Informes

No solo el Covid-19 puede arrebatar una vida. Una alteración de la salud mental mal atendida también. Lo sabe la familia de una adolescente de 16 años que ha sido acusada por la Fiscalía de degollar a un panadero en el asentamiento humano Enrique Milla Ochoa de Los Olivos. El presunto asesinato ocurrió el 4 de enero.

La menor de edad, quien trabajaba en la panadería del difunto Fernando Osorio (48), habría usado un cuchillo de su casa para hacerle un corte en el cuello a la víctima. Según su historial médico en el hospital Honorio Delgado–Hideyo Noguchi, la adolescente ya había intentado antes asesinar a su hermana.

Rocío Ramírez, quien trabaja en ese hospital psiquiátrico tratando niños y adolescentes, contó a Sudaca que la joven fue su paciente hasta julio del año pasado. En ese tiempo la atendió tres veces mediante ‘consultas virtuales’. Estas pueden ser por celular, teléfono fijo o Google Meet.

La psiquiatra diagnosticó que su paciente sufría cuadros depresivos y asegura que recomendó, a través del director de su área, que sea internada. Dicho servicio, sin embargo, está suspendido desde el inicio de la pandemia.

“Yo le dije ‘no doctor [a su jefe], esta paciente está tan mal que no está para que le llamen por teléfono todos los días. Esta paciente tiene que ser vista en emergencia y hospitalizada. Había vivido cosas muy fuertes’”, cuenta Ramírez. Al final, la joven igual pasó a hospitalización domiciliaria.

La psiquiatra enfermó de Covid-19, se recuperó en septiembre y supo que la adolescente seguía recibiendo atención domiciliaria. El 4 de enero se enteró por la televisión del presunto crimen.

¿Qué es hospitalización domiciliaria? Es un servicio que fue implementado en el Noguchi desde el inicio de la pandemia, en abril del año pasado, cuando la hospitalización corriente y la atención médica personalizada fueron suspendidas. La jefatura del hospital decidió que los médicos envíen a los pacientes a sus casas y les hagan seguimiento médico diario por teléfono. Desde esa fecha, en el Noguchi −ubicado en San Martín de Porres− solo se realizan atenciones de forma virtual, sacando previa cita por teléfono. El servicio de emergencia es para casos graves y permite que los pacientes se queden apenas unos días.

Para Rocío Ramírez, que también es presidenta del cuerpo médico del hospital, este caso se hubiera evitado si la joven accedía al internamiento. Lo que ocurre, explicó, es que a través de la hospitalización domiciliaria “no se puede conversar con la familia ni controlar si el paciente puede tomar o no su medicación”.

Otro hecho fatal que pudo evitarse si siguiera habilitada la hospitalización regular en el Noguchi fue el suicidio de un joven de 18 años en Los Olivos, el pasado 17 de septiembre. Un día después de haber recibido atención médica virtual, trepó hasta lo alto de una torre de energía eléctrica y se lanzó contra el piso. La caída fue de 40 metros.

Seis meses antes, en marzo, el mismo paciente ya se había subido a la misma torre de alta tensión. También quiso lanzarse, pero aquella vez fue salvado por los bomberos.

Si bien esa víctima fatal no fue paciente directo de la doctora Ramírez, ella recuerda que se le había recomendado aumentar la medicación. Tampoco estuvo internado. La portavoz de los médicos del Noguchi señala que esos dos hechos fatales corroboran la necesidad de que su centro psiquiátrico deba volver a las atenciones presenciales y recibir hospitalización con normalidad. 

No tienen protección

La segunda necesidad que tienen los médicos del Noguchi es que se respeten los protocolos de bioseguridad contra la Covid-19. En el hospital psiquiátrico, aseguran, no hay espacios para que el personal se coloque sus equipos de protección personal (mamelucos y mascarillas) y no les realizan pruebas moleculares sino pruebas rápidas.

Durante la pandemia han muerto de Covid-19, infectados en el propio nosocomio, dos vigilantes y una empleada administrativa. Actualmente, dos médicos y cinco enfermeros están contagiados y hacen la cuarentena en sus casas. Pese a ello, Ramírez dice que el personal quiere volver a atender de forma presencial. En total, son cerca de 40 médicos atendiendo desde casa que desean volver a hacerlo en persona. Para no arriesgar tanto sus vidas, necesitan protocolos más eficientes.

La doctora Ramírez explica que el Noguchi atiende 200 consultas de niños y adolescentes al día, la mayoría por intento de suicidio, hechos violentos, ansiedad, alucinaciones (por ejemplo escuchan voces que los llaman a matar al hermano o llamados del demonio) y depresión. Durante la pandemia, asegura, se ha incrementado en 30% el número de consultas de jóvenes de entre 18 y 25 años. La razón más importante es el confinamiento. 

¿Qué ha sido lo determinante? Según la psiquiatra, que los jóvenes hayan sido testigos de la pérdida del empleo de sus padres, de hechos violentos en sus casas y que no haya podido estar en contacto con otras personas.

La atención remota en el Valdizán

En el hospital Hermilio Valdizán, ubicado en Santa Anita, la situación es similar a la del Noguchi. Alexis Alcázar, médico psiquiatra de ese nosocomio, dice a Sudaca que las hospitalizaciones y las atenciones presenciales también están suspendidas. Solo funcionan 15 de las 42 camas para casos de extrema emergencia. 

Explicó además que, si bien en el 2020 se han atendido menos casos de conducta suicida en comparación al 2019, ello no quiere decir que hayan disminuido sino que “lo preocupante es que no se están atendiendo”. Así, no se estaría dando una cobertura adecuada a la demanda de eventos de conducta suicida y de hechos violentos en nuestra capital. “La finalidad en psiquiatría es la atención individualizada, que es lo más efectivo, y eso no se está dando mucho porque es de forma virtual”, aseguró.

Para Alcázar, el riesgo es alto. “No lo vemos ahorita. Lo podemos ver después de un año. Sobre todo en los jóvenes, hay conducta violenta y consumo de sustancias (droga, alcohol). El término técnico es conducta reemergente. Puede ser que al término de la pandemia veamos todos esos fenómenos incrementados”, afirma.

Sobre los protocolos contra el Covid-19 que se siguen en el Valdizán, el doctor señala que solo se cumplen en las áreas focalizadas, como la Unidad de Emergencias, donde se atienden unos 100 casos al día. “No todo el personal posee equipos de protección personal (EPP)”, sostiene.

De los 60 médicos, solo 36 están trabajando de forma presencial y 24 lo hacen de forma remota con las atenciones virtuales. Según Alcázar, todos están dispuestos a trabajar en las hospitalizaciones y en las atenciones presenciales, como sus colegas del Noguchi.

Sudaca envió un cuestionario al Ministerio de Salud, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición. Este medio también intentó comunicarse con las centrales telefónicas del Noguchi y el Valdizán, pero nadie contestó el teléfono.

Fugas en el Larco Herrera

El único hospital de salud mental que no atiende consultas externas de forma virtual ni presencial es el histórico Hospital Víctor Larco Herrera, fundado en 1918 y ubicado en Magdalena del Mar. Ningun paciente nuevo puede atenderse mediante las consultas externas, ya sea por teléfono, chat o de forma presencial. Antes, deben pasar por sus redes de salud comunitaria, las cuales -en su mayoría- no tienen capacidad para diagnosticarlos y derivarlos. En el Larco Herrera solo se atiende a pacientes llamados «continuadores».

Además, pareciera que no hay un estricto control interno, porque en diciembre del año pasado se escapó el paciente Richard Arce. Sudaca pudo encontrar a esta persona en el cruce de las avenida Brasil con el jirón Inclán, a cuatro cuadras de la plaza principal de Magdalena. Tiene alrededor de 50 años de edad y durante 30 años estuvo internado en dicho hospital.

No usaba mascarilla y no se sabe si tiene Covid-19. Según los vecinos de la zona, se dedica a cuidar vehículos de los restaurantes. Sin embargo, desconocen que ha tenido conducta violenta, según confirmó a Sudaca el psiquiatra Óscar Villanueva, quien fue su médico de cabecera en el hospital.

El especialista de salud mental confirmó que Arce estuvo internado en el Larco Herrera y que él mismo ha pedido su regreso. Él lo encontró en la calle y lo llevó a Emergencia. Lo atendieron, pero la dirección ya no quiso su retorno pese a que puede ser un peligro en la calle.

Señaló además que hay preocupación en el personal médico y los enfermeros del hospital psiquiátrico puesto que los 300 pacientes que permanecen hospitalizados se infectaron de Covid-19. Ellos están ahí desde antes de la pandemia, ya que el centro de salud mental no hospitaliza pacientes desde la primera cuarentena. El año pasado murieron 10 trabajadores y este año han fallecido otros 12. Solo funciona el servicio de Emergencia.

¿Quieres volver al Larco Herrera?, le preguntamos a Richard Arce, quien solo por coincidencia lleva el mismo nombre que un parlamentario del Congreso disuelto. “¿Por qué? Si ya fui dado de alta” nos contestó.

**La foto que abre esta nota es referencial y le pertenece a Reuters.

Por primera vez, una iniciativa plural de organizaciones periodísticas independientes de todo el ámbito nacional unirá esfuerzos para contrarrestar la desinformación que se difunda camino a las elecciones generales para el Congreso y la presidencia del Perú.

La cobertura de la campaña electoral se refuerza ahora con el lanzamiento de la primera iniciativa periodística de verificación colaborativa que expondrá las versiones falsas o imprecisas que circulen en el contexto de los comicios para la presidencia de la República y el Congreso: se trata de Ama Llulla (No Mentirás), una red de medios independientes de todo el país que realizará un esfuerzo inédito para contrarrestar la desinformación en la contienda política que culminará el próximo 11 de abril.

Ama Llulla –iniciativa impulsada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)– producirá verificaciones basadas en criterios y estándares de rigor y precisión unificados para determinar el grado de veracidad de las versiones emitidas por los principales actores de la campaña o los mensajes que se difundan en redes sociales.

Con ese objetivo, los medios participantes se adhieren a un código de principios éticos orientado a ofrecer confianza a la audiencia y que -de acuerdo con experiencias internacionales- contempla la imparcialidad en la selección de personajes y contenido a verificar, transparencia de fuentes, respeto a una metodología estándar y buena fe en la aplicación de una política de correcciones.

Este esfuerzo colaborativo se implementará a través de una redacción virtual facilitada por el medio digital OjoPúblico y que cuenta como miembros a los medios IDL-Reporteros, Ideeleradio, Útero.pe, LaMula.pe, El Búho, Sudaca, Convoca, El Filtro y una red de radioemisoras en ocho regiones de la zona andina y amazónica.

A esta iniciativa podrán sumarse medios locales, regionales o nacionales interesados en generar o difundir información confiable para contrarrestar los efectos de la infodemia, es decir, la profusa circulación de versiones engañosas o falsas.

Este proceso colaborativo irá acompañado por una estrategia de capacitación a periodistas, universitarios y participantes del Programa de Juventudes del proyecto de Innovación para la Participación Política Ciudadana del PNUD, en la metodología de verificación, una práctica que en el ámbito internacional se suele fomentar como una vía para estimular el pensamiento crítico y la capacidad argumentativa de estudiantes escolares y universitarios.

A lo largo de la campaña, se realizarán diversos talleres virtuales de factchecking de acceso libre para profesionales y voluntarios de distintas regiones del país.

Ama Llulla también hará un énfasis en la cobertura y difusión de información confiable en las regiones, a través de una red de medios locales que generarán contenido y emitirán versiones resumidas de los chequeos en formato podcast traducidos al menos a dos lenguas originarias, quechua y asháninka. El objetivo es asegurar el derecho de acceder a la información para poblaciones vulnerables a lo largo del país.

El ecosistema emprendedor tiene un conjunto de variables destinadas al surgimiento, desarrollo y potenciar los emprendimientos.

El emprendedor peruano -asegura el Ministerio de la Producción- es aquella persona que identifica una oportunidad y la aprovecha para desarrollar una idea de negocio o una empresa por medio de su trabajo y autoaprendizaje, motivado por el logro de objetivos. Tiene habilidades y virtudes como liderazgo, perseverancia, empatía, resiliencia y disciplina. Pero necesita de un entorno que estimule el desarrollo de su emprendimiento. A este entorno se le conoce como Ecosistema del Emprendedor Peruano.

¿Quiénes forman parte de este ecosistema? incubadoras, sistema financiero, Gobierno, iniciativas privadas, instituciones interesadas en invertir en emprendimientos, redes de inversión, inversionistas ángeles, Venture capital y empresas privadas.

La consolidación y fortalecimiento del ecosistema es también labor del Estado. A través del Ministerio de la Producción, por ejemplo, se ofrece un abanico de oportunidades para el emprendedor peruano que se traducen en inversión para la generación de competencias y habilidades de gestión empresarial y liderazgo.

La idea es que mientras más se le facilite las cosas a los emprendedores para que florezcan y se consoliden, mejor será el ecosistema y por lo tanto tendrá un impacto positivo en nuestra economía.

En pocas palabras el ecosistema emprendedor tiene un conjunto de variables destinadas al surgimiento, desarrollo y potenciar los emprendimientos.

“Con los años hemos generado políticas e instrumentos de cofinanciamiento que se ajustan a las necesidades del ecosistema con un capital semilla para emprendedores innovadores y para el fortalecimiento de las capacidades de las incubadoras y aceleradoras de negocios. A la fecha apuntamos a promover la innovación y emprendimiento en todas las regiones del país”, dijo Rafael Castillo Manrique, coordinador adjunto del Programa Innóvate Perú.

Para potenciar el ecosistema emprendedor en el Perú, han surgido diversas entidades de soporte como Innovate Perú (con su programa Startup Perú), Emprende UP, StartUPC, PQS, Wayra que han logrado tener una participación más activa en la preincubación, incubación de proyectos y su escalamiento comercial en el mercado. Y por el lado de la investigación científica, Concytec.

El ecosistema peruano debe empujar a las startups, para hacerlas crecer con una mirada regional e internacional bajo la lógica “Piensa globalmente, actúa localmente”, explicó Giancarlo Falconi, responsable de la Incubadora PQS. Explicó que los ecosistemas de Israel, Sillicon Valley e Inclusive México nacen, desde la formación, con una mirada global de vender al mundo.

A pesar de la crisis económica por la pandemia, la inversión en emprendimientos no se ha detenido.

“No habrá perdón que valga”. Era 28 de diciembre y la médica general Michele Panduro se refería así a la posibilidad de que pacientes con la Covid-19 muriesen en el departamento de Huánuco por falta de oxígeno al llegar la segunda ola. “Ya son 9 meses que deben haber servido para asegurarse de que todas las ciudades tengan un suministro”, decía desde su cuenta de Twitter.

Pocas semanas después, Huánuco capital pediría oxígeno a gritos. Sería noticia a nivel nacional y las imágenes de familiares clamando por camas de cuidados intensivos (UCI) generarían impotencia.

Con 26 años, Panduro lidera el Comando Covid del Hospital de Tingo María. Viajó de Lima a esa pequeña ciudad, que queda a tres horas en auto de la capital regional, porque faltaban manos para combatir al coronavirus. Comenzó a atender pacientes críticos en setiembre. Recién desde hace un par de semanas lleva la voz de mando en su unidad.

“El primer paciente Covid de la segunda ola que llegó acá [a Tingo María] había pedido su alta voluntaria en Huánuco porque ya no había camas UCI disponibles. Eso fue más o menos pasada Navidad”, cuenta a Sudaca. Recuerda que llegó con su balón de oxígeno a cuestas y fue enviado directamente a ventilación mecánica. 

Fue en la última semana del 2020 que Huánuco empezó a colapsar. El ingeniero Rodrigo Parra Wong explicó a Sudaca que la cantidad de fallecidos totales comenzó a subir con mayor notoriedad desde del 7 de diciembre. Él analiza a diario las cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), una forma más exacta de dimensionar el efecto de la pandemia que las cifras oficiales de fallecidos por la Covid-19.

El 4 de enero, tres de los cuatro médicos intensivistas del Hospital de Contingencia Hermilio Valdizán de EsSalud en Huánuco renunciaron a sus puestos. Alegaron que no les habían estado pagando y que no tienen apoyo especializado para atender a los pacientes críticos.

“El hospital ya no puede atenderlos. Por eso, en la última semana los médicos les han estado sugiriendo a los pacientes que pidan su alta voluntaria para buscar atención en el Hospital de Tingo María [que corresponde al Ministerio de Salud]”, declaró a RPP el médico renunciante Jorge Cárdenas Siu, hasta entonces jefe del área UCI en el Hermilio Valdizán. Les deben sus honorarios desde agosto, explicó.

Precisamente por esos días salió de alta el paciente que llegó cargando su balón de oxígeno desde Huánuco poco después de Navidad, y que la jefa de Comando Covid del Hospital de Tingo María identificó como el primero de la segunda ola. De la pequeña ciudad donde trabaja Panduro se pueden aprender algunas lecciones.

La estrategia de Tingo María

“En Huánuco la segunda ola ya es peor que la primera”, concluyó Marco Sifuentes en La Encerrona al revisar la data del Sinadef que sistematizó Parra Wong hasta el 19 de enero. Ese día, la líneas roja de fallecidos mostraba cómo se había superado el pico más alto de la primera ola, en julio.

El director regional de salud César Torres dice a Sudaca que en diciembre pidió al Ministerio de Salud (Minsa) una planta de oxígeno. Este medio consultó al Minsa, pero al cierre de la nota no recibió respuesta al respecto. “Tiene que haber una planta o hasta dos si es posible. Estamos de subida. El peor escenario para febrero-marzo es que pueda tener 1.800 muertos. No voy a esperar que suceda”, afirma.

Recién este último fin de semana el Minsa hizo llegar oxígeno a Huánuco. “Nos están mandando concentradores de oxígeno, lo agradezco. Nos han mandado 50 balones [de oxígeno], lo agradezco; pero eso es insuficiente, replica César Torres. “Ayuda pero no resuelve el problema”, concluye.

En medio de la desgracia regional, el hospital de Tingo María, donde trabaja Panduro, aún no colapsa.Tiene un médico intensivista de planta y otros tres (uno de Pucallpa, dos de Huánuco) que asisten a la UCI intercaladamente. Panduro los apoya. “Sí, tenemos varios pacientes que son de afuera, que al no encontrar cama en Huánuco donde era su centro de referencia, empezaron a llegar acá”, confirma ella. ¿Por qué?

Sin que lo plantee así, queda claro con base en su testimonio que la adquisición de equipos de alto flujo de oxígeno y adelantarse en la apertura de camas previendo una mayor demanda han sido las medidas clave.

El alto flujo de oxígeno es un tratamiento intermedio entre el soporte de oxígeno de bajo flujo y la ventilación mecánica. Se parece a la cánula binasal pero brinda el oxígeno con mayor fuerza. A diferencia de la intubación, el alto flujo es un tratamiento menos invasivo y con menos probabilidad de secuelas. “Nosotros tenemos una forma de ver [un índice] si un paciente va a responder al alto flujo o no, porque también es importante no retrasar la intubación en caso el paciente la necesite”, precisa Panduro.

El presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva (SOPEMI) cuenta a Sudaca que en setiembre ellos propusieron al Minsa implementar las “Salas de alto flujo” a nivel nacional, justamente como un espacio previo a la intubación. “Nosotros presentamos la Guía de Manejo de Pacientes Covid, […] en la guía incluimos la necesidad de implementar dichas salas”, dice.

Valverde sostiene que en el documento solicitaron la adquisición de 2.500 equipos de alto flujo y que no recibieron respuesta al respecto. Según un mapeo realizado en diciembre por la SOPEMI, solo hay alrededor de 500 equipos a nivel nacional, más de la mitad en Lima. En las regiones casi no se encuentran.

Pero sí en Tingo María. El hospital en el que trabaja Panduro hoy tiene 10 equipos de alto flujo que han llegado de distintas maneras: adquisiciones propias, donaciones de Médicos sin Fronteras o del mismo personal médico e, incluso, hay uno traído personalmente por un paciente. “Nos ha ayudado a cortar la lista de pacientes que necesitan ventilación [intubación]”, dice ella.

“Al menos en mi UCI está salvando vidas”, asegura la doctora. Los tratamientos con alto flujo de oxígeno, además, no requieren de un intensivista que los conecte y dan más margen de maniobra a las enfermeras: una puede manejar más de dos personas a la vez.

Valverde recuerda que cuando empezó la pandemia estos equipos escaseaban en buena cuenta por las compras masivas que otros países vecinos como Chile y Colombia habían realizado. Ciertamente, el vecino del sur anunció en mayo último a la oxigenoterapia de alto flujo como nuevo método adoptado para tratar pacientes COVID-19. Un camino que la experiencia de Tingo María y la opinión experta de la SOPEMI indican como adecuado. 

En diciembre, lo normal en el Hospital de Tingo María era ya casi no tener pacientes Covid-19. Máximo uno o dos en UCI, frente a las 8 camas con las que contaba esa unidad. Hoy, con la segunda ola acercándose a la cresta, tiene todas sus camas UCI copadas: ahora son 9 con ventilador mecánico y 10 con alto flujo (en el trabajo de campo han generado esa denominación: “cama UCI con alto flujo”). Hasta el último miércoles 27, el hospital donde trabaja Panduro no tenía lista de espera para intubación, a diferencia de su par de Huánuco capital.

Además, alrededor de treinta camas de hospitalización (no UCI) están aún libres. Aparte de ellas, el viernes pasado el personal médico habilitó, en otro ambiente del hospital, más camas como precaución. Su suministro propio aún abastece sus ventiladores mecánicos y máquinas de alto flujo, y cuentan además con más de 300 balones de oxígeno.

Las pruebas rápidas, una trampa mortal

Otra arista importante de la experiencia de Tingo María es haber aprendido a convivir con las pruebas rápidas. Estas fueron casi tan nocivas como el propio virus durante la primera ola. Los falsos negativos hicieron que muchos pacientes perdieran días valiosos y que la muerte fuese la ganadora constante. En el Hospital de Tingo María aún las usan. Parte de su estrategia ha sido aprender a lidiar con los resultados falsos. Pero no siempre es posible. Y es que aparte de los falsos negativos, también se encuentran los falsos positivos.

—Como tenemos contadas las pruebas de antígenos, tenemos que ver a qué casos sí les tomamos y a cuáles no”. 

—¿Desde cuándo tienen las pruebas de antígenos?

—Recién, a finales de 2020, inicios de este año. Pero igual, como le digo, son restringidas.

La coordinadora del Comando Covid recuerda, por ejemplo, cómo una familia no pudo despedirse de su ser querido. Un paciente que aunque había fallecido por una causa diferente a la Covid-19, tenía un resultado positivo en su prueba rápida realizada a su ingreso al nosocomio.

“Cuando un paciente fallece teniendo prueba rápida positiva, se aplica todo el protocolo Covid, que implica que no lo pueden trasladar, que ven al paciente antes de que se cierre la bolsa con cremallera, y que luego se lo lleve la funeraria”, precisa la doctora.

Aunque sí logró aplicarle una prueba de hisopado, el resultado del laboratorio tardaba en llegar. “Era el tío de una técnica [de enfermería] de acá. Yo estaba a la espera [del resultado]. ¿Dónde está el hisopado?, ¿dónde está el hisopado? [pensaba]. Sabía que el hisopado le iba a salir negativo. La familia obviamente quería velarlo. Al final el hisopado salió negativo, pero tarde”. El resultado llegó horas después de que se lo llevase la funeraria, contó la médica a Sudaca. Recuerda que fue frustrante.

“Muchos piensan que cuando sale la prueba rápida positiva, vas a contagiar. Pero no. Simplemente ya hiciste la enfermedad, le dejó respuesta inmunológica a tu organismo y nada más. Eres una persona sana”, explicó el médico Jesús Valverde. “Ha sido un gran error tomar la prueba rápida como un símbolo de diagnóstico precoz o de tomar decisiones en el campo hospitalario”, agregó.

Pero están también los pacientes que pasan a hospitalización y que deben pasar antes por una prueba de descarte. “Pasa que la prueba rápida te puede dar falsos negativos los siete primeros días. En los días donde más contagias, te sale negativo. Y tú pasas a ese paciente a piso, diciendo que no va a contagiar, y es el que más puede hacerlo”, explicó Panduro. “Y al que sale positivo, que seguramente ya está dejando de contagiar, a ese le tienes más temor”, agregó. El personal médico ya ha aprendido a vivir con esa incertidumbre, con la decisión de extremar los cuidados que previenen el contagio.

Entre noviembre y diciembre, cuando el hospital llegó a albergar un solo paciente en UCI, ocurrió algo que Panduro todavía recuerda. Era un hombre de 45 años llegó a estar tres meses con ellos. Lograron extubarlo, pero no logró vencer la Covid-19 y falleció. Ella fue quien convivió con él por más tiempo. 

“Para nosotros era un paciente muy querido, luchamos muchísimo por él. Siempre tuvimos la esperanza de que volviera a casa. Llegó a ser, en un momento, el único paciente que teníamos en la UCI, entonces toda nuestra energía se iba para él”, cuenta. “Lamentablemente, el mismo coronavirus lo dejó muy secuelado. Era un pulmón ya muy maltratado, que al final hizo una complicación y no resistió”.

Por más éxito que haya conseguido el hospital de Tingo María con los tratamientos de alto flujo de oxígeno, sobreponerse a esos escenarios ha sido parte del aprendizaje del equipo médico. Sudaca se ha mantenido en comunicación con Panduro los últimos días. “En la UCI (por pandemia)”, precisa su ubicación en su cuenta de Twitter. Por ahora, este medio la deja cumplir con su importante labor.

¿Está postulando al Congreso y a la vicepresidencia por el candidato presidencial que acompaña o a pesar de él, porque desea hacer algo por el país?

No, obviamente por el candidato que tengo. George es una persona en la que creo y confío. No somos iguales ni pensamos igual, pero nos complementamos y ayudamos. Eso es bueno, de eso se trata la política: buscar puntos en común, dentro de determinadas compatibilidades. Hay sectores con los que para mí es imposible pensar en llegar a acuerdos, pero hay otros con los que, si llego al Congreso, voy a trabajar. En el caso de George, jamás diría que estoy ahí porque quiero hacer algo por el Perú a pesar del candidato.

Me ha quedado la impresión de que Forsyth, con la conformación de su plancha y su lista al Congreso, ha querido darle contenido político a una propuesta que él no puede llenar. ¿Es así?

Al organizar una plancha, obviamente tengo que pensar qué me aporta la persona. Si no me aporta, no lo voy a llevar en mi plancha. Me parece completamente normal y deseable. ¿Cuáles son las razones por las que uno escoge a alguien si no fuera por el contenido político que te aporta? Jorge [Chávez, el otro miembro de la plancha] y yo aportamos cosas completamente diferentes, pero cada uno enriquece el diálogo.

¿Qué aporta exactamente Forsyth en la discusión política?

Yo diría que sí aporta. Tiene algunos temas que para él son centrales. Por ejemplo, le importan mucho los temas de Interior y Defensa, que para mí son bastante ajenos. Le interesa el tema de la informalidad. George tiene ciertos temas que son un aporte político muy importante. Yo tengo los míos. A veces, los de él me interesan menos. Todos somos así, tenemos nuestros propios intereses. Él tiene muy clara la agenda anticorrupción y en eso sí coincidimos.

Si se tuviera que definir, ¿de qué lado del espectro político se ubicaría?

Digamos, a mí izquierda y derecha me parecen términos que están un poco caducos. Hay sectores de la derecha que son muy progresistas con respecto a derechos civiles, por ejemplo. Y sectores de izquierda que son homofóbicos. Yo prefiero llamarme de centro progresista. ¿En qué sentido? En que estoy buscando el cambio.

Entonces, en la concepción clásica de un solo eje, ¿sería de centro-izquierda?

Es que la concepción clásica es un poco complicada, pero puede ser que sí. Eso no significa que uno no pueda hacer alianzas con la derecha, si hubiera necesidad.

¿Está en una pequeña alianza con la derecha en el proyecto al que se ha sumado?

Sí, y también en una pequeña alianza con la izquierda. Pero no son concesiones a la derecha, sino cosas en las que creo: el libre mercado, en la empresa privada. No es una concesión. Y también creo en cosas que están más relacionadas con la izquierda normalmente: derechos civiles, por ejemplo.

¿El antifujimorismo la define políticamente?

No. ¿Es parte de mi definición política? Sí. El fujimorismo le ha hecho mucho daño al Perú. Yo nunca había estado tan interesada en política hasta que llegó el fujimorismo al Perú. Ahí empecé a decir: qué es esto, qué está pasando. Creo que hay personas dentro del fujimorismo que pueden tener buenas intenciones, pero son pocas. No sé quiénes son, pero supongo que existen.

¿A cuál de sus partidos competidores no podría endosarle el apoyo si pasa a segunda vuelta con Keiko Fujimori?

Probablemente a Unión por el Perú, pero no va a llegar, entonces no es una preocupación. ¿Sabes qué? Creo que no podría endosar nunca a Keiko. La he visto mentir demasiado. Esto de indultar a su padre es nuevamente un cálculo político: está buscando el voto duro albertista. Eso es algo con lo que no puedo: ver como alguien puede utilizar primero a su madre, después a su padre, después a su hermano, después nuevamente a su padre. No puedo confiar.

¿Cuáles son los temas que usted pone en la discusión de su plancha presidencial? 

La anticorrupción es el principal. [Luego], lo que me caracteriza por formación, por trayectoria y por interés: educación y cultura, mujer, y agregaría algo que cada vez me importa más, que es la salud. Específicamente, salud mental.

Lo tiene indexado en tu cuenta de Twitter: una de sus cuatro prioridades es la salud mental. ¿Por qué?

Esta pandemia nos ha hecho ver carencias gravísimas que vienen de muchos años atrás, pero dentro de todos los descuidos posiblemente uno de los mayores es el de salud mental. Cuán frágiles somos, qué estigmatizado está el tema. La gente no se atreve a pedir ayuda, no sabe dónde hacerlo. Se confunde, muchas veces, salud mental con machismo, violencia de género, violaciones. Y ahora estamos viendo mucha depresión, mucha frustración, mucha violencia doméstica. Es una prioridad en el Perú.

¿Dos cosas urgentes que se puedan hacer desde el Legislativo en salud mental?

Por ejemplo, cada distrito debería tener un centro comunitario, donde no solamente haya acceso a un profesional de salud sino a una comunidad. La comunidad es una de las cosas más importantes para la salud mental. Uno de los grandes problemas es el aislamiento, no tener con quién hablar, actividades que realizar, sobre todo para los adultos mayores. Si en cada comunidad hubiera un centro cultural con psicólogos, donde puedas desarrollar arte, música, deporte, sería un gran paso.

Sin dudas la salud mental es importante. ¿Pero nuestro Estado está preparado para crear centros comunitarios en todo el país, cuando no puede implementar plantas de oxígeno?

Deberíamos, porque es tan importante como tener postas médicas. El espacio común, el espacio público, no es solamente un tema de ocio. Es un tema que en este momento es fundamental para resolver problemas como la violencia, la soledad, los suicidios, las violaciones. No digo que se vayan a solucionar con eso, pero el Perú necesita espacios donde la gente se sienta segura, acompañada. No sé si es posible en todos los distritos del país, pero se puede crear algún mecanismo de estímulo mediante asociaciones público-privadas. Hay muchas maneras en las que se pueden hacer este tipo de cosas.

Forsyth ha hecho carrera política con operativos de desalojo de ambulantes en La Victoria. ¿Qué opina de esa forma de tratar al comerciante informal, que tiene que llevar comida a casa?

Bueno, pregúntenle a Susel Paredes, que es la número 1 del Partido Morado. Ella fue quien encabezó toda la fiscalización en La Victoria.

Se lo preguntamos. 

Creo que a veces no hay más remedio. Por las buenas no salen. No es que tenga gran opinión al respecto. No veo muchas alternativas para hacer un desalojo, la verdad. No hay forma de hacer un desalojo amistosamente.

El 70% del Perú es informal. Es un tema que van a tener que enfrentar en algún momento. ¿Lo enfrentarán así si son gobierno?

No, no, no. En un gobierno local no tienes muchas posibilidades: lo único que puedes hacer es que salgan. Esa es una de las razones que llevan a George a moverse hacia las ligas mayores. Te das cuenta de que como alcalde distrital estás muy limitado. Se deben dar estímulos a la formalización. La formalización tiene que ser rentable y en este momento no lo es. Lo que te dan a cambio de formalizarte es muy poco en relación a lo que te cuesta. No es un tema policial, definitivamente. Pero allí el tema era desalojar a gente que estaba perjudicando a los formales, que son los que pagan los impuestos, los que sacan adelante el país con sus impuestos. Con la formalidad pagamos colegios, hospitales, carreteras, policías, maestros, ejército, etc. Sin eso, no hay nada.

¿No está creando ciudadanos de primera y segunda categoría?

No, de ninguna manera. Lo que queremos es que todos tengan las mismas oportunidades. Que la formalización sea rentable no tiene que ver con ser un ciudadano de mayor categoría, sino que te tiene que permitir tener ventajas. No porque seas un ciudadano de primera categoría, sino porque estás pagando tus impuestos. Es así en todas partes del mundo. Si no se pagan impuestos, no hay país.

¿Le gustaría asumir algún ministerio?

Sí, a quién no. Solo en caso de que no fuera elegida congresista. Es un lugar desde donde uno puede hacer muchísimas cosas.

¿Qué ministerio?

De cualquiera de las cosas que te he mencionado: Educación, Cultura, Mujer.

Hablemos de Educación. Ricardo Cuenca dijo [inicialmente, luego retrocedió] que los COAR no iban a admitir alumnos este año. ¿Los COAR deben continuar o son elitistas?

Tienen sus ventajas y sus desventajas. Tampoco es que podamos decir ‘qué maravilla’. Está muy bien tener colegios de alto rendimiento si es que tenemos un sistema público educativo bueno. Cuando ya tienes algo bueno, puedes tener algo mejor. Pero no puedes tener un colegio arriba y el resto abajo, porque es discriminatorio. Está probado que tener alumnos de alto, mediano y bajo rendimiento en el mismo salón favorece que el nivel se eleve. Cuando tienes un compañero que es mejor que tú, tú vas a mejorar.

¿No se estaría condenando a personas que tienen mucho potencial a sucumbir a la precariedad de la educación pública, dado que el Estado no puede darle educación de calidad a todos?

El Estado debe brindar educación de calidad para todos. Conozco mucha gente que es producto de la educación pública reciente, escolar y universitaria, y son de primera. Destacadísimos. No fueron a un COAR. Los colegios emblemáticos son una muy buena experiencia. Se les dio muy buena infraestructura. Han dado excelentes resultados.

¿Se puede replicar un colegio emblemático en las zonas rurales del país, en La Pampa en Madre de Dios, o en Rinconada, en Puno? ¿No es esa también una forma de discriminación?

Igual, los mismos alumnos de La Pampa o Rinconada, con el COAR, están en la misma situación. Su situación no mejora porque existan COAR. ¿Qué es más importante? ¿Mejorar la situación de los alumnos de Rinconada o La Pampa, o hacer COAR? El Estado ha renunciado a su obligación de ser el principal proveedor de educación pública y de calidad. Cada vez menos alumnos van a colegios públicos. ¿Qué estamos haciendo? En la pandemia, muchos alumnos han migrado del sector privado al público. El esfuerzo que estaban haciendo para tener educación privada era tan precario que, en el fondo, no podían sostenerlo. Eso no es justo.

¿Está a favor o en contra de una nueva Constitución?

Favorezco una reforma. En este momento es más realista y menos riesgoso ir por una reforma de temas puntuales, que son los urgentes. Nada nos garantiza que la nueva Constitución va a ser mejor que la que tenemos, no sabemos quiénes la harían. El principal problema de la Constitución está en la reforma política, eso es lo más urgente. Somos uno de los países con menos representantes por habitante del mundo y la Constitución fija el número, lo cual es un error. Eso no tiene sentido, debería haber una fórmula poblacional para definirlo. Luego, tendría que haber renovación por mitades: que puedas premiar a aquellos a los que hay que premiar y castigar a los que lo han hecho mal. Abogaría porque las elecciones congresales se hagan en segunda vuelta y no en primera, eliminaría el voto preferencial para que haya verdadera paridad y alternancia.

¿Qué opina de las propuestas de Forsyth de utilizar ‘jurados como en las películas’ o renunciar a la franja electoral para que se invierta en salud, pese a que no va a revertir al Estado pronto?

Eso de las películas es anecdótico, es una forma de explicarlo con facilidad. Pero los jurados ciudadanos se usan en muchos sitios, no solamente en el derecho anglosajón. Es una propuesta que hay que afinar, no podría ser cualquier ciudadano, pero sí se puede pensar en designar a determinadas personas provenientes de determinadas instituciones. En cuanto al dinero de la franja electoral, creo que es un gesto. No sé si lo puede realmente hacer [renunciar a la franja], pero el gesto es “yo estoy dispuesto a renunciar a mi única posibilidad de hacer publicidad en radio y televisión, ¿tú como ciudadano a qué vas a renunciar para ayudar a tu país en esta pandemia?”.

Forsyth venia cayendo en las encuestas, aunque la caída se ha detenido. ¿Qué sensación le deja para encarar lo que resta de la campaña?

Ha vuelto a subir. Hay cosas que corregir, sin duda. Hay que aparecer más, hay que aparecer con propuestas.

El ímpetu por regresar a la normalidad turística podría terminar siendo una trampa mortal. Los lugares del país que más viajeros reciben han implementado protocolos sanitarios, pero llegar hasta ellos y realizar actividades complementarias no es seguro. Un destino icónico es la evidencia perfecta: el Cusco.

Sudaca estuvo allí. Días antes de Año Nuevo, el autor de esta nota tomó un taxi en la ciudad de Urubamba para ir a otro punto del Valle Sagrado. La carretera que articula el valle es un recorrido fundamental en el circuito turístico de la región.

En el camino, el taxista comentó sus impresiones sobre el coronavirus. “Yo no creo en el virus”, afirmó. Luego confesó, con orgullo, que los amigos con los que juega fútbol, a quienes calificó como “viciosos” del deporte, no interrumpieron su práctica favorita durante la cuarentena. Eso, cuenta, implicó escaparse de la policía y buscar nuevas canchas en donde jugar a escondidas.

“En Lima es obligatorio usar mascarilla, ¿no? Acá no”, continuó, ignorando las normas. El escéptico taxista tampoco creía en la efectividad de la vacuna. “Si una vacuna se demora años en desarrollarse, ¿cómo esta vacuna va a haberse hecho en menos de un año?”, cuestionó.

Después, dijo que en Urubamba solo habían muerto alrededor de 35 personas por la Covid-19 y que la mayoría de ellas “ya debía morir”, porque tenía otras enfermedades. Por lo tanto, aseguró él, no había ningún riesgo.

La Sala Situacional Covid-19 de Cusco indica que, durante el 2020, los fallecidos a causa del nuevo coronavirus en la región fueron 1.321. Además, solo en la provincia de Urubamba el exceso de muertes por toda causa, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), fue de 78. Más del doble de la cifra dada por el taxista. Aunque no está comprobado que todas ellas hayan sido por Covid-19, el Sinadef es una medición más certera que la oficial porque no depende de la disponibilidad de pruebas.

El trayecto continuó y el taxista contó que ese no era su único trabajo. También era comunicador. Participaba en un programa local de radio. Entusiasmado, reveló que, desde la cabina radial, expande su opinión sobre la pandemia. Cree que es un invento. 

Destino mortal

Las fiestas de fin de año alentaron los viajes nacionales. Según Jorge Chávez Cateriano, gerente general de Corpac, en diciembre se registró un promedio diario de 200 vuelos nacionales, los cuales aumentaron en los días festivos. Entre el 21 y el 27 de ese mes hubo más de 140 mil pasajeros, detalló a la agencia Andina. Cusco y Arequipa fueron los dos destinos más visitados. El riesgo de transmisión, por lo tanto, también se disparó.

¿Cuál es la situación sanitaria actual de Cusco? El último 21 de enero se coparon las 23 camas UCI de la región, según la Sala Situacional. Ese mismo día empezó a haber personas que esperaban que alguna se desocupe. Un día antes se registraron oficialmente 222 nuevos casos de la Covid-19. Hoy hay 25 camas en la región, de las cuales solo cuatro están disponibles.

La segunda ola no ha esquivado al departamento más turístico del país. En los primeros 24 días del año murieron 109 personas por Covid-19. La presión del virus sobre el sistema de salud en Cusco es preocupante.

Aunque algunos limeños que viven en la región aseguraron a Sudaca sentirse más seguros que en Lima, según la clasificación del gobierno el nivel de alerta en Cusco es el mismo que en la capital. Ambos están clasificados con un nivel de alerta alta.

Los lugares turísticos emblemáticos han establecido protocolos sanitarios, pero eso no garantiza que el virus deje de transmitirse. “Los viajeros también estamos transmitiendo, sobre todo en las regiones con más Covid. Lima es un peligro permanente para el resto del país”, indica a Sudaca la epidemióloga Larissa Otero. Para ella, los viajeros que parten de Lima a otras regiones deben ser muy responsables. “Lo ideal es hacer una cuarentena estricta al lugar al que viaje”, asegura.

Eso, sin embargo, es poco probable para turistas que van a pasar solo algunos días en la región. Los viajeros parecen cumplir solo con las disposiciones obligatorias del gobierno: nadie quiere tomar más precauciones que esas. Si llegan a Cusco con el virus, sin saberlo, inmediatamente lo transmitirán a los locales. 

“Si no van a cumplir la cuarentena, tienen que considerarse positivos. Sería una gran irresponsabilidad que alguien viaje, por ejemplo, de Lima a Cusco, no tenga síntomas, vaya a un restaurante o a museos, o a una reunión familiar, se junte con 15 personas y las contagie”, sostiene Otero.

Según la recomendación de la epidemióloga, el 2 de enero el reportero de Sudaca que firma este artículo debió haber estado en cuarentena. Ese día, sin embargo, ingresó a un restaurante en Chinchero, pueblo por el que es necesario pasar para ir de la ciudad de Cusco a Ollantaytambo, desde donde parte el tren a Machu Picchu. Entró para almorzar. En el establecimiento nadie llevaba mascarilla. No solo los comensales, insuficientemente distanciados entre sí, sino también las meseras. De haber llevado el virus desde Lima, pudo contagiarlas. 

Después de almorzar, intentó regresar a su alojamiento en el Valle Sagrado. La lluvia era intensa. Demoró algunos minutos en conseguir un taxi que quiera llevarlo a él y a sus tres acompañantes. Finalmente, encontraron uno.

El conductor no tenía mascarilla, pero era el único transporte disponible. La alternativa era subirse a algún abarrotado colectivo. Días antes ya habían pasado por esa experiencia y el colectivo, como la mayoría de furgonetas de ese tipo, no tenía muchas ventanas. Abordaron el taxi.

Para tranquilidad de los pasajeros, el conductor llamó a una vendedora de un comercio cercano. “Un tapaboca”, le pidió, y le entregó una moneda. La señora fue por él y se lo alcanzó. El taxista se colocó las ligas del tapaboca en las orejas, pero la parte protectora, que debería cubrir la nariz y la boca, se la puso debajo del mentón. Así pasó la media hora de camino.

El riesgo de la reactivación

Desde el gobierno de Martín Vizcarra, el Ejecutivo viene haciendo esfuerzos por reactivar la economía. Uno de los sectores comprendidos en ese intento es el turismo, que quedó duramente golpeado por la cuarentena. Según información de Migraciones, la llegada de turistas internacionales en el primer semestre de 2020 disminuyó en 61% con respecto al mismo periodo del año anterior.

El confinamiento terminó el 30 de junio y solo dos semanas después, el 15 de julio, se reactivaron las actividades de aeronáutica civil. Los aeropuertos quedaron aptos para operar vuelos nacionales y los viajeros respondieron. En el primer mes, más de 119 mil personas abordaron un avión para ir a otra ciudad del Perú.

El 2 de agosto hubo más de 21 mil casos nuevos de Covid-19 en el país. Fue el día con más contagios en lo que va de la pandemia. El gobierno destacó su preocupación. “Una reactivación exitosa del turismo requiere del compromiso de todos”, declaró el 21 de septiembre la entonces titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Rocío Barrios.

Sin embargo, las medidas no recularon. El 17 de octubre, el gobierno lanzó la campaña “Volver” para impulsar el turismo interno. Lo hizo con la producción de un videoclip en el que participaron distintas figuras nacionales. Con las fronteras cerradas hasta octubre, en el tercer trimestre del año pasado los viajes internos fueron el principal motor de la reactivación del turismo.

Ante la inminente segunda ola, la estrategia del gobierno de Sagasti ha sido diferenciar el nivel de alerta por departamentos. La idea es implementar medidas que distingan la realidad de cada departamento. Sin embargo, los viajes internos podrían estar distorsionando esta nueva estrategia: el movimiento de turistas aumenta el riesgo en las regiones que hoy están mejor.

Una razón es la diferencia entre los protocolos para viajes internacionales frente a aquellos al interior del país, que son mucho más laxos. Para entrar al Perú es necesario mostrar el resultado negativo de una prueba PCR o de antígenos. Para vuelos nacionales ese requisito no existe. Podría suceder, entonces, que una persona infectada aborde un avión o contagie a otros viajeros en el aeropuerto.

“Si fueran importantes solo los viajeros internacionales, estaríamos bajo el supuesto de que hay Covid solo fuera del Perú”, señala Otero. Ella recalca que los viajeros nacionales también pueden estar transmitiendo el virus.

Los únicos mecanismos de prevención para los vuelos internos son la medición de temperatura, el uso obligatorio de mascarilla y protector facial, y la firma de una Declaración Jurada en la que los viajeros deben consignar si, en el momento en que llenan el documento, presentan síntomas respiratorios compatibles con la Covid-19.

En declaraciones a Sudaca, la infectóloga Teresa Ochoa aclaró que la fase de contagio empieza días antes de la manifestación de los síntomas. Por cierto: la Declaración Jurada es impresa y entregada en el aeropuerto o en el avión. Pasa de mano a mano.

El motor del turismo

Cusco es el lugar más turístico del Perú. No solo por su importancia histórica y el hecho de poseer una de las maravillas del mundo; también lo demuestran las cifras de tráfico aéreo. Según la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el aeropuerto cusqueño fue el segundo con más tráfico en el complicado periodo entre enero y octubre de 2020, después del Jorge Chávez.

Y el Estado ha intentado aprovechar ese atractivo: las campañas de promoción del turismo recalcan que Cusco es seguro y que está preparado para recibir visitantes. El 13 de octubre, en Machu Picchu, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) le otorgó al Perú el sello Safe Travel, que certifica que el país es un destino seguro frente al peligro de la Covid-19. La ciudad de Cusco, el Valle Sagrado y el mismo Machu Picchu también recibieron −de forma particular− el mismo distintivo.

El 15 de octubre el ministro de Cultura Alejandro Neyra anunció la reapertura de los sitios arqueológicos cusqueños más importantes, con protocolos sanitarios supervisados por el WTTC. “Ahora los visitantes, cuando piensen en volver a nuestra maravilla del mundo, podrán estar seguros de que aquí se cumplen los estrictos protocolos de bioseguridad”, indicó, por su parte, la exministra Barrios en la ceremonia de reapertura de la ciudadela inca. Los mismos protocolos son implementados por la industria hotelera.

Todo ese discurso parece indicar que el turismo es seguro. El problema es que nadie controla el trayecto para llegar a los lugares turísticos y a las actividades que se desarrollan alrededor. ¿Cómo controlar, por ejemplo, a los taxistas que transportaron al autor de este reportaje por el Valle Sagrado o a la mesera que lo atendió en un restaurante?

¿Cómo controlar, también, a los propios turistas? El público ha respondido positivamente al ímpetu de reapertura mostrado por las autoridades. El 1 de noviembre Machu Picchu reabrió sus puertas de manera gratuita y la gran demanda que produjo hizo que los boletos se agoten anticipadamente. “¡Ya lo sabes! Cusco y sus atractivos turísticos te esperan”, dice la web de Promperú ytuqueplanes.com. Siguiendo ese entusiasmo, el lunes 11 de enero inició la promoción para comprar dos entradas al precio de una al adquirir el Boleto Turístico de los parques arqueológicos en Cusco.

El peligro de viajar

Las medidas sanitarias dictadas por los tres gobiernos que ha tenido el Perú durante la pandemia solo han sido implementadas parcialmente. Mientras tanto, la segunda ola avanza y amenaza. Aquí otro ejemplo: en la ciudad de Urubamba hay una cuadra, en la avenida Berriozábal, que está entre las más turísticas del Valle Sagrado. Allí se ubica el famoso taller y tienda de cerámica Seminario. Su fama ha generado el desarrollo de otros negocios en la cuadra, como restaurantes y tiendas.

Uno de esos locales ofrece comida saludable. La dueña es una limeña que, a consecuencia de la pandemia, incorporó a su madre al negocio. Sudaca ingresó al local. Ni la dueña ni su madre usaban mascarilla. Desde el mostrador, explicaban las bondades de sus productos y la historia del negocio.

De pronto, se acercaron a los turistas que estaban presentes y la dueña del local preguntó: “¿les molesta que esté sin mascarilla?”. “Sí”, obtuvo como respuesta. “Ah, me la pongo, no hay ningún problema”. Y la conversación continuó. Las medidas sanitarias fueron respetadas a gusto del ciudadano.

Los médicos consultados por Sudaca señalan la importancia de terminar con ese tipo de actitud. “La mascarilla debe usarse todo el tiempo cuando uno está con otra persona”, indica el infectólogo Eduardo Gotuzzo. “Las personas tienen que ser conscientes, tiene que haber mucha responsabilidad individual”, complementa Ochoa.

La posición del Estado, evidentemente, concuerda con que debe haber turismo solo si se cumplen los protocolos. “El turismo debe volver porque es necesario para millones de peruanos, pero solamente va a poder volver si todos están comprometidos a cuidar primero su salud en esta nueva modalidad”, dice un video de la campaña “Vamos a volver”, del Mincetur. Ese cuidado no se está cumpliendo.

“La curva está muy empinada, de una manera muy peligrosa, y realmente esto tiende a ser devastador.Debemos reducir mucho más el número de contactos”, señala Otero. Para ella, lo ideal sería limitar las actividades y quedarse en casa el máximo tiempo posible.

“Está habiendo demasiadas interacciones para el nivel de contagio que tenemos y para nuestro sistema de salud”, cierra Otero. La única forma segura de continuar reactivando el turismo es respetando las normas y los protocolos. De lo contrario, como Sudaca constató en Cusco, los viajes terminarán siendo un amplificador perfecto para la Covid-19.

Cuando el breve gobierno de Manuel Merino estaba en funciones, el 13 de noviembre, el superintendente de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, fue convocado al Ministerio de Educación (Minedu). El flamante titular de la cartera, Fernando D’Alessio, vicealmirante en retiro y ministro de Salud cuando se dio el indulto a Fujimori, no tenía precisamente las credenciales de férreo defensor de la reforma universitaria. Con solo un día en el cargo, esa citación fue su primera prioridad.

El premier Ántero Flores-Aráoz, por su parte, se había pronunciado varias veces en contra de la “discriminación” hacia las universidades no licenciadas. Una de ellas, Telesup, en un arranque de confianza, había enviado una carta de amedrentamiento a Zegarra el 11 de ese mes. Aunque él y D’Alessio se conocían, todo parecía indicar que su convocatoria al Minedu era algo similar a una celada. La cita había sido programada para las 10 de la mañana. El superintendente se excusó de ir por problemas de salud.

Luego no hubo oportunidad de reprogramar: el gobierno de Merino cayó, en medio de marchas multitudinarias, dos días después.

Con la designación de Francisco Sagasti en la presidencia y la llegada del investigador Ricardo Cuenca al ministerio, la continuidad de la reforma universitaria quedó asegurada. “Estoy absolutamente convencido de la alta calidad técnica de Sunedu”, le dijo Cuenca a Perú21, y aseguró que Telesup no tendría más plazo para licenciarse. Él sí se reunió con Zegarra y lo ratificó. El horizonte anunciaba ocho meses de paz y tranquilidad para el gobierno en el sector Educación.

¿COAR o no COAR?

Pero los primeros dos meses no han sido exactamente así. Si bien el problema universitario se suele llevar casi todos los reflectores, no es una de las tareas a las que el Minedu dedica la mayoría de sus recursos. Su rol allí es el de ente rector: definir políticas macro y poner el pecho ante las presiones de los grupos políticos marginados por la reforma. En el día a día del ministerio, sin embargo, tiene mucho más peso la educación escolar.

El Minedu es un monstruo que atiende a más de 6 millones de alumnos de colegios públicos, tiene a su cargo una de las planillas más grandes del Estado −la de profesores− y opera con un presupuesto superior a los S/10.000 millones. Por eso, llamó poderosamente la atención cuando el ministro Cuenca tuiteó el último martes que no había plata presupuestada para la admisión de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) en el 2021.

Como la comunicación eficiente no es uno de los bastiones de este gobierno, a pocos les quedó claro a qué se refería. ¿Hay o no hay dinero para los COAR este año? Sudaca ha averiguado cómo es.

El presupuesto que aprobó el Congreso el 29 de noviembre, cuando Sagasti y Cuenca ya tenían más de una semana en el Ejecutivo, sí contempla una partida de S/192,9 millones para los COAR. Esta cifra supera por lejos el monto devengado en el 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. En el último quinquenio, los COAR nunca ejecutaron más de S/190 millones anuales.

Los S/192,9 millones de apertura (PIA) del 2021 fueron reducidos por el gobierno de Sagasti a un presupuesto modificado (PIM) de S/151,8 millones, todavía S/30 millones más que lo que se devengó en el 2020 (con clases remotas). ¿Esa cifra no alcanza para organizar un proceso de admisión? Difícilmente. Tres fuentes que ocuparon altos cargos en el Minedu calcularon para Sudaca que el costo de dicho proceso está apenas alrededor del S/1 millón. Y sí estaba incluido en la cifra que se pidió al Congreso.

El ministerio, sin embargo, demanda S/51 millones adicionales para poner en marcha los COAR, según su oficina de prensa. ¿A qué se destinarían? No a la admisión, que es muy barata, ni a la propuesta de valor del programa, sino a establecer medidas de seguridad contra la Covid-19, principalmente en las residencias donde duermen los alumnos de los colegios. La premisa es que volverán a tener clases presenciales. ¿Es eso realmente necesario?

Dos fuentes del ministerio contaron a Sudaca que la Dirección General de Servicios Educativos Especializados, que tiene a cargo a los COAR, ya había preparado una propuesta para hacer las clases a distancia con el presupuesto disponible. “Podrían hacerlo remoto tranquilamente. Por el modelo de valor de los COAR, son los que mejor funcionaron a distancia en el 2020. Los alumnos pudieron llevarse las computadoras”, explica una de las fuentes. Todo indica que Cuenca no tuvo mucho interés en seguir ese camino.

Pero la presencialidad tampoco es un imposible. “Es bien fácil conseguir S/50 millones en el Minedu. Es cuestión de reasignar [el presupuesto] o negociar con el MEF”, asegura a Sudaca una fuente con conocimiento directo del tema. Con más de S/10.000 millones en la bolsa, de los cuales el año pasado se ejecutaron solo S/6,361 millones, su afirmación tiene sentido. “El presupuesto no es abundante. El Minedu tiene diversas prioridades que atender”, replicó la oficina de prensa.

¿’Elitizando’ la educación pública?

Cuenca ha tenido que dar marcha atrás en su imprecisa afirmación inicial. Hoy la oficina de prensa del Minedu informa que se ha aprobado la asignación de recursos a los gobiernos regionales de Ica, Ayacucho, Loreto y Puno para el alquiler de los locales de sus respectivos COAR. Cuenca dijo que este año tendrían una “admisión reducida”. El jueves, decenas de exalumnos de estos colegios hicieron un plantón en contra de ese anuncio.

“La continuidad de los COAR no conlleva una decisión política, sino técnica. En la actualidad, en el Minedu no se está discutiendo ese aspecto”, dijo la oficina de prensa del ministerio. Sin embargo, sí hay un innegable componente de voluntad política en todo esto. Ricardo Cuenca, antes de ser ministro, expresaba abiertas dudas sobre si la estrategia de los COAR debía continuar. Y las dudas eran más tiradas a que no. 

En 2015, cuando era director general del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), escribió una pequeña columna en El Comercio titulada “Los COAR y “las otras decisiones””. Allí reconoce que la implementación de estos colegios experimentales es una “decisión legítima”, pero asegura que “segmentan el sistema educativo”, instalan “un sistema paralelo para los mejores” y “segregan a los jóvenes”. El autor de esta nota entrevistó a Cuenca hace unos años y obtuvo una respuesta similar sobre el tema.

Desde el 2017 hay colegios de alto rendimiento en todas las regiones del país. En total, suman 25. Reciben a estudiantes de desempeño sobresaliente entre el tercer y quinto grado de secundaria, y les ofrecen la posibilidad de hacer el Bachillerato Internacional. Trabajan bajo un sistema de internado gratuito que cubre matrícula, vivienda, alimentación, vestimenta y materiales. La inversión del Estado por cada alumno COAR es 3,5 veces mayor a la de la educación pública regular. 

Hace dos años, la Corporación Andina de Fomento (CAF) terminó un estudio junto al Minedu −en el que el IEP de Cuenca participó como consultor externo− sobre el impacto de los COAR en el desarrollo de sus alumnos. Se comparó al grupo de jóvenes que había logrado ingresar al sistema en los últimos puestos contra el que se había quedado fuera por muy poquito.

Los resultados son sencillos de entender: no hay diferencia significativa en matemática o comprensión lectora −probablemente porque se trata, en ambos grupos, de alumnos sobresalientes en sus respectivas escuelas de origen−, pero sí una enorme mejora en la salud del entorno. “Los alumnos COAR gozan de un núcleo de amigos saludable (no fuman, ni beben, ni consumen drogas), tienden a ser menos agredidos y reportan no ser discriminados ni presenciar situaciones de discriminación”, dice la CAF. 

Otra acusación contra los colegios experimentales es que reciben alumnos más cercanos a la clase media que a la pobreza extrema y más urbanos que rurales. Las cifras indican que esto es cierto. Fuentes del Minedu contaron a Sudaca que, desde que Cuenca asumió el ministerio, ya se comentaba en la interna que no le daría prioridad a los COAR por no considerarlos inclusivos.

Sin embargo, las gestiones pasadas ya habían abordado el tema. Mediante mesas de trabajo, se ha elaborado un esquema de bonificaciones por ruralidad, pobreza y pobreza extrema en el puntaje de admisión. La primera parte había sido implementada, elevando los ratios de ingreso de los más vulnerables. Para el 2021 se esperaba tener a 51% de ingresantes rurales, 31% con condición de pobreza y 47% de pobreza extrema.

Cambios y choques

“Le pasaron una mala ayuda memoria a Pimpinella”, se quejó una fuente sobre algunos de los tuits de Cuenca. Ese es el inofensivo apodo con el que lo han empezado a llamar los funcionarios de planta de la cartera, por su parecido con el cantante de la agrupación argentina. Lo cierto es que en el Minedu hoy hay funcionarios menos ‘cuenquistas’ que otros. Y ello se debe a los cambios que ha realizado desde que asumió.

A diferencia del MTC, donde la estrategia ha sido ratificar o promover a los funcionarios de confianza del gobierno anterior, en el Minedu ha habido varios movimientos en puestos claves. El principal es la salida de Diana Marchena del viceministerio de gestión pedagógica, debajo del cual está la dirección que tiene a cargo los COAR. En su reemplazo, Cuenca ha designado a Killa Miranda.

Miranda −quien no respondió las solicitudes de descargo de este medio− es identificada por todas las fuentes como una persona muy cercana a la exministra Flor Pablo, quien hoy postula a la vicepresidencia y al Congreso con el Partido Morado. “Lo único que le puedo decir categóricamente es que no he tenido nada que ver con la designación de la Sra. Mirada”, respondió Pablo sobre el tema..

Pablo ha dado positivo al Covid-19 y Sudaca, más allá de la labor periodística, desea su pronta mejoría.

Las fuentes del Minedu consultadas por este medio aseguran que Miranda representa la influencia de la candidata morada en la gestión de Cuenca. Algo que la oficina de prensa del ministerio, por supuesto, niega. La cercanía de Miranda con Pablo, sin embargo, se puede rastrear en sus hojas de vida. Entre el 2012 y el 2014, cuando Pablo era directora nacional de Educación Primaria, Miranda era coordinadora de movilización de esa dependencia.

Luego, en el 2014, Pablo pasó a comandar la crucial Dirección Regional de Lima Metropolitana (DRELM), y Miranda la siguió allí como asesora en gestión educativa. En el 2016, el último año de Pablo en la DRELM, Miranda ganó un CAS como jefa de la oficina de atención al usuario y comunicaciones de esa dirección. De allí, hay que hacer un salto al 2019: cuando la hoy candidata morada fue nombrada ministra, Miranda entró por la puerta grande como su jefa del Gabinete de Asesores.

Y la lealtad es férrea. Todavía con Pablo como ministra, Miranda regresó a la importantísima DRELM para dirigirla, pero renunció apenas aquella dejó la cartera en febrero del 2020. Según las fuentes consultadas, Miranda y Pablo representan una forma de ver la gestión pública en educación más tirada hacia la izquierda y hacia la cercanía con el magisterio, algo compatible con la visión de que los COAR son experimentos excluyentes.

Pero la designación de Killa Miranda no es el único movimiento de Cuenca en la alta dirección del ministerio. Apenas llegó, el nuevo ministro puso el ojo en los altos funcionarios vinculados a la cuestionada compra de más de un millón de tablets para los estudiantes más pobres. El primer proceso se tuvo que anular por serios problemas con el proveedor. Las adquisición ya ha sido terminada, pero con retraso.

Cuenca reemplazó a los encargados de la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación (Dite), Ricardo Zapata, y de la Dirección de Gestión de Recursos Educativos (Digere), Rosa Prieto. Ambas dependencias están relacionadas a la compra de las computadoras portátiles. En sus lugares puso a Milagritos Vera y Cynthia Otani, respectivamente. La primera de ellas trabajaba para Killa Miranda en un programa adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión social desde setiembre del 2020. La segunda trabajó en el Minedu entre el 2011 y el 2016, mismo periodo en el que estuvieron Miranda y Pablo.

Además, Cuenca cambió a Cristhian Pacheco, encargado de la Dirección General de Educación Técnico-Productiva, por Rommy Urbano, quien ya había ocupado el cargo. Esta área del ministerio es clave porque se encarga del complicado (y atrasado) licenciamiento de institutos. El presidente Sagasti dijo esta semana que esa labor pasará a la Sunedu, pero fuentes de la entidad aseguran que no tienen la capacidad de hacerlo y que tendría que ser un plan de largo plazo. Cuenca también cambió a la directora general de Educación Básica Regular, Cecilia Ramírez, por Nora Delgado.

“He encontrado un ministerio muy ordenado”, declaró Cuenca a La República a poco de asumir la cartera. Por eso, todos estos cambios han generado un fuerte alboroto en una gestión que se suponía de transición. A ello se suma que, en el 2021, Aprendo en Casa ya no será transmitido por canales comerciales, solo por TV Perú y Radio Nacional, algo que algunos funcionarios que quedan de la gestión Benavides interpretan como un intento más por desmantelarla.

“No hay facciones ni peleas, no se podría trabajar en ese escenario”, ha replicado la oficina de prensa. Las fuentes consultadas por este medio, sin embargo, aseguran que el bolondrón que se ha armado en torno a los COAR es apenas la punta del iceberg de un choque interno entre formas de entender la gestión pública en educación.Parece que los meses de paz que se vislumbraban para el sector en noviembre serán un poco más agitados que lo esperado.

Una ‘petroguerra’ legal entre Pluspetrol Norte SA y el Estado ha estallado. La primera bala se disparó el 8 de agosto de 2015, cuando la empresa de capitales holandeses terminó su contrato en el Lote 192, ubicado en Loreto, tras 15 años de explotación petrolera. Venía operando allí desde el 2000.

La compañía presentó, entonces, su plan de abandono del lote al Ministerio de Energía y Minas (Minem). El Minem lo rechazó. El principal motivo: la petrolera no está dispuesta a asumir la remediación de los pasivos ambientales, que comenzaron a generarse antes de que llegara a sacar petróleo de esa zona de la selva peruana. 

Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), sin embargo, a la compañía sí le corresponde hacerse cargo. ¿Por qué? Porque firmó un contrato de “cesión de posición contractual”. Explicaremos esta figura más adelante.

Antes, un poco de contexto: desde el 28 de agosto de 2015 la empresa canadiense Frontera Energy opera el Lote 192, aunque sus trabajos hoy están suspendidos por la pandemia. Su contrato acaba el próximo 5 de febrero. Ingresó a explotar el crudo después de que el gobierno realizara una mesa de diálogo con la población. La zona era un hervidero de conflictos sociales por la negativa de Pluspetrol para asumir su presunta responsabilidad sobre los pasivos ambientales.

El primer contratista del Lote 192 −antes llamado Lote 1AB− fue la estadounidense Occidental Petroleum Corporation of Perú, más conocida como “Oxy”. Se instaló por primera vez en ese territorio amazónico en 1971. Después, en 1985, la explotación pasó a la empresa Occidental Peruana INC, conocida como ‘Oxy Perú’, creada exclusivamente para absorber a su predecesora.

El 8 de mayo de 2000, Oxy Perú cedió su contrato a Pluspetrol Perú Corporation SA. El 1 junio del 2001, se firmó oficialmente el contrato entre la estatal Perupetro, que se encarga de negociar y suscribir los contratos de explotación de hidrocarburos del país, y la petrolera hoy cuestionada. Finalmente, mediante el decreto supremo 048-2002-EM se modificó el contrato de licencia de Pluspetrol Perú Corporation SA y este pasó a estar inscrito a favor dePluspetrol Norte SA. Ahora sí: vamos a la ‘petroguerra’ amazónica.

La protesta de la población en agosto de 2015, en el lote 192, tras el retiro de Pluspetrol Norte SA sin querer asumir el pago de la millonaria reparación ambiental, escribió un precedente. Desde esa fecha, Perupetro tiene que realizar una consulta previa con las comunidades antes de entregar la autorización de explotación petrolera a una empresa.

Las víctimas colaterales

El coordinador de la Federación de las Comunidades Nativas del Río Tigre (Feconat), José Fachín, ha asegurado a Sudaca que, desde la década del 70 hasta el 2007, las empresas petroleras que operaron en el Lote 192 −Occidental Petroleum Corporation of Perú, Occidental Peruana INC y Pluspetrol Norte SA− “revirtieron las aguas servidas de su producción a los ríos y cuerpos de agua, como aguajales y quebradas”.

Fachín explicó que el Estado, en todo ese tiempo, le dio “poca importancia” al tema y “no fiscalizó” a las empresas petroleras. Recién en el 2006, a raíz de la lucha del pueblo Achuar, en el río Corrientes, se consiguió que la petrolera trate sus aguas servidas para que no sigan siendo vertidas a los ríos.

Pero las aguas servidas vertidas por el Lote 192 han representado sólo una parte del impacto en la zona. El segundo factor contaminante, asegura Fachín, han sido los desechos químicos utilizados en la ciudad petrolera, que eran dejados a la intemperie, en el bosque. El tercero, las maquinarias inservibles que iban a parar a una especie de ‘cementerio’ en la selva. El cuarto, según el líder indígena, “fueron los derrames a raíz de una infraestructura antigua o no adecuada para la amazonía”. Los tubos se rompían constantemente.

Los ciudadanos que viven en el sector aledaño al Lote 192, una zona que congrega a unas 10 mil familias de los distritos Trompeteros, Parinari y Urarina de la provincia de Loreto, conviven con todo esto desde 1971. “La población sufre de cólicos, sobre todo los niños. Hay enfermos y muertos. No hay pescado. La gente va a sustraerlo a la frontera con Ecuador”, dice Fachín. 

El Ministerio de Salud (Minsa) realizó un estudio en el 2017, que recogió muestras de sangre y orina a 1.168 personas de los distritos aledaños al Lote 192. Ese informe, publicado en Convoca.pe, concluyó que la mitad de los pobladores presentaba metales tóxicos en su organismo, como plomo, arsénico, mercurio y cadmio, en niveles mayores a los permisibles.

El confuso laudo arbitral

Según el OEFA, tras acabar su contrato en el 2015, Pluspetrol tendría que reparar todo ese daño histórico. La petrolera no estuvo de acuerdo, y decidió llevar su reclamo a la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC), con sede en Nueva York (EEUU). En febrero del 2017, el CIAC emitió un fallo. El problema: el texto es un poco confuso. Y la disputa entre las partes sigue. ¿A quién favorece el fallo?

Pluspetrol Norte SA ha entrado en liquidación y señala que no pagará la deuda al medio ambiente. El abogado de la empresa, Aurelio Loret de Mola, asegura que la decisión del laudo arbitral del año 2017 (ver imagen) le favorece y no le obliga a hacerlo. 

En los siguientes tres años, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) le volvió a rechazar dos veces más el plan de abandono a Pluspetrol. El abogado de esta compañía, Aurelio Loret de Mola, explicó a Sudaca que su representada no se hará responsable del pasivo ambiental porque el laudo arbitral dice que ello “no corresponde”.

“Lo que estamos sufriendo es un clarísimo atropello. Lo que el OEFA quiere, y ahora ha convencido no sé cómo al Minem y al Minam [Ministerio del Ambiente], es que nosotros incluyamos en el plan de abandono aquellos impactos ambientales que no solo no hemos causado, sino que han sido causados por las empresas que estuvieron antes que nosotros”, afirma.

Sobre todo −asegura Loret de Mola− este fragmento de la decisión del laudo arbitral es el que favorecería a Pluspetrol Norte SA: “Pluspetrol no asumió contractualmente responsabilidad u obligación de remediar afectaciones ambientales históricas causadas con anterioridad al 30 de agosto de 1985 ni causadas entre el 30 de agosto de 1985 y el 8 de mayo de 2000”.

“Los pasivos ambientales históricos, pasivos, viejos, anteriores a nosotros, esos no tenemos que remediarlos. Eso dice el laudo arbitral, que tiene categoría de cosa juzgada. Entonces, si no respetamos el derecho, si no respetamos la ley, si no respetamos el contrato y si no respetamos el laudo arbitral, simplemente no podemos continuar”, asegura.

¿A cuánto ascendería el pasivo ambiental que el OEFA quiere que Pluspetrol pague? “A más de mil millones de dólares. Yo creo que sí. Le estoy dando un número. No tengo un cálculo exacto”, estima el abogado. Hasta aquí, parecería que la balanza legal se inclina a favor de Pluspetrol, pero hay algo que Loret de Mola se ha olvidado de mencionar: la modalidad del contrato.

El especialista legal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Bryan Jara explicó a Sudaca que, dado que el el contrato de Pluspetrol se celebró bajo la modalidad de ‘cesión de posición contractual’, la empresa “sí tendría que asumir esos pasivos ambientales”.

“Anteriormente, Petroperú ya había suscrito un contrato. Entonces, considerando que ya había un contrato, ya habían obligaciones, y esas obligaciones también son de naturaleza ambiental”, dice Jara. Y agrega: “Entonces, sobre la remediación de estos sitios también implicaría que, cuando se celebró el contrato, en este caso específico, también se hayan asumido estas obligaciones”.

El momento de mayor tensión en este enfrentamiento petrolero ha ocurrido el último 30 de diciembre de 2020. Ese día, el Minam, el MINEM y el OEFA difundieron un comunicado en el que exhortaron a Pluspetrol a que “cumpla con sus obligaciones”. El documento pone énfasis en lo ya mencionado por la SPDA: que la modalidad del contrato con el que Pluspetrol Norte SA celebra su acuerdo con Perupetro se realiza por “cesión de posición contractual”.

El  MINEM, el MINAM y el OEFA publicaron un comunicado, el pasado 20 de diciembre, en el que le recuerdan a Pluspetrol Norte SA que tiene que asumir su responsabilidad por los daños al medio ambiente causados desde antes del 18 de mayo de 2000, fecha del inicio de las operaciones en el lote 192.  

Como consecuencia de dicha tipificación, el comunicado dice que “Pluspetrol Norte SA asume los derechos y obligaciones del cedente; y, por lo tanto, asume la responsabilidad ambiental a partir de la suscripción de dichos contratos y no [solo] desde el año 2000”. A través de un correo electrónico, el Minem respondió a Sudaca lo mismo: “La responsabilidad ambiental subsiste y deberá ser considerada como parte de las obligaciones pendientes de cumplir por parte de la empresa en liquidación”. La guerra sigue abierta.

El comunicado de las entidades públicas también abunda en números impactantes. Dice que la petrolera es responsable de más “1.500 impactos ambientales acumulados en el Lote 192 y en el Lote 8” y de la cancelación de 4000 UIT de multas coercitivas que “no ha cumplido”. Estas equivalen a más de US$4.9 millones, un monto separado del de la remediación ambiental.

Sobre ese tema, Loret de Mola aseguró a Sudaca que su representada “ha pagado todas sus multas”, que equivalen a US$30,7 millones de dólares y que ha invertido, además, US$88 millones como parte de su responsabilidad social.

¿Puede liquidarse sin pagar?

Pese a que el Minem no le ha aprobado hasta ahora su plan de abandono, Pluspetrol Norte SA tomó el último 15 de diciembre la decisión de entrar en liquidación. Tres días después difundió un aviso en el diario El Peruano, que fue publicado por Estratega Consultores SAC, la empresa contratada comandar dicho proceson. Eso fue lo que gatilló el comunicado del Minem, el Minam y el OEFA antes mencionado.

“La razón para liquidarse es no asumir lo que no nos corresponde de acuerdo con la ley y que el Estado nos quiere obligar a asumir. No nos pueden obligar, porque es ilegal”, dice Loret de Mola. Según el abogado, su representada está dejando en sus arcas US$51 millones de dólares en efectivo y tanques de crudo de petróleo, valorizados en US$15 millones, que servirán para el pago de la liquidación de unas 6.800 personas que dependían directa e indirectamente de la petrolera. Son trabajadores y proveedores.

Jara, el abogado de la SPDA, afirma que en caso la empresa se liquide sin hacerse cargo del pasivo ambiental del Lote 192 “hay garantías financieras”, como la carta fianza que presentó al firmar el contrato, que “terminarían ejecutándose”. Aunque el especialista acepta que “ese monto no va a ser suficiente para la remediación de todos los sitios impactados”.

Sobre un probable embargo a las cuentas de Pluspetrol Norte SA, Loret de Mola respondió: “Si hicieran eso, le estarían quitando a los trabajadores su liquidación. Le estarían quitando a las comunidades nativas los compromisos asumidos por Pluspetrol Norte. Y le estarían quitando a los proveedores lo que le corresponde”.

Dueños y números

El control de Pluspetrol Norte SA lo posee hoy Pluspetrol Resources Corporation, una empresa offshore de las Islas Caymán. Según un documento presentado por Pluspetrol Camisea SA a la Bolsa de Valores de Lima, al 2017, Pluspetrol Resources Corporation tenía como “único accionista” a Pluspetrol Resources Corporation B.V., domiciliada en Holanda.

El Informe de Sostenibilidad de Pluspetrol (2017) recuerda que Luis Alberto Rey, exapoderado en Perú de Pluspetrol Resources Corporation, fue el creador de Pluspetrol SA en Argentina en 1977. En el año 2015, don Luis falleció y dejó su fortuna a su esposa, Edith Rodríguez. Un informe de la revista Forbes del 2019 coloca a la viuda como una de las 10 mujeres más ricas de su país, con una fortuna que bordea los US$2,000 millones.

En 2014, Pluspetrol Norte SA extrajo 14.000 barriles de petróleo por día, lo que le habría permitido obtener, solo en ese año, ingresos netos anuales superiores a los US$300 millones de dólares. Este es un cálculo que se ha hecho utilizando como base el informe ‘La situación actual y alternativas al lote 192’ (Pluspetrol, 2015).

¿Cómo se cuantifica el daño ambiental que existe en el Lote 192 desde 1971? El coordinador de la Federación de las Comunidades Nativas del Río Tigre (Feconat), José Fachín, ha manifestado a Sudaca que “faltarían ceros” para hacerlo. Fachín calcula, en sus términos, que el pasivo sobrepasaría los mil millones de dólares, estimados por Loret de Mola.

El lote 192 está ubicado cerca de la frontera con Ecuador, entre las provincias de Datem del Marañón y Loreto, en la región del mismo nombre. Posee cerca de 200 pozos petroleros en una extensión de alrededor de 500.000 hectáreas. Es atravesado por las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón.

El lote 192 está ubicado cerca de la frontera con Ecuador, entre las provincias de Datem del Marañón y Loreto, en la región Loreto. Posee cerca de 200 pozos petroleros en una extensión de cerca de 500 mil hectáreas.  

Jara, de la SDPA, recordó que existe un estudio de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos sobre los derrames de hidrocarburos en el Lote 192 que ha encontrado 32 sitios impactados y ha concluido que el monto de remediación, por esos daños, ascendería a S/680 millones. A eso habría que sumarle las multas, que Loret de Mola asegura pagadas.

Se protegen “codo a codo”

Mientras el conflicto entre Pluspetrol Norte SA con el Estado peruano continúa, el daño al medio ambiente sigue ahí. La protesta indígena de agosto de 2015 marcó un precedente en la lucha por remediarlo. Tras el término del contrato de Pluspetrol en el Lote 192, la población realizó una protesta social por los presuntos incumplimientos de la petrolera.

El conflicto acabó tras la firma de un acuerdo para evitar que las empresas evadan pagar los daños medioambientales: el 0,75% de la venta de cada barril de petróleo será destinada a un fideicomiso a favor de las comunidades. También se decidió que se realicen consultas previas con la población.

Entre el 20 y 22 de este mes habrá, en Lima, una reunión entre los representantes de seis federaciones indígenas y el Minem. Será una mesa de diálogo en la que se conversará sobre el futuro del Lote 192 y sobre la liquidación de Pluspetrol.

El corolario de esta historia, para el líder indígena, José Fachín, es que el conflicto entre Pluspetrol Norte SA, Minem, Minam y OEFA solo es una pelea mediática. ¿Por qué? Porque los funcionarios del Estado y la petrolera, dice, “se protegen”. “Hay una protección, un encubrimiento de funcionarios del Estado, sobre todo en Energía y Minas. Están codo a codo, mano a mano, con las petroleras” cuestiona.

Más salomónico, el exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi considera que el conflicto entre Pluspetrol y el Estado  “está marcando un hito” nunca antes visto en la historia petrolera del país. Sudaca ha resumido su historia.

Desde que el presidente Francisco Sagasti nombró a Eduardo González como ministro de Transportes y Comunicaciones las alarmas sobre su neutralidad y su capacidad técnica se encendieron. Y no es para menos: González, quien durante años fue mano derecha del exministro vizcarrista Edmer Trujillo, lidera hoy una cartera cuyo presupuesto supera los S/10.000 millones.

El MTC no solo tiene la partida más gorda del sector público en cuanto a inversión, sino que 31 de los 52 proyectos del demorado Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) corresponden a su sector. Este portafolio de obras prioritarias, ideado por Martín Vizcarra, tenía el objetivo de cerrar la enorme brecha de infraestructura que tiene el país. Hoy sigue, en gran medida, en manos de funcionarios de confianza de su gobierno.

Este reportaje es una radiografía de lo que hoy se vive en el MTC. Una lista de exfuncionarios de confianza del gobierno de Martín Vizcarra que, con Eduardo González como ministro, han sido promovidos o ratificados en cargos claves, jefaturales o de alta dirección en la cartera de Transportes.

Algunos de estos funcionarios han trabajado en el gobierno regional de Moquegua: uno fue suspendido de sus funciones el 2017 y trabajó para la empresa CyM Vizcarra, del ex mandatario, otro es investigado por irregulares pagos a la constructora ICCGSA en la obra del hospital regional. Ambos dejaron de laborar en el ministerio ayer jueves 21, luego de que Sudaca solicitara descargos para esta nota.

El ministro amigo

El ministro Eduardo González es periodista y tiene una maestría en gestión pública. Empezó su vida profesional a inicios de los 90, como asesor y hasta regidor en alcaldías provinciales de Puno, y en el 2000 dio el salto al Congreso. Lo hizo de la mano de legisladores del sur como Gregorio Ticona y Juvenal Ordoñez (Tacna), y Ernesto Herrera y Washington Zeballos (Moquegua). Allí fue parte de comisiones parlamentarias ordinarias e investigadoras. No tuvo puestos de mayor relevancia que esa.

Con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), sin embargo, González ingresó al Ejecutivo por la puerta grande. Según su propia Declaración Jurada, Edmer Trujillo, el primer ministro de Vivienda de PPK, lo nombró jefe de su Gabinete de Asesores en agosto del 2016. Este era un cargo de total confianza y el mejor remunerado que González había tenido en el Estado hasta entonces. Su suerte siguió in crescendo.

En setiembre del 2017, Edmer Trujillo dejó la cartera de Vivienda sin mayor brillo para convertirse en director del Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS). González se fue con él como asesor de la Dirección Ejecutiva. Es decir, como su asesor.

Cuando Vizcarra asumió la presidencia del país, en marzo del 2018, González volvió a cambiar de puesto. El entonces presidente nombró a Trujillo, una de las personas en las que más confía, oriundo de Amazonas pero de corazón moqueguano, como ministro de Transportes y Comunicaciones. Trujillo le dio a González el cargo de jefe del Gabinete de Asesores de su despacho.

El 30 de setiembre del 2019 Vizcarra cerró el Congreso y, a los pocos días, otro personaje de su círculo cercano asumió la PCM: el exparlamentario por Moquegua Vicente Zeballos. Él nombró a González como jefe de su propio Gabinete de Asesores. Cuando Zeballos dejó la PCM, en julio del 2020, González se recolocó como Asesor II del siguiente titular del MTC, Carlos Estremadoyro, quien ha desarrollado toda su carrera profesional en Moquegua. 

Apenas cuatro meses después, tras la vacancia de Vizcarra, parecía que la suerte de González iba a terminar. Sin embargo, el presidente Francisco Sagasti le dio en noviembre último el mayor de sus galardones en el sector público: lo nombró ministro en la cartera que venía asesorando.

Jefes y directores

En la gestión González, la tinta vizcarrista parece estar aún fresca en la alta dirección del MTC y David Mendoza Fernández es quizás el mejor de todos los ejemplos. Mendoza laboró hasta ayer jueves, según el portal web del MTC, como director en la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Transportes. En su Declaración Jurada omitió un detalle primordial: fue jefe de proyectos estratégicos del Gobierno Regional de Moquegua durante la gestión de Vizcarra.

¿Por qué Mendoza habría ocultado esta información? Un indicio es que, cuando ocupó el cargo en el GORE Moquegua, con Edmer Trujillo como gerente regional, Mendoza estuvo involucrado en uno de los casos que años después golpearía al gobierno de Vizcarra: presuntos pagos irregulares a la empresa ICCGSA −implicada en el caso Club de la Construcción− por la obra del Hospital de Moquegua. Según un informe de Contraloría, el gobierno regional aprobó desembolsar más de S/20 millones a ICCGSA con el visto bueno de Mendoza, pese a que no se cumplían los requisitos estipulados en el contrato. Por este caso, la Contraloría determinó su presunta responsabilidad penal y administrativa.

Pero la lista es mucho más larga. También con pasado moqueguano, el abogado Luis Antonio Tapia fue nombrado director de Fiscalización Vial y luego director de Fiscalizaciones en Transportes del MTC durante la gestión de Edmer Trujillo. Hoy permanece con el ministro González. Aunque no coincidió con la gestión regional de Vizcarra, Tapia fue director de Asesoría Jurídica en los periodos 2006-2008 y 2015-2016 en la gerencia regional de Educación de Moquegua.

En la dirección de la Oficina de Articulación Intergubernamental del MTC, además, González tiene a Jesús Suárez Berenguela. Aunque la Declaración Jurada de este funcionario no aparece en la web de la entidad, Sudaca pudo corroborar que Suárez fue Asesor II del despacho ministerial de Edmer Trujillo en la cartera de Vivienda entre julio y setiembre del 2017. En los 90 trabajó en el gobierno regional José Carlos Mariátegui, que entonces reunía a los departamentos de Moquegua, Tacna y Puno.

En Provias Nacional, entidad adscrita al MTC y de crucial función en las licitaciones de construcción y mantenimiento de carreteras, hay también personajes claves del entorno vizcarrista. El ingeniero Franz Flores Flores, hasta ayer director de Control y Calidad de Provias-MTC, fue jefe de proyectos y residente de obras del gobierno regional de Moquegua de Martín Vizcarra entre el 2011 y 2014. Según su Declaración Jurada, también fue supervisor de obras de la empresa CyM Vizcarra SAC entre mayo del 2015 y marzo del 2016. 

Flores fue nombrado por el ex viceministro de Transportes Carlos Estremadoyro, en abril del 2018, como gerente en la Unidad Gerencial de Obras de Provías Nacional. Y aquí un detalle no menor: el 2017, siendo residente de obra de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto (Moquegua), el ingeniero Flores fue suspendido por 30 días tras haber incurrido en “falta de carácter disciplinario, incumplimiento y negligencia en el desempeño de sus funciones”. 

Y la lista sigue. José Baldarrago Soto es asesor legal de la Dirección de Infraestructura de Provias-MTC, con una remuneración superior a los S/11 mil mensuales. Por su cargo, no existe una declaración jurada que detalle su experiencia pública, pero registra ser parte del bufete jurídico Baldarrago & Compañía E.I.R.L, con dirección en Moquegua. Su contrato de servicio tiene como fecha diciembre del 2018, cuando Edmer Trujillo era ministro.

Para los titulares de cualquier cartera ministerial, dos cargos de estrecha confianza son la Secretaría General y la jefatura de Gabinete de Asesores. Aquí González tiene a dos abogadas. Como secretaria general está Silvana Elías,quien desde el 2011 está en el sector: era asesora del regulador Ositran. Sin embargo, su primer gran contrato con el Estado se lo dio Trujillo cuando era ministro de Vivienda, en agosto del 2016, al asignarle la dirección general de la oficina de Asesoría Jurídica. Su carrera pública, desde entonces, fue de constante jerarquía en distintas carteras del Ejecutivo.

Como jefe de Gabinete de Asesores está la abogada Karina Flores Yataco. Ella coincidió con Gonzáez como asesora parlamentaria entre el 2012 y 2015 y tuvo pequeñas asesorías en el Ministerio de Justicia en los primeros meses del 2016. Pero su gran salto vendría también −sorpresa− de la mano de Trujillo. La abogada Flores tuvo sus primeras asesorías en la cartera de Vivienda en el 2016, con él como titular de la cartera. Cuando se fue al OTASS, ella fue contratada como jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica de esa entidad.

Al ingresar Edmer Trujillo al MTC en marzo del 2018, Flores volvió a virar la dirección de su carrera como funcionaria pública. Empezó como consultora legal y un mes después continuó como miembro de comités especiales dentro de ese ministerio.

Los viceministros

A las dos semanas de asumir la cartera, Eduardo González nombró como viceministro de Comunicaciones a Diego Carrillo Purín. Este es un joven abogado que hasta hace un par de años se desempeñaba como consultor senior. Edmer Trujillo, como titular del MTC, le dio el impulso que necesitaba su carrera al contratarlo como Asesor II del Despacho Ministerial en junio del 2018.

El viceministro de Transportes, Paul Caiguaray, fue ratificado en el cargo por González. Había aterrizado en el puesto dos semanas antes de la crisis que devino en la salida de Vizcarra. Según su Declaración Jurada, Caiguaray fue colocado como viceministro el 1 de noviembre del 2020 por el también vizcarrista Carlos Estremadoyro.

Caiguaray es hombre de confianza: en enero del 2018 Edmer Trujillo le dio la jefatura de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del OTASS. Tres meses después, Vizcarra lo llevó a Palacio: lo nombró director general de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del despacho presidencial. Fue, sin dudas, un gran año para Caiguaray. En julio Edmer Trujillo lo incorporó al MTC como director general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

El ministro responde

En una carta enviada a Sudaca, antes de viajar al interior del país, el ministro Eduardo González respondió que en sus 30 años de trayectoria en la gestión pública ha “asumido cargos de alta dirección y responsabilidad en los distintos niveles de gobierno” donde siempre se mantuvo con “independencia y autonomía”. 

Aseguró que su relación con el expresidente Vizcarra y el exministro Trujillo “ha sido estrictamente laboral”. El ministro también rechazó “de forma categórica cualquier injerencia” en su gestión y detalló que desde el día que asumió su nueva función envió oficios a la Contraloría General y a la fiscalía planteando su “total apoyo a cualquier tipo de investigación ”.

Consultado sobre el historial de sus funcionarios en cargos de confianza en distintas entidades de la gestión Vizcarra, el ministro Gonzalez les ratificó su respaldo: “El hecho que hayan trabajado en las gestiones de los últimos exministros no los inhabilita ni desacredita para ocupar cargos públicos, más aún cuando han demostrado eficiencia”.

González también aseguró que ninguno de los directivos mencionados en este reportaje “cuenta con alguna sentencia que les impida laborar, ni tienen antecedentes judiciales por casos de corrupción”.

Respecto a los cuestionables David Mendoza y Franz Flores, el titular del MTC replicó que ninguno tuvo “dependencia funcional” con su despacho e incluso argumentó que Flores “no registraría ninguna inconducta funcional en este sector”. Concluyó, sin embargo, diciendo que ambos ya no trabajan para su entidad. Sudaca pudo corroborar que tanto Mendoza como Flores dejaron de laborar desde el día de ayer jueves 21, después de que este medio solicitara los descargos a la oficina de prensa del despacho.

Sobre su preparación para el cargo, tema que genera fundadas suspicacias, Gonzalez sostuvo que “los profesionales en las comunicaciones [él es periodista] estamos en condición de asumir cargos de alto nivel como lo hacen profesionales de otras carreras”. Agregó que “se tiene la percepción de que el MTC se dedica solo a la infraestructura de vías y lo común es que ha sido dirigido por ingenieros, economistas o abogados, pero este sector también es de Comunicaciones, y uno de los objetivos principales de este Gobierno es llevar la conectividad digital a todo el país”. Cabe agregar que el MTC ve principalmente temas de infraestructura de comunicaciones.

La gallina de los huevos de oro

El periodista y analista político José Carlos Requena asegura que el nombramiento de González en el MTC le “parece algo negligente” que “sería necesario un distanciamiento más claro” por parte de este gobierno con el anterior. “Los ministerios son cargos de confianza, cargos de designación política. Llama la atención que [en la gestión de Sagasti] no haya una ruptura pese a todas las acusaciones e investigaciones que se dieron en su momento contra Vizcarra e incluso Trujillo”, afirma.

Requena recuerda que el “MTC tiene el peso de manejar un presupuesto muy importante”. El economista Carlos Casas resume la relevancia de esa cartera en una frase: “es el ministerio con mayor presupuesto de inversión de todo el Estado”. 

Casas detalla que “el presupuesto de inversiones de Transportes y Comunicaciones supera a las carteras de Salud y Educación juntas, ya que estas últimas destinan más dinero a gastos como el pago a profesores, médicos, material o equipos. En el MTC, en cambio, el 75% de presupuesto [de más de S/10 mil millones] se destina a inversiones como la construcción y mantenimiento de carreteras”. 

Para Casas, actual decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, el perfil óptimo para llevar un ministerio de esta envergadura es el de un “ingeniero o ingeniera con experiencia en el sector público, manejo de presupuesto y con dominio de compras estatales y licitaciones”. Recordó que “teniendo como antecedente los casos del Club de la Construcción y otras denuncias por corrupción”, la cabeza del MTC debe tener mucho dominio del sector para evitar que se repitan antiguos escenarios.

**La infografía que abre esta nota es de Leyla López