Informes

Subtanjalla. Ese es el nombre del distrito iqueño en el que 86,3% de su población adulta mayor ha sido vacunado contra la Covid-19 a doble dosis. Solo superado por poco por el distrito de Chachapoyas, en Amazonas. Así lo indica el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis) que, entre otras, lleva la cuenta más esperanzadora a nivel nacional, la de la vacunación contra el coronavirus.

 

Ica (58,3%) y Tacna (57,3%) son las dos regiones con mayor cobertura de una vacunación completa entre adultos mayores. Le siguen Lima Este (53,6%), Lima provincias (53,6%), y La Libertad (53,4%) .

“¡Vamos bien!” titula optimista un afiche de la región Tacna compartido por Aníbal Novoa, presidente de la Federación Médica de la región, con Sudaca. Y es que sin encontrarse originalmente entre las seis regiones priorizadas, Ica y Tacna han tenido un remonte progresivo a través de puntos de vacunación descentralizados en distintas provincias.

En Ica se ha cumplido estrictamente la recomendación del Minsa de que las personas reciban la segunda dosis en el mismo punto de vacunación en que recibieron la primera. “Es importante recordarle a la población que las dosis que nos envía [el Minsa] es en base a cuántas personas se vacunaron con la primera dosis. […] Si van a diferentes puntos de vacunación, entonces unos van a tener deserción, otros aumentos [de vacunados]. Sería un desequilibrio total. Es [una medida] en aras de la transparencia de la vacunación”, explica la coordinadora de inmunizaciones del Hospital Regional de Ica, Ana Córdova.

Los mejores resultados de la vacunación a adultos mayores en la comparativa nacional. Fuente: Reunis-Minsa

En Trujillo, las personas mayores de 58 años ya están recibiendo su segunda dosis, según ha informado la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de La Libertad.

“Desde un principio se ha tenido una buena organización y ha sido una buena decisión descentralizar los puntos de vacunación en una variedad amplia de distritos. Hasta nosotros nos hemos sorprendido, en ese sentido sí hay que felicitarlo”, explica Carlos Valderrama, secretario general de la Federación Médica de Trujillo.

En Iquitos, el primer epicentro local de la pandemia, el avance no se iguala al de Ica, Tacna o La Libertad. Sin embargo, Luis Runciman, decano del Colegio Médico de Loreto, cuenta a Sudaca que el proceso vacunatorio está cumpliendo con el calendario y que son los colegios de la región los que han servido de puntos de encuentro para la inmunización. 

“Hasta el momento hay una buena aceptación de la población, cada vez que hay un anuncio de vacunación las colas se forman adecuadamente, sin desorden”, comenta el médico. Según Reunis, el 26% de los mayores de 60 de la región ha recibido las dos dosis de la vacuna. El porcentaje sube a 34% si consideramos aquellos con solo la primera.

El futuro incierto de la vacunación

A nivel nacional, el 60.9% de los mayores de 60 años ha recibido ya la primera dosis de la vacuna. Es decir, 2.762.167 personas. Y a 38,2% (1.729.835 personas) ya se le aplicaron ambas. 

Pero las cifras totales aún distan de este éxito. Solo el 11,46% de la población peruana ha recibido al menos la primera dosis. Estamos hacia el final de la tabla en Sudamérica, aunque compensa el alivio de ver a los mayores de nuestras familias ya vacunados.

“El gobierno ha contratado 62 millones de vacunas de los diferentes laboratorios”, subrayó el sábado pasado el ministro Óscar Ugarte, y agregó que en julio de este año ya estarán en territorio nacional 11 millones de estas. “Le estamos dejando al otro gobierno 50 millones, lo que es suficiente para vacunar a toda la población mayor de 18 años hasta fin de año”, dijo en la campaña de inicio de vacunación a pacientes oncológicos y VIH positivos.

Un anuncio esperanzador ad portas del cierre del gobierno de transición de Franscisco Sagasti y que representa el primer parteaguas de un proceso vacunatorio que inició de la peor manera, con el indignante caso del “Vacunagate” y la lista de más 400 personas que se habían saltado la cola, entre ellos el expresidente Martín Vizcarra y la entonces ministra de salud Pilar Mazzetti.

La antítesis es quizá esta prioridad reciente para aquellas personas que hacen frente a enfermedades tan difíciles como el cáncer y el Sida. Para ellos, el proceso vacunatorio se hará principalmente en los centros donde llevan regularmente su tratamiento. Esto porque resulta necesario el conocimiento de su médico tratante para definir si es el momento apropiado para que su cuerpo reciba la vacuna. 

Al 17 de junio, la tabla de posiciones de la vacunación contra la Covid-19 en Sudamérica. Fuente: Our World in Data.

Hace más de dos meses arrancó la nueva estrategia territorial del Minsa y con ello intentó mejorarse la efectividad del proceso vacunatorio que tuvo inconsistencias en el padrón utilizado para la primera etapa liderada por EsSalud en Lima, como reportó Sudaca. Antes, incluso, también hubo fallas más serias en el padrón del personal médico. 

“Le remití una carta a la exministra de Salud, Pilar Mazzeti, manifestándole nuestra preocupación por los fallos detectados. En ese momento, el principal problema era las inconsistencias detectadas en el padrón [del personal médico]”, dice a Sudaca Luis Robas, jefe de megaproyectos de la Contraloría General de la República.

Robas recordó otros dos puntos débiles del inicio: la falta de conocimiento de los protocolos de vacunación a cabalidad por el personal a cargo en las regiones y los problemas en la plataforma electrónica que el Ministerio de Salud había implementado para que el personal pueda registrar la información y llevar la cuenta de quién fue vacunado y quién no. 

Para el jefe de megaproyectos de la Contraloría, el gran problema sigue siendo la disponibilidad de vacunas. «Si bien es cierto que ya se ha anunciado los contratos por más de 60 millones de vacunas, lo cual alcanzaría para vacunar a toda la población peruana, no es que las 60 millones ya estén presentes en el territorio nacional y podamos hacer como otros países desarrollados que comienzan a vacunar en farmacias, en clínicas, hasta en lugares públicos, como centros comerciales, donde ya es cuestión de cada persona decidir cuándo va a vacunarse o no», apunta. 

“Todavía nosotros tenemos una limitación, una restricción de la disponibilidad de vacunas, y la demanda es tan grande que las personas podrían querer saltarse la cola para acceder al tema de la vacuna”, agrega.

Según Reunis, el 76% de las vacunas colocadas a nivel nacional han sido de la marca Pfizer-BioNTech. Fue a finales de abril último que Ugur Sahin, cofundador de la empresa alemana BioNTech, anunció que una dosis adicional sería necesaria para el nivel de protección que ofrece la vacuna y sostuvo que debería ser administrada entre 9 y 12 meses después de la primera dosis. La tarea de lograr asegurar una tercera dosis para todos los peruanos parece aún lejana.

Fotocomposición de portada por Leyla López. Fotos: Minsa.

 

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Adulto mayor, Covid-19, Ica, Lima Este, Ministerio de Salud, Minsa, Pandemia, Perú, Tacna

PubMed es como un Google para médicos. Esta base de datos tiene más de 32 millones de papers sobre los últimos estudios científicos publicados en el mundo. Si uno busca ahí las palabras “dióxido de cloro + covid” no encuentra documento alguno que concluya que este desinfectante es eficaz para combatir al coronavirus. Por el contrario, el primer resultado resalta uno de sus muchos efectos nocivos para el ser humano: la disfunción renal.

 

La Organización Mundial de la Salud, la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos, la Organización Panamericana de la Salud (OPS); diga usted, querido lector, una entidad. El consenso internacional es absoluto: el dióxido de cloro (CDS) no sirve para combatir la Covid-19. Y es, para fines prácticos, lejía. Por supuesto, en nuestra fauna parlamentaria hay quienes han hecho oídos sordos.

“Que la FDA apruebe o desapruebe un medicamento no es la voz de dios”, responde el irreverente Posemoscrowte Chagua, congresista de Unión por el Perú (UPP), cuando Sudaca le recuerda la desaprobación del CDS a nivel mundial. El legislador y médico cirujano es el padre de la flamante Comisión Dióxido de Cloro de este Congreso, que ya está de salida.

Chagua presentó la moción para crear este grupo especial el 20 de agosto del 2020. El pedido no fue visto hasta mayo de este año. En medio de la peor crisis sanitaria de los últimos tiempos, 49 congresistas votaron a favor de su creación. Algunos forman hoy parte del equipo investigador. “Los congresistas que lo usan son los que han votado a favor”, asegura Chagua.

Todo fue posible gracias al respaldo de su bancada (UPP), junto a legisladores de Podemos Perú y Somos Perú. Les pareció que destinar 30 días para investigar un producto desacreditado por la ciencia desde el año pasado era una buena idea. Y están seguros de que harán historia.

Iro Chagua
El congresista Iro Chagua sustentando la creación de la Comisión Dióxido de Cloro en el Pleno del Congreso.

Para el grupo parlamentario, su labor será parte del legado que dejarán para el combate contra la pandemia. “¿Por qué no esperar, con buena fe, que en el próximo Congreso algún congresista totalmente libre, neutro, con libertad de pensamiento, pueda decir: ‘voy a revisar esto’?», se aventura a decir Chagua.

Para lograr su cometido, la flamante comisión parlamentaria viene trabajando arduamente desde el pasado miércoles 16 de junio. Ese día se declararon en sesión permanente porque están a contrarreloj. Los testimonios son la principal base que tienen los congresistas para su cruzada. Y en menos de un mes, el informe final será expuesto en el Pleno, publicado en la web del Congreso y remitido al Poder Ejecutivo. Sin duda, un nuevo hito en las excentricidades de nuestra política.

Chagua, sin embargo, dice que “no pueden esperar que los resultados del informe resulten aceptables para la gran prensa y las autoridades de la ciencia” y que garantizarán que “todo lo que salga va a ser producto de un estudio, una contrastación de las posiciones”.

Pero hasta el cierre de esta edición, solo han asistido ingenieros químicos y otros investigadores fanáticos de la llamada «lejía milagrosa». Es el caso de la doctora Arlene Falcón, de la Universidad Nacional de Ucayali. Durante su intervención, la médica destacó que su casa de estudios es “la única en el Perú que está investigando” el blanqueador.

También se dio tiempo para agradecer al principal promotor de este “medicamento multiusos”: el alemán Andreas Kalcker. “Tenemos que agradecerle a Kalcker [por patentar] esta sustancia como CDS y que nosotros utilizamos”, dijo.

MenciónCreadorCDS
La breve aparición del creador del CDS, Andreas Kalcker, durante una de las sesiones de la comisión especial del Congreso. Fue para agradecerle.

De hecho, Kalcker fue invitado a la Comisión de Salud del Congreso en julio pasado, un mes antes de presentada la moción de Chagua, como “creador de la fórmula magistral” del dióxido de cloro. Sin embargo, desistieron de recibirlo al enterarse de sus cuestionamientos, entre estos una investigación de la justicia española por el delito contra la salud pública.

“Una reverenda cojudez” 

Ruben Ramos, exUPP y hoy en la bancada Nueva Constitución, fue uno de los parlamentarios que votó a favor de la moción. Hoy es vicepresidente de esta comisión. El congresista dice que “no está a favor de su uso”, pero admite que la consume y la recomienda. “Es una realidad su uso clandestino y creo que a las instituciones encargadas, como el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, no les interesa. Sacan sus comunicados de alerta, pero para advertir no tienen ningún fundamento científico”, afirma el farmacéutico de carrera.

Pero el INS y EsSalud sí han buscado razones para oponerse al blanqueador. En julio y agosto del 2020, respectivamente, mientras el congresista Chagua presentaba su moción en el Congreso, ambas instituciones se dieron el trabajo de hacer una revisión sistemática en reconocidas bases de datos para encontrar estudios clínicos favorables al CDS. No encontraron nada.

Al parecer a Ramos no le llegó la noticia.

Otro de los legisladores que apoyó la iniciativa fue Carlos Almerí, de Podemos Perú, el partido que lidera el dueño de Telesup (la universidad de la fachada bamba).  “Este es un tema que venía peleando el colega Chagua que, al margen de que no compartamos muchas posiciones políticas, ha venido exigiendo permanentemente”, dice el miembro del grupo parlamentario. Y denuncia que la demora en la puesta en marcha de esta comisión recae en la presidenta del Congreso: “Por la mezquindad de la señora Mirtha Vásquez y su Mesa Directiva no se han logrado algunas comisiones. Esa es la razón por la cual es casi extemporánea su creación”.

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Carlos Almerí en la Comisión CDS. El legislador asegura que esta labor no genera ningún gasto estatal.

Lo cierto es que mientras estos parlamentarios invertían tiempo en la creación de este grupo, la comunidad científica no se cansaba de descartar una y otra vez al CDS.

El mito de que este producto combate innumerables enfermedades no es de ahora. Percy Mayta-Tristán, médico especialista en salud pública e investigador de la Universidad Científica del Sur, considera que “era previsible que ante el covid, lo iban a proponer”. “La vienen usando desde hace varios años contra cualquier enfermedad incurable planteando que podría ser útil [como el VIH, cáncer y el autismo]”, dice.

“Lo que nunca han logrado explicar es el mecanismo de acción, es decir, cómo esta molécula que tiene cloro y dos oxígenos, logra funcionar contra cualquier cosa de las que plantean”, agrega.

Magaly Blas, médica especialista en salud pública y epidemiología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, detalla la extensa lista de efectos nocivos del CDS para humanos.

“Al ingerirlo, las personas que lo toman pueden tener quemaduras e irritación en todo el aparato digestivo. Inclusive puede dañar el esmalte de los dientes. Además,  causa metahemoglobinemia, un cambio en los glóbulos rojos que no permite que estos transporten oxígeno. La persona siente que se está ahogando”, explica la doctora.  Y aún no ha terminado.

Blas asegura que “también se han reportado casos de arritmias cardiacas”. Otros síntomas muy comunes son la insuficiencia hepática, náuseas y vómitos. Como si faltaran argumentos, la Digemid recordó a finales de julio del año pasado que “no ha otorgado registro sanitario a ningún producto” que contenga CDS para consumo humano.

Pero en la comisión dicen que existen testimonios de lo contrario, que en sus regiones hay familias enteras que se han curado de la Covid-19 gracias al CDS, que al tío de tal le ha funcionado, que la cuñada de cual le salvó la vida. Para Mayta-Tristán y Blas esto no sería más que un efecto placebo.

“Más del 80% de personas se recuperan de la Covid sin hacer nada. Muchos lo pueden atribuir a diversas cosas. Antes era la ivermectina y ahora el dióxido de cloro. Yo no puedo decir que funciona porque mi abuelita lo tomó”, explica la doctora. “Hay evidencia tangible que personas hospitalizadas graves [por Covid] habían consumido dióxido de cloro”, complementa el doctor.

De hecho, en agosto del año pasado, Victor Manchego, gerente de la Red Asistencial de Cusco, dijo a RPP que el 30% de los pacientes en cuidados intensivos por Covid-19 en su región presentaban también cuadros de intoxicación con dióxido de cloro e ivermectina.

Para el padre de la comisión, el congresista Posemoscrowte Chagua, la evidencia de los especialistas son sólo eco de la FDA y OMS. “Por lo general somos muy obedientes a las instituciones internacionales”, afirma, como lamentándose. Mayta-Tristán, que dice conocer al legislador, considera esta afirmación una “reverenda cojudez”. “Las personas que se oponen no tenemos ningún tipo de influencia farmacéutica. Es un tema de cordura, de salud, de proteger a la población”, explica.

El alcance de las conclusiones del informe final sobre el uso del CDS es un misterio. Para Carlos Almerí el objetivo del grupo parlamentario no es otro que “dejar establecido que el dióxido de cloro no es realmente un medicamento que podría dañar a las personas”. En oposición, claro está, a lo que la OMS se harta de evidenciar desde el año pasado.

Rubén Ramos, por su parte, cree que lo único que harán será “sistematizar la información que existe, que es primigenia, y dar recomendaciones” al Ejecutivo. Esto con la esperanza de que el gobierno inicie una indagación propia con un estudio clínico.

RubenRamos
Rubén Ramos, vicepresidente de la flamente comisión. En julio del año pasado anunció que pediría al MINSA autorizar el uso del CDS para tratar la Covid-19.

A Magaly Blas esto le parece imposible. “El asunto es cómo investigar una sustancia dañina para el ser humano. No creo que ningún comité de ética en el Perú apruebe una investigación de ese tipo. ¿Quién va a querer enrolarse en un estudio donde el consentimiento informado te diga que te puede producir arritmia cardiaca, insuficiencia hepática y te puedes morir?”, pregunta, entre risas, la doctora.

**Fotoportada por Leyla López (Imágenes: Andina)

 

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Congreso, Dióxido de cloro, Pandemia

Yisella Inga no tiene ninguna filiación con Fuerza Popular. A pesar de eso fue una de las personeras en la ciudad de Talara, Piura, la región en la que el fujimorismo arrasó con 64,2% de votos. Una familiar la contactó días antes del 6 de junio para preguntarle si le interesaba participar de aquella segunda vuelta. Le contó que el pago era, en un primer momento, de S/50, una cifra que se dobló un día antes de las elecciones cuando una persona que se presentó como miembro del partido le ofreció S/100. Todo gracias al supuesto apoyo de un misterioso empresario, cuenta Inga. 

 

Emocionada, dice, fue al local partidario en dicha ciudad y coordinó con Janet Guerrero, quien era coordinadora de personeros en esa jurisdicción. Ella le confirmó el pago de tres cifras.

Una vez conocido el conteo rápido de Ipsos que daba como ganador momentáneo a Pedro Castillo, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, instó a los personeros a seguir luchando voto a voto antes del cierre oficial de la segunda vuelta. Pero al terminar la jornada electoral, en Piura algunos no vieron un sol. 

“Cerca de las 11 de la noche de ese domingo nos dijeron que no iba a llegar la persona que nos iba a pagar por un inconveniente. Ni siquiera nos habían dado la comida que nos prometieron. He estado llamando reiteradas veces. A otros coordinadores sí les han pagado”, cuenta Inga a Sudaca. Este medio conversó con tres personeros más que están en la misma situación, aunque prefirieron mantener sus nombres en reserva.

“Primero se nos dijo que nos iban a dar S/50, pero luego vino otra orden de S/100. Al final, a poco más de 20 personas se nos ha dado S/30 por parte de la señora Janet Guerrero, pero con eso la gente no iba a contentarse. Hacia el lunes, si no hay un resultado, se irá a los medios masivamente y se denunciará al partido”, dice otro coordinador de personeros.

En total, serían más de 70 personas quienes o no han recibido pago alguno o a quienes se les ha dado apenas S/30, según los cálculos de los coordinadores naranjas en esta provincia. Cuando insisten con las personas encargadas, estos hacen caso omiso o dan largas. La vieja historia del perro muerto en un partido que izaba la bandera de la unión frente al ‘comunismo’.

Promesa sin cumplir

Según la aludida Janet Guerrero, quien era responsable de los personeros en el distrito de Pariñas y que viene apoyando al fujimorismo desde hace más de 10 años, el pago fue un caos porque se distribuyó mal el dinero. Según ella, todo debió centrarse a través de su persona, pero no fue así. 

“Alexander Gallardo era nuestro coordinador de personeros regionales y estuvo mandando la información y los enlaces para enviar la data de personeros, para filtrarlos también. Yo puse 228 personeros y la señora Roxana Zapata, 53; sin embargo, luego apareció Gilbert Mora (antiguo partidario) con credenciales para más personeros”, explica. Esto último descuadró todos los cálculos.

En total, en la provincia de Talara hubo 366 personas que fungieron de personeros y coordinadores de estos. El día de las elecciones, asegura Guerrero, se repartieron los pagos en todos los distritos. Pero al llegar a su jurisdicción, se dejó S/8.000 a Mora, S/6.000 a Roxana y S/15.000 a ella, lo que alcanzaba para pagarles a 290 personeros. Los personeros que había llevado Guerrero fueron los que se quedaron en el aire, porque fueron los últimos en recibir la plata y representaban la mayor parte de estos. ¿De dónde salió este dinero? ¿Quién es el supuesto empresario que financió todo? Ninguno de los entrevistados supo responder.

Luego de varias conversaciones, Guerrero consiguió que Zapata devolviera S/1.500 y luego, según cuenta, pidieron ayuda de congresistas electos en su región, con lo que se logró conseguir un pago de S/30 a una parte de los personeros sobrantes. No fue suficiente. Decenas siguen reclamando a su puerta casi a diario.

“Yo solo quiero quedar bien, recuperar mi paz y retirarme del partido. Hasta ahora vengo insistiendo que me den para pagar. Con esto que ha pasado, estoy bien golpeada. No pensé que el partido hiciera esto. Me han dado la espalda”, cuenta acongojada.

Guerrero señala que los otros dos coordinadores le han mandado cartas notariales para rectificarse tras haber salido en medios de Piura y reclamar los pagos. Sostiene que incluso la presión viene de dirigentes con mayor jerarquía, quienes le han llamado la atención. Pero ella se reafirma.

Para Andrés Sandoval, coordinador de personeros en uno de los locales de votación de Talara, el error estuvo en no centralizar el pago en una sola persona en la jurisdicción. Señala que al contactarse con fujimoristas de mayor peso en la región, de igual manera les han dado largas.

Sudaca conoció, a través de fuentes del fujimorismo, que antes del 6 de junio había un espíritu de cuerpo y sobraban las arengas en los chats de WhatsApp de la organización de personeros, como el “no al comunismo” o “vamos, por el Perú”. Aquellos mensajes ahora brillan por su ausencia. 

Otra fuente fujimorista comenta que hoy la atención no está en honrar la palabra del partido con los personeros, sino más bien en la estrategia de anular las actas, aunque los Jurados Electorales Especiales ya rechazaron todos los pedidos de nulidad. La política de la yuca en todo su esplendor.

Sudaca buscó a Milagros Takayama, personera nacional de Fuerza Popular; Mártires Lizana, congresista por Piura; y a Alexander Gallardo, excandidato al congreso por la misma región para conocer sus descargos. Hasta el cierre de la nota no obtuvimos respuesta.

 

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Elecciones 2021, Fuerza Popular, Personeros

“Un político es un abogado más viejo”, escribió Hernan Casciari en esta sátira publicada por el diario español El Mundo. El último 7 de junio, día posterior a la segunda vuelta, decenas de abogados de las más célebres firmas jurídicas del país −muchos de ellos aún jóvenes− emprendieron una misión política: la revisión de documentos para defender los intereses de uno de los dos partidos en competencia. A favor de Fuerza Popular y en contra de Pedro Castillo.

 

Desde aquel día, distintos medios periodísticos han corroborado la participación de abogados de grandes estudios −cuando menos inicialmente− en la estrategia legal del fujimorismo. Estrategia que ha tenido poco éxito en primera instancia en los jurados electorales. Lo propio ha hecho Sudaca, llamando a algunos de los abogados que fueron registrados como parte de las coordinaciones iniciales de ese camino. 

Una de las firmas cuyos empleados participaron en la revisión documentaria a favor de Fuerza Popular −una de las más reputadas− fue Payet, Rey, Cauvi, Perez Abogados (PRCP), o simplemente el Payet, como es más conocida. Sudaca ha conversado con empleados y revisado comunicaciones que indican que sus abogados participaron del emprendimiento keikista. No solo eso. Uno de los socios principales del estudio, José Antonio Payet, fue personero del partido naranja el pasado 6 de junio. 

José Antonio Payet, socio fundador de la firma que lleva su nombre. Fue personero por el fujimorismo este último 6 de junio, pese a que su ‘Código de conducta’ prohíbe la participación activa en política.

En la semana previa a la elección, Payet convocó a una reunión a sus colaboradores en la que les explicó que “lamentablemente, esta situación que tenemos ahora es una donde el impacto de la elección en nuestro futuro inmediato va a ser dramático” y dijo que “no es válida la opción de no tomar una decisión [votar en blanco o viciado], de abdicar”. Sus palabras causaron malestar en las fuentes que conversaron con este medio, que se preguntaban extrañadas por qué su jefe les daba indicaciones políticas. 

En su charla, el socio fundador detalló, primero, los motivos por los que no quería votar por Keiko Fujimori. Sin embargo, luego retrucó diciendo que un gobierno de Perú Libre sería peor. No llamó directamente al voto por Fuerza Popular, pero sí enumeró las razones por las que una presidencia de Castillo sería “mucho peor que el Covid”. Le preocupaban −dijo− sus hijos, que tendrían que emigrar, las libertades individuales en el país y la supervivencia de su firma. 

“Nosotros facturamos en dólares […] En un gobierno de Cerrón nadie va a poder tener dólares. En la época de Velasco era delito tener dólares, te metían a la cárcel”, aseguró. También dijo que las medidas que tomaría un eventual gobierno del profesor chotano ‘matarían’ al estudio. 

José Antonio Payet es reconocido por las fuentes de su firma como fujimorista. Ha sido asesor del entonces llamado Ministerio de Industria y Turismo hasta 1993, tras el autogolpe, según este perfil que le escribió la cementera UNACEM. Y en esta segunda vuelta fue personero de Fuerza Popular en la mesa 033904 de la universidad San Marcos, donde ese partido sacó 140 votos y Perú Libre 63.

Mesa de la universidad San Marcos donde Payet Puccio fue personero fujimorista. Como anécdota: su firma no es idéntica a la que estampa en el ‘Código de conducta’ de su empresa.

Payet Puccio es uno de los abogados más respetados en su área de especialización: el derecho corporativo. Ha sido formado en la PUCP y luego fue becario Fulbright en Harvard. “Los clientes le otorgan comentarios positivos, con uno de los entrevistados remarcando: ‘Es de primera categoría. Discutimos asuntos estratégicos con él; no solo asesoría legal, sino estrategia del negocio’”, dice su reseña de Chambers & Partners, una empresa británica que elabora listas de referencia para abogados en todo el mundo.

“Cuando el mejor en algo es, al mismo tiempo o por eso, el peor, tenemos un problema”, escribió Casciari hace cuatro años. Y más allá de que se trata de una sátira, su afirmación implica una división clave: una cosa es el buen manejo de las leyes y otra, la conducción ética del actuar personal. Quizá por eso sea importante recordar las palabras del propio Payet en una conferencia de la CADE 2018:  “Es necesario erradicar la zona gris, la zona de la ambigüedad”.

Mientras que en la dimensión legal está todo aquello que un abogado puede (o no) hacer, en la ética está lo que debe hacer si quiere −cuando menos− ceñirse a la cultura empresarial de su firma. 

¿Cuál es el manual de referencia que detalla el buen comportamiento en términos éticos según los valores del Payet? Su ‘Código de conducta’, un documento interno al cual este medio pudo acceder. En él, los socios −incluido Payet− firman una introducción que dice: “queremos asegurarnos que quienes formamos parte del PRCP conozcamos las reglas y lineamientos que deben guiar nuestro comportamiento, disminuyendo ambigüedades y confusiones”.

El cuarto acápite del segundo capítulo detalla el comportamiento referido al financiamiento de campañas políticas. Es muy detallado y abarcador. Empieza afirmando: “PRCP declara ser neutro políticamente y, en ese sentido, PCRP no apoyará a ningún partido, movimiento político o candidat@, sea financieramente o de cualquier otra forma”. 

Luego, el estudio Payet detalla cómo se deben comportar sus miembros: “Aun cuando respetamos las posiciones políticas de quienes forman parte del PRCP, creemos que el ejercicio político activo por parte de cualquier miembro del PRCP, sea a través de algún puesto en un partido o movimiento político o sea a través de financiamiento a favor de candidat@s a puestos políticos, genera incompatibilidad y posibles conflictos de interés en nuestro actual profesional”. 

Y la conclusión del acápite sentencia: “Por lo tanto, quienes formen parte de PRCP tienen prohibido participar activamente en política (sea como candidat@, o asumiendo funciones en cualquier partido o movimiento político) y/o financiar a título personal a cualquier partido o movimiento político”. 

‘Código de conducta’ del Payet. Un saludo a la bandera.

Para Natalia Manso, profesora de responsabilidad social empresarial y compliance de Pacífico Business School, es claro el incumplimiento de Payet -socio y personero- de su propia guía ética. También de los abogados que participaron en la revisión documentaria. “Que incumplen su propio código de conducta es clarísimo y no hay que ser abogado para decirlo. […] La empresa está exigiendo que en el ámbito privado sus colaboradores no realicen esta labor de voluntariado para aportar ni su dinero, ni conocimientos ni tiempo en favor de un partido político”, afirma. 

Manso explica que un código como este “no se ciñe a la legalidad, porque sería una redundancia”, sino que “tiene que ser un compromiso más allá del cumplimiento meramente legal, que va hacia el campo de la ética, de los valores”. Agrega que, en concordancia con su código de conducta, el Payet tendría que haber “levantado una bandera para hacer la investigación interna para saber si eso estaba pasando” apenas medios independientes publicaron la noticia de que había abogados coordinando para realizar trabajos con implicancias políticas, así sea a título personal.

Sudaca se contactó tanto con José Antonio Payet a título personal como con los encargados de prensa de su firma. Por ambas vías se negaron a dar declaraciones para la elaboración de esta nota. Tampoco quisieron responder la pregunta explícita de si la semana pasada habían transgredido sin empacho su ‘Código de conducta’. 

También hubo abogados de esa firma que prefirieron no contestar. Uno es Mario Lercari, asociado que se especializa en derecho corporativo, fusiones y adquisiciones, y mercado de valores, cuyo nombre fue registrado como parte de las coordinaciones iniciales para defender el voto naranja. A puertas de la segunda vuelta del 2016, Lercari escribió una columna −en el portal Enfoque Derecho− en la que alertaba sobre los riesgos de darle al fujimorismo la posibilidad de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC). 

A la consulta de este medio, dio una respuesta vaga: “Prefiero no comentar sobre el tema. Mi nombre estuvo publicado en una lista [de coordinación] que se generó el lunes 7 de junio, cuando se pensaba apoyar con las impugnaciones de actas que había presentado PL. Eso finalmente lo vio directamente el equipo de FP”. Ante la pregunta puntual de si había participado en instancias posteriores, dejó de responder. La mayoría de abogados de esa lista han alegado que su participación fue a título personal: así es como se salvan de romper una norma.

¿Un comportamiento como el de Payet debería ser sancionado internamente? Según Manso, sí. “Si no conlleva una consecuencia, es un código que no tiene una validez real […] El mismo socio, propietario o jefe de la organización [al ser personero] está incumpliendo su propio código y debería por tanto ser sancionado. Los primeros que tienen que cumplir son las cabezas de la organización”, dice.  

Y también explica: “El código de conducta ayuda al colaborador a dirimir dilemas éticos. Por ejemplo, si un funcionario público me pide una reunión en casa, puedo decirle que el código de mi empresa me lo prohíbe. Es una coraza ante dilemas éticos”. Al menos, así debería funcionar. 

Una de las fuentes de esta nota, que ha pedido el anonimato por temor a previsibles represalias, explica a Sudaca por qué era importante que su estudio, el Payet, se ciñera a la prohibición sobre participar en política, así sea para cada abogado: “Lo que me molesta es que terminamos sirviendo al mismo discurso que hoy cobija a personas que piden un golpe de Estado o que se repitan las elecciones injustificadamente”

El código, que debía marcar los límites para no caer en eso, terminó siendo un saludo a la bandera.

 

*Fotoportada: Leyla López.

 

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Elecciones 2021, Keiko Fujimori, Payet

Por Alba Ñaupas y Julio Rospigliosi

La fiscalía anticorrupción de Junín acaba de desarticular toda una organización que se habría dedicado a facilitar -a cambio de coimas- los trámites para quienes querían sacar o renovar sus licencias de conducir. Ello, en complicidad con los funcionarios del órgano encargado: la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC). 

Sudaca accedió a la resolución judicial que ordena la detención de 38 personas involucradas en estos presuntos delitos. En ella no solo se explica el modus operandi de la red y se expone su organigrama. También se registran las escuchas telefónicas realizadas por la Policía en los últimos dos años, las cuales han servido para establecer que algunos personajes de Perú Libre, cercanos a Vladimir Cerrón e involucrados en la campaña electoral, habrían usado su influencia en el partido al servicio de la corrupción, para contratar, cesar o reubicar a los funcionarios del aparato público. 

 

Las investigaciones preliminares de la fiscalía se vienen realizando desde el 2019 y se saldaron el pasado martes con la detención de 27 personas, siete de ellos vinculados a Perú Libre. Según fuentes de la región, esta mafia estaría enquistada en Junín desde hace varios años. Lo único que cambian son los funcionarios. “Esto no ocurre ahora nada más, sino también en gestiones pasadas. La única diferencia es que ahora los han agarrado con las manos en la masa, pero esto siempre ha sido parte de la región Junín”, dice José Miguel Álvarez, consejero regional de Huancayo.

Tráfico de influencias

Uno de los que se mantiene legalmente prófugo es precisamente el secretario de organización de Perú Libre, Arturo Cárdenas, uno de los más cercanos colaboradores de Vladimir Cerrón y -como reportó Sudaca- opositor junto a él de la “moderación” representada por Pedro Francke en el entorno de Pedro Castillo.

Ayer, Cárdenas publicó un comunicado “apersonándose” al proceso y pidió que se levante la orden de captura en su contra. Su abogado, Wilder Romero, dice que al cierre de esta edición su patrocinado no le había dado autorización para declarar.

La resolución señala, por ejemplo, que entre el 11 de agosto y el 1 de septiembre del año pasado, cuando trabajaba como externo para la dirección de Educación, el dirigente se habría comunicado con Marina Vásquez López, jefa del área de personal de la Dirección de Transportes y fundadora del partido que ha llevado a la presidencia a Pedro Castillo. 

Ambos acordaron, según el documento judicial, «dar por concluido los contratos CAS de Edgar Fredy Capcha Sanabria y una persona señalada como Yanina y favorecer en la contratación de Miguel Ángel Rivera Mauricio para que labore en la entidad regional antes señalada, decisiones que fueron dadas por razones de afiliación y/o vínculo político”. Rivera figura como militante de Perú Libre desde septiembre de aquel 2020.

¿Qué hacía un importante militante de Perú Libre, sin competencia en los temas de transporte, coordinando renovaciones, reubicaciones y hasta ceses de personal en este sector? Llamamos a Arturo Cárdenas, pero su celular está apagado.

Según la resolución, “se evidencia el poder que tiene para la colocación de personal en puestos estratégicos donde el partido político Perú Libre se encuentra en gestión», como lo venía denunciando Sudaca. Ello a pesar de que Cárdenas no tenía ningún cargo que le brinde estas atribuciones. Esta es una de las conclusiones atribuidas a la fiscalía.

La imputación contra Arturo Cárdenas, según la resolución judicial: «(…) quien aprovechándose de su condición de secretario nacional de Perú Libre tiene la facultad de colaborar en la promoción, colocación, remoción y favorecimiento de personas en los puestos laborales dentro de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones».

En un diálogo, Cárdenas hablaría con una mujer sobre la presunta reubicación de personal a distintas áreas del gobierno, como las subgerencias de desarrollo económico, social y promoción de inversiones:

Yiuliana: Oye Arturo, ¿cómo es el tema de la renovación? Cantorín nos ha sacado de la lista, algunos dicen que a ti también

Arturo: Sí, justo Ronald, de recursos, me ha llamado y me ha dicho: ‘ oye, te han llamado a la reunión de gerentes y subgerentes, incluso nos han sacado del whatsapp’ […] pero no importa, hemos cumplido con la valla en inversión, pero los únicos cambios que se han dado en desarrollo económico y social.

Yiuliana: Arturo, más que nada quiero empezar en otra cosa, en el tema de salud.

Arturo: Ya, yo voy a chequear […]  voy a conversar bien ese tema porque yo le dije a Carlos que, bueno, ahí el monopolio lo tiene él, pero el partido está por encima. También Eduardo Gutarra de transportes salió, yo voy a ver ese tema.

Otra conversación que cita el juzgado redondea la hipótesis. En esta, Cárdenas le dice a su interlocutora que ya no hay “espacio” en el gobierno regional, y por eso tendrá que quedarse en una municipalidad:

Arturo: Dame tus datos por WhatsApp y en qué área vas estar de la muni. Sí, para que te quedes ahí.

Tali: Pero yo quiero ir al gobierno [regional].

Arturo: Es que ahí ya no hay espacio, te vas a quedar en la muni.

La fiscalía, según recoge el documento judicial, cree que la influencia de Cárdenas también habría servido para obtener recursos con el objetivo de movilizarse durante la campaña electoral. El dinero, según el documento, habría salido de los “cupos” regularmente cobrados por la mafia de los brevetes.

“Tal poder lo ejercería por su vinculación con el partido político Perú Libre, que se encuentra en la gestión regional actualmente […] siendo que “Waldys”, a fin de continuar desarrollando la actividad criminal de la organización en la provincia de Satipo, vendría entregando a “Arturo” o “Burro” [los alias de Cárdenas] el importe obtenido por concepto de un acto ilícito [cobro de cupos] de favorecimiento, cuyo monto oscilaría entre los S/1.300 a S/1.500”, apunta el escrito, que no precisa la periodicidad en la entrega de estos montos.

“Waldys” es Waldys Vilcapoma Manrique, encargado desde el 2019 de la sede Satipo de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. También es militante de Perú Libre. Según denunció Correo, durante el primer gobierno regional de Vladimir Cerrón fue designado como director regional de Producción pese a no contar con el grado de licenciado, requisito para ejercer el cargo. En estas recientes elecciones, postuló como congresista por la región de Pasco.

Otro viejo militante que también quiso ser congresista y actualmente está no habido es José Eduardo Bendezú Gutarra, cofundador de Perú Libre el año 2012 y actual secretario de prensa nacional. En abril del 2019, fue nombrado por Vladimir Cerrón como director del Programa Sectorial IV de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Cuando a fines de aquel año Cerrón fue destituido luego de su condena por corrupción, Bendezú siguió en su puesto hasta mayo del 2020.

Según la resolución judicial, en sus comunicaciones una funcionaria de nombre Marina “le proporciona información que debería ser clasificada, tales como las preguntas a realizarse en el proceso de entrevista y selección para plazas CAS, que efectuarán funcionarios de la DRTC Junín, con lo cual Bendezú podría comunicar y coordinar de forma anticipada al proceso y beneficiar a sus recomendados”.

Bendezú no se detuvo ni cuando en diciembre del 2020 fue contratado como gerente de Tránsito y Transportes de la Municipalidad de Huancayo, otro de los bastiones más importantes del partido del lápiz. El 9 de ese mes, Benedezú conversó telefónicamente con una persona que se identificaba como Flores, para interceder por un vehículo que acababa de ser internado en el depósito. “Un servicio, espérame ahí o, si no, espera al señor Pompeyo. ¿Sabes qué? Su carrito lo han intervenido, es un auto, por favor dale todas las facilidades, por favor dale todas las facilidades de parte del mismo alcalde”, le dijo a su interlocutor, según la resolución.

bendezu imputacion fiscal
La imputación a José Bendezú Gutarra, «al haber colaborado e influenciado en la continuidad y permanencia de otros miembros de la organización, por la contratación en puestos laborales que se vinculan al trámite y emisión de licencias de conducir».

El documento también recuerda que en mayo del 2020 Bendezú fue denunciado públicamente por el sindicato de trabajadores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones por cobro de cupos. Así informó el medio ‘Portal Central’, de Junín: “el sindicato denuncia que existe un ‘negocio de cupos’ para los exámenes de conocimiento y manejo”. El gremio también involucraba en sus acusaciones a Marina Vásquez López -la “Marina” antes mencionada-, jefa de personal de la mentada Dirección y cofundadora y actual secretaria de organización Oriente de Perú Libre. 

Daniel Reyes Salguerán, militante de Perú Libre entre el 2013 y el 2017, es otro de los embarrados en todo este asunto. El pasado 7 de enero, en una conversación con Francisco Muedas Santana, un funcionario del área de licencias y afiliado al partido desde septiembre del 2020, Reyes coordinaba el favorecimiento a su hijo durante un examen de manejo. El documento describe así al retoño del funcionario: un “postulante que durante su evaluación resultará desaprobado, pero que producto de las influencias ejercidas por Reyes Salguerán posteriormente apareció como aprobado y obtuvo su licencia de conducir A-I”.

El negociado quedó registrado en las escuchas telefónicas:

Fran: Su hijo ha desaprobado. En el último se ha parado encima del blanco (…) Depende de usted si le apoyamos.

Reyes: Claro, de una vez. Para olvidarme del tema

Fran: ya, pero no le diga nada, porque yo lo he dejado que siga nomás. 

Reyes: Ah, ya, ya.

José Miguel Álvarez, consejero regional de Huancayo, apunta que varios de los funcionarios involucrados en esta investigación nunca debieron ocupar estos cargos pero que fueron protegidos por Vladimir Cerrón desde el inicio de su gestión. “En un momento se mencionó que ellos [funcionarios como Arturo Cárdenas] no cumplían con el perfil para asumir estos cargos. Hay informes de la Contraloría que mencionan que no se debía mantener en el cargo a estas personas por no cumplir ese perfil. Sin embargo, en ese entonces, el exgobernador Cerrón manifestó una frase que hasta ahora queda en Junín: ‘Mis técnicos son altamente políticos y mis políticos son altamente técnicos’, palabras con las que se excusó para no hacer ningún cambio”, dice.

Operativo en riesgo

La fiscal de la Nación Zoraida Ávalos fue citada el día de ayer al Congreso por este caso, denominado “Los Dinámicos del Centro”, en un nuevo episodio parlamentario de pérdida de tiempo. Esto a raíz de que el diario Perú21 dijera que el coordinador de las fiscalías anticorrupción, Omar Tello, había frustrado que el megaoperativo se lleve a cabo antes de la segunda vuelta electoral, algo que hubiesen aplaudido los dueños del Grupo El Comercio por el golpe que podría haber significado para la candidatura del profesor.

Carta Peru21
Carta de la fiscal Bonnie Bautista dirigida a Perú 21: «debo advertir que su medio de comunicación ha violado la reserva bajo la cual se coordinaba la realización del operativo […] lo cual ha puesto en grave riesgo el éxito de la operación, así como la vida e integridad física de los mencionados».
Sin embargo, Sudaca accedió ayer a una carta firmada por la fiscal a cargo del caso, Bonnie Bautista, y dirigida al diario de marras. En esta aclara que ella recién comunicó a Tello la fecha tentativa del operativo el pasado 8 de junio, dos días después de las elecciones.

“Debo rechazar tajantemente tales afirmaciones por ser falsas. El despacho bajo mi cargo no planificó ni coordinó llevar a cabo el operativo al que se refiere la publicación antes del 6 de junio, dado que todo megaoperativo debe planificarse conjuntamente con el personal de la Diviac a fin de garantizar el éxito del mismo”, escribe Bautista.

“Asimismo, debo advertir que su medio de comunicación ha violado la reserva bajo la cual se coordinaba la realización del operativo […] lo cual ha puesto en grave riesgo el éxito de la operación, así como la vida e integridad física de los mencionados”, agrega la fiscal. Eso es lo que pasa cuando el periodismo se usa como arma política.

 

(**) Fotoportada: Leyla López: En la imagen aparecen (a la izquierda) José Bendezú Gutarra y (derecha) Arturo Cárdenas Tóvar. Ambos militantes de Perú Libre y cercanos a Vladimir Cerrón.

 

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Hace dos semanas, llegó de visita a la casa de una vecina mía un hombre que, por la voz, pasaba los 60 años. Era familiar de la dueña de la vivienda, quien celebraba su cumpleaños con una parrillada en la terraza que da a una de las ventanas del departamento que alquilo. “Yo juntaría a toda esa gente de la sierra y les invitaría un buen desayuno, les pondría su panetón con veneno. Y se acabó el problema”, le escuché decir al sujeto.

Luego arremetió contra Pedro Castillo, que muy a su pesar hoy es virtual presidente de la República, al 100% de actas contabilizadas por la ONPE. Ocurrió en pleno siglo XXI, pero la escena pudo haber nutrido tranquilamente un episodio de ‘El Último Bastión’.

El último fin de semana, un grupo de casi treintañeros con reciente formación universitaria repetía similares argumentos en un chat privado que se filtró a una cuenta de Twitter. Sudaca pudo comprobar su veracidad. Sus apellidos sonarán familiares para quienes hayan asistido alguna vez a las páginas de alguna de las revistas que cubre la anacrónica vida social de la alta sociedad limeña.

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El asqueroso chat donde Galliani reclama que vuelvan las esterilizaciones del gobierno de Fujimori.

“Conclusiones personales: Ayacucho merece ser destruido, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Puno. En esos lugares voy a votar mi basura al piso, escupir en la calle, violar a sus mujeres, pegarle a sus niños”, escribía uno de ellos. A continuación Sebastián Galliani, a quien pudimos identificar plenamente como Sebastián Galliani Paredes (29), extendió la metralleta de perversiones: “Esterilizar a todos, hombres, mujeres, gatos, perros”.

En otro momento, se lee un mensaje del mismo personaje: “Mano, Pedro Castillo es un cholo de mierda. Sin educación y va a cagar al país, sus votantes son alpacas que ni saben por qué votan. Ni leer deben saber […] Cuando no tenga ni un sol para hacer todo lo que prometió voy a ser bastante feliz viendo a sus votantes siendo más pobres que antes. Ojalá algunos mueran de hambre. Lamentablemente los ignorantes así aprenden, a la mala”.

Y agregaba luego: “Que a ese ganado de mierda, por favor, les anulen todo. Y sepan su lugar, al costado de los cerdos y vacas, en el granero, por corruptos, estúpidos y coimeados. Y pa tomarse fotos con los gringos nada más. QUE VUELVAN LAS ESTERILIZACIONES”.

 

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El señorito Sebastián Galliani, acostumbrado a las páginas de sociales de Asia Sur.

En casa de Galliani, en la exclusiva urbanización Rinconada del Lago, en La Molina, una voz dice por el intercomunicador que los chats son falsos y no acepta más preguntas. Pero Sudaca se puso en contacto con dos miembros pasivos del grupo, Luis Carlos Arce y Sergio Cardozo, las únicas personas que le pedían al sujeto que se tranquilice. Ninguno negó su participación en los mensajes. Todo lo contrario. “Decir que yo he participado es mucho. Yo solo he puesto [la palabra] ‘tranqui’”, dice Cardozo (*). Ambos se abstuvieron de dar más declaraciones para este artículo.

(*) En la primera versión de esta nota esta cita aparecía atribuida a Luis Carlos Arce, cuando en realidad fue dicha por el señor Cardozo.

Galliani creció en una de las zonas más exclusivas y excluyentes de La Molina. A los 19 años, según un parte policial, se cruzó frente a un vehículo “al parecer en evidente signo de ebriedad” y fue atropellado. Según su cuenta de LinkedIn, que tuvo que borrar por estos días, es egresado de la Universidad Pacífico y trabajó hasta febrero en la cervecera transnacional AB Inbev, dueña en el Perú de Backus.

No sabemos qué logros tiene el señor Galliani, pero al menos al interior de este chat de amigos el joven encontraba eco entre sus congéneres. Alberto Parodi, a quien hemos identificado como Alberto Parodi Castro (29), responde: “Serrano ignorante, tío, es la verdad. Es de la sierra e ignora demasiadas cosas que un candidato presidencial debería saber, serrano ignorante. Mejor dicho imposible”.

Parodi, egresado de la Universidad de Lima, posee el huachafo título de ‘managing partner’ en la empresa VC Soluciones Legales, una firma dedicada a la asesoría jurídica de empresas y de la cual es gerente. Es, además, comentarista del medio deportivo ‘Ovación’. Nos comunicamos con el medio, pero no pudieron ubicar a Parodi a lo largo del día. Tampoco contestó nuestras llamadas y mensajes al número que coloca en el sitio web de VC.

parodi racismo
Alberto Parodi Castro, egresado de la Universidad de Lima, tiene el huachafo título de managing partner en la empresa VC Soluciones Legales.

 

A la izquierda: los chats donde Alberto Parodi Castro llama «serranaso de mierda» a Pedro Castillo. Derecha: Parodi, egresado de la Universidad de Lima, quien tiene el huachafo título de managing partner en la empresa VC Soluciones Legales.

El pasado 11 de junio, sin embargo, esta empresa publicó un comunicado aceptando la veracidad de los mensajes. “No compartimos las prácticas realizadas por Alberto Parodi, ya que no representa la identidad ni los valores emprendedores, de crecimiento y desarrollo” de la empresa. Y añadía: “Cumplimos con informarles que hemos tomado las medidas correctivas correspondientes y hemos removido a Alberto Parodi del cargo de gerente general de la compañía”.

En la conversación, aparecen otros dos personajes a quienes no hemos podido identificar plenamente. Uno respondía refiriéndose a Castillo, y en mayúsculas, como “SERRANO ASQUEROSO”. Y otro hacía lo propio: “Es un campesino, es lo que es. SERRANASO DE MIERDA”. Todos los amigos tienen como núcleo social al colegio de sodalites ‘San Pedro’.

Según algunos abogados consultados para este breve informe, el Ministerio Público podría actuar de oficio y abrir una investigación. Esperamos que así sea.

comunicado VC soluciones
Comunicado de la empresa VC Soluciones Legales publicado el 11 de junio en el que rechaza «las prácticas realizadas por Alberto Parodi» y corrobora la existencia del chat.

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Desde la India al distrito de Cerro Colorado, en la ciudad de Arequipa. La variante del coronavirus bautizada como Delta por la OMS -y meses antes como “doble mutante” por la prensa- llegó a la ciudad blanca al menos desde inicios de mayo. La mujer de 78 años, la primera oficialmente diagnosticada con esta variante en el país, no había viajado al exterior. No sabemos su lugar en la cadena de transmisión. Lo cierto es que fue el pasado 15 de ese mes que el Ministerio de Salud le tomó la muestra y coincidió con un incontrolable incremento de casos de Covid-19 en la región.

 

Lo impredecible del virus agravaba la situación. “El comportamiento es incierto. Los síntomas al inicio eran típicos de una enfermedad respiratoria, pero han evolucionado con síntomas de otra índole, llámese problemas gastrointestinales, problemas neuromusculares. Vemos que la situación es completamente impredecible y variable”, dice Elmer Rodríguez, presidente de la Federación Médica de esta región. Y añade: “Vemos gente joven en cuidados intensivos, niños, adolescentes y cada vez más mujeres, cosa que no hemos visto en la primera ola”.

Según la plataforma OpenCovid, en la semana del 31 de mayo fallecieron 345 personas. La anterior, 289. Solo el sábado pasado, la Gerencia Regional de salud confirmó  875 nuevos positivos y 45 muertes en las 24 horas precedentes.

Hospital Honorio Delgado. Personal médico y pacientes Covid sin suficiente distancia social en las instalaciones temporales implementadas por Pronis.

No fue hasta el 9 de junio, sin embargo, que el ministro de salud Óscar Ugarte anunció en conferencia de prensa que teníamos a la variante Delta en el país. Ugarte dijo que solo dos días antes habían iniciado, en coordinación con el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), el seguimiento epidemiológico de las personas que tuvieron contacto con la paciente de Cerro Colorado.

Pese a la insistencia de este medio, la cartera de Salud no respondió cuándo fue que el Instituto Nacional de Salud tuvo los resultados de la paciente de 78 años. “¿En qué momento se enteró el Ministerio de Salud de la presencia de la variante? Eso queda para una investigación. Esta variante tiene una alta diseminación, entonces mientras más tarde se dé la información lo único que se va a crear es que no se tomen las medidas correctas en el momento”, dice Javier Gutiérrez, decano del Colegio Médico de Arequipa.

Las autoridades regionales lo sabían oficialmente desde un poco antes: el lunes 7 de junio, dos días antes de que el gobierno lo hiciera oficial. Así lo dio a conocer el gerente regional de salud del gobierno regional, Christian Nova, a los medios. “El día lunes me llamaron del Instituto Nacional de Salud, me dijeron que había esta cepa y que guarde absoluta confidencialidad y discreción, por eso yo lo hice y no dije nada”, apuntó.

Hasta el anuncio de Ugarte, solo dos provincias arequipeñas de Islay y Caylloma estaban en nivel de alerta extremo. “¿Por qué no se incluyó a más provincias de la región Arequipa en este nivel, considerando que la situación sanitaria de la región en general iba agravándose desde semanas antes?” fue otra de las preguntas que hizo Sudaca a la cartera, pero que no obtuvo respuesta.

“El hospital Honorio Delgado está hecho un caos”

«Nosotros sin conocer este resultado [el diagnóstico a la señora de 78 años] observábamos una curva epidemiológica anómala de Covid con respecto de todos los otros departamentos del país”, señala el decano Gutiérrez. Se refiere a la curva que empezó a pronunciarse desde inicios de mayo.

“Nosotros pensamos que en junio podría empezar a bajar [la curva de contagios], pero no. Es más, se está incrementando. Desde inicios de mayo es que se ha incrementado más”, añade Elmer Rodríguez, de la Federación Médica de Arequipa.

De hecho, desde inicios de aquel mes los médicos del hospital covid de la región, el Honorio Delgado, pedían ayuda públicamente. 

El pasado 2 de mayo la jefa de la unidad de Emergencias, Alida Huamán, fue entrevistada en Exitosa Noticias. El problema no era tanto el equipo biomédico, sino la falta de personal. “Un colapso es cuando funcionalmente ya no podemos cumplir con las funciones y ese es el caso (…) estructuralmente tenemos equipo biomédico, pero ¿quién atiende?, ¿quién ve [a los pacientes] si no hay más manos para atender y estamos tan limitados para salvar vidas? También eso es un colapso”, señaló.

Huamán detallaba entonces que de 410 camas de hospitalización sólo estaban operativas 260; de 30 camas UCI, sólo 18; de 16 de trauma shock, apenas 10. “Es decir, actualmente en el hospital Covid hay 168 camas que prácticamente están inservibles, porque las autoridades locales del sector salud no tienen presupuesto para contratar más personal y el gobierno del presidente Francisco Sagasti tampoco da una solución”, apuntó.

Dos semanas después, el 16 de mayo, el director del Honorio Delgado, Richard Hernández, declaraba al mismo medio: “Teníamos 45 plazas [por cubrir] para médicos y solamente se ha logrado conseguir 12 médicos. Pero de especialistas, que necesitamos en este momento para el manejo de cuidados críticos (sobre todo en el área de shock trauma y el área UCI), no hemos tenido ningún médico que se haya presentado”.

La Gerencia de Salud del Gobierno Regional de Arequipa envió entonces un par de oficios al ministro de Salud el pasado 21 de mayo, semanas antes de que decidieran empezar el seguimiento epidemiológico. En uno, le alertaba de la preocupante situación de incremento de contagios de Covid-19 y mortalidad y le pedía considerar una cuarentena por 15 días en toda la región. En el otro le pedía ayuda para frenar la programación del debate presidencial en la ciudad.

El ministro Ugarte respondió en medios que el debate era terreno exclusivo del Jurado Nacional de Elecciones. Anunció que al día siguiente llegaría desde Lima un grupo de 13 médicos y 11 enfermeras a apoyar en la región. Otros 15 profesionales de la salud arribarían desde Ica.

Pero sería insuficiente.

“El hospital Honorio Delgado está hecho un caos, faltan especialistas en plena pandemia”, dice a Sudaca Elmer Rodriguez, quien también es jefe del servicio ortopédico y de traumatología de este nosocomio. La falta de médicos internistas y neumólogos hizo que esté hoy intentando salvar la vida de pacientes Covid a pesar de no ser su especialidad. “Colegas que han sido vacunados se han enfermado, [miembros del] personal en general están también enfermos. Estamos poniendo el hombro de la manera que se pueda, como se pueda”, cuenta. 

El jueves pasado, un día después del anuncio del ministro sobre la presencia de la variante, un contingente de funcionarios del Ministerio de Salud y un grupo de 26 profesionales de la salud entre médicos y enfermeras aterrizaron en Arequipa para apoyar en el hospital covid. Sin embargo, a ojos de Rodríguez, de nuevo el número no satisface la demanda.

“Falta por lo menos, para poder afrontar, más de 100 elementos, entre enfermeras y médicos. Pero finalmente es una ayuda que es bienvenida, así sean 15 o 20 los necesitamos. Aunque sigue siendo insuficiente”.

Cuatro de los cinco pisos que albergan pacientes en el Honorio Delgado están saturados de pacientes Covid, sin contar con las dos carpas ubicadas en los espacios exteriores del hospital. Ya tampoco es posible brindar oxígeno a la población para su atención en domicilio.

Fotocomposición de portada por Leyla López.

 

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Cuando la periodista Milagros Leiva asoció la canción ‘Flor de Retama’ a los senderistas, lo único que logró fue la indignación de los ayacuchanos. Pedro Castillo logró canalizarlo a su favor. “Este terruqueo a la canción Flor de Retama es un factor que marcó un antes y un después, en Ayacucho es un himno”, sostiene Adrián Sarria, periodista de esta región.

 

Tal fue la repercusión que en su última llegada a Ayacucho, el 19 de mayo, Castillo entonó el huayno en la Plazoleta María Parado de Bellido. Cual estrella de rock, el maestro cajamarquino cantó junto a decenas de ayacuchanos la canción que fue terruqueada desde Lima: “Vengan todos a ver/ en la Plazuela de Huanta/ amarillito flor de retama/ amarillito, amarillando/ flor de retama”.

“Fue todo un hito cantar Flor de Retama en una plaza llenecita. Nunca la había visto así con ningún candidato […] Le regalaron la canción a Castillo”, asegura Sarria. Ya entonces se asociaba a los grandes medios de la capital con la campaña de Keiko Fujimori.

 

Ayacucho fue una de las regiones más golpeadas por la violencia que se vivió en la década de los 80. Según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, las víctimas mortales en todo el país fueron 69.280. Solo en la región sureña, se concentra más del 40% de muertos y desaparecidos. Para algunos desinformados entonces fue difícil entender cómo el 82,64% de una región tan golpeada por Sendero Luminoso pudo haber votado por el candidato que los medios relacionaban con esta organización criminal. 

En redes sociales se han escrito comentarios como estos: “Ayacucho es la cuna del terrorismo y no han tenido ni memoria ni dignidad para votar en contra de todo lo que tanto daño les hizo” o “Si tuvieran memoria, no hubieran votado como lo han hecho”. Los usuarios: Diego Contreras y Yanina R. Torres respectivamente.

Pero lejos de asustar a los ayacuchanos, la estrategia de Willax y compañía de asociar al profesor con el terrorismo solo causaba molestias. “El terruqueo en una región como Ayacucho ya no sirve. Lo que expresaban los ayacuchanos cuando se hablaba de este tipo de cosas de terrorismo es que un limeño no podía pretender enseñarle a un ayacuchano lo que fue el conflicto armado interno cuando ellos son los que sufrieron en carne propia”, explica Sarria.

Milagros Leiva terruqueando la canción ‘Flor de retama’. El tiro le salió por la culata.

En el distrito de Soras, por ejemplo, en donde los senderistas asesinaron 117 personas en 1984, el 70% votó por el partido del lápiz. Huanta, provincia donde ocurrieron varios atentados terroristas, votó mayoritariamente por Pedro Castillo (83,1%). Y en Lucanamarca, distrito donde los terroristas asesinaron a 69 campesinos, en 1983, el porcentaje aumenta a 90,87%. El apoyo a Fujimori fue casi inexistente.

Este terruqueo ¿hasta cuándo? Porque no es solo al señor Castillo, nosotros cuando nos levantamos o hacemos nuestras marchas, somos [calificados como] terroristas», dice Adelina García, presidenta de Anfasep, la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú.

García recuerda que en 1985 llegó a Lima para buscar a su esposo, un cerrajero que dos años atrás había sido detenido por los militares acusado de ser terrorista. Según García no había prueba alguna, dice que lo detuvieron solo por ser ayacuchano. Cuando fue al penal Castro Castro, con la esperanza de encontrarlo, no solo no pudo hallarlo, sino que le impidieron salir, tildándola de terrorista. “Yo he sentido esa discriminación en carne propia […] No me dejaban salir del penal porque era ayacuchana y, por ende, terrorista. Eso nos hacía llorar”, recuerda. Hasta el día de hoy, casi 38 años después, su esposo sigue sin aparecer.

“Cuando lo hacen [terruquearlos] nos duele porque nuestros familiares eran inocentes y, al ser tildados como terroristas, los asesinaron, los desaparecieron. Eso nos duele, por esa razón hemos apostado por un cambio, por eso apostamos por Castillo”, dice García.

En Ayacucho tampoco pueden olvidar los delitos de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de  Alberto Fujimori, como las esterilizaciones forzadas. Por ello, la lideresa de Fuerza Popular nunca fue vista como una opción y en la primera vuelta obtuvo apenas un 7%. En la segunda, las marchas convocadas por el fujimorismo llamando supuestamente a proteger la democracia y en contra del comunismo de Castillo tuvieron poquísima participación. Por el contrario, se realizaron movilizaciones en contra de la candidatura de la hija del exdictador, en las que se cantó a viva voz ‘Flor de Retama’.

Más allá del terruqueo

Pero no fue la única razón. Durante la primera vuelta, Pedro Castillo se mostró muy cercano a la población ayacuchana. Mientras los demás candidatos llegaban en aviones, hacían la típica conferencia de prensa en el centro de la ciudad y se iban al día siguiente, el cajamarquino arribaba a la región en camioneta y se hospedaba en un hotel barato y poco conocido. Lo primero que hizo fue ir a Huanta, en donde se puso a arar la tierra con los campesinos y a pastar a los animales.

Esto hizo que las personas del interior de Ayacucho se sientan bastante identificados con su figura”, explica el periodista Adrián Sarria.

Pedro Castillo arando tierra
Castillo arando la tierra en Huanta durante la primera vuelta, cuando todavía no era conocido. Fuente: Kamina Sur TV.

Según Mayte González Carrasco, politóloga ayacuchana, para ellos votar por Castillo, lejos de asociarlo con el terrorismo, significa un cambio. “Ayacucho, al igual que la región del sur, viene votando de esa forma hace 20 años, siempre por un cambio, por una reforma”, afirma.

En su tesis sobre el voto ayacuchano*, González explica que el modelo económico no benefició a Ayacucho y por ello la región sureña suele inclinarse por partidos menos vinculados a la clase política tradicional. Por lo general, votan por candidatos de izquierda y étnicamente más cercanos o que pertenezcan a sectores minoritarios.

“Ayacucho y el resto del sur han mantenido un voto siempre de protesta, combativo y muy ligado a la izquierda”, asegura la politóloga. En la segunda vuelta del 2011 Humala obtuvo un 72,10%. En la primera vuelta del 2016 fue Verónika Mendoza quien capitalizó los votos ayacuchanos con 52,77%. Y ahora Castillo obtuvo un respaldo casi total en esta región.

Aunque algunos de sus votantes son conscientes de que varias de las propuestas del profesor son difíciles de cumplir, decidieron elegirlo porque con él “se podrá mejorar en algo”. “Su propuesta es destinar el 10% del PBI para la educación. Aunque es un poco imposible, cuando entre va a tener presente al sector educativo y lo va a mejorar”, explica Walter Bonilla (66), trabajador administrativo de la Universidad Nacional de Huamanga.

Contrario a lo que ocurre con Castillo, los ayacuchanos ven mayoritariamente a Keiko Fujimori como un personaje relacionado a la corrupción. “La señora Keiko solo [quiere llegar a la presidencia] para un beneficio personal. Si no gana, se va a ir a prisión. Justamente eso es lo que ella quiere, evitar dar la cara a la justicia, limpiarse las manos y continuar con su corrupción. Eso no tiene sentido, es una acción descarada la posición que toma ese partido”, dice Bonilla cuando le preguntamos por qué no votó por Fuerza Popular.

No es el único que piensa así. Para la presidenta de Anfasep, Fuerza Popular es una organización delincuencial y le sorprende que la mayoría de limeños hayan votado por Fujimori. “Sabemos cuál es el comportamiento de la familia fujimorista, por eso yo digo que en Lima las personas se olvidan lo que ha pasado. ¿Cómo es posible que hayan votado por una candidata con una organización delincuencial?”, se pregunta Adelina García.

Tampoco pasa desapercibido para los ayacuchanos que los grandes medios de comunicación y los empresarios apoyaran la candidatura de Fujimori. “Keiko Fujimori representa el continuismo. Hay empresarios que la están apoyando tanto, toditos están con ella. Ellos para nosotros son corruptos, representan el continuismo, son un puñado de personas que quieren hacerse ricos, mientras que nosotros como campesinos tenemos que trabajar desde que amanece”, sostiene García.

Adelina García, presidenta de ANFASEP, sufrió en carne propia las consecuencias del terruqueo. Foto: Ideele Radio.

Y a pesar de que Keiko Fujimori ha dicho en más de una ocasión que ni ella ni su partido terruquean, son vistos como los responsables de los ataques a Pedro Castillo. Para Walter Bonilla, quien al igual que Castillo pertenece a un sindicato, el terruqueo es el arma usada por Fuerza Popular porque es lo único con lo que pueden intentar golpear a Castillo ya que no tiene un pasado corrupto.

En un país polarizado, esta campaña de llamar terrorista a cualquiera que no coincida con ellos le pasó factura a las élites que decían defender la democracia. “Es como si nos hicieran sentir menos por tener esas preferencias electorales y da rabia, porque empiezan a meternos esta cuestión del terruqueo, del terrorismo, con el propósito de meter miedo a las personas”, señala la politóloga Mayte González. Cuenta que incluso la han eliminado de grupos de WhatsApp que tenía con amigos limeños por decir abiertamente que votaría por Castillo.

Al cierre de las elecciones del pasado 6 de junio, mientras Fuerza Popular esperaba los votos del exterior, Perú Libre ponía sus esperanzas en que termine el conteo en el interior del país. Lo que se vive ahora es distinto. Fujimori ha concentrado la mayor cantidad de sus impugnaciones en Ayacucho y el sur del país. “Nos duele que la señora Keiko Fujimori y toda su gente aprovechadora nos vean como si fuésemos ignorantes o terroristas”, apunta Adelina García.

 

*Mayte González Carrasco es autora de la tesis de maestría “Democracia, elecciones y comportamiento electoral en Ayacucho: un análisis de los resultados de las elecciones presidenciales realizadas en el periodo de 1990 a 2016”

**Fotoportada: Leyla López

 

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Ayacucho, Pedro Castillo, Segunda vuelta

 

Mientras la señora Keiko Fujimori sigue en negación, el pasado viernes a las 10 de la mañana, en el local de Perú Libre ubicado en la cuadra 1 de la avenida Brasil, se llevó a cabo la primera reunión de un equipo que se ha propuesto empezar a recolectar cinco millones de firmas en un plazo de dos meses. El objetivo: lograr la convocatoria a un referéndum de cara a una Nueva Constitución, a pesar de que algunos especialistas señalan que esta vía de consulta ciudadana no es posible.

 

En este cónclave político, el secretario de organización del partido del lápiz, Arturo Cárdenas Tovar, recordó explícitamente al grupo de 16 militantes reunidos que no se iba a realizar ninguna modificación a su programa económico. Es decir, que “no iba a haber ninguna moderación”. Explicó que las medidas económicas planteadas en el plan de gobierno, como la nacionalización de los hidrocarburos y la minería, iban a realizarse sin dar marcha atrás, al igual que la Asamblea Constituyente.

Sudaca fue testigo directo de esa reunión, en la que Cárdenas Tovar fue presentado -entre aplausos- como el representante en Lima del secretario general del partido, Vladimir Cerrón. Se trata entonces del número dos de la organización política Perú Libre y el encargado de transmitir el mensaje de Cerrón en nuestra capital. También estuvo presente la recientemente nombrada vocera de la bancada del partido en el Congreso, Betssy Chávez Chino.

 

Postal de la reunión de los militantes de Perú Libre realizada, el pasado viernes 11, en su local de la primera cuadra de la avenida Brasil. Allí aparecen el secretario de organización, Arturo Cárdenas (el cuarto de la izquierda), y la vocera de la bancada, Betssy Chávez (segunda de la derecha). En el cónclave se recordó que «no habrá moderación» del plan económico y se decidió lanzar la campaña para la recolección de firmas para el referéndum para una Nueva Constitución (foto: Juan C. Chamorro).

 

¿Por qué Arturo Cárdenas fue enfático en señalar que su partido “no iba a moderar” su programa económico? Porque ese día se publicó en el semanario ‘Hildebrandt en sus Trece’ un artículo que presentaba a Pedro Francke como miembro del “equipo de moderados” de Pedro Castillo y se mencionó, además, que Cerrón estaba marginado de este. 

En esa misma edición, la congresista Sigrid Bazán de Juntos por el Perú, partido aliado de Perú Libre, fue aún más tajante. “Si es que eso no se ha dado ya [la ruptura de Cerrón con Castillo], pues yo creo que sí. El señor Cerrón, especialmente por los resultados de Junín, ha demostrado que no tiene el liderazgo que se necesita […] El señor Castillo tiene peso propio. Creo que con Cerrón no se puede ir a ningún lado”, apuntó.

Otro hecho que ya había causado malestar en el ala cerronista ocurrió a inicios de la semana pasada, cuando Francke publicó en su cuenta de Twitter que en un eventual gobierno de Pedro Castillo “no hemos considerado en nuestro plan económico estatizaciones, expropiaciones, confiscaciones de ahorros, controles de cambios, controles de precios o prohibición de importaciones”. 

Ese pronunciamiento tampoco fue coordinado con la dirección política de Perú Libre, a cargo de Cerrón, y limita el plan de nacionalización de hidrocarburos elaborado por Juan Pari que Sudaca expuso en mayo pasado. Pari ha desaparecido de los medios de comunicación, pero dejó listo para el partido un plan que no descarta las estatizaciones en algunos sectores, como parte de las renegociaciones con las empresas. 

 

Arturo Cárdenas es el número dos del partido Perú Libre y es el representante de Vladimir Cerrón en Lima.

 

Según la interpretación de fuentes perulibristas, el pronunciamiento de Pedro Francke fue prácticamente un anuncio de continuidad del modelo económico actual que, según la Constitución, está basado en una “economía social de mercado”, y que es calificado por Perú Libre como “neoliberal”. De hecho, el ideario y plan de gobierno de presentado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en la primera vuelta, así como el Plan al Bicentenario sin Corrupción para los primeros 100 días de gobierno, elaborado meses después, buscan cambiar el actual modelo de “economía social de mercado” por el de “economía popular con mercados”.

Poco después de concluir la reunión partidaria, cerca del mediodía, Vladimir Cerrón publicó en su cuenta de Twitter: “Parece que algunos invitados no son conscientes del espacio que ocupan. Les recuerdo que Perú Libre es el que ha ganado las elecciones”.

 

Después de la reunión de los militantes de Perú Libre del pasado viernes 11, el secretario general del partido, Vladimir Cerrón, escribió este tuit en el que recuerda a los «invitados», es decir a los miembros del equipo técnico, que Perú Libre es quien «ha ganado las elecciones». 

 

Ultimátum a los invitados

Arturo Cárdenas, en entrevista con Sudaca, señala que el mensaje de Cerrón tuvo la intención de que los peruanos sepan que siempre se van a tener “como primigenias” las propuestas de una Asamblea Constituyente, una Nueva Constitución y la nacionalización de los recursos mineros, gasíferos y petroleros. Cárdenas agrega que aquel tuit estuvo dirigido a los técnicos invitados “como, por ejemplo, a Pedro Francke, entre otros más, que pretenden moderar [el programa económico] entre comillas, pero lo que en el fondo buscan es administrar la crisis neoliberal. Aquí, nuestro país necesita cambios profundos y para eso también el pueblo ha votado”. 

Hay que entender que ellos vienen de una escuela, podemos decir ‘moderada’, que no entiende los problemas reales que atraviesan nuestros pueblos. A diferencia de ellos, Perú Libre vive el momento, conocemos, sentimos toda la problemática de los amigos del Perú profundo, el abuso de las mineras que no pagan el canon, que no pagan sus impuestos como corresponde, e inclusive el Estado peruano les exonera miles de millones de soles y les devuelve”, dice Cárdenas en entrevista a Sudaca.

Según el secretario de organización, las declaraciones de “moderación” que ha realizado Francke desde que fue presentado como parte del equipo técnico (el pasado 3 de junio) han sido a título personal y no representan la voz del partido. “Me parece que se está tomando muchas atribuciones, demasiadas atribuciones, y tiene que entender que es un invitado. Además, el que marca la agenda y la pauta es el partido”, agrega. Esto se suma a un reciente anuncio del Scotiabank que respalda la presencia de Francke dentro del equipo técnico.

Sudaca también le consultó si Cerrón y Castillo coordinaban diariamente. “Están en constante coordinación. Eso es bueno y hace bien para que no se pueda traicionar, primero, a las esperanzas y el cambio que el pueblo ha apostado”, dijo, tras asegurar que Cerrón no está alejado del partido. 

Cárdenas recordó que el comité político de Perú Libre está liderado por el propio Cerrón, como secretario general, y representado en Lima por su persona, como secretario de organización. “Estamos trabajando las 24 horas aquí en Lima, y esa dirección siempre va a tener que llevar adelante la implementación del programa económico del partido que ha planteado para estos cinco años”, apunta.

El secretario de organización de PL señala que en las próximas horas se convocará a una reunión del equipo técnico para “coordinar, articular, y hablar un solo lenguaje”. Señaló que Pedro Francke, Horacio Cevallos y el resto de técnicos invitados tienen que entender que están sujetos a la dirección política, ideológica y programática del partido. “Ellos tienen que estar supeditados a ello. Y si no, tendrían que dar un paso al costado, así como Kurt Burneo dio un paso al costado”, remarca.

 

 

El comunicado del Scotiabank que mira con buenos ojos a Pedro Francke, miembro del equipo técnico de Perú Libre, fue la cereza en la torta de la molestia partidaria. Esto se suma a sus declaraciones sobre el plan económico, consideradas como «moderadas», que no han sido consultadas al partido del lápiz.

 

Cárdenas niega que este hecho pueda ser considerado la primera crisis del partido, aunque tenga toda la forma de serlo. “Por eso, estamos poniendo los paños fríos y corrigiendo las cosas como son”, apunta.

Lo cierto es que no todos tienen una opinión formada sobre estos hechos. Edgar Tello, por ejemplo, que es parte del grupo de 14 profesores cercanos a Castillo que integran la bancada de los 37 congresistas electos de Perú Libre, dice a Sudaca que sobre una posible «moderación del plan económico» su grupo dará su opinión después del conteo del 100% de los votos, puesto que ahora solo se trata de «opiniones». «En ese momento decidiremos qué es lo mejor para el país», dijo.

Tello asegura que los docentes participan en las reuniones partidarias, y que «el grupo está unido». Aunque le gustaría que el «grupo de los profesores», como lo llama, pueda tener su propia vocería.

 

Edgar Tello es uno de los 14 profesores cercanos a Pedro Castillo, virtual Presidente de Perú. El grupo de docentes, elegidos como congresistas, dará su posición sobre la «moderación» del plan económico cuando el conteo de votos haya acabado.

 

Sudaca envió un cuestionario de preguntas a Pedro Francke y Horacio Cevallos, miembros del equipo técnico, para que respondan sobre este tema, pero decidieron no hacerlo.

(*) Fotocomposición: Leyla López

 

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Pedro Castillo, Pedro Francke, Perú Libre, Plan de Gobierno, Plan Económico, Vladimir Cerrón
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