Informes

ARREMETIDAS

En medio de sus condenas, Miyashiro padre añadió un lío más. En diciembre de 2020, el empresario Henrry Pino Matos lo denunció por querer desalojarlo de un inmueble ubicado en la avenida Pedro Venturo, en Surco. Pino contó a la Policía que ese día llegaron dos camionetas con una decena de hombres a bordo, quienes empezaron a llevarse todo cuanto había en la casa. Miyashiro –se lee en el acta policial– estaba presente y decía ser el legítimo propietario.

El empresario contó que usaba parte del predio como depósito de su compañía desde el 2009, que lo arrendaba a una mujer que llevaba muchos años asentada allí y que los legítimos propietarios nunca se habían aparecido en el lugar. El exalcalde de Chorrillos tampoco. Sudaca pudo comprobar en los registros públicos que Miyashiro compró el inmueble recién en 2010. Sin embargo, para el 2019, un año antes del desalojo, pesaba un embargo sobre el predio a raíz de la condena contra el exalcalde.

Además, según la denuncia, si bien Miyashiro llegó a un acuerdo extrajudicial con la mujer que vivía allí, nunca hizo lo propio con Pino, quien había invertido dinero para levantar algunas paredes y otros arreglos. Lo cierto es que este caso fue archivado hace poco en el Ministerio Público. El empresario desistió de apelar, pero sigue ocupando el predio hasta que consigan una orden judicial en su contra, algo que no ha pasado hasta el momento.

Los seguidores del patriarca chorrillano parecen haber heredado sus actitudes. El periodista Jeancarlos Durán Ramos, de la página de Facebook ‘Yo soy chorrillano’ denunció a fines de mayo haber sido atacado por simpatizantes de Podemos Perú durante un evento de campaña. Sus equipos quedaron destruidos; él recibió “patadas, puñetes y arañones”. Y aunque identificó al directo agresor, incluyó en su denuncia policial a Miyashiro.

El periodista que sufrió agresiones de los simpatizantes de Miyashiro. También incluyó al exalcalde en su denuncia policial. Foto: Prensa Chorrillos.

Durán se había acercado al lugar alertado de un enfrentamiento entre los simpatizantes de Podemos Perú y sus opositores. Entre estos últimos estaba la madre de un niño fallecido en 2018 en el Parque Quiñones de Chorrillos, cuando un arco de fútbol se desplomó sobre él. La familia del menor denunció en su momento a Miyashiro como responsable de esta muerte, debido a la falta de mantenimiento que ya había sido alertada por los vecinos.

Hace algunos años, fiel a su estilo, el burgomaestre esquivó las críticas señalando: “Tenemos que darle gracias a la municipalidad de Chorrillos que con mi gobierno hemos podido hacer tantas pistas, estadios, obras”. Miyashiro fue absuelto por este hecho en abril de este año. Intentamos comunicarnos con el candidato a su número registrado en Páginas Blancas, pero nadie atendió nuestras llamadas.

La campaña empezó a calentarse también en las oficinas del Jurado Electoral Especial de Lima Oeste. A inicios de junio, el abogado Mickael Escudero advirtió a esta entidad que Augusto Miyashiro pretendía inscribir su candidatura, a pesar de contar con una sentencia por corrupción, algo impedido por el artículo 34 de la Constitución. El órgano electoral hizo oídos sordos y, pese a las advertencias, inscribió al candidato a fines de ese mes.

Entonces, el Jurado Electoral Especial le dijo al abogado que el camino que correspondía era la tacha. “¿Por qué tenía que esperar que esté inscrito para accionar contra él, si el Jurado puede hacerlo desde antes que se inscriba? Esto es escandaloso”, apunta indignado.

Escudero es simpatizante del candidato rival de APP, pero, ante la desidia de los otros competidores, fue el único que se animó a iniciar este proceso. El Jurado Electoral le terminó dando la razón el pasado 5 de julio. El abogado denuncia, sin embargo, que Miyashiro está en carrera. “Lo que quiere es confundir a la gente diciendo que le van a dar la razón”, señala a Sudaca.

En efecto, el personero legal de Podemos Perú apeló el pasado 8 de julio la decisión. El pleno del jurado tiene la última palabra. “¿Qué fundamento va a presentar? Va a ser la vergüenza de su vida para el abogado que sustente eso. Y en caso el Jurado le dé la razón, y se vaya en contra de lo que dice la Constitución, estarían cometiendo delito de prevaricato”, asegura Escudero. El tiempo asedia a menos de tres meses de las elecciones.

Carta-expediente
La apelación del pasado 8 de julio puesta por el personero legal de Podemos Perú. El JNE debería ratificar la tacha.

 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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Alcaldía de Chorrillos, Augusto Miyashiro, Chorrillos

Otra vez los fondos de pensiones

Los proyectos de ley que han buscado el retiro de fondos de la AFP han sido frecuentes en los últimos meses. La necesidad económica de un sector de la población, agudizada sobre todo por la pandemia, se suma a la mala fama que se han ganado las cuatro empresas encargadas de la gestión de fondos privados. El caso más reciente es del proyecto de ley 2065, de Luis Kamiche, congresista de la nueva bancada Perú Democrático (la cual congrega a disidentes de Perú Libre, Acción Popular y Renovación Popular). 

En mayo de este año, Kamiche propuso que los aportantes y exaportantes de las AFP que tengan más de 40 años puedan retirar el 100% de sus fondos del sistema de pensiones. Esta medida desnaturaliza el fin de las pensiones (el cual es generar ahorro para que el aportante pueda tener ciertos ingresos luego de su jubilación) y, además, tiene un alto riesgo de generar gastos futuros al Estado, de acuerdo con un nuevo pronunciamiento de la SBS. 

En un oficio enviado a la presidenta Silvia Monteza, la superintendencia enfatiza que esta medida contraviene tres artículos de la Constitución y añade que dejaría “a más personas sin recursos suficientes para su vejez”, lo que ocasionaría que el Estado utilice mayores recursos para su protección futura.

Informe SBS
Parte de las conclusiones del informe de la SBS, donde muestra su desacuerdo con el proyecto de ley del retiro de 100% de fondos de la AFP

“Si es que el proyecto se aprueba, habría un grupo de peruanos sin una jubilación digna que terminarán siendo una carga estatal. Se termina incrementando la cartera de beneficiarios de programas sociales (como Pensión 65) u otros programas complementarios. Hay una responsabilidad del Estado también en cuidar el tema de las jubilaciones”, considera Nicolás Fuentes.

Los especialistas consultados coinciden en que el sistema de las AFP ha presentado grandes falencias y que debe reformarse lo antes que se pueda. Incluso esto ha sido reconocido por Aldo Ferrini, cabeza de AFP Integra. Sin embargo, los entrevistados consideran que la propuesta del parlamentario no ataca a ese punto (por más que lo usa como fundamento) y carece de sustento.

Por ejemplo, en el análisis costo-beneficio del proyecto, Kamiche asegura que la iniciativa no causará “costo alguno al Estado ni vulnera principios, disposiciones o políticas de disciplina fiscal y presupuestaria”, por más que la SBS y el economista Nicolás Fuentes señalan totalmente lo contrario.

“Si no pueden prever un simple impacto fiscal como que a futuro un grupo no va a tener una jubilación decente y va a pasar a ser carga estatal a través de los programas sociales, dejan mucho que desear de los proyectos de ley que se generan”, considera Fuentes. 

Cabe resaltar que este proyecto aún no ha sido revisado por esta comisión de Economía porque faltaban opiniones, según la presidenta Monteza. Tendrá que ser debatido en la próxima legislatura.

“No hay discusión en la Comisión” 

Las críticas a estos tres proyectos de ley tienen el mismo punto de partida: hay carencia de sustento técnico en algunos (o muchos) de sus puntos. Cabe resaltar que la Comisión de Economía no formó un Consejo Consultivo (expertos que, ad honorem, son invitados a las sesiones para que den su punto de vista de las propuestas), por más que tenían la posibilidad de hacerlo.

“Cuando se instaló la comisión, se pensó hacer y se hizo algunas consultas, pero fue imposible porque cada bancada quería poner a ciertos profesionales y, sobre todo, en Perú Libre no estaban de acuerdo con algunas propuestas”, revela Silvia Monteza, la presidenta de la comisión. 

El congresista Carlos Anderson, que integra la comisión, considera que es importante que haya un grupo permanente de expertos “para que no haya el tipo de propuestas que a veces uno ve ahí en la Comisión de Economía, que no tienen ni pies ni cabeza, que pueden responder a un buen sentimiento, pero que se chocan con la realidad”.

Monteza y Anderson
Izquierda: Silvia Monteza, presidenta de la comisión de Economía. Derecha: Carlos Anderson, secretario de la comisión de Economía. (fotos: Agencia Andina)

Anderson también asegura que no hay mayor debate o discusión dentro de la Comisión y que muchas veces se vota por inercia. La presidenta, por su lado, sí considera que han logrado avanzar pese a todos los obstáculos. “Si no, no hubieras podido sacar AFP, Fonavi”, se defiende Monteza. 

Intentamos comunicarnos con Hernando Guerra García y Luis Kamiche, autores de dos proyectos de ley que han sido mencionados en este reportaje. Queríamos consignar sus opiniones respecto a los cuestionamientos planteados. No obstante, al cierre de este reportaje, no obtuvimos respuestas de ellos.

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Congreso, Gobierno, Pedro Castillo

Pagando los impuestos de Belmond

El contrato entre el gobierno regional y Perú Belmond, además, establece que esta última es responsable de “satisfacer todo tipo de impuesto […] que afecte directamente a la explotación de la concesión”. Por lo tanto, le corresponde pagar el Impuesto General a las Ventas (IGV) de las retribuciones fijas y variables, como la misma empresa ha reconocido a este medio. 

Sin embargo, la compañía alega que en el 2011 la SUNAT les informó que las retribuciones que pagaba al Gobierno Regional no deberían estar sujetas al IGV. Ese mismo año los representantes de Perú Belmond presentaron un recurso legal ante el Tribunal Fiscal solicitando la confirmación “de que debíamos seguir pagando el IGV al Gobierno Regional”. Este proceso legal duró 7 años y durante todo ese tiempo se produjo una situación contradictoria. Aunque sostenía que sí le correspondía pagar el IGV, la empresa administradora dejó de hacerlo entre 2011 y 2018. Los funcionarios del GORE, entonces, usaron parte del incompleto monto que llegaba a sus arcas –provenientes de las retribuciones fija y variable– para pagarle a la SUNAT. Así, la entidad asumió “el pago de este impuesto por más de 6 años” con recursos públicos, como evidencia el informe de la Contraloría. 

empresa vinculada a López Aliaga no pagó el IGV

“Ellos [Perú Belmond] informaron al GORE que, como tenían una controversia con la Sunat, ya no iban a pagar el IGV. Lo que la entidad debió hacer en ese momento es exigir que sigan con los pagos, porque es parte de sus obligaciones. Si se negaban, se podía rescindir el contrato por incumplimiento. Sin embargo lo único que hicieron los funcionarios del gobierno regional fue que, del monto que depositaba Belmond por las retribuciones, hacían el descuento para cubrir el IGV, porque este llegaba a nombre de la institución”, explica el procurador de Cusco.

Finalmente, en noviembre de 2018, explica la empresa, el Tribunal Fiscal determinó que ellos tenían razón y que “nuestros pagos al Gobierno Regional de Cusco debían estar sujetos al IGV”. Luego de ese veredicto, Perú Belmond le pidió al GORE que le facture el importe que debía cancelar por concepto de dicho impuesto y pagó “debidamente la suma total de 1,34 millones de dólares”, según señala un comunicado que compartió a este medio vía correo electrónico.

Sin embargo, quedaría un saldo por pagar. En un oficio enviado en mayo de este año por la gerencia de Administración del gobierno regional se le informó a la empresa administradora del Sanctuary Lodge que, cuando se calculó cuánto le correspondía devolver por los años que no pagó, “no se consideró dos cartas”, que juntas suman US$7,530. Dicho monto se encuentra “pendiente hasta la actualidad”, según el informe de la Contraloría. Y a ello habría que agregar los “intereses legales generados y multas”, según señala el mismo documento.

Un contrato cuestionado

No es la primera vez que la Contraloría advierte irregularidades en la administración del Hotel Sanctuary Lodge. Ya en enero de este año, el organismo de control advertía que el hotel vinculado al excandidato presidencial funcionaba de manera irregular. Y es que, inicialmente el periodo de concesión era solo hasta el 2015. Pero mediante una polémica adenda llena de vicios, firmada por el expresidente regional de Cusco, Jorge Acurio Tito, y representantes de Perú Belmond Hotel, se amplió la vigencia del contrato hasta el 16 de mayo de 2025.

De acuerdo con un informe de auditoría del año pasado, para que la adenda suscrita en noviembre de 2013 tenga validez se necesitaba que conste en escritura pública. Esto, sin embargo, se concretó recién el 27 de diciembre de ese año. Para entonces, Jorge Acurio Tito ya no era gobernador regional. Unos días antes había sido sentenciado e inhabilitado para ejercer cargos públicos por el Poder Judicial, por lo que su firma en la adenda ya no tenía validez. 

La adenda express, además, fue tramitada “sin sustento técnico legal y/o financiero” que argumente las variaciones económicas que debían adoptarse, de acuerdo al mismo informe de la Contraloría. Tampoco se tomaron en cuenta los documentos emitidos por algunos consejeros regionales para sustentar su oposición a la renovación del contrato. 

“La población de Cusco incluso ha rechazado la ampliación del contrato. Este gobierno regional actual y el consejo también estamos de acuerdo con que esta adenda sea revisada y anulada”, dice el consejero Néstor Velasco. Por ello, en 2017 el GORE Cusco presentó una demanda ante el Poder Judicial para buscar la nulidad de la adenda. Sin embargo, el año pasado se rechazó el pedido porque, según explica el procurador regional, “el caso debe llevarse mediante un arbitraje”. 

La solicitud de arbitraje se presentará este mes, adelanta Pedro Galicia. Además, por todo lo evidenciado en los informes de la Contraloría, el GORE Cusco llevará a un segundo arbitraje a Perú Belmond Hotel S.A. “Esto se estaría presentando a más tardar en un par de meses”, afirma el procurador. Pero mientras estos procesos no se resuelvan, Perú Belmond seguirá administrando el Hotel Sanctuary Lodge.

 

 

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Cuzco, Empresa, Rafael Lopez Aliaga

Mejor con los conocidos

Ya son varios los excolaboradores de Serna que han entrado a ocupar jefaturas en el Minedu. Uno de ellos es Julio César Apaza Cuarite, designado en abril director de la Dirección de Educación Primaria de la Dirección General de Educación Básica Regular.

Otro viejo conocido de Serna que ha entrado al Ministerio es Yonson Tarazona Tucto, designado en marzo pasado como jefe de la Oficina de Contabilidad y Control Previo de la Oficina General de Administración. Él también acompañó a Serna cuando este era director regional de educación en Huánuco. Allí ocupó el puesto de director de gestión administrativa.

 

Serna conocía a Tarazona Tucto tras su paso por la DRE de Huánuco y hasta se encargó de presentarlo.

Más todavía llama la atención el caso de Hilmer Carlos Marchan Coz, quien fue director de la UGEL Huánuco. Él fue designado en junio pasado como director de Evaluación Docente, pese a que en 2020 fue uno de los directores que desaprobó la evaluación de desempeño de directores. Dio un tremendo salto: de jalado, pasó a ser jefe de la oficina que elabora los exámenes.

MINEDU
Hilmer Marchán Coz desaprobó la evaluación de desempeño de directores cuando trabajaba en la UGEL de Huánuco.

En esta lista de nuevas designaciones del Ministerio de Educación no solo figuran conocidos de Rosendo Serna, sino también del presidente Pedro Castillo. En junio, Wilson Petrel Mostacero, quien en abril había renunciado al cargo de jefe del Gabinete Técnico de Palacio de Gobierno, fue designado director de la Dirección de Relaciones Intergubernamentales (DIRI). A Petrel se le involucró en el supuesto ‘gabinete en la sombras’ y tiene una investigación abierta por el presunto delito de organización criminal en agravio del Estado. Ahora, curiosamente, está a cargo de la oficina que tiene a su cargo los coordinadores territoriales.

MINEDU
Otra de las cuestionables designaciones en el Minedu es la de Wilson Pretel Mostacero, quien fue acusado de pertenecer al ‘gabinete en la sombras’ del presidente Castillo y tiene una investigación abierta.

Sudaca se comunicó con el Ministerio de Educación para pedir la versión del titular del pliego sobre estas preocupaciones y quejas de sus propios trabajadores. Al cierre de este informe, no obtuvimos respuesta.

No es la primera vez

Cabe señalar que este comportamiento hostil de Serna hacia los trabajadores que dependen de él no es nuevo. En Huánuco, durante su época como director regional de educación, tuvo actitudes similares.

Esos fueron los casos de Jessenia Del Pilar Berna Venturo y Anthony Kenneth Jara Silva, dos trabajadores de la Dirección Regional de Educación de Huánuco que debieron recurrir a la justicia para evitar que se les deje sin trabajo de forma injusta. Ambos lograron que se ordene su reposición laboral.

 

 

MINEDU
Jessenia Del Pilar Berna Venturo debió recurrir a la justicia para obtener una medida cautelar y obtener su reposición laboral

 

Anthony Kenneth Jara Silva fue otro de los trabajadores que solicitó una cautelar contra la decisión tomada por la DRE de Huánuco en la época que Rosendo Serna era director.

Desde que se confirmó que Pedro Castillo sería el presidente de la República, el futuro del Ministerio de Educación se convirtió en un tema de mucho interés. Había mucha incertidumbre y expectativa respecto a qué haría con este sector un presidente con antecedentes de profesor de escuela rural, que se hizo conocido como dirigente sindical y que prometía grandes apuestas por la educación. Un año después, parece claro que no habrá ninguna revolución educativa y la única apuesta del Ejecutivo es el copamiento del sector.

 

 

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Minedu

Nos comunicamos con su área de prensa para conocer qué medidas se habían tomado, pero, al cierre de esta edición, no obtuvimos respuesta.

Lista de liberados por INPE
La lista de liberados entregada por el INPE en marzo pasado.

EL PROBLEMA: NO HAY PLATA

Cuando un preso quiere pasar sus últimos años de condena en libertad es un juzgado el que le otorga o no dicho beneficio. Luego, son los reos los que tienen que rendir cuentas a la Dirección de Medio Libre: mensualmente, un sentenciado asiste al centro de esta dirección más cercano a su domicilio, firma un registro y pasa por un psicólogo y una asistencia social para su evaluación. También tiene que asistir a distintos talleres grupales organizados por el INPE. Eventualmente, los funcionarios penitenciarios visitan su domicilio para asegurarse de que cumplan con no salir de la ciudad.

La ley señala, sin embargo, que el INPE no es el único que debería hacer el seguimiento. También es función del Ministerio Público. El problema es que la norma no especifica cómo. La consecuencia de esta falta de control sería la revocatoria de la libertad para los condenados.

Los ejemplos que hemos visto sugieren un grave problema de cara a la resocialización. ¿Son suficientes nuestras políticas penitenciarias nacionales?, ¿está preparado el INPE para asumir el reto?

Para Gilmar Andía, exviceministro de Justicia, el problema para la resocialización fuera de la cárcel es que no es la prioridad. La principal preocupación de las autoridades que manejan el sistema penitenciario es el hacinamiento. “Cuando vas al MEF y dices que necesitas más personal y aumentarles el sueldo, te dicen que no hay dinero. Entonces, todo el presupuesto se va tratando de controlar el hacinamiento y la dirección de Medios Libres recibe una mínima partida. El problema del hacinamiento es tan grande y de tantas décadas que no les permite ir abordando lo otro”, apunta.

Andía, que ha trabajo en el Ministerio de Justicia desde el 2013 hasta hace solo unos meses, dice que hay pocas oficinas de Medio Libre. “Son oficinas con poco personal, con instalaciones precarias y ya sabemos cuáles son los sueldos también. No estoy queriendo justificar, pero es un problema estructural”, comenta.

Por su lado, César Orozco, expresidente del sindicato del INPE, coincide en que la falta de recursos es un factor importante. “Una persona que accede al beneficio dice a Medio Libre: ‘voy a ir a trabajar con la persona tal, a estudiar tal’. Pero, a la larga, escapa a ese control y, al final, o lo vemos delinquiendo o justificando el control con algunos documentos que solo son para seguir con el beneficio. Hay un trabajo de supervisión que falla porque depende de los recursos”, dice.

Para Orozco hay un abuso del beneficio penitenciario en favor de los reos que pisan por primera vez una prisión. “Yo creo que debería ser al revés, que la ejecución penal debería ser más dura con los nuevos”. Andía, sin embargo, señala que la situación podría ser resuelta, en cierta medida, con la reincorporación de juzgados de ejecución penal.

“Los juzgados de ejecución penal existen en casi todos los sistemas penales de Europa y Latinoamérica y su función no es otra que hacer que la sentencia se cumpla de manera cabal. Eso estaba entre las recomendaciones de la reforma de justicia”, apunta el abogado. Una reforma que avanza a paso de tortuga en el país.

 

Omar Méndez, jefe del INPE
Omar Méndez Irigoyen, jefe del INPE, debe enmendar esta situación.

 

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INPE

La inscripción vigente

En el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no figura ningún cambio respecto a la situación de Parra en Podemos Perú. Su militancia se mantiene activa, de acuerdo al padrón de afiliados y a la consulta en el Registro de Organizaciones Políticas. 

 

Consulta de afiliación de Parra en el ROP
Consulta de afiliación de Parra en el ROP

 

Con respecto a su candidatura, tampoco hay cambios. Los únicos expedientes que figuran en el JNE contra su lista consisten en observaciones formales de otros temas que ya han sido subsanadas. La única forma de que esto entre en concordancia con un supuesto retiro del candidato por parte de Podemos Perú es que el caso haya permanecido estancado en el Jurado Electoral Especial – Lima Sur 1, algo poco probable y que en todo caso no ha sido informado por el partido. Consultado por Sudaca, el personal de prensa del Podemos Perú dijo que no sabía si se han tomado las medidas anunciadas o si se ha iniciado un proceso disciplinario contra él. 

 

Según el calendario de los comicios municipales, los partidos solo tienen hasta el 3 de agosto para poder presentar retiros de candidaturas o exclusiones de candidatos. Los aspirantes que sobrevivan hasta esa fecha quedan oficialmente en carrera, y Roger Parra parece encaminado a esa situación. 

 

Sudaca se comunicó con la encargada de manejar las redes sociales de Parra. Cuando le pedimos que nos permita consultarle sobre este tema directamente al candidato, dejó de responder. También nos comunicamos con el asesor de prensa de Daniel Urresti, quien solamente nos remitió el comunicado de José Luna Gálvez del 19 de junio, en el cual se deslinda de las acusaciones de “Punto Final” y pide que se investigue el hecho. 

Imagen 6 - comunicado Podemos
Comunicado de José Luna publicado el mismo día del reportaje de “Punto Final”

 

Más allá de los deslindes, tuits y comunicados, en la práctica Parra sigue siendo militantes y candidato por Podemos Perú. Y sigue haciendo campaña también por Urresti, aunque este evite nombrarlo cuando pasa por San Juan de Miraflores.

 

 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

 

 



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Daniel Urresti, elecciones municipales 2022

La ley N° 29719 señala la promoción de una convivencia sana en las instituciones educativas y la orientación al estudiante. Sin embargo, muchos colegios siguen sin implementar más psicólogos en las aulas, y los docentes no reciben capacitación para el manejo de las emociones del estudiante. Sudaca conversó al respecto con Matilde Cobeñas, adjunta de los derechos del niño y el adolescente de la Defensoría del Pueblo, y Dajhana Gómez, psicóloga especialista en niños y adolescentes.

Record casos

 

SISEVE

 

Casos más sonados 1

 

Casos más sonados 2

 

Ley Violencia

 

Psicólogos en colegios

 

 

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bullying, Colegios, sociedad

“ENTRE TODOS SE TIRAN LA PELOTA”

Todos estos retrasos vienen desde los primeros años. Ya desde el 2016, la Contraloría de la República advertía de demoras y hasta de acusaciones por gastos excesivos. Así, una obra necesaria para la ciudad, que promete conectarla de este a oeste y transportar 1 millón de pasajeros al día, parece seguir los pasos lentos de un histórico emblema de la ineptitud estatal: la Línea 1 del Tren Eléctrico. Como se recuerda, aquella obra fue anunciada y empezó a construirse con bombos y platillos durante el primer gobierno de Alan García. Pero de ese primer impulso solo quedaron 8 estaciones que durante años no sirvieron prácticamente para nada. Recién en 2011 –ya durante el segundo gobierno de García– se concluyó esta ruta. Construir la primera línea de metro de Lima tomó, en suma, más de 25 años. Al paso que va, la Línea 2 podría acercarse a ese récord. 

Originalmente, toda la obra -que comenzó en el 2014- debía estar culminada en el 2019. Tras demoras en la entrega de terrenos debido a problemas con la adquisición de las áreas y la liberación de interferencias, así como la aprobación de los estudios de ingeniería, la fecha se cambió a 2024. Ahora, según informó Ositran a Sudaca, “hasta que las partes no materialicen un nuevo cronograma en una adenda”, simplemente no hay fecha.

¿A qué se deben tantos retrasos? El año pasado, la Contraloría emitió varios informes, en los cuales daba cuenta de “la falta de coordinación oportuna entre el concedente, la ATU y el concesionario”, lo que ocasionaba “que se dilate la ejecución de dichos trabajos” y, por supuesto, “la culminación de obras”. En otro informe, de octubre de 2021, advertía de “una discrepancia en la responsabilidad entre la ATU y el MTC”. Esto originó que los contratiempos con la entrega de terrenos y aprobación de los estudios de ingeniería -ambas tareas de la ATU desde el 2020- persistieran.

Instituciones Lí­nea 2

Este organismo, sin embargo, niega tajantemente que exista retrasos en cuanto a los terrenos y afirma que “la demora en la ejecución del Proyecto Línea 2 se debe, principalmente, a causas imputables al Concesionario” por no haber recibido algunas áreas liberadas y no conseguir la aprobación de los estudios de ingeniería. Por su parte, la empresa alega que no recibió a la ATU ocho áreas porque “tienen interferencias y siguen modificándose por el Concedente”. Sobre la aprobación de los dichosos documentos, sostiene que la demora se debe principalmente a que “sin terrenos definidos, los cuales continuamente se vienen modificando por la ATU, los estudios continúan siendo modificados y no se pueden aprobar […] sumado a que existen discrepancias entre el MTC y la ATU. 

Y como si fuera poco, un informe de este año advierte que, aunque la etapa inicial ya está lista, todavía no hay fecha para el inicio de operaciones porque, para variar, las “discrepancias entre la concesionaria y el MTC y ATU todavía persisten”, luego de varios meses. La controversia gira en torno al Sistema de Control de Pasajeros, pues el concesionario sostiene que no podrá implementarlo si es que el Estado no le proporciona toda la información necesaria. El MTC y la ATU, por el contrario, argumentan que ya brindaron los datos que debían y que no corresponde proporcionar más información. 

Las dilaciones no son gratuitas, pues le pasarán una factura de millones de dólares a las arcas peruanas. En el 2017, la empresa presentó una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) contra el Estado por “incumplimiento grave” del contrato. Por esto, solicitaba una ampliación del plazo de ejecución del proyecto.

En julio del año pasado, el Ciadi le dio la razón a la empresa y estableció que el Estado era responsable por entregar a destiempo las áreas del primer nivel del metro y por no aprobar los estudios de ingeniería. También responsabilizó a la empresa por no aceptar terrenos de manera injustificada. Aunque la concesionaria pidió una indemnización de 700 millones de dólares, ese monto aún se encuentra en negociaciones.

Estado Línea 2

Es un tema en el que todos se tiran la pelota sobre quién es el responsable. Como presidente de la Mancomunidad de Lima Este, he estado presente en varias reuniones, pero todo queda en el aire, la verdad. Desde el inicio tampoco hubo un buen contrato”, sostiene Jose Luis Nole. Su sueño, al igual que los vecinos de Santa Anita y Ate, y todos los que se movilizan por estos distritos, es ver la Carretera Central completamente abierta antes de que termine su gestión como autoridad municipal. Del Metro ya no se espera nada en el corto plazo.

“Creo que este servicio va a ser de gran utilidad cuando se inaugure. Es un tren moderno, sin pilotos, totalmente automatizado, que va a ahorrar muchísimo tiempo y donde se podrá viajar con comodidad. Esa es la importancia de contar con una red de trenes”, comenta el especialista ferroviario Lino de la Barrera. “Pero imagínense, si con la Línea 2 estamos sufriendo tantos años, las demás líneas las terminaremos probablemente el próximo siglo”, sostiene Luis Quispe. Una predicción que no parece descarrilada.

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ATU, Metro de Lima, MTC

Cifras nebulosas

 

En este tema, es claro que cada institución jala agua para su propio molino. El detalle es que el punto de partida para generar políticas públicas a favor del colectivo LGTBIQ+ es difuso. En el Perú no existen estadísticas actualizadas sobre este grupo vulnerable. Todos los datos oficiales son pre-pandemia. 

 

El INEI, por ejemplo, realizó la “Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI” el 2017. Desde entonces, no ha hecho más. Y con el pasar de los años las cifras recogidas en este estudio se vuelven inútiles.

 

Comunidad en cifras 

 

Como muestra, un botón. Según la encuesta, respondieron 12,026 personas LGBTIQ+ mayores de edad. Un número que se queda corto si se compara con la convocatoria de las Marchas del Orgullo de junio. “Si contamos Lima y regiones fácilmente llegamos a las 30 mil personas. Llenamos la Av. Wilson desde la altura de Colmena hasta Paseo Colón”, revela Jorge Apolaya, vocero del movimiento. En su vigésimo aniversario, las movilizaciones aumentaron su convocatoria. “En 2019 fueron 21 ciudades, este año han sido 28. Es una expresión de que la comunidad ya no aguanta más”, agrega. 

 

Desde la Defensoría valoran el trabajo realizado por el INEI, pero exigen mayores esfuerzos. “Han impulsado acciones en favor de las personas LGTBIQ+, pero deben avanzar. Solo hicieron esa encuesta. En los siguientes censos deben incluir fórmulas para identificarlas y realizar políticas con esa data. Si no, nunca va a ocurrir”, dice Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos. 

 

Las estadísticas oficiales más recientes son del 2019. Ipsos publicó la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos por encargo del Ministerio de Justicia ese año. Ahí se señala que más de 1.7 millones de peruanos adultos se identifican con una orientación sexual no heterosexual. 

 

Otras conclusiones relevantes del estudio son que el 71% de peruanos cree que la comunidad LGTBIQ+ es victima de discriminación, el 19% considera la homosexualidad una enfermedad, el 31% considera al VIH/SIDA como una enfermedad de personas homosexuales o trans, y el 36% ve peligroso que un niño se quede con una persona homosexual. Sin embargo, la ausencia de mayores estudios gubernamentales deja en el aire otras circunstancias que vive esta comunidad. 

 

“No se sabe cuántas mujeres trans se dedican a la prostitución en Lima. También hay muchas personas gays y lesbianas que viven con menos del sueldo mínimo. Por eso la marcha es importante, ahí se manifiestan. ¿Sin data, cómo van a implementar políticas en el país?”, reclama Jorge Apolaya. Sin ir muy lejos, el último 30 de junio se reportó que “Sharon”, una mujer trans que se dedicaba a la prostitución, fue baleada en el Cercado de Lima por negarse a pagar cupos a una red criminal. 

 

La sociedad civil da más información. “Nosotros hicimos hace tiempo una encuesta virtual donde identificamos que el 87% de personas trans no cuenta con un DNI que reconozca su nombre y su expectativa de vida está reducida a los 48 años”, revela Susana Chávez, directora de Promsex.

Marchas
Las marchas del Orgullo se realizaron en 28 ciudades alrededor de todo el país

 

Para la cabeza de dicha ONG la razón de que no existan estadísticas frescas no es descuido gubernamental. “No creo que sea desdén. Hay una agenda abiertamente opositora basada en machismos inaceptables. Hoy el Perú es un país retrógrado alrededor de nuestros vecinos”, afirma Chávez.

 

Frases, en tono de burla, como la del congresista Guido Bellido –que le propuso al periodista Jaime Chincha “ir de la manito” a la próxima Marcha del Orgullo– le dan algo de razón. El panorama es sombrío para estos peruanos que reclaman que el Estado –del que también forman parte– los proteja. Pero eso no los detendrá. Serán cada vez más visibles. Aunque las autoridades se escandalicen y el gobierno quiera hacerse el distraído.

 

**Fotoportada por Darlen Leonardo



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Gobierno, LGBT, sociedad
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