Informes

“Si proclaman a Pedro Castillo, el Perú se va a dividir en dos. Los demócratas no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Vamos a hacer marchas y movilizaciones, vamos a seguir en nuestra lucha. Luego, viene el derrocamiento de Castillo como la salida a esa crisis”, dice Roger Ayachi Soria (60), conocido como ‘el profesor’, porque trabaja como docente de educación secundaria. Ayachi es uno de los fundadores del colectivo de extrema derecha ‘Los Combatientes’.

 

¿Ustedes lo van a derrocar?, le preguntamos. “Por supuesto, con las masas movilizadas, porque no vamos a permitir que el Perú se convierta en una nueva Venezuela. Vamos a seguir con nuestras marchas de manera infinita, de manera permanente, de manera constante”, añade.

En entrevista con Sudaca, Ayachi señala que ‘Los Combatientes’ -que ya cuenta con aproximadamente 50 miembros- son “un colectivo político anticomunista que está por la democracia y se alinea políticamente en la derecha”. En una fotografía publicada por el portal ‘Ojo Público’, Ayachi aparece junto a otros miembros de ‘Los Combatientes’ con el brazo derecho levantado, tal cual un saludo fascista. Ayachi niega tener alguna admiración por el sanguinario Adolph Hitler, aunque lo considera “un líder de talla mundial” con el que “no comulga en ideas”. “El brazo levantado significa ‘el Perú por encima de todos’”, es la salida que encuentra para defenderse. 

 

José Luis García Danuso, miembro de ‘Los Combatientes’, aparece en pleno enfrentamiento con los ronderos, frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el pasado 24 de junio (fotos: Grupo El Comercio).

 

En la imagen también aparece José Luis García Danuso (65), conocido como ‘figureti’. Desde el año 2019, García Danuso se volvió simpatizante y activista de Keiko Fujimori. Aunque dice ser un antiguo participante de manifestaciones a favor de Alan García, el PPC y hasta de Susana Villarán cuando, por ejemplo, esta enfrentaba la revocatoria. Su afán, admite, era figurar, pero ahora asegura que lo hace con convicción. “Antes no he sido militante de ningún partido, solo era ‘figureti’ porque me gustaba salir en las fotos; incluso he salido en telenovelas [como extra]”, explica. Hace cinco años, el programa Al sexto día’ hizo un reportaje sobre su vida titulado ‘El figureti de la televisión’. 

Juan José Muñico Gonzáles (45) es otro de los rostros visibles de la derecha que empieza a tomar las calles. Es parte de ‘La Resistencia’, que alberga a simpatizantes del expresidente Alberto Fujimori y del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.En el grupo de Whatsapp de este colectivo hay más de 200 personas.

 

Juan José Muñico, ‘Maelo’, miembro de ‘La Resistencia’, no aparece en los enfrentamientos contra los ronderos, en el cruce del jirón Lampa y la avenida Nicolás de Piérola (exColmena), el pasado 24 de junio, según las imágenes de las cámaras de vigilancia del JNE.

 

Muñico dice que apoyará las decisiones de sus pares de ‘Los Combatientes’ en caso Castillo sea proclamado Presidente de la República. “A la hora de marchar, salimos todos. Pero las decisiones las toma cada grupo, bajo su responsabilidad”, responde.

“De todas maneras tiene que haber una reacción ciudadana. Nosotros consideramos que es un fraude. Diversos colectivos estamos conversando para volver a salir, así como hubo manifestaciones multitudinarias, de la misma manera”, apunta Muñico, conocido como ‘Maelo’, que tiene una sentencia por difamación al Ideele y ha sido vinculado por IDL-Reporteros en un asesinato sin resolver, aunque él asegura ser “inocente”.

 

Este es el video de la cámara de seguridad de la Municipalidad de Lima que registró los enfrentamientos, en el cruce de la avenida Nicolás de Piérola con el jirón Lampa, frente al JNE, el pasado 24 de junio.

 

Fuerzas de choque

García, de ‘Los Combatientes’, fue el principal protagonista del violento enfrentamiento frente al JNE, el pasado 24 de junio, entre miembros de este grupo y los simpatizantes de Castillo, sobre todo ronderos. Ayachi dice que prefirió no ir. A pesar de que ‘Maelo’ se encontraba cerca -dice que recogiendo unas piñatas con las imágenes de los presidentes del JNE y de la ONPE-, tampoco participó. Las imágenes de las cámaras de vigilancia de la zona corroboran que se encontró con Ayachi cerca de dicha institución, a unos 200 metros de distancia de los hechos, aparentemente luego de que el incidente terminara.

Roger Ayachi, ‘el profesor’, y José Luis García, ‘el figureti’, miembros de ‘Los Combatientes’, se quedan a dormir a veces en el campamento de simpatizantes de Fuerza Popular, instalado en el Paseo de los Héroes Navales, frente al Palacio de Justicia. Ayachi no participó en los enfrentamientos contra los ronderos, el pasado 24 de junio (fotos: Facebook de R. Ayachi y Juan C. Chamorro).

 

“El objetivo principal [de aquel día] fue hacer un plantón al costado del Jurado Nacional de Elecciones. Queríamos posicionarnos, tenemos ese derecho, la calle no solo es para los comunistas, también es para los demócratas como nosotros”, señala Ayachi.

“Frente al Palacio de Justicia nos reunimos todos los grupos de Fuerza Popular. Al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), fuimos 40 personas. Fuimos a sacarlos [a los simpatizantes de Pedro Castillo] porque no dejaban las inmediaciones [del JNE]. Fuimos a pedir que anulen las elecciones porque hubo fraude. Y los ‘rojos’ estaban allí. Queríamos que se vayan porque ocupaban toda la pista durante dos semanas; comían, bailaban y pernoctaban ”, asegura José Luis García.

En varios videos grabados por simpatizantes de Castillo se puede ver parte de la arremetida de ‘Los Combatientes’. Algunos de los palos utilizados para el ataque tenían incrustados clavos, según denunciaron los seguidores de Perú Libre.

La Confederación Nacional de Ronderos Campesinos–Conarc registró ocho heridos. Uno de ellos fue Gregorio Charaja, quien -según la Conarc- posee 12 puntos en la cabeza por esa agresión. La organización dice que necesita operación, pero Sudaca se puso en contacto con Charaja por Whatsapp y respondió: “No te preocupes, estoy bien, con antibióticos, ya me hice los chequeos respectivos. No hay operación”.

En los videos del JNE que pudo revisar Sudaca no se distingue, sin embargo, a personas heridas que hayan sido cargadas por terceros y/o conducidas a ser auxiliadas por los golpes durante el enfrentamiento. Lo que sí se corrobora es que ‘Los Combatientes’ inician el ataque y luego reciben la respuesta de los ronderos, quienes también se defienden y atacan con palos de madera. El enfrentamiento dura aproximadamente ocho minutos. En el mismo video se comprueba además que un ‘combatiente’ es tomado rehén por los ronderos y luego es liberado, pero sin haber sido golpeado

De acuerdo a un video grabado por las cámaras de vigilancia de la zona aquella tarde, se ve a García Danuso lanzar tres palazos contra el cuerpo de varios ronderos, aunque ninguno de estos hace impacto.

De todas formas, era un elemento letal. “Sí. Ese palo es de triplay, de la madera que hemos roto”, responde García. Y admite que probablemente los palos con los que atacaron a los ‘rojos’ tenían clavos, aunque descarta que los hayan colocado intencionalmente. “No hubo heridos, eso es un invento”, se defiende.

La Conarc denunció las agresiones a la comisaría, pero no han tenido noticias. El Ministerio Público abrió una investigación por la muerte de uno de los ronderos, Sacarías Meneses, pero resultó que este había fallecido por una cirrosis y no a causa del enfrentamiento.

Desde el sábado, ‘Los Combatientes’ pasan algunas noches en el campamento instalado por simpatizantes de Keiko Fujimori en el Paseo de los Héroes Navales, frente al Palacio de Justicia. En el lugar también confluyen otros grupos, como ‘La Insurgencia’, que lidera Flor de los Milagros Contreras, uno de los rostros más conocidos de estos movimientos de extrema derecha.

El campamento alberga unas 250 personas que duermen en carpas. La excandidata al Congreso por Fuerza Popular, Mónica Sánchez, una de las voceras de esta iniciativa, dice a Sudaca que todo es autofinanciado y precisa que recibe el apoyo de diversas personas que se acercan a entregarles víveres y alimentos.

 

¿Qué hará el campamento en caso sea proclamado Pedro Castillo?, le preguntamos. “Vamos a seguir aquí. Vamos a seguir haciendo vigilia. No vamos a aceptar a un presidente con trampa. Necesitamos que se respete el voto de la ciudadanía peruana. Estamos pidiendo auditoría internacional. Estamos pidiendo no solo el apoyo de la OEA, que ya nos ha fallado, sino de la parte europea. Y nos está escuchando. Acá nosotros no vamos a aceptar a ningún presidente. Si no hay auditoría, nuevas elecciones de segunda vuelta”, señala.

Al ser consultada sobre la propuesta de ‘Los Combatientes’ de realizar manifestaciones que terminen en el “derrocamiento” de Castillo, Sánchez solo atina a contestar: “No tengo conocimiento”. Estamos advertidos.

 

(*) Fotocomposición de portada e infografía: Leyla López

Imágenes: Grupo El Comercio, del pasado 24 de junio

 

Por Sonia Condori Sánchez

Difícil imaginar lo reveladora que puede ser la punta de un cabello. Este tejido, considerado un importante biomarcador por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, puede acumular metales en su estructura durante su proceso de crecimiento. “En la punta del cabello se acumula lo que se ha absorbido desde hace tres años. Entonces, si tengo esa muestra, puedo analizar si se ha acumulado plomo”, afirma Flaviano Banchini, director de Source International, organización que trabaja en Perú -entre otros países- con comunidades que lidian con la contaminación ambiental.

 

“Nosotros hicimos un estudio de ese tipo con los niños de Cerro de Pasco y hallamos un pico de contaminación entre enero y abril del 2017. Las muestras las tomamos en el 2018. En esos tres meses, hubo un incremento de contaminación y, al revisar los informes de Volcan, identificamos que justo era la época en la cual esa compañía había reiniciado su actividad minera”, explica.

Los resultados hallados por Source Internacional sirvieron de base al Centro de Análisis de Delitos Climáticos (con sede en La Haya, Holanda) para emitir, en 2019, un par de informes sobre la situación de Volcan en Cerro de Pasco. Una investigación solicitada por uno de los fondos de inversión más poderosos del mundo: el Fondo Global de Pensiones del Gobierno de Noruega, que acumula excedentes del negocio petrolero. Esto, porque la multinacional suiza Glencore había adquirido pocos años antes más del 50% de las acciones de Volcan. El Fondo noruego quería saber si debía o no seguir invirtiendo en la firma suiza.

En uno de los informes, el Centro de Análisis de Delitos Climáticos (CCCA) detalla un antecedente importante: en 2012 el Consejo de Ética del fondo noruego le recomendó a este excluir a Volcan de sus inversiones debido a la contaminación presente en los ríos y el suelo de Cerro de Pasco, así como en la sangre de sus niños. Luego de una segunda evaluación, esta vez por parte del Ministerio de Finanzas noruego, Volcan fue excluida de sus inversiones en octubre de 2013.

Al revisar la lista de excluidos, Sudaca encontró que Glencore figura como “excluida” desde mayo de 2020

Exclusión de Volcan del Fondo Global de Pensiones del Gobierno de Noruega. Fuente: Web del Norges Bank.

Mientras que en Noruega se encendían las alertas, en Perú todo siguió como si nada pasara. Al cierre de aquel 2013, más de S/1.477 millones de los fondos de jubilación de los trabajadores estaban invertidos en Volcan por decisión de las AFP que operan en nuestro país, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Al año siguiente las cuatro AFP vigentes en el mercado -Integra, Profuturo, Prima y Hábitat- continuaron invirtiendo en esta minera y no lo dejaron de hacer hasta la fecha.

Paralelamente, Volcan ha sido una de las mineras que más multas firmes acumuló por infracciones ambientales: S/18.652.899 entre 2011 y 2019, según data del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) obtenida por Ojo Público. En 2020, cinco multas firmes le fueron impuestas a la compañía por un total de S/2.149.656, según un registro de OEFA solicitado para esta investigación.

En este registro, proporcionado a inicios de mayo último, se muestra que dichas multas firmes no habían sido pagadas aún por la compañía. Este medio insistió en reiteradas ocasiones por una entrevista con Volcan, pero no obtuvo respuesta. Al cierre de enero último, S/867.927.415 de los fondos de pensiones figuraban invertidos en Volcan, de acuerdo a la última data disponible en la SBS.

Además, otras dos mineras donde las AFP tienen invertidos más recursos de los afiliados, Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. y Minsur S.A., han sido sancionadas por infracciones ambientales.

Buenaventura inició sus actividades en Huancavelica en 1953 y con el tiempo extendió sus operaciones mineras hacia el norte, sur y centro del Perú. Su infracción más reciente se dio en el río de la comunidad de Huancarama, en Arequipa.

El color verdoso y olor pestilente del agua llamaron la atención de los vecinos, quienes también encontraron venados andinos (tarucas) muertos en el lugar. Según reportó el medio local El Búho en noviembre de 2019, la queja principal fue sobre una filtración hacia el río del lugar, una filtración que alegan provenía de una cámara de carga bajo la responsabilidad de Buenaventura. Esto habría afectado a zonas como Chilcaymarca, Chachas, Orcopampa, Andahua y la parte alta de Condesuyos. 

Ese mismo año, a Buenaventura, cuya cabeza de directorio es el expresidente de la Confiep Roque Benavides Ganoza, le fueron impuestas distintas multas en agosto, noviembre y diciembre, alcanzando un valor de más de medio millón de soles (S/ 636.195). Al cierre de 2019, S/156.689.118 de los fondos de jubilación estaban invertidos en dicha minera, según data de la SBS.

La compañía Minsur también está entre las mineras que más inversiones han recibido de las AFP. Según el Organismo de Evaluación y Supervisión Ambiental (OEFA), la firma registró 23 resoluciones de sanción por haber cometido 53 infracciones ambientales entre los años 2012 y 2019, de acuerdo a una investigación de Convoca.pe.

Además, la compañía del grupo Breca tuvo 20 Procedimientos Administrativos Sancionadores (PAS) de la OEFA, entre enero del 2018 a diciembre del 2020. La mayoría se debió al presunto incumplimiento de las recomendaciones de supervisión y lo establecido en su instrumento de gestión ambiental.

En el 2019, se determinó que esta compañía productora de oro y estaño incumplió lo indicado en su instrumento de gestión ambiental en la unidad minera de Pucamarca, en Tacna, por lo cual se le sancionó con 8.23 UIT (S/34.566).

[Nota de edición: En la primera versión de esta nota se mencionaba que la sanción fue por incumplir medidas correctivas, la razón correcta ha sido precisada en el párrafo]. 

Los estándares éticos de las AFP

El historial de multas y sanciones de Volcan, Buenaventura y Minsur contrastan con la importancia que le dan las AFP a sus criterios éticos.

Ranking. Volcan ha sido una de las mineras que más multas firmes acumuló por infracciones ambientales: S/18.652.899 entre 2011 y 2019.

Por ejemplo, AFP Integra señala en un documento oficial publicado en su web en el apartado de “Sostenibilidad” que «se compromete a incorporar criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) en la revisión de oportunidades de inversión». Y precisa que utilizan la categoría de “inversiones directas controversiales” para los casos de aquellas “compañías que hayan recibido una sanción por parte de alguna autoridad competente (en los tres últimos años o de las que se tenga evidencia de no haber tenido remediación) o que tengan investigaciones en curso por prácticas relacionadas con (…) afectación de la salud pública y/o el bienestar animal, (…) [o] contaminación y/o deterioro de ecosistemas”.

En tanto, en su Política de Inversiones Responsables, Prima AFP indica que «deberá realizar un análisis detallado de aquellas propuestas de inversión que generen o puedan generar controversias por su impacto social, ambiental y/o de gobierno corporativo, analizando si dichas controversias son estructurales o no estructurales, el grado de severidad, y gestión de éstas por parte de las empresas». Además, precisa que considerarán “actividades controversiales” a aquellas altamente expuestas al “impacto en la  biodiversidad y uso de la tierra, emisiones tóxicas y desechos», entre otras.

«Desde hace años, venimos gestionando nuestros impactos de forma transversal y responsable, a través de diversas iniciativas, programas y proyectos. Continuando con este compromiso, en el 2020 articulamos una estrategia que además de considerar criterios económicos, sociales y ambientales, aporta al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS”, dice Profuturo AFP en su web.

Habitat, por su parte, presenta reportes de sostenibilidad, pero tampoco publica en su sitio web un Código de ética para las inversiones como tal. César Ipenza, abogado especializado en medio ambiente, indica que “es necesario contar con lineamientos de un código de ética para las entidades financieras que permitan al público conocer en dónde están invirtiendo su dinero».

Este medio busco reiteradas veces a la Asociación de AFP, pero no obtuvo respuesta alguna. Asimismo, buscamos a cada AFP, sin embargo decidieron no participar del reportaje o no brindaron contestación al cierre de esta edición.

«Un código de ética es la forma en que la empresa se autorregula, pero eso tiene que vincularse con la normativa que éstas deben cumplir como: la Ley de Pasivos Ambientales Mineros, Ley de tierra de Minas, Ley General del Ambiente», opina Ipenza. 

Sudaca preguntó a la SBS qué normativa está vigente respecto de los criterios medioambientales en las inversiones a las AFP. “(…) nuestro rol inicialmente está más orientado hacia buscar, en esta etapa, transparencia de información de la industria sobre la incorporación o no de los factores ASG en el proceso de inversión de los fondos de pensiones”, respondió el regulador en referencia a una normativa aprobada en junio último.

Subrayó, además, que el proceso de adecuación será gradual, pues en su opinión “existen variables que aún en el contexto internacional requieren ser uniformizadas”. Por ejemplo, apunta, “bases de datos que permitan estimar correctamente la materialidad de impacto de determinados factores ASG por industria o país”.

Tal parece que el uso de la transparencia y el rol activo del afiliado serán la fiscalización más activa. O tocará inscribirse en un curso acelerado del modelo noruego.

*Los descargos de Minsur no llegaron hasta nuestro cierre de edición, pasado dicho cierre la compañía envió a Sudaca una nota aclaratoria que puede revisar en el siguiente enlace, así como nuestra respuesta.

Fotocomposición de portada por Leyla López. Foto: Van Houtryve.

 

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AFP, Fondo de pensiones, inversiones, Jubilación, Medio ambiente

“¿Por qué la gente me está atacando por mi familia? Yo sé que algunas personas la odian, pero yo no elegí la familia que tengo y la amo”, dice la hija de 13 años de Keiko Fujimori, en un video de TikTok publicado el pasado 20 de junio. Esta fue su respuesta ante los insultos y el acoso que padece sistemáticamente en esta red social.

En uno de los videos subidos ese día, la menor asegura leer “todo lo que ponen” y que “algunas cosas sí pueden herir”. También advirtió que “la mayoría de personas que comentan son mayores de edad”. Y señaló, no sin razón: “Ellos deberían estar dando el ejemplo”.

 

Como respuesta, la cuenta “vladimircerronoficial”, una cuenta apócrifa del fundador de Perú Libre, le comentó: “Tu mamá irá al paredón y pumpumpum”.

Otros mensajes que Sudaca pudo encontrar en un breve patrullaje virtual fueron: “¿Cómo hace tu mamá para pagar tu plan de datos si no trabaja’”, “¿15 años de cana se pasan volando, verdad?”, “tu mamá es corrupta, dile que ya no postule a la presidencia, que acepte su derrota con Pedro Castillo”, “cuando suba [Castillo], la señora K y su papito estarán en cana y no habrá quién la cuide, ¿algún bondadoso que la adopte?”.

Las cuentas

Para entrar a TikTok debes tener, como mínimo, 13 años. Esa es, precisamente, la edad que tiene hoy la hija mayor de Keiko Fujimori. Mientras su madre decidió sumergirse en esta plataforma digital para promover su campaña política, su hija difunde contenido relacionado a sus gustos personales, que van desde Faraón Love Shady hasta mostrar a su gatito Maluma.

Tal vez el único contenido “político” haya sido el que publicó el 6 de junio pasado, día de la segunda vuelta. ¿Pidió a sus más de 600.000 seguidores que votaran por Fuerza Popular? ¿Criticó la candidatura de Pedro Castillo? No. Solamente agradeció a unos chicos que le regalaron una patineta en el cierre de campaña fujimorista. Y acompañó el saludo con una canción de fondo que decía que “no los olvidaría”.

Aún así, la publicación desató la ira de una legión de cuentas anónimas que le reclamaron a una niña los errores y delitos de su madre y su familia. Muchos de ellos cometidos por los Fujimori cuando la menor ni siquiera existía. Es el caso de la cuenta ‘End_Flor’, aparentemente manejada por una mujer, quien comentó: “Jajajaja que se vaya pa’ Santa Mónica tu mamá”.

Este reportero visitó TikTok para comunicarse con los agresores. Ninguno quiso revelar su verdadera identidad, pero sus justificaciones resultaron incluso más perversas que los mensajes vertidos. ‘End_Flor’, por ejemplo, se presentó como estudiante de leyes y aseguró estar muy informada sobre la situación actual del país. “Sé de política, estudio derecho y pues lo que hizo el fujimorismo no está nada bien, atrasó mucho al Perú”, se justificó.

La respuesta de End_Flor
La justificación de la cuenta «End_Flor» para atacar a una niña de 13 años en TikTok.

Para esta supuesta abogada era necesario exigirle a la menor “aceptar la derrota” de su madre, aunque su verdadera motivación era aún más ridícula: “Más cólera me da que se cuelgue de la fama de su mamá y me da igual su edad como para que hagan quedar como buena [a Keiko]”, respondió.

“Me parece una respuesta bien sádica. Lo que llama la atención es que sea dicha por alguien que estudia derecho. Ya la culpó, le asignó una intención, ya la juzgó y sentenció. Con eso no da ninguna posibilidad de pensar en nada. Es dramático. Imaginémonos a esa persona a cargo de un juicio futuro”, dice a Sudaca el psicoanalista Leopoldo Caravedo.

Otro usuario de TikTok al que contactamos responde al indescifrable nombre de ‘Omiraelgeydeyolo’, que también le enrostraba a la menor los problemas legales de Keiko Fujimori. “Tu mamá se irá a la cárcel si no gana #humor vamos Keiko”. El hashtag pretendía darle un tinte sarcástico al cruel mensaje.

La persona detrás de esta cuenta reconoce que su mensaje puede tener consecuencias en la hija mayor de los Fujimori. “Bueno si [fuera] mi mamá a mí también me afectaría”, admite. Aún así, insistió que Keiko terminará presa y, por eso, debía recordárselo a la adolescente.

RespuestaAgresor
La justificación de otra de las cuentas: predecir el futuro.

Revestir como algo chistoso estos comentarios hirientes, según la psicóloga social y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Priscilla Pecho, es un intento de camuflar el daño. “Muchos utilizan esta estrategia para que no se vea como violencia. Se piensa que de alguna manera se le baja la gravedad [al mensaje]. Buscan que la otra persona lo acepte y normalice. Hay que empezar a nombrarlo por lo que es”, afirma.

“La verdad dicha sin empatía es una agresión. Si resulta cierto, no deja de serlo. Es una niña de 13 años. ¿Por qué se lo tiene que recordar? ¿Cuál es el beneficio detrás? ¿Va a contribuir a qué?”, se pregunta Caravedo.

Es delito

Pero también hay comentarios de carácter sexual. En TiksToks donde la menor baila como cualquier adolescente de su edad, se puede encontrar comentarios como: “que sexy”, “mi mujer”; “¿quién será el suertudo de ser su novio?” o “yo te haré creer en el amor”.

Para la psicóloga Priscilla Pecho este tipo de mensajes calza dentro de lo que se conoce como violencia simbólica y está, tristemente, normalizado en nuestra sociedad. “Eso también devela la hipersexualización de las adolescentes mujeres. Son comentarios de acoso que ellas no esperan [referidos] a su cuerpo o aspectos netamente sexuales”, explica.

El Código Penal peruano contempla el delito de acoso sexual gracias al Decreto Legislativo N°1410 aprobado a finales del 2018. La ley, de hecho, ya ha mostrado algunos resultados. En octubre del 2019 se dio la primera condena con prisión efectiva por este delito a través de Internet. Alex Álvarez fue sentenciado a cuatro años y ocho meses de cárcel por hostigar a su expareja, una menor de edad, para retomar su relación y tener sexo.

Para Dilmar Villena, abogado especialista en derechos en entornos digitales, lo que vive la hija de Keiko Fujimori en su TikTok también encaja en este crimen. «Me parece que estamos totalmente frente al delito de acoso. La situación alrededor de [la hija de Keiko] tiene varias consideraciones: es menor de edad, es mujer, por lo que es sexualizada; y está expuesta públicamente, lo que la vuelve vulnerable”, afirma el abogado.

Comentario sexista
El otro tipo de comentarios que suele recibir la hija de Keiko Fujimori en su TikTok.

La aparente “exposición pública” de la hija de Keiko tampoco es suficiente para librarse del delito. «En este caso una cosa no justifica la otra. Es cierto que la mayor exposición pública es por decisión de sus padres. Al hacer eso las exponen a posteriores ataques, pero ella no ha decidido por voluntad propia entrar a la vida pública«, asegura Villena.

El abogado señala, sin embargo, que la norma aún está en pañales. “Lo que pasa es que cuando estas denuncias llegan a la Fiscalía no se les da mucha prioridad. Dicen: ‘bueno, están molestando [en] redes sociales, ¿qué se puede hacer?’. No se tiene consciencia sobre el daño que puede generar», apunta.

Villena lidera un grupo legal de la asociación Hiperderecho que ha analizado la aplicación de esta ley. Los resultados han arrojado falencias de todo tipo. “En los casos que hemos acompañado, incluso con personas identificadas, se complica mucho la investigación. Con cuentas anónimas es mucho peor”, explica el abogado.

Ocultar su identidad para atacar es justamente la estrategia que aplican estas personas con la hija mayor de Keiko Fujimori. “Lo más terrible del asunto es que están haciendo exactamente lo mismo que le critican a esa familia, porque están usando de la manera más burda ese espacio de impunidad donde se sienten protegidos y descargan todas sus frustraciones”, afirma el psicoanalista Leopoldo Caravedo.

Las propias redes sociales favorecen dicha impunidad. TikTok no permite enviar mensajes, como sí lo hace Facebook, a otra cuenta. A menos que esta persona te siga de vuelta. Esto dificulta la identificación, como pudo comprobar este reportero al intentar comunicarse con otros agresores.

Por ello las autoridades requieren la colaboración de las mismas plataformas. Sin embargo, esa es otra barrera: el contacto de TikTok para América Latina queda en Singapur. 

Por eso estos procesos suelen demorar. «Lamentablemente termina siendo largo si no tienes muchas pruebas y tienes que investigar desde cero. Casos que nosotros tenemos van a cumplir un año y recién van a iniciar la etapa de juicio”, se lamenta Villena.

Daños irreparables

Pasar por agua tibia estos actos puede ser gravísimo para quien los recibe. La psicóloga Pecho considera que las consecuencias pueden llegar a “trastornos de conducta alimentaria o depresión por tener esta visión de que su imagen necesita ser validada por otras personas”.

Las consecuencias de esta experiencia indeseable para la hija de la candidata naranja podrían afectarla a largo plazo. “Que a uno le digan ese tipo de cosas puede ser muy impactante. Algunos síntomas se llegan a presentar después de 15 años incluso. Probablemente lo que ocurra es que el sentimiento de rabia, de odio, sea muy grande. Esa chica va a sufrir mucho en su vida futura”, asegura Leopoldo Caravedo.

Al parecer en Tik Tok varios no le perdonan a la menor ser la hija de la lideresa naranja. Para Caravedo esta atribución es peligrosa. “No sé si se piensa esto con claridad de cara a la convivencia futura del país. Uno puede estar en contra de Keiko Fujimori, pero no podemos hacer de esto una cosa de familia, por más que varios de ellos estén metidos en política”, asegura.

“La violencia no puede ser una forma de expresar desagrado. Es la manera más fácil que encuentran de expresarlo, pero lo hacen de forma equivocada: atacando a una persona que directamente no ha sido responsable, que es conocida por ser ‘hija de tal persona’”, agrega Priscilla Pecho.

OtroAtaque
Otro de los mensajes que suele recibir. En TikTok parecen creer que la niña también hace campaña política.

Para Caravedo la motivación de las personas que están detrás de estas cuentas consiste en atacar al indefenso. “Ahí es donde más daño pueden hacer. Atacan a la hija para generar esa sensación de miedo y temor en Keiko Fujimori que no puede hacer nada porque no es un ataque directo hacia ella. Así es bien difícil defenderse”, afirma.

Nadie sabe si se tomarán medidas legales al respecto. Tampoco si la víctima será otra Fujimori en política. De momento, lo cierto es que solo es una niña que ni siquiera ha terminado el colegio. La gente que la ataca por llevar el apellido de su madre y abuelo tendrán que recordar que su accionar no solo es cobarde, sino también criminal.

**Fotoportada por Leyla López

 

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Elecciones 2021, Keiko Fujimori, Redes sociales

Por Alessandro Azurín y Alba Ñaupas

«El feminismo surge de un enfoque patológico de la sociedad, de quienes creen que pueden ser dueños de las vidas de su pareja o de la mujer», respondió la candidata María del Pilar Tello a una de las preguntas de la Comisión Especial encargada de escoger a los mejores exponentes para conformar el Tribunal Constitucional (TC). Tello, aunque usted no lo crea, es la séptima en el orden de mérito de la lista final.

 

Su peculiar respuesta fue una de las frases memorables que dejaron las jornadas de entrevistas personales en el Legislativo. En esta etapa, previa a la votación final en el Pleno, hubo de todo. Desde alusiones al aborto y el divorcio, hasta menciones a iniciativas de este Congreso como el retiro de los fondos privados de pensiones.

La carrera pública de Tello, que obtuvo uno de los más altos puntajes de la etapa de entrevistas, ha estado vinculada al APRA. No solo postuló con ellos al Congreso en el 2001, sino que también fue funcionaria del segundo gobierno alanista como presidenta del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) y de Editora Perú en el 2006. Renunció luego de que una denuncia periodística revelara que percibía doble sueldo del Estado: trabajaba en Editora Perú y la Universidad Nacional Federico Villarreal. 

Como ella, otros actuales candidatos también tienen relación con parte de la variada fauna política peruana. Y podrían convertirse, gracias a estas elecciones retomadas hace solo tres meses, en uno de los seis nuevos tribunos.

María del Pilar Tello, la candidata al TC con corazón aprista. Foto: Andina.

La prisa no sorprende. Detrás de estas elecciones express -que buscan designar a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional antes del 28 de julio- hay más de un motivo económico y político. “La situación del TC es clave para muchas cosas. Se va a elegir para los próximos cinco años y no es dable que un Congreso con estas características proceda ahora a elegir a seis de los siete magistrados”, dice Walter Albán, exdefensor del Pueblo y miembro del directorio del Consejo Directivo de Proética. 

Y luego añade: “En esta elección se suman varios intereses, pero ahora probablemente el interés más predominante es poner gente para tener un TC que convalide cualquier barbaridad de las que ya están postulando algunas de las actuales bancadas”.

Por ejemplo, en los 38 meses en los que estuvo activo el Congreso disuelto, tres de sus leyes fueron declaradas inconstitucionales. En menos tiempo, este Congreso complementario ya alcanzó a su predecesor. Y queda una larga lista de acciones de inconstitucionalidad presentadas por el Ejecutivo contra las leyes aprobadas por este Parlamento que serán atendidas por el TC, como aquella que elimina el régimen CAS o la que establece la formalización de los taxis colectivos.

La lista aún puede crecer. Durante la cuarta legislatura aprobada por este Congreso se han aprobado varias normas express que, según la abogada Úrsula Indacochea, el Tribunal podría declarar inconstitucionales. La más importante es el dictamen sobre la interpretación de la cuestión de confianza. “Por más vicios o irregularidades que tenga [este dictamen], un TC controlado políticamente no lo declarará inconstitucional. Claro que va a afectar a un posible gobierno de Castillo”, explica.

Albán coincide: “Si están tratando de aprobar esta norma sobre la cuestión de confianza, obviamente es para impedir que Castillo pueda tener ese recurso a la mano de llegar a necesitarlo y el nuevo TC probablemente va a confirmar la constitucionalidad de esa norma sin mayores empachos, a pesar de que sea abiertamente inconstitucional”, sostiene el exministro.

Para tener una mayoría en el TC, basta con que este Congreso logre cambiar a solo uno de los magistrados: Manuel Miranda Canales, a quien le correspondería salir primero si es que se opta por la opción de reemplazar primero al magistrado que tiene la colegiatura más antigua. Miranda ha sido un actor impredecible y no siempre ha votado a favor de los intereses de los grupos de poder. Por ejemplo, cuando votó -junto a Marianella Ledesma, Eloy Espinosa-Saldaña y Carlos Ramos- para declarar infundada la intentona para que prescriban más de S/9 mil millones de deudas tributarias (en litigio) de grandes empresas.

El plan para limitar los poderes de Pedro Castillo ya está en marcha y el TC podría entrar a tallar más temprano que tarde. El sábado 26 de este mes, el Poder Judicial declaró improcedente el pedido de acción de amparo de Javier Villa Stein para anular la segunda vuelta presidencial, en donde resultó ganador Pedro Castillo. Contrario a lo que pueda parecer, esta rápida respuesta del PJ deja la vía libre para que Villa Stein y compañía apelen en una de las Salas Civiles de la Corte Superior. Si otra vez el pedido es rechazado, la acción de amparo llegaría al Tribunal Constitucional.

“Rechazar rápidamente estos casos, aunque es lo que corresponde, acelera que los casos lleguen al TC. Esto es peligroso si en los siguientes días se nombran personas no independientes para ocupar los cargos en el Tribunal”, explica la abogada Úrsula Indacochea. Lo mismo opina Walter Álban, que fue integrante de la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia: “Lo que le conviene a Villa Stein es llevar esto al Tribunal, donde tendría un resultado favorable de ser elegidos los nuevos magistrados a medida”, apunta.

 

Los intereses de las bancadas

Los más interesados en reanudar el proceso para elegir a los nuevos magistrados, según Walter Albán -que ha seguido de cerca el proceso- y una fuente cercana al TC, fueron los parlamentarios de la bancada de Acción Popular (AP). Esto, dado que es la que “está más cerca de la influencia del señor Raúl Diez Canseco”, asegura Albán.

Uno de los que promovió estas elecciones porque considera que es su “deber como congresista” y no puede “darle la espalda a sus obligaciones”, es el accionpopulista Luis Roel Alva, vicepresidente del Parlamento. Según fuentes del partido de la lampa, Roel es afín a la facción de Raúl Diez Canseco, dueño de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL). Esta universidad cuenta con dos demandas de amparo en el TC por asuntos tributarios que superan los S/10 millones, de acuerdo a un reciente informe de ‘Hildebrandt en sus trece’. Sudaca buscó al equipo de prensa de Diez Canseco y respondieron que no comentarían al respecto.

Pero esto no es lo único que hace levantar la ceja a más de uno. David Velasco Pérez, otro candidato al TC, es actualmente militante del partido de la lampa. Ha ocupado cargos dentro de la organización política e incluso postuló dos veces con este partido: en 2002 para ser regidor distrital y en el 2020 para ocupar una curul en el Congreso. No ganó en ninguna oportunidad y ahora parece tentar suerte en el máximo órgano constitucional del país.

“Creo que en esta oportunidad la bancada debería abstenerse de presentar algún militante porque al final se podría ver como una repartija. Lamento que hayan militantes que estén mezclando sus intereses personales […] Públicamente deslindo responsabilidades de mi partido”, asegura el presidente de Acción Popular, Mesías Guevara.

Consultado por los intereses que moverían a su bancada, el congresista Luis Roel Alva respondió que, al menos de su parte, “no hay ningún interés debajo de la mesa” y que, por ello, no votará por su correligionario Velasco Pérez, quien obtuvo uno de los puntajes más altos en la etapa de las entrevistas personales.

Otra bancada involucrada es Podemos Perú, el partido de José Luna Gálvez, quien actualmente cumple arresto domiciliario por presuntamente liderar una red criminal que pagó coimas para influir en la elección del entonces jefe de la ONPE, Adolfo Castillo, en el 2017. Su hijo, José Luna Morales, es titular de esta comisión.

“Nosotros nos quejamos porque dijimos: ‘¿cómo un señor que está investigado por hechos tan graves va a poder representar a su partido dentro de la comisión que va a escoger al TC?’. Eso no puede ser porque seguramente sus casos van a llegar ahí también. Hay un claro conflicto de interés”, explica el parlamentario del Partido Morado Gino Costa, exmiembro de esta comisión. 

El caso de Luna Gálvez podría terminar en el TC como el de tantos otros políticos. Por el tribunal, solicitando un hábeas corpus que puede anular las prisiones preventivas, han pasado ya Ollanta Humala, Nadine Heredia, Alan García, la misma Keiko Fujimori y su padre.

Otra bancada interesada en renovar el TC es la bancada de Unión Por el Perú (UPP). José Vega, su representante en el grupo parlamentario, es vicepresidente de la comisión. Sus pretensiones por influir en decisiones trascendentales como estas se verán disminuidas en el nuevo Parlamento porque no tendrá escaños. 

Vega ha renegado en varias ocasiones sobre la labor del actual TC. Cuando el tribunal declaró inconstitucional la ley que suspendía el cobro de peajes durante la emergencia sanitaria el año pasado –la primera de las leyes declaradas así por este Parlamento– el congresista aseguró a Canal N que “el Gobierno les está poniendo la agenda”. 

En febrero, cuando el TC declaró inconstitucional la ley que devolvía los fondos de la ONP, Vega trató de hilar una oración atacando a los actuales magistrados: “Hoy día, era la sospecha nuestra, que podría ser pasible de manipulación o interferencia, y hoy el TC ha fallado en contra. Una resolución infame”.

Los favoritos

Lo más preocupante, para los entrevistados por Sudaca, es que los candidatos que pasaron por la ronda de entrevistas no cumplen con el perfil idóneo para atender tareas complejas como las que hemos mencionado en las líneas precedentes. Además, claro, de haber adelantado opiniones, en su mayoría conservadoras, sobre temas ideológicos. 

El constitucionalista Carlos Hakansson Nieto, tercero en la lista de méritos, ya ha postulado al TC en 2014 y 2019. La última vez fue propuesto por la congresista Marisol Espinoza, en representación de la bancada de Alianza para el Progreso. Años atrás Hakansson afirmó que era conveniente plantear una ley para establecer razones que justificaran un arresto domiciliario en casos como el de Alberto Fujimori.

De acuerdo a El Comercio, precisamente Alianza para el Progreso y Fuerza Popular serían las bancadas que lo apoyarían. Su postura conservadora en determinados temas podría ser la razón. “¿Usted está de acuerdo con el aborto?”, le preguntó el congresista Jorge Pérez (SP), a lo que Hakansson respondió: “No concibo un constitucionalista que esté a favor del aborto… perdonen que sea así de radical”.

Fernando Calle Hayen, por su parte, sería el candidato respaldado por Acción Popular. Exmiembro del TC entre 2007 y 2014, se afilió y desafilió del APRA el mismo día: el 3 de marzo de 2009, mientras ejercía funciones como magistrado. Anteriormente, en 2001, ya había postulado con el mismo partido para ser congresista por Junín sin éxito. Con un puntaje de 91.45, ocupa el primer lugar en el cuadro de méritos.

Fernando Calle Hayen, quien sería el favorito de Acción Popular, encabeza el cuadro de méritos. Foto: Andina.

Otro aspirante es Vicente Walde Jáuregui, quien fue jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA). En el 2018 se reveló un audio que tenía con el exjuez Cesar Hinostroza, presunto cabecilla de los ‘Cuellos Blancos del Puerto’, donde hablaban sobre la contratación de una relatora. En noviembre pasado fue cesado por la Corte Suprema por haber excedido el límite de edad como juez titular.

Walde es un candidato con un pasado cuestionable. En el 2005 fue destituido de su cargo de vocal supremo por haber anulado su propia sentencia y dictar otra, en la misma instancia, en el caso de un juicio de la Sunat con la empresa Becom. En la ronda de entrevistas fue cuestionado por una discusión que tuvo con un policía en el 2018, cuando le gritó a dos efectivos que le reclamaron por estacionar su vehículo en la vereda.

“Varias de estas personas que están como finalistas tienen cosas que explicar, que los hacen muy fáciles de presionar. Entonces, lo que quieren [los actuales congresistas] es poner a gente que sientan que le deben el puesto a ellos […] que entre ellos se esté eligiendo a los seis magistrados me parece terrible. Y en estas condiciones, todavía peor”, dice Albán.

“De méritos no tiene nada”

Con el cuadro de méritos publicado, falta poco para conocer a los nuevos seis magistrados. La comisión especial presentará, como máximo el día de mañana miércoles 30 de junio, el informe final a la Mesa Directiva del Congreso. Luego de eso, la votación del Pleno se daría en los primeros 10 días de julio.

La votación será individual por cada candidato. Para ser escogidos necesitan 87 votos, aunque el congresista Diethell Columbus, representante fujimorista en la comisión seleccionadora, dice que “nadie tiene asegurado” el respaldo mínimo porque “este Congreso es impredecible”. Parte de esa falta de acuerdo es gracias a los cuestionamientos al proceso.

De hecho, Gino Costa, exmiembro de la comisión por el Partido Morado, adelanta a Sudaca que su agrupación no respaldará a ninguno de ellos. “No votaremos por ninguno de los 15 porque cuestionamos el proceso en conjunto. Y, por lo tanto, no formaremos parte de esa elección. Esa será la posición de la bancada morada”, afirma.

De las 11 bancadas que conforman el Congreso actual, los morados y el Frente Amplio son las únicas que decidieron mantenerse al margen por los cuestionamientos al proceso. “Es una elección que tiene como propósito elegir a un Tribunal Constitucional que sea afín a una mayoría que claramente ha vulnerado sistemáticamente la Constitución”, denuncia el legislador morado recordando las leyes del Legislativo que ya han sido declaradas inconstitucionales. 

El TC es motivo de discordia desde hace años. Basta recordar noviembre del 2019, cuando Vizcarra disolvió el Congreso, para entenderlo. El conflictivo desenlace hace olvidar que la cuestión de confianza que presentó el expresidente –que luego interpretaría como denegada tácitamente– se dio, justamente, por su intención de modificar la Ley Orgánica de Elección del TC. 

Con ese precedente, el nuevo Parlamento decidió completar esa misión y aprobó la modificación. “Cuando se da la disolución y se dan las elecciones para el Congreso complementario, la mayoría en campaña, incluido yo, propusimos que no se podía elegir a los candidatos por ‘dedocracia’, porque eso generaba repartija. La reforma eliminaba la elección de magistrados por invitación y establecimos que el único medio era un concurso público basado en la meritocracia. Logramos ese cometido”, explica Luis Roel Alva, segundo vicepresidente del Parlamento. 

Sin embargo, tuvieron que pausar sus pretensiones por la crisis política provocada por Merino y su banda (presidencial). Una semana antes, en la Comisión Especial empezaron a pasar cosas turbias, como reveló Perú21 el 6 de noviembre del año pasado.

Rolando Ruíz, presidente accionpopulista del grupo parlamentario, había anunciado que 32 de 65 candidatos continuaban en competencia, pero luego redujo la selección a 30. A su vez, otros que no tenían observaciones iniciales, fueron retirados. 

Los abogados Héctor Chávez Vallejos y Luis Carrasco García, este último excandidato de UPP por Piura en las últimas elecciones congresales, habían sido descartados porque “las copias que acreditan su experiencia profesional no están fedateadas ni legalizadas por notario”, pero en la lista actualizada de Ruíz fueron reincorporados sin falta alguna. Hoy ninguno forma parte de los 15 finalistas.

Esto motivó la renuncia de las bancadas de Somos Perú, Alianza Para el Progreso, Frente Amplio y Partido Morado al grupo parlamentario por la irregularidad del recorte en la lista de candidatos. El último 20 de abril, días después de la primera vuelta, la Comisión Especial fue reactivada. Volvieron todos, menos el Frente Amplio.

El Partido Morado se retiró al día siguiente. Carolina Lizárraga, quien había entrado en reemplazo de Gino Costa, asistió a la primera sesión para exigir que el proceso vuelva a punto cero para corregir los cuestionamientos. No le hicieron caso. 

“Ella fue a la comisión a plantear que la única manera de elegir a los magistrados era comenzando el proceso por el principio, con una nueva comisión especial. No con la misma integrada por Luna Morales y Vega Antonio, entre otros”, explica Costa. 

El miembro de la comisión seleccionadora, Diethell Columbus, cuestiona que los morados hayan apoyado la reforma de la ley del TC, pero no formen parte del proceso. “Yo discrepo con muchas cosas que se puedan decir en la comisión, pero yo no tengo un doble discurso: no apoyo una reforma legal para que exista una ‘elección meritocrática’ y de repente saco cuerpo”, critica.

Columbus rechaza que otros miembros de la comisión hayan preguntado por leyes recientemente aprobadas en las jornadas de entrevistas de la última semana. Al legislador le parece rochoso que se pregunte “sobre el tema de la AFP o proyectos de ley que están en curso con posible inconstitucionalidad ante el TC que posiblemente [los candidatos] integren”.

Para Luis Roel, segundo vicepresidente del Parlamento, en cambio, era importante conocer la opinión de los candidatos sobre la “eutanasia, el aborto y la interpretación de la cuestión de confianza” porque son temas que podrían llegar al tribunal. “Nos deja ver las posiciones de los posibles magistrados para que luego no se contradigan o nos sorprendan con sus posturas”, afirma. 

Aún así, Columbus admite que, si eligen a alguien, no será, necesariamente, por su puntaje. “De méritos no tiene nada. Finalmente la comisión puede hacer todo el esfuerzo por evaluar, plantear preguntas pertinentes y otras impertinentes a los candidatos, pero lo real es que quien va a ser elegido magistrado es quien tenga los [87] votos”, asegura.

Por números y afinidades conservadoras. Así podría resolverse este lío que tiene cola desde hace más de dos años.

(*) Fotocomposición de portada e infografías: Leyla López

 

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Congreso, Tribunal Constitucional

Por Hernán P. Floríndez

Como cada fin de mes, desde hace 29 años, Carlos Alva Jara recibirá su boleta de pago de la Municipalidad Provincial de Trujillo con descuentos y retenciones para su AFP. Antes de graduarse como abogado, ser asesor legal en la municipalidad y enviar cerca de S/250 mensuales a la incierta promesa de una jubilación, Carlos fue cajero y conserje. 

Conoce en primera persona lo que significa ajustar el bolsillo mes a mes y teme que su jubilación lo regrese a como empezó en sus veinte.  

 

Carlos, con 55 años y un diagnóstico de diabetes, trabaja desde las siete de la mañana en el comedor de su casa. Envía informes legales, responde escritos y atiende consultas del público por teléfono. Además, como lo hace desde su juventud, mantiene una activa vida sindical. Es presidente de la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales (CITE) y presidente fundador de la Asociación Nacional de Trabajadores Afiliados a las AFP (Antrafap).

En diez años podría jubilarse, pero está convencido de que, al hacerlo, la pensión no le alcanzará para cubrir sus gastos básicos. Además explica que las comisiones que le cobran son muy altas. Afiliado a Profuturo AFP, Alva paga a la compañía el 1,69% de su sueldo cada fin de mes como comisión. Cabe recordar, además, que desde 2013 parte de los afiliados pagan una comisión calculada no solo sobre su sueldo, sino también sobre su fondo acumulado: una comisión mixta.

Alva ha representado la voz de los afiliados desde 2012. Ha dictado charlas y talleres sobre el tema y, a través de la Antrafap, ha impulsado la ley que permitió la entrega de hasta el 95,5 % del fondo individual. Sin embargo, al igual que los más de 7 millones de afiliados al sistema, desconocía que junto con las comisiones que considera excesivas hay una más que se resta de su jubilación casi a escondidas; y que acá revelamos como parte de la investigación regional A dónde va mi pensión’. 

La comisión extra que pagas sin saberlo 

En Perú las AFP mantienen un gasto casi secreto mediante las llamadas ‘comisiones fantasma’: una especie de peaje invisible cobrado por administradoras extranjeras al fondo de ahorros de los afiliados.

Si bien todos los meses las AFP reducen un porcentaje de los sueldos y/o del fondo acumulado por administrar las pensiones, cuando invierten en fondos especializados del extranjero, estos cobran comisiones adicionales. Algunas las asumen las AFP, pero otras corren a cargo de los trabajadores.

La Ley del Sistema Privado de Pensiones permite que las AFP carguen los gastos operativos a los afiliados cuando las administradoras invierten en fondos mutuos o mutuos alternativos del exterior. Estos no son otra cosa que conjuntos de capitales administrados por sociedades foráneas, las cuales hacen rendir dicho dinero mediante diferentes instrumentos financieros (bonos, acciones, derivados, etc).   

¿Es usual que las AFP hagan este tipo de inversiones? Según la Composición Específica de las Carteras Administradas por las AFP que publica la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), a diciembre del 2020, solo un poco menos de la mitad (43%) del fondo de pensiones total está invertido en fondos del extranjero.

A la fecha señalada, están comprometidos más de S/71.000 millones en esta clase de inversiones. La que más apuesta por este tipo de fondos es la AFP Integra. Mientras que el fondo tipo 3 —el más arriesgado y el que recomiendan a afiliados hasta los 45 años— de la AFP Profuturo es el que mayor porcentaje envía a los fondos mutuos del extranjero (57.83%).

 

AFP-Inversiones Fonfos mutuos exttanjero
[ La mayoría de afiliados no suele mover sus fondos del lugar recomendado por la compañía. Elaboración: Leyla López. Fuente: SBS ]
No todo lo invertido afuera paga ‘comisión fantasma’, pero el monto desembolsado es considerable. Entre los años 2016 y 2020, las AFP pagaron más de S/1.673 millones a las administradoras extranjeras con los ahorros de los afiliados, según informó la SBS a este medio a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Este monto equivale a más del 70% de lo registrado en ganancias netas por las AFP durante esos mismos años.

La Superintendencia calcula esta comisión en base al TER (Total Expense Ratio), un concepto que toma en cuenta los diferentes tipos de gastos que implica invertir en los fondos extranjeros. 

 

Comisión AFP
[Cabe resaltar que las estimaciones de la SBS, según informó, están basadas en fuentes financieras especializadas y no en reportes u oficios solicitadas por la misma entidad. Elaboración: Leyla López. Fuente: SBS ]

Estas millonarias comisiones estimadas a partir del TER son pagadas con el dinero de los afiliados sin que estos sean informados, ni consultados. Es como costear nuevas comisiones a un broker en el extranjero con la inusual particularidad de que no decides a quién le pagas ni cuánto pagas.

Estas comisiones sirven para cubrir los ‘Gastos de Gestión’, ‘Gastos de Distribución’ y ‘Otros Gastos’ del fondo extranjero. Es decir, son pagos por manejar las inversiones, incluso con la posibilidad de pagar una comisión de éxito, y por publicidad y marketing que ayuden a incrementar el valor del fondo mutuo en el mercado. También para cubrir gastos logísticos propios de la gestión del fondo como trámites, servicios legales y contables, etc. 

“Esto es una práctica mundial”, comenta Enrique Díaz, expresidente de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (hoy Superintendencia del Mercado de Valores) y exsuperintendente adjunto de la SBS, al revisar lo informado por la Superintendencia.

“Hay quienes han reclamado y han dicho ‘oye, yo te pago por administrar, ¿por qué tengo que pagar a dos administradores?’. Ya le pagué a la AFP y ¿encima le tengo que pagar al otro administrador?», reflexiona Díaz, y plantea la posibilidad de que la AFP asuma los gastos. «Entonces, como le va a doler el bolsillo, va a tener que buscar el costo más eficiente posible”.

Sin embargo, en opinión de Carlos Rojas, socio fundador de la banca de inversiones CAPIA, una medida así implicaría riesgos. “Hay ciertos gastos operativos que sí tienen que ser asumidos por el fondo, por ejemplo, la auditoría [contable] porque imagínate que el mismo manager, la AFP, asuma estos gastos. La independencia se quiebra”, sostiene. 

Además, continúa Rojas, la comisión de éxito de los fondos mutuos alternativos puede ser tan alta que sería “impagable” para las AFP porque reducirían sus ganancias en el mediano y largo plazo, y las alejaría de estas opciones de inversión que son uno de sus puntos fuertes.

Ambos especialistas, sin embargo, coinciden en la necesidad de un paso previo antes de entrar a este debate: que los afiliados puedan conocer, mediante reportes entregados por las administradoras, la precisión de las comisiones pagadas con su dinero por cada inversión. 

Este medio buscó la opinión de la Asociación de AFP (AAFP) que en un primer momento se limitó a enviar una breve respuesta por escrito argumentando, entre otras cosas, que estas inversiones “han sido favorables para los afiliados otorgándoles acceso a mercados que benefician significativamente a los fondos en términos de rentabilidad y diversificación del riesgo”.

Insistimos por una entrevista con cada empresa administradora sobre estas opacas comisiones. Sin embargo, la mayoría nos volvió a remitir con la asociación. A puertas del cierre de edición, finalmente la AAFP nos derivó con el gerente general de la AFP Integra, Aldo Ferrini.

Ferrini acepta la falta de topes y que estas son cobradas incluso cuando el fondo mutuo da pérdidas. Se muestra de acuerdo con transparentar “los reportes que enviamos de estos gastos a la Superintendencia [SBS]”. Y agrega: “Eso sí, no creo que el afiliado tenga la capacidad de decidir en qué fondo invertir su portafolio. Al ser una persona individual no podría tener acceso a estos managers”.

La falta de transparencia y límites sobre estos gastos otorgan total poder a las AFP para aceptar pagar —con el dinero de los afiliados— comisiones que pueden ser altísimas. En cambio, en Chile, donde nació el modelo de las AFP, la Superintendencia de Pensiones ha normado estos pagos desde el 2002. 

Hace casi 20 años las autoridades chilenas pusieron techo a las comisiones que se pagan a fondos mutuos extranjeros. Se definió incluso que “los excesos que pudieran existir por sobre las comisiones máximas de intermediación deben ser pagados por las AFP”.

¿Por qué vieron necesario limitar y transparentar este tipo de comisiones?, preguntamos a la Superintendencia chilena. 

“Existía una marcada preferencia por realizar las inversiones en el extranjero mediante tales vehículos de inversión, los cuales se caracterizan por tener comisiones implícitas en el precio de tales instrumentos, de modo que si tales comisiones eran excesivas, podían implicar una menor rentabilidad neta [para los trabajadores]”, responden por escrito. Y agregan que un objetivo importante del cambio normativo fue “entregar mayor transparencia a los afiliados, debido a que estas comisiones implícitas […] eran una excepción en materia de comisiones”.

En Perú sucede lo contrario. Estas comisiones corren sin control. La SBS, a pesar de los múltiples intentos, no respondió a las preguntas que hizo este medio para este reportaje. 

Si bien en los últimos años estos fondos extranjeros han tenido un rendimiento positivo, también han tenido sus onerosas excepciones. En 2018, por ejemplo, la rentabilidad obtenida por los fondos mutuos del exterior fue casi de -S/6.000 millones, una pérdida a pique. Mientras que en ‘comisiones fantasma’ se pagó a los fondos mutuos aproximadamente S/383 millones. 

 

Ganancias y pérdidas AFP
[Rentabilidad obtenida por los fondos mutuos del exterior en los portafolios de los fondos de pensiones en el periodo 2016- 2020. Elaboración: Leyla López. Fuente: SBS]

Las ‘comisiones fantasma’ a los fondos mutuos nunca se dejan de pagar, generen ganancias o pérdidas, ¿es justo?

“Hay un servicio adicional […] hay que tener una serie de licencias y autorizaciones, hay un costo de todas maneras para que te den ese servicio”, comenta Enrique Díaz. Sin embargo, también apunta que “alguien te podría decir coloquialmente ‘vayamos a medias, yo no me tengo que mojar como afiliado al 100% por ese costo porque te estoy pagando a ti y si tú tienes que subcontratar parte del servicio, veamos de compartir esto’”.

Aldo Ferrini explica que, durante los meses en que la rentabilidad es negativa, el porcentaje cobrado es calculado en base a la inversión misma. “Si en el tiempo tu fondo crece, ellos cobran más, si tu fondo decrece, ellos cobran menos; pero igual te cobran porque igual gestionan”, indica. 

Sobre la opción de que estas comisiones no sean cargadas totalmente a los afiliados, el gerente de AFP Integra fue tajante: “No tenemos interés en pagar un centavo más de lo que se debe pagar. Yo considero que tiene que ser asumida por el fondo administrado […] toda la rentabilidad es del afiliado, toda la ganancia es del afiliado. Si todo el gasto lo asume el gestor, habría incentivos para no invertir”. 

En Chile, donde nació el adjetivo de “fantasmas” para estos gastos, tampoco han logrado resolver el dilema.  

Hace dos años una investigación de la Fundación SOL, publicada en El Mostrador, reveló que —entre 2004 y 2017— $5.000 millones de los fondos de los jubilados se fueron en comisiones a gestores de los fondos mutuos en el extranjero. Desde entonces, ciudadanos y parlamentarios emprendieron medidas legales e incluso judiciales para evitar estos cobros. Volviéndose uno de los principales puntos de discusión pública y académica sobre la reforma de pensiones.

 

portadas Chile
[En Chile al revelarse la existencia de las comisiones fantasma acudieron a sedes judiciales para dejarlas sin efecto, así como a proyectos de ley que busquen eliminarlas. Fotos: Bio Chile, El Mostrador, Universidad Alberto Hurtado]

“Es una comisión que paga la AFP a los traders, a las empresas que en el fondo están manejando los títulos en el extranjero. Esta comisión se llamó ‘fantasma’, porque las personas no la conocían. El discurso en las últimas décadas era que uno pagaba una comisión a la AFP, y ahí acababa todo. Pero esta comisión de intermediación se calcula en base a un porcentaje del fondo administrado, en ese sentido, significa que las personas la están pagando directamente de su ahorro individual”, describe Gálvez.

Luego de su publicación, la Superintendencia de Pensiones chilena obligó a las AFP a publicar las comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones y sus Administradoras por la inversión en fondos extranjeros.

 

Comisiones fantasmas
[Investigador Recaredo Gálvez, muestra la poca información que brindan las AFP chilenas sobre las comisiones fantasma. Foto: Captura de pantalla]

No obstante, dice Gálvez, esto no se cumple a cabalidad y nos muestra algunas páginas donde dan información básica o explicaciones generales. Hasta hoy, cuenta el investigador chileno, “es imposible visualizar individualmente el pago preciso que se hace de los ahorros a los fondos extranjeros”.

A diferencia de Perú, donde recién estamos iniciando el debate sobre la reforma integral del sistema de pensiones, en Chile la discusión está en curso y apunta a eliminar las ‘comisiones fantasma’. Así se estableció en el proyecto ley de reforma previsional que aprobó la Cámara de Diputados. Sin embargo, la última palabra y votación la tendrá el Senado en los próximos meses.

Por lo pronto en Perú, el proyecto de ley presentado en enero de este año para reformular el sistema de pensiones privadas no contempla este punto en específico. Probablemente porque los congresistas lo desconocían —al igual que los casi 8 millones de afiliados— hasta ahora.  

Las administradoras, por su parte, han inundado la televisión con publicidad para desacreditar la propuesta de reforma, que contempla la integración del sistema público y privado. El corazón del problema radica, justamente, en lo que revelan las ‘comisiones fantasma’: la ausencia de transparencia, decisión y poder que sufren los afiliados sobre el dinero de su futura jubilación.  

Ilustración: Héctor Huamán

 

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La salida del fiscal Luis Arce Córdova del Jurado Nacional de Elecciones no habría significado un revés al proceso electoral si el Colegio de Abogados de Lima (CAL) hubiese cumplido con elegir a su representante en esta instancia, que revisa el festival de apelaciones presentadas por Fuerza Popular.

 

Finalmente ayer el suplente de Arce, el fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza -también investigado por sus vínculos con Los Cuellos Blanco- juramentó en el cargo. Pero la autoridad electoral vivió momentos de zozobra porque, hasta que esto ocurriese, no podían seguir evaluando las actas sobre las que el fujimorismo y su staff de abogados han pedido nulidades. Un trámite que se viene decantando en contra de los intereses de la tienda naranja.

Para elegir a su miembro ante el JNE, todos los abogados habilitados del CAL -es decir, los que estén al día en sus pagos- tienen derecho a votar. Estos suman unos 35.000, de los más de 76.000 abogados registrados. Según Nancy Miranda, una de los tres miembros del comité electoral del CAL y secretaria de este órgano, desde el año pasado vienen solicitando un padrón completo a la Junta Directiva que preside la decana María Elena Portocarrero, pero siempre les ponen trabas.

“Los encargados de elaborar este padrón son los directivos del CAL, de acuerdo a sus funciones. La decana tiene que organizarse y decir que elaborará esto, que es trabajo de la Dirección de Informática. Son cinco veces que el padrón ha sido observado por la ONPE”, dice Miranda a Sudaca.

El pasado 30 de marzo, por ejemplo, la ONPE remitió una carta al comité electoral donde señala lo siguiente: “Reiteramos nuestra observación sobre el padrón electoral, en el sentido que dicho instrumento no reúne las condiciones mínimas de confiabilidad que aseguren la participación plena de todos sus agremiados […] resulta necesario contar con un padrón debida y totalmente actualizado, fidedigno e inobjetable, para poder llevar a cabo unas elecciones óptimas”. 

Portocarrero -que debió dejar el cargo a fines del 2019- admite una demora del proceso y confirma las observaciones hechas por la ONPE. Pero aduce que, en gran parte, la responsabilidad fue de este organismo electoral porque no dejó claro, desde el primer momento y específicamente, qué información necesitaba.

“Las actualizaciones fueron por partes. Primero referente a los datos hábiles e inhábiles. Luego requirieron la actualización de correos electrónicos, la última observación fue referente al reglamento. Estas observaciones pudieron efectuarse de manera conjunta para agilizar el proceso”, dice Portocarrero para este informe.

La decana señala que ella propuso contratar una empresa privada para llevar a cabo las elecciones, luego de que, por las demoras, se suspendiera la votación programada para inicios de marzo de este año. Pero no sabe precisar por qué se frustró aquella alternativa.

“Les dije al comité electoral que, con la data que se tenía, se haga la elección con una empresa privada de veedores, de manera formal, pero querían confiar en el respaldo de la ONPE. La Junta Directiva no participa de las elecciones. El comité electoral es autónomo. Las propuestas [de empresas privadas] han debido de llegar al comité electoral. Yo no manejo la mesa virtual. Si ha llegado un documento y se ha remitido, yo no me acuerdo”, apunta.

Hacia fines de abril, el comité electoral finalmente consiguió un padrón subsanado.  Entre idas y venidas, el 13 de mayo este comité le indicó a la ONPE que señale una fecha para la elección electrónica, que se desarrollaría de manera gratuita gracias a la entidad electoral. Pero no ha habido respuesta. Una vez se tenga una por parte de la ONPE, recién correrán 45 días para la preparación del software que utilizarán para los comicios. 

“La ONPE tiene una agenda y recién han estado con las elecciones presidenciales. No por ser el CAL nos van a atender de inmediato. Esperemos que sea pronto [determinar la fecha de elecciones], estamos trabajando en eso y en estos días se nos va a señalar cuándo. Pero el comité electoral no tiene responsabilidad alguna con el tema del padrón”, insiste Miranda.

Actualmente hay ocho candidatos a ser miembros del JNE. Por reglamento, la persona que sea elegida asume el cargo por un período de cuatro años. 

Según el experto electoral José Manuel Villalobos -quien confiesa que aspira a ser el elegido de este proceso-, el marco legal del JNE no contempla el problema de no designación de un miembro por parte del CAL. Además, recordó que en elecciones nacionales anteriores no se registraron tantas apelaciones. PPK, por ejemplo, fue proclamado el 28 de junio de 2016. 

Decana de facto

Que no se haya podido nombrar hasta ahora al representante en el JNE también tiene un telón de fondo caótico. El Comité Electoral y la Decana del CAL se llevan pésimo. El punto de quiebre en dicha relación se habría dado hacia fines del 2019, previo a las elecciones internas al decanato de aquel año. Según fuentes colegiadas, en una asamblea ordinaria se reveló un audio de un miembro del comité electoral donde se hablaba sobre una supuesta preferencia hacia uno de los candidatos.

Fue a raíz de eso que los tres miembros del comité, incluida Nancy Miranda, fueron removidos. Le pedimos más detalles a Portocarrero, pero dijo que no podía hablar del caso al ser un proceso abierto.

Como fuese, las elecciones para el nuevo decano se dieron luego de aquel incidente, llevado a cabo por otro comité electoral, en noviembre de aquel año. A la segunda vuelta habían llegado Javier Villa Stein y César Castañeda Serrano. Según fuentes del CAL, la figura de Villa Stein no es del agrado de Portocarrero. Pero no fue ella quien finalmente frustró su designación. Lo cierto es que las elecciones no fueron avaladas por ninguna entidad.

De hecho, la ONPE no participó del proceso y hasta la notaría contratada para dar el visto bueno a la jornada tuvo que retirarse en medio de denuncias públicas de fraude. A pedido de uno de los participantes en los comicios, el Poder Judicial emitió una medida cautelar que suspendía cualquier elección hasta que no se resuelva si los comicios de noviembre eran o no válidos.

En setiembre del 2020, sin embargo, el comité electoral destituido logró -via judicial- ser repuesto. A pesar de la medida cautelar que impedía la elección, ese setiembre el comité convocó a otro proceso. Javier Villa Stein se llevó la victoria. Muchos de los candidatos, sin embargo, se negaron a participar alegando que les habían avisado con apenas 48 horas de anticipación. Incluso el notario “desistió de dar fe a cualquier acto electoral”, según reveló Hildebrandt en sus Trece.

Esta es la historia del caos de lo que alguna vez fue uno de los colegios profesionales más prestigiosos del país.

 

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CAL, Elecciones 2021, JNE, Jurado Nacional de Elecciones

 

En algunas ocasiones, Gian Marco Castillo Gómez (23) es quien recibe a las personas que llegan a la casa de cinco pisos ubicada en el pasaje Sarratea N°179, en el distrito de Breña, donde Pedro Castillo reside cada vez que está en la capital. Es uno de los sobrinos más queridos del profesor y un importante colaborador político de esta contienda.

 

Gian Marco es hijo de José Mercedes Castillo Terrones (57), el hermano mayor del virtual presidente. Es el segundo de tres hermanos. Hasta antes del inicio de la campaña, ‘Gian’, como le dicen sus amigos, vivía con su madre y hermanas Merly (26) y Anali (20) en San Juan de Lurigancho, pero por la contienda política se ha mudado en más de una ocasión a la vivienda de Breña, la base de operaciones de Castillo en Lima.

Allí, ayuda a su tío a coordinar su agenda de reuniones, que ha estado bastante cargada estas últimas semanas. Cuando hace falta, además, lo acompaña en algunos viajes. “Con él ha recorrido casi toda la campaña”, dice a Sudaca Raúl Oblitas (29), otro sobrino del profesor Castillo e hijo de su cuñada Lelis Paredes (52).

Gian Marco, que estudia Economía en la Universidad Nacional del Callao (UNAC), forma parte del primer grupo de confianza que posee Pedro Castillo en nuestra capital. El común denominador de los integrantes de este círculo es que son hijos de sus hermanos y poseen raíces en la provincia de Chota (Cajamarca).

Fray Vásquez Castillo (31) y su hermano Cledin (26), por ejemplo, también forman parte de este grupo. Son hijos de Adelinda Castillo Terrones (54), una de las hermanas del candidato presidencial. Fray ha acompañado a su tío en casi toda la campaña presidencial, junto a Gian Marco, ha apoyado en la organización de los mítines y hasta ha tomado fotografías en la que suele captar momentos claves.

 

 

Su hermano Cledin, por su parte, ha cedido a su tío un vehículo marca Kia de placa BNB-272 con el que se ha movilizado en varias oportunidades por la capital. Por ejemplo, el pasado 5 de mayo Castillo llegó en ese carro al club Apurímac, en Breña, para firmar su acuerdo político con la excandidata presidencial de Juntos Por el Perú (JP) y lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza.

En su cuenta personal de Facebook, Fray ha colocado fotografías de varios mítines que él mismo ayudó a coordinar. En un reciente post -en el que adjuntaba una fotografía junto a Castillo y su primo ‘Gian’ en los días previos al cierre de campaña- describió así su experiencia de estos meses:

“Para mi querido tío, Pedro Castillo Terrones: Primero, gracias a Dios por la vida, por la salud y por todo. Mi vida ha estado llena de bajos y altos, pero lo más maravilloso ha sido ser partícipe en tu campaña, en nuestra campaña, de la campaña de todos. No sabes el honor que ha sido para mí acompañarte en cada uno de tus viajes y ser parte de tu lucha. Sé de dónde vienes, sé adónde quieres ir y es eso [lo que] te hace alguien especial. Todos estos momentos compartidos han visto la esperanza de un pueblo que tiene en ti. Estoy seguro de que no darás la espalda a tu pueblo [ni] a tu familia (…)”.

 

Pedro Castillo

Fray Vásquez publicó esta foto, el pasado 5 de junio, en su cuenta de Facebook. Aquí aparece junto a su tío Pedro Castillo y su primo hermano Gian Castillo, durante un recorrido de la campaña de la segunda vuelta electoral.

 

Fabián Castillo Terrones (48), otro hermano del candidato del lápiz, también ha sido un apoyo clave para esta campaña. Es el único de este círculo con experiencia política previa. En las elecciones municipales y regionales de 2006 y 2010 postuló sin éxito a regidor del distrito de Curimana con las organizaciones políticas ‘Integrando Ucayali’ y ‘Esfuerzo Unidos’, respectivamente. En varias oportunidades se ha trasladado desde Pucallpa -donde reside- hasta Lima para ayudarle en asuntos administrativos, como realizar llamadas telefónicas para coordinar reuniones. Paradójicamente, en septiembre del año pasado se afilió al partido político Democracia Directa, donde actualmente figura como militante.

En las dos semanas previas a las elecciones, otro sobrino del profesor, Rudbel Oblitas Paredes (27), apoyó a su tío en el aspecto logístico para la coordinación del traslado de personas. Oblitas es hijo de Lelis Paredes, cuñada de Castillo. Y es ingeniero civil graduado en la Universidad Tecnológica de la Habana, Cuba, donde estudió gracias a una beca.

Sudaca conversó con su hermano Raúl Oblitas (29), quien no oculta su admiración por la figura de Ernesto ‘Che’ Guevara. El 18 de julio de 2018, la fecha de la graduación de Rudbel, Raúl fue el más entusiasta en tomarse fotos con una pintura del guerrillero argentino. Este explica a Sudaca que se tomó esa instantánea “por la simpatía y admiración” que siente por este personaje y por el hecho de haber luchado ante “tanta injusticia social”. Recuerda que conoció por primera vez la biografía del ‘Che’ en un DVD que fue proyectado, “cuando era chibolo”, en la casa de su tío Pedro Castillo en Chota, Cajamarca.

 

Raúl Oblitas, quien aparece en esta foto junto a un cuadro del ‘Che’ Guevara, es hermano de Rudbel, quien ha ayudado a su tío Pedro Castillo, en Lima, durante la campaña. Ambos son hijos de Lelis, la hermana de su esposa Lilia. Estudia ingeniería civil en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo.

 

A ese primer grupo de confianza, con raíces de la provincia de Chota, le podemos sumar un reciente jale: el exdecano del Colegio de Abogados de Lima y de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Marcos (UNMSM), Aníbal Torres Vásquez (78). Él nació en el distrito de Chota, en la provincia homónima. Aunque su vínculo con el virtual presidente es distinto. 

“Desde los 18 años radico en Lima. Recién conozco al profesor Castillo después de la segunda vuelta, cuando salí a darle su apoyo y me llamaron [de su equipo]. Salí a defenderlo porque lo llamaron terrorista y comunista. Y él no lo es porque en Chota no hubo terrorismo gracias a los ronderos. En mi familia hubo ronderos”, dice de manera tajante el abogado que hoy integra el equipo de asesores legales del profesor.

El apoyo en Chota

En la provincia de Chota, en el distrito de Tacabamba, Cajamarca, también hay grupos de importantes colaboradores de Pedro Castillo. Uno de estos ya lo dio a conocer Sudaca en un reportaje publicado el pasado 4 de junio. Entre ellos, está el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú (Fenatep) de Tacabamba, Almansor García Delgado, y el coordinador del partido Perú Libre también de este distrito, Juan Chamaya Chávez.

 

Entorno del profesor Castillo

 

Castillo y Almansor se conocen hace más 15 años, cuando ambos trabajaban en la escuela N°10475 del distrito de Chugur, donde este reside. De aquellos tiempos también es su relación con el profesor Chamaya, quien recibió el encargo de Castillo de ser el coordinador local del partido.

Los dos profesores, junto a más de veinte colegas, consiguieron que una profesora les ceda la casa de dos pisos que ahora funciona como local de campaña de Perú Libre en Tacabamba. Es más, un importante grupo de estos, junto a dirigentes de Perú Libre y ronderos, llegaron a Lima el pasado 14 de mayo. Suman más de 30 personas.

“Estamos en Lima para decirle al profesor Pedro Castillo y al pueblo que no están solos. Estamos acá para defender la democracia. Esperemos que, en las próximas horas, el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncie frente a las actas contabilizadas al 100% de la ONPE. Nos vamos a quedar hasta que se den los resultados de forma legal”, señala Almansor García, docente y viejo amigo del virtual presidente.

Pedro Castillo tiene también un círculo de confianza que le sirve como base emocional. A pocos metros de la casa del virtual ganador de las elecciones, por ejemplo, vive su hermana Amelia, con quien posee una permanente comunicación. Y a media hora de allí, en la localidad de San Luis de Puña, en el vecino distrito de Tacabamba, viven sus padres Ireño y Mavila y su hermano José Mercedes.

Cerca de la plaza de armas de Tacabamba, los padres del profesor Castillo poseen, además, una vivienda a la que van un par de veces a la semana. El día de las elecciones de la segunda vuelta, antes de dirigirse a esperar los resultados a boca de urna programados para las 7 p.m., Castillo estuvo durmiendo un par de horas en aquella casa. Pidió ser despertado a las 6:20 p.m. para dirigirse al local de Perú Libre, ubicado a solo dos cuadras de ese punto. Allí esperó los resultados electorales junto a su familia y sus colegas profesores.

 

Yenifer o ‘Yeni’, quien aparece en esta foto con su sombrero chotano, es la hija mayor del virtual presidente Pedro Castillo. Está haciendo su tesis para sacar su título de administración de empresas en la Universidad Nacional de Cajamarca.

 

Aparte de sus padres y sus hermanos, su esposa Lila y sus hijas Yenifer (25) y Alondra (10) representan otro grupo de apoyo emocional importante para Castillo. De hecho, aquella noche del boca de urna, el profesor prefirió recibir con ellas, en el segundo piso del local de campaña del distrito de Tacabamba, los resultados. Mientras que los profesores y militantes lo hicieron en el primero. A su hijo  Arnold (16), no se le vio en dicho recinto.

 

Entorno del profesor Castillo

 

Parte de esta estabilidad emocional está basada en el respeto a la religión que cada integrante de la familia profesa. “Mi papá es católico, pero respeta las creencias mías, de mi madre y de mis hermanos [pertenecen a la congregación de la Iglesia del Nazareno]”, dice su hija Yenifer a esta publicación. Ella, en los papeles, es la hermana menor de la esposa del profesor Castillo, pero al quedar huérfana de madre cuando tenía un año y nueve meses de edad, fue adoptada y criada por la virtual pareja presidencial.

“En las reuniones de la familia, siempre me hace participar como la hermana mayor. Por ejemplo, tú has visto que en los dos desayunos electorales me dice: ‘ya hija, inicia tú la oración’»’, cuenta. En el patio de su casa hay una frase religiosa escrita en inglés: “Jehova is my shepherd [Jehová es mi pastor]”. Por allí, merodea actualmente ‘Boby’, que es el perrito criollo de su tía Lelis, pero que ahora es el nuevo guardián de su casa puesto que ‘Jazmín’, otro can, murió hace poco. Antes, tuvieron a otro perrito llamado ‘Montesinos’, como el apellido del siniestro exjefe del SIN.

 

(*) Fotocomposición de portada e infografías: Leyla López

 

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Pedro Castillo, Perú Libre

Subtanjalla. Ese es el nombre del distrito iqueño en el que 86,3% de su población adulta mayor ha sido vacunado contra la Covid-19 a doble dosis. Solo superado por poco por el distrito de Chachapoyas, en Amazonas. Así lo indica el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis) que, entre otras, lleva la cuenta más esperanzadora a nivel nacional, la de la vacunación contra el coronavirus.

 

Ica (58,3%) y Tacna (57,3%) son las dos regiones con mayor cobertura de una vacunación completa entre adultos mayores. Le siguen Lima Este (53,6%), Lima provincias (53,6%), y La Libertad (53,4%) .

“¡Vamos bien!” titula optimista un afiche de la región Tacna compartido por Aníbal Novoa, presidente de la Federación Médica de la región, con Sudaca. Y es que sin encontrarse originalmente entre las seis regiones priorizadas, Ica y Tacna han tenido un remonte progresivo a través de puntos de vacunación descentralizados en distintas provincias.

En Ica se ha cumplido estrictamente la recomendación del Minsa de que las personas reciban la segunda dosis en el mismo punto de vacunación en que recibieron la primera. “Es importante recordarle a la población que las dosis que nos envía [el Minsa] es en base a cuántas personas se vacunaron con la primera dosis. […] Si van a diferentes puntos de vacunación, entonces unos van a tener deserción, otros aumentos [de vacunados]. Sería un desequilibrio total. Es [una medida] en aras de la transparencia de la vacunación”, explica la coordinadora de inmunizaciones del Hospital Regional de Ica, Ana Córdova.

Los mejores resultados de la vacunación a adultos mayores en la comparativa nacional. Fuente: Reunis-Minsa

En Trujillo, las personas mayores de 58 años ya están recibiendo su segunda dosis, según ha informado la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de La Libertad.

“Desde un principio se ha tenido una buena organización y ha sido una buena decisión descentralizar los puntos de vacunación en una variedad amplia de distritos. Hasta nosotros nos hemos sorprendido, en ese sentido sí hay que felicitarlo”, explica Carlos Valderrama, secretario general de la Federación Médica de Trujillo.

En Iquitos, el primer epicentro local de la pandemia, el avance no se iguala al de Ica, Tacna o La Libertad. Sin embargo, Luis Runciman, decano del Colegio Médico de Loreto, cuenta a Sudaca que el proceso vacunatorio está cumpliendo con el calendario y que son los colegios de la región los que han servido de puntos de encuentro para la inmunización. 

“Hasta el momento hay una buena aceptación de la población, cada vez que hay un anuncio de vacunación las colas se forman adecuadamente, sin desorden”, comenta el médico. Según Reunis, el 26% de los mayores de 60 de la región ha recibido las dos dosis de la vacuna. El porcentaje sube a 34% si consideramos aquellos con solo la primera.

El futuro incierto de la vacunación

A nivel nacional, el 60.9% de los mayores de 60 años ha recibido ya la primera dosis de la vacuna. Es decir, 2.762.167 personas. Y a 38,2% (1.729.835 personas) ya se le aplicaron ambas. 

Pero las cifras totales aún distan de este éxito. Solo el 11,46% de la población peruana ha recibido al menos la primera dosis. Estamos hacia el final de la tabla en Sudamérica, aunque compensa el alivio de ver a los mayores de nuestras familias ya vacunados.

“El gobierno ha contratado 62 millones de vacunas de los diferentes laboratorios”, subrayó el sábado pasado el ministro Óscar Ugarte, y agregó que en julio de este año ya estarán en territorio nacional 11 millones de estas. “Le estamos dejando al otro gobierno 50 millones, lo que es suficiente para vacunar a toda la población mayor de 18 años hasta fin de año”, dijo en la campaña de inicio de vacunación a pacientes oncológicos y VIH positivos.

Un anuncio esperanzador ad portas del cierre del gobierno de transición de Franscisco Sagasti y que representa el primer parteaguas de un proceso vacunatorio que inició de la peor manera, con el indignante caso del “Vacunagate” y la lista de más 400 personas que se habían saltado la cola, entre ellos el expresidente Martín Vizcarra y la entonces ministra de salud Pilar Mazzetti.

La antítesis es quizá esta prioridad reciente para aquellas personas que hacen frente a enfermedades tan difíciles como el cáncer y el Sida. Para ellos, el proceso vacunatorio se hará principalmente en los centros donde llevan regularmente su tratamiento. Esto porque resulta necesario el conocimiento de su médico tratante para definir si es el momento apropiado para que su cuerpo reciba la vacuna. 

Al 17 de junio, la tabla de posiciones de la vacunación contra la Covid-19 en Sudamérica. Fuente: Our World in Data.

Hace más de dos meses arrancó la nueva estrategia territorial del Minsa y con ello intentó mejorarse la efectividad del proceso vacunatorio que tuvo inconsistencias en el padrón utilizado para la primera etapa liderada por EsSalud en Lima, como reportó Sudaca. Antes, incluso, también hubo fallas más serias en el padrón del personal médico. 

“Le remití una carta a la exministra de Salud, Pilar Mazzeti, manifestándole nuestra preocupación por los fallos detectados. En ese momento, el principal problema era las inconsistencias detectadas en el padrón [del personal médico]”, dice a Sudaca Luis Robas, jefe de megaproyectos de la Contraloría General de la República.

Robas recordó otros dos puntos débiles del inicio: la falta de conocimiento de los protocolos de vacunación a cabalidad por el personal a cargo en las regiones y los problemas en la plataforma electrónica que el Ministerio de Salud había implementado para que el personal pueda registrar la información y llevar la cuenta de quién fue vacunado y quién no. 

Para el jefe de megaproyectos de la Contraloría, el gran problema sigue siendo la disponibilidad de vacunas. «Si bien es cierto que ya se ha anunciado los contratos por más de 60 millones de vacunas, lo cual alcanzaría para vacunar a toda la población peruana, no es que las 60 millones ya estén presentes en el territorio nacional y podamos hacer como otros países desarrollados que comienzan a vacunar en farmacias, en clínicas, hasta en lugares públicos, como centros comerciales, donde ya es cuestión de cada persona decidir cuándo va a vacunarse o no», apunta. 

“Todavía nosotros tenemos una limitación, una restricción de la disponibilidad de vacunas, y la demanda es tan grande que las personas podrían querer saltarse la cola para acceder al tema de la vacuna”, agrega.

Según Reunis, el 76% de las vacunas colocadas a nivel nacional han sido de la marca Pfizer-BioNTech. Fue a finales de abril último que Ugur Sahin, cofundador de la empresa alemana BioNTech, anunció que una dosis adicional sería necesaria para el nivel de protección que ofrece la vacuna y sostuvo que debería ser administrada entre 9 y 12 meses después de la primera dosis. La tarea de lograr asegurar una tercera dosis para todos los peruanos parece aún lejana.

Fotocomposición de portada por Leyla López. Fotos: Minsa.

 

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PubMed es como un Google para médicos. Esta base de datos tiene más de 32 millones de papers sobre los últimos estudios científicos publicados en el mundo. Si uno busca ahí las palabras “dióxido de cloro + covid” no encuentra documento alguno que concluya que este desinfectante es eficaz para combatir al coronavirus. Por el contrario, el primer resultado resalta uno de sus muchos efectos nocivos para el ser humano: la disfunción renal.

 

La Organización Mundial de la Salud, la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos, la Organización Panamericana de la Salud (OPS); diga usted, querido lector, una entidad. El consenso internacional es absoluto: el dióxido de cloro (CDS) no sirve para combatir la Covid-19. Y es, para fines prácticos, lejía. Por supuesto, en nuestra fauna parlamentaria hay quienes han hecho oídos sordos.

“Que la FDA apruebe o desapruebe un medicamento no es la voz de dios”, responde el irreverente Posemoscrowte Chagua, congresista de Unión por el Perú (UPP), cuando Sudaca le recuerda la desaprobación del CDS a nivel mundial. El legislador y médico cirujano es el padre de la flamante Comisión Dióxido de Cloro de este Congreso, que ya está de salida.

Chagua presentó la moción para crear este grupo especial el 20 de agosto del 2020. El pedido no fue visto hasta mayo de este año. En medio de la peor crisis sanitaria de los últimos tiempos, 49 congresistas votaron a favor de su creación. Algunos forman hoy parte del equipo investigador. “Los congresistas que lo usan son los que han votado a favor”, asegura Chagua.

Todo fue posible gracias al respaldo de su bancada (UPP), junto a legisladores de Podemos Perú y Somos Perú. Les pareció que destinar 30 días para investigar un producto desacreditado por la ciencia desde el año pasado era una buena idea. Y están seguros de que harán historia.

Iro Chagua
El congresista Iro Chagua sustentando la creación de la Comisión Dióxido de Cloro en el Pleno del Congreso.

Para el grupo parlamentario, su labor será parte del legado que dejarán para el combate contra la pandemia. “¿Por qué no esperar, con buena fe, que en el próximo Congreso algún congresista totalmente libre, neutro, con libertad de pensamiento, pueda decir: ‘voy a revisar esto’?», se aventura a decir Chagua.

Para lograr su cometido, la flamante comisión parlamentaria viene trabajando arduamente desde el pasado miércoles 16 de junio. Ese día se declararon en sesión permanente porque están a contrarreloj. Los testimonios son la principal base que tienen los congresistas para su cruzada. Y en menos de un mes, el informe final será expuesto en el Pleno, publicado en la web del Congreso y remitido al Poder Ejecutivo. Sin duda, un nuevo hito en las excentricidades de nuestra política.

Chagua, sin embargo, dice que “no pueden esperar que los resultados del informe resulten aceptables para la gran prensa y las autoridades de la ciencia” y que garantizarán que “todo lo que salga va a ser producto de un estudio, una contrastación de las posiciones”.

Pero hasta el cierre de esta edición, solo han asistido ingenieros químicos y otros investigadores fanáticos de la llamada «lejía milagrosa». Es el caso de la doctora Arlene Falcón, de la Universidad Nacional de Ucayali. Durante su intervención, la médica destacó que su casa de estudios es “la única en el Perú que está investigando” el blanqueador.

También se dio tiempo para agradecer al principal promotor de este “medicamento multiusos”: el alemán Andreas Kalcker. “Tenemos que agradecerle a Kalcker [por patentar] esta sustancia como CDS y que nosotros utilizamos”, dijo.

MenciónCreadorCDS
La breve aparición del creador del CDS, Andreas Kalcker, durante una de las sesiones de la comisión especial del Congreso. Fue para agradecerle.

De hecho, Kalcker fue invitado a la Comisión de Salud del Congreso en julio pasado, un mes antes de presentada la moción de Chagua, como “creador de la fórmula magistral” del dióxido de cloro. Sin embargo, desistieron de recibirlo al enterarse de sus cuestionamientos, entre estos una investigación de la justicia española por el delito contra la salud pública.

“Una reverenda cojudez” 

Ruben Ramos, exUPP y hoy en la bancada Nueva Constitución, fue uno de los parlamentarios que votó a favor de la moción. Hoy es vicepresidente de esta comisión. El congresista dice que “no está a favor de su uso”, pero admite que la consume y la recomienda. “Es una realidad su uso clandestino y creo que a las instituciones encargadas, como el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, no les interesa. Sacan sus comunicados de alerta, pero para advertir no tienen ningún fundamento científico”, afirma el farmacéutico de carrera.

Pero el INS y EsSalud sí han buscado razones para oponerse al blanqueador. En julio y agosto del 2020, respectivamente, mientras el congresista Chagua presentaba su moción en el Congreso, ambas instituciones se dieron el trabajo de hacer una revisión sistemática en reconocidas bases de datos para encontrar estudios clínicos favorables al CDS. No encontraron nada.

Al parecer a Ramos no le llegó la noticia.

Otro de los legisladores que apoyó la iniciativa fue Carlos Almerí, de Podemos Perú, el partido que lidera el dueño de Telesup (la universidad de la fachada bamba).  “Este es un tema que venía peleando el colega Chagua que, al margen de que no compartamos muchas posiciones políticas, ha venido exigiendo permanentemente”, dice el miembro del grupo parlamentario. Y denuncia que la demora en la puesta en marcha de esta comisión recae en la presidenta del Congreso: “Por la mezquindad de la señora Mirtha Vásquez y su Mesa Directiva no se han logrado algunas comisiones. Esa es la razón por la cual es casi extemporánea su creación”.

AlmeríComisión
Carlos Almerí en la Comisión CDS. El legislador asegura que esta labor no genera ningún gasto estatal.

Lo cierto es que mientras estos parlamentarios invertían tiempo en la creación de este grupo, la comunidad científica no se cansaba de descartar una y otra vez al CDS.

El mito de que este producto combate innumerables enfermedades no es de ahora. Percy Mayta-Tristán, médico especialista en salud pública e investigador de la Universidad Científica del Sur, considera que “era previsible que ante el covid, lo iban a proponer”. “La vienen usando desde hace varios años contra cualquier enfermedad incurable planteando que podría ser útil [como el VIH, cáncer y el autismo]”, dice.

“Lo que nunca han logrado explicar es el mecanismo de acción, es decir, cómo esta molécula que tiene cloro y dos oxígenos, logra funcionar contra cualquier cosa de las que plantean”, agrega.

Magaly Blas, médica especialista en salud pública y epidemiología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, detalla la extensa lista de efectos nocivos del CDS para humanos.

“Al ingerirlo, las personas que lo toman pueden tener quemaduras e irritación en todo el aparato digestivo. Inclusive puede dañar el esmalte de los dientes. Además,  causa metahemoglobinemia, un cambio en los glóbulos rojos que no permite que estos transporten oxígeno. La persona siente que se está ahogando”, explica la doctora.  Y aún no ha terminado.

Blas asegura que “también se han reportado casos de arritmias cardiacas”. Otros síntomas muy comunes son la insuficiencia hepática, náuseas y vómitos. Como si faltaran argumentos, la Digemid recordó a finales de julio del año pasado que “no ha otorgado registro sanitario a ningún producto” que contenga CDS para consumo humano.

Pero en la comisión dicen que existen testimonios de lo contrario, que en sus regiones hay familias enteras que se han curado de la Covid-19 gracias al CDS, que al tío de tal le ha funcionado, que la cuñada de cual le salvó la vida. Para Mayta-Tristán y Blas esto no sería más que un efecto placebo.

“Más del 80% de personas se recuperan de la Covid sin hacer nada. Muchos lo pueden atribuir a diversas cosas. Antes era la ivermectina y ahora el dióxido de cloro. Yo no puedo decir que funciona porque mi abuelita lo tomó”, explica la doctora. “Hay evidencia tangible que personas hospitalizadas graves [por Covid] habían consumido dióxido de cloro”, complementa el doctor.

De hecho, en agosto del año pasado, Victor Manchego, gerente de la Red Asistencial de Cusco, dijo a RPP que el 30% de los pacientes en cuidados intensivos por Covid-19 en su región presentaban también cuadros de intoxicación con dióxido de cloro e ivermectina.

Para el padre de la comisión, el congresista Posemoscrowte Chagua, la evidencia de los especialistas son sólo eco de la FDA y OMS. “Por lo general somos muy obedientes a las instituciones internacionales”, afirma, como lamentándose. Mayta-Tristán, que dice conocer al legislador, considera esta afirmación una “reverenda cojudez”. “Las personas que se oponen no tenemos ningún tipo de influencia farmacéutica. Es un tema de cordura, de salud, de proteger a la población”, explica.

El alcance de las conclusiones del informe final sobre el uso del CDS es un misterio. Para Carlos Almerí el objetivo del grupo parlamentario no es otro que “dejar establecido que el dióxido de cloro no es realmente un medicamento que podría dañar a las personas”. En oposición, claro está, a lo que la OMS se harta de evidenciar desde el año pasado.

Rubén Ramos, por su parte, cree que lo único que harán será “sistematizar la información que existe, que es primigenia, y dar recomendaciones” al Ejecutivo. Esto con la esperanza de que el gobierno inicie una indagación propia con un estudio clínico.

RubenRamos
Rubén Ramos, vicepresidente de la flamente comisión. En julio del año pasado anunció que pediría al MINSA autorizar el uso del CDS para tratar la Covid-19.

A Magaly Blas esto le parece imposible. “El asunto es cómo investigar una sustancia dañina para el ser humano. No creo que ningún comité de ética en el Perú apruebe una investigación de ese tipo. ¿Quién va a querer enrolarse en un estudio donde el consentimiento informado te diga que te puede producir arritmia cardiaca, insuficiencia hepática y te puedes morir?”, pregunta, entre risas, la doctora.

**Fotoportada por Leyla López (Imágenes: Andina)

 

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