiene una materia pendiente con la empresa y por ello pide anonimato. Ella también fue convocada para ver “un tema laboral” a inicios de enero de este año -según dice, para conocer cómo iba a ser el plan de trabajo-. Al llegar, estaba su jefa y la directora del área, con un sobre manila. Ella sabía, o algo le decía, de qué se trataba: el mutuo disenso.

“Sabía que no había ido a trabajar. Me dijeron que intentaron colocarme en otro lado pero que no se pudo, que estaban desvinculando a varios empleados y que necesitaban otro tipo de profesional para el puesto que dejaba. Incluso, me dijeron que me habían armado un pack que me convenía firmar [se refiere a una ‘buena’ liquidación]”, cuenta.

María cuenta que se contactó con su abogado y este le dijo que podía pelearla, pero que iba a demorar. Entonces pidió que la dejen sola y, al rato -dice- vinieron con una propuesta de liquidación mayor.

“Me advirtieron que tenía 10 minutos y que el director de Recursos Humanos, Mauricio Martínez, decía que pasado ese tiempo, la oferta vencía. Me estaban presionando y respondí que necesitaba pensar en mi futuro. Estamos en pandemia y tengo una hija. Ni siquiera había tenido una sola amonestación en mi carrera. Luego me dijeron que si íbamos por el lado legal, iba a salir mal de la empresa y que, si renunciaba, iba a salir por la puerta grande”, afirma. Asegura que el jefe de Recursos Humanos también se jactó de contar con un staff muy fuerte de abogados.

Y luego añade: “Al final de la tarde, me enteré que hicieron una reunión y que dijeron que me habían sacado por mi desempeño, que me habían avisado incluso, pero es totalmente falso. En las evaluaciones tenía una puntuación de cuatro, donde cinco es lo máximo y el promedio era tres. Fue un golpe muy duro, lo peor fue cómo dejaron mi imagen”, señala.

Guillermo Boza, abogado laboralista y profesor principal de Derecho en la PUCP, señala que estos casos son comunes y muchas veces se convoca a un trabajador y se le presenta un documento de manera sorpresiva donde se le dice que si no firma, no se le pagan sus beneficios.

“Cuando alguien cuestiona o judicializa estos casos, va a tener que acreditar los hechos que alega, como el que haya sido coaccionado. Hay jurisprudencia, como un caso de Telefónica, que con los hechos se demostró que una persona fue encerrada en una oficina negándose a firmar. Fue una suerte de secuestro temporal. Se acreditó y se declaró nulo el acto de mutuo disenso”, explica.

Sudaca envió un cuestionario sobre estos casos a DHL, que se limitó a señalar que los despidos «se derivan de razones netamente relacionadas a temas de desempeño y cumplimiento de nuestro código de conducta interno, siempre en el marco de la ley».

Mientras tanto, este medio conoció que para el caso de Loyola, Sunafil sostendrá en los próximos días una diligencia donde participará el afectado y DHL. De acuerdo a la entidad fiscalizadora, desde el 16 de marzo, DHL registra seis denuncias virtuales, de las cuales dos son por despidos arbitrarios. Además, desde que empezó la pandemia, se han impuesto 62 multas contra 55 empresas por este tipo de abuso. Este es un caso más de una empresa que dice se ampara en la ley, pero cuyos trabajadores apuntan lo contrario.

 

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Rey con Barba y mentiras

Una de las primeras arremetidas de Willax contra las vacunas -contra todas ellas- ocurrió en noviembre pasado, cuando Rosa María Apaza, abogada y presidenta de la dudosa Organización Médica Peruana de Investigación (OMPEI), dijo en el programa ‘Rey con Barba’ ¡que las vacunas contra el Covid-19 convertirían a las personas en celulares!

 

No necesitamos ser médicos. El solo hecho de pensar que nos van a inocular genes nuevos… eso no es vacunación. La vacunación no es insertarte nuevos genes. La consecuencia [de esta vacuna] es infertilidad. Las de Pfizer vienen con ARN mensajero, que nos van a introducir nanotecnología, nanopartículas. Es decir, aquí lo que quieren [es] convertir a los humanos en celulares, quieren que sean controlados a través de un pequeño chip”, dijo una delirante Apaza. Los conductores apenas amagaron con contradecirla. Pero Apaza continuó con su exposición. 

Un mes después, en el mismo programa, invitaron a un caserito de la casa: el veterinario Manolo Fernández, dueño de Farvet. Fernández presentó un cuadro donde comparaba la vacuna y la ivermectina, un antiparasitario al que, sin ningún sustento científico, se le atribuye el poder de combatir y prevenir el Covid-19. ¿El ganador de ese supuesto versus presentado por Fernández? La ivermectina. ¿La fuente de dónde se sacó la información? Ninguna.

El Colegio Médico, ni corto ni perezoso, se apuró en hacerle el pare a ‘Rey con Barba’ y a Fernández: “El Colegio Médico del Perú alerta a la comunidad sobre la falsedad de este tipo de comparaciones e información carente de evidencia científica. ¡No se dejen engañar, luchemos juntos contra la infodemia! ¡La desinformación también mata!”, publicó en su página de Facebook. Como si nada hubiera pasado, Rey y Barba siguen haciendo de periodistas todas las semanas. 

 

 

Butters y las fake news

Pero si queremos hablar de disparates, ahí está Phillip Butters. En enero de este año, en su programa ‘Combutters’, presentó la carta de una supuesta empresa llamada KPC Biotech que le ofrecía al Minsa 55 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca a precio de infarto. Eso sí, si quería acceder a la oferta, el Estado tenía que apurarse y confirmar rápido.

Pero la carta nunca obtuvo respuesta por parte del gobierno. Indignado, Butters le exigía al Estado que compre las vacunas ya mismo. Por supuesto, se trató de una puesta en escena del experiodista deportivo.

La denuncia que hizo Butters se propagó rápidamente y, en menos tiempo de lo que le tomó a Willax difundir mentiras, varios usuarios de Twitter descubrieron que la empresa que ofrecía las vacunas existía recién desde septiembre, es decir, solo cuatro meses antes de enviada la carta. Y para colmo: ni siquiera tenía una página web.

Pero el roche fue mayor cuando el Minsa dijo que la propia AstraZeneca les había informado que no vendía vacunas a través de intermediarios y que “solo tiene compromisos con los gobiernos de los países y organizaciones de salud internacionales”.

Entonces, ¿de dónde KPC Biotech sacó 55 millones de vacunas?, ¿Butters se planteó esa pregunta o fue parte de un intento de estafa?

Aunque también es muy proclive a las mentiras, Martín Vizcarra fue una de las víctimas de este programa. Phillip Butters soltó el rumor de que estaba internado en una clínica porque, supuestamente, se había contagiado de Covid.

La desmentida no se hizo esperar y, al día siguiente, el propio Vizcarra apareció en los medios rechazando tales afirmaciones.

“Parece que el efecto del distanciamiento ya generó alguna información falsa, hasta ya nos habían enfermado, que estábamos internados en una clínica (…) Debemos tratar de dejar de lado este tipo de información. Nosotros decíamos que si algo afecta más a la población, es este tipo de información falsa (…) este tipo de información falsa [su supuesto contagio] se aclara rápido, pero hay otro tipo de informaciones que a veces demora en aclarar y genera en la población ideas erróneas”, dijo Vizcarra.

 

 

Ve tú a saber si es verdad

El caso más delicado fue protagonizado por Beto Ortiz, cuando en marzo pasado compartió los resultados preliminares de un estudio de la Universidad Cayetano Heredia que supuestamente revelaban que la eficacia de la vacuna Sinopharm era ínfima y que, por este motivo, inocularse con esta era “prácticamente como inyectarse agua destilada”.

Así lo dijeron el conductor del programa y también Ernesto Bustamante, biólogo molecular de profesión. Invitado por Ortiz, este último señaló: «la vacuna produce más Covid-19 que el placebo”.

La metida de pata fue tan grande, que el Minsa tuvo que emitir un comunicado para evitar crear confusión y desconfianza en la población. En él se aseguraba, con evidencia científica de otros países, que la vacuna china tenía un 79.34%.

Entre las aclaraciones del Minsa y las réplicas del programa, la OMS finalmente aprobó el uso de emergencia de la vacuna de Sinopharm y las declaraciones de Bustamante y Ortiz cayeron en saco roto. En mayo pasado, el organismo internacional le dio el visto bueno basado en un estudio del Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre inmunización de este organismo. 

 

“Sobre la base de toda la evidencia disponible, la OMS recomienda la vacuna para los adultos de 18 años o más, en dos dosis espaciadas entre tres y cuatro semanas. Se estimó que la eficacia de la vacuna para evitar cuadros sintomáticos y hospitalizaciones era del 79% (para todos los grupos de edad)”, afirma en el comunicado.

Para Juan More Bayona, experto en inmunología comparada, solo existen dos posibilidades respecto a las constantes mentiras de Bustamante. “O desconoce enormemente las terminologías del informe y no entiende lo que lee o tiene un propósito perverso de desinformar a la población”, dijo en el medio Salud con Lupa.

El 28 de mayo, Ortiz volvió a arremeter contra la vacuna china diciendo que no servía porque una veintena de médicos murieron por Covid a pesar de estar vacunados con las dos dosis de Sinopharm. Sin embargo, según cifras recientes del Minsa, del total de 60 médicos fallecidos por Covid entre febrero y junio de este año, 39 no se habían vacunado, 14 recibieron solo una dosis de la vacuna de Sinopharm y 7 las dos dosis. “Eso [el bajo número de fallecidos] muestra que [la vacuna] tiene un grado de protección alto, pero no existen vacunas perfectas”, explicó el vocero del Minsa, Arturo Granados.

Si bien hay que considerar el pedido de los médicos de tener una tercera dosis, es importante aclarar que el hecho de que haya fallecidos no implica que las vacunas no sirvan. Ninguna protege al 100% a todas las personas que la reciben. Según un estudio del mismo Colegio Médico del Perú, en cambio, dos semanas después de que los doctores recibieron la segunda dosis de Sinopharm hubo una caída en la curva de muertes y hospitalizaciones. 

Las fake news de Willax respecto a la vacuna de Sinopharm llegaron a tal nivel, que la misma Embajada China ha tenido que emitir, en más de una oportunidad, comunicados para desmentirlas y pedir que dejen de desinformar y jugar con la salud de los peruanos.

La más reciente la escribió hace solo cinco días en su cuenta de Twitter : “Sr. Ernesto Bustamante, es delito privar el derecho a la salud y vida de la gente con desinformación y mentiras. Peor aún si es alguien que se dedicaba a la medicina y ciencia. Es difamación acusar de corrupción a una empresa sin ningún fundamento”. Pero hasta el día de hoy, no parece que los conductores o el mismo canal estén arrepentidos de nada.

 

(*) Fotocomposición de portada: Leyla López

 

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Beto Ortiz, Fake news, Sinopharm

Hace una semana, Sudaca reveló las denuncias de estafa contra ‘Crowdfunding International Dreams’, una nueva pirámide financiera liderada por el parlamentario andino de Fuerza Popular, Jorge Romero Castro. En esa nota se mencionó, además, una denuncia contra Romero que se hizo pública el 2019, por haberse apropiado de forma indebida de parte del sueldo de una trabajadora. El Ministerio Público abrió entonces una investigación preliminar.

 

Dos años después, a inicios de este año, la Fiscalía de la Nación envió a la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso los resultados de aquellas pesquisas. El documento revela que no era una, sino seis los trabajadores a los que Romero habría inducido a entregar parte de sus salarios y bonificaciones. El escrito, además, lo acusa de haber usado recursos del Estado para sus eventos privados como ‘coach’, una actividad que lleva a cabo de manera paralela a la función pública.

“Inicialmente no se tenía conocimiento que otros trabajadores distintos a la denunciante habrían sido sujetos pasivos de solicitudes indebidas; sin embargo, luego de la actuación de diversos actos de investigación, se cuenta con elementos de convicción relevadores de que similar accionar se habría dado con otros servidores”, sostiene la denuncia que llegó a mesa de partes de la subcomisión.

Los pagos que detectó la Fiscalía ocurrieron entre los años 2018 y 2019, cuando Romero ocupaba la vicepresidencia del Parlamento Andino. El funcionario habría utilizado las cuentas de su tío y la empresa de este, Master Training International, para recibir los aportes. Romero también es fundador de esta firma.

conclusiones fiscalia
«(…) luego de la actuación de diversos actos de investigación, se cuenta con elementos de convicción relevadores de que similar accionar se habría dado con otros servidores”, sostiene la fiscalía.

El origen

La primera denuncia fue revelada por Panorama, en julio del 2019. Alessandra Granuelly Puente, entonces de 22 años, admitió haber sido una trabajadora fantasma en el despacho de Romero entre octubre del 2018 y julio del 2019. A pesar de eso, recibía su sueldo de S/2.300 puntualmente. Parte del dinero -S/1.500, según denunció- los depositaba a una cuenta que manejaba el tío materno de Romero, Julio Castro Segura.

El 15 de noviembre del 2018, por ejemplo, Granuelly recibió un mensaje del parlamentario Romero Castro en el que este le decía: “Deposita 1.500, el resto es tuyo”. Y añadía, entre paréntesis: “sin hacer nada”. Un mes después, el 16 de diciembre, el parlamentario le escribió: “Alessandra, te llamará Julio Castro [tío materno del parlamentario] para darte un número. Es lo que debes depositar en total. Luego conversamos”. Y agregaba: “Top secret. Besos”.

Castro intentó desmerecer la denuncia. Su estrategia fue que el asunto quedase como una deuda que Granuelly le tenía. Pero ella lo negó y, a tenor de los mensajes que pedían mantener el asunto en secreto, la Fiscalía no le creyó. Una conversación telefónica no revelada hasta ahora se dio cuatro días antes de que el reportaje de Panorama viese la luz. En esta, Romero intenta que la mujer admita la excusa del préstamo.

Romero: Alessandra, me acaba de llamar una señorita de Panorama. Me informa que tú me has denunciado, porque hay un trabajador fantasma y yo quiero saber si has sido tú.

Alessandra: Yo solamente he dicho la verdad.

Romero: ¿Cuál es la verdad?

Alessandra: Del acuerdo que tú y yo teníamos, los S/800 que yo ganaba y te depositaba S/1.500 mensuales.

Romero: ¿Te refieres al préstamo que te hice?

Alessandra: ¿Préstamo? ¿Qué préstamo me has hecho? […] Yo no sé si tú estás fingiendo que tú me has hecho un préstamo simplemente porque estamos en una llamada telefónica que no es por WhatsApp, y te estás cuidando.

conversación atribuida a romero
Romero intenta que la denunciada admita que el dinero depositado era parte de un préstamo. Ella lo negó.

Lo cierto es que el parlamentario andino naranja no pudo probar la teoría del préstamo ni siquiera a Panorama. Cuando en la fiscalía escudriñaron las cuentas de su tío y de la empresa ya mencionada -entre el 2018 y el 2019-, se convencieron de que se trataba de un caso sistemático.

La mayoría de los trabajadores involucrados señala, como presunta coartada, que las transferencias fueron parte de un curso de ‘coaching’. Pero un testigo protegido y otra serie de indicios apuntan a que habrían estado obligados a hacerlo para preservar sus empleos.

Explicaciones que no convencen

Según la fiscalía, en enero del 2019, la trabajadora Claudia López Vergiu fue inducida “indebidamente” a pagar “parte del bono” que recibió del Congreso de la República, la entidad que mantiene a los funcionarios del Parlamento Andino. Los investigadores tienen la declaración de un testigo protegido de código TP-01-2020-AIDC, quien señaló: “A la trabajadora antes mencionada le solicitaron inicialmente el íntegro del bono, a lo que la trabajadora accedió por mantener su puesto de trabajo, depositando el 70% de la totalidad del bono en el mes de febrero del 2019”.

El Ministerio Público asegura que el pedido se hizo a través del asesor de Romero, William Sánchez Tenorio, y que este “insistió a la trabajadora que cumpla con realizar el depósito bancario a la empresa Master Training International, que gerencia el tío de Romero Castro, Julio Castro Segura”. “La trabajadora se vio en la necesidad de encargar a su pareja que realizara el depósito”, apunta la denuncia. El testimonio tiene asidero en la realidad.

El 30 de enero del 2019, López recibió del Congreso S/7.200. El 2 de febrero, S/6.500 son retirados de su cuenta y apenas tres días después, el ciudadano Miguel Gutiérrez Tarazona, pareja de la funcionaria, deposita S/4.900 a la empresa de marras.

El mismo mes, el funcionario Jorge Bautista Oliveros recibió S/18.307 del Congreso, que incluía su salario, un bono extraordinario, racionamiento y un pago por concepto de escolaridad. Según el mismo testigo protegido, “a Bautista, el parlamentario le solicitó el íntegro del bono que recibió a fin del mes de enero, indicándole que debía hacer un abono a una cuenta bancaria”.

En efecto, Bautista realizó dos depósitos por un total de S/10.599 a la cuenta de Master Training International. Cuando la fiscalía escarbó en las cuentas, sin embargo, se dio cuenta de que no habían sido las únicas transferencias. También le había hecho un depósito en marzo del 2018 al tío de Romero, Julio Castro, por S/2.137. La cantidad llamó la atención de los fiscales porque correspondía a toda la remuneración de Bautista.

Los demás depósitos los realizó a Master Training International: en julio, S/2.500, justo cuando Bautista recibió una bonificación del Congreso; en octubre, S/2.966, cuando el funcionario fue promovido del cargo de Auxiliar al de Técnico y empezó a ganar más dinero. Lo mismo ocurrió, por montos similares, en noviembre y diciembre de aquel 2018.

depositos de Bautista
Los depósitos del trabajador Jorge Bautista a las cuentas de Julio Castro, Master Training International y al mismo Jorge Romero entre el 2018 y 2019.

Como a López, a Bautista también se le habría pedido el bono extraordinario que dan a inicio de año. Por eso, en enero del 2019, realizó la transferencia más importante: S/10.599 soles a la empresa Master Training. En abril, el funcionario también depositó S/1.200 soles, pero esta vez a la cuenta del parlamentario.

La explicación que dio Bautista, sin embargo, llamó la atención de los investigadores. Dijo que aquel primer depósito a Julio Castro, el tío del parlamentario, fue “por temas de la Sunat por los que no podía ir y que además no entendía”. Y agregó que las transferencias a la empresa Master Training International fueron parte de un curso de ‘coaching’ que estaba llevando.

Pero Bautista no tenía constancias de matrícula, correos de admisión, ni comprobantes de pago. Se excusó diciendo que había pedido que se le facture todo al finalizar el curso. Cuando acabaron las indagaciones, sin embargo, no presentó diploma alguno.

En el despacho de asuntos constitucionales del Ministerio Público ya habían advertido la estrategia. El testigo protegido declaró: “Luego de la ampliación de la denuncia, el parlamentario conversó con sus trabajadores para que pueda justificar los depósitos de dinero que se habían realizado a la empresa Master Training y optaron por manifestar que esos pagos corresponden a una certificación de coaching”. 

Y luego añadió: “Sin embargo, dicha certificación ha sido programada recién en el año 2020 y por la suma de $6.900, que se ha realizado para justificar los ingresos, pero no se emite ningún comprobante de pago, certificación de módulos, ni se ha firmado contrato alguno sobre esta prestación de servicios”.

De hecho, el mismo discurso fue utilizado por la trabajadora Stephany Ariansen Moncada, quien en setiembre del 2018 le depositó al tío del parlamentario S/1.610. En noviembre de ese año, también figura una transferencia de S/4.150 a la empresa. Y en enero, como sus compañeros, movió S/13.500 a la misma cuenta. Todo, dijo, era parte de una certificación que estaba cursando, pero tampoco entregó pruebas.

declaración de testigo protegido
El testigo protegido advirtió a la Fiscalía sobre la coartada: «Luego de la ampliación de la denuncia, el parlamentario conversó con sus trabajadores para que pueda justificar los depósitos de dinero que se habían realizado a la empresa Master Training».

“Todo ello nos hace concluir que dichas afirmaciones serían inexactas y estarían orientadas a justificar los diversos abonos”, dice la fiscalía en su escrito. El Ministerio Público está convencido de que los trabajadores no cuentan la verdad por temor a ser despedidos.

Jorge Luis Coronado, que no llegó a declarar para la Fiscalía, y Ernesto Valencia Quiroz son otros funcionarios mencionados en la denuncia. Este último, sin embargo, fue con una historia diferente al despacho fiscal.

Él se desempeñaba como asistente hasta octubre del 2018. Ese mes fue promovido a ‘Asesor I’ y recibiría en adelante S/7.528 soles como remuneración. Luego de su primer sueldo en el nuevo cargo, el funcionario se dio el lujo de depositar casi el íntegro de este (S/7.500) a la empresa Master Training International. Lo mismo ocurrió en diciembre y, por supuesto, como todos los mencionados en párrafos anteriores, en enero del 2019, el momento del bono extraordinario.

Valencia es socio de la empresa que recibió los depósitos, así que se justificó diciendo que se trataba de un préstamo y que este sería retribuido en utilidades. “También ha señalado que estos aportes de capital no están como acciones ni como inyección de capital, porque para eso había que hacer un acta, por lo que tales afirmaciones deben ser tomadas en el contexto de subordinación que sigue manteniendo con el parlamentario denunciado, quien podría cesarlo en su cargo”, señala la Fiscalía.

Con la plata de todos

El Ministerio Público también le imputa al parlamentario fujimorista haber usado “para fines ajenos al servicio parlamentario” celulares del Congreso. El 2016 y 2017, por ejemplo, cuando Alessandra Granuelly no trabajaba en el despacho parlamentario, Romero Castro le dio un celular para que organice un evento de ‘coaching’ que nada tenía que ver con sus funciones.

El evento llevaba por nombre el alienado título de “Éxito Americano” y, según la Fiscalía, Romero le habría ordenado a Granuelly que “a través del celular, llamara a las personas para invitarlos al evento”. La mujer reconoció que así lo hizo.

acusación peculado
El Ministerio Público también le imputa al parlamentario fujimorista haber usado recursos del Estado “para fines ajenos al servicio parlamentario”.

Romero habría dispuesto que otros dos celulares proveídos por el Estado, cuyos saldos pagamos todos los peruanos, sean utilizados como número de contacto de un evento llamado “Certificación Internacional-Formación de instructor para Firewalk”. En la publicidad colocan, además, el número de cuenta de su tío, Julio Castro Segura.

Varios de los trabajadores de Romero, además, no acudían regularmente a la oficina del parlamentario y hasta se les había visto llegando a las instalaciones de Master Training International, en La Molina, en horarios de oficina. Las ausencias nunca fueron comunicadas al área de recursos humanos.

El documento fiscal, que resuelve “haber mérito para formular denuncia constitucional” contra Romero fue alcanzado a la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República en febrero pasado. La congresista Felicita Tocto (Descentralización Democrática), miembro de este grupo de trabajo, señala que hasta hoy no se ha agendado, porque se ha priorizado los casos emblemáticos.

Lo cierto es que Romero tiene en esta comisión dos posibles aliados: los fujimoristas Martha Chávez y Carlos Mesía. Está en sus manos realizar la denuncia ante el Pleno y que el caso pase a una Fiscalía Suprema. Este medio se comunicó con Jorge Romero en varias oportunidades, pero al cierre de esta edición no respondió. Seguro lo hará en algún video de redes sociales.

 

(*) Fotocomposición de portada: Leyla López

 

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A mediados del año pasado, centenares de personas tuvieron que desembolsar montos astronómicos, ya sea porque no tenían seguro o porque no había una vacante en los hospitales que atendían casos de Covid-19. Luego de las denuncias y tras un ultimátum del expresidente Martín Vizcarra, el gobierno y las clínicas acordaron una tarifa plana para solucionar esta situación. Pero no todas las clínicas firmaron el convenio, este hizo agua por todos lados y la desgracia continuó.

 

En plena segunda ola, en febrero pasado, la joven vendedora Peggy Blanco contó a BBC Mundo que su padre, un jubilado de 74 años, logró sobrevivir a la Covid-19 después de estar cerca de cinco meses internado en una clínica privada. La mujer denunció en aquel momento que le llegó una cuenta de $200.000. «Después de negociar con la clínica, la bajaron a US$140.000», narró.

Hernando Cevallos, el casi seguro ministro de Salud de Pedro Castillo, asegura que, en un gobierno del profesor, episodios como estos “no tienen que pasar” y que “el sector privado tiene que ser solidario”. El voceado ministro de Salud señala que, si bien las empresas de salud tienen gastos operativos y necesitan ganar dinero, “deben entender que estamos en una emergencia” en la que “no se puede tener una actitud de lucro”.

 

El pasado 15 de mayo, en la plaza Manco Cápac de La Victoria, el médico pediatra y excongresista, Hernando Cevallos, fue presentado por el profesor Castillo como el encargado del equipo técnico de Salud de Perú Libre. El 23 de ese mes, estuvo en el debate de técnicos.  Es voceado como el nuevo ministro de Salud, aunque él no ha querido hablar de este tema con Sudaca (Foto: El Comercio).

 

Desde la tienda del lápiz tienen claro que podrían utilizar el arma que Vizcarra finalmente no se atrevió a desenvainar. Cevallos asegura que, en una situación de emergencia, estarán listos para aplicar el artículo 82 de la Ley General de Salud. Esta indica que el Estado podrá “intervenir” para atender la salud de la ciudadanía. “La ley le permite al Estado poder intervenir y decirle al sector privado: ‘Vamos a sentarnos, la cosa no es así, ¿no?’. Estamos en una emergencia sanitaria, hay que ser solidario. El concepto es que se privilegie la vida del ciudadano por encima de cualquier negocio”, apunta el médico pediatra.

“Si el Estado tiene la urgencia, la necesidad de intervenir para regular los precios del sector privado, tendrá que hacerlo. Que quede claro: no es que entra Castillo y va a regular los precios, porque eso no va a ser así, pero si el Estado ve superada su capacidad de resolución, no vamos a dejar que la gente se las arregle como sea”, explica.
Lo mismo aplicará para los medicamentos. “Se puede hacer un control de precios en emergencia”, dice. En el Perú, un solo grupo empresarial -Intercorp- tiene un dominio casi absoluto del canal moderno de cadenas de farmacias.

 

El 30 de mayo, el doctor Hernando Cevallos asesoró al profesor Pedro Castillo en el debate presidencial del Jurado Nacional de Elecciones (foto: Caretas).

 

Los gremios se encrespan

Sudaca envió un pliego de preguntas al presidente de la Asociación de Clínicas Privadas, Miguel Ramírez Noeding, pero hasta el cierre de esta edición no recibimos respuesta. Otros gremios, en cambio, sí se animaron a participar de este informe.

El ingeniero industrial José Enrique Silva, presidente de la Asociación de Industrias Farmaceúticas Nacionales (Adifan), califica el anuncio de un control de precios de medicamentos durante la pandemia como mera “propaganda”, porque “será muy difícil de realizar”.

“Todas las veces que han querido ponerse a regular los precios ocurre que salen mascarillas a tres, cuatro o cinco soles y [el gobierno dice] ‘ya máximo un sol’ y ya estamos en cincuenta céntimos. Nadie tuvo que ponerle un límite al precio de las mascarillas. Los únicos que se aprovecharon fueron los proveedores de instituciones públicas que se hicieron ricos levantándose la plata, ¿o es que se olvidan que así ha sido?”, recuerda Silva.

 

José Enrique Silva, presidente de Adifan, asegura que el anuncio de regulación de precios es parte de una «propaganda» del partido del lápiz, pero quiere dialogar (foto: Gestión).

 

Silva, sin embargo, se muestra dispuesto a dialogar con las próximas autoridades del sector. La presidenta de la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas y Farmacias (Anacab), Carla Sifuentes, también. La Anacab representa a 2.400 establecimientos a nivel nacional, entre las que se encuentran las principales cadenas como Inkafarma, MiFarma y Boticas Perú.

Sifuentes apunta sus propias críticas. “Con el control de precios, lo único que estás haciendo es generar ‘mercado negro’ porque, además, ya tenemos informalidad en el país. Tenemos gente que compra medicina adulterada y vencida, y eso es catastrófico para la salud de los peruanos. Un control de precios, está demostrado a nivel de Europa, Latinoamerica y mercados desarrollados, genera siempre un ‘mercado negro’. Entonces, ¿cómo nos caería eso en la salud pública si lo que queremos es mejorarla?”, sostiene.

Sobre la denuncia de alza de precios de medicamentos en las cadenas de boticas durante la primera ola, la titular de Anacab dice que lo que sucedió es que, al cerrarse el mercado internacional, «se acabaron los medicamentos genéricos y solo quedaron los medicamentos de marca”. Estos son más caros y eso -asegura- causó la sensación de una subida de precios. Señala que ahora están tomando medidas de abastecimiento para que eso no vuelva a ocurrir.

 

Carla Sifuentes, presidenta de Anacab, señala que su sector es respetuoso de las leyes, pero considera que el control de precios crea un «mercado negro»; por eso, subraya que está dispuesta a conversar con el próximo gobierno (foto: Twitter de Carla Sifuentes).

 

Tercera ola

Según Cevallos, el gobierno de Pedro Castillo sabe que se debe preparar para enfrentar una nueva escalada de los contagios por coronavirus. “Es muy probable [que sea más fuerte que la primera ola del año 2020]”, prevé. En sus cálculos está que la tercera ola golpee al Perú entre finales de julio e inicios de agosto.

“Sabemos que en el país, y ya quedó demostrado en la primera etapa de la pandemia, tenemos una gran debilidad en el sector salud. Y, además, si bien ahora el ministerio de Salud ha acelerado, el porcentaje de vacunación es bajo, porque solo es del 8% y 9% [de la población]”, asegura el excongresista del Frente Amplio.

El crónico desabastecimiento de oxígeno deberá, entonces, solucionarse rápidamente. Cevallos adelanta que el plan de Perú Libre contempla la adquisición, “como mínimo”, y en un inicio de su gestión, de 120 plantas de oxígeno medicinal, puesto que actualmente solo existen 200 (se desembolsará de un presupuesto adicional de S/3.000 millones, lo explicamos más adelante).

Durante las dos primeras olas, el precio de la recarga de un tanque de 10 litros de oxígeno llegó a costar entre S/800 y S/1.000. En caso de que comience una tercera, Cevallos insiste en el posible control de precios. Y añade que, en este caso, podrían pedir al sector empresarial que produzca más oxígeno medicinal pese a que para ellos es menos rentable que la producción de oxígeno industrial.

El otro lastre es el déficit de camas UCI, aunque para Cevallos el principal problema radica en la falta de especialistas. En el país, actualmente, solo hay 1.500 intensivistas y formarlos demora entre tres y cuatro años. Por eso, ante una eventual tercera ola, el técnico de Perú Libre señala que el número de camas UCI a disposición «va a depender de la capacidad [de personal] que tengamos”.

La solución pasaría entonces por el aislamiento social y la entrega gratuita de los ‘kits para la vida’ -un paquete que contiene mascarillas KN95, jabón y alcohol medicinal- a toda la población. Explica que el principal objetivo es evitar que la gente llegue a necesitar camas UCI. Para eso, necesitarán implementar un plan de cercos epidemiológicos. “Evitar que, cuando tienes un paciente con Covid, esta no pueda circular por todo lado, contagiando”, señala.

“Si ese paciente necesita oxígeno, no tiene que ir al hospital. Se tienen que crear centros de oxigenación temporal en los barrios. ¿Qué son esos centros? Son casas donde hay concentrados de oxígeno, de hasta 10 litros, con lo que se puede tratar a los pacientes en etapa leve de Covid”, agrega.

Cevallos explica, además, que en los hospitales se habilitarán “Unidades de Cuidados Intermedios Respiratorios, con cámaras de alto flujo, para que el paciente no necesite pasar a UCI, donde hay una posibilidad más alta que se complique”, apunta.

Vacunas y S/3.000 millones de inversión

¿Cuánto dinero necesitará Perú Libre para implementar todo su plan contra el virus? El voceado ministro de Salud señala que en el inicio del gobierno del profesor Castillo se necesitará una inversión de S/3.000 millones, en una partida adicional al presupuesto del sector, exclusivamente para combatir la Covid-19.

Cevallos dice que el dinero se destinará también al mejoramiento de la infraestructura de algunos establecimientos de salud y la implementación de brigadas de atención médica en los barrios (5.000 equipos para atender enfermedades no Covid).

El dinero, por supuesto, también irá a la adquisición de plantas de oxígeno y más vacunas. Sobre esto último, según el gobierno, hay alrededor de 60 millones que estarían llegando al país entre el tercer y cuarto semestre. “Esperemos corroborar esto durante el proceso de transferencia. Vamos a ver qué dicen los contratos”, aclara Cevallos.

No obstante, propone salir a la compra de más lotes, “porque con esta variante [Delta] ya muchos países están por su tercera dosis para reforzar la segunda. No sabemos exactamente cuánto dura la inmunidad de cada vacuna ni cuánto va a durar la pandemia”.

La meta del gobierno de Pedro Castillo es vacunar a más de 20 millones de peruanos mayores de 18 años antes de fin de año. Y si se puede empezar a vacunar a los adolescentes y los niños, “lo haremos en todo el tiempo que podamos”.
En el proceso de vacunación, Cevallos no descarta que se pueda formar una alianza con las clínicas y las farmacias para que participen de la colocación de los antídotos en sus establecimientos, puesto que hasta el momento no podrán participar en el proceso de compra y/o venta de las vacunas. De ser ministro, tendrá que acostumbrarse a lidiar con un sector empresarial que los mira con recelo.

 

  • Pd: La entrevista al doctor Hernando Cevallos se realizó el pasado 30 de junio. Por ese motivo, podría haber información estadística que no esté actualizada.

 

(*) Fotocomposición de portada: Leyla López

Imágenes: Andina

 

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Ni reconstrucción, ni cambios. Hay 1.173 colegios en el país que aún no tienen cómo regresar a clases porque o bien se caen a pedazos, o recién están siendo reconstruidos. El Estado ha sido incapaz de renovarles la infraestructura en los últimos cuatro años, luego del Fenómeno de El Niño del 2017. Desde aquel momento, el proceso para recuperar cientos de escuelas a nivel nacional, principalmente en zonas rurales, ha avanzando como si no se tratase de una tarea urgente. Y tiene vergonzosos capítulos de lavado de manos. 

 

Las dos principales responsables de esta situación son la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) y el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) del Ministerio de Educación. Aunque la primera sí se ha puesto las pilas en el último año, aún hay cientos de colegios en condiciones calamitosas. Y un grupo de estos -en especial- sobre los que ambas instituciones se culpan entre ellas. 

«Dadas las condiciones epidemiológicas [se podrá] estar en mayor probabilidad de tener un inicio de clases presenciales para el próximo semestre”, dijo el pasado 7 de julio el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, luego de hacer un balance positivo de las vacunaciones a miles de maestros. La noticia fue resaltada por la agencia de prensa estatal Andina. ¿Pero en qué condiciones regresarán los niños a las aulas? 

 

La peligrosa vuelta al cole 

El plan del gobierno, según ha declarado Cuenca desde abril de este año, es que los colegios de zonas rurales sean los primeros en retomar sus actividades presenciales. Por eso a Heydi Berrou, la directora del colegio Santa Sara, en el caserío del mismo nombre en Piura, le hicieron una encuesta telefónica en la que se le preguntó si deseaba regresar a las clases presenciales. Su respuesta fue tajante: las condiciones para ello no están dadas. 

“Nos ha llamado el ministerio de Educación, más o menos en abril, preguntando si queremos regresar. Pero les dijimos que no teníamos condiciones de infraestructura. No tenemos ni agua. Acá se abastecían con cisternas”, dice la docente, que llegó a dirigir su institución el año pasado.

El colegio tiene dos aulas donde estudian cerca de 60 alumnos de primaria. Eduardo Morales Litano (46), secretario general del caserío, cuenta que fueron los vecinos los que levantaron la construcción en 1960. Sin expediente técnico. “En el 2000, Defensa Civil lo declaró inhabitable, pero desde ahí solo se le ha dado mantenimiento”, apunta.

Morales dice que desde el 2018, y por mientras, el Minedu construyó dos pequeños módulos donde los estudiantes tomaban las clases, pero un espacio así de estrecho en plena pandemia es riesgoso. Otros colegios de la región optaron por alquilar la casa de algún vecino. Y en otros casos, como veremos, los menores tuvieron que exponerse y seguir tomando clases en los pabellones que habían sido menos afectados por los huaicos.

colegio piura
Colegio Santa Sara, en Piura. Uno de los afectados por el Fenómeno del Niño del 2017. No tiene ni agua.

Santa Sara es parte de las más de mil instituciones educativas que se vieron afectadas por el Fenómeno del Niño el 2017 y a las que el gobierno de PPK prometió volver a poner a punto.

De las 1.527 instituciones que había que reconstruir o rehabilitar, 932 están a cargo de los gobiernos regionales y locales, y 447 del Pronied, una unidad del Minedu que se encarga de los proyectos de inversión pública de la cartera que tienen que ver con infraestructura de colegios. Todas las obras son financiadas por el Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes). ¿Quién se encarga de gestionar la transferencia de los recursos y monitorear el avance? La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), que a la vez debe ejecutar 147 obras.

La efectividad de esta maraña de instituciones, sin embargo, ha dejado mucho que desear. Cuatro años después del desastre natural, apenas se han entregado 354 colegios. Desde la ARCC admiten la demora, aunque resaltan que ya hay 530 obras más en ejecución y que lo más probable es que este año se termine la mayoría de estas. Un salto importante respecto a las gestiones anteriores, pero también un anuncio entusiasta que tiene otra cara que no lo es tanto. Hay cientos de colegios que no solo siguen esperando, sino que ni siquiera ven la reconstrucción en el horizonte porque no les habilitan el presupuesto. 

 

El problema Pronied

“Como congresista de la región Piura, puedo decirle que desde el año pasado se ha agilizado la entrega de presupuesto para estos colegios”, dice la congresista Angélica Palomino, del Partido Morado, miembro de la Comisión Especial de Seguimiento a la Reconstrucción.

Palomino señala que en la sierra del país ha habido cierto retraso por temas climatológicos, lo que ha impedido la entrega de materiales de construcción; y también por el alza en el precio del fierro y el cemento. “Sobre los colegios que tiene el Ministerio de Educación (Pronied), sí con mucha pena he visto que algunos que ya debían estar en un 80% de avance, están en 15%”, apunta, sin embargo.   

Amalia Moreno, directora ejecutiva de la ARCC, que llegó al cargo a fines del 2019, también hace un balance negativo del Pronied. “Yo te puedo decir que de estos 354 colegios [los ya reconstruidos], unos 345 lo han hecho los gobiernos locales y, siendo generosa, el resto lo ha hecho el Pronied”, señala. De hecho, en 2020 la ARCC gestionó un financiamiento de S/654.386.284 para el Pronied, del cual apenas se ejecutaron S/14.950.347. Es decir, el 2.28% del presupuesto transferido.

En un reciente ensayo titulado ‘La reforma imposible: enfrentando desafíos del sector educación’, el exministro de Educación Martín Benavides describe así la situación en la que encontró al Pronied en el 2020: “Se trata de la unidad ejecutora responsable de todos los programas de infraestructura del ministerio, y, como tal, maneja un presupuesto considerable, pero tenía muy poca eficiencia en su gasto y siempre estuvo rodeada de sospechas de corrupción”.

amalia moreno arcc
Amalia Moreno, directora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios: «De estos 354 colegios [los ya reconstruidos], unos 345 lo han hecho los gobiernos locales y, siendo generosa, el resto lo ha hecho el Pronied [del Minedu]».

Durante la gestión de Benavides se hicieron cambios y la unidad pareció tomar un paso importante. En febrero, con los recursos asignados por la ARCC, el Pronied anunció que invertiría S/530 millones en un grupo de 130 colegios cuyas obras debían empezar ese año. El proceso quedó desierto. En agosto insistieron y, finalmente, se adjudicaron más de 100 de estas obras.

Pero llegó setiembre y, en vísperas de firmar los contratos, el programa del Minedu anunció que solo había dinero para 15 colegios ese año. Esto significaba que 115 instituciones de la cartera se quedarían en el aire, como publicó en octubre el semanario ‘Hildebrandt en sus Trece’. Santa Sara fue uno de estos colegios.

La explicación que le llegó a los postores de las licitaciones y a los directores de los colegios en aquel momento fue que se estaban haciendo los esfuerzos de conseguir el financiamiento para el 2021.

En febrero pasado, Nemesio Cayhualla, director del colegio ‘El Tigre’ de Cañete, pidió que se le informe si finalmente consiguieron el dinero. La respuesta lo decepcionó. “Yo he estado enviando constantemente oficios al Pronied pidiendo informes de cuándo va a empezar la reconstrucción. La última respuesta fue que están en proceso de contar con el presupuesto de la Autoridad con Cambios”, dice Cayhualla.

conclusiones el tigre 2019
Informe de Defensa Civil del 2019 sobre el colegio ‘El Tigre’, de Cañete: «Los alumnos están sujetos al daño que pueden ocasionar estas estructuras». Con el sismo del pasado 23 de junio, la situación se agravó.

La respuesta a la que se refiere es del 4 de febrero pasado. La carta revela que no lograron incluir a los 115 colegios en el presupuesto general del 2021: “A la fecha, el Pronied sigue cursando documentos y gestionando reuniones con la ARCC a fin de que se pueda confirmar la transferencia de recursos para el 2021 de todas aquellas intervenciones que no fueron atendidas en el 2020 por el tema presupuestal, con la finalidad de poder ejecutar las obras”.

Cayhualla ha escuchado las noticias sobre el retorno a las clases, principalmente de los colegios de zonas rurales como el suyo, que consta de dos pabellones y que atiende unos 380 alumnos de primaria y secundaria. El 2019, cuenta, el Minedu le instaló un módulo prefabricado, pero el espacio era muy pequeño. Tuvieron que tomar el pabellón del colegio que resultó menos afectado por los huaicos.

Luego del fuerte temblor del pasado 23 de junio, cuyo epicentro fue en su provincia, esta opción ya no es viable. “No podríamos retornar. Más aún porque en este último sismo que hubo [del pasado 23 de junio], la situación empeoró. Se han rajado más las columnas, las paredes y los salones ya están totalmente inhabilitados», dice Cayhualla.

En el distrito de Mariatana, en Huarochirí, los colegios Daniel Alomía Robles y Glorioso San Cristóbal, que atienden a 90 alumnos de primaria y secundaria, también siguen a la espera. “Hice una consulta a Pronied y me dijeron que estaban solicitando una transferencia presupuestal a inicios de este año. Eso fue en febrero o marzo, ¡ya estamos julio! No es posible retornar a las aulas. Hay aulas que están totalmente destruidas, a punto de caerse”, apunta el alcalde distrital Julio Santos.

huarochiri colegio daños
Grietas en el patio del colegio Daniel Alomía Robles, de Huarochirí. Un peligro para los estudiantes.

El pase de pelota entre la ARCC y el Pronied

Los colegios de los que habla Santos también son parte de los 115 supuestamente excluidos por falta de presupuesto. En un comunicado enviado a Sudaca, el Pronied intenta responsabilizar a la ARCC del asunto. “El presupuesto para la reconstrucción de estas instituciones educativas estuvo asegurado desde febrero del 2020, razón por la cual el Pronied pudo lanzar 42 procesos de contratación (15 en febrero y 27 en agosto). Si estos procesos hubieran obtenido la previsión de recursos por parte de la ARCC para el año 2021 se hubieran desarrollado de acuerdo con sus cronogramas, el total de escuelas estarían ya en proceso de ejecución, próximas a culminarse”, dice por escrito.

Desde el Minedu insisten en que fue una situación no prevista. En la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, sin embargo, precisan que el presupuesto estaba listo para ser ejecutado el 2020, pero que el problema está en que el Pronied quiso postergar su uso al 2021. “Al no haber sido ejecutados en el año que fueron programados, los recursos retornarnon al Tesoro Público como todo presupuesto no utilizado por una institución pública”, señalan en un escrito enviado a Sudaca.

“En agosto o setiembre, prácticamente estamos cerrando el presupuesto del siguiente año. Eso lo sabemos todos [los funcionarios públicos]. Cuando ellos han terminado el proceso en setiembre, me dicen que les asegure S/400 millones para el 2021. Yo tengo que voltear al MEF y decirle que me aseguren esa plata. ¿Qué me dijeron en el Mef? ‘Mira, te felicito por tu preocupación, pero yo no tengo esa plata, pero sí te voy a dar una plata para tus obras que están en ejecución y priorices el trabajo con los gobiernos subnacionales’. Son los gobiernos locales los que están funcionando en estos momentos”, precisa Amalia Moreno, la directora ejecutiva de la ARCC.

Moreno señala que en el MEF ya no querían darle más recursos al Pronied porque los años 2017, 2018 y 2019 (cuando fueron ministros de Educación Marilú Martes, Idel Vexler, Daniel Alfaro y Flor Pablo) lo habían hecho y no habían construido nada. Todo parece indicar que ya no tendrán que hacerlo.

En comunicación escrita a Sudaca, el Pronied señala que ya tiró la toalla con este grupo de 115 colegios y que el pasado 1 de julio “realizó la devolución de la cartera de inversiones del Plan integral de Reconstrucción con Cambios por falta de asignación de recursos presupuestales”. Es decir, los colegios tendrán que esperar quién sabe cuánto tiempo más para que los gobiernos regionales o locales, o la propia ARCC, tengan que ejecutar las obras. Así estamos.

 

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Luego de una cruzada infructuosa en la que no lograron los 87 votos necesarios para elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), el Congreso puso en agenda la destitución e inhabilitación por 10 años contra el actual magistrado Eloy Espinosa-Saldaña por el supuesto delito de prevaricato cometido cuatro años atrás.

 

En la orden del día de la Comisión Permanente del pasado 9 de julio, revelada por el diario La República, también se pedía acusar por infracción constitucional y suspender por 30 días a Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Manuel Miranda. Y aunque hasta el momento no hay convocatoria oficial para ver qué se hace con este pedido, esta no es la primera vez que intentan deshacerse de estos cuatro magistrados a los que ven como enemigos de los intereses parlamentarios.

El caso data del 2017, cuando un grupo de exmarinos denunció constitucionalmente a los cuatro miembros del TC por emitir una resolución en la que supuestamente cambiaban el sentido del voto de un exmagistrado del TC, Juan Vergara Gotelli. ¿Dónde? En una sentencia de 2013 que consideraba los hechos ocurrido en “El Frontón” como delitos de lesa humanidad.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, presidida en esos años por la fujimorista Karina Beteta, aprobó el informe que recomendaba la destitución e inhabilitación por diez años de Eloy Espinosa-Saldaña y la suspensión por 30 días de los otros tres magistrados.

“Los congresistas se dieron cuenta de que era un escándalo pedir que los cuatro magistrados sean sancionados con la destitución. Lo que les interesaba era deshacerse de Eloy Espinosa-Saldaña, a quien veían como el responsable de tomar la iniciativa de la decisión, pero esta diferencia no se justifica de ningún modo, porque, si los cuatro cometieron la misma supuesta falta, entonces no pueden sancionarlos de distinta manera”, explica Walter Albán, director ejecutivo de Proética y abogado que asumió la defensa de Espinosa-Saldaña en este caso.

Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó archivar la acusación constitucional, Luis Galarreta, quien presidía el Congreso, envió una carta al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski rechazando la disposición. El caso nunca fue archivado, pero desistieron de la denuncia.

Luego de que el intento del fujimorismo y el APRA por destituir a los magistrados fracasara en aquella época, Espinosa-Saldaña fue denunciado por su colega en el TC, el magistrado José Luis Sardón, por supuestamente haber mentido y arrogarse el título de “doctor” en su CV al momento de postular al cargo en 2014.

Sin embargo, en la denuncia de Sardón no se tomó en cuenta que Espinosa-Saldaña ya había hecho la rectificación de su título el 13 de mayo del 2014, incluso antes de ser elegido formalmente. Al final, el pleno del TC no pudo destituirlo, porque no se alcanzaron los cuatro votos necesarios.

Con una eventual destitución de Espinosa-Saldaña -uno de los magistrados que considera irregular el proceso que lleva a cabo el Congreso para elegir a sus reemplazos-, lo que se pretendía era cambiar la correlación de fuerzas y votos en el TC.

El magistrado Eloy Espinosa-Saldaña es incómodo a ciertos intereses políticos.

Todo indica que la artillería congresal ahora lo volvió a poner en la mira. El orden en el que los magistrados deben ser cambiados depende de quién es el más antiguo. Como los seis con mandato vencido fueron elegidos y juramentaron el mismo día, lo que corresponde, según la Ley Orgánica del TC, es cambiar primero al que tenga la colegiatura más antigua. Bajo ese criterio, los últimos en ser cambiados serían Espinosa-Saldaña y Marianella Ledesma.

Pero en los pasillos del Congreso se empezó a esbozar la intención de alterar el orden. Como explicó el periodista Juan Rosales: definir la antigüedad de acuerdo a la hora en la que fueron elegidos por el Congreso el 21 de mayo del 2014, siendo Espinosa-Saldaña, luego de Ernesto Blume, el segundo en irse. La decisión alteraría el bloque de los cuatro magistrados que resolvió que la disolución del Congreso fue constitucional. El Parlamento perdería un magistrado como Blume, afín a sus posiciones, pero podría reemplazarlo por otro cortado con la misma tijera.

“El orden tiene que ser por la antigüedad en la incorporación. Estos 6 fueron incorporados el mismo día, no hay ninguno que sea más antiguo que el otro, pero por ahí quieren llevar adelante la peregrina tesis de que el orden lo determina el número de resolución, eso es una tontería”, dice Walter Albán.

Una fuente del Tribunal Constitucional apunta a un grupo de empresarios, políticos y abogados de derecha, como autores intelectuales de esta interpretación auténtica que habría influenciado a varios congresistas: la Coordinadora Republicana. “El sector de la Coordinadora Republicana quería meter un orden distinto, no tuvo mucho predicamento y, cuando no se lograron los votos [en la elección de magistrados del TC], finalmente esto quedó como una anécdota, pero la intención de ellos era muy clara. Había intereses de este grupo de variar el orden fundamentalmente para impedir que Eloy Espinosa-Saldaña sea el último en ser cambiado”, asegura.

La Coordinadora Republicana, en palabras del exministro Albán, está conformada por abogados “que aparecen como académicos para sustentar todo lo que ocurre políticamente del lado que a ellos les interesa, sobre todo del Congreso”.

El sábado 10, por ejemplo, el congresista Luis Valdez (APP) convocó una sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución para hablar sobre las elecciones de los nuevos magistrados del TC. La reunión contaba con “constitucionalistas de mayor trayectoria y reconocimiento académico”, como los presentó Valdez. Ahí estaban  los abogados que han firmado varios de los comunicados de la Coordinadora Republicana: Aníbal Quiroga León, Gerardo Eto Cruz y Domingo García Belaúnde.

Cuando el congresista Lenin Checco, de Frente Amplio, pidió explicaciones de por qué no se invitó a más abogados con posturas distintas, Luis Valdez no dudó en interrumpirlo y cortar su intervención. De otro modo trató a Martha Chavez (FP) y Rosario Paredes (AP), quienes se tomaron casi 10 minutos, cada una, para plantear sus preguntas.

El abogado Gerardo Eto no dudó en despacharse contra algunos de los actuales magistrados arguyendo que “cuatro tienen una postura ideológica y deben ser cambiados […] con los actuales miembros no hay garantía de independencia política e ideológica”. No es muy difícil saber a quiénes se refería. Así mismo, recomendó a los parlamentarios llegar a consensos para seguir adelante con las elecciones.

 

“Caseritos del TC”

Walter Albán también califica a los abogados de la Coordinadora Republicana como “caseritos” del Tribunal Constitucional. De hecho, Ernesto Blume, quien fue presidente del TC entre marzo de 2018 y enero de 2020, es cercano al abogado Domingo García Belaúnde, integrante del equipo legal de Fuerza Popular que buscó desconocer los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y miembro de la mentada coordinadora.

“En el estudio Flores-Araoz está García Belaúnde y tiene una relación de mucha cercanía con Ernesto Blume, tanto así que en el TC hay un baño que usan exclusivamente los magistrados, pero Domingo es la única persona que cuando visita el Tribunal usa ese baño. Es ridículo, pero te lo pongo como ejemplo de la cercanía”, cuenta una fuente que trabajó en el TC. 

Otro de los vínculos entre ambos abogados es la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, donde Blume es presidente y García Belaúnde es fundador y presidente honorario.

Según Albán, hay diferentes casos que llegan al TC en donde los abogados relacionados a la ‘Coordinadora Republicana’ tienen participación y encuentran votaciones favorables de parte de Blume. «Yo he tenido casos en el TC. Y eso no es delito, es el derecho a la legítima defensa», responde García Belaúnde consultado por Sudaca.

Al preguntar por sus conexiones con Blume, el abogado aseguró que “ningún abogado del TC se reúne con nosotros [la Coordinadora Republicana]” y que lo unía una amistad de años no solo con él, sino con Sardón, Ferrero y hasta con Carlos Ramos y Manuel Miranda.

Por su parte, el magistrado Augusto Ferrero Costa, el único de los siete que no será cambiado, tiene lazos con el congresista fujimorista Carlos Mesía, pues su asesora, Milushka Carrasco Gallardo, es la exesposa de este último. “Cuando Mesía sale, ella también sale y luego Ferrero la contrata como su asesora”, explica una fuente con conocimiento de los vínculos.

Milushka Carrasco, exesposa del congresista fujimorista Carlos Mesía, es asesora del actual magistrado Augusto Ferrero.

Carlos Mesía, quien fue abogado del frustrado tribuno Gonzalo Ortiz de Zevallos, primo de Pedro Olaechea, fue uno de los congresistas que más defendió el proceso de elecciones de los magistrados. Tanto que no le importó desacatar la medida cautelar dictada por el Poder Judicial, emitida el martes pasado, que mandaba suspender las elecciones. “Eso no es democrático, eso es antidemocrático. Y si quieren llevarnos presos, aquí estamos, pero hoy día se vota”, fueron las palabras del ahora congresista naranja. 

Consultado por su relación con el fujimorismo, Ferrero respondió que no tiene vínculo alguno y que, en cambio, apoyó “vivamente a Vargas Llosa en el primer proceso y a Pérez de Cuellar en el segundo”. Y sobre la contratación de Carrasco, solo apuntó: «A Milushka la conocí hace más de ocho años y tuve ocasión entonces de presentar un libro suyo en el Tribunal Constitucional cuando yo no pertenecía a él. Ahora la veo con su nueva pareja que es un inversionista francés con gran cultura, propietario de un hotel en Tahití».

 

Convencer al Frepap

El último miércoles, zurrándose en la cautelar, los congresistas intentaron elegir a los magistrados del TC. Sorpresivamente el Frepap decidió no participar del proceso. 

“En el transcurso de la noche [del martes], hasta la mañana del día siguiente, estuvimos evaluando [qué hacer], porque se debe admitir también que la medida cautelar no nos llegó a cada uno de los congresistas, nos hemos enterado por los medios. Pedimos información a nuestros asesores y evaluamos. Al día siguiente, tomamos la decisión con los nueve congresistas de la bancada que estuvieron presentes de no ratificar que se prosiga con la agenda, sino acatar y respetar esa medida cautelar, que de todas maneras era algo irregular”, cuenta la congresista de la bancada del pescado, María Cristina Retamozo, quien integró la Comisión Especial encargada de elegir a los mejores candidatos para conformar el TC.

Pero no todos estuvieron alineados. La vocera del partido, María Teresa Céspedes, fue la única que sí emitió un voto: lo hizo a favor del candidato Carlos Hakansson.

Aunque la mayoría retiró su apoyo, en el Frepap siguen sosteniendo que el proceso sí fue transparente y solo se cometió un error al no hacer pública las motivaciones de los puntajes de las entrevistas personales.

Luego de quitar su respaldo al proceso y que los tres primeros candidatos no lograran los 87 votos, se pidieron cuartos intermedios para buscar consensos. Retamozo cuenta que durante estos recesos, algunos congresistas, aunque no quiso precisar nombres ni partidos, se acercaron a ellos para intentar convencerlos “respetuosamente” de prestar nuevamente su apoyo. 

Franco Salinas, vocero de Acción Popular, admite que algunos de sus colegas de bancada fueron los que trataron de explicar a los del Frepap que “los congresistas no estamos condicionados y no nos pueden procesar por seguir una sesión plenaria”. Pero la bancada del ‘pescadito’ no dio marcha atrás.

Al interior de AP, tres parlamentarios se bajaron a tiempo del coche: Hans Troyes, Jorge Vasquez y Rolando Campos. Al día siguiente de las votaciones fallidas, al último le mandaron un documento donde le indicaron que lo separaban de la bancada, aunque luego recularon y le enviaron otra comunicación donde le avisaban que ya no lo separaban, pero le llamaban la atención por su postura.

Para el aún congresista accionpopulista, el “incidente parece que ha sido superado”; sin embargo, Franco Salinas asegura que Campos afronta un proceso disciplinario y que podría ser retirado de la bancada.

Las votaciones ahora se encuentran congeladas porque aún no se tienen los votos necesarios. “Todo depende de cómo pasen los días esta semana y que el Frepap [cambie de decisión]. Mientras no apoyen, no hay votos; si no hay votos, no se va a continuar con la sesión”, dice Salinas. Y luego añade, como un retando a la justicia: “Nosotros tenemos legitimidad para elegir hasta el último día. Si el último día se puede elegir, lo vamos a hacer”.

*Fotoportada por Leyla López

 

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Congreso, Eloy Espinosa-Saldaña, Tribunal Constitucional

El 13 de mayo pasado llegó un aviso desde el almacén del Minsa al Hospital Nacional Arzobispo Loayza. El ministerio tenía un regalo para ellos: se trataba de 700 respiradores industriales –supuestamente de la marca 3M– destinados al área de cuidados intensivos del nosocomio.

 

Los presentes del Minsa decían ser respiradores del modelo 3M 7502. Este equipamiento “brinda protección respiratoria contra partículas, vapores orgánicos, cloro, ácido clorhídrico”, entre otros gases, como se explica en la página web de la empresa. Además, es una importante herramienta para los médicos que trabajan atendiendo casos de Covid-19.

«Son mucho más seguros que la mascarilla N95, que protege 99%. En teoría es la máxima protección, pero si es falsificado todo es malo, incluyendo los filtros. Entras a la UCI, respiras puro bicho y pones en riesgo la vida”, advierte Godofredo  Talavera, presidente de la Federación Médica del Perú.

De acuerdo a Talavera, un respirador original tiene un costo promedio de S/260. “Un falsificado te lo venden a la tercera parte”, agrega.

Luego de trasladar los respiradores a sus almacenes, y por protocolo, el Loayza debía inspeccionar el obsequio. Al hacerlo, fuentes del hospital que vieron el producto en persona, aseguraron a Sudaca que los filtros y cartuchos que se colocan a los lados del respirador no calzaban. Esto es gravísimo: al no encajar, no bloquean el paso de partículas.

Tras la revelación, los doctores enviaron dos muestras del lote a la empresa 3M para que esta verifique su autenticidad. El 21 de mayo, el Loayza recibió la respuesta de la compañía: el regalo del Minsa era falso.

El informe de 3M, al que accedió este medio, confirma la incompatibilidad del donativo del ministerio con los productos originales de la empresa. El segundo párrafo dice claramente. “Concluimos que los productos presentan características atípicas, las cuales no son compatibles con los Respiradores 3M 7502 fabricados por 3M Company”. Además advierten de su peligrosidad: “En opinión nuestra, ninguno de estos productos [del lote del Minsa] debe ser usado, y en caso de que se haya distribuido alguno de ellos, se sugiere cesar su uso de inmediato”.

Respuesta3M
La respuesta de 3M a la inquietud del Loayza. Su veracidad fue garantizada por personal de la empresa a Sudaca.

Más adelante también se descarta que el donativo haya sido entregado por la empresa. “Los productos revisados a los que hacemos referencia en este documento no han sido abastecidos por 3M ni por alguno de los distribuidores autorizados”. En comunicación con Sudaca, Marko Kardum, gerente de cuentas de la compañía, confirmó la veracidad del documento. “Esa es la carta que enviamos”, dijo textualmente.

Fuentes del Hospital Loayza también dan fe de los hechos narrados aquí. Y los que siguen. Sus identidades se mantienen en reserva por temor a vivir lo mismo que Elizabeth Rojas, presidenta del Cuerpo Médico del Hospital San Bartolomé, quien fue suspendida sin goce de remuneraciones por un año luego de denunciar un hecho similar el año pasado: en el área de cirugías de su hospital, operaban con goteros enormes en el techo.

 

Empolvado

Con la confirmación de 3M, el Loayza inmovilizó el lote recibido en su almacén. Luego comunicaron a la Dirección General de Operaciones en Salud del Minsa (DGOS) sobre lo ocurrido. Desde el 26 de mayo, Edward Cruz Sánchez, responsable del área, sabe de la denuncia. Y desde esa fecha, el Loayza no recibe una respuesta, lo que les parece muy sospechoso.

Sudaca pudo acceder al Sistema de Trámite Documentario Web (STDW) del ministerio, un mecanismo interno que registra cómo avanza un determinado trámite, en este caso, la solicitud del hospital para conocer el origen del donativo. Hasta el 6 de julio, el día que este medio pudo entrar por primera vez al sistema, se observaba claramente que desde aquel 26 de mayo el Loayza se encuentra “a la espera de indicaciones sobre la autenticidad” de los respiradores truchos.

EmpolvadoSTDW
El STDW deja en claro que desde finales de mayo el Hospital Loayza espera «indicaciones sobre la autenticidad de respiradores procedentes del MINSA».

Este reportero pidió información sobre el caso al área de prensa del Minsa y solicitó una entrevista con Edward Cruz el último jueves. En el ministerio parecían no saber nada de los respiradores. Fue tal el desconocimiento que el funcionario del área de prensa, que se presentó como Juan Vargas, contestó: “¿entenderás que eso no dice nada, no?” y que “la carta [de 3M], que sería incriminatoria, no está firmada por nadie”. También nos pidió el número del expediente de su propia entidad porque “no encuentran nada”.

Todo indica que nuestra llamada descongeló la denuncia de los respiradores falsos en el ministerio. Mágicamente, en el sistema de trámite documentario empezaron a haber movimientos desde el viernes 9 de julio, solo un día después de que Sudaca solicitara los descargos a la entidad. En esa jornada se registraron varias comunicaciones entre los funcionarios de la DGOS en el sistema de trámite documentario, aunque en el Loayza aún no tienen respuestas.

Aún quedan muchas preguntas por responder. ¿Cómo llegaron los respiradores truchos al Minsa?, ¿por qué hasta ahora no envían una explicación al Hospital Loayza? En todo caso, esperemos que el ministerio sea más transparente con los médicos que con la prensa.

Movimientos STDW
El detalle completo del STDW. El MINSA «recordó» el pendiente recién el último viernes.

Mientras tanto, los doctores del Loayza siguen enfrentándose al Covid-19. Se trata, después de todo, del “hospital general más grande del país”, como reseña su sitio web.

Godofredo Talavera asegura que este hospital “ha llegado a tener más de 300 pacientes con covid por día en emergencias” y que la ocupación de camas UCI “pasa las 200”. En este combate, estos respiradores serían realmente útiles. El Minsa parece recién recordar este pendiente.

**Fotoportada por Leyla López (Fuentes: Andina y 3M). 

 

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El pasado 29 de mayo, los ciudadanos Eva y Juan Ramírez Díaz se acercaron a la comisaría de Barranca a poner una denuncia por estafa contra Navil Castillo Garro, “organizadora” de ‘Crowdfunding Dreams’, una nueva “pirámide financiera” que, según la SBS, no tiene autorización para captar fondos.

 

De acuerdo al parte policial, Castillo les había explicado que tenían que realizar un depósito de S/5.215 cada uno y que debían comprometerse a captar a más incautos. La promesa era que si llegaban a convocar a siete personas, se quedarían con las cuotas de ingreso de estos. La dinámica la repetirían los nuevos integrantes bajo un esquema de tres fases en el que cada uno podría terminar ganando más de S/114.000.

Para maquillar el aporte, ‘Crowdfunding Dreams’ hace firmar a los participantes una declaración jurada donde se deja claro que se trata de una donación y en la que se adjunta el voucher del dinero, una copia de DNI, huella digital y firma.

La pirámide -que se marquetea como de «riesgo cero»- funciona solo si los invitados aportan sus cuotas y siguen invitando a otros. Para que una persona gane siempre deberá tener a alguien debajo suyo. Pero el sistema, más pronto que tarde, se vuelve insostenible y se derrumba cuando dejan de recibir más afiliados.

Es lo que pasó con CLAE, que en la década de los 80 llegó a mover más de US$640 millones y captó a más de 200.000 personas, según reportes periodísticos. A la falta de nuevos aportantes, se sumó la intervención de la SBS y el negocio naufragó.

Hoy los Ramírez, que se encuentran en la base de la pirámide, viven las consecuencias naturales de este tipo de negocio: no pudieron captar a más incautos y entonces no hubo devolución.

El líder y fundador de ‘Crowdfunding Dreams’ es nada menos que un miembro del Parlamento Andino: Jorge Romero Castro, quien entró a esta inútil entidad con Fuerza Popular el 2016. Tiene 47 años y se hizo conocido en los medios por un par de episodios infelices.

En 2019, por ejemplo, Alessandra Granuelly denunció en un programa dominical que fue contactada por Romero para trabajar en el Parlamento con la condición de que este se quedara con la mitad de su remuneración. Esto, incluso, produjo una denuncia constitucional por parte de la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, a inicios de este año por los delitos de Concusión y Peculado de Uso. El caso está en manos del Congreso.

El nombre de Romero también saltó a la palestra en setiembre pasado, cuando se descubrió que “dobleteaba” como coach en la empresa Go American Coaching SAC, dedicada a “actividades de apoyo a la enseñanza” y de la cual es gerente general. Era un trabajo adicional al de parlamentario por el que ya recibía una remuneración de S/23.000.

En su LinkedIn, Romero destaca que es experto en coaching y en FireWalking&OutDoor, el extravagante nombre de una actividad que consiste en cruzar un corto camino de piedras a altas temperaturas. Además, se reconoce como especialista en distintos tipos de marketing. En esa red social, sin embargo, no figura su experiencia en ‘Crowdfunding Dreams’, aunque en su flamante canal de YouTube protagoniza vídeos en los que asesora a nuevos incautos a que “cumplan sus sueños”.

“En este grupo estamos las personas que queremos cambiar el mundo y contribuir para ser un millón de miembros en todo el planeta. Personas que impactemos en la vida de otras, que llevemos el mensaje de superación personal, de prosperidad, de mitigar la pobreza y crear un mundo de abundancia y prosperidad”, dice en uno de estos videos, sin precisar que la abundancia viene a costa de embaucar a los que están debajo.

Victoria -a quien cambiamos de nombre luego de originalmente publicar el verdadero por temor suyo a represalias-, de 71 años, y su esposo son otras de las víctimas. La pareja, que fue captada por una conocida de ambos, incluso se hizo de un préstamo para poder invertir una cuota de ingreso de S/10.430. Pero no tuvieron suerte en captar a más personas.
Con una operación urgente de por medio, solicitaron que se les devuelva su dinero. Idas y venidas, excusas y un único contacto con una persona de nombre Shirley, que es parte de la organización, fueron las noticias que recibió Victoria, quien ahora se encuentra delicada de salud y con un préstamo que tiene que honrar.

“Esto fue un boom en Barranca, todo el mundo se metía. La persona con la que hablamos [para pedirle la devolución del dinero] se puso altanera y no dejaba de hablar. Dijo que también había sido estafada y que estaba devolviendo como podía. No supimos más de ella”, cuenta la hija de anciana a Sudaca, mostrando el depósito de dinero y los chats de comunicación de esta estafa vestida de promesa.
Como ellos hay varias víctimas que esperan la devolución del dinero, aunque otros casos ya no tienen esperanzas.

“Te hablan de dinero, que era como una pirámide pero a través de donaciones. Te pintan que tal persona ha cobrado y, habiendo un precedente de alguien que lo logró, entré”, cuenta Luis, otro miembro de Crowdfunding International Dreams que se siente estafado y que pide no revelar su nombre real.

A Luis le dijeron que si quería retirarse de la comunidad y tener su inversión de vuelta debía conseguir un reemplazante. “No he podido conseguir a quien me reemplace, pero al inicio se me dijo que cuando quisiera retirarme podría hacerlo. Si intento traer a alguien, esa solución me va a traer un problema. Yo ya di el dinero como perdido”, se lamenta.

«Hay protocolos que hay que cumplir y un estatuto donde uno entra sabiendo que no se pueden romper las reglas», responde a Sudaca Percy Aguilar, uno de los organizadores. En buena cuenta, si no consigues reclutar más gente, pierdes tu dinero.

A decir de Aguilar, el parlamentario Romero Castro “es el líder, el master coach, quien da entrenamientos y todas las pautas para ingresar con todo el conocimiento a la comunidad”. Romero no respondió nuestras llamadas para consignar su versión en este reportaje.
Antes la captación de donantes se hacía a través de conocidos, luego a través de grupos de WhatsApp y Telegram. De hecho, en esta última red social hay más de 3.200 miembros que son los que han venido aportando al menos una cuota de S/5.215. Los miembros se jactan incluso de haber captado a oficiales de la Policía.

Para tener más aportantes, además, son constantes los zoom en los que mentores o ‘coachs’ incentivan la búsqueda de más donantes. Es el caso de la ciudadana venezolana Lisette Alemán, quien recientemente tuvo una charla virtual -a la que Sudaca pudo infiltrarse- frente a más de 500 miembros.

“Nuestra meta es llegar a un millón de personas. ¿Se imaginan que esas personas tengan S/114.730 en sus cuentas? Para eso se necesita ser el mejor. No sea mediocre. Si usted hace esto, está contribuyendo a que este mundo sea mejor. Llame a esa persona y dígale ‘gracias por darme la oportunidad’ o dígale ‘me parece que es un ser extraordinario, te amo, eres mi mejor amiga o amigo”, se le oye decir a Alemán. Como si fuese una dinámica al interior de una iglesia evangélica.

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) confirmó a Sudaca que ‘Crowdfunding Internacional Dreams’ no cuenta con autorización de dicha entidad para realizar actividades de captación de dinero del público bajo ninguna modalidad.

No solo eso, sino que solo aquellas entidades que estén autorizadas son las que «pueden realizar actividades de captación de dinero del público, sea como ahorro, depósito o de cualquier otra forma». Asimismo, señala que han recibido consultas, pero todavía no cuentan con información respecto a quiénes manejan y cómo opera este sistema. En este reportaje pueden encontrar algunas respuestas.

 

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