La peluquera y el estilista buscaron sin éxito entrar al Parlamento en tiempos de pandemia, dice una fuente congresal a Sudaca. La Mesa Directiva en el gobierno de transición, presidida por Mirtha Vásquez, no autorizó esas contrataciones. “No lo hubiésemos hecho de ninguna manera. A nosotros nos tocó la época más dura, donde los protocolos eran muchos más exigentes y se desconocía más la enfermedad, que son Covid- 19”, dice el acciopopilusta Luis Roel Alva, exsegundo vicepresidente del anterior Parlamento.
La relación de Alva con la industria de la belleza no es de ahora. En el despacho parlamentario de la presidenta y congresista de Acción Popular trabaja como técnico Carlos Cabieses Bertoni, vinculado al mundo del modelaje, de acuerdo al portal El Foco.
Los ingresos de un estilista y una peluquera a la planilla congresal coinciden con el aumento del número de trabajadores en la gestión de Alva. En agosto del 2021, con la llegada del nuevo Congreso, había 3,131 trabajadores, según el portal “Epicentro”. En marzo, la planilla creció a 3,889. Es decir, 758 más.
“Es totalmente falso [sobre la planilla inflada]. Les pueden dar la información. Siempre ha habido una campaña contra el Congreso desde el primer día. Todos los peruanos saben”, dijo Alva a los periodistas, defendiéndose de la publicación periodística.
Con todo ese material, en julio del 2021, el Equipo Especial Lava Jato decidió abrir el expediente. El fiscal José Domingo Pérez sostenía que la captación de dinero ilícito de Fuerza Popular no había acabado en las campañas del 2011 y 2016 -por las que ya emitió acusación- sino que habría continuado el año pasado.
Keiko Fujimori, sin embargo, no se quedó tranquila y presentó un recurso de amparo en agosto de aquel año. En el escrito, señala que se habría vulnerado su derecho al debido proceso, después de que los fiscales emitieran disposiciones «manifiestamente inconstitucionales».
Según Fujimori, el Equipo Especial carece de competencia para investigarla por la campaña del 2021. Asegura que el grupo liderado por Rafael Vela está autorizado «únicamente a realizar diligencias preliminares o avocarse a noticias criminales que se encuentren vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y conexos en los que habría incurrido la empresa Odebrecht».
«El despacho fiscal no tiene una resolución de la Fiscalía de la Nación que lo haya convertido en un fiscal ‘Ad Hoc’ para investigar los casos de Keiko Fujimori, por lo que su avocamiento resulta vulneratorio al derecho a no ser desviado del procedimiento establecido en la ley», agrega la demanda.
Fujimori pide que todo lo avanzado en el caso pase a manos de otra fiscalía. «En consecuencia, al no subsistir los efectos de estas, [se solicita que] se ordene la nulidad absoluta de las disposiciones y se remita todos los actuados a la fiscalía competente», añade la demanda.
Sin embargo, al abrir la investigación, José Domingo Pérez ya había establecido por qué era pertinente que este nuevo caso lo lleve su despacho. Y es que él ha investigado el financiamiento de las campañas del 2011 y 2016.
En la disposición fiscal de junio del año pasado, Pérez señala que «el Primer Despacho del Equipo Especial [el despacho de Pérez] ya tendría un conocimiento previo de información relevante vinculada con los hechos que ahora se denuncian”.
Para Pérez, este bagaje de información “optimiza los recursos humanos y logísticos que se tiene en el Equipo Especial, centrando la investigaciones en despachos fiscales que tienen similares o vinculando hechos materia de investigaciones, evitando así duplicidad de investigaciones y fijando una estrategia conjunta».
Keiko Fujimori busca evitar a como dé lugar que el fiscal que ya la acusó por el pitufeo de sus campañas pasadas vuelva a escudriñar sus cuentas.
Pese a que en ambos artículos la evidencia objetiva se apoyaba en audios y en señalar que no había investigación alguna ni contra el empresario petrolero Samir Abudayeh ni contra Walter Ríos, Pamela Acuña y John Misha, los Fiscales Supremos en el comunicado público nunca llegan responder la cuestión central, como era oportuno y necesario, señalando en qué carpeta Fiscal de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria se está investigando a Samir Abudayeh y a Walter Ríos y en qué carpeta Fiscal de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria se está investigado a Walter Ríos, Pamela Acuña y Jhon Misha por el evidente y claro tráfico de influencias y cohecho cometidos alrededor del habeas corpus del caso “Caracol”.
Esta información indispensable, esencial y clave para desmentir a Sudaca se obvia olímpicamente y de la forma más burda y escandalosa se acusa de “desinformar a la opinión pública” cuando su propio comunicado nos da la razón y demuestra que no hay investigación alguna en contra de estos personajes. Incluso, en las cartas notariales remitidas a Sudaca por el Fiscal Eliseo Fernández Alarcón y el empresario Samir Abudayeh, nunca aluden a la existencia de alguna investigación abierta o que nos hayamos equivocado en denunciar que no se ha abierto una línea de investigación y una carpeta fiscal para indagar a quienes manifiestamente tienen corona y se encuentran tan bien protegidos y cuidados.
Dicho sea de paso, no sería sorprendente que dada la gravedad de los hechos que se informan a la opinión pública los Fiscales Fernández y Quispe se vean en la obligación de abrir una investigación con un número anterior de carpeta fiscal y con una fecha pasada a fin de que en el momento que hagan sus descargos puedan decir que sí estaban investigando.
En el comunicado llama la atención de que se señala que en el caso de los audios de Caracol y del hábeas corpus que el narcotraficante presentó en la Corte del Callao al juez que conocía el proceso, William Mata Zavala, se lo denunció y se encuentra con prisión provisional; sin embargo, se obvia y se esconde la pregunta central del caso: ¿Walter Ríos, Pamela Acuña y Jhon Misha se encuentran investigados por tráfico de influencias y cohecho a raíz de los audios del caso “Caracol”? Si es así, ¿cuándo se abrió investigación? ¿Qué número se le asignó a la Carpeta Fiscal? ¿La procuraduría pública anticorrupción cuándo fue notificada de la apertura de investigación? ¿Cuántas personas se encuentran investigadas? ¿Walter Ríos aceptó su responsabilidad en los hechos?
Resulta increíble y alarmante que tras la denuncia de tres medios serios como La República, El Comercio y Sudaca, que luego de más 10 meses que declaró Gianfranco Paredes sobre los favores sexuales que recibió Walter Ríos del empresario Samir Abudayeh no se haya abierto investigación alguna y con dicha inacción se haya permitido que el empresario contrate con el Estado por más de 150 millones de dólares.
También resulta insólito y gravísimo que los fiscales Fernández y Quispe no hayan escuchado los audios del caso Caracol, antes de conceder beneficios a Walter Ríos, el principal protagonista, y que nos vengan a decir a todos los peruanos cuatro años después de estallado el caso “Cuellos Blancos” que “los referidos audios no fueron informados por la entonces fiscal provincial a cargo de las investigaciones”. ¡que fácil es en el Perú esconder la incompetencia y negar el delito de omisión de denuncia y encubrimiento personal echándole la culpa a otro fiscal, la cual no podía abrir una investigación contra Walter Ríos!
Un hecho tan grave que compromete no solo la lucha contra la corrupción, sino la lucha contra el narcotráfico no puede pasar desapercibido ni ocultarse, menos quedar impune. La Fiscalía de la Nación y la Junta Nacional de Justicia tienen la palabra.
(*) Posdata: por cierto, resulta alarmante que dicho comunicado no corresponda a la página oficial de la Fiscalía de la Nación, ni del Ministerio Público, sin firmas, y haya un absoluto silencio de parte de la nueva coordinadora del equipo especial de los Cuellos Blancos que ha reemplazado a Pablo Sánchez, que es la Dra. Revilla, incluso el actual Fiscal de la Nación mutis total.
Desde antes de que Luis Molina asuma el sillón municipal, Luis Gutiérrez Aparicio observó con preocupación el entorno de quien sería alcalde de su distrito. “Armó su equipo en base a Martín Bustamante, Patricia Juárez y otra gente que venía de la administración de Luis Castañeda en la Municipalidad Metropolitana de Lima”, explica Gutiérrez.
Este vecino de 73 años, que vive en Miraflores desde 2017, fue parte de un movimiento que inicialmente se llamó ‘Miraflores Primero’ y luego cambió a ‘Miraflores Para Todos’. Allí también habían confluido Adriana Navarro y Pilar Madrid, aunque cada uno tomó su rumbo debido a las constantes querellas.
Gutiérrez había conseguido reunirse con el alcalde y le había manifestado su preocupación. “Yo le decía que había mucha gente que quería acompañarlo, pero que eran muy rigurosos con las personas que estaban con él. Justo se cruzó con el tema de Martín Bustamante, quien fue identificado como una persona que manejó los recursos de Castañeda”, relata.
Reconoce que, al inicio, Molina parecía dispuesto a escuchar sugerencias. Pero los defensores del alcalde empezaron a atacarlo. Y es que las imágenes de una reunión con Molina le sirvió a una cuenta troll llamada ‘Detecta Trafa Tv’ para decir que Gutiérrez lo que buscaba era ganar licitaciones y hasta lo señalaron como financista de un plantón vecinal contra la gestión del ahora candidato a Lima.
Las imágenes de las reuniones que Gutiérrez sostuvo con el alcalde miraflorino fueron usadas para dañar su imagen.
“Me muestran como que era un financista de un plantón, que el plantón era un chantaje para obtener licitaciones”, cuenta el vecino. Gutiérrez aclara que no tiene ningún interés en buscar un trabajo, pues posee ingresos de su jubilación y sus propiedades.
No obstante, al igual que en los casos anteriores, el hostigamiento no se limitó a publicaciones en redes. Molina también querelló a Gutiérrez por difamación. El hoy candidato a Lima lo acusaba de ser promotor de las redes sociales de ‘Miraflores para Todos’, desde donde se lanzaban críticas a la gestión, y de haber escrito: “Pedimos que se vaya Molina por inmoral e incompetente”.
“En la argumentación [que desestima la demanda] se dice que no había afectado de ninguna manera el honor de Luis Molina y que lo que estaba haciendo era una actitud informativa con algunas apreciaciones que no tocaban a la persona, sino a la gestión”, explica Gutiérrez.
Luis Molina llegó al sillón municipal luego de ganar las elecciones en octubre del 2018. El abogado, que por ese entonces tenía 69 años, lograba convertirse en el sucesor de Jorge Muñoz. Para diciembre del 2021, sin embargo, Molina no tuvo reparos en cambiar de camiseta. El conservador Avanza País anunció su candidatura a Lima Metropolitana. Visto lo visto, no sería un alcalde muy dado a recibir críticas.
La captura de San Marcos era estratégica para el régimen de aquel entonces. Por eso colocaron al frente de la Comisión Reorganizadora a Manuel Paredes, un hombre cercano a Fujimori. El expresidente, en la gestión de Paredes, empezó a ir a la universidad para inaugurar obras. “De más está repetir que San Marcos sufrió también los ramalazos de algunos estudiantes y personas ajenas a la universidad enquistadas para sembrar el caos. Todo ese clima insoportable para la convivencia terminó felizmente”, dijo Paredes en un discurso, con la presencia de Fujimori.
De acuerdo a la tesis de Kevin Lazo, Paredes empezó a tener exposición en los medios de comunicación afines a la dictadura que lo presentaban como un “salvador de la crisis sanmarquina”.
2000. Alberto Fujimori con Manuel Paredes Manrique, el hombre que impuso para poner orden en San Marcos. Aníbal Torres, el jefe de Gabinete, participó en la captura de la universidad. Fuente: San Marcos.
Manrique y la Comisión Reorganizadora, integrada por Torres, autorizaron también el espionaje realizado por el desaparecido Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) dentro de la sede universitaria. “Los infiltrados del SIN vigilaban día y noche a los profesores, estudiantes y administrativos opositores, a quienes grababan, tomaban fotos y filmaban día y noche para elaborar informes de inteligencia sobre todas sus actividades en la universidad, las mismas que eran remitidas exclusivamente y en forma confidencial al Presidente de la Comisión Reorganizadora, Manuel Paredes Manrique”, dice un texto del psicólogo sanmarquino Moisés Vargas, publicado en el 2002 y titulado «El oscurantismo intelectual en San Marcos: Intervención militar y corrupción política 1995-2000».
“Está claro que existía espionaje sistemático contra los principales dirigentes estudiantiles, docentes y trabajadores. Grababan nuestros movimientos, yo he sido N veces grabado. Es más, hay un informe de espionaje en donde está mi nombre”, agrega René Meza, estudiante expulsado.
Los testimonios apuntan a que Aníbal Torres duró un año en la comisión auspiciada por Fujimori. Se retiró por discrepancias con el rector Manuel Paredes. Así lo recuerdan René Meza y Marco Huaco.
“Recuerdo que él se peleó con el rector Manuel Paredes, aduciendo problemas de corrupción o mal manejo y renunció a la comisión interventora. No obstante, Torres ha sido un cómplice de la dictadura fujimontesinista en San Marcos, contribuyendo a la represión de docentes, estudiantes y trabajadores”, dice Marco Huaco a Sudaca.
El acta de defunción de la Comisión Reorganizadora se firmó en el 2000. Desapareció con la caída de la dictadura fujimorista.
El pasado naranja del premier parece no perseguirlo. Más de veinte años después, no tiene inconvenientes en cuestionar al fujimorismo y mostrarse como un abanderado del antifujimorismo. En marzo pasado, ya como primer ministro, comparó a Alberto Fujimori con Adolfo Hitler. Dijo que nadie es juzgado “por sus buenas obras, se les juzga por las malas obras”. Sudaca llamó al primer ministro para pedir su versión, pero al cierre de la edición no contestó las llamadas.
“De cierta forma hay algunas situaciones internas en las que podemos discrepar. Como cualquier tipo de bancada a la larga se puede llegar a fraccionar. Pero, por el momento, nos mantenemos firmes y vamos a continuar con el respaldo de nuestro compañero Pedro [Castillo]”, dice Quiroz.
En la tienda del lápiz son conscientes de que el proyecto de ley para que una Asamblea Constituyente redacte una nueva Constitución va a fracasar en el Congreso. Pero esperan que la negativa de la oposición a elaborar una nueva Carta Magna encienda la pradera en las regiones y se inicien las protestas. Ese -dice una fuente de Perú Libre cercana a Cerrón- sería el famoso “plan B” del que habló el secretario general del partido en una entrevista en Canal N.
Cantorín se defiende nuevamente y menciona que no existió sobrevaluación en la construcción de la iglesia. Dice tener un peritaje de parte que lo prueba. Sin embargo, la fiscalía anticorrupción de la región ya ha emitido el requerimiento de acusación al Poder Judicial por el delito de colusión desleal, de acuerdo al despacho encargado.
Este es el historial del hombre de confianza de Hernán Condori, quien llegó al cargo luego de un paso como coordinador de obras en el Gobierno Regional de Junín. Ahí estuvo desde abril de 2021, mes de las elecciones presidenciales y congresales. El 31 de marzo, en una resolución ministerial, Hernan Condori lo oficializó en el PRONIS. Fue uno de sus últimos deseos antes de ser censurado ese mismo día.
Ahora Cantorín debe dirigir, conducir y supervisar la gestión de los proyectos del programa. Dentro de sus funciones, se encuentra la de celebrar convenios y contratos de infraestructura. A la fecha, sin embargo, no figura en el SEACE ninguna contratación llevada a cabo en el PRONIS en todo el mes de su gestión. Las actividades de la entidad que han sido difundidas oficialmente consisten mayormente en inspecciones a obras o asistencia técnica al proyecto.
La Digimin peruana ha estado recientemente en el ojo de la tormenta por escándalos políticos que la muestran como sumisa a la voluntad de Palacio de Gobierno. Esta institución se encarga de realizar videovigilancia a investigados por corrupción, y algunos sectores la responsabilizan de que el exsecretario general de Palacio, Bruno Pacheco, y los sobrinos del presidente Pedro Castillo, Gian Marco Castillo Gómez y Fray Vásquez Castillo, estén hoy prófugos de la justicia. La Digimin también fue cuestionada por la fuga del exjuez supremo César Hinostroza, a quien le hacían seguimiento, en octubre del 2018.
Lo cierto es que el manoseo de la Dirección General de Inteligencia del Mininter ha sido evidente en los últimos dos meses, tiempo en el que ha tenido cuatro cabezas. Actualmente es dirigida por Jorge Cassanova Cubas, coronel de la Policía.
Sudaca consultó al ministro del Interior, Alfonso Chávarry, sobre lo anunciado por los hackers rusos, pero nos dijo que no tenía conocimiento de la amenaza informática porque se encontraba en el VRAEM. “Voy a despachar con el jefe de la Digimin y pedir la información”, dijo Chávarry.
El puñado de títulos de documentos que Conti ya exhibe en su blog −supuestamente, parte de lo robado a la Digimin− indican temas vinculados al proyecto especial para el control y la reducción del cultivo de la hoja de coca en el Alto Huallaga (Corah) y a una huelga regional indefinida programada en Arequipa para el próximo 2 de mayo. Según prensa local, los trabajadores de salud de esa región alistan un paro para ese día.
Página del grupo cibercriminal ruso Conti con enlaces a supuestos documentos de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior. El material no se puede descargar
Empleados de una empresa de antivirus confirmaron a Sudaca que este es el método clásico de coacción que utiliza el grupo de hackers. “El tema de la seguridad de información y la seguridad informática en el país considero que no se está tomando en cuenta. Recuerden que ha habido candidatos que han sido chuponeados en plena campaña, como lo que pasó con Lourdes Flores años atrás”, agrega el también especialista, John Sánchez Chirinos.
EL CASO COSTA RICA
La amenaza que han lanzado los pandilleros digitales no es para tomarla a la ligera. El último 17 de abril, la cuenta de Twitter BetterCyber publicó otro mensaje de Conti en el que exigían US$10 millones al gobierno de Costa Rica a cambio de no divulgar la información que habían extraído del Ministerio de Hacienda de ese país.
«Pedimos solo 10 millones de dólares por mantener los datos de sus contribuyentes», advirtieron los hackers rusos al gobierno de Costa Rica.
El mensaje decía que habían robado un terabyte de data del Ministerio de Hacienda costarricense y que publicarían los documentos el 23 de abril. «Pedimos solo US$10 millones por mantener los datos de sus contribuyentes», comunicaron los rusos. En su reciente advertencia a la Digimin del Perú, Conti amenaza con consecuencias como las que “ocurrieron en Costa Rica hace no mucho”.
Los ataques luego se extendieron a otras instituciones de Costa Rica: el Ministerio de Trabajo, y el de Innovación, Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, la Caja Costarricense del Seguro Social, Radiográfica Costarricense y el Instituto Meteorológico Nacional. Colapsaron las webs de esas entidades. “Seguiremos atacando a los ministerios de Costa Rica hasta que su gobierno nos pague”, advirtieron los hackers.
“El Estado costarricense no pagará nada a estos criminales cibernéticos”, añadió el mandatario Alvarado. Ante la reacción del gobierno, los hackers rebajaron en un 35% sus pretensiones (desde los US$10 millones iniciales) y apuntaron a las compañías. “Vamos a atacar a las empresas más grandes y ellas tendrán que pagarnos”, señaló el grupo de cibercriminales el lunes pasado. El asunto luego pasó a tratarse en privado.
En años previos, los ciberpiratas rusos ya han dado golpes en otras partes del mundo. Por ejemplo, han atacado los sistemas de salud de Nueva Zelanda y de Estados Unidos. La ciber-extorsión parece ahora tocar las puertas del Perú.
También está el caso de la oficial Marisabel Rondon Huarocc, quien en la sede diplomática presentó como su conviviente a Junior Pepe Gómez Cabanillas. Fue el 16 de noviembre del 2019. Junior Gómez dijo ser ingeniero de sistemas y que obtuvo su título en la universidad San Ignacio de Loyola. La embajada les dio la visa. El 30 de diciembre de aquel año, él solo se mandó mudar a Estados Unidos. Vive allí como indocumentado.
El 2 de diciembre del 2019 la técnica Mary Carrión Lilaconza llegó acompañada de Jaime García Correa. Ambos declararon ser convivientes. García dijo ser profesor de educación física y entrenador en la academia Cantolao. Les dieron la visa a la velocidad del rayo: el 19 de diciembre. Pero la falsa convivencia quedó al descubierto cuando Jaime García Correa viajó solo pocos días después y nunca más regresó, conforme a la investigación.
Hay cinco oficiales más cuyos casos muestran el mismo modus operandi. Todas ellas hoy son investigadas por el delito de tráfico de migrantes agravado.
2020. Parte de la resolución donde la Fiscalía especializada en el delito de trata de persona, equipo 2, abre investigación por un caso de tráfico de migrantes. Ahí detallan el rol de once subalternas de la Marina en la trama.
Sudaca consultó a la Marina sobre esta investigación. Una fuente −que pidió anonimato− respondió que el alto mando de la institución castrense no está comprometido en el caso y que las subalternas actuaron, en todo caso, por su cuenta. “Somos respetuosos de las investigaciones y esperaremos su conclusión para tomar acciones”, subrayó la fuente.
En la entidad naval confirman que al menos cinco de las investigadas realizan labores de inteligencia, pero no pueden ser identificadas como tales por cuestiones de seguridad. El caso, como hicieron hace unos años los ‘clientes’ de la red de trata, ha despegado. Ahora falta el aterrizaje.
