Otro de los sectores que esperaban un lugar especial en el discurso del presidente es el relacionado a restaurantes. Las complicaciones producto de la pandemia dejaron a este sector seriamente golpeado y, según la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), por lo menos cerraron 100 mil restaurantes durante el primer año de la pandemia.
Blanca Chávez, presidenta de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines, le comentó a Sudaca que hasta la fecha siguen cerrando restaurantes y el gobierno ha sido indiferente a esta situación. “Nosotros venimos con un déficit tremendo y el crecimiento actual no llega a cubrir los préstamos requeridos para poder subsistir en la peor época de la pandemia”, relata Chávez.
“Los bancos están cobrando las tasas comerciales desde un 9% a 17% y eso es insostenible. No se va a poder pagar”, cuenta preocupada la representante del sector. Para Blanca Chávez, la reducción el IGV es necesaria si se quiere evitar que más negocios de este rubro sigan cerrando ante un panorama económico insostenible.
Más allá de la defensa que ejercen algunos integrantes del gabinete, todos los sectores consultados para este informe coinciden en apuntar algo: que entre el país que pintó el presidente en su discurso y el país real hay una tremenda distancia.
Sacar a la luz los documentos que sustentaron el toque de queda del último 5 de abril no fue sencillo. La transparencia, una característica de la que adolece el gobierno, se ha vuelto engorrosa. El periodista de Sudaca que firma este reportaje solicitó sin éxito los informes de la Policía y la DINI mediante un pedido de transparencia al Mininter. Su pedido fue denegado porque se consideró “información reservada”.
Quien sí lo consiguió fue la abogada Dania Coz, consultora en transparencia y derechos fundamentales en el Estudio Iriarte & Asociados. Su interés en conocer las motivaciones de la inmovilización social obligatoria le hizo esperar tres meses para obtener los informes.
Coz solicitó los documentos al Mininter, la Policía y la PCM. Las tres entidades se negaron, también bajo la excusa de la reserva, pero la letrada decidió apelar al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (TTAIP) a finales de abril. Este órgano, que depende del Ministerio de Justicia (MINJUS), cuenta con dos salas conformadas por tres vocales cada una, y desde finales del 2018 resuelve controversias relacionadas al acceso a la información pública.
Cualquier ciudadano puede acudir al TTAIP. Lo único que debe hacer es registrar su solicitud a través de la Mesa de Partes del MINJUS. “Tu presentas la apelación, el tribunal la recibe, notifica a la entidad y les piden que eleven el expediente junto a sus descargos. Con ese material ya pueden emitir una decisión”, explica la abogada Dania Coz. Un fallo puede tardar entre 2 y 3 meses.
Durante su fallida interpelación, el premier Aníbal Torres aseguró que fue por «información de inteligencia» que tomaron la decisión de inmovilizar Lima y Callao por un día entero. Foto: Congreso.
Coz apeló al TTAIP porque dudaba del argumento de reserva de la Policía. “Tienen la manía de catalogar toda información como reservada, pero según la Ley de Transparencia, [se niega] la divulgación de la información si entorpece la lucha contra el crimen. También existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) que dice que los ciudadanos tienen derecho a saber los motivos detrás de un Estado de Emergencia”, explica la especialista en Derechos Humanos.
Ya con la información en mano, a la letrada le quedó la misma impresión que el resto de entrevistados por Sudaca. “No hay fundamento fáctico que respete criterios jurídicos establecidos por el TC. Es claro que fue una medida de carácter político. El principio de necesidad exige que evalúes el abanico de medidas para limitar derechos y optes por la menos gravosa, no la más extrema de arranque. Podían reforzar puntos estratégicos, por ejemplo”, asegura Coz.
Así se cocinó el toque de queda del último 5 de abril. Una fecha de connotación nefasta para la historia del Perú, y que gracias al gobierno del lápiz, este año también atormentó a la capital entera.
Según La República, la creación de este centro de estudios fue planteada hace una década a la extinta y criticada Asociación Nacional de Rectores. Fue una moratoria la que suspendió temporalmente esta propuesta, debido a que no se estaba velando por una educación de calidad. Diez años después, APP ha retomado el proyecto y las críticas continúan: el intento de crear esta universidad no contempla financiamiento ni infraestructura, según lo que el vicerrector de la Universidad San Antonio Abad señaló al mencionado diario.
Primera foto de la nueva Mesa Directiva. De izquierda a derecha: Martha Moyano (1era vicepresidenta), Lady Camones (presidenta), Digna Calle (2da vicepresidenta) y Wilmar Elera (3er vicepresidente)
Hace un mes, la presencia de Lady Camones en la lista para presidir la mesa directiva parecía incierta, pues se filtró un audio en redes sociales donde calificaba de “banda delincuencial” a Acción Popular. “Acción Popular es una banda delincuencial […] Yo tengo uno de Áncash, Dios mío, es el que lidera todo y es el cabecilla […] es Darwin Espinoza”, se le oye decir en el audio, que fue grabado durante una reunión de su bancada. Como se recordará, Espinoza fue señalado como miembro de Los Niños, grupo implicado en la presunta mafia de reparto de obras que habría operado dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Este audio puso en riesgo el acuerdo verbal entre APP y AP, que señalaba que este año le tocaba a un congresista del partido de César Acuña liderar el Parlamento. La bancada de la lampa rechazó las expresiones de Camones e, incluso, algunos congresistas reevaluaron el apoyo a su candidatura. Luego de la difusión, Lady Camones se disculpó públicamente con la bancada y el congresista Espinoza ante las exigencias de dicho grupo. En ese entonces, Gladys Echaíz era el nombre que sonaba fuerte para liderar la lista multipartidaria de la oposición.
Su última controversia se dio apenas la semana pasada y sigue siendo un tema pendiente. El pasado viernes Sudaca advirtió que la hoy presidenta del Legislativo podría ser denunciada por firmar –en su condición de vicepresidenta del Congreso– la promulgación de la ley de contrarreforma universitaria, pese a que hay un amparo judicial que detiene su aplicación. “Han violado la Constitución”, sostuvo al respecto el abogado y exasesor del Congreso Javier La Rosa.
Finalmente, y luego de controversias y disputas internas que dejaron muertos y heridos –Echaíz renunció a la bancada, Héctor Acuña hizo lo propio y ambos terminaron postulando por otras listas–, Camones fue la elegida por el partido de César Acuña y terminó haciendo valer el acuerdo asumido hace un año. La fórmula ganadora también la componen Martha Moyano (FP) en la primera vicepresidencia, Digna Calle (PP) como segunda vicepresidenta y Wilmar Elera (SP) en la tercera vicepresidencia.
En su discurso, la apepista defendió el trabajo de fiscalización que han venido realizando los parlamentarios y llamó a “recuperar la imagen” del Congreso. Es mucho lo que hay que recuperar: las encuestas evidencian que la aprobación ciudadana del Congreso está por los suelos.
La desobediencia del Congreso era predecible para algunos de los demandantes, como el grupo de profesores de Derecho de la PUCP que se adhirieron a la demanda de amparo en mayo. De hecho, Luciano López, parte de este grupo, presentó dos solicitudes a la jueza Grajeda horas después de que fallara a favor de la Sunedu. López le pedía agregar en la sentencia que, en caso el Congreso insistiera con promulgar la ley -como terminó ocurriendo- esta no pueda surtir efecto. Anoche, esta solicitud fue aprobada por la jueza.
“Sabíamos que era una amenaza potencial que el Congreso pueda promulgar la ley [a pesar del fallo]. Si eso sucedía, debíamos buscar que no sea aplicable a la Sunedu. Al aprobarse nuestro pedido, la entidad no está obligada a aceptar ningún nombramiento de representantes ni cumplir ninguna de las normas modificadas», relata López. Dicha solicitud también había sido hecha por la Sunedu al momento de presentar el recurso.
Arriba: parte del petitorio de febrero donde el procurador de la Sunedu pide la inaplicación de la norma. Abajo: pedido de inaplicación que hizo Luciano López horas después de la sentencia.
Desde las curules que defienden la reforma, además, anuncian algunas acciones. Flor Pablo (Partido Morado) asegura, por ejemplo, que en el Pleno de la siguiente semana -donde se instalará la nueva Mesa Directiva- empezarán con la recolección de firmas para presentar una acción de inconstitucionalidad contra la ley. Esta medida ya estaba en los planes del Bloque Parlamentario Pro Reforma Universitaria desde mayo, pero recién se va a concretar debido a su promulgación. Necesitan 33 firmas del hemiciclo para que proceda esta acción. Pablo espera contar con, al menos, los 25 miembros del Bloque.
La decisión judicial de este caso no tenía precedentes, de acuerdo a los abogados consultados por Sudaca, pues lograba frenar un proyecto de ley por atentar contra derechos fundamentales. Pero si el fallo era inédito, no lo es la actitud del Congreso de arremeter contra lo que signifique un obstáculo a sus intereses. Esto es visto como un atentado al equilibrio de poderes.
“El proyecto de ley era una coartada. Lo de ‘restablecer la autonomía’ era una frase que suena bien en algunos sectores, pero la discusión de la autonomía ya se zanjó en el 2015; no con la opinión de alguien, sino con una sentencia del Tribunal Constitucional”, considera Jorge Mori, director del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior, una organización sin fines de lucro.
“Esto nos muestra la clase de congresistas que tenemos: gente que no cree en el estado constitucional, que no cree en el equilibrio de poderes”, detalla Luciano López.
Paralelamente a esta desobediencia, el Congreso también ha optado por la vía legal para revertir el fallo de la jueza: anoche la parte demandada presentó un recurso de apelación, según la consulta de expedientes del Poder Judicial.
Intentamos comunicarnos con Lady Camones, vicepresidenta del Congreso que firmó la promulgación de la ley. También con Esdras Medina, Martha Moyano y Patricia Juárez, congresistas que apoyaron el proyecto pese a los reparos del Poder Judicial. Al cierre de este informe, no obtuvimos respuesta por parte de ninguno de ellos. De lo que no hay duda es que la vieja ANR vuelve a sonreír.
En medio de sus condenas, Miyashiro padre añadió un lío más. En diciembre de 2020, el empresario Henrry Pino Matos lo denunció por querer desalojarlo de un inmueble ubicado en la avenida Pedro Venturo, en Surco. Pino contó a la Policía que ese día llegaron dos camionetas con una decena de hombres a bordo, quienes empezaron a llevarse todo cuanto había en la casa. Miyashiro –se lee en el acta policial– estaba presente y decía ser el legítimo propietario.
El empresario contó que usaba parte del predio como depósito de su compañía desde el 2009, que lo arrendaba a una mujer que llevaba muchos años asentada allí y que los legítimos propietarios nunca se habían aparecido en el lugar. El exalcalde de Chorrillos tampoco. Sudaca pudo comprobar en los registros públicos que Miyashiro compró el inmueble recién en 2010. Sin embargo, para el 2019, un año antes del desalojo, pesaba un embargo sobre el predio a raíz de la condena contra el exalcalde.
Además, según la denuncia, si bien Miyashiro llegó a un acuerdo extrajudicial con la mujer que vivía allí, nunca hizo lo propio con Pino, quien había invertido dinero para levantar algunas paredes y otros arreglos. Lo cierto es que este caso fue archivado hace poco en el Ministerio Público. El empresario desistió de apelar, pero sigue ocupando el predio hasta que consigan una orden judicial en su contra, algo que no ha pasado hasta el momento.
Los seguidores del patriarca chorrillano parecen haber heredado sus actitudes. El periodista Jeancarlos Durán Ramos, de la página de Facebook ‘Yo soy chorrillano’ denunció a fines de mayo haber sido atacado por simpatizantes de Podemos Perú durante un evento de campaña. Sus equipos quedaron destruidos; él recibió “patadas, puñetes y arañones”. Y aunque identificó al directo agresor, incluyó en su denuncia policial a Miyashiro.
El periodista que sufrió agresiones de los simpatizantes de Miyashiro. También incluyó al exalcalde en su denuncia policial. Foto: Prensa Chorrillos.
Durán se había acercado al lugar alertado de un enfrentamiento entre los simpatizantes de Podemos Perú y sus opositores. Entre estos últimos estaba la madre de un niño fallecido en 2018 en el Parque Quiñones de Chorrillos, cuando un arco de fútbol se desplomó sobre él. La familia del menor denunció en su momento a Miyashiro como responsable de esta muerte, debido a la falta de mantenimiento que ya había sido alertada por los vecinos.
Hace algunos años, fiel a su estilo, el burgomaestre esquivó las críticas señalando: “Tenemos que darle gracias a la municipalidad de Chorrillos que con mi gobierno hemos podido hacer tantas pistas, estadios, obras”. Miyashiro fue absuelto por este hecho en abril de este año. Intentamos comunicarnos con el candidato a su número registrado en Páginas Blancas, pero nadie atendió nuestras llamadas.
La campaña empezó a calentarse también en las oficinas del Jurado Electoral Especial de Lima Oeste. A inicios de junio, el abogado Mickael Escudero advirtió a esta entidad que Augusto Miyashiro pretendía inscribir su candidatura, a pesar de contar con una sentencia por corrupción, algo impedido por el artículo 34 de la Constitución. El órgano electoral hizo oídos sordos y, pese a las advertencias, inscribió al candidato a fines de ese mes.
Entonces, el Jurado Electoral Especial le dijo al abogado que el camino que correspondía era la tacha. “¿Por qué tenía que esperar que esté inscrito para accionar contra él, si el Jurado puede hacerlo desde antes que se inscriba? Esto es escandaloso”, apunta indignado.
Escudero es simpatizante del candidato rival de APP, pero, ante la desidia de los otros competidores, fue el único que se animó a iniciar este proceso. El Jurado Electoral le terminó dando la razón el pasado 5 de julio. El abogado denuncia, sin embargo, que Miyashiro está en carrera. “Lo que quiere es confundir a la gente diciendo que le van a dar la razón”, señala a Sudaca.
En efecto, el personero legal de Podemos Perú apeló el pasado 8 de julio la decisión. El pleno del jurado tiene la última palabra. “¿Qué fundamento va a presentar? Va a ser la vergüenza de su vida para el abogado que sustente eso. Y en caso el Jurado le dé la razón, y se vaya en contra de lo que dice la Constitución, estarían cometiendo delito de prevaricato”, asegura Escudero. El tiempo asedia a menos de tres meses de las elecciones.
La apelación del pasado 8 de julio puesta por el personero legal de Podemos Perú. El JNE debería ratificar la tacha.
Los proyectos de ley que han buscado el retiro de fondos de la AFP han sido frecuentes en los últimos meses. La necesidad económica de un sector de la población, agudizada sobre todo por la pandemia, se suma a la mala fama que se han ganado las cuatro empresas encargadas de la gestión de fondos privados. El caso más reciente es del proyecto de ley 2065, de Luis Kamiche, congresista de la nueva bancada Perú Democrático (la cual congrega a disidentes de Perú Libre, Acción Popular y Renovación Popular).
En mayo de este año, Kamiche propuso que los aportantes y exaportantes de las AFP que tengan más de 40 años puedan retirar el 100% de sus fondos del sistema de pensiones. Esta medida desnaturaliza el fin de las pensiones (el cual es generar ahorro para que el aportante pueda tener ciertos ingresos luego de su jubilación) y, además, tiene un alto riesgo de generar gastos futuros al Estado, de acuerdo con un nuevo pronunciamiento de la SBS.
En un oficio enviado a la presidenta Silvia Monteza, la superintendencia enfatiza que esta medida contraviene tres artículos de la Constitución y añade que dejaría “a más personas sin recursos suficientes para su vejez”, lo que ocasionaría que el Estado utilice mayores recursos para su protección futura.
Parte de las conclusiones del informe de la SBS, donde muestra su desacuerdo con el proyecto de ley del retiro de 100% de fondos de la AFP
“Si es que el proyecto se aprueba, habría un grupo de peruanos sin una jubilacióndigna que terminarán siendo una carga estatal. Se termina incrementando la cartera de beneficiarios de programas sociales (como Pensión 65) u otros programas complementarios. Hay una responsabilidad del Estado también en cuidar el tema de las jubilaciones”, considera Nicolás Fuentes.
Los especialistas consultados coinciden en que el sistema de las AFP ha presentado grandes falencias y que debe reformarse lo antes que se pueda. Incluso esto ha sido reconocido por Aldo Ferrini, cabeza de AFP Integra. Sin embargo, los entrevistados consideran que la propuesta del parlamentario no ataca a ese punto (por más que lo usa como fundamento) y carece de sustento.
Por ejemplo, en el análisis costo-beneficio del proyecto, Kamiche asegura que la iniciativa no causará “costo alguno al Estado ni vulnera principios, disposiciones o políticas de disciplina fiscal y presupuestaria”, por más que la SBS y el economista Nicolás Fuentes señalan totalmente lo contrario.
“Si no pueden prever un simple impacto fiscal como que a futuro un grupo no va a tener una jubilación decente y va a pasar a ser carga estatal a través de los programas sociales, dejan mucho que desear de los proyectos de ley que se generan”, considera Fuentes.
Cabe resaltar que este proyecto aún no ha sido revisado por esta comisión de Economía porque faltaban opiniones, según la presidenta Monteza. Tendrá que ser debatido en la próxima legislatura.
“No hay discusión en la Comisión”
Las críticas a estos tres proyectos de ley tienen el mismo punto de partida: hay carencia de sustento técnico en algunos (o muchos) de sus puntos. Cabe resaltar que la Comisión de Economía no formó un Consejo Consultivo (expertos que, ad honorem, son invitados a las sesiones para que den su punto de vista de las propuestas), por más que tenían la posibilidad de hacerlo.
“Cuando se instaló la comisión, se pensó hacer y se hizo algunas consultas, pero fue imposible porque cada bancada quería poner a ciertos profesionales y, sobre todo, en Perú Libre no estaban de acuerdo con algunas propuestas”, revela Silvia Monteza, la presidenta de la comisión.
El congresista Carlos Anderson, que integra la comisión, considera que es importante que haya un grupo permanente de expertos “para que no haya el tipo de propuestas que a veces uno ve ahí en la Comisión de Economía, que no tienen ni pies ni cabeza, que pueden responder a un buen sentimiento, pero que se chocan con la realidad”.
Izquierda: Silvia Monteza, presidenta de la comisión de Economía. Derecha: Carlos Anderson, secretario de la comisión de Economía. (fotos: Agencia Andina)
Anderson también asegura que no hay mayor debate o discusión dentro de la Comisión y que muchas veces se vota por inercia. La presidenta, por su lado, sí considera que han logrado avanzar pese a todos los obstáculos. “Si no, no hubieras podido sacar AFP, Fonavi”, se defiende Monteza.
Intentamos comunicarnos con Hernando Guerra García y Luis Kamiche, autores de dos proyectos de ley que han sido mencionados en este reportaje. Queríamos consignar sus opiniones respecto a los cuestionamientos planteados. No obstante, al cierre de este reportaje, no obtuvimos respuestas de ellos.
El contrato entre el gobierno regional y Perú Belmond, además, establece que esta última es responsable de “satisfacer todo tipo de impuesto […] que afecte directamente a la explotación de la concesión”. Por lo tanto, le corresponde pagar el Impuesto General a las Ventas (IGV) de las retribuciones fijas y variables, como la misma empresa ha reconocido a este medio.
Sin embargo, la compañía alega que en el 2011 la SUNAT les informó que las retribuciones que pagaba al Gobierno Regional no deberían estar sujetas al IGV. Ese mismo año los representantes de Perú Belmond presentaron un recurso legal ante el Tribunal Fiscal solicitando la confirmación “de que debíamos seguir pagando el IGV al Gobierno Regional”. Este proceso legal duró 7 años y durante todo ese tiempo se produjo una situación contradictoria. Aunque sostenía que sí le correspondía pagar el IGV, la empresa administradora dejó de hacerlo entre 2011 y 2018. Los funcionarios del GORE, entonces, usaron parte del incompleto monto que llegaba a sus arcas –provenientes de las retribuciones fija y variable– para pagarle a la SUNAT. Así, la entidad asumió “el pago de este impuesto por más de 6 años” con recursos públicos, como evidencia el informe de la Contraloría.
“Ellos [Perú Belmond] informaron al GORE que, como tenían una controversia con la Sunat, ya no iban a pagar el IGV. Lo que la entidad debió hacer en ese momento es exigir que sigan con los pagos, porque es parte de sus obligaciones. Si se negaban, se podía rescindir el contrato por incumplimiento. Sin embargo lo único que hicieron los funcionarios del gobierno regional fue que, del monto que depositaba Belmond por las retribuciones, hacían el descuento para cubrir el IGV, porque este llegaba a nombre de la institución”, explica el procurador de Cusco.
Finalmente, en noviembre de 2018, explica la empresa, el Tribunal Fiscal determinó que ellos tenían razón y que “nuestros pagos al Gobierno Regional de Cusco debían estar sujetos al IGV”. Luego de ese veredicto, Perú Belmond le pidió al GORE que le facture el importe que debía cancelar por concepto de dicho impuesto y pagó “debidamente la suma total de 1,34 millones de dólares”, según señala un comunicado que compartió a este medio vía correo electrónico.
Sin embargo, quedaría un saldo por pagar. En un oficio enviado en mayo de este año por la gerencia de Administración del gobierno regional se le informó a la empresa administradora del Sanctuary Lodge que, cuando se calculó cuánto le correspondía devolver por los años que no pagó, “no se consideró dos cartas”, que juntas suman US$7,530. Dicho monto se encuentra “pendiente hasta la actualidad”, según el informe de la Contraloría. Y a ello habría que agregar los “intereses legales generados y multas”, según señala el mismo documento.
Un contrato cuestionado
No es la primera vez que la Contraloría advierte irregularidades en la administración del Hotel Sanctuary Lodge. Ya en enero de este año, el organismo de control advertía que el hotel vinculado al excandidato presidencial funcionaba de manera irregular. Y es que, inicialmente el periodo de concesión era solo hasta el 2015. Pero mediante una polémica adenda llena de vicios, firmada por el expresidente regional de Cusco, Jorge Acurio Tito, y representantes de Perú Belmond Hotel, se amplió la vigencia del contrato hasta el 16 de mayo de 2025.
De acuerdo con un informe de auditoría del año pasado, para que la adenda suscrita en noviembre de 2013 tenga validez se necesitaba que conste en escritura pública. Esto, sin embargo, se concretó recién el 27 de diciembre de ese año. Para entonces, Jorge Acurio Tito ya no era gobernador regional. Unos días antes había sido sentenciado e inhabilitado para ejercer cargos públicos por el Poder Judicial, por lo que su firma en la adenda ya no tenía validez.
La adenda express, además, fue tramitada “sin sustento técnico legal y/o financiero” que argumente las variaciones económicas que debían adoptarse, de acuerdo al mismo informe de la Contraloría. Tampoco se tomaron en cuenta los documentos emitidos por algunos consejeros regionales para sustentar su oposición a la renovación del contrato.
“La población de Cusco incluso ha rechazado la ampliación del contrato. Este gobierno regional actual y el consejo también estamos de acuerdo con que esta adenda sea revisada y anulada”, dice el consejero Néstor Velasco. Por ello, en 2017 el GORE Cusco presentó una demanda ante el Poder Judicial para buscar la nulidad de la adenda. Sin embargo, el año pasado se rechazó el pedido porque, según explica el procurador regional, “el caso debe llevarse mediante un arbitraje”.
La solicitud de arbitraje se presentará este mes, adelanta Pedro Galicia. Además, por todo lo evidenciado en los informes de la Contraloría, el GORE Cusco llevará a un segundo arbitraje a Perú Belmond Hotel S.A. “Esto se estaría presentando a más tardar en un par de meses”, afirma el procurador. Pero mientras estos procesos no se resuelvan, Perú Belmond seguirá administrando el Hotel Sanctuary Lodge.
Ya son varios los excolaboradores de Serna que han entrado a ocupar jefaturas en el Minedu. Uno de ellos es Julio César Apaza Cuarite, designado en abril director de la Dirección de Educación Primaria de la Dirección General de Educación Básica Regular.
Otro viejo conocido de Serna que ha entrado al Ministerio es Yonson Tarazona Tucto, designado en marzo pasado como jefe de la Oficina de Contabilidad y Control Previo de la Oficina General de Administración. Él también acompañó a Serna cuando este era director regional de educación en Huánuco. Allí ocupó el puesto de director de gestión administrativa.
Serna conocía a Tarazona Tucto tras su paso por la DRE de Huánuco y hasta se encargó de presentarlo.
Más todavía llama la atención el caso de Hilmer Carlos Marchan Coz, quien fue director de la UGEL Huánuco. Él fue designado en junio pasado como director de Evaluación Docente, pese a que en 2020 fue uno de los directores que desaprobó la evaluación de desempeño de directores. Dio un tremendo salto: de jalado, pasó a ser jefe de la oficina que elabora los exámenes.
Hilmer Marchán Coz desaprobó la evaluación de desempeño de directores cuando trabajaba en la UGEL de Huánuco.
En esta lista de nuevas designaciones del Ministerio de Educación no solo figuran conocidos de Rosendo Serna, sino también del presidente Pedro Castillo. En junio, Wilson Petrel Mostacero, quien en abril había renunciado al cargo de jefe del Gabinete Técnico de Palacio de Gobierno, fue designado director de la Dirección de Relaciones Intergubernamentales (DIRI). A Petrel se le involucró en el supuesto ‘gabinete en la sombras’ y tiene una investigación abierta por el presunto delito de organización criminal en agravio del Estado. Ahora, curiosamente, está a cargo de la oficina que tiene a su cargo los coordinadores territoriales.
Otra de las cuestionables designaciones en el Minedu es la de Wilson Pretel Mostacero, quien fue acusado de pertenecer al ‘gabinete en la sombras’ del presidente Castillo y tiene una investigación abierta.
Sudaca se comunicó con el Ministerio de Educación para pedir la versión del titular del pliego sobre estas preocupaciones y quejas de sus propios trabajadores. Al cierre de este informe, no obtuvimos respuesta.
No es la primera vez
Cabe señalar que este comportamiento hostil de Serna hacia los trabajadores que dependen de él no es nuevo. En Huánuco, durante su época como director regional de educación, tuvo actitudes similares.
Esos fueron los casos de Jessenia Del Pilar Berna Venturo y Anthony Kenneth Jara Silva, dos trabajadores de la Dirección Regional de Educación de Huánuco que debieron recurrir a la justicia para evitar que se les deje sin trabajo de forma injusta. Ambos lograron que se ordene su reposición laboral.
Jessenia Del Pilar Berna Venturo debió recurrir a la justicia para obtener una medida cautelar y obtener su reposición laboral
Anthony Kenneth Jara Silva fue otro de los trabajadores que solicitó una cautelar contra la decisión tomada por la DRE de Huánuco en la época que Rosendo Serna era director.
Desde que se confirmó que Pedro Castillo sería el presidente de la República, el futuro del Ministerio de Educación se convirtió en un tema de mucho interés. Había mucha incertidumbre y expectativa respecto a qué haría con este sector un presidente con antecedentes de profesor de escuela rural, que se hizo conocido como dirigente sindical y que prometía grandes apuestas por la educación. Un año después, parece claro que no habrá ninguna revolución educativa y la única apuesta del Ejecutivo es el copamiento del sector.
