Informes

Ya todos aparecieron, pero durante la madrugada del domingo parecía imposible ubicar a 74 ciudadanos. Ellos estuvieron entre los miles que el sábado 14 marcharon contra el ya derrocado gobierno de Manuel Merino. Esa misma noche, prendida la alarma entre sus familiares y amigos, empezaron a circular avisos con sus nombres que acusaban su desaparición.

Inmediatamente, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) elaboró una lista de personas no ubicadas. El documento se difundió por distintas vías y se actualizó conforme estas iban apareciendo. El fantasma de los años de violencia política hace de este un tema extremadamente delicado en el país. ¿Cómo vivieron auqellas horas las personas cuyo nombre apareció bajo la etiqueta de ‘desaparecido’? Sudaca conversó con diez de ellos.

Una batalla campal

La marcha fue convocada para las 2 de la tarde en la Plaza San Martín. Diego Ojeda, estudiante de música, estuvo ahí alrededor de las 5. También Derrick Adrianzén, quien llegó junto a varios amigos. Por algunas horas todo estuvo bien. Tras el atardecer, sin embargo, la marcha largó hacia el Parque Universitario. Derrick quería apoyar a la primera línea y decidió, junto a sus amigos, avanzar hacia la avenida Abancay.

Diego, por su lado, estaba preparado para soportar la represión. Tenía dos botellas de agua con bicarbonato, casco, rodilleras, coderas, mascarilla, visores, una pañoleta y guantes de cuero. Su objetivo era devolver las lacrimógenas que –presumía– iba a lanzar la policía. Cuando el grupo de Derrick estaba llegando al Parque Universitario, las bombas empezaron a caer.

Hubo un silencio. Los gases hicieron que todos se replieguen. En medio del caos, su grupo se dispersó. “Cayó una bomba lacrimógena en medio de nosotros. Me quedé junto a un amigo y, de pronto, cayeron más bombas a nuestros pies. Justo cuando las estábamos apagando, cayeron unas cuatro a nuestro costado y yo me quedé encerrado entre ellas. Absorbí todo el humo. Sentí que me moría. Fui al parque, vino un grupo y me ayudaron a respirar. Me quedé ahí, tratando de recuperar la respiración”, recuerda Derrick.

La represión era poderosa cuando Derrick retomó la búsqueda de sus amigos. “Volví a la parte del caos y comencé a avanzar hacia el Congreso. Sin darnos cuenta, habíamos roto la barrera policial y los policías cayeron en desesperación. Comenzaron a disparar perdigones por todas partes, entonces entré al callejón que une la Estación Colmena con el Parque Universitario y me quedé ahí cubriéndome. Después de un rato comenzaron a lanzar lacrimógenas dentro del callejón, sin importarles que ahí había heridos. Un joven se metió a un hueco y ahí estuvimos cubiertos por maderas. Abría la boca y botaba gas. Comenzaron a salir demasiados heridos. Eso los incitó a tener más furia y comenzó una guerra campal. Llegó un grupo de al menos 80 o 100 policías y comenzaron a disparar a diestra y siniestra. Perdigones y gas lacrimógeno. Nos habían acorralado”, recuerda.

‘Carlos’ estaba en la primera línea cuando vio caer a un compañero. Él y algunos amigos se acercaron para ayudarlo. Pero la policía les siguió disparando y lanzando bombas. En realidad, Carlos no es su verdadero nombre, pero lo llamaremos así porque, después de lo que pasó, tiene justificado miedo de revelar su identidad.

“Dos policías se acercaron y jalaron a un herido. Lo golpearon. Siguieron disparando y le cayó a mi amigo en el estómago. Seguimos, pero en ese momento le cayó un perdigón en la cabeza y lo dejó inconsciente. Se lo llevaron los encargados de primeros auxilios. Los policías aprovecharon en agarrar a cualquiera que estaba cerca”, cuenta.

Para Derrick la lucha continuó: “ya eran como las 10 u 11 de la noche. Los policías seguían disparando. Los que dejaron de pelear fueron los protestantes. Cuando nos enteramos de la muerte de Inti vi a muchas personas llorando y decepcionadas. Yo también había perdido las ganas de luchar. Cuando confirmaron la muerte del segundo, que fue Bryan, fue el fin de esa batalla campal. Cuando me di cuenta ya eran las 12 y decidí retirarme”.

Minutos después, otro protestante que prefiere que su nombre no sea mencionado, a quien llamaremos ‘Guillermo’, llegó a la avenida Abancay junto a sus compañeros y se sentó. En paz. “Estábamos cantando el himno. En eso, unos Ternas, porque eso eran, incendiaron una basura. Al instante los policías se acercaron violentamente hacia nosotros. Por la desesperación, levantamos nuestras manos al aire en señal de que, por favor, no nos hicieron nada”, relata.

Guillermo, de 21 años, cuenta que fueron emboscados. “Los policías tiraron una gran cantidad de bombas lacrimógenas en el callejón que estaba a la espalda de nosotros. Era el único lugar en el que teníamos pase libre sin policías. Algunos pudimos correr rápido mientras seguían tirando bombas. Muchas personas se quedaron atrás y cayeron al suelo, desvanecidos. Los que estábamos adelante corriendo ni siquiera podíamos respirar. Nuestros ojos, nuestra garganta, nuestra cara ardía”, dice. Solo atinó a correr para escapar de la policía.

Las detenciones

Su miedo no era infundado, para entonces algunos manifestantes ya habían sido detenidos. Uno de ellos, Carlos. “Me agarraron y me golpearon. Me tenían en un carro policial. Era plan de 10 u 11 pm”, cuenta. Dice que recibió golpes por entre cinco a diez minutos. Luego, el carro comenzó a avanzar. No estaba solo: “Había un chico, pero se lo llevaron. No sé cómo se llama”.

Luis Fernando Araujo también fue detenido. Luego declaró, en un video difundido por redes sociales, lo que le habían hecho pasar. “He sido agredido por lo que viene a ser el grupo Terna. Me han tenido tres días sin comer, sin agua, en una habitación, aparentemente escondido, con otra persona. No sé quién era porque nos tenían separados”, relató.

Mientras, en Lima ya había empezado la búsqueda de quienes no respondían los mensajes de parientes y amigos. Durante la madrugada, la CNDDHH recopiló las alertas ciudadanas y armó una lista de personas llamadas ‘desaparecidas’. El verdadero nombre de Guillermo llegó a la lista porque su mejor amiga y su mamá hicieron publicaciones en redes sociales. Lo habían visto en la televisión cuando empezaron las bombas lacrimógenas. “Varios amigos y familiares hicieron viral mi ‘desaparecimiento’[sic]”, cuenta.

A Derrick le sucedió algo parecido. “Mis amigos, preocupados, publicaron una foto que nos habíamos tomado horas antes. Llegó hasta mi universidad. Ellos pusieron mi nombre en la lista”, relata. A Carlos también lo empezaron a buscar sus amigos: “Pasaban las horas y nadie sabía nada de mí. Plan de 2 am ya estaba circulando mi foto como desaparecido”. Él no sabe cómo llegó su verdadero nombre a la lista.

Diego también se había tomado una foto ese día y, al no saber nada de él, su grupo de amigos la publicó en Instagram con una leyenda que decía: “así estaba vestido”. La publicación llegó a personas de su promoción, a su familia y a la CNDDHH. Al día siguiente pasó a los medios. Él quedó sorprendido, horas después, al ver un video que mostraba cómo gritaban su apellido en Cusco.

La huida

Después de la represión, los taxis querían cobrarle a Diego demasiada plata para volver a su casa, en Surco. Fue a una sanguchería y le pidió a una chica alquilarle el celular. Quería llamar a su padre y decirle que estaba bien. La chica se lo prestó sin cobrarle. Luego, caminó hasta la avenida Javier Prado. Desde allí fue a la Av. Aviación y finalmente tomó un taxi. Llegó a su casa y, exhausto, se fue a dormir. En ese momento aún no sabía que su nombre estaba en la lista de personas no ubicadas.

Minutos antes de las 4 de la madrugada, Carlos escuchó al policía que lo controlaba preguntarle a otro qué debía hacer con él, si llevarlo a la comisaría o soltarlo. “Ya ve tú qué haces”, le respondió, y se alejó. Carlos decidió hablarle al solitario. “Suéltame, ya es tarde. Iré caminando a mi casa”, le dijo.

“Lo pensó por unos minutos, agarró su celular, no sé qué hizo. Me pidió mi DNI”, recuerda. Luego, el policía le confió: “Si te vas nadie se dará cuenta. Vete antes de que te chapen de nuevo”. Carlos regresó a pie por la avenida Alfonso Ugarte y luego por Caquetá. “Fui a mi barrio en San Martín de Porres y a mi hermano lo vi en la calle buscándome. Ahí recién me di cuenta que mis fotos y nombre estaban en ‘desaparecido’. Eso fue a las 4:30 de la madrugada”, indica.

A Guillermo no pudieron detenerlo. “Vimos a dos chicos en un auto amarillo que nos miraban y estaban hablando por el celular. Le dije al chico de mi costado: ‘oye, mira, seguro son Ternas’. Cuando vieron que estábamos hablando de ellos, se fueron rápido. ¡Acto siguiente, la policía comenzó a perseguirnos! Yo y tres chicos más nos escabullimos en uno de los callejones. Nos habremos escondido unos minutos, después seguimos caminando. Llegamos al Sheraton y cada uno se fue a distintos puntos. Dos caminamos toda la avenida Brasil y toda la avenida La Marina, hasta que cada uno tomó un taxi. Él se fue a Ventanilla y yo al Callao. Llegué a mi casa a las 6 am”, cuenta.

Foto: Alejandro Guzmán

Apariciones y confusiones

Carlos no sabe cómo la CNDDHH actualizó su nombre en la lista para aclarar que ya había aparecido, él solo hizo una publicación en Facebook. Para Diego fue más complicado: personal de la Tercera Fiscalía de Derechos Humanos acudió a su casa el lunes para cotejar presencialmente su paradero. El día anterior había visitado a sus familiares para que sepan que estaba bien. “Espero que mi nombre no figure como desaparecido nunca más”, comentó.

Luis Fernando apareció recién el martes en la tarde. “Estoy bien, gracias a Dios no me han hecho nada. Unos golpes que cualquiera los soporta. Y gracias a todas las personas que han estado apoyando la causa de mi madre para poder encontrarme”, publicó en el video que fue compartido en redes sociales.

Las historias de Derrick, Diego, Luis Fernando, ‘Carlos’ y ‘Guillermo’ son las de aquellos jóvenes que, de una u otra manera, podrían no haber llegado a casa tras la represión. Pero hay otros nombres que fueron marcados como ‘desaparecidos’ por error o circunstancias extrañas.

“Ciudadana Fransheny Vílchez Zapata acaba de aparecer, según reportaron sus compañeros de la universidad”, informó América Noticias. El suyo fue un caso de confusión. Se le había agotado la batería del celular mientras marchaba, poco antes de las 8 de la noche. Logró prenderlo pasadas las 10. “Me doy con la sorpresa de que me han reportado como desaparecida. Me asusté y alteré muchísimo”, contó en sus historias de Instagram. “Mi nombre estuvo ahí por una confusión, yo en ningún momento estuve como desaparecida”, dice sobre la lista de no ubicados que se recopiló en un muro del parque Kennedy. Ella misma escribió a la CNDDHH para avisar que estaba bien.

No fue el único caso. Elizabeth Corzo también dijo que estuvo una hora desconectada y sus allegados se preocuparon. Una persona cercana a Gian Francisco Sotelo aseguró que en su caso pasó lo mismo: “no estuvo retenido. Solo tuvo un problema con su celular y al no contestarle a sus amigos, lo pusieron en la lista”. Otra manifestante comunicó en sus redes sociales que, después de marchar, se quedó a dormir en casa de un amigo y puso su celular en modo avión.

A Valeri Robladillo le incomodó que la incluyan en la lista. “Todo fue un malentendido. Siempre estuve con mi padre bien segura. Mis amigas se alarmaron muy rápido hasta el punto de mandar mi nombre y foto para que me buscasen. Cuando llegué a mi casa, prendí mi celular y me llegaron infinidades de mensajes. Les dije a mis amigas: ‘¿por qué se apresuraron en decir que “estoy desaparecida”, cuando nunca lo estuve?’”.

Pero el caso de máxima confusión probablemente sea el de Karen Espinoza. Su nombre estaba en la lista. No era un homónimo, porque también se consignaba su número de DNI. Sin embargo, ella publicó en sus redes sociales que no había participado de la marcha. “Yo nunca participé y no sé si esa lista es oficial o inventada, pero sale mi nombre”, confirmó a Sudaca.

Un cierre desde los fantasmas

El sábado se produjo una situación caótica. Muchos perdieron el contacto con su familia y amigos. Había personas no identificadas en hospitales. Los familiares se asustaron y lanzaron alertas de desaparición. Sin embargo, Mar Pérez, abogada de la CNDDHH, aclara que legalmente no se puede decir que estas personas fueron “desaparecidos”, sino solo que estuvieron “no ubicados”, porque la etiqueta “desaparecido” implica una calidad jurídica con la que la mayoría de los que faltaron no fue clasificada.

La representante de la CNDDHH comenta que lo sucedido el sábado despertó el recuerdo de los desaparecidos durante la lucha interna, lo que confirma que todavía hay secuelas del conflicto armado. “Nos ha venido el fantasma de las desapariciones forzadas de la violencia política. Está todavía muy presente”, remata.

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Bicentenario, Marchas

Hoy es el ministro de Educación del nuevo gobierno, pero antes de ayer, un día antes de asumir el cargo, el investigador Ricardo Cuenca escribió sobre Tik Tok. Si usted no sabe qué es esto o cómo funciona, debe tener claro que no pertenece a la Generación Bicentenario. “Abro esta red social y una voz surge desde un primerísimo primer plano, con un mensaje político corto, sin retóricas y directo”, dice Cuenca en su autodenominada primera vez en Tik Tok.

El ministro de Educación bien puede estarse refiriendo a Josi Martinez, un adolescente peruano creador de contenidos digitales. En su cuenta oficial de Tik Tok, Josi tuvo cerca de 10 millones de visualizaciones en cuatro videos publicados la semana que duró el gobierno de Manuel Merino. En los cortos videos, solo habla él frente a una cámara. Cualquier político envidiaría esa convocatoria. Él, que todavía no termina la secundaria, promovió el discurso en contra del régimen de Manuel Merino y la participación en los cacerolazos. Para muestra un botón:

@jmartineze_

MERINO NO ERES MI PRESIDENTE! ayúdenme compartiendo este video para que todo el mundo se entere lo que está pasando en mi país

♬ original sound – josi

Los seguidores de Martinez son jóvenes Centennials, como él. Personas que nacieron entre 1995 y el 2017. Su edad máxima es de 25 años, pero la masa del grupo es incluso inferior a los 18. Algo similar ocurre con Mateo Garrido Lecca, cuyo nicho en Instagram es de la misma edad. Durante la última semana y hasta hoy, Garrido Lecca ha informado a diario sobre los sucesos en la política peruana. A su estilo, entre risas, pero haciendo un sostenido activismo en favor de la protesta y con difusión de datos útiles.

Por si es necesario precisar, Tik Tok es una red social de origen chino que se basa en compartir videos cortos –de apenas segundos– y en formato vertical. A veces, los videos incluyen música o pistas de audio pregrabadas de fondo, que los usuarios interpretan . Otras, los usuarios simplemente mandan mensajes ellos mismos o editan videos parodia de personajes conocidos. El contenido está categorizado por temáticas, llamados trends o hashtags. Una de ellas fue #MerinoNoEsMiPresidente, que alcanzó 157.2 millones de vistas en todos los videos publicados bajo aquella tendencias o etiqueta en la red china.

https://twitter.com/ahivienelaprofe/status/1329200405495115776?s=21

En Instagram, la misma etiqueta generó 124 mil publicaciones fijas, entre videos, fotos y gráficas. Además, el apellido del ex presidente #Merino alcanza al día de hoy más de 691 mil posteos, y contando. La información publicada en redes sociales también sirvió para convocar y organizar las protestas. Como demuestra un informe de Sudaca, incluso fue útil para identificar la peligrosa infiltración de la policía entre los manifestantes durante las marchas del jueves y sábado.

Una encuesta reciente del IEP confirma el valor de los jóvenes en las marchas políticas: el 37% de peruanos afirman haber participado en las protestas contra el gobierno de Merino, sea de forma presencial o virtual. De ellos, más de la mitad son personas entre 18 y 24 años, el rango máximo de edad Centennial. La organización de jóvenes AIESEC Perú reconocida por la ONU, da a los Centennials peruanos cuatro características: visión global, compromiso social, innovación pragmática y el éxito por la pasión, no el dinero.

En el 2011, la investigadora británica Erica Chenoweth, tras analizar por una década más de cien años de protestas sociales pacíficas en el mundo, concluyó que solo se necesita al 3.5% de la población participando de manifestaciones para asegurar un cambio político serio. Si amplificamos por diez aquel porcentaje, el logro mayoritariamente juvenil de la semana pasada estaba garantizado.

Características de una generación masiva

Una foto describe la esencia de la ‘Generación Bicentenario’. Acuñados detrás de las barricadas policiales, generando líneas sucesivas de defensa, ahí están. Con bidones de agua para apagar las bombas, guantes y mascarillas. Con escudos improvisados por planchas de metal, defensa más que valiosa ante los perdigones; con cascos y bengalas. Encima, la bandera agujereada por la represión. Al fondo, como paradoja, la entrada de la antigua sede del Ministerio de Educación, el templo que en otra época albergó la educación del país. En concreto, más de diez jóvenes en un solo cuerpo, avanzando articulados hacia un objetivo.

La imagen hace recordar a la revolución francesa, le dicen unos economistas de ese país a su colega peruano Fredy Vargas, en una reunión en Bogotá. Él la enseña con orgullo, como explica en una entrevista a Sudaca. A pocos días de las protestas, la imagen capturada por Sebastián Castañeda ha dado la vuelta al mundo. El pintor revolucionario Eugène Delacroix no podría haber pintado un mejor retrato de un grupo de jóvenes que se enfrentó a las fuerzas policiales. En ella, se muestra el esfuerzo colectivo por terminar la marcha frente al símbolo de la protesta: el Congreso, una institución con 91% de desaprobación nacional, según el IEP.

Foto: Sebastián Casteñada/REUTERS

Vargas trabaja estrategias de planificación de políticas públicas para el gobierno colombiano, luego de haber dirigido planes de prospectiva dos años y medio para el gobierno de Humala. “Esta generación no va a tolerar a los políticos viejos. Quieren cosas concretas y tangibles. Sino, la calle”, le dice a los franceses. Ellos apenas entienden. ¿Cómo es posible renunciar a un presidente en una semana? En otros países, pueden pasar décadas y no lograr resultados.

Hackeado por la indignación de la inmensa mayoría de peruanos, el breve Manuel Merino se refirió a los protestantes como generadores de “caos y violencia” minutos antes de renunciar. En contraste, el nuevo presidente Francisco Sagasti enfatizó la necesidad de los jóvenes en la representación política. “El movimiento visto en todas las regiones del país le pertenece a la juventud, a la Generación del Bicentenario”, dijo en su primer mensaje a la nación. La desconexión tan grande con el corto gobierno anterior explica la rapidez del efecto de la protesta.

De entre todos los comentarios en redes sociales tras las marchas, destaca uno dicho en exclusiva a RPP por Mixael Paz, brigadista en las huelgas para desactivar bombas lacrimógenas. “Justificamos el amor hacia este país, pese a que nos dicen violentos. Es falso. De alguna manera te preguntas, si no lo hacemos nosotros, quién lo va a hacer. Cada bomba apagada deja de lastimar y herir a veinte o treinta compatriotas. Vale aguantar ese olor un rato”.

Los Centennials son personas más comprometidas con las causas. Buscan un significado y se involucran en resolver asuntos políticos a través de convocatorias digitales, concluye una investigación reciente de la Universidad Nacional de Piura. Son nativos digitales, y están adaptados a concebir la interacción en comunidades amplias. Vargas añade que estas características naturales del grupo etáreo le va a permitir entrar en mayor fiscalización del contrato social. La virtualización les permite un mayor (y mejor) ejercicio de su ciudadanía, y los incluye con mucha mayor naturalidad en el debate sobre la cosa pública. Así, exigirán mejor inversión del gobierno para entregar servicios de calidad a los ciudadanos. El interés central será garantizar la satisfacción con la vida, la justicia y la igualdad.

Una generación que toma la calle

Los jóvenes –Centennials y Millennials– lograron ejercer en las calles la presión suficiente para hacer tambalear a un Poder Ejecutivo improvisado y débil, como el de Merino. Pero las marchas no deberían ser, como han sido, una sorpresa. A quince años de establecido el inicio de la generación Centennial (1995), fueron testigos de intensas marchas. Estas fueron tres y por similares temas ambientales: Bagua (2009), Conga (2011) y Espinar (2012). Incluso, participaron miembros de la generación anterior, los Millennials.

Como informó el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP, en el 2013 ocurrió una movilización de más de tres mil jóvenes para denunciar la repartija de instituciones que ocurría desde el fujimorismo, quizás la primera que pudo incluir Centennials. Otras grandes multitudes se juntaron al final del 2013 e inicios del 2014, por dos meses, contra la nefasta “Ley Pulpín”.

La protesta en esta generación de entre Milennials y Centennials ha cogido peso desde el 2016 con el reclamo de derechos sociales como la igualdad de género, el matrimonio igualitario y la despenalización del aborto. “Tienen una agenda de intereses muy progresistas, promueven equidad y reformas estructurales. Son temas incomprendidos o rechazados por los conservadores y viejos políticos”, indica la socióloga Noelia Chávez.

Otro  evento significativo fue el ‘No a Keiko’ durante las elecciones del 2016. Se trató de la bandera más firme por el antifujimorismo. A ello se suman las marchas masivas contra del indulto humanitario a Fujimori en el 2018, que terminó anulándose. Y así, en poco más de una década, la calle peruana ha hablado. No debería sorprender entonces que el país ostente el segundo lugar de América Latina en protestas y movilizaciones para el Barómetro de las Américas (2019).

Foto: Difusión

En la historia del país existe un paralelo respecto a las marchas sociales. Hay que irse cien años para atrás. Alrededor de 1920, se hizo escuchar el Grito de Córdoba. Fue el estallido de una clase de estudiantes –primero argentinos– para democratizar la educación superior y enfocar la enseñanza en las ciencias. Las protestas alcanzaron a la mayoría de países de América Latina, desde México hasta Chile.

En el Perú, la reforma universitaria de aquella época trascendió la esfera estudiantil. En ella, se iniciaron líderes como Victor Raúl Haya de la Torre y José Carlos Mariategui. A partir de las movilizaciones, fundaron a la postre partidos políticos o sentaron la base de nuevas ideologías políticas en el país. También participaron en las huelgas los historiadores Jorge Basadre y Rául Porras Barrenechea.

Para Steven Levitsky, politólogo estadounidense con veinte años de estudios sobre la política del Perú, harán falta partidos políticos que consoliden las protestas. El objetivo debería ser la institucionalización de los reclamos en organizaciones que se atrevan a liderar procesos electorales, asumir roles entre los poderes del Estado y defender la democracia desde adentro.

Coincide con aquella visión Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, al recordar la generación del 2000 y los Cuatro Suyos, “donde las buenas voluntades no bastaron al no volverse políticos y partidos al servicio del bien común”. También concuerda Noelia Chávez. La socióloga peruana afirma haber participado en las marchas como protestante y como investigadora –e intérprete– de estos fenómenos sociales. “Las marchas deberían decantar en diversas propuestas políticas. No creo que sea inexistente el vínculo entre los jóvenes y la política”, indica a Sudaca.

De hecho, el vínculo existe. Lo demuestra el Barómetro de las Américas en el 2019 (ver gráfica), donde los más jóvenes son los más interesados en la política. Además, entre peruanos de 18 a 25 el apoyo a la democracia es de 50%, similar al de peruanos entre 56 a 65, con 51%. Incluso, los peruanos del primer grupo de jóvenes encuestados presentan una satisfacción por la democracia de 33.6%, mayor a los 24.8% del grupo etáreo de mayor edad.

El grupo etáreo con mayor interés en la política son los más jóvenes. (Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP, 2019).

Ya se vive la renovación política

“Se metieron con la generación equivocada” fue el lema central de las marchas durante el gobierno de siete días de Merino. Se dio un grito de lucha entre las masas –principalmente digitales– para lograr convocatoria al sentir la vulneración de derechos democráticos. Pero señalar al grupo solo como una ‘generación’ no era suficiente. “Los procesos hay que nombrarlos para que tengan sentido”, dice la socióloga Chávez. Vía Twitter, ella le acuñó la generación la pertenencia del Bicentenario del país, que se conmemora el próximo 28 de julio.

Sin un simbolismo adoptado por la gente, el Bicentenario sería una simple celebración de logros y el recuerdo de fallas. Quizás con eventos y algunos protocolos gubernamentales. Por ejemplo, el saliente gobierno de Vizcarra invirtió más de S/4 millones de soles en el Proyecto Bicentenario, un programa del Ministerio de Cultura, entre el 2018 y 2019. A la fecha, tienen una página web, un logo y una agenda impresa de actividades que realizarán los ministerios. “Está muerta esa iniciativa, no ha conectado en nada con la gente”, indica Fredy Vargas.

El Estado no tiene la capacidad –dentro de su estrategia de comunicación política– de establecer mitos entre la población, señala Chávez. Ya es costumbre la carencia de ideas programáticas en los últimos gobiernos, el de PPK y de Vizcarra, sin establecer consensos de proyectos país. “El Perú Primero” buscaba poner a la ciudadanía por encima de la clase política tradicional, pero solo fue reconocido como la identidad individual de un presidente, su eslogan y motivo de liderazgo.

Pero el Bicentenario va más allá de una marca personal. “Esta es una generación crítica contra la clase política, pero no están esperando un salvador”, advierte Santiago Mariani, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad del Pacífico. Lo que quieren, coinciden los expertos consultados, es que funcione mejor el sistema, y esto genera una mayor población dispuesta a defender la democracia. Y ojo: las dos generaciones que marcharon la semana pasada ya casi son mayoría. Más del 40% de la población peruana sería o Millennial o Centennial, según IPSOS al 2019.

El futuro de la participación de estos ciudadanos dependerá también de un gobierno o una clase política generadores de espacios digitales. Según la encuesta del IEP, existe una mayor participación en protestas de quienes tienen acceso a internet. Noelia Chávez afirma que el reclamo popular buscará tener dos consecuencias clave: partidos políticos con proyectos reales, no cascarones; y políticos con oídos puestos en la ciudadanía sin imponer sus acciones o leyes. Y todo ello a la vuelta de la esquina –porque ya empezó– en las próximas elecciones generales.

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Bicentenario, Marcha

Por José Gil (s)*

Carlos Tubino, excongresista, empieza la transmisión de una de las conferencias con saludo partidario: a los “correligionarios y simpatizantes de Fuerza Popular” que –él asume– se han inscrito en la Escuela Naranja, el programa virtual de formación política que viene implementado el fujimorismo desde hace tres meses. Al otro lado de la conexión, sin embargo, puede estar cualquiera. Desde jóvenes entusiastas que esperan algún día escalar posiciones en la organización, hasta quienes ellos mismos llaman –en sus grupos de Whatsapp, con inusitado enojo y cómica persistencia– “los caviares”, “los rojos” o “los comunistas”.

“Debe haber algunos ahí que no sean fujimoristas”, reconoce Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular, en declaraciones a este medio. Y esa afirmación es cierta. En la cuarta promoción de la Escuela Naranja hay, cuando menos, una persona que no es devota del legado político de Alberto Fujimori. Es un reportero de Sudaca. Su objetivo no es ingresar al partido que hasta el año pasado dominaba largamente el Congreso, sino entender qué valores ensalza y cómo se forman políticamente sus nuevos cuadros. Hay, más allá de las notas judiciales, un ideario político que este reportero busca entender.

El autor de esta nota no revelará su verdadero nombre mientras no se realice el evento de clausura de la promoción que ha integrado, el cual se suspendió por la coyuntura pero se realizará en los próximos días. No es que tema por su vida ni nada semejante, sino que la relación histórica del fujimorismo con la prensa le obliga a inferir que le prohibirán participar en el evento y lo expulsarán de los chats de la escuela si sus compañeros descubren quién es. Con tanto material por revisar y analizar, sobre todo respecto a qué comentan los jóvenes fujimoristas de lo que está ocurriendo en el país, prefiere firmar por ahora con un seudónimo (s). Sudaca, como medio, se hace cargo de lo aquí escrito.

Así fue la escuela por dentro

El jale de la planilla de profesores de este nuevo ciclo apunta al corazón del voto duro fujimorista: el expresidente Alberto Fujimori. Según Galarreta, la idea de armar “La clase del Chino” surgió en una de las tantas conversaciones que Keiko Fujimori tiene con su recluido padre. Pero ‘el Chino’ no dicta realmente una clase. Al menos, no en vivo, para desazón de sus más fervientes seguidores. El partido ha editado grabaciones suyas junto a imágenes de archivo en piezas audiovisuales de aproximadamente cuatro minutos. Esos videos son publicados en la plataforma virtual. Cada promoción tiene mil alumnos, según Galarreta.

Desde la mañana del lunes 19 de octubre, quienes alcanzaron una vacante en el nuevo ciclo pudieron acceder, todos los días, de lunes a viernes, a “La clase del Chino”, además de una conferencia complementaria para la que se invitaba a un expositor. Cada fin de semana, la plataforma abrió diez preguntas de opción múltiple y evaluó el conocimiento adquirido. No era, por supuesto, un examen común y corriente. Un ejemplo: “Las residencias universitarias servían para almacenar gran cantidad de armamento y se planificaban nuevos atentados todos los días. ¿Verdadero o falso?”. Cada lector es libre de dar su respuesta. La alternativa que el sistema consideró correcta fue (sorpresa) “verdadero”.

Esta es la plataforma de la Escuela Naranja. Aquí los alumnos accedieron a una ‘Clase del Chino’ y a una conferencia.

Todas las clases intentaban resaltar lo que los seguidores naranjas consideran aciertos del gobierno fujimorista, aunque no necesariamente lo sean. Este es un análisis en profundidad sobre la segunda: la “revolución de la educación”. 

El conferencista

“Durante su gobierno, Alberto Fujimori nos dio una lección de trabajo y amor por el Perú”, dice una voz en off al inicio del video. Y otra continúa: “20 años después, él mismo la va a transmitir a todos sus alumnos de la Escuela Naranja”. En cuatro minutos y 16 segundos, el hoy preso expresidente explica cómo construyó colegios, entregó desayunos a los alumnos e implementó un seguro escolar en su gobierno. El plato de fondo del día es una exposición titulada “La reforma educativa en los años 90”. El conferencista: Jorge Ferradas.

Aunque Galarreta asegura que algunos de los expositores de la escuela son independientes, la parrilla de este ciclo tiene a varios conocidos fujimoristas. Por ejemplo, Martha Moyano o Carlos Tubino. ¿Por qué la exposición sobre educación no estuvo a cargo de un personaje público de esa tendencia? Uno, en específico, parecía idóneo para dictarla: Jorge Trelles, excongresista, ex ministro de Educación y –según Infogob– fundador, ex secretario general y afiliado a Fuerza Popular.

Jorge Ferradas no quiso declarar para este reportaje.

La otra escuela naranja

Sus colores oficiales son el azul y el granate, pero en el fondo el Trener es de corazón naranja. Desde su fundación, la historia del colegio es un correlato fiel del proceso de reforma educativa orientada a la inversión privada que implantó el gobierno de Fujimori. Antes de ese gobierno los centros educativos no podían tener fines de lucro, pero la Constitución de 1993 afirmó el camino para cambiar ese sistema. “Toda persona, natural o jurídica, tiene el derecho de promover y conducir instituciones educativas y el de transferir la propiedad de éstas”, dice el artículo 15.

Hasta ese año, el abogado Jorge Trelles había fracasado en política: postuló sin éxito a la Cámara de Diputados en 1985, con Acción Popular, y en 1990, con el Fredemo. Pero 1994 sería su año feliz. En febrero fue nombrado ministro de Educación por Fujimori y en abril ya había fundado el Colegio Trener. Según la Sunat, este empezó sus actividades ese mismo mes sin fines de lucro. Ojo: aunque ya existían las bases constitucionales para el lucro en la educación, aún faltaba el desarrollo legal para que ese centro de estudios pudiera generarle utilidades. De eso se encargaría Trelles.

Como ministro, “[Trelles] fomentó la libertad a la inversión en la educación privada”, dice su ficha biográfica publicada por el Ministerio de Educación (Minedu). Al año siguiente, en el Congreso unicameral de 1995, consiguió una curul por Cambio 90–Nueva Mayoría y el proceso se aceleró.

Trelles alentó, desde el Minedu y el Congreso, la participación privada en la educación. La puerta giratoria en persona.

En mayo de 1995 –conocido el resultado de las elecciones– se inscribió en Registros Públicos la ‘Sociedad Civil Colegio Trener de Monterrico’ y, en julio, la Sunat registró la inscripción del ‘Colegio Trener de Monterrico S.A’. Estas razones sociales sí le permitían a los accionistas repartirse los dividendos de la operación. Trelles fue fundador de ambas. Para decirlo de otra manera: en 1995, mientras se cocinaba una norma específica que permitiera el negocio de la educación, mas sí el marco constitucional, Trelles ya estaba preparado para usufructuarla. 

El empresario fue rápidamente designado como presidente de la Comisión de Educación del Parlamento, cargo que ocupó hasta 1997. Según información del Congreso, Trelles fue uno de los autores del proyecto de Ley 26549, que autorizó a las instituciones que controlaban un centro educativo a adoptar la organización más adecuada para sus fines, sea con o sin capacidad de lucrar. Su colegio aguardaba ese cambio. Antes del final de 1995, el Colegio Trener pasó de ser operado por la asociación sin fines de lucro a estar en manos de la sociedad con fines de lucro.

Al año siguiente, en 1996, el gobierno de Fujimori promulgó el famoso Decreto Legislativo 882, con el cual concretó la ‘revolución educativa’ que venía gestando. Esta norma creaba “el derecho a la libre iniciativa privada para realizar actividades en la educación” y precisaba: “Este derecho comprende los de fundar, promover, conducir y gestionar Instituciones Educativas Particulares con o sin finalidad lucrativa”.

Jorge Trelles es el accionista mayoritario del Colegio Trener de Monterrico S.A.

Cuando quedó explícitamente abierta la posibilidad de lucrar con la educación, el Trener ya estaba listo para generar utilidades para sus dueños. Entre ellos estaba Trelles, uno de los impulsores de la reforma. En enero de 1999, la asociación y la sociedad civil fueron dadas de baja en la Sunat. La operación del colegio pasó a estar en manos de la sociedad anónima, de la que Trelles era accionista mayoritario. En menos de cinco años el empresario había logrado acomodar su propio negocio a las nuevas –y provechosas– condiciones que él mismo fomentó.

En los años siguientes la idea de la revolución educativa se afianzó en el colegio y, con ella, la ideología que la había hecho nacer. Un antiguo profesor del Trener cuenta que, más que órdenes directas, “los jefes sugerían no abordar ciertos temas que podrían no gustar a los accionistas”. Por ejemplo, una vez, el profesor en cuestión iba a dictar una clase sobre corrupción. ¿Cómo hacerlo sin hablar del gobierno de Fujimori? Al parecer a los coordinadores del curso les parecía posible. El profesor fue instruido por su superior a no incluir a Fujimori en la exposición. Prefirió cancelar la clase.

Jorge Ferradas, subdirector académico del colegio fundado por Trelles, dijo a Sudaca que no tenía nada que declarar sobre su charla en la Escuela Naranja. Tampoco quiso dar un descargo oficial sobre la institución en la que trabaja. Trelles, su tocayo, dejó de responder a los mensajes tras asegurar que no es dueño de ningún colegio. Hubiera sido provechoso conocer la versión de la persona que impulsó un marco regulatorio que benefició a su propio negocio. O para decirlo de otra manera: diseñó el campo de juego para, inmediatamente, entrar a jugar el partido. 

Resolución que da cuenta del cambio de promotor del Colegio Trener. Pasó de no tener fines de lucro a tenerlos.

Fue útil la reforma educativa?

Ha pasado suficiente tiempo como para preguntarse si las políticas implementadas por Fujimori han mejorado la calidad de la educación en el país. Diferentes académicos, especialistas y educadores consultados por Sudaca cuestionan que el fomento de la inversión privada y la licencia para lucrar con la educación hayan dado resultados positivos, a pesar de haber generado una amplia alternativa frente al saturado y también precario servicio público.

En su exposición para los alumnos de la Escuela Naranja, Ferradas –asalariado del gestor de la reforma– dijo que en las últimas dos décadas ha aumentado la inversión en el sector y que la educación privada tiene mejores resultados que la pública. Sin embargo, para Mario Naranjo, magíster en Educación de la PUCP y especialista en evaluación educativa, el fomento a la inversión privada en la educación no ha mostrado avances significativos en la calidad del servicio. Los resultados de las evaluaciones –dice– no reflejan una clara ventaja de la calidad de las escuelas privadas.

Los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) del Minedu obtenidos entre 2007 y 2016 muestran que las escuelas privadas no registran una ventaja frente a las escuelas públicas urbanas, según una investigación de María Balarin publicada en 2017. El caso más notorio es el de la evaluación en matemáticas. En el año 2016 las escuelas privadas colocaron al 11.38% de sus alumnos en el nivel satisfactorio mientras que las públicas urbanas consiguieron 36.4% de alumnos en el mismo nivel. 

Esa estadística es solo un ejemplo que contradice el discurso de Ferradas. Diversos estudios académicos concluyen que los resultados de la comparación de rendimiento entre escuelas públicas y privadas son heterogéneos. No hay una relación causal entre el tipo de gestión y el rendimiento académico, ya que este último depende de otro tipo de factores.

Es algo que también se ha evaluado en otros países. “Existe una evidencia voluminosa que muestra que no existen diferencias significativas entre colegios públicos y colegios privados en resultados de pruebas estandarizadas una vez que se controla por factores socioeconómicos, efectos de pares y sesgos de selección”, anota la investigación ‘El lucro en la educación escolar’, del Departamento de Economía de la Universidad de Chile.

El Minedu no tiene información estadística que diferencie los resultados de colegios privados con fines de lucro y aquellos sin fines de lucro, pero la evidencia internacional sí ha registrado esa distinción. La investigación de la Universidad de Chile, por ejemplo, indica que los colegios privados sin fines de lucro tienen resultados levemente mejores que los privados con fines de lucro.

“La educación de calidad requiere inversión. Si está impartida por instituciones con fines de lucro, se va a restar inversión porque parte del dinero va a ir a las utilidades”, explica Naranjo, quien resume el resultado de las reformas educativas fujimoristas en el surgimiento de muchos colegios de baja calidad y bajo costo.

Con eso se potenciaron, además, las brechas educativas. Los hijos de personas con dinero sí pueden acceder a los pocos colegios privados cuya calidad es teóricamente más alta. Sin embargo, la gran mayoría debe contentarse con escuelas que, además de tener fines de lucro, no mejoran significativamente la calidad respecto al sector público, como demuestran las cifras antes citadas. “La segregación educativa en el Perú se ha profundizado desde 2004, en clara coincidencia con el crecimiento del mercado de la educación privada”, afirma otro estudio de Balarin publicado en 2016 por la Revista de la Asociación de Sociología de la Educación.

El antiguo profesor del Trener que prefirió no ser identificado, comparte la reflexión de Naranjo: “Las consecuencias son negativas. Las normas de la reforma fueron vigilantes de la educación básica, pero poco controladoras de la educación privada. Quien educa es una empresa, como si la educación no fuera un bien público. Está centrada en la rentabilidad, que afecta la calidad. El servicio privado ha crecido, pero es peor”.

Son numerosos los estudios académicos que han defendido la misma tesis. Por ejemplo, una investigación de Grade de 2018, con cuatro autores, dice sobre el mercado privado de la educación: “Claramente han aumentado la oferta y demanda de educación privada. Pero la falta de un marco regulador adecuado ha formado un mercado que no llega a todo el país y, ahí donde sí lo hace, la oferta privada no siempre supera a la pública en calidad o resultados”.

Las universidades-garage

En el ámbito universitario las consecuencias son claras y públicas. El modelo de negocios de las universidades-garage, más de veinte años después, recién está terminando de ser depurado. Según información de la Sunedu, hasta octubre 49 universidades no habían obtenido licenciamiento por no cumplir con estándares mínimos de calidad. A excepción de dos de ellas, todas son universidades privadas. Y aún más: 37, la mayoría, tienen fines de lucro. En otras palabras, le deben su existencia a la reforma fujimorista.

No se debe dejar pasar este dato: la gran mayoría de casas de estudio superior que no han cumplido con las condiciones básicas de calidad –es decir, las peores entre las malas– son producto de la ‘revolución’ fujimorista. ¿Por qué esto importa? Porque los magnates surgidos a raíz del lucro en la educación hoy tienen ramificaciones políticas importantes. No solo controlar partidos con representación parlamentaria y experiencia en clientelismo electoral, sino que pueden incluso –como hemos visto– traerse abajo a un presidente y poner en máxima tensión la democracia del país.

Luego, está el sueldo de los profesores del Estado. Para Naranjo, un elemento clave para mejorar la calidad educativa es el salario docente. Y según el Documento de Trabajo 5, publicado por el Minedu en 2001, durante todo el gobierno de Fujimori los maestros públicos ganaron menos en términos reales que cuando este empezó.“El empobrecimiento del magisterio a lo largo de toda la década de los 90, un magisterio que venía ya muy golpeado salarialmente, quita credibilidad y factibilidad a cualquier intento serio de reforma educativa desde cualquier perspectiva ideológica. Sin un sueldo mínimamente digno, no es factible exigir mayor cosa a los docentes, ni atraer mejor talento hacia la carrera”, sostiene Naranjo.

Esta es, para Sudaca, la conclusión de la clase: el discurso fujimorista de la revolución educativa está basado en una interpretación auténtica que la evidencia no es capaz de sostener. El fomento de la inversión privada no ha mejorado la calidad de la educación. Lo que sí ha hecho es beneficiar económicamente a los empresarios que lucran con sus centros educativos. ¿Será coincidencia que uno de ellos legisló para abrir esa posibilidad?

Sudaca siguió, durante cuatro semanas, prestando atención a las ‘clases del Chino’ para encontrar más historias como esta. Las seguiremos publicando en las semanas que siguen. “Hemos vivido, desde el gobierno de Toledo, un flujo de mentiras y mezquindad”, sostiene el exministro y excongresista fujimorista Alejandro Aguinaga en una reunión virtual de confraternidad de la Escuela Naranja. Varios participantes manifiestan que es hora de contar la verdad. Es hora, también, de revisar cuál es la versión naranja de la verdad.

*Nota de edición: Este artículo fue originalmente firmado con un seudónimo para que su autor, Alejandro Guzmán, pudiera seguir participando de la Escuela Naranja. El reporteo continuaba para el segundo artículo, sobre la versión fujimorista de la guerra subversiva. Lo puede revisar aquí.  

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Fuerza Popular, Fujimorismo

Si te ofrecieran ser presidente de un país en crisis, ¿aceptarías? Es sábado, casi medianoche, cuando Julio Guzmán levanta el teléfono y llama a Gino Costa para hacerle ese pedido. Hace veinte años que la democracia peruana es como un borracho que camina al borde del abismo, pero no se cae. De alguna manera, siempre pega una pirueta y se ríe del peligro.

Ese sábado, sin embargo, la democracia tiene todo listo para irse a pique hacia el despeñadero. Ya ha pasado casi una semana desde que vacaron al presidente, han muerto dos personas protestando en las calles y miles de jóvenes todavía siguen siendo baleados por la Policía. El país está saliendo de una pandemia para entrar en una crisis económica.

Aún así, Costa conversa brevemente con Guzmán y acepta su propuesta. Irá como candidato para asumir las funciones de presidente de la República.

***

En los días previos, el Partido Morado había puesto todos los huevos en la canasta del Tribunal Constitucional (TC). La consigna, consensuada entre sus dirigentes, fue presionar públicamente para que allí se revirtiera la vacancia. Que Martín Vizcarra continúe con su gobierno hasta el final les parecía la salida más factible. Recién el sábado por la noche comprendieron que quizás les iba a tocar gobernar a ellos mismos.

Puestos a decidir, Costa tenía dos características que lo colocaban por delante del resto de su bancada. Así lo explican tres fuentes de alto rango en el escalafón morado. La primera: sus años en la política. La segunda: que no está inscrito en el partido. Con esto último buscaron garantizar que el Ejecutivo se maneje con cierta ‘independencia’, dicen las fuentes. O al menos, que ese sea el mensaje.

Pero la iniciativa les duró bien poquito. En la mañana del domingo, Costa llegó a la Junta de Portavoces con el bolo fijo de los morados para presidir la nueva Mesa Directiva del Congreso y, con las mismas, fue obligado a retirarse. Luis Valdez, de Alianza para el Progreso (APP), reclamó que solo debían permanecer los voceros titulares de cada bancada. Por el Partido Morado se quedó Francisco Sagasti.

Las bancadas que habían vacado a Vizcarra no estaban dispuestas a darle la presidencia a alguien a quien consideraban ‘demasiado vizcarrista’. Costa, que hace un año le cedió su escaño a Salvador Del Solar para que presente la cuestión de confianza con la que se disolvió el anterior Congreso, fue vetado inmediatamente. ¿El problema? Tampoco podían volver a repartirse el botín entre ellas. La calle solo aceptaría una nueva Mesa Directiva con congresistas no vacadores. Y la única bancada que había votado en bloque en contra de la vacancia era la morada.

Durante toda la negociación, los morados tuvieron la ficha de la calle como ventaja: de una u otra forma iban a tener que aparecer en la foto. La pregunta era quién lo haría. Junto a Gino Costa, en la mañana del domingo comenzó a circular una opción que agradaba más al resto del Congreso: Carolina Lizárraga. Hacia las 10 de la mañana del domingo, su nombre desató una guerra de bases moradas en Twitter, que arrastró a varios periodistas. Las que no la querían hicieron significativamente más bulla.

Fuentes cercanas a la negociación confirman que Lizárraga fue propuesta por las bancadas sin que ella lo pidiera. Para adivinar el porqué no hace falta ser un gran analista político. Lizárraga tiene una encarnizada disputa interna con Guzmán desde hace varios meses. No acude a las reuniones del Comité Político y casi no interactúa con otros miembros de la cúpula partidaria. En septiembre, el ala guzmanista emitió un comunicado acusándola de “traición” y “sabotaje”.

Apostar por Lizárraga era la única movida disponible para poner a los morados en jaque: o darle poder a la rival de su líder o mandar el mensaje de que su primera prioridad no era salir de la crisis. En el Partido Morado la decisión siempre fue no respaldarla. Y eso nunca se puso en duda, ni cuando parecía que no tendríamos presidente por varios días. “Yo no he pedido ningún cargo”, escribió luego ella, en su cuenta de Facebook.

***

Hacia el mediodía del domingo, la negociación empezó a ponerse mucho más dura. En las calles (y en las redes sociales) el repudio al Congreso se sentía cada vez más pesado. Al Partido Morado también le llovían las críticas por su incapacidad para cerrar una lista y ganarla por la fuerza de los votos. El país necesitaba un nuevo presidente, sin excusas de por medio, y los dirigentes morados estaban preocupados.

Poco antes de las 12, empezó lo que llamaremos la ‘pequeña debacle’ del guzmanismo. A esa hora Julio Guzmán publicó un comunicado en el que ofrecía lo siguiente: que Sagasti asuma como presidente encargado, que convoque rápidamente a un pleno para anular la vacancia y que Vizcarra regrese a tomar el mando del gobierno. Tres horas después, la bancada lo contradijo y tuiteó algo distinto: proponían a Sagasti como presidente, pero de toda la transición.

“Ese comunicado [de Guzmán] fue un error garrafal”, dice una fuente. Otras dos confirman que los congresistas morados vieron en ese mensaje un riesgo grande: seguir pegados para siempre a la etiqueta de ‘vizcarristas’. Además, aseguran que para entonces la figura de Vizcarra –contra quien ya se había dictado impedimento de salida– les pareció demasiado manchada. ¿Tenía sentido pedirle que vuelva? Julio Guzmán, que ya había conversado sobre el tema en la interna, se allanó y respaldó la nueva decisión de su bancada.

En la negociación posterior, ese comunicado crispó los ánimos de los demás congresistas. A estos les era muy difícil quitarse la idea de que darle la Mesa Directiva al partido de Guzmán era proceder automáticamente con la restitución de Vizcarra. “Nos costó mucho revertir esa percepción, convencerlos”, cuenta otra fuente.

Luego vinieron una serie de sucesos inexplicables. Sin poder conseguir el domingo los votos suficientes para su lista, Sagasti estampó su firma como primer vicepresidente en la de Rocío Silva Santiesteban, del Frente Amplio. Esta candidatura generó un intenso debate en redes: muchos la acusaban injustamente de ‘radical’. En la interna morada la percibían como una persona ponderada, sí, aunque igual tenían algunas reticencias porque era de izquierda.

Luego –pese a ser un hombre muy cuidadoso– Sagasti solicitó sacar su firma de la lista alegando haberla puesto con demasiado apuro. ¡Pero horas después volvió a meterla! Finalmente, el Congreso cerró el domingo con una actuación vergonzosa: no aprobó nada. Y un botón: APP volvió a traicionarse a sí misma. Luego de anunciar que respaldaría en bloque la lista, 7 de sus congresistas se abstuvieron.  No habría humo blanco hasta el lunes.

***

Aquí hay que hacer una breve pausa para recordar una historia más antigua. En febrero de este año, los morados tuvieron la primera negociación parlamentaria de su historia como partido. Fue por la Mesa Directiva y perdieron contra la fórmula que acaban de expectorar. La falta de reflejos políticos –la indecisión, en realidad– les costó caro aquella vez. Luis Valdez, hasta hace tres días primer vicepresidente del Congreso, les dijo públicamente que las negociaciones en el Congreso son como “el juego de las sillas”. Y que ellos se habían quedado sin sentarse en alguna.

Anteayer, en un momento crucial para la historia del país, el Partido Morado parecía enfrentarse a lo mismo: a que los agarren de lornas. Pero debemos recordar que esta vez tenían una ficha clave bajo la manga, la calle. Apoyados en ella, en la habilidad de negociación de algunos de sus congresistas y en una movida audaz decidida la noche del domingo pudieron revertir lo que parecía una nueva derrota parlamentaria.

El consenso que alcanzó ayer la nueva lista presidida por Sagasti se empezó a gestar hace dos días. Fuentes de la bancada aseguran que el domingo ya se empezaron a acercar congresistas para adelantarles que estarían dispuestos a darles un voto. No se llegó, sin embargo, a cocinar nada concreto. La semana terminaba en suspenso.

Entonces, en la noche Julio Guzmán puso en marcha una inteligente estrategia de choque elaborada junto a los miembros de su Comité Político, vía chat de Telegram. Su partido dejó atrás los remilgos previos, que habían llevado a sus congresistas a asumir que no podrían ser gobierno, y presentó una lista compuesta únicamente por militantes. La presidía Sagasti y la integraban Zenaida Solís, Angélica Palomino (Piura) y José Antonio Nuñez (Arequipa).

La presencia de estos dos últimos congresistas regionales era un mensaje en clave, también. Ambos se habían alineado con Lizárraga en votaciones sobre temas mediáticos previamente, pero reconocían mediante su firma el compromiso con el ala guzmanista del partido. Lizárraga aún apela en su precandidatura presidencial a las bases regionales.

Además, Guzmán se presentó en medios criticando el accionar del resto de bancadas. La estrategia buscaba recuperar el terreno alto; la posición de poder en la negociación. ¿El ficha-candado bajo la manga? Vale repetirlo: la calle. El mensaje era este: si no apoyaste mi lista, atente a las consecuencias. Las bancadas respondieron rápidamente.

“Ha sido una medida de presión”, explica un congresista de Acción Popular. [Los medios y los manifestantes] nos iban a agarrar como piñata. Eso hizo que las bancadas presionáramos a nuestros voceros para encontrar consensos”, asegura. El lunes por la mañana la actitud del Congreso cambió radicalmente.

***

Fuentes moradas explican que los primeros en acercarse fueron congresistas de APP y del Frepap. La vocera alterna de este grupo parlamentario, María Cristina Retamozo, aseguró que darían su voto sin pedir a cambio ninguna vicepresidencia. El consenso se alcanzaría –aceptaron ambas bancadas– si se armaba una lista con congresistas que no hubieran votado a favor de la vacancia, pero que fueran también de otros partidos.

Entonces, empezó la suma y resta parlamentaria. Luis Roel Alva, quien entró en la segunda vicepresidencia, trajo 8 votos ‘disidentes’ de la Acción Popular de Burga y Merino. Mirtha Vásquez, hasta hace unos meses poco conocida congresista por Cajamarca, apareció como la única figura del Frente Amplio que no espantaba votos de otros partidos. Percibida como menos ‘radical’ que Silva Santiesteban (pese a que no necesariamente lo es en la realidad), su lugar en la lista se habría potenciado –para el Frepap, por ejemplo– por sus convicciones religiosas. Luego, le tocó a los parlamentarios morados ponerse a negociar. Gino Costa, defenestrado candidato inicial, trajo a parte de Somos Perú, partido en el que ha militado. Cuando alcanzaron 60 votos que necesitaban, el resto cayó en cascada.

Fuentes parlamentarias indican que este acuerdo entre el Partido Morado, APP, el Frepap, y partes del Frente Amplio y Acción Popular podría ser el germen de una alianza política que garantice gobernabilidad para el Ejecutivo que presidirá Sagasti. Un hombre que –luego de un pasado de izquierda– hoy se ubica ideológicamente en el centro. Todas las fuentes consultadas destacan su disposición para llegar a acuerdos.

Sagasti empieza un gobierno de 9 meses plagado de esperanza, nacido de una movilización de jóvenes que hoy sienten que la política no les es ajena. Sin embargo, no todo lo que tiene delante es un camino de rosas. También deberá calmar a un país golpeado por el desempleo y la recesión causada por el Covid-19. Su manija política se pondrá a prueba al momento de negociar con el Congreso iniciativas similares –digamos– al retiro de fondos de las AFP, con la que estuvo abiertamente en desacuerdo.

El Perú puede parecer, a veces, un país demasiado grande y diverso para un político que estudió ingeniería industrial pero se dedica principalmente a la docencia, la consultoría y la investigación. Sobre todo, para alguien cuyas maneras refinadas y estilo de vida de alta alcurnia no tienen por qué conectar inmediatamente con la mayoría de peruanos, sobre todo los más pobres. Su primera tarea será escuchar directamente sus demandas y llegar a ellos con soluciones concretas.

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Congreso, Francisco Sagasti

El jueves, mientras la ciudadanía se movilizaba, Alberto Beingolea respondía virtualmente a estas preguntas. Dijo, entre otras cosas, que le parecía irresponsable salir a marchar. Este domingo, minutos después de la renuncia de Manuel Merino y un días después del asesinato de dos jóvenes, agregó un comentario que se consigna al final de esta entrevista.

Empecemos con el tema obligado. Fue uno de los candidatos más votados en las elecciones en las que se eligió al Congreso que ha vacado al presidente. No consiguió el escaño, pero si hubiera estado en el pleno del lunes, ¿cuál hubiera sido su voto?

Solamente déjame insistir en que no conseguí el escaño habiendo tenido más votos que 127 de los que estaban ahí sentados. Mi voto hubiera sido en contra de la vacancia.

El año pasado, cuando Vizcarra cerró el Congreso, usted publicó que se había perpetrado un golpe de Estado. ¿También considera que lo que ha sucedido el lunes es un golpe de Estado?

No. Lo políticamente correcto en este momento es decir lo contrario a lo que voy a decir, pero para que haya un golpe de Estado lo que tiene que ocurrir es que un poder del Estado sea cerrado de manera irregular, inconstitucional. Lo que ha pasado ahora es que, siguiendo estrictamente las reglas que fueron escritas antes que existiera Vizcarra y antes que existieran estos congresistas en el panorama político, se ha procedido con la vacancia. Que yo no esté de acuerdo es otra cosa. O sea, yo no estoy de acuerdo con el voto, pero de ahí a decir que ha habido una irregularidad jurídica, no. Ha sido estrictamente lo que mandaba la ley.

Entonces, las razones por las que usted está en contra son políticas, porque jurídicamente cree que sí se ha respetado el debido proceso y la vacancia sí es constitucional.

Jurídicamente creo que se ha respetado la ley. Una ley que podía terminar en una votación a favor o en contra. Eso se llama democracia. No estoy de acuerdo, creo que ha sido una enorme irresponsabilidad ese voto, creo que estamos en la mitad de una crisis espantosa, pero los congresistas lamentablemente han seguido empeñados en su pleito personal con Vizcarra y viceversa. Es una actitud que yo deploro. Pero hablar de golpe de Estado es hablar de una calidad jurídica que no corresponde a lo que ha pasado ahora. Lo que plantean muchos es que es inconstitucional porque se le ha vacado argumentando incapacidad moral permanente y que ese concepto no está definido. Bueno, okey. Se le está pidiendo al Tribunal Constitucional (TC) que defina el concepto. Mientras eso ocurra, la norma existe, no se puede desconocer. Los congresistas han aplicado la ley. Si el Tribunal Constitucional dijera después que la forma de interpretar correctamente es una u otra, esa es otra historia. Por razones [también] jurídicas, yo hubiera votado en contra de la vacancia. Hubiera interpretado que aquí no había incapacidad moral permanente porque no se han probado las imputaciones sobre Vizcarra. Se tendrán que probar cuando acabe el trabajo de la fiscalía. En tanto no ocurre, no hay forma de saberlo.

¿Esa es la posición oficial del PPC después de la vacancia?

Hemos sacado un comunicado. Básicamente, dice que nosotros advertimos esto con anticipación, que dijimos que se iba a generar una situación indeseada por esta inestabilidad política y que, dadas las cosas, pedimos al nuevo gobierno que entienda que es un gobierno de transición, que la principal tarea es asegurar elecciones libres, entregarle el poder a un gobierno elegido por el pueblo. También que, como no tiene legitimidad, porque este es un gobierno legal pero ilegítimo, no se atreva a tomar decisiones en algunos puntos sensibles. Primero, que no se le ocurra hacer ningún indulto, por lo menos no a un político. Segundo, que el Congreso de la República no se aboque a ver el tema de la elección del TC. Tercero, que no se toque el tema de la reforma universitaria, ni Sunedu. Y, por último, una invocación al pueblo peruano: comprender que si estamos en esta situación es porque hace menos de un año tuvimos que ir a las urnas y evidentemente nos equivocamos de nuevo. En unos meses vamos a tener la posibilidad de corregir eso. Ojalá toda la ira se transforme más bien en seriedad para votar bien.

Entonces, ustedes proponen que la solución es aceptar el gobierno de Merino y que cumpla sus funciones hasta julio del próximo año. ¿Esa es la solución al problema político?

¿Cuál sería si no? Estoy pidiendo una salida posible, jurídica y políticamente. Lo que toca es tener una actitud vigilante para que este gobierno de transición sea eso, un gobierno de transición, al que hay que exigirle que enfrente inmediatamente la crisis sanitaria y la reactivación económica, que no se meta en más. Si vemos que se meten con Sunedu, o que pretenden nombrar al TC, indultar a Antauro, o cualquiera de esas barbaridades, tenemos que salir directamente a impedirlo.

El lunes usted declaró que estaba en contra de las manifestaciones en las calles…

Perdóname, yo estoy muy a favor de las manifestaciones en las calles. Creo que la gente tiene todo el derecho a manifestarse libremente. Lo que declaré el lunes es que vi a un candidato presidencial que salió al estilo Toledo a convocar a la gente a las calles [se refiere a Julio Guzmán]. A mí me pareció que es un irresponsable, más bien, porque lo que no puedo olvidar es que todo esto está ocurriendo en medio de una pandemia. Dios no lo quiera, pero dentro de 15 días espero que no comencemos a enterrar personas que se han contagiado en esas marchas. O sea, me parece altamente irresponsable lo que ha ocurrido. Yo hubiese entendido una convocatoria más serena, mejor programada, que busque guardar la distancia social. En las imágenes de la televisión no hay ninguna distancia social guardada, mucha gente está sin mascarilla. La protesta es súper justa, me parece muy correcto que la gente se manifieste. Los cacerolazos son, por ejemplo, algo que aplaudo, me parece estupendo, ¿pero hacer estas convocatorias? Es un tema de biología, no son ciencias sociales, son ciencias naturales. ¿Qué pasa si en dos semanas comienza a morirse la gente?, ¿qué pasa si arrancamos una segunda ola? Me parece que, si alguien aspira a ser gobernante, en los momentos más difíciles es cuando más serenidad debe mostrar. Algunos me han llamado a criticarme: “Alberto, pero este es el momento”. Cuando más difícil es el problema, más sereno tienes que estar. Un líder político tiene que pensar fundamentalmente en la vida de la gente. Sin vida no hay derecho. ¿De qué derecho me hablas si vas a estar muerto?

¿Cree que una posible solución es cambiar la Constitución?

No, porque no está mal la Constitución, sino su aplicación. Reconozco que hay algunas cosas que tienen que cambiar, pero esas son modificaciones. Por ejemplo, hay que definir correctamente qué cosa es incapacidad moral permanente. Pero eso no te lleva a un cambio de Constitución. Ese es el modelo chavista, ¿no?, que nos tienen así de las narices en toda América Latina y nos van ganando la pelea. Ese es el abecé: “vamos a crear zozobra, vamos a deslegitimar el sistema, vamos a convocar nueva Constitución, refundación de la república”. Vamos, abramos los ojos, está pasando en toda América Latina. Ahora está comenzando a pasar en Perú. No. No me parece que esto sea necesario. Creo que lo que hay que empezar a hacer es una aplicación correcta. Los países civilizados no cambian Constitución por quítame estas pajas. En el Perú tenemos que aprender eso de una vez. Tenemos una Constitución, es una buena Constitución. A mí me gustaba más alguna otra, está bien, pero es un tema de gustos. Lo que no podemos hacer es, en función al capricho de turno, estar cambiando constituciones.

Decía que el cierre del Congreso del año pasado sí fue un golpe de Estado y lo de esta semana no. Desde esa óptica, ¿el Congreso ha vacado a un golpista?

No. Porque el TC lo santificó. Yo estuve en contra del fallo del TC que, dicho sea de paso, fue un fallo de cuatro contra tres, o sea, no es que fue clarísimo. Cuatro contra tres, bien apretadito. Y si soy un hombre de derecho, que lo soy, tengo que aprender a respetar las normas jurídicas. Es importante que la gente entienda. O sea, no se trata de que, cuando estoy de acuerdo, todo bien y cuando estoy en desacuerdo catalogo a todos de golpistas. Yo puedo tener convicciones muy firmes, o estar con ideas muy claras, pero si democráticamente soy derrotado, soy derrotado pues, y esto hay que aceptarlo. Para mí, el cierre fue un golpe porque no se siguió el cauce constitucional. El Tribunal Constitucional, sin embargo, dijo lo contrario.

¿Cree que la votación del lunes fue definida por Alianza para el Progreso? Se especulaba que ellos iban a votar en contra y terminaron votando a favor.

Sí. No sé qué habrá pasado ahí, habrá que preguntarle a Alianza para el Progreso. No tengo una bola de cristal.

Pero, ¿cree que es la bancada que definió todo?

No lo sé. Yo escuché a Acuña unos días antes decir que él iba a votar en contra y de repente vi a su bancada votar a favor. No entendí nada, así que eso pregúntenle a ellos, yo no tengo nada que ver con ellos.

Eso me lleva a preguntar si, después de haber visto todo lo que sucedió, ¿se siente aliviado de que se haya roto la alianza con APP?

Eso ya es pasado. Yo, francamente, no hablaré de eso. Solamente diré que ningún socio nuestro hubiera votado de esa manera, no lo hubiéramos permitido.

Hay algunos exmilitantes del PPC que han terminado en otras orillas políticas. Uno de ellos es Ántero Flores-Aráoz . ¿Cómo vio su designación en ese cargo? ¿Cree que debió aceptarlo en estas circunstancias?

Yo no voy a juzgar si las personas deben o no deben aceptar, pero hace un instante decíamos que frente a estos hechos debemos tratar de exigirle al gobierno una serie de circunstancias y yo lamento mucho que la crispación política de hoy nos está llevando a que las mejores personas no acepten los cargos. En eso también tenemos que reflexionar todos los peruanos, y no estoy hablando solamente de esta crisis, ah. Te hablo en general, ya desde antes.

¿Se le ofreció algún ministerio a algún militante del PPC?

No. No hubiera tenido ningún sentido, porque nosotros estamos en plena competencia electoral. Hubiera sido un absurdo.

¿No hubieran aceptado?

Pero porque estamos en plena competencia electoral. Sería absurdo, no tiene sentido. ¿Qué es lo que sí te estoy tratando de decir? Estamos espantando a los mejores peruanos. Y no estoy hablando de esta crisis, por Dios, estoy hablando de los últimos años, desde hace treinta años viene esto, pero se ha ido poniendo cada vez peor. Los peruanos responsables, que hacen bien su chamba, que tú dirías “oye, este pata podría ser bueno en el Congreso, este pata sería un gran ministro”. Anda y ofrécele, ¿qué te contesta? “No, cuñado, estás loco, o sea, nada que ver, déjame tranquilo en mi casa, mi mujer me mata” o “mis hijos… no, olvídate”. Entonces, lo que estamos haciendo es espantando a todos. Hoy necesitamos al mejor gabinete posible, pero al mismo tiempo decimos “nadie va a aceptar una convocatoria”. Nos condenamos nosotros solos. Tenemos, como sociedad, que reflexionar en lo que estamos haciendo, porque yo creo que estamos hundiéndonos cada vez más, estamos cavando cada vez más profundo el hoyo, haciendo más difícil la salida. Pero no puedes decir: “qué indignante que esta porquería nos gobierne, que a nadie se le ocurra venir, ah”, porque, entonces, ¿cómo hacemos?, salvo que quieras una anarquía, ¿no?

Nota de edición: Después de la muerte de dos jóvenes en las protestas del sábado y la renuncia de Merino el domingo, Beingolea agregó el siguiente comentario:

Todo el problema ha tenido su origen en la votación de los peruanos. Nosotros elegimos a este Congreso, nosotros elegimos a aquel presidente y a su vicepresidente. Desde que comenzó este conflicto, que fue con PPK hace cuatro años, vacado por un Congreso que elegimos nosotros, con un vicepresidente que se convirtió en presidente a quien elegimos nosotros, que cerró el Congreso para que venga otro Congreso al que elegimos nosotros. Hemos elegido a una serie de autoridades que, ahora nos quejamos, no tenían ni siquiera un nivel de estudios como el que debiera tener una autoridad pública. Yo no entiendo cómo es que siempre nos quejamos diciendo que debería haber condiciones mínimas de estudios para los congresistas, pero a la hora de elegirlos los elegimos sin esas condiciones. Espero que hayamos aprendido la lección: que tenemos que votar conscientemente, porque si no, vamos a generar estas crisis. Votamos por agrupaciones que no son partidos serios, que son grupos de poder que se reúnen alrededor de una figurita de turno. El problema es que nos dejan una bancada en el Congreso, como lo que acabamos de ver. Y estas elecciones que vienen van a ser más de lo mismo. Necesitamos elegir a grupos políticos que de verdad sean equipo, que se conozcan desde antes. Ya no más improvisación. Ojalá que esa sea la lección que quede. Lamento muchísimo la muerte de estos dos chicos. Se pudo evitar. Esperemos que este capítulo se cierre con una nueva elección y que se consigne a una persona que sí represente a los peruanos.

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Alberto Beingolea, Marchas

Por Fabrizio Ricalde y Paolo Benza

Miles de peruanos, de distintas tendencias ideológicas, lograron en las calles un cambio político. En el séptimo día, sin embargo, el Congreso no logró concluir la obra. La clase política ha vuelto a demostrar su desconexión con el país y sus necesidades ayer domingo, al no ponerse de acuerdo para elegir una sucesión democrática. Le ha fallado, una vez más, a los ciudadanos.

Mientras que los medios internacionales difunden al mundo la ambigüedad del caso peruano -crisis política, pero movilización ciudadana efectiva-, en la Universidad de Harvard hay un profesor que tiene más de dos décadas estudiando el fenómeno del Perú. Steven Levitsky ya no tiene fe en los actuales congresistas, pero encuentra razones para entusiasmar al país con una nueva generación que -quizás- pueda alcanzar reformas. Para ello, sin embargo, necesita organizaciones que la representen.

Se suele decir  que la sociedad peruana está desconectada de la actividad política, pero nosotros dos siempre hemos creído que en realidad está desconectada de sus políticos. 

[Los peruanos] no están desconectados totalmente. Lo que pasa es que se sienten mal representados. Hay un nivel de rechazo muy alto en el voto y en las encuestas. Pero están prestando atención y no les gusta lo que ven. Ahí es donde una figura como la de Vizcarra destaca. Muy criticado (y en algunos casos con razón) por los medios, los analistas y los políticos, pero es el único político desde Fujimori que ha logrado tener cierta legitimidad con la opinión pública. Él sí cae bien. Pero casi todo el resto de políticos post-Fujimori han sido desastrosos. Y la movilización en el Perú ha sido baja en los últimos veinte años, si lo comparas con Chile, Ecuador, Brasil, Bolivia y Argentina. Lo de hoy ha sido inédito desde el 2000. Yo espero que sea una sociedad que participa más que solo cada cuatro años.

¿Qué es lo que tienen en común Vizcarra y Fujimori para ser los únicos dos con legitimidad popular en tres décadas? Están en polos ideológicos opuestos y Vizcarra, incluso, ha sido un abanderado del antifujimorismo. 

Vizcarra ha sido también un outsider de la política. Tiene una visión más técnica y no es tan populista como fue Fujimori. Pero no le interesa quedarse en el mundo político y lo critica mucho. Su olfato no ha estado mal y eso lo distingue del resto. Hay un temor en la clase política relacionado a no romper el modelo económico, aunque el pueblo lo demande y el gobierno pierde legitimidad a costa de no hacerlo. Vizcarra ha tenido más afán de conectarse con la gente y estuvo dispuesto a utilizar el apoyo popular para tener logros políticos. Llamó a plebiscito y cambió algunas normas. Es un político mucho más dispuesto a actuar de cerca a las preferencias públicas y rompe con la cultura de mantenerse dentro de lo que define el CADE.

¿Tenemos una clase política incapaz de cambiar el statu quo económico y eso favorece a estos outsiders

[Los políticos] no afectan la economía y la protegen a todo costo. Mira a Alan García: destruyó su carrera política porque no estaba dispuesto a lanzar políticas redistributivas, aunque tuvo un montón de plata en su segundo gobierno. En el Perú, parece como si la política no pudiera jamás afectar la economía…

Pero la termina afectando igual…

Sí, si no hay un sistema político funcional y legítimo, en algún momento va a tocar la economía.

Entonces: si lo que hace populares a Vizcarra y Fujimori es escuchar los pedidos de la gente, ¿qué está pasando en el sistema electoral y político para que la mayoría de políticos no escuchen al ciudadano? 

Hay una o dos generaciones [de políticos] en el Perú que siguen viviendo el efecto de la crisis de los ochenta. Quizás la juventud en las calles no. Pero luego de la violencia y el colapso de la economía, hay un temor por politizar la economía. Evitar a toda costa el retorno de una crisis [económica]. Sin embargo, en democracia, los políticos tienen que escuchar a la gente y generar cierto equilibro entre la gestión pública y la opinión pública. No pueden ignorarse el uno al otro.

Luego, tienes el colapso de los partidos políticos y de la carrera política. Hace mucho que los congresistas, los gobernadores y los alcaldes no son políticos partidarios. Son agentes libres, son empresarios. Compran su espacio en la lista para hacer negocios. Ojalá fuera exagerado, pero es concretamente así. Todavía existen ‘partidos’, pero ya desaparecieron hace rato. UPP, Somos Perú, Acción Popular: los llamamos partidos, pero no lo son. Son franquicias alquiladas a la gente para llegar al Congreso y hacer plata o negocio. Eso no es política. Eso genera un sistema electoral de corrupción que ha extinguido a los partidos y a la carrera política. El sistema absurdo protege a las viejas organizaciones e impide el surgimiento de nuevos (y verdaderos) partidos. ¿Para qué sirve UPP?

La pregunta es: ¿a quiénes representan más allá del momento electoral?

¡A quién representa UPP! ¡A quién representa Somos Perú! Tengo un doctorado en ciencias políticas y no sé qué carajo significan esos partidos políticos. No son partidos, son franquicias. Y por eso tenemos un Congreso lleno de novatos sin experiencia, sin carrera y sin conocimiento sobre el funcionamiento del Congreso y de la democracia. No están ni mínimamente socializados en las normas y prácticas del sistema. Tal vez no sea bueno vacar al presidente cada vez que te da la puta gana. Tampoco piensan en el futuro, porque ahora no se pueden reelegir. Entonces en poco tiempo van a maximizar sus intereses. Si fueran políticos de carrera de verdad estarían pensando en generar alianzas, cohesiones, en entender el sistema y aplicarlo bien para tener una buena imagen. Estos congresistas entraron por la ventana y compraron su lugar.

Pero hay congresistas, como Merino y otros, que aprueban leyes llamadas populistas. Por ejemplo, el retiro de fondos de las AFP. Eso es ir en contra del statu quo económico. Entonces, ¿por qué igual los odian?

El Congreso desde hace mucho tiempo tiene ya ganada y se merece una imagen negativa por su incompetencia, ineptitud y corrupción. Los congresistas defienden sus intereses personales. ¡Es muy obvio! No tienen principios, hay investigaciones en su contra, tienen denuncias. Es la corrupción percibida en el Congreso lo que pesa más.

Los odian porque sencillamente son malos políticos, ¿entonces?

Ni siquiera son políticos. Son empresarios. Llegaron para hacer su negocio. Y la gente lo sabe, porque es obvio. La coalición liderada por Merino que agarró el poder por cinco días ni siquiera intentó esconder o disimular su lucha por intereses personales. Están al desnudo, y la gente no es tonta. Creo que esa imagen pesa mucho más. Veinte años de pésimo rendimiento como políticos y han deslegitimado la democracia. La gente ha formado su opinión sobre el Congreso no por sus posiciones programáticas ni por sus leyes, sino porque son muy malos.

Cerremos hablando sobre el choque generacional. Esa política apolillada, anciana y conservadora que se contradice con una juventud más abierta, liberal y soñadora. ¿Cree que vaya a consolidarse un movimiento juvenil a partir de lo ocurrido?  

Esperábamos algo parecido en el 2000. Hablábamos de una manera muy parecida de la juventud en esa época cuando se bajaron a Fujimori con la Marcha de los Cuatro Suyos. Pero eso no produjo una nueva clase política.

¿Qué les faltó?

Partidos políticos.

Organizaciones que canalicen sus demandas. 

La coalición toledista murió desde el principio porque Toledo no formó partido. El antifujimorismo no tuvo un partido. La izquierda siguió muy débil por razones históricas. Nunca se construyó una fuerza liberal, progresista y en el lado antifujimorista. Se fragmentó en mil pedazos y la gente se cansó de la política. Quizás por voluntad propia o porque sus partidos murieron. Incluso muchos se volvieron más conservadores, como Juan Sheput.

Si no se canaliza en un partido la movilización de los jóvenes, ¿se va a dispersar indefectiblemente?.

Se vuelve más difícil. Es más probable que así la sociedad no aproveche el momento. Pero no es imposible. Una experiencia cómo esta, de salir a la calle, sufrir ataques de gases, organizarse para participar y defenderse, genera la posibilidad de construir una sociedad colectiva y movilizada. Pero es muy temprano para hablar de una nueva generación política. Lo que da es esperanza.

Y, en eso, se vienen las elecciones en seis meses. 

La próxima elección puede generar algo muy parecido a los últimos años: un presidente mediocre, sin popularidad, y un Congreso lleno de la misma mierda. Es muy posible eso. Esta crisis y la movilización social podría cambiar la dinámica, sin eso estaríamos peor aún. El problema es la oferta política. Difícilmente estas generaciones van a encontrar líderes en los candidatos actuales, son un desastre. Una mezcla entre outsiders -algunos muy peligrosos y otros mediocres- y dinosaurios, como los llama Julio Guzmán -donde vamos a poner también a Keiko Fujimori-. La fuerza de estas protestas no tiene un liderazgo dentro la oferta política actual.

¿El Partido Morado?

Podría ser. El mal menor, como siempre. Guzmán ha buscado crear algo, ha reclutado gente decente, pero no le fue muy bien en la elección pasada. Me cae muy bien, es mi amigo, pero hasta ahora no ha logrado ser un talento político y no ha mostrado su capacidad electoral. En las encuestas no le va muy bien. Sería un cambio enorme si el partido nominara a alguien diferente a Guzmán.

Parece imposible que un partido político pueda proponer un proyecto valioso en un sistema malogrado como este. 

Algo ha hecho bien Vizcarra. No es casualidad estar siempre por encima del 50% de aprobación. Eso no lo hizo Toledo, ni Humala, ni García ni PPK. Desde Fujimori, nadie ha tenido eso. Algo deben aprender de Vizcarra. El Partido Morado es el único que ha sido coherente en esta crisis, el más limpio y defensor, pero no tiene un candidato presidencial formidable hasta ahora y eso es algo clave.

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Congreso, Steven Levitsky

La violenta represión policial durante la marcha nacional de ayer sábado 14 de noviembre dejó, por lo menos, la muerte confirmada de dos jóvenes universitarios. Ambos fallecieron luego de ser atacados por proyectiles de armas de fuego. Jack Bryan Pintado Sánchez (22) y Jordan Inti Sotelo Camargo (24) perdieron la vida mientras protestaban contra el gobierno de Manuel Merino, que no tiene –ni tuvo– ninguna legitimidad popular.

Desde Sudaca llamamos a que sus muertes no queden impunes. El rol que tendrá el Ministerio Público para que los responsables sean sancionados y las víctimas alcancen justicia será determinante.

Manuel Merino, el primer ministro Antero Flores Aráoz y el renunciante ministro del Interior, Gastón Rodríguez, tendrán que ser investigados por la Fiscalía de la Nación, según especialistas consultados por este medio. La titular de ese despacho, Zoraida Ávalos, tiene la prerrogativa de iniciar una investigación preliminar de oficio ante los graves hechos perpetrados por la Policía durante la noche del sábado.

En diálogo con Sudaca, el exprocurador Antonio Maldonado precisa que si la fiscalía califica estos hechos como homicidio calificado, de ser condenados, Merino y Rodríguez podrían recibir hasta 25 años de pena privativa de la libertad. “El asesinato de estos jóvenes alcanza a una ejecución extrajudicial”, asegura.

“No solo hay responsabilidades políticas, sino constitucionales y penales. Respecto de las constitucionales, acá hay una responsabilidad de quien encabezó todas estas operaciones, quien no puede ser otro que el señor Merino de Lama, debajo de él están todos sus ministros”, afirma.

Según el constitucionalista Luciano López, la muerte de los dos jóvenes constituye un delito de “grave violación de los Derechos Humanos”, que es tanto responsabilidad de Merino, como de Flores-Aráoz y su Gabinete. En el caso de Merino, es debido a la figura de la ‘autoría mediata’, por la que –por ejemplo– se juzgó al expresidente Alberto Fujimori en los casos La Cantuta y Barrios Altos. La estrategia, sin embargo, quedará en manos de la fiscalía.

Vale recordar que el viernes, después de la brutal represión de la marcha del día anterior, el primer ministro –junto al extitular del Interior– agradeció en persona la labor de las fuerzas policiales. Les dijo que siempre encontrarían en él a “un defensor” para sus actos de represión.

El expremier Juan Jiménez Mayor opinó en concordancia con la tesis de López en su cuenta de Twitter, donde aseguró que lo ocurrido ayer es “uno de los pocos tipos penales constitucionales que genera responsabilidad” y que debe “ligarse con los delitos especiales [aquellos que requieren de una cualidad específica para ser cometidos, como ser premier o ministro] del Código Penal”.

Sobre el resto de ministros de Estado, once de los cuales presentaron su renuncia en la madrugada de ayer, Maldonado aseguró que ello “no procede” para deslindar responsabilidades. Desde Sudaca advertimos que la brutal represión de la primera marcha -la del jueves 12- ya hacía prever que habría muertes. No haber visto ello es inaceptable.

“Es el cuarto día de la protesta social y de la represión desproporcionada. Eso no procede, han pasado varios días donde ellos conocían qué estaba pasando y finalmente hay responsabilidades penales graves, donde la lista principal la encabeza el ministro del Interior, que se ha venido manifestando de manera arrogante, falsa, diciendo que los policías no usaban proyectiles que causaban lesiones graves”, remarca. Uno de los jóvenes muertos recibió 11 disparos, varios de ellos en la cara, según el reporte oficial del Hospital Almenara.

Según el artículo 128 de la Constitución, además, “todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el Presidente de la República o que se acuerden en Consejo [de Ministros], aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente”. La renuncia de ministros, que cayó en cascada en la madrugada de hoy, se tras varios días de pública y conocida represión policial. 

Para López, los ministros han renunciado demasiado tarde como para evitar su responsabilidad solidaria en la muerte de los jóvenes. Renunciar luego de que la violencia por parte de las fuerzas del orden se tradujo en dos muertes “no es una renuncia inmediata”, asegura.

Maldonado sostiene, además, que la hipótesis fiscal debiera apuntar a que existió un “patrón de represión sistemático y rigurosamente planeado, concebido en la más alta jerarquía policial, y por lo menos con instrucciones del señor Merino”. Algo que Sudaca ha podido comprobar con reporteros apostados en distintos puntos del Centro de Lima durante las manifestaciones. “Acá la fiscalía tiene que ser muy clara en lo que ha pasado, no se trata solo de ver el Código Penal, [eso] sería un error del Ministerio Público. Se trata de figuras complementarias en el ámbito de Derechos Humanos”, declara.

“Lo que debe quedar claro es que no hay nada que esperar, si Merino está intentando fugar del país, la primera medida coercitiva tendría que hacerla ya (la fiscal de la Nación)”, resalta también Maldonado. Repetimos: que la muerte de Jack Bryan y Jordan Inti no queden impunes.

*Actualización (13:00 pm): El Ministerio Público abrió investigación preliminar en contra de quienes resulten responsables del delito de homicidio en agravio de Inti Sotelo y Jack Pintado y otros, en el contexto de graves violaciones de derechos humanos. El caso está a cargo de la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Terrorismo y Derechos Humanos. Además se abrirá investigación por lesiones leves y lesiones graves en agravio de los heridos, y sobre los casos de desaparecidos en la movilización social. 

En esta instancia deberán ser incluidos los altos mandos policiales y agentes a cargo de los actos de represión durante las protestas, como el Subcomandante General de la Policía, Jorge Lam Almonte, y el jefe de la Sétima Región Policial Lima, General Jorge Cayas Medina. Hasta el momento, la Fiscalía de la Nación no se pronuncia sobre apertura de investigación a Manuel Merino y ministros

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Manuel Merino, Marchas

Fernando Meléndez

Fue uno de los congresistas que habló más alto en el debate por la vacancia de Martín Vizcarra. “Tenemos un deber moral con la patria, porque esto no es un juicio de una sala del Poder Judicial, este es un foro político y su cuestionamiento mayor es que ha mentido”, aseguró, casi sin poder hilar dos ideas consecutivas, en una chapucera intervención de más de 12 minutos. Incluso, se atrevió a citar a Manuel González Prada. “Rompamos el pacto infame de hablar a media voz”, dijo. El tono de su discurso sorprendió a la prensa.

Antes de iniciar el debate del lunes, los votos de Alianza para el Progreso (APP) se contaban indiscutiblemente en contra de la vacancia. De hecho, César Acuña, su líder y próximo candidato a la presidencia, había declarado que Vizcarra debía llevar las investigaciones a través de sus abogados y dedicarse a gobernar los meses que le quedaban. Pero finalmente los votos de APP fueron los que inclinaron la balanza: 20 a favor de destituir al expresidente y solo una abstención.

“Su gobierno es un gobierno espurio, fruto de la mentira, de la conspiración, del engaño y la traición”, dijo Meléndez, pese a que la traición de su bancada empezó, precisamente, con su discurso. Desde su escaño, el vocero de APP resaltó la incapacidad moral de Vizcarra para ejercer el cargo, pese a tener ocho veces más investigaciones fiscales que él. De acuerdo a información revelada por el portal El Foco, Meléndez tiene –sí, solo él– 85 procesos fiscales en curso. Entre otros, se le acusa de peculado, abuso de autoridad, coacción laboral, contaminación ambiental, usurpación, estafa y lavado de activos.

 

Como muestra, solo dos ejemplos. Meléndez es investigado por haber presuntamente favorecido a la empresa Cacao del Perú Norte, del empresario estadounidense Dennis Melka, acusada por la ilegal depredación de 1.900 hectáreas de bosque en Loreto, según Ojo Público. “Es su consciencia que le cuestiona, que no le deja dormir”, aseguró, sin embargo, sobre Vizcarra.

Meléndez también es investigado por negociación incompatible y aprovechamiento ilícito del cargo en la compra de 17 mil mochilas que hizo el Gobierno Regional de Loreto en el 2017. Por este caso, la Fiscalía allanó sus oficinas aquel año. En APP, además, hay otros 13 congresistas investigados por el Ministerio Público. Esto la convierte en la bancada con la mayor cantidad de congresistas en esa situación. 

Meléndez y Vizcarra tienen algo en común: ambos fueron gobernadores regionales. Cada uno en un extremo distinto del país. Mientras que Vizcarra es acusado por recibir coimas para la ejecución de obras públicas en Moquegua, la mayoría de procesos de Meléndez tiene que ver con su paso por el mismo cargo en Loreto, entre el 2015 y el 2019. Pero Meléndez, sin un gramo de vergüenza, dijo que “[Vizcarra] llegó al Gobierno sin título moral, sin honradez, y se encargó de destruir lo que es la institución presidencial”.

Cero en salud

Ante el asombro de los espectadores, que esperaban un pronunciamiento en línea con lo expresado previamente por Acuña, Meléndez también criticó duramente el mal manejo de la pandemia del gobierno de Vizcarra. Dijo que el expresidente “no es capaz de reconocer que hay miles de peruanos que reclaman sus deudos” por culpa suya, y que estos “han fallecido en los hospitales de la seguridad social por falta de un balón de oxígeno”.

¿Qué hizo Meléndez por la salud de la región que representa en el Parlamento, una de las más golpeadas en los primeros meses de la pandemia? No mucho. Según la prensa loretana, Meléndez es uno de los principales responsables en la demora de la construcción del nuevo Hospital de Apoyo de Iquitos, llamado César Garayar García. Este centro de salud funciona en una sede de contingencia desde el 2017, cuando él era gobernador. La nueva infraestructura debía ser entregada en noviembre del 2019, pero aún está inconclusa. Es un caso que recuerda mucho a las demoras que tuvo el Hospital de Moquegua, inaugurado con tres años de retraso, después de la gestión de Vizcarra.

La gestión de Meléndez tampoco fue buena con otro hospital de Loreto, el regional. “La historia de Loreto es crítica. Hemos tenido una serie de gobernadores regionales que no se han preocupado por el sistema de salud. El hospital regional no ha podido en los últimos cuatro años mejorar su atención y colapsó”, le  recordó Fiorella Molinelli, presidenta ejecutiva de EsSalud, cuando fue citada a la Comisión de Fiscalización. “Creo que el congresista se olvidó de su breve paso por EsSalud, donde ha trabajado”, agregó. Tras dejar el GORE Loreto, Meléndez fue designado como asesor en EsSalud, puesto por el que pasó sin pena ni gloria.

Negativo en educación

Otra crítica de Meléndez para empezar a justificar el voto de su bancada a favor de la vacancia fue la supuesta destrucción de las instituciones perpetrada por Vizcarra. En septiembre de este año, sin embargo, Meléndez propuso al Congreso un proyecto de ley que le devolvía las plazas a cerca de 15 mil maestros despedidos por no pasar o no presentarse a la evaluación docente. Eso fue un golpe directo a la reforma magisterial, que –más allá de su evaluación de fondo– es de los pocos procesos institucionales que han sobrevivido a cambios de gobierno. Al mismo tiempo, la región que representa continúa con los peores niveles de educación en el segundo grado de primaria del país. 

Al cierre de la gestión de Meléndez como gobernador regional, en el 2018, según información censal recogida por el Minedu, sólo el 6% de los colegios públicos de Loreto contaban con servicios básicos (agua, desagüe y luz) para los más de 340 mil alumnos inscritos. El promedio nacional en este indicador es de 44%. De ello también da cuenta el Colegio de Economistas de Loreto. Solo 14% de colegios cuentan con todas sus aulas en buen estado.

En el ámbito docente, la situación no es mejor. Según cifras del Minedu, Loreto es una de las regiones con mayor falta de docentes en relación a la demanda en la actualidad y lo será también si el cálculo se proyecta al 2023. Por ejemplo, en la educación primaria, a Loreto le faltarían 2,944 profesores para abastecer la demanda en los próximos tres años, la más alta solo detrás de Piura. Además, Minedu informa que Loreto tiene la tasa más alta de alumnos por maestro para inicial y primaria.

Según los argumentos que Meléndez expresó públicamente –el congresista no quiso dar declaraciones a Sudaca–, su proyecto de ley resolvería esas carencias. Al regresar a la carrera pública a los docentes despedidos, regiones como Loreto se beneficiarían con un incremento sustancial de profesores. De hecho, según cifras oficiales, la región de Meléndez cuenta con el segundo número más alto de docentes cesados (más de dos mil), solo por detrás de Lima.

Un proyecto inconstitucional

Antes de la inesperada vacancia presidencial, Sudaca preparaba un informe en profundidad sobre el problema de los docentes interinos y los vacíos de la reforma magisterial, a propósito de la iniciativa impulsada por Meléndez. Ese informe verá la luz –dada la coyuntura– todavía en algunas semanas. Sin embargo, vale la pena adelantar dos puntos.

El primero es que el proyecto de Meléndez es una salida facilista: simplemente recontratar a los docentes despedidos para cerrar la brecha. Contratarlos porque hay espacio. Pero lo cierto es que la ley vigente de la carrera pública magisterial, aprobada en el 2007 y reglamentada desde el 2012, no reconoce la figura del docente interino. Según Ricardo Cuenca, investigador principal del IEP, estos son profesores eventuales que debieron pasar a ser regulares en periodos cortos de tiempo con la obtención del título profesional.

Lo de Meléndez, en cambio, se parece más a una movida netamente política y clientelista. Entre noviembre del 2018 y el cierre del Congreso en el 2019, 40 congresistas reenviaron en total 45 oficios a la Mesa Directiva para que incluya el debate de un dictamen de la Comisión de Educación que reincorporaba a los docentes interinos a la carrera pública.

Esto ocurrió por la insistente presión de hasta tres grupos sindicales o frentes nacionales de maestros. “Fernando Meléndez es para todos los docentes interinos un héroe, admiramos el empuje que a la dado a la lucha por el reconocimiento de nuestros derechos”, dice Edgardo Escobar, docente interino de Pasco por casi treinta años y hoy secretario general del Sindicato Nacional de Maestros Despedidos del Perú. Apoyar a los maestros cesados da capital político.

Lo segundo es que el proyecto de ley impulsado por Meléndez contraviene un fallo del Tribunal Constitucional. El 23 de abril del 2019, ese colegiado dictó una sentencia que declaraba infundada la demanda por reincorporación de la profesora interina cusqueña Esperanza Pacheco. El Pleno del Congreso votó a favor de restituir a los docentes cesados en octubre del 2020, pero luego reculó y decidió devolver el texto a comisión para profundizar su análisis.

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Fernando Meléndez

 

Fotos: Luca Daniel / Texto: Sudaca

Esta semana la Policía le ha recordado al país su cara más perversa. Aquella que sirve de instrumento de represión ciudadana para gobiernos sin respaldo popular. Durante toda la semana, en lugar de proteger a los peruanos los han atacado. Y anoche, en el Centro de Lima, esa represión se volvió ensañamiento. Con perdigones, toneladas de gas lacrimógeno y una estrategia de brutal acorralamiento, la Policía embistió sin piedad contra manifestantes que protestaban –que no quepa ninguna duda– pacíficamente.

 

No es que no se sepa ya que la Policía normalmente sirve a los intereses de quienes dictan las órdenes. No es, tampoco, que no se hayan visto antes episodios de injustificada violencia en marchas y protestas pacíficas. Ayer, sin embargo, la Policía dejó claro algo: su cara más ruin ha empezado a perder la vergüenza. Y bajo esa premisa, el escenario que le espera al país parece cada vez más oscuro.

¿Cómo no reprimir sin pudor, si la única respuesta de la que parece capaz Manuel Merino es esa? ¿Y qué más se puede esperar de la Policía si el nuevo premier, Ántero Flores-Aráoz, pertenece a una casta de políticos absolutamente desconectados de la realidad? Hoy por la mañana, incluso, el premier ha agradecido al cuerpo policial por su deshoronsa labor de anoche. “Lamentablemente muchas veces no se comprende que a igual que los civiles tienen derechos humanos, los policías también los tienen. En mí encontrarán siempre un defensor”, les dijo.

La marcha de ayer fue inusualmente puntual. A las 5 de la tarde, la Plaza San Martín comenzó a llenarse de gente que, sin otra motivación subrepticia, deseaba manifestar su rechazo a la vacancia presidencial perpetrada hacía tres días por el Congreso. Para entonces, ya llegaban reportes de inexplicable represión en algunas regiones del país. En Madre de Dios, por ejemplo, la Policía echó gas lacrimógeno a una manifestación de apenas 60 personas.

El miércoles, incluso, ya se habían producido detenciones arbitrarias en las primeras movilizaciones en Lima. Sin embargo, para el jueves 12 de noviembre la Policía tenía preparada una estrategia mucho más dura. Un ejemplo: a las ocho, cuando los manifestantes estaban detenidos en la Av. Abancay, cruce con el Jirón Leticia, la Policía empezó a gasearlos desde tres frentes distintos. Las bombas lacrimógenas no fueron usadas para dispersar a los manifestantes, sino para acorralarlos. Y para atacarlos cuando no tenían salida.

Tres reporteros de Sudaca, apostados en distintas zonas del Centro de Lima, comprobaron que algo similar ocurrió –tiempo después– en el Óvalo Grau, frente al Palacio de Justicia, en la Av. Wilson y a la entrada de la Plaza San Martín. En esta última, incluso, los policías advirtieron con sorna a la gente que los llenarían de gas. Y nuevamente ocurría lo mismo: lacrimógenas desde todos los frentes. Acorralamiento sistemático para causar miedo e infligir sufrimiento. A ello se sumaron los perdigonazos.

El fotógrafo de El Comercio Alonso Chero fue herido por la espalda con un perdigón. Al periodista Alonso Balbuena, de Ojo Público, le reventaron la pierna con una lacrimógena. Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos hay, por lo menos, cuatro periodistas heridos tras la marcha de ayer. Atacar a la prensa es un signo inconfundible de que un gobierno ha perdido el rumbo democrático. Desde Sudaca condenamos abiertamente este inaceptable comportamiento.

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