Esta semana la Policía le ha recordado al país su cara más perversa. Aquella que sirve de instrumento de represión ciudadana para gobiernos sin respaldo popular. Durante toda la semana, en lugar de proteger a los peruanos los han atacado. Y anoche, en el Centro de Lima, esa represión se volvió ensañamiento. Con perdigones, toneladas de gas lacrimógeno y una estrategia de brutal acorralamiento, la Policía embistió sin piedad contra manifestantes que protestaban –que no quepa ninguna duda– pacíficamente.
No es que no se sepa ya que la Policía normalmente sirve a los intereses de quienes dictan las órdenes. No es, tampoco, que no se hayan visto antes episodios de injustificada violencia en marchas y protestas pacíficas. Ayer, sin embargo, la Policía dejó claro algo: su cara más ruin ha empezado a perder la vergüenza. Y bajo esa premisa, el escenario que le espera al país parece cada vez más oscuro.
¿Cómo no reprimir sin pudor, si la única respuesta de la que parece capaz Manuel Merino es esa? ¿Y qué más se puede esperar de la Policía si el nuevo premier, Ántero Flores-Aráoz, pertenece a una casta de políticos absolutamente desconectados de la realidad? Hoy por la mañana, incluso, el premier ha agradecido al cuerpo policial por su deshoronsa labor de anoche. “Lamentablemente muchas veces no se comprende que a igual que los civiles tienen derechos humanos, los policías también los tienen. En mí encontrarán siempre un defensor”, les dijo.
La marcha de ayer fue inusualmente puntual. A las 5 de la tarde, la Plaza San Martín comenzó a llenarse de gente que, sin otra motivación subrepticia, deseaba manifestar su rechazo a la vacancia presidencial perpetrada hacía tres días por el Congreso. Para entonces, ya llegaban reportes de inexplicable represión en algunas regiones del país. En Madre de Dios, por ejemplo, la Policía echó gas lacrimógeno a una manifestación de apenas 60 personas.
El miércoles, incluso, ya se habían producido detenciones arbitrarias en las primeras movilizaciones en Lima. Sin embargo, para el jueves 12 de noviembre la Policía tenía preparada una estrategia mucho más dura. Un ejemplo: a las ocho, cuando los manifestantes estaban detenidos en la Av. Abancay, cruce con el Jirón Leticia, la Policía empezó a gasearlos desde tres frentes distintos. Las bombas lacrimógenas no fueron usadas para dispersar a los manifestantes, sino para acorralarlos. Y para atacarlos cuando no tenían salida.
Tres reporteros de Sudaca, apostados en distintas zonas del Centro de Lima, comprobaron que algo similar ocurrió –tiempo después– en el Óvalo Grau, frente al Palacio de Justicia, en la Av. Wilson y a la entrada de la Plaza San Martín. En esta última, incluso, los policías advirtieron con sorna a la gente que los llenarían de gas. Y nuevamente ocurría lo mismo: lacrimógenas desde todos los frentes. Acorralamiento sistemático para causar miedo e infligir sufrimiento. A ello se sumaron los perdigonazos.
El fotógrafo de El Comercio Alonso Chero fue herido por la espalda con un perdigón. Al periodista Alonso Balbuena, de Ojo Público, le reventaron la pierna con una lacrimógena. Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos hay, por lo menos, cuatro periodistas heridos tras la marcha de ayer. Atacar a la prensa es un signo inconfundible de que un gobierno ha perdido el rumbo democrático. Desde Sudaca condenamos abiertamente este inaceptable comportamiento.
Martín Vizcarra encarna una contradicción que guía la política peruana. Muchos ciudadanos de este país consideran que la corrupción es uno de sus principales problemas, pero están dispuestos a votar por un líder fuerte –que haga las cosas– a pesar de que sea corrupto. ¿Cómo se explica la aprobación inusualmente alta con la que el expresidente se ha ido a casa, acusado de haber recibido sobornos? En términos de valoración ciudadana y percepciones sobre democracia, la respuesta parece estar detrás de aquella incoherencia.
Se trata de una idea que, además, desbarata el argumento central de vacar a un presidente por incapacidad moral. Se publicó en mayo de este año en el Barómetro de las Américas, un estudio de opinión pública diseñado por una universidad de Nashville, Tennessee, a cinco mil kilómetros del Perú: 8 de cada 10 peruanos que justifican tener un líder fuerte, aunque no cumpla las reglas para alcanzar sus logros, aprueban a Vizcarra. Una forma elegante de describir el criollo ‘que robe, pero que haga obra’.
Vizcarra es aprobado por una ciudadanía que cada año normaliza a los líderes presuntamente corruptos, según un sondeo de Proética del 2019. Usualmente, Perú registra apenas 27% de rechazo definitivo a actos concretos de corrupción. Sin embargo, la misma población que aprueba la presencia de un liderazgo capaz de pervertir su moral en servicio de sus resultados y lo tolera, también reconoce que la corrupción es el principal problema del país. La cifra que arroja el Barómetro al 2019 es de 36%, el porcentaje más alto de la región y cerca del doble del segundo lugar, Colombia (ver gráfico).
Esa bipolaridad es el pilar de un sistema democrático en crisis permanente. Pero que, pese a la crisis, engendra cada cierto tiempo figuras inusualmente queridas. Llamémoslo, a tono con los tiempos, ‘El fenómeno Vizcarra’. Un presidente que logró interpretar que la lucha anticorrupción era un gesto para la tribuna en un momento específico de la historia política del país. Por tanto, la abanderó en todo momento de su mandato: al asumir, al cerrar el Congreso e, incluso, al aceptar su vacancia sin más. Sin embargo, quizás Vizcarra no entendió bien el fenómeno que giraba –y lo impulsaba– a su alrededor.
¿El discurso o la acción?
El estudio de Vanderbilt University, en Tennessee, que genera cada dos años el Barómetro de las Américas, le daba a Vizcarra en el cierre de su gobierno una aprobación de 56%, cuatro veces más alta que a Toledo, García o Humala en las mismas circunstancias. El doble que Kuczynski. Todo ello a pesar de no contar con una bancada parlamentaria propia ni con un partido político que lo defienda. Lo dijeron también las encuestas de Ipsos Perú antes de la vacancia: 78% de desaprobación a retirar a Vizcarra del cargo.
Es sorprendente –desde la teoría y la historia– que un Congreso con una amplia desaprobación haya podido vacar a un presidente con índices tan altos de popularidad, comenta el analista político Félix Puémape. De hecho, es uno de los presidentes más aprobados de América Latina, según un recuento elaborado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP). A meses del fin de su gobierno, estuvo a la par de los presidentes de Argentina, México y Uruguay, y muy por encima de Brasil, Colombia, Chile o Ecuador.
Desde el inicio de su gobierno, y a diferencia de su predecesor Kuczynski, Vizcarra logró llegar a la gente con el discurso anticorrupción, en un universo dominado por el escándalo Lava Jato y con un mensaje dirigido a entender los reclamos populares y prometer satisfacerlos. Pero de ahí se derivan varias preguntas: ¿es el discurso anticorrupción lo único que explica su alta popularidad? ¿No se hubiera caído, entonces, tras revelarse presuntos sobornos en los mismos términos que se han revelado para sus adversarios políticos?
La relevancia de la corrupción en el escenario peruano es frágil. Si bien los ciudadanos la ven como un problema, una etiqueta negativa, no constituye la línea de fondo al momento de valorar a un político. “Las encuestas nos dicen que, en realidad, a la gente le importa más tener buenos servicios, buena economía personal y ver el trabajo realizado”, dice la investigadora Patricia Zárate, encargada del Barómetro en el Perú. El desencanto con la decisión de la vacancia no es, por tanto, un apoyo al discurso de Vizcarra, sino un descrédito natural por la figura del Congreso, el lugar donde más percibe la gente que no se toman decisiones en beneficio de los intereses de todos.
Las conclusiones del Barómetro incluyen una noción clara de que las personas no perciben tan cercana ni tan palpable la gran corrupción. Por ejemplo, para Zárate,la gente odia al Congreso no por corrupto, sino “porque [los congresistas] no hacen nada y ganan mucho dinero”. Lo de la corrupción es, apenas, un aliciente. En ese sentido, el sistema democrático está en deuda con la ciudadanía por la ineficiencia, más que por permitir el robo. En sencillo: solo los goles, así sean con la mano, ganan los partidos.
El ‘Fenómeno Vizcarra’ también se explica con la elección de su estrategia para gobernar. No tuvo una bancada llena de políticos sin capacidad de ejecución –los congresistas impopulares–, sino que gobernó con el apoyo de los gobiernos regionales y locales, de los militares y, por supuesto, de la ciudadanía. Formar un partido para que sea como el resto y no tuviera representación era una inversión que prefirió ignorar. “Para Martín, vale más tener el control sobre las personas que trabajar en equipo, menos con una figura como los congresistas con los que hay que dialogar”, comenta César Caro, ex asesor de Vizcarra en su gestión regional.
Para Vizcarra, era mucho más rentable (y práctico) en términos de imagen personal aliarse con figuras ejecutivas y dependientes del presupuesto público. Para qué meterse a negociaciones con el Congreso sí, según el Barómetro al 2019, la mitad de la población no apoya a la democracia y no se interesa por esa forma de hacer política. De hecho, Perú comparte los últimos lugares de la tabla en la región en estos indicadores, junto con democracias igual de frágiles como Bolivia, Guatemala y Honduras.
El surgimiento de liderazgos como los de Vizcarra se gesta en esas bipolaridades. En la desaprobación hacia un sistema que, por décadas, falla en entregar valores tangibles. Pero incluso así, para Zárate, ni siquiera puede hablarse de un apoyo masivo y tangible a un presidente como Vizcarra, por más popular que sea en las encuestas. “En la dirección que sea, la ciudadanía está desconectada de la representación que debería recibir de los políticos”, sentencia Zárate.
¿Al menos hace obra?
Hasta aquí, la lógica del ‘Fenómeno Vizcarra’ mandaría lo siguiente: para ser mayoritariamente aprobado como presidente hace falta oponerse férreamente a quienes nunca van a poder entregar resultados tangibles -los congresistas- y aliarse con quienes sí. La lucha contra la corrupción es una bandera útil (a nadie le gusta la corrupción), pero más retórica que práctica. Al final, lo que importa para ser querido es hacer cosas. ¿Vizcarra cumple con ese perfil?
En la pequeña región sureña de Moquegua hay una obra que carga con serios cuestionamientos por corrupción pero, al mismo tiempo, es también sinónimo de ineficiencia. Su trascendencia radica en que a Moquegua, con apenas 200 mil habitantes, le hace falta el agua. Sus ríos están secos por once meses cada año.
En 2013 Vizcarra, ingeniero de profesión y entonces gobernador regional, prometió a los moqueguanos un proyecto no tan complejo y barato a escala nacional, pero de gran simbolismo para la comunidad: trasladar el agua de este a oeste, entre las zonas altas y lluviosas, hasta la costa de Ilo. Una tubería larga de 60 kilómetros recorrería arenales por dentro de la tierra, con una capacidad de 900 litros de agua por segundo, hacia un reservorio que luego la distribuiría a 36 parcelas por otros 15 kilómetros, para generar agricultura en lo que siempre fue un desierto. Un milagro.
Pero el ingeniero no pudo dar nacimiento a su obra maestra. La gestión regional sucesora dio conformidad a la obra sin probarla, y colapsó meses después al tratar de hacerla operativa. El consorcio que hizo la obra, Obrainsa-Astaldi, deslinda hasta hoy el problema al gobierno regional. A la fecha, ya se han invertido cuatro más extras y más de 50 millones de soles -y contando- para tratar de hacerla andar.
Según todas las fuentes locales consultadas por Sudaca en Moquegua, entre periodistas, miembros del gobierno regional y ex trabajadores de Vizcarra, Lomas de Ilo era su obra más emblemática. La otra puramente suya, el hospital regional, tomó ocho años en terminarse y aún tiene cuestionamientos. El expresidente parece no tener nada más que mostrar en cuatro años de gobernador regional y otros tantos a la cabeza del Poder Ejecutivo. “Fue una gran decepción que no hiciera nada por su región”, señala César Caro, que acompañó al gobernador durante toda la gestión regional y lo siguió incluso hasta Palacio de Gobierno cuando fue vicepresidente.
A nivel nacional, le ocurrió algo similar. La gran oportunidad que tuvo PPK de demostrar su valía ante la población, con Vizcarra como vicepresidente y ministro de Transportes, fue la crisis de El Niño Costero. El Congreso opositor dejó que se destinaran miles de millones en recursos para reconstruir el norte y otras principales ciudades afectadas. “Pero el gobierno, conformado por líderes técnicos incapaces de gestionar a nivel regional lo que hiciera falta, no pudo conectar con las demandas de la ciudadanía”, recuerda Santiago Mariani, profesor de ciencias sociales y políticas de la Universidad del Pacífico.
A Vizcarra se le presentó un escenario similar en el 2020. Tras batallar por más de un año contra el Congreso opositor, logró disolverlo. Ya sin una oposición clara, la pandemia del COVID-19 parecía un momento ideal para conectar con la gente. Pero hizo todo lo contrario. Mariani propone dos grandes fallas. Primero, seis mil millones de soles invertidos en empresas grandes a través de Reactiva Perú y siete millones de personas desempleadas sin capacidad de reacción del Estado. Segundo, a pesar de que el discurso inicial fue que estábamos preparados para una pandemia por los éxitos macroeconómicos de años anteriores, el exceso de muertes del Perú ha superado los 60 mil.
Entonces, si Vizcarra tampoco ‘hace obra’, tampoco ejecuta, ¿cómo se explica su alta aprobación? El ‘Fenómeno Vizcarra’ ha mostrado que, en el escenario político actual, es más rentable oponerse a quienes no entregan resultados concretos que entregarlos uno mismo.La imagen de un político, pese a ser un mal gestor, puede tranquilamente construirse si el enemigo de turno es efectivamente peor. Y los congresos que le ha tocado enfrentar a Vizcarra han cumplido con esa premisa. Nuevamente: no por corruptos, sino por inútiles.
Lo que queda
Manuel Merino asume un gobierno que él mismo cataloga de transición. Aún así, su gobierno trae la incertidumbre típica de un accionar de bloqueo. Para Mariani, el hecho de que un poder del Estado haya decidido bloquear a otro es motivo suficiente para dudar sobre su proceder democrático. Y es que cuando hay dos poderes que fueron elegidos por la ciudadanía, que uno asuma la disolución del otro no puede interpretarse como una necesidad del pueblo.
Pero lo cierto es que ambos poderes se bloquearon mutuamente en un lapso histórico tan breve como un año. El golpe final, sin embargo, no es contra ellos. Lo más perjudicado es la representación social de la política, la institucionalidad de los partidos y la confianza en los procesos electorales. El golpe es hacia esa ciudadanía que en el 2019 nos convirtió, ante el Barómetro, en el país sudamericano con mayor tolerancia al cierre de un Congreso y a los golpes militares.
Hoy, miles de peruanos marchan en contra del Congreso y del nuevo gobierno, y no necesariamente a favor del ‘Fenómeno Vizcarra’. Un fenómeno gaseoso y sin sustancia, explicado netamente por oposición. La personificación de una paradoja vacía. En cambio, aunque parezca contraintuitivo, las marchas no son extrañas en el Perú. Nuevamente, el Barómetro da al país el segundo lugar de la región en cuanto al uso y aparición de manifestaciones sociales, solo detrás de Bolivia.
“Me retiro a mis labores de ingeniero y a revisar temas con mi abogado”, dice a los medios Vizcarra, el día siguiente a la vacancia. Se despide como un personaje que no encuentra mayores elementos para continuar en la lucha política. Deslegitimado en su bandera anticorrupción, desnudado en el fuero de su núcleo más cercano e incapaz de demostrar con cifras, obras u otros los logros de una administración de gobierno que se ha desvanecido de un día al otro. Así de endeble, como si nunca hubiera existido.
“El fútbol a sol y sombra” es un libro hermoso en el que Eduardo Galeano reseña –entre otras cosas– la historia de los Mundiales. Cada capítulo inicia con un contexto distinto. “Un atentado terrorista había derrumbado las Torres Gemelas”, dice para Corea-Japón 2002. “El mundo se quedaba callado de Frank Sinatra”, lamenta para Francia 98. Pero hay una frase que se repite, capítulo a capítulo, con obstinado sarcasmo, de los sesenta en adelante: “Fuentes bien informadas de Miami anunciaban la inminente caída de Fidel Castro”. Una caída que siempre iba a producirse “en cuestión de horas”.
Galeano usa esa muletilla para burlarse de un tipo de anhelo muy particular: algo que se vocea y vocea con persistencia, porque a algunos grupos políticos les sigue interesando que ocurra, pero que la mayoría de personas ya tiene claro que no va a ocurrir. Al menos, no según el sentido común. La trampa está en que hablar sobre un tema, así sea cada vez más improbable, lo mantiene vigente. En los últimos cinco años, un posible premierato de Ántero Flores-Aráoz se había convertido en eso: la caída del régimen de Fidel Castro.
Con cada renovación de Gabinete (que no han sido pocas en este gobierno), de algún lado llegaba el rumor de que uno de los voceados para ser primer ministro era el Dr. Flores-Aráoz. Alguien –quién sabe si él mismo– se encargaba de filtrar la información con la esperanza de que llegara a los círculos de prensa. Pero la prensa seria, y con el tiempo la otra también, terminó por entender que el rumor no tenía sustento. ¿Por qué alguien le daría el premierato a Flores-Aráoz en el 2020? El tema comenzó a verse como un chiste. “¿Y ahora quién va a la PCM? Ántero, seguro”.
Desterrado del PPC hace más de una década, Flores-Aráoz se había convertido en un político huérfano e incapaz de recuperar el capital electoral que en un momento –es cierto– sí tuvo. En las últimas elecciones, las del 2016, en las que postuló con el Partido Político Orden, quedó último con el 0,4% de los votos. Ni siquiera grabando el infame video del ‘Gato Fiero’ pudo conectar con una ciudadanía que ya parecía haberlo jubilado, sin que él se diera cuenta. En las redacciones de los principales diarios del país, incluso, ya existía un veto tácito a consultarle como analista. No por alguna tendencia ideológica particular, sino por esta honesta pregunta: ¿hoy a cuántas personas representa su opinión?
“[Winston] Churchill, en el Reino Unido, tuvo que ponerse adelante en momentos muy difíciles. Nadie mejor que él [Flores-Aráoz] para asumir un reto de esta naturaleza”, dice Luis Alfonso Morey, asociado en licencia de su firma de abogados y quien, como candidato a la alcaldía de San Isidro, propuso construir un muro alrededor de su distrito. Luego aclaró que se trataba de un “muro de valores”. En la carrera municipal del 2018, Morey obtuvo un porcentaje ligeramente superior al de Ántero en la presidencial: 1,9%.
Pero la soledad política de Flores-Aráoz no solo se ha reflejado en su juramentación unipersonal –algo que también le ocurrió al expremier Vicente Zeballos tras el cierre del Congreso–, sino en la creciente protesta callejera contra el gobierno que ahora representa. “No he visto violencia”, dijo en la mañana de ayer, ya ungido como premier. “Que [los manifestantes] se tranquilicen, pues”, pidió luego, ya sin poder cerrarle los ojos a la realidad. Horas después, la exministra de Salud Pilar Mazzetti le dio un portazo en la cara descartando –en medio de la pandemia– formar parte de su futuro Gabinete. Ántero la había estado llamando sin que ella le levantara el teléfono.
“Ha juramentado solo y con protestas cada vez más fuertes en la calle. Eso es digno de García Márquez. Ya ni siquiera es El otoño del patriarca, sino ‘El crudo invierno del patriarca’”, dice el psicoanalista Jorge Bruce. “Ántero no es un caso delirante y aislado. Sí representa todavía a una parte del pensamiento de la élite. Pero creo, y sin estar siendo demasiado optimista, que representa solo a la parte más atrasada”, asegura.
Flores-Aráoz ha tomado el premierato como representante de un sector de políticos que el electorado ha castigado en las últimas elecciones. Es sintomático, por ejemplo, que una de sus primeras entrevistas como primer ministro haya sido en UCI Noticias, entrevistado por Jorge Del Castillo, histórico dirigente aprista, pero cuyo partido obtuvo apenas 2,7% de los votos en las últimas elecciones congresales.
¿Por qué de ser presidente del Congreso, elegido congresista durante once años consecutivos, en ocasiones con más de 150.000 votos, Ántero Flores-Aráoz ha pasado a ser un político cuya toma de mando en PCM se considera una resurrección? La principal razón es, explica Bruce, lo que da origen al título de este perfil: su inocultable racismo.
Un lapsus que pinta un océano
Ántero es un político racista en una sociedad en la que el racismo todavía está profundamente arraigado. Con el auge global de la ‘incorrección política’, uno podría pensar que eso lo mantendría vigente. Sin embargo, su caso es distinto: el electorado peruano –aunque se trate de una sociedad que se sigue manejando en esos códigos– no premia la discriminación desde posiciones de privilegio. Por el contrario, la sanciona drásticamente. Si un candidato tiene aires de virrey y rechaza un chicharrón, no puede pretender tener éxito.
Durante décadas, Flores-Aráoz disimuló ese racismo con una imagen ‘criolla’ y ‘desvergonzada’, pero en los últimos años se le ha desbordado. “No entiendo cómo gente inteligente puede haber presentado esto […]. Si esto lo hubiera presentado Juan Pérez Mamani, de repente”, dijo en Ampliación de Noticias, en el 2018, al criticar la Ley Mulder sobre publicidad estatal. “Decir ‘los pueblos olvidados del Perú’, ¡no me jodan!”, dijo, cuando pensaba que la cámara no lo estaba grabando, al documental La Espera, que trata sobre el Baguazo. Su argumento: que es imposible llevar servicios básicos a todos los rincones del país, porque el dinero no alcanza.
Pero hay un episodio que describe con mucha más claridad el racismo de Ántero. Ocurrió en junio del 2006. El periodista Ramiro Escobar trabajaba en un programa de Canal N llamado ‘Sin Rodeos’, auspiciado por el Instituto de Defensa Legal (IDL). Por entonces se discutía la ratificación parlamentaria del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y el Perú. Desde la izquierda, una idea -cuya factibilidad era, es cierto, cuestionable- había surgido en el debate: convocar un referéndum para decidir si se debía ratificar el convenio bilateral.
Escobar -quien reconstruyó el episodio en diálogo con Sudaca– llegó al Congreso para entrevistar al entonces presidente de la Comisión de Constitución, Ántero Flores-Aráoz. Ya en su oficina, mientras el camarógrafo preparaba la toma y en las conversaciones previas a la entrevista, ocurrió el siguiente diálogo informal. El hoy premier hablaba bajo la seguridad de que, al no haber iniciado la entrevista, sus palabras no serían reproducidas. Esta es una transcripción literal que Escobar hizo pocos días después del incidente y que reafirmó para Sudaca:
—¿Y usted cree, congresista, que debe aprobarse el referéndum?
—Noo, ¿para qué? ¿Le vas a preguntar a las llamas y vicuñas sobre el TLC?
—¿Cómo dijo, congresista? ¿A quién se refiere con “llamar y vicuñas”?
—¿A quién? A la gente, pues
—Oiga, eso es insultante. Me está ofendiendo a mí y a numerosos compatriotas. Eso es ofensivo.
—Es mi opinión, pues, y por último no la estoy diciendo públicamente.
Escobar cortó la entrevista rápidamente y, por supuesto, no utilizó las declaraciones de Flores-Aráoz para su reportaje. Sin embargo, sí tomó una decisión periodística: revelar lo que el entonces congresista había dicho con el micro apagado. “[Flores-Aráoz] me miró como diciéndome tú me entiendes”, recuerda. Junto al conductor del programa, Hans Landolt, relataron el episodio y le hicieron un llamado público a la rectificación. Escobar, luego, también escribió una columna al respecto en Perú21.
El incidente tuvo repercusiones menores. Hace 15 años, la condena pública a los actos de racismo no era tan robusta. Pero Escobar sí recuerda una anécdota: frente a la firma de abogados de Flores-Aráoz, en Corpac, San Isidro, se convocó una manifestación de la que participó una llama. “La habrán conseguido de la [universidad] Agraria. El caso es que le pusieron un cartelito que decía ‘yo también quiero opinar sobre el TLC’ o algo similar”, cuenta.
Como toda persona racista, Ántero ha negado varias veces serlo. También lo han hecho sus allegados, como Morey. “No tiene el más mínimo grado de consciencia de que encarna el racismo más rancio de la sociedad peruana, porque lo reitera una y otra vez. Lo vuelve a hacer con lo del Baguazo, por ejemplo. Ahora, que él se niegue a entender la realidad de su desprecio o el daño que hacer es problema suyo. Lo asombroso es que lo nombren primer ministro”, dice Bruce, quien analiza el episodio de las llamas y las vicuñas en su libro “Nos habíamos choleado tanto”.
En una entrevista con Fernando Vivas, para El Comercio, Ántero ha intentado maquillar lo inmaquillable, diciendo que sus palabras fueron mal interpretadas. Asegura que se refería a las llamas tanto como a las piedras. “Mis padres eran quechuablantes y de la sierra. Así que eso, a mí, particularmente, me agredió. Me acordé de mi vieja, de mis abuelos. ¿Cómo me va a decir una cosa así?”, dice Escobar.
No hace falta explicar la grieta que un discurso como ese abre en la psicología colectiva de los peruanos. Sin embargo, para que quede claro que este perfil no es un recuento ‘moralista’ de hechos, sino uno pragmático, vale explicarlo. “Desalienta cualquier espíritu de cambio y genera un sentimiento de desasosiego profundo en los ciudadanos. Estos se retraen de la vida pública porque dicen ‘si nuestros dirigentes dicen eso, ya qué nos espera’”, dice el psicoanalista Bruce. Reciclar políticos abiertamente racistas aleja a los peruanos aún más de la política. Y esa desconexión ha explicado mucho de lo que hemos visto en los últimos cuatro años.
“Pero me preocupa aún más que muchas personas terminen por autodiscriminarse. Es una figura como la del niño que sufre porque su padre es violento, pero trata de entender por qué lo hace. Luego, termina creyendo que hay algo de cierto. Eso genera atraso cultural, social y un daño psicológico profundo. Ah, y también atraso económico, por supuesto”, agrega Bruce. Un país con ciudadanos que no se reconocen como iguales a sus dirigentes está condenado al fracaso.
“Mi propósito no es atacarlo, sino hacer notar algo que ocurrió y que se debe tomar en cuenta cuando alguien toma el poder. No puedes decir eso y tratar de gobernar un país, resolver cosas importantes para la sociedad”, dice Escobar.
Defensor de universidades denegadas
El fracaso político del 2016 obligó a Ántero a recluirse en su trabajo como jefe de una firma de abogados que lleva su apellido. En la arena pública, se mantuvo como columnista del diario Exitosa. Hasta que resucitó como premier. Dado el nuevo poder que ahora tiene sobre el devenir institucional del país, es necesario cerrar este perfil con unos renglones sobre un tema clave: su posición sobre la reforma universitaria. Una que ha esgrimido en por lo menos media docena de columnas y otros tantos pronunciamientos públicos.
Para Flores-Aráoz, la reforma universitaria ha ‘discriminado’ a las universidades privadas denegadas, muchas de las cuales no cumplieron con ninguna de las ocho condiciones básicas de calidad que evalúa la Sunedu. “Ha habido un doble rasero. Por un lado, a las universidades públicas no licenciadas se les dio otra oportunidad, que se la han negado a las privadas. Vamos a tener un cuarto de millón de estudiantes en la calle”, le dijo a TV Perú en el 2019.
Este argumento se desprende del Decreto Supremo 016-2019, emitido por el gobierno del expresidente Vizcarra, en el que se obliga a las universidades públicas denegadas -solo dos, hasta octubre último- a elaborar un plan de emergencia, reorganizarse y volverse a presentar al licenciamiento. También se las sanciona si no lo superan en la segunda oportunidad.
Como han analizado los abogados Wilder Oyola y Diego Méndez para el portal jurídico IUS 360, el decreto no es discriminatorio porque también permite a las universidades privadas no licenciadas (48) hacer lo mismo, solo que sin el financiamiento ni acompañamiento del Estado. “Por su naturaleza, las normas del citado DS no son aplicables a estas universidades, puesto que se trata de sujetos privados, financiados con sus propios fondos y que se rigen por decisiones de sus órganos. Así, como ha señalado el Tribunal Constitucional, el principio de igualdad exige tratar igual a los que son iguales y distinto a los que son distintos. Se trata de personas jurídicas de distinta naturaleza”, aseguran ambos juristas.
Sin embargo, Ántero ha repetido el discurso de la discriminación. Uno que, coincidentemente, también ha esgrimido con fervor la Universidad Privada Telesup, de José Luna Gálvez, también fundador de Podemos Perú. De hecho, Morey ha sido el asesor jurídico de Telesup en todo este proceso, que incluyó una medida cautelar ganada en un juzgado de Bagua.
Morey asegura haber tomado el caso de Telesup ‘a título personal’. Para ello, dice, pidió licencia del estudio Flores-Aráoz. “Es como un profesor universitario que no está dictando clase. No estoy viendo ningún caso con el estudio, pero formo parte de él como abogado asociado”, aseguró a Sudaca. “En el seno del estudio estuvimos todos de acuerdo que por lo mediático del tema iba a hacer la defensa [de Telesup] de forma individual”, agregó. Según él, que el nuevo premier tenga el mismo discurso que Telesup -el cual reafirmó a medios ayer- es simple coincidencia de posiciones.
El tema cobra aún más relevancia porque apenas al día siguiente de la caída de Vizcarra, el 10 de noviembre, poco antes de que juramentase el nuevo primer ministro, Telesup envió una carta notarial al superintendente de la Sunedu, Oswaldo Zegarra. En la carta, argumenta por qué la medida cautelar de Bagua –luego revertida– sigue vigente y le da 24 horas a la entidad para aplicarla. Es decir, para imterrumpir el proceso de cierre de Telesup y restituir su derecho a admitir alumnos.
Lo sintomático del documento, sin embargo, son sus últimos párrafos. Con inusitada confianza, el gerente general de Telesup, Luis Felipe Luna Morales, amenaza a Zegarra con denuncias penales y le dice que -todo este tiempo- la Sunedu se ha aprovechado de una “posición de dominio” porque tenía el “respaldo del gobierno” de Vizcarra.
A renglón seguido, Luna Morales asegura –sin miramientos– que “una vez que su posición de dominio y respaldo gubernamental haya llegado a su fin, conforme el devenir político del país”, Telesup recuperará su supuesto derecho a seguir operando. Así las cosas, Flores-Aráoz, doctor honoris causa por Telesup, y Manuel Merino, nueva cabeza del Ejecutivo, deberán definir si, de cara a la creciente ola de protestas callejeras, apoyarán públicamente a la Sunedu como ente rector del proceso de reforma universitaria.
El personaje clave de la investigación por presunto lavado de activos a Keiko Fujimori ha firmado, finalmente, un acuerdo de colaboración eficaz. En noviembre del 2018, poco después de que José Domingo Pérez sustentara un pedido de prisión preventiva en su contra, Jorge Yoshiyama Sasaki -el sobrino de confianza de Jaime Yoshiyama- empezó una serie de confesiones ante el equipo especial de fiscales que investiga los presuntos aportes ilícitos a Fuerza 2011. Pero hasta hace diez días esas delaciones -aunque muy mediáticas- eran solo dichos no corroborados de un aspirante a colaborador. Hoy están a punto de convertirse en herramientas poderosas para un próximo juicio.
A lo largo de dos años, Yoshiyama no solo ha dado testimonios reveladores que implican a Keiko Fujimori, sino también documentos valiosos para el progreso de la investigación. Aseguró, por ejemplo, que Fujimori sabía sobre los aportes a su campaña de la corrupta constructora Odebrecht, y que fue ella misma quien le pidió conseguir los falsos aportantes para ocultar el dinero. También que ella organizó la estrategia de presión a los testigos para que den versiones falsas a la fiscalía. Todo esto, por supuesto, ha sido negado por la ahora nuevamente candidata presidencial.
Pero Yoshiyama Sasaki ha hecho más que solo hablar de Fujimori. Con sus delaciones, la fiscalía ha podido corroborar la tesis del ‘pitufeo’ como herramienta para ocultar aportes en Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular. Por encargo de su tío Jaime, que era secretario general del partido, Jorge Yoshiyama fue el nexo entre los aportantes fantasma y la cúpula de la presunta red criminal encargada de camuflar el dinero de Odebrecht. Yoshiyama se ha ocupado de desentrañar ese esquema de presunto lavado ante la justicia.
Toda su información ya ha sido corroborada por la fiscalía mediante documentos y otros testimonios vinculados al caso. Esa es una de las condiciones para que un aspirante a colaborador pueda firmar el acuerdo que le garantizará, a cambio de la información que brinda, beneficios frente a una posible condena.
Sudaca confirmó que el fiscal Pérez suscribió dicho documento con Yoshiyama el pasado 22 de octubre. El equipo especial ha dispuesto levantar la reserva de su identidad. Para que sus delaciones sean usadas como prueba en el próximo juicio, solo falta que un juez evalúe el convenio y emita una sentencia.
El cuaderno de colaboración fue enviado al Cuarto Despecho de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Víctor Zúñiga Urday, el pasado viernes alrededor de la 1:30 de la tarde. Siete horas después, Keiko Fujimori anunciaba la inscripción de su precandidatura presidencial a través de su cuenta de Twitter. Irá acompañada por el excongresista Luis Galarreta y por la ex teniente alcaldesa de Lima Patricia Juárez.
La documentación enviada al Poder Judicial contiene los hechos delatados por Yoshiyama y los actos de corroboración ejecutados por la fiscalía. Zúñiga será el encargado de evaluar, en audiencia reservada, la información entregada por Yoshiyama respecto a los beneficios que obtiene. De ratificarse el acuerdo, se convertirá en uno de los varios colaboradores eficaces en la investigación a Fujimori.
Entre el resto de testimonios, sin embargo, el suyo tiene un papel preponderante. Mientras que en la declaración de un falso aportante o alguien cercano a la cúpula de la organización solo se puede escudriñar uno de los flancos del esquema de ‘pitufeo’, Yoshiyama conocía los dos. Al haber sido el nexo entre aquellos y ésta, según sus propias revelaciones, se convirtió en el eslabón más importante de la cadena de presunto blanqueo de dinero.
Un rosario de revelaciones
“Mi tío (Jaime Yoshiyama) me indica si tuviese amigos con solvencia económica para poder simular aportes a la campaña del partido Fuerza 2011”, confesó Yoshiyama en el 2018. Luego, dijo que su tío Jaime “tenía dinero de empresarios” entregado en efectivo para la campaña, pero que estos “no deseaban aparecer públicamente”. El fiscal Pérez consideró ese como un “momento cumbre” en la investigación.
Tras conseguir a los falsos aportantes, Yoshiyama contó cómo concretó la operación de supuesto blanqueo. “Voy nuevamente a la casa de mi tío, a quien le indico que tenía un amigo que me va a ayudar. Es en ese momento que mi tío me conduce al costado de su dormitorio principal y me lleva al closet, donde había una caja fuerte, y sacó varios fajos de dólares por la suma de US$100 mil aproximadamente. Me los dio en una bolsa de plástico y me entregó unos recibos de aportaciones de Fuerza 2011. En ese momento me entregó el número de cuenta del banco Scotiabank, donde debían realizarse los depósitos a nombre de Fuerza 2011”, dijo. Esos primeros falsos aportantes habrían sido, según Yoshiyama, Giancarlo Bertini y Erick Matto Monge.
Pero su siguiente testimonio sería más poderoso aún. En noviembre de 2019, Yoshiyama señaló directamente a Keiko Fujimori. Aseguró que ella sí sabía que, para la campaña presidencial del 2011, su partido había recibido presuntos aportes de Odebrecht. Dijo que su tío se lo había confesado en confianza durante la segunda mitad del 2015.
“Fuente: Andina”
“Tanto Jaime Yoshiyama como Keiko Fujimori sabían que sí había dinero donado por la empresa Odebrecht a Fuerza 2011 para la campaña electoral. Y es que en una visita familiar que hice a la casa de Jaime Yoshiyama, él me informa que ha hablado con Keiko Fujimori y que ella le dijo: ‘Jaime, por si acaso, debemos afirmar que no hemos recibido ningún aporte de Odebrecht, hay que negar todo en relación a esta campaña y su relación con nosotros’”, reveló el aspirante a colaborador.
Yoshiyama también declaró que Keiko Fujimori, junto a los abogados del estudio de Arsenio Oré Guardia, tenían interés en que los falsos aportantes no digan la verdad a la fiscalía. “La estrategia era buscar el archivamiento de la investigación por lavado de activos convenciendo o presionando a los falsos aportantes para que mientan y se ratifiquen como verdaderos”, señaló.
Pero la delación no se quedó en el 2011. Según Yoshiyama, cuyo segundo testimonio Sudaca revisó en su totalidad, Keiko Fujimori le pidió buscar personas para simular aportes también en la campaña del 2016. “Ella me pide buscar falsos aportantes para el partido Fuerza Popular, me manifiesta que lo haga como lo hice en el año 2011”, aseguró.
Y vendría más: Yoshiyama también vinculó a miembros del “Club de la Construcción” con Keiko Fujimori. Según informó IDL-Reporteros, en diciembre del año pasado contó a la fiscalía cómo varios empresarios de dicho cártel realizaron aportes en efectivo para la campaña electoral de 2016. La excandidata presidencial le había pedido buscar empresarios para que donen US$10 mil cada uno.
El primero al que contactó fue Federico Aramayo Málaga, hijo de Federico Aramayo Pinazo, dueño de la compañía Aramsa Contratistas Generales, quien consiguió convocar -entre otros- a Ernesto Tejeda, de Obrainsa. Esta constructora, según otro aspirante a colaborador eficaz que declaró ante el fiscal Germán Juárez, habría pagado una coima de US$1 millón al presidente Martín Vizcarra cuando era gobernador regional de Moquegua.
Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, ha rechazado en diferentes ocasiones las declaraciones de Yoshiyama y ha sostenido que existen contradicciones respecto a lo que ha dicho sobre el origen del dinero.
Extraños mensajes
Mientras que el despacho del fiscal Pérez avanzaba con la corroboración del proceso de colaboración eficaz, en febrero pasado, el número personal de Yoshiyama recibió extraños mensajes de Whatsapp. Un celular no identificado le pedía depositar S/10 mil a una cuenta bancaria si quería que el fiscal cambiara la dirección del proceso. “10 mil a esta cuenta y jdp limpia tu caso”, decía el primer envío.
Días después, el mismo número insistió y le pidió una respuesta. “Confirma si lo harás para informar arriba, me está preguntando”. Jorge Yoshiyama no respondió y un tercer mensaje le fue enviado. Esta vez, le planteaban pagar incluso menos de los S/10 mil solicitados en un inicio. “El doctor me está indicando si gustas hacer un depósito menor y luego en la semana recibirás un mensaje a través de la prensa, indicando que tus posibilidades de recibir una sentencia de inocente son altas por el compromiso de hablar con los fiscales”, le escribieron.
Conocido este hecho, el equipo especial dispuso identificar quién o quiénes enviaron los mensajes al aspirante a colaborador eficaz, y solicitó levantar el secreto bancario de la cuenta de ahorros que se le remitió a Yoshiyama. La operadora de telefonía Claro informó a la fiscalía que la titular de la línea era Miriam Giovanna Lozano Espinoza, mientras que el Banco de Crédito del Perú reportó que la cuenta (una cuenta sueldo) correspondía a David Pin Orihuela. Indicaron que se abrió a solicitud de la Compañía Universal Textil, empresa que forma parte del Grupo Romero.
Un informe del Departamento de Investigaciones Especiales DIVIAC-DIRNIC de la Policía Nacional determinó que Miriam Lozano y David Pin son convivientes y residen juntos en el Callao. Pese a que desde el número telefónico de uno se proporcionó la cuenta bancaria del otro, Pin Orihuela aseguró a Sudaca que le habían robado el celular a inicios de año, y que recién pudo recuperarlo entre marzo y abril. Como era esperable, negó haber enviado los mensajes.
“No tengo relación con ningún partido. Alguien ha hecho uso indebido de mi celular, y también de mis redes sociales, sería irresponsable que desde mi propio teléfono extorsione o amenace a alguien”, señaló. Ninguno de los dos aparece como aportante de Fuerza 2011 ni está inscrito como afiliado. Con la información recopilada, el fiscal Pérez ha presentado el último lunes una denuncia ante la fiscalía anticorrupción para que se determinen responsabilidades y motivaciones detrás de los mensajes.
Pero más allá de ese hecho, cuya investigación seguirá curso para determinar si se trata o no de un intento por quebrar el proceso de colaboración, Yoshiyama tendrá por delante meses cargados. Como ocurre con el acuerdo de colaboración eficaz de Odebrecht, además de declarar en el juicio, el empresario se ha comprometido a seguir brindando información en las investigaciones contra el fujimorismo. Con Keiko Fujimori nuevamente en carrera por la presidencia, se viene movimiento en la arena judicial.
En el 2019, el gobierno de Martín Vizcarra cuadruplicó el presupuesto de apertura de Pasto Grande y, con ello, dotó a Lomas de Ilo de inusuales S/ 22 millones. Poco tiempo después, la mitad de aquel monto fue girado al consorcio Obrainsa-Astaldi para el pago de laudos arbitrales. Hoy, un aspirante a colaborador eficaz acusa al presidente de haber recibido S/1 millón en coimas de ambas compañías. Lomas de Ilo, la obra ‘estrella’ de Vizcarra cuando fue gobernador regional, sigue inoperativa.
Para los moqueguanos, Pasto Grande es tan emblemático como Machu Picchu. Pero el enorme proyecto de irrigación, que lleva agua a más de 7 mil hectáreas de ese pequeño departamento, tiene un problema. Su problema se llama Lomas de Ilo. Gestionada en el 2013 por el entonces gobernador, Martín Vizcarra, y construida por el consorcio italoperuano Obrainsa-Astaldi, la ampliación ‘Lomas de Ilo’ debía canalizar el agua de Pasto Grande hacia las tierras de la zona costera de Moquegua en el 2014. Todavía no lo ha hecho, porque colapsó en la primera prueba.
Pero, increíblemente, ese no es meollo del asunto. Una edificación inútil, mal construida y vinculada a presuntos sobornos ya no resulta extraña en el Perú. Lomas de Ilo sería apenas un renglón perdido en la larga lista de obras vinculadas a corrupción si no fuera por ese apellido: Vizcarra. Su principal impulsor hasta hoy. Desde que asumió como presidente, el gobierno central ha aumentado los recursos para el proyecto de infraestructura más mimado de su gestión regional. Aquel por el cual hoy un aspirante a colaborador eficaz lo acusa de corrupción. ¿Por qué? Sudaca viajó hasta Moquegua para encontrar la respuesta.
El 2019 fue el primer año en el que el gabinete de Vizcarra pudo armar el proyecto de presupuesto público y decidir en qué se gastaría el dinero del Estado. Eso se vio claramente reflejado en las partidas destinadas a Moquegua. Luego de tres años sin presupuesto de apertura, Lomas de Ilo abrió el 2019 con uno inusualmente alto: S/22 millones. La cifra es más extraña aún si se observan los montos que esa obra había ejecutado en el 2018: apenas S/3,7 millones, conseguidos sobre la marcha. ¿Por qué necesitaría siete veces más dinero una edificación que todavía no puede empezar a operar?
Hasta el cierre de este informe, el Ministerio de Economía (MEF) no respondió a esa pregunta, alcanzada por Sudaca desde Moquegua.
La partida de Lomas de Ilo fue, a su vez, parte de los más de S/ 61 millones que recibió todo el proyecto Pasto Grande para el 2019, la gran mayoría provenientes del gobierno central. Una cifra que cuadriplicó su presupuesto del año previo y que las autoridades regionales de ese entonces aseguran no haber solicitado. Se trata, de hecho, de la asignación presupuestal más alta en los 16 años que el GORE Moquegua ha administrado el proyecto.
“Recibimos S/ 61 millones de parte del MEF a pesar que nosotros habíamos considerado menos para Pasto Grande. Ellos no especificaron en qué actividades usar ese dinero, por lo que consultamos si podíamos moverlo a otras partidas donde hubieran servido más. La sectorista del MEF me dijo que la Directora General de Presupuesto Público [entonces, María Antonieta Alva] había destinado ese presupuesto específicamente a Pasto Grande, que el dinero tenía nombre propio [el del proyecto] y que no se podía dar a ninguna otra unidad ejecutora”, dice William Pineda exjefe de planeamiento y presupuesto del GORE Moquegua.
Pasto Grande tiene un presupuesto que solo aumenta significativamente cuando se va a realizar una nueva obra. Por ejemplo, entre el 2008 y el 2009, se triplicó para la construcción de la conducción Jaguay Rinconada. Algo parecido ocurrió entre el 2013 y 2015 para levantar las fallidas Lomas de Ilo. Pero en el 2019 y el 2020 Pasto Grande no tiene especificada ninguna obra nueva en particular. Ricardo Tapia, ingeniero agrónomo con más de 40 años trabajando en actividades vinculadas al proyecto, asegura que ya no hay obras de gran envergadura contempladas para inversión. Solo proyectos pequeños.
¿Qué ocurrió, entonces, con la inusual cantidad de dinero que entró a Lomas de Ilo, a través de Pasto Grande? Parte importante terminó siendo girada al consorcio Obrainsa-Astaldi, conformado por dos empresas que, según un aspirante a colaborador eficaz, habrían pagado S/1 millón en coimas a Vizcarra para adjudicarse aquella obra.
Laudos, laudos y más laudos
Para entender mejor ese giro de dinero hace falta irse unos años para atrás. Durante su gestión como gerente general de Pasto Grande, entre el 2017 y el 2018, el ingeniero Johan Vilchez intentó que el GORE de Moquegua no pague los cerca de S/ 11 millones en arbitrajes que dicho consorcio les había ganado en el 2016. Todos derivados de la construcción de las Lomas de Ilo. Así lo demuestra un informe que Vílchez presentó a la Contraloría, en el que solicita una inspección detallada de la obra para evaluar “los contratos hechos con empresas investigadas” y las “tamañas deficiencias en el proceso constructivo”.
En su informe, Vilchez también detalla que al menos cinco de los siete arbitrajes perdidos serían, en realidad, responsabilidad de la empresa contratada para elaborar el expediente técnico y para supervisar la obra: ATA, del exministro de Agricultura José Hernández. De hecho, entre el 2015 y el 2018, Pasto Grande judicializó los laudos y buscó reducir el importe total a pagar. No tuvo éxito. Así, una obra que se licitó en S/80 millones, que costó finalmente S/ 92 millones y que está inoperativa, terminó -además- debiéndole al consorcio constructor un saldo adicional por arbitrajes perdidos.
“Como nos denegaron la nulidad de los arbitrajes y la Contraloría no respondía, intentamos levantar inspecciones para abrir laudos arbitrales [de nuestro lado] que superen el monto que habíamos perdido. Pero para eso se necesita presupuesto, la partida de Lomas de Ilo no tenía dinero asignado [en el 2018] y se nos acabó el tiempo de pedir transferencias”, señala Vilchez. En el 2018, el ingeniero se reunió con Vizcarra para pedirle un presupuesto mayor para Pasto Grande. Le dijo, asegura, que necesitaba apenas S/14 millones. Vizcarra no atendió su solicitud.
“Reunión de julio del 2018 entre el ingeniero Johan Vílchez, entonces gerente de Pasto Grande, y el presidente Vizcarra. Acompañan personajes del círculo moqueguano”
La intención del presidente, según Vílchez, era que Pasto Grande pasase a ser administrado por el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri). Algo improbable dada la importancia del proyecto para la región. “Es como si a Cusco le quitaran Machu Picchu para que lo administre otro”, dice el ingeniero Tapia. Recién cuando quedó claro que eso no ocurriría, llegó el grueso aumento presupuestal. Los modestos S/14 millones pedidos por Vílchez fueron cuadruplicados. Pero el ingeniero, que era reacio a pagar los arbitrajes perdidos, ya no estaría para administrarlos.
Pese a haber hecho caso omiso al pedido de ampliación presupuestal de Vílchez en el 2018, apenas el Poder Judicial emitió sentencias negando los argumentos presentados por Pasto Grande, en julio de ese año, el MEF corrió a agendar el presupuesto sobredimensionado del proyecto para el 2019, que terminó en el pago de los laudos a Obrainsa-Astaldi. Según fuentes de esta entidad, el proyecto de ley de presupuesto del año por venir se cierra, a más tardar, entre julio y agosto. Abogados especialistas en arbitrajes explicaron a Sudaca que, si bien por norma un fallo arbitral debe ser ejecutado inmediatamente, en la práctica es muy extraño que el Estado tramite estos pagos con tanta premura. De hecho, normalmente una empresa que busca cobrar un laudo al sector público debe esperar algunos años.
En enero del 2019, el GORE Moquegua fue asumido por el profesor Zenón Cuevas, y Vilchez fue reemplazado. Según periodistas regionales, Vizcarra apoyó abiertamente a Cuevas en su primer intento por llegar a la gobernación de Moquegua, en el 2014. Cuando Vizcarra disolvió el Congreso el año pasado, Cuevas lo celebró con un evento en la Plaza de Armas de su ciudad. Ambos, en el 2008, fueron líderes vitales del llamado ‘Moqueguazo’.
A los pocos meses de la gestión Cuevas, en agosto, David Espinoza, nuevo gerente general de Pasto Grande, le dijo al medio regional Telesur Expresión que ahora sí estaba previsto el pago de los arbitrajes ganados por Obrainsa-Astaldi. Al ser consultado sobre de dónde había presupuesto para pagarlos, Espinoza declaró que había llegado dinero del MEF con la indicación explícita de que sea destinado a eso. En conversación con Sudaca, Espinoza aseguró que en su declaración se referió a indicaciones establecidas en documentos heredados de la gestión anterior.
Ese mismo agosto, Pasto Grande devengó casi S/ 11 millones en favor del consorcio Obrainsa-Astaldi para atender el pago de los arbitrajes. El dinero salió de la partida de Lomas de Ilo llamada “Ampliación de línea de conducción de sistemas de riego”, con función agropecuaria. Apenas un mes después, en septiembre, hubo escándalo en Moquegua: se publicaron audios del entonces gerente del GORE, Alberto Jiménez, en los que instaba al gerente de asesoría legal de Pasto Grande, Wilfredo Zapata, a que firme y publique la resolución de pago de los laudos. Todo bajo la excusa de aumentar el nivel de ejecución del proyecto.
Jiménez fue cesado de su cargo tras el barullo político, pero el dinero, en varios cheques, finalmente fue girado.
Girados pero no pagados
Desde hace dos meses hay un nuevo hombre fuerte en Pasto Grande. Se llama Agapito Mamani. Hasta el cierre de esta nota, él optó por no brindar las declaraciones solicitadas por Sudaca. El actual gerente del proyecto de irrigación había dicho en una entrevista al diario Prensa Regional que su prioridad será “las Lomas de Ilo”. Mamani fue gerente regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente en el GORE Moquegua durante los cuatro años de la gestión de Vizcarra. Luego se ha desempeñado como parte de la mesa de diálogo para el Ministerio de Energía y Minas (MEM) frente al proyecto Quellaveco, durante la presidencia de Vizcarra. “Mamani es parte del personal de confianza del presidente”, asegura una fuente que ha sido muy cercana al mandatario durante casi una década.
A la designación de Agapito Mamani la acompaña la de Edmer Trujillo, el amigo de Vizcarra que -pese a sus interminables críticas por su labor al frente de dos ministerios- sigue rondándolo en distintos puestos de la administración pública. Trujillo ha sido contratado por el Ministerio de Agricultura para realizar una asesoría en el desarrollo de Lomas de Ilo, y en setiembre fue destacado a Moquegua con un contrato de servicios por S/ 30 mil. Así, las conexiones de Vizcarra en Pasto Grande, el proyecto que lo obsesiona desde que lo presidió cuando tenía 26 años, a finales de los ochenta, son cada vez más fuertes.
Desde el inusual aumento de presupuesto en el 2019 hasta hoy, alrededor de S/60 millones han sido designados a actividades relacionadas con Lomas de Ilo, un proyecto entregado hace tres años pero que no está operando. Además del pago de los laudos arbitrales a Obrainsa-Astaldi, se ha usado dinero para el saneamiento físico legal, infraestructura extra por la duplicación de parcelas en el área de distribución de la irrigación, los rescates arqueológicos en los terrenos vendidos, que no se contemplaron como parte del proyecto inicial y que ya llevan extrayendo más de 150 momias del subsuelo de Ilo (con una inversión de más de S/15 millones), entre otros.
Según información del consejero regional Luis Miguel Caya, para el 2021 se habría separado ya una partida presupuestal de más de S/ 50 millones de soles a ser invertidos en Pasto Grande. De estos, se volverían a considerar altos recursos para Lomas de Ilo. En otras palabras, además del especial interés por pagar los laudos arbitrales, el gobierno de Vizcarra parece francamente convencido de que puede arreglar el desastre que dejó cuando estuvo en el GORE.
Pero aquí una sorpresa: el dinero para pagar los arbitrajes llegó del MEF para Pasto Grande, y fue devengado y girado en favor de Obrainsa-Astaldi, pero estas compañías aún no pueden cobrarlo. ¿Por qué? El 20 de enero de este año, Wilfredo Zapata, el exgerente de asesoría legal de Pasto Grande, elaboró un informe en el que asegura que no procede el cobro porque el consorcio no tiene los mismos representantes legales que cuando solicitó los arbitrajes. En su informe, Zapata le dice a Obrainsa y Astaldi que pidan el dinero por la vía judicial. Mientras, la plata ha sido depositada en una cuenta intangible a la espera de ser cobrada.
El argumento de Zapata carece de sustento legal, pero él parece ser el único funcionario con interés en frenar (o demorar) el desembolso a una empresa investigada por el caso Club de la Construcción. Hoy ha pasado a ser asesor legal de todo el GORE Moquegua. “Lo que debe hacer la empresa es enviar el caso a un juez que certifique la validez de los representantes legales, para que se cumpla el pago de las deudas”, comenta el abogado experto en arbitrajes, Carlos Valderrama.
Pero antes de acudir a la justicia, Obrainsa-Astaldi recurrió el 30 de julio pasado al Minagri. En una carta expedida ese día, dirigida al titular del despacho, José Luis Montenegro, el consorcio le expone todos los argumentos por los cuales asegura que debe cobrar el dinero. El ministro Montenegro reenvió el pedido al gobernador Cuevas el 19 de agosto. El consorcio ha decidido presionar al GORE a través del Ejecutivo.
Mientras, Zapata ha dejado Pasto Grande, hoy copado por personajes cercanos al presidente. El dinero de los laudos arbitrales -que según los exfuncionarios entrevistados por Sudaca fue específicamente destinado para eso por indicación del MEF- ya ha sido girado. Revertir su desembolso, demorado por Zapata, es teóricamente imposible. Lomas de Ilo, con crecientes montos de asignación presupuestal, sigue paralizada. Una nueva moción de vacancia, por el presunto pago de coimas al presidente, ha sido admitida en el Congreso. Y los agricultores del valle de Ilo -los que realmente deberían importar- siguen preguntándose por qué la prometida ampliación de la frontera agrícola de su región sigue postergándose.
No es que no se sepa ya que la Policía normalmente sirve a los intereses de quienes dictan las órdenes. No es, tampoco, que no se hayan visto antes episodios de injustificada violencia en marchas y protestas pacíficas. Ayer, sin embargo, la Policía dejó claro algo: su cara más ruin ha empezado a perder la vergüenza. Y bajo esa premisa, el escenario que le espera al país parece cada vez más oscuro.
¿Cómo no reprimir sin pudor, si la única respuesta de la que parece capaz Manuel Merino es esa? ¿Y qué más se puede esperar de la Policía si el nuevo premier, Ántero Flores-Aráoz, pertenece a una casta de políticos absolutamente desconectados de la realidad? Hoy por la mañana, incluso, el premier ha agradecido al cuerpo policial por su deshoronsa labor de anoche. “Lamentablemente muchas veces no se comprende que a igual que los civiles tienen derechos humanos, los policías también los tienen. En mí encontrarán siempre un defensor”, les dijo.
El miércoles, incluso, ya se habían producido detenciones arbitrarias en las primeras movilizaciones en Lima. Sin embargo, para el jueves 12 de noviembre la Policía tenía preparada una estrategia mucho más dura. Un ejemplo: a las ocho, cuando los manifestantes estaban detenidos en la Av. Abancay, cruce con el Jirón Leticia, la Policía empezó a gasearlos desde tres frentes distintos. Las bombas lacrimógenas no fueron usadas para dispersar a los manifestantes, sino para acorralarlos. Y para atacarlos cuando no tenían salida.
El fotógrafo de El Comercio Alonso Chero fue herido por la espalda con un perdigón. Al periodista Alonso Balbuena, de Ojo Público, le reventaron la pierna con una lacrimógena. Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos hay, por lo menos, cuatro periodistas heridos tras la marcha de ayer. Atacar a la prensa es un signo inconfundible de que un gobierno ha perdido el rumbo democrático. Desde Sudaca condenamos abiertamente este inaceptable comportamiento.
