A fines de febrero pasado, y luego de unos días de descanso, un grupo de trabajadores regresó al complejo hidroeléctrico de la empresa Generadora de Energía del Perú (Gepsa), en Puno. Ya en el campamento donde debían pasar las siguientes semanas, uno de ellos presentó una ligera fiebre, tos y sudoración excesiva. “Después de un día, otros compañeros presentaron síntomas. De los 11 contagiados, uno está en una cama UCI, en Juliaca, desde el 2 de marzo y tiene más del 50% de sus pulmones comprometidos. Incluso el chofer que nos traslada también necesita una cama, está buscando”, dice un trabajador que pidió mantener la reserva de su identidad por temor a represalias.
El autor de este reportaje conversó con cuatro trabajadores de Gepsa, que dieron sus testimonios sobre abusos laborales en medio de la pandemia. Hablaron con reserva de sus nombres y entregaron una lista con los nombres de los contagiados. Sudaca contactó a algunos de ellos, que confirmaron estar recuperándose. Ningún representante de la empresa, sin embargo, quiso dar sus descargos.
Abandono
Gepsa empezó a operar a mediados de 2018, mediante un contrato de suministro de Recursos Energéticos Renovables (RER) con el Estado. Ese año montó un complejo de tres centrales hidroeléctricas -cada una con una producción de 20 MW (megavatios)- ubicado a 2,500 metros sobre el nivel del mar, en la provincia de Carabaya, en Puno.
Los trabajadores llegan de diversas provincias hasta Juliaca y ahí los recoge una movilidad que los traslada, finalmente, hasta el complejo. En el campamento laboran 14 personas y las rotaciones se dan de cuatro en cuatro. Comen, viven y se bañan ahí, en ambientes compartidos. Su jornada debería ser 14 días de trabajo por 7 de descanso, aunque en la práctica -denuncian- eso no se cumple.
“Cuando inició la cuarentena, en marzo del 2020, se dio la orden de no salir del campamento a los que estábamos acá. Pero ya en julio, como no terminaba, liberaron a los que estábamos acá y vino el otro grupo. Desde esa fecha se empezó con 42 días de trabajo y 14 de descanso”, dice uno de los trabajadores.
La nueva medida no impidió que el coronavirus irrumpa en el campamento. Luego de enterarse del primer contagiado, a fines de febrero pasado, los trabajadores pidieron equipos de protección y alcohol. La respuesta, según dos de los empleados entrevistados, fue que no había recursos. Apenas se entregaron botellas de 30 ml cada 15 días y una mascarilla semanal. En el tópico, había un balón de oxígeno, pero estaba vacío porque lo habían usado ya para soldar. “Nos dijeron que, si necesitábamos más, teníamos que conseguirlo de otra forma”, dice uno de los trabajadores.
“Cada uno está en su cuarto y nadie nos dice nada sobre cómo llevar esto adelante. Nada más nos enviaron un correo para hacer una colecta por el compañero que está mal”, dice otro empleado, que permanece aislado por precaución. El entrevistado nos muestra el correo firmado por la licenciada Valerie Vargas, administradora del complejo, que solicita una donación para la familia de Wilfredo Mayta, uno de los trabajadores que se encuentra grave.
El club de los maltratos
Los dueños de Gepsa son los empresarios, y esposos, Javier Lei Siucho y Ana Linares Arévalo. Lei -además de ser accionista y fundador de la compañía- fue gerente general hasta el 22 de mayo de 2019, cuando el directorio aceptó su renuncia. Un día antes, el Poder Judicial le había dictado 18 meses de prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión agravada y cohecho activo genérico en el marco de las investigaciones del caso “Club de la Construcción”. Para ese momento, Lei Siucho se había hecho humo.
El hoy prófugo de la justicia fue vinculado a la investigación como dueño de la constructora CyM. La constructora y la hidroeléctrica, sin embargo, están íntimamente relacionadas. Según registros públicos, Gepsa –que antes del 2006 tenía como nombre ‘Minera Mochica Gold S.A.’- ha recibido al menos dos aumentos de capital por más de S/25 millones en los años 2010 y 2014 por parte, justamente, de CyM, donde Lei es accionista mayoritario. Eran los mejores años del “Club de la Construcción”.
A inicios de este año, y desde la clandestinidad, el empresario solicitó al Poder Judicial revocar la medida de detención en su contra, argumentando que su salud estaría en peligro por la pandemia. Pero el Poder Judicial rechazó su pedido en primera y segunda instancia. “[Lei] ha demostrado un comportamiento cuestionable al rehuir de la acción de la justicia”, se lee en la resolución de febrero de este año.
Lei ha podido esquivar momentáneamente a la justicia, pero Gepsa no pudo hacer lo mismo con la Sunafil. En 2019, algunos de sus empleados denunciaron a la empresa debido a los extenuantes horarios de trabajo y las mensualidades impagas. Los hacían laborar 21 días seguidos y les daban 7 de descanso, cuando las jornadas continuas debieran ser, máximo, de 14 días. En febrero del 2020, la superintendencia terminó imponiendo una multa de S/231,546.00 a la empresa.
La resolución señala, entre otras cosas, que Gepsa “no acreditó el otorgamiento de descanso semanal obligatorio”, ni “el pago de horas extras”, ni “el otorgamiento de vacaciones”. Y lo más grave: “suscribió contratos de trabajo que no cumplen con las disposiciones legales establecidas”.
A pesar de este antecedente, los trabajadores no han vuelto a recurrir a la Sunafil por temor a represalias. “La última vez que alguien denunció a Sunafil prácticamente amenazaron con que tomarían represalias contra alguno de nosotros. Y también, en mi caso, pensé que denunciar a Sunafil era irrelevante porque la última vez también sólo quedó en una multa y ya. Nada cambió”, se lamenta uno de los trabajadores entrevistados para este reportaje, que, además, se queja de un reciente retraso en los sueldos.
Tras cruzar todo el Pacífico, el pasado 8 de setiembre un bividí llegó al puerto del Callao. 100% algodón, cuello redondo, largo a la cadera y un pequeño distintivo de su marca comercial, Doo Australia. Ancló, junto a otros 2.300 bividís y más de 40.000 prendas diferentes, en un contenedor lleno de ropa para la temporada de verano. ¿Su país de origen? La China.
La empresa que importó aquel cargamento fue Saga Falabella, una cadena chilena de tiendas por departamentos que pertenece al mismo grupo que Tottus y Sodimac. Según documentos de Aduanas, compró el bividí a los chinos a US$1,87. Agregándole el flete, el seguro, los aranceles, el impuesto municipal y el IGV, la prenda le terminó costando US$2,48, poco menos de S/9, de acuerdo al tipo de cambio de entonces.
Falabella puso a la venta aquella prenda a S/39,90, cuatro veces más de lo que le costó importarla. Hoy, con el verano ya por terminar, la ‘remata’ a S/24,90. Una historia similar es la del polo para niños marca Cloudbreak, también 100% algodón, que llegó desde Bangladesh al Callao el 14 de agosto del 2020. A Ripley le costó, sumados todos los cargos, US$1,90 o S/7. Hoy lo vende a S/19,95.
Por aquellos días, el Perú vivía su tercera fase de reactivación económica. En setiembre, los conglomerados comerciales llevaban poco menos de tres meses reabiertos, tras haber estado casi 100 días paralizados. Gamarra operaba con aforo reducido: solo los dos primeros pisos de las galerías recibían al público. Detrás, la industria textil intentaba despertar de un largo coma inducido.
Y tenía esperanza. A la par de la reapertura, el 25 de junio, el entonces viceministro de Mype e Industria, José Antonio Salardi, había pedido al Indecopi que evalúe una medida de defensa para la comatosa producción nacional. ¡Salvaguardias!, fue el grito de los textileros peruanos que el funcionario trasladó a la entidad técnica. ¿Qué es eso? Un aumento de los aranceles, en este caso, a la importación de prendas de China y Bangladesh.
Las salvaguardias son medidas de defensa comercial que los países pueden usar ante una situación de emergencia. Por ejemplo, cuando el aumento inesperado en las importaciones de un producto amenaza con causarle un daño grave a la industria nacional que lo fabrica. Se trata de que los empresarios locales puedan competir sin enfrentar un naufragio súbito.
Del otro lado, sin embargo, no se iban a quedar callados. Grandes empresas importadoras −entre ellas, Ripley y Falabella−, junto a los gremios que las representan, aportaron rápidamente argumentos en contra. Su voz no encontró eco en el Indecopi, que el pasado 25 de enero recomendó a una comisión multisectorial conformada por los ministros Waldo Mendoza (Economía), Claudia Cornejo (Comercio Exterior) y José Luis Chicoma (Produce) aplicar las salvaguardias de manera temporal. Pero la voz del gran empresariado sí encontró eco en el gobierno.
De izquierda a derecha: José Luis Chicoma (Produce), Claudia Cornejo Mohme (Mincetur) y Waldo Mendoza (MEF). La comisión multisectorial que no quiso defender a la industrial textil nacional.
Las salvaguardias fueron bloqueadas por estos tres ministros, que el 18 de febrero hicieron oficial su negativa de otorgar las salvaguardias en un decreto supremo. El miércoles pasado sustentaron su decisión ante el Congreso con los mismos argumentos que las compañías.
Sudaca hace público el informe preliminar elaborado por Indecopi y reconstruye, en cifras, la crisis que atraviesa el sector textilero. Decenas de miles de peruanos esperan que los representantes del gobierno reculen y atiendan la recomendación del ente que vela por la libre competencia.
La industria se muere
“Estamos arriesgando a toda una industria. No es solo Gamarra. Vamos a sacrificar el futuro de un millón de familias porque la ministra [de Comercio Exterior, Claudia Cornejo] no quiere ver la realidad”, dice con desesperación Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú. Asegura que menos del 6% de los pequeños empresarios de su emporio accedió al fallido programa de créditos Reactiva Perú.
Saldaña recoge cifras de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI): el sector textil y de confecciones genera cerca de 1 millón de empleos indirectos en el país. “Se está exponiendo al aparato productivo más extendido del Perú a la quiebra inminente […] tal como ha sucedido en otros países”, asegura el presidente de este gremio, Ricardo Márquez. A diferencia de la Confiep, asociada al gran poder corporativo, la SNI es más cercana a las mypes.
Los números respaldan la preocupación de Saldaña y Márquez. El 2020 fue un año nefasto para los textileros peruanos. Un botón como muestra: el uso de la capacidad instalada −que equivale a lo que todas las fábricas y máquinas del país podrían producir− se desplomó a apenas 39,6% en el primer semestre del año pasado, según cifras del Banco Central de Reserva. Gran parte de la industria quedó paralizada.
“Más del 80% de los productores de Gamarra no tiene capital para reiniciar su actividad. ¿En dónde liquidamos la mercadería que quedó del verano, si en todo el país está la ropa asiática a precios irreales? El mercado está completamente abarrotado”, dice hoy Saldaña.
Para volver a producir, un empresario necesita dinero. Sin acceso a crédito barato, puede conseguirlo rematando los saldos de su última campaña fallida, la del verano con segunda cuarentena. Sin embargo, no parece tener dónde.
La ropa importada ya muestra cifras ‘de remate’, explica Saldaña. Los productores nacionales esperarían que el precio de una prenda se mueva siguiendo el patrón de los insumos que la componen, pero según datos recopilados por el Indecopi, en su informe preliminar, desde el 2018 el precio de las confecciones importadas viene bajando a un ritmo mayor que el de sus materias primas, el algodón y el poliéster.
“Esto indica que estamos ante una situación que no ha podido ser prevista por los productores nacionales. La industria nacional no estuvo preparada para enfrentar esta competencia”, dice Luis Alberto León, secretario técnico de la Comisión del Indecopi que elaboró el informe preliminar
Pero quizás la muestra más cruda de la situación del sector es el empleo. Según cifras recopiladas por el Indecopi, que asegura haber evaluado un porcentaje representativo del mercado, el número de trabajadores contratados por la industria textil cayó a la mitad en el primer semestre del 2020. Eso equivale a decenas de miles de nuevos desempleados
¿Nos salvamos o naufragamos?
En su informe, Indecopi recomendó subir en 20 puntos porcentuales el arancel para las confecciones chinas y de Bangladesh por 200 días. En su presentación ante el Congreso, sin embargo, la ministra Cornejo −exgerenta de la Confiep− aseguró que la decisión de no poner las salvaguardias se debió a que no hubo “pruebas claras para acreditar la relación causal entre el supuesto aumento de las importaciones y la amenaza de daño grave [a los textileros peruanos]”. En cambio, dijo, se encontraron “otros factores de alta importancia”, como “la emergencia sanitaria causada por la Covid-19”.
Un argumento muy parecido dio a Sudaca Jessica Luna, gerenta general de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex), un gremio afiliado a la Confiep que representa −entre otros− los intereses de grandes importadores de prendas asiáticas, como Falabella, Ripley, Zara o Cencosud. De hecho, Comex se presentó ante el Indecopi junto a todas esas empresas y, en su nombre, cuestionó la mera apertura de la investigación por salvaguardias.
“La investigación no ha demostrado un aumento de las importaciones, no ha demostrado que hay una amenaza de daño [a la industria local] y tampoco una relación causal entre ambos”, aseguró Luna a este medio. Y envió una presentación elaborada para Comex por una consultora en comercio exterior. Esta menciona, como Cornejo, que la culpa de la crisis textil es de la primera cuarentena. Dicha presentación fue expuesta al Indecopi en enero, pero no lo convenció.
El informe preliminar del organismo público es enfático: dice que sí se puede determinar, en etapa preliminar, la relación causal entre las crecientes importaciones asiáticas y el riesgo de daño grave a la industria nacional. Añade que “no resulta razonable inferir” que la cuarentena −y demás medidas de contención− tengan algo que ver con la crisis del sector textil
El argumento del Indecopi se traduce así: la industria peruana no ha tenido un accidente puntual, sino que padece una enfermedad crónica desde hace varios años. Entre el 2016 y el 2019, por ejemplo, las prendas de China y Bangladesh pasaron de ser el 159,2% de la producción nacional a ser el 265,9%. Un crecimiento innegable, que luego se disparó con la pandemia: entre enero y setiembre del 2020 las importaciones representaron el 509,9% de lo fabricado en el país.
En los últimos cuatro años, entre 2016 y 2020, la producción nacional pasó de tener el 17.2% del mercado de confecciones a apenas el 5.8%. Las importaciones de China y Bangladesh siguieron el camino exactamente opuesto: a setiembre del año pasado ya copaban el 82,2% del mercado. Como advirtió Saldaña, ya no parece haber lugar para el empresario peruano.
Pero hay un riesgo latente incluso peor. “China y Bangladesh tienen amplia capacidad exportadora y fácilmente pueden aumentar sus envíos a nuestro mercado”, dice Luis Alberto León. Ambos podrían ‘redireccionar’ sus envíos al Perú y terminar de hundir la producción nacional. ¿Por qué hacia aquí? Porque les cobramos solo 11% de arancel a las confecciones, mientras que en Colombia, Ecuador y Brasil les cobran entre el 25% y 40%. Una ganga impositiva.
“Cualquier demora en la adopción de medidas de salvaguardia sobre las importaciones de dicho producto generaría un perjuicio difícilmente reparable para la rama de producción nacional”, concluye el informe del Indecopi.
El ‘lobby feroz’
A la elaboración del informe no solo se “apersonaron” Comex y sus agremiadas importadoras, con los argumentos que luego ha repetido el gobierno, sino también la Cámara de Comercio China para la Exportación de Textiles y una empresa con un pasado reciente particular: Acuario Export E.I.R.L, cuyo gerente es Marcelino Aguilar Mollinedo. El empresario figura entre los 16 detenidos en un megaoperativo realizado el pasado 17 de diciembre por la Fiscalía. Los presuntos delitos fueron el contrabando y la defraudación tributaria.
Lo cierto es que las presiones hicieron efecto. “La ausencia de relación causal” no es el único argumento contra las salvaguardias que comparten los ministros y Comex, por ejemplo. El gremio también reclamó a Sudaca que el Indecopi haya usado demasiados tipos de productos textiles para su informe. Luna dice que eso distorsiona el análisis porque no se trata de prendas similares entre sí, y porque le da demasiado peso a las medias y la ropa de cama, cuando en el Perú lo realmente relevante son los polos.
“Se están agrupando en un solo grupo de productos como polos, pantalones, medias, guantes, ropa de cama, de mesa […] Estos artículos no son comparables entre sí, usualmente no compiten en el mismo mercado y no tienen el mismo uso”, dijo Cornejo al Congreso. “Consideraron 284 subpartidas arancelarias, que definen como confecciones. Ahí tienes ropa de cama, pantalones, secadores, medias, etc. Son productos que no son similares entre sí”, asegura Luna a este medio.
Si bien es cierto que el sector textil peruano es más ‘polero’, eso no significa que no se produzca todo lo demás en el país. “En Gamarra tenemos cuadras enteras que hacen calzones y medias. Es todo un sector. Que se den una vuelta por acá, los que no conocen. También ropa de cama y para el hogar. Aquí compra el pueblo, que no tiene plata para Casaideas”, reclama Saldaña.
Pero además, el Indecopi ya explica en su informe por qué considera tantos productos dentro de su análisis. Se basa en jurisprudencia previa de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La lógica es que los productos son “similares” o “directamente competidores” cuando un fabricante puede usar las mismas máquinas, mano de obra y materia prima para hacer cualquiera de ellos. Es decir, que, si tiene la posibilidad de reorientar rápidamente su producción de polos a calzones, vale.
Otro argumento utilizado por el empresariado para bloquear la salvaguardias fue el de las ‘represalias’. “Los países afectados [por las salvaguardias] tienen el derecho de establecer medidas restrictivas en contra de las exportaciones peruanas en los sectores que estimen convenientes”, dijo Cornejo. “Si no se cumplen los requisitos [para poner salvaguardias], ya se ha comentado que con China la preocupación es [que aumenten los aranceles a] nuestros productos agrícolas”, asegura Luna. ¿Toca agachar la cabeza?
Finalmente, Luna, quien aseguró hablar en nombre de todos los agremiados de Comex con intereses en torno a las salvaguardias, dijo que le preocupa que un aumento de los aranceles sea trasladado por las empresas al precio final que paga el consumidor. “Los consumidores son como los ‘hijos’ de Con Mis Hijos No Te Metas. ‘Pobrecitos los consumidores porque los precios se van a encarecer, ¿no? Eso no va a pasar”, reclama Saldaña.
León, de Indecopi, indica que el traslado de los aranceles a los precios finales dependerá de la competencia del mercado. “Los importadores podrán trasladar esos cargos al precio final en la medida en que haya poca competencia”, explica. Si hay competencia intensa, “va a ser difícil que pueda trasladar el costo de la medida [las salvaguardias] al precio final”, agrega.
Toca, entonces, volver al bividí de algodón que Falabella trajo de China. “Dependiendo del margen de comercialización que tiene una tienda por departamentos. Si importa un producto a US$3 y lo vende a US$15, su margen de comercialización podría verse castigado. De repente ya no va a ganar 400%, sino solo 200%”, asegura León. ¿Vale la pena salvar a la industria peruana por eso? Vale la pena.
*Para la elaboración de esta nota, Sudaca solicitó vía ‘transparencia’ al Mincetur y, formalmente a través de la oficina de prensa de los tres ministerios, los documentos que contienen el sustento técnico para negar la aplicación de las salvaguardias. Pese a que desde el Mincetur se comprometieron en responder, no lo hicieron. Hasta el cierre del artículo, los encargados del acceso a la información pública de este despacho tampoco respondieron a este medio.
**La fotoportada, las fotocomposiciones y los gráficos de esta nota fueron elaborados por Leyla Lopez.
Liliana Salvador paseaba por el Centro Comercial Jockey Plaza cuando alguien le ofreció una tarjeta de crédito con múltiples beneficios. La Tarjeta CMR, le explicaron, le permitiría obtener descuentos en todos los servicios que el Grupo Falabella ofrece a través de tiendas como Tottus, Sodimac o Saga Falabella. A Liliana la oferta le pareció tentadora. Sin pensarlo mucho, aceptó.
Desde entonces, hace ocho años, ella y su familia se han convertido en clientes habituales de Supermercados Tottus. “Al inicio, veía descuentos del 6% en comida o ropa y no me llamaba mucho la atención, pero un familiar que es más acucioso me dijo que valía la pena. Ahora vamos todos los martes, y también los sábados, por el 20% [de descuento] en carnes”, señala en conversación con Sudaca.
Liliana, sin embargo, ha tenido que ser extremadamente cuidadosa para evitar los intereses excesivos cuando se retrasa en sus pagos. Cada vez que retira efectivo con su Tarjeta CMR, se le aplica una tasa de interés de más del 50%. Lo ve como un recurso de emergencia que debe pagar sí o sí en una sola cuota a fin de mes. Si no, su deuda crecería descontroladamente. “Todo lo que compramos lo pagamos en una cuota, porque si pagas, como dicen, ‘en cómodas cuotas’, ahí sí se acumulan los intereses y la mora”, señala.
De acuerdo con la Superintendencia de Banca (SBS), alrededor de la mitad de tarjetas de crédito emitidas a nivel nacional están vinculadas a supermercados y tiendas por departamento. Es lo que se conoce como ‘retail financiero’. ¿Cómo funciona este negocio que atrae a tantos peruanos? Esta imagen nos da una pista.
Foto: Giuliana Fonseca.
“GRATIS” es la palabra que resalta el anuncio. Arriba, una condición: la compra por casi S/400 de productos de una marca específica. Debajo, un regalo: un pollo a la brasa con papas y gaseosa. Con esa claridad sobre los gustos gastronómicos de los peruanos aterrizó la Tarjeta Cencosud en el 2012.
Al crear un brazo financiero en el Perú, el grupo chileno Cencosud heredó la data acumulada por la exitosa Tarjeta Bonus. En seis años, sus tarjetas ya eran casi tantas como las emitidas por el Banco de Crédito del Perú. Su tasa de interés promedio −salvo pocas excepciones− no ha bajado del 70% en los últimos cinco años. En el caso de los otros ‘bancos retail’, Falabella y Ripley, la tasa se ha mantenido en la mayoría de los casos por encima del 50% y 60%, respectivamente, según data de la SBS.
Diseño: Leyla López.
Su apuesta para ‘colocar’ créditos no es una extensa red de oficinas bancarias, sino una de tiendas comerciales (retailers) a nivel nacional. Al vender carne para una parrillada, ropa o lavadoras, intentan vender, a la par, dinero al crédito. Y la ‘mina de oro’ está en los intereses. No se trata de entidades financieras a secas, sino de cadenas de tiendas que tienen a un banco o una caja de crédito.
“Lo que hace diferente a este negocio de los demás bancos, y que está más presente en Falabella, es que todo se queda en casa”, afirma Cecilia Ramírez, especialista en análisis de negocios y finanzas corporativas.
“Todas las promociones que brinda la tarjeta CMR son para los retailers de sus líneas de negocio. Por ejemplo, te dicen que por comprar una parrilla en Sodimac te regalan carne en Tottus. Eso es hacer ventas cruzadas. De esa manera generan ingresos no solo a la línea de tiendas para el hogar, sino también para el banco y así gana todo el grupo”, explica.
Entre 2012 y 2016, en promedio, el 95% de los ingresos de los bancos Falabella, Ripley y Cencosud provino de los intereses y comisiones que se les cobra a los clientes por el uso de las tarjetas. Así lo detectaron Cecilia Ramírez y Giuliana Fonseca a través de su investigación académica “El rol estratégico de la tarjeta de crédito en el modelo de negocio de las firmas chilenas en el sector retail peruano”.
El último jueves por la noche, sin embargo, una noticia sacudió las esferas del poder bancario. No fue la caída de alguna inversión en la Bolsa de Valores de Lima, sino la repentina obligación de ceñirse a un tope máximo en los intereses que les cobran a sus clientes de a pie, o pequeños consumidores.
Alrededor de las 7 p.m. el Congreso de la República aprobó por insistencia el proyecto de ley contra la usura financiera, que semanas antes había observado el Ejecutivo al considerarlo “perjudicial para la estabilidad del sistema financiero y la protección del ahorro de los depositantes” porque generaría “exclusión financiera, principalmente al pequeño consumidor y a la MYPE”. La gran crítica a esta medida de parte de los bancos, del Ejecutivo y de la SBS es que los alejará de prestarle dinero a las personas con menos recursos.
Si la medida se aplicara en el Perú de forma similar a como se aplicó en Chile, los bancos del retail financiero serán los primeros y más ‘perjudicados’. Planteado el debate, Sudaca retrocede un paso y vuelve la vista a las tarjetas de crédito y sus tasas de interés. Específicamente a las vinculadas a supermercados o tiendas por departamento, cuyo número de tarjetas de crédito supera ampliamente al de cualquiera de los 4 principales bancos del país.
Diseño: Leyla López.
El testimonio de un insider
El diseño de las ‘ventas cruzadas’ constituye el corazón del “mix” empresarial del retail financiero. ¿Qué tanto sabe este de nosotros y cómo? Muchísimo. Y se alimenta cada vez que, por ejemplo, Liliana Salvador elige “pagar con tarjeta”.
Cada vez que el cliente utiliza una tarjeta del banco del mismo grupo comercial, el grupo acumula información valiosa sobre los hábitos de consumo del usuario. Carlos −un nombre ficticio que utilizaremos para identificarlo− conoce esta trama a la perfección. Él diseñó estas ofertas por alrededor de dos años, como “analista de producto senior” en Banco Falabella. “Por la ley de protección de datos personales, no tenías acceso a los detalles, pero sí podías entender cómo se comportaban los clientes, hacer ofertas, y así aumentar la venta del retail”, dice.
Qué sueles comprar, cuántas unidades, cuánto dinero destinas a ello y con qué frecuencia, son datos que se suman al de tu edad y sexo. El área de inteligencia de clientes es la encargada de este minucioso seguimiento. “La información que se tiene es muy rica”, precisa. Un equipo de estadísticos sistematiza la información, con la que luego trabajan los analistas de producto para la creación de “campañas” en coordinación con los jefes comerciales.
“Muchas veces la reunión con [el área de inteligencia] era: ‘Quiero reunir gente con esta categoría, o por temporadas’. Por ejemplo, si querías hacer una promoción de piscinas inflables, entonces preguntabas por los clientes con hijos. Puedes identificar quiénes tienen hijos de esta edad, [al conocer] quiénes compran pañales, o quienes compran biberones. Tienes información de Saga, Tottus, Sodimac, entonces es mucha información. Información sobraba”, dice el exanalista sobre la etapa de elaboración de una campaña.
Luego de identificar los clientes potenciales, le sigue la ejecución de la comunicación. “Por ejemplo, si tienes un proyecto en el hogar, [se sabe que] primero compras fierros, después tuberías, después pintura. Entonces si en Sodimac encuentro que un cliente compra fierros, le puedo mandar [vía e-mail] ofertas con la tarjeta para los siguientes niveles, porque sé qué es lo que va a comprar después”, cuenta Carlos.
“Sabemos los resultados, porque las herramientas que envían e-mails saben quiénes abrieron tus e-mails, y tengo un identificador. Durante la campaña busco si las personas han comprado en esta categoría. Así se hacen los famosos cash-backs, si una persona compra en una campaña, le devuelvo un dinero”, precisa.
El analista tenía como objetivo, en sus propias palabras, “aumentar la participación de la Tarjeta CMR dentro de Sodimac y Maestro”. Como él, había otros dos “analistas senior” enfocados en Saga Falabella y en Tottus e Hiperbodegas.
“Yo estaba en el Banco Falabella, encargado de ver la tarjeta de crédito CMR. ‘La participación’ significa principalmente cuánto de la venta del retail [Sodimac y Maestro en este caso] es hecho con la tarjeta de crédito. Mi objetivo principal era incrementar el uso de la tarjeta a través de promociones y acciones [de seguimiento de necesidades de consumo]”, precisa.
El beneficio para el banco es claro: a más créditos colocados, más intereses por cobrar. ¿Cuál sería el beneficio para la tienda? Primero, más decisiones de compra al acceder a un descuento o un pago fraccionado usando la tarjeta. Pero también hay un beneficio monetario.
“Dentro del Grupo Falabella, hay múltiples ventajas. Para el retail, la ventaja es principalmente que el banco pagaba una especie de ‘bono’ por la participación que llevaba. El Banco Falabella pagaba a Sodimac. Era en función de las múltiples variables, tenían su propio algoritmo. Teníamos 20–30% de participación de tarjeta [CMR], a Sodimac le convenía tener más de 30%. La plata quedaba dentro del Grupo Falabella”, detalla el exanalista de producto.
Sudaca envió un cuestionario detallado al Banco Falabella, pero decidieron evadir nuestras preguntas. “Somos una empresa del Grupo Falabella, con indicadores distintos al sector retail, pero que compartimos el objetivo de ayudar a las personas haciendo posibles sus aspiraciones a través de una oferta integrada de servicios financieros, potenciados por los beneficios del ‘Mundo Falabella’”, se limitaron a decir.
Caja Cencosud también evitó contestar las preguntas de este medio. Subrayó, sí, su disconformidad con la ley de los topes a las tasas de interés. Banco Ripley precisó simplemente que no participarían del reportaje.
La respuesta del gremio bancario y la experiencia chilena
“El retail es una ciencia, es un punto de venta donde lo que más importa es que el metro cuadrado disponible sea rentable”, resumía para la investigación “Chile en cuotas” (2012) un ex ejecutivo de una de las multitiendas más poderosas del país sureño. Una ciencia sobre la que hay poca conciencia entre los usuarios.
Diseño: Leyla López.
De acuerdo con el exanalista de producto de Banco Falabella entrevistado con reserva para este informe, el objetivo principal es que el usuario pague con la tarjeta y el secundario es aumentar el número de clientes que compra en cuotas. ¿Y la morosidad? “Es un riesgo que siempre hay y siempre se tiene que medir. Pero el riesgo es mucho más bajo que la ganancia que vas a tener. (…) Cuando yo estuve en el banco, lo tenían muy bien controlado”, cuenta.
Los intereses se dividen, principalmente, en dos tipos: los compensatorios y los moratorios. Los compensatorios corresponden al pago adicional al que se compromete el cliente a cambio del préstamo recibido; los moratorios, a la indemnización percibida por el banco debido al retraso en las cuotas pactadas. Ambos tipos de intereses son establecidos por el banco en base a criterios como el monto del crédito o el riesgo que representa el cliente.
La ley aprobada por insistencia en el Congreso recientemente no precisa el mecanismo por el que las tasas máximas serán establecidas. Sin embargo, la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) está convencida del futuro efecto. ”Los límites máximos dejarán a entidades financieras sin la posibilidad de seguir prestando”, sostiene categóricamente en una respuesta por escrito a las preguntas de Sudaca. “(…) el número de entidades que sean finalmente afectadas y por ende el número de clientes que vean restringido su acceso a crédito dependerá del nivel del límite que se fije”, asegura la entidad.
Asbanc evita responder sobre la estrategia comercial de los bancos vinculados a las tiendas retail. Una de las pocas armas para ir contra los altos intereses en este sector es la tasa de costo efectivo anual de las tarjetas de crédito, la TCEA. Esta representa el costo total del crédito, pues considera además de la tasa de interés, comisiones y gastos que son cargados a tu cuenta. Su fórmula de cálculo es establecida por la Superintendencia de Banca (SBS).
En 2012, ASBANC lanzó la campaña «Hablemos más simple» con la TCEA como una de sus protagonistas. De hecho, resaltó su éxito en su memoria de aquel año. Hoy, en medio de la discusión sobre las altas tasas de interés, prácticamente se desdice. “Las tasas de costo efectivo anual (TCEA) de las tarjetas de crédito no reflejan el costo real que pagan los clientes”, señala. «(…) esa fórmula frecuentemente sobrestima la tasa», agrega.
La experiencia chilena con la imposición de topes a las tasas de interés mostró un efecto irrefutable: los bancos que notablemente empezaron a emitir menos tarjetas de créditos fueron aquellos asociados a una tienda por departamento, según reportó la Cámara de Comercio de Santiago el 2016.
Para el economista Tomas Flores**, ex subsecretario de economía del gobierno de Sebastián Piñera, el cambio regulatorio en el país sureño fue uno de los motivos para que Cencosud, por ejemplo, decidiera venderle su banco a Scotiabank (algo que tiempo después replicaría en nuestro país). En el Perú hoy son una Caja Rural de Ahorro y Crédito.
Sin embargo, en su opinión, el negocio del retail financiero aún tendría terreno fértil en nuestro país por la cantidad de potenciales clientes, muy superior al caso chileno, y por el crecimiento económico. Esboza también otra razón: nuestra “miopía financiera” por la que las estrategias de marketing del retail aún nos ganan la batalla frente a las “pequeñas cuotas” que parecen inofensivas. “No me extrañaría nada que les estuviesen cobrando créditos de más del 50% de interés”, sostuvo al ser consultado antes del cambio normativo en Perú y como hemos visto, no se equivocaba.
*Con la colaboración de Camila Ossadón.
**Esta entrevista inédita (realizada en octubre de 2017), así como otras en este reportaje, fueron realizadas como parte de un proyecto de periodismo transfronterizo coordinado desde la Pontificia Universidad Católica de Chile por la profesora Paulette Desormeaux y desde la Pontificia Universidad Católica del Perú por la profesora Hildegard Willer.
Susana Stiglich tiene 46 años, es madre de dos adolescentes y es una de las más de 243,000 personas sordas que hay en nuestro país. Stiglich, docente universitaria de lengua de señas, estaba acostumbrada a leer los labios de las personas con las que interactuaba, pero los tapabocas han complicado esa tarea.
Recuerda, por ejemplo, que al inicio de la primera cuarentena, a mediados de marzo del año pasado, fue al mercado Santa Cruz de Miraflores, cerca de su casa. Calculó que, con el uso de la mascarilla, iba a ser imposible comunicarse con los comerciantes, así que llevó consigo varias tarjetas hechas a mano, que tenían inscripciones básicas para sortear la situación: “hola”, “gracias”, también nombres de verduras o frutas, y otra tarjeta que mostraba a la hora de pagar: “¿Tiene Yape?”.
“Me miraban raro y me contestaban hablándome. Les señalaba mi audífono [utiliza uno en una de sus orejas, que le permite reconocer muy pocos sonidos], diciéndoles que soy sorda, pero me contestaban hablándome. Les decía que, por favor, escriban, pero no aceptaban tan fácilmente”, cuenta Susana Stiglich, que enseña lengua de señas en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y en el Centro de Idiomas de la Universidad del Pacífico.
Desde aquella travesía, Susana sale muy poco a la calle. Sólo cuando es estrictamente necesario: a la panadería, por ejemplo, donde ya la reconocen y saben lo que compra. No ha vuelto a ir al mercado. Ahora compra sus alimentos por delivery.
No ha sido su único padecimiento. En sus ratos libres, Stiglich quisiera tener una oferta televisiva que le permita entretenerse, sobre todo en cuarentena. Pero los canales de televisión abierta y de cable no utilizan traductores a lengua de señas ni subtitulan la información. Sólo TV Perú lo hace en los noticieros. “Resulta imposible leer los labios de todos [los que aparecen en la TV], así subamos el volumen, no podremos escuchar ni entender nada, lo que genera un malestar grande”, explica Susana en un video subido a YouTube y titulado ‘Comunidad sorda frente a la TV’. La Ley de Radio y Televisión y la Ley de Personas con Discapacidad, que garantiza a las personas sordas el acceso a la información, es “letra muerta”.
Las personas con dificultad para ver, según el censo de 2017, representan el mayor número de personas con discapacidad que hay en nuestro país. Son más de un millón y medio de compatriotas (Infografía: Leyla López).
Vivir con un asistente personal
La comunicadora Bárbara Ventura, directora de la asociación Luchando Contra Viento y Marea, cuenta que cuando empezó la cuarentena, y para evitar contagios, tuvo que decirle a su asistente personal que ya no podría ir a verla. Ventura no puede caminar desde que nació. Padece de artrogriposis múltiple congénita, una enfermedad rara no degenerativa. Su condición no le permite hacer sus tareas cotidianas sin un asistente.
“Como uso silla de ruedas, no puedo hacer las cosas por mí misma. Entonces, siempre tengo a una persona que no necesariamente es una enfermera o enfermero. Trabaja para mí y me ayuda a levantarme y bañarme”, dice. “Muchas personas hemos sentido esa problemática y no hemos tenido asistencia. Nuestros padres, que son adultos mayores, ya no pueden asistirnos porque su capacidad física no lo permite”, agrega la comunicadora de 37 años.
Bárbara apunta que las personas pobres que están en su misma situación son quienes más se han perjudicado, porque no pueden costear un asistente personal, cuyo salario mensual base tendría que ser de S/930. “Hay personas con discapacidad, en extrema pobreza, que no cuentan con ese servicio y están postrados. No hay nadie que los ayude a alimentarse, bañarse y recrearse. Hay muchas personas con discapacidad que no trabajan y, con la pandemia, esto se ha agudizado más. Y de otro lado hay personas emprendedoras, que trabajan y han tenido pérdidas económicas”, comenta.
Para Bárbara es necesario un bono para estas personas, pero también una ley que obligue al Estado a subvencionar la asistencia personal para las personas discapacitadas. Hace poco, el pasado 7 de febrero, el Congreso aprobó un dictamen de ley que, según Ventura, interpreta erróneamente lo que debería hacer un asistente. “Está mal enfocado porque se refiere a una persona que toma decisiones por la persona con discapacidad, cuando el asistente personal es un trabajo de ayuda que debe ser remunerado”, explica.
No es la única deficiencia del proyecto, que propone la derogación de la ley de Personas con Discapacidad. La Comunidad Sorda del Perú ha expresado su rechazo al documento en parte porque ahora los temas de “accesibilidad” -todo relacionado al acceso a la información, a la educación, a la cultura, etc.- serán vistos por el Ministerio de Vivienda y no por los ministerio de Educación y de Cultura.
“Pone en peligro la educación de los/las niños sordos/as a nivel nacional. Nuestro idioma (la Lengua de Señas Peruana) perderá estatus, oficialidad y valor cultural”, se lee en un comunicado público de la comunidad, que además señala que dicho dictamen “anula todo el avance logrado” por su sector.
Para colmo, denuncian, el documento fue elaborado sin siquiera haberlos escuchado. “Nunca nos consultaron. El dictamen aprobado, además, no lo podemos leer, porque no está en video con la lengua de señas. El 60% de la población sorda en el país no sabe leer, porque el español es su segunda lengua”, explica a Sudaca la profesora Susana Stiglich, que inició, junto a 158 organizaciones que agrupan a personas con discapacidad, una campaña de rechazo. Algunas de ellas han presentado una demanda constitucional para que sus opiniones sean tomadas en cuenta.
El pasado 11 de marzo, la directora de la asocación Sociedad y Discapacidad, Pamela Smith, y otras organizaciones han presentado una demanda constitucional para que sus opiniones y propuestas sean escuchadas y tomadas en cuenta en el reciente dictamen de ley aprobado en el Congreso.
Contactamos al presidente de la comisión de Inclusión Social, José Luis Ancalle, que negó que el proyecto se esté elaborando sin la participación de la sociedad civil y las organizaciones interesadas. “Las puertas de la comisión y de mi despacho siempre han estado abiertas para escuchar sus posiciones. Hace unos días nos reunimos con algunas personas con discapacidad preocupadas por el tema y así estamos recibiendo todas las opiniones en mejora del dictamen. Permítame invocar, a través de su medio, a todas las asociaciones civiles que tengan propuestas para mejorar el dictamen”, dice el parlamentario del Frente Amplio.
Pero Bárbara Ventura lo desmiente. La mujer cuenta que el sábado pasado fue invitada a participar de un zoom organizado por dicha comisión, pero no se le dio el uso de la palabra.
Sudaca envió un cuestionario al Ministerio del Desarrollo e Inclusión Social (Midis), pero respondieron que no se pronunciarán sobre el dictamen. ¿Sobre qué se pronuncia entonces la cartera que dirige la señora Silvana Vargas Winstanley? No lo sabemos.
Bonos para todos
Julio Arana es masajista quiropráctico, padece de hipoacusia o sordera parcial, lo que le hace imposible oír a una distancia de más de tres metros. Además, perdió la vista hace 15 años a causa del glaucoma y el desprendimiento de la retina en sus dos ojos. “Después de acabar el colegio, ingresé a estudiar fisioterapia y rehabilitación en el Instituto Daniel A. Carrión. Toda mi vida he trabajado como masajista”, cuenta.
Julio Arana es masajista, invidente y posee sordera parcial o hipoacusia. Por la pandemia, el local de Barranco donde brindaba sus servicios profesionales cerró y ahora atiende a domicilio o en la casa de su padre.
Su nombre no se encuentra en la lista de las 74,000 personas con discapacidad severa que reciben el bono de S/300 que entrega el programa “Contigo”, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), y que es entregado cada dos meses desde el año 2015. Tampoco ha recibido ningún bono otorgado por el gobierno durante esta pandemia. Según el sitio web del ministerio, para acceder a este bono, una persona con discapacidad severa tiene que estar “en situación de pobreza”.
No es la situación de Julio Arana, pero cada día se acerca más. La pandemia ha golpeado sus bolsillos. Su último trabajo como masajista fue en un local de Barranco que, a inicios de llegada la pandemia, cerró sus puertas y tuvo que cambiar de rubro. Desde esa fecha, atiende a sus clientes en la casa de su padre, en Surquillo, donde ha instalado una camilla. La oferta incluye masajes a la espalda, mejoramiento de la postura, quiropraxia y reflexología.
Para ampliar sus ingresos, Arana también va a los domicilios de sus clientes. Ha llegado a trasladarse hasta San Bartolo. No se hace problemas, dice. Se orienta con un aplicativo llamado “Lazarillo”, que indica la ruta mediante indicaciones por mensajes de voz. “Si es una dirección cercana a mi casa, voy caminando. Si tengo que ir a un lugar lejano, voy en micro, combi, Metropolitano o en el tren eléctrico”, asegura el masajista. Antes de la pandemia podía ganar al mes hasta S/1.500; ahora, sus ingresos han disminuido a menos de la mitad: entre S/400 y S/600. De ese monto, le pasa a la mamá de sus hijos S/300, como es parte del acuerdo de su separación.
158 organizaciones de personas con discapacidad han publicado, el pasado 11 de febrero, esta carta de rechazo al dictamen de ley aprobado en la comisión de Inclusión Social del Parlamento.
Otros inconvenientes, sin embargo, han surgido. Por ejemplo, cuando es hora de cruzar las calles y las avenidas. “Hay personas que ya no quieren ayudarnos, por el tema del distanciamiento”, dice Arana, que pide que el bono del programa “Contigo” pueda llegar a más personas con discapacidad, un bono universal que no excluya a quienes no son pobres.
Para Julio Arana tampoco es fácil mantenerse informado. Luzmila Muro, presidenta de la Comisión de Damas Invidentes del Perú y abogada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dice que los formatos en los que el gobierno emite sus comunicado no les permite traducirlos a mensajes de voz. “Los lectores de pantalla [los aplicativos que traducen en audio los textos] no pueden traducir los comunicados del gobierno y de las autoridades que difunden en redes sociales, porque están en formato de imagen. Pedimos que utilicen formatos que sí pueden detectar nuestros lectores de pantalla, como son los archivos en Word o PDF”, reclama doña Luzmila, quien perdió la vista, al igual que Julio Arana, por el glaucoma.
(*) Bárbara Ventura es comunicadora, posee discapacidad severa de nacimiento, usa silla de ruedas y es directora de la asociación Luchando Contra Viento y Marea. Susana Stiglich tiene sordera total y es docente universitaria de lengua de señas en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y en el Centro de Idiomas de la Universidad del Pacífico. Apoya y promueve una campaña de recolección de firmas en www.change.org (No a la derogatoria de ley 29973 por las personas con discapacidad)
“Nos sorprendió a todos cómo llegó a ser el número uno. No lo conozco ni lo he visto nunca”, asegura Franco Salinas, actual congresista de Acción Popular (AP), cuando le preguntamos por José Arriola Tueros, el hombre que encabeza la lista por Lima de la lampa en las elecciones congresales. Y no es el único. Ni el mismo presidente del partido, Mesías Guevara, sabe quién es. Aun así, siendo un total desconocido entre la dirigencia de AP, Arriola llegó a ser candidato con 425 votos en las elecciones internas.
Sin estudios técnicos ni universitarios, Arriola ha sabido abrirse camino en la gestión pública en distintas municipalidades. Desde el 2011, ocupa la subgerencia de Asistencia Alimentaria e Inclusión Social de la Municipalidad de Ate, cargo de confianza del actual alcalde Edde Cuellar, un exmilitante de Solidaridad Nacional que llegó al sillón municipal el año 2014 y que fue reelegido el 2019, cuando ya se había pasado al bando de AP.
La campaña de Arriola ha echado mano de un poderoso bolsón electoral conocido como la “Zonal 20” del partido, en Ate. Esta base apoyó a Edde Cuellar el 2019, para ser reelecto alcalde del distrito; y el 2020 se movilizó en apoyo al actual congresista Walter Rivera Guerra, también de Ate, quien entonces buscaba una curul. Lo curioso es que esta “zonal” es dirigida por Elizabeth Pérez Castro, que figura como afiliada al partido Somos Perú.
El pasado 2 de marzo, el regidor Alfredo Falcón Arteaga denunció ante la comisión de Fiscalización del Congreso que Elizabeth Pérez estaría intentando convencer a los miembros de la “zonal” de que apoyen la campaña de Arriola prometiendo, a cambio de −y de manera no tan velada−, futuros contratos en la municipalidad. En uno de los audios de la mujer, se le escucha criticar la falta de apoyo para hacer las pintas promocionales y pone el ejemplo de una persona que ayudaba en la base y a la cual ella le habría conseguido un trabajo en la comuna.
“Yo siempre voy a mirar quién está al lado mío. Yo ya les conté lo que pasó con nuestra amiga Lidia, que todos se quejaron [y preguntaron:] ‘¿por qué la has puesto, Elizabeth?, 2.300 [haría referencia al sueldo]’. Porque era una persona leal, estuvo en las noches, en las mañanas”, se oye decir a Pérez.
En otra parte del audio, que Elizabeth Pérez confirmó como suyo a Sudaca, ella intenta convencer a los militantes de la base que apoyen la campaña de Arriola y se le ocurre contarles, haciendo alarde de sus contactos en la comuna, cuando recibió el ofrecimiento de parte de una funcionaria municipal para darles trabajo. “En enero, iba a haber una convocatoria. Iban a pedir [trabajadores] a [las unidades de] resguardo, limpieza y parques y jardines, pero lamentablemente vino la pandemia y todo se fue al diablo. Eso escapa de mis manos. Yo hablé con la señorita Edith y le dije cómo puedo hacer con la gente, que son gente buena, quiero que trabajen. Me dijo: ‘Elizabeth, va a haber una convocatoria y no te preocupes, yo te voy a apoyar’. ¿Por qué me dice eso? Porque somos leales, apoyamos y trabajamos como debe de ser”, se oye decir a la dirigente.
En los mismos audios, Pérez admite que es amiga de Arriola, que “es un buen candidato”, que “no estamos apoyando a cualquiera” y que “es un señor que sabe reconocer”. Cuenta, además, que cuando salió junto a seis personas a hacer pintas de campaña, Arriola la llamó para entregarle S/100 a cada uno de los que estaban apoyando. “Vino y nos trajo leche, panetón, frugos y agarró y nos dio 100 soles a cada uno. Ya ven, Dios bendice. A la persona que apoya y está a mi lado los va a bendecir”, dice, muy convencida, la señora Pérez.
Elizabeth Pérez admitió ser la autora de los audios, pero aseguró que sólo se estaba jactando en una conversación de WhatsApp con sus amigas, que lo que dijo es falso. Dijo también que su celular había sido robado el pasado 20 de febrero y que de ahí se habían sacado los audios. Acusa a un periodista de Lima Este de estar detrás de la filtración. Contactado para este artículo, José Arriola admite conocer a la dirigente de la “zonal 20”, pero niega que el contenido de los audios tengan asidero en la realidad.
Las bases de Ate
Las relaciones estrechas entre las bases partidarias y la municipalidad, como denuncian algunos militantes, parecen haber servido para sacar adelante la candidatura de Arriola en las internas del partido. “El señor Arriola ha sido funcionario de la municipalidad de Ate durante muchos años y se ha ganado la confianza del actual alcalde. Él fue quien lo ayudó a mover toda esa maquinaria de militantes, muchos de los cuales trabajan en la misma municipalidad. Como el mismo alcalde no puede postular, porque el partido no lo permite, ayudó a alguien cercano”, comenta Ricardo Torres Valdivieso, quien milita hace más de 15 años en Acción Popular.
Torres, que pertenece a la base de Surco, decidió postularse por primera vez como precandidato al Congreso, pero ni siquiera pudo conversar o compartir sus propuestas con sus compañeros porque el apoyo a determinados candidatos ya estaba “cerrado”. “Yo logré hablar con algunos secretarios distritales y la respuesta que recibí fue: ‘perdóneme, correligionario, pero aquí el tema ya está arreglado’. Para mí esa era una señal para alejarme”, cuenta.
El presidente del partido, Mesías Guevara, cuenta que casi toda la votación de Arriola vino del distrito de donde trabaja, en Ate. “Yo no tengo contacto con él, es relativamente nuevo en el partido. Es del grupo de Edmundo del Águila. También el alcalde de Ate es del entorno de Del Águila. Yo por lo menos nunca he conversado con él. No es miembro activo ni dirigente conocido”, dice Guevara.
A la izquierda, el conocido dirigente accionpopulista Edmundo Del Águila. A la derecha, José Arriola, el desconocido N°1 de la lampa por Lima. El banner es de las internas.
“Lo que sucede es que la municipalidad maneja un contingente de personas en los programas sociales y de participación ciudadana, donde trabaja el señor Arriola. El día de las votaciones, a todos ellos se les ha visto ahí. Votaron todos los que están inscritos en AP y gran parte de los que están en la municipalidad están inscritos en el partido. Es por eso que el señor ha ganado con la mayor votación, gracias a los trabajadores de la municipalidad”, denuncia el regidor Alfredo Falcón, hasta enero militante de AP.
Milagros Muñoz Guzmán, militante de la base distrital de San Isidro, sigue la misma línea de sus correligionarios. La accionpopulista explica que, dentro del partido, hay personas con cierto liderazgo que movilizan a sus seguidores durante las elecciones internas. Muñoz no encuentra otra explicación para la victoria de Arriola en las internas que el apoyo del alcalde Edde Cuellar. “Su campaña en las internas casi ni se sintió, por eso también fue una sorpresa y comenzaron a echar culpas y preguntarse quién trajo al alcalde de Ate al partido”, dice.
“¿Por qué tienen que meter al alcalde de Ate? ¿Por qué los militantes no son más varones y gente? Tienen toda la libertad y los canales internos del partido y, si creen que de por medio hay una indicación del alcalde, [pueden denunciarlo]”, se defiende José Arriola.
Algunos detalles, sin embargo, abonan a la teoría de los militantes entrevistados. Sudaca ha podido identificar que, al menos, 15 funcionarios municipales (sólo entre regidores, gerentes y subgerentes) pertenecen a AP. Cuellar, otrora militante de Solidaridad Nacional, cambió de camiseta al partido de la lampa en julio del 2019. Cuando le preguntamos por qué se inscribió en el partido, Arriola responde: “Es como que a ti te pregunten por qué te demoraste en tener chico. Ese es tu problema, tú te enamoras cuando decides (…) La gestión actual está trabajando francamente en favor de la gente, de los más necesitados, cosa que se había perdido”.
Coincidencia o no, los funcionarios afiliados al partido ya estaban habilitados para votar cuando en noviembre del año pasado se realizaron las elecciones internas de la lampa. En total, se presentaron 80 precandidatos a congresistas por Lima. Arriola Tueros iba con el número 68 y se promocionaba en volantes junto a Edmundo del Águila, que competía con Yonhy Lescano para ver quién representaría a AP en las presidenciales de abril. Del Águila terminó perdiendo aquella elección, pero Arriola salió airoso con 425 votos.
Infracción
“La población no quiere soluciones de mediano o largo plazo, las quiere ahorita”, dijo José Arriola en un reciente debate organizado por el diario El Comercio. Arriola no perdió el tiempo para arremeter contra los migrantes venezolanos, uno de los objetivos favoritos de nuestro alicaído elenco de candidatos al Congreso. “Ante este problema de los venezolanos que ya nos tienen cansados, voy a plantear que se reaperture [sic] El Frontón para que todas esas personas que cometen delitos sean derivados para allá. Todos los venezolanos deben ser “erradicados” desde el primer momento a partir del 1 de agosto, salvo aquellos que tengan un trabajo por ahora decente”, comentó.
José Arriola se autodenomina especialista en gestión pública y programas sociales, a pesar de no contar con ningún grado académico. Asegura haber trabajado en el sector público hace más de 25 años “en favor de los pueblos olvidados”, pero en su hoja de vida la única experiencia laboral que consigna es la de subgerente de Asistencia Alimentaria e Inclusión Social en la municipalidad de Ate desde el año 2011, cargo por el que cobra casi S/7,000 mensuales.
El pasado 5 de marzo, el Jurado Especial Electoral determinó que José Arriola infringió las normas de neutralidad durante el periodo electoral luego de recibir una denuncia que el despacho del congresista Gilbert Alonzo Fernández envió primero al JNE unos días antes. Allí se señala que Arriola habría usado indebidamente “los recursos, bienes y programas sociales como comedores populares y de vaso de leche de la Municipalidad, para actividades políticas”.
Los hechos fueron advertidos al parlamentario por el regidor de la comuna de Ate, Alfredo Falcón Arteaga, y ocurrieron durante una entrega de canastas donadas por Qali Warma y en la reapertura de un comedor popular los días 13 de enero y 18 de febrero. Estos eventos fueron transmitidos en la misma página de Facebook del municipio de Ate. Ante la evidencia, el JEE solo ordenó al candidato abstenerse de seguir transgrediendo las normas de neutralidad.
En otro documento enviado por el congresista Wilmer Cayllahua ante el JNE, el pasado 10 de marzo, también se advierte que el alcalde Edde Cuellar fue informado de estos hechos pero que, hasta el momento, no ha tomado cartas en el asunto.
Consultados por su infracción, Arriola dice que él sólo cumplía sus funciones como subgerente, que él no entregó las canastas de manera directa y que ya ha dado por zanjado el asunto. “En principio, yo no he entregado las canastas, solo he participado del acto protocolar junto a otros funcionarios, no he entregado personalmente las canastas, o una lata de leche, nada. Si hubiese hecho algo malo no me dirían que me abstenga, me multarían”, apunta.
Pero no es la única denuncia en contra del número uno de los candidatos accionpopulistas. El pasado 16 de febrero, Arriola fue removido de su cargo como representante de la comuna de Ate en el Comité de Compra de Qali Warma, según una resolución firmada por el director ejecutivo de este programa, Fredy Hinojosa Angulo. En el programa social lo acusaron de no haber cumplido con evaluar todas las propuestas presentadas al comité, como lo estipula el manual de proceso de compras, y descalificar la de la empresa Consorcio Central.
Según Arriola, fue el proveedor quien pidió su salida. “Qali Warma es una entidad que tiene que ser reestructurada porque hay muchas irregularidades. Qali Warma se prestó para una jugarreta del proveedor”, dice Arriola. De llegar al Congreso, anuncia, una de sus primeras medidas será la reestructuración del programa social.
¿Qué ilustra el caso de Arriola? La forma en la que se eligen muchos de los candidatos al Congreso de AP: presunto clientelismo. El partido de la lampa, según el último simulacro de votación de Ipsos-El Comercio, tiene la intención de voto más alta para el próximo Congreso. ¿Qué clase de congresistas arrastrará su logo esta vez? Viendo a su número 1 por Lima, parece que nada muy alentador.
Para Ernesto Bustamante, el alfil del fujimorismo en la lucha contra la pandemia, ser congresista podría significar una revancha con el sector público. El 2018, su paso por el Ejecutivo terminó, tras sobrevivir a la aparición de unos gusanos enlatados, debido a un oficio interno del Ministerio de Producción (Produce) al que Sudaca tuvo acceso. Este revela una serie de omisiones que colmaron la paciencia de sus superiores.
Bustamante empezó su corto paso por la gestión pública el 2013, como responsable del programa nacional de biotecnología del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec). Un año después, asumió la jefatura del Instituto Nacional de Salud (INS). Su carrera parecía promisoria hasta que, unos años después, en el 2017, fue nombrado director ejecutivo del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes), una entidad adscrita a Produce cuya labor es garantizar el buen estado de los productos pesqueros.
Al poco tiempo de llegar al Sanipes, en noviembre de ese año, estalló un escándalo por el que algunos twitteros lo recordaron recientemente como el ‘‘Dr. Gusano”, cuando Keiko Fujimori anunció que sería parte de su equipo técnico.
Le doy la bienvenida al doctor Ernesto Bustamante, quien se suma a nuestro equipo de Plan de Gobierno 2021 (VIDEO) pic.twitter.com/mrni5VdfVg
La ‘chapa’ hace alusión a un lote de 44.400 conservas de caballa chinas que fueron inmovilizadas por Sanipes en noviembre del 2017 por contener gusanos anisakis. El organismo adscrito al Produce que entonces conducía Bustamante reaccionó tarde. Los gusanos llegaron en dos envíos de la empresa china Tropical Food Manufacturing al Perú hasta marzo, pocos días antes de que él ocupara el puesto. Pero recién en noviembre, tras varios meses dirigiendo la institución, el Sanipes de Bustamante detectó los enlatados contaminados y frenó las importaciones del país asiático. Casi la mitad de esas latas tenían como destino los estómagos de escolares del programa Qali Warma, en la región San Martín. De hecho, fue este programa social el que dio la alerta.
Sin embargo, el hoy candidato sí terminaría saliendo como corolario de ese escándalo. ¿La razón? Perdió la confianza del gobierno de Martín Vizcarra, que acababa de llegar a Palacio. Aunque los reflectores ya estaban en otro lado, el 27 de agosto de aquel año Vizcarra firmó su destitución como director ejecutivo de Sanipes por “causal de pérdida de confianza”, mediante una resolución suprema publicada en El Peruano.
La decisión se tomó tres días después de un demoledor oficio de Produce enviado al doctor Ernesto Bustamante. El oficio detalla todas las razones por las que el alfil fujimorista perdió la confianza de ese ministerio y lleva la firma de Javier Atkins, entonces presidente del Consejo Directivo de Sanipes.
El documento arranca como una sentencia a la carrera pública de Bustamante. “Evaluada la situación de la gestión ejecutiva del Sanipes, se ha determinado la concurrencia de factores que desestabilizan y ponen en riesgo distintos aspectos del sector”, se lee.
El oficio acusa a Bustamante de poner en riesgo la continuidad de las operaciones pesqueras al rechazar certificaciones para la exportación de aceite de pescado a la Unión Europea, una situación que podía generarle demandas a Produce por incumplir contratos. Dice, además, que el médico no cumplió un acuerdo del consejo directivo de retirar unos comunicados de la web de Sanipes en 24 horas.
El oficio de Produce que decidió la suerte de Bustamante en Sanipes.
Otra de las razones de la disconformidad de sus jefes está directamente relacionada con el escándalo de los enlatados. Según el documento, Bustamante no acató una medida cautelar del Poder Judicial del Callao a favor de Cerper, la empresa que analizó los enlatados contaminados con gusanos. Sanipes los había suspendido dos años como laboratorio de apoyo para fiscalizar productos pesqueros, pero el recurso legal anulaba esa sanción.
Cerper, de hecho, había enviado un mes antes un oficio a Javier Atkins. Ahí se aseguraba que Bustamante “tomó conocimiento de la citada medida cautelar, obstaculizó de manera dolosa su incondicional y obligado cumplimiento, situación que advertimos generaría una responsabilidad penal directa debido a su deliberado acto de desobediencia frente a la autoridad judicial”.
Cuando ocurrió el escándalo de las conservas contaminadas, Bustamante y los representantes de Cerper se echaron mutuamente la responsabilidad por el deficiente control de calidad del producto chino. Que se anulara la sanción al laboratorio ponía el peso de la responsabilidad en la entidad dirigida por el hoy candidato.
Según los argumentos de Cerper, el Sanipes incumplió su reglamento administrativo. Para que la entidad pesquera otorgue el registro sanitario, dijo el laboratorio, el expediente del producto chino debía estar acompañado de un flujograma sobre los procesos de elaboración. Este debía estar firmado por representantes de la planta de producción del exterior. En este caso concreto el documento solo llevaba la firma del importador. Un error que Sanipes no habría advertido.
Además, el Instituto Nacional de Calidad (Inacal), mediante una investigación interna, determinó que Cerper no tenía responsabilidad en el escándalo. Para este ente regulador, la empresa no incumplió el procedimiento establecido. Por ello, la sanción en su contra debía terminar.
Bustamante −que no ha querido responder nuestras consultas para este informe− desapareció desde entonces de la escena pública. Hasta que la pandemia llegó al Perú. Como muchos miembros de la comunidad científica, desfiló por varios medios como un consultor habitual en temas relacionados al aún desconocido virus que llegaba de Wuhan. El exfuncionario público parecía estar orgulloso de sus intervenciones mediáticas y recopilaba cada una de ellas en su canal de YouTube. Expulsado del gobierno de Vizcarra, cuando empezó la pandemia se volvió uno de sus más acérrimos críticos.
Parte de su repertorio más feroz está en sus tweets del 2020. Con acierto, criticó el favoritismo de usar pruebas serológicas rápidas por encima de las moleculares, pero al mismo tiempo comparaba a Vizcarra −el presidente que le quitó la confianza− y a su gabinete con los “jinetes del Apocalipsis”. También decía que la campaña de comunicación del gobierno era comparable a cualquiera diseñada por el Ministro de Propaganda nazi, Joseph Goebbels. Un discurso no sólo científico, sino político.
El presidente @MartinVizcarraC dijo hoy “tenemos críticos que parecieran los jinetes del Apocalipsis». En esta pintura de Vasnetsov, hay tres que representan el hambre, la guerra y la muerte. El jinete del caballo blanco es la plaga o el anticristo.
¿Será proyección psicológica? pic.twitter.com/lu5Z2XD7MA
Bustamante recurrió a su artillería pesada en plena crisis política de noviembre, la misma que terminó en el fugaz paso de Manuel Merino en la presidencia. El científico comparó a Vizcarra con Vito Corleone, de El Padrino, asegurando que “los grandes medios apoyan la venganza de Vizcarra contra Merino” mientras reciban “publicidad” del Estado.
Creo que los grandes medios apoyan la venganza de @MartinVizcarraC contra @MerinoDeLama («tú me vacaste, yo te saco») con el vuelto de los subsidios. No importa el reemplazo de Merino; lo importante es ejecutar la vendetta y que sigan con «publicidad» del Estado. Mismo Corleone.
El biólogo molecular puso la mira del microscopio a la vacuna de Sinopharm mucho antes de que el informe preliminar de los ensayos clínicos de su alma mater –que iniciaron en el gobierno de Vizcarra– llegara a sus manos. Desde el año pasado en diversas declaraciones le quitaba mérito a los acuerdos iniciales con el laboratorio chino. Para él, se necesitaban vacunas con mayor eficacia que 79% en Perú. Los productos del país asiático le deben traer pesadillas del Sanipes.
El pasado viernes 5 de marzo, Bustamante fue invitado al programa de Beto Ortiz, en Willax TV, y mostró unos estudios preliminares de la Universidad Cayetano Heredia que supuestamente demostraban la ineficacia del antídoto. El fujimorista dijo que “la vacuna (de Sinopharm) no sirve en ninguno de sus aspectos”, que el estudio estaba “viciado” y que la vacuna era “agua destilada”. Al día siguiente empezó a ser desmentido por la comunidad científica.
César Ugarte-Gil, epidemiólogo de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, asegura a Sudaca que el error en la interpretación de Bustamante puede resumirse en dos puntos. Uno es que, al ser un informe preliminar, cualquier conclusión que se haga en base a este es insuficiente para echarse abajo el ensayo clínico, ya que este todavía no termina. El otro es que el número de casos con PCR positivos no puede usarse para el cálculo de eficacia de la vacuna porque lo correcto es hacerlo con los casos confirmados, que aún no están determinados.
El plan de Keiko
Ernesto Bustamante, el número 3 al Congreso por Lima del fujimorismo, es egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde registra una maestría en biología química. Su alma mater es la que dirige los estudios clínicos de Sinopharm en el país y desde esta han respondido indignados a su interpretación auténtica del informe preliminar.
El candidato tiene un doctorado en la prestigiosa Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, una de las que más ha colaborado en el mundo para combatir la pandemia, y según su hoja de vida es director científico de BioGenómica, un laboratorio privado que –desde el 2001– se especializa en pruebas de paternidad y pruebas moleculares de cáncer hereditario.
Bustamante fue el encargado del capítulo dedicado a políticas de salud del Plan de Gobierno de Fuerza Popular. Parte de las mediáticas críticas del candidato están plasmadas en nueve de las 90 páginas del documento, pero sus propuestas parecen no aterrizar del todo.
En la página 24, por ejemplo, se sugiere que las vacunas que el Perú necesita son las de Moderna y Pfizer por su alto porcentaje de eficacia (90%). Pero en el mismo párrafo se asegura que “implementar la logística de ese tipo de vacunación será muy difícil en el Perú” y que “los países desarrollados son los que más aprovecharán esas vacunas”. La pregunta que no se resuelve es si en un eventual gobierno naranja, se priorizará la llegada de estos productos o no, y cómo se logrará eso.
Otra ambiciosa propuesta es “reducir el número de casos nuevos a tasas menores de 100 casos por semana”. Prometedor, por supuesto, aunque páginas adelante el mismo plan admite una dificultad: “En el caso del rastreo de contactos de los infectados detectados no vamos a poder disminuir el umbral que tenemos; de acuerdo con cifras oficiales tenemos 3 mil detectados nuevos por día”.
Parte de las propuestas para combatir la pandemia del plan de gobierno de Fuerza Popular.
Ernesto Bustamante ha dicho que pretende llegar al Congreso para llevar la Ciencia a la Política y no al revés. En el Parlamento probablemente se encontrará con el hombre que le cortó las alas en el Sanipes: Martín Vizcarra. Y lo haría desde la bancada que más dolores de cabeza le generaron al hoy candidato de Somos Perú. ¿Mantendrá su promesa?
Sudaca llamó a Ernesto Bustamante el último viernes y el candidato se comprometió a responder nuestras preguntas vía WhatsApp. Pero al día siguiente bloqueó el número del redactor en esta red social. Al cierre de este informe no recibimos ninguna respuesta.
La modalidad de clases a distancia que el gobierno tuvo que crear debido a la pandemia se desarrolla este año a paso de tortuga. El Ministerio de Educación (Minedu), que comanda Ricardo Cuenca, ha planteado que los contenidos de “Aprendo en Casa” para radio y televisión empiecen recién en la segunda quincena de abril, un mes después de iniciado el año escolar. El retraso no tendría otra razón que la demora en elegir a la empresa productora que realizará el trabajo.
Hace unos días, en redes sociales, el Minedu señaló que los contenidos de “Aprendo en Casa” no se desarrollarán desde el primer día de colegio, el 15 de marzo, sino a partir del 5 de abril en su plataforma web y desde el 19 de abril en transmisiones de TV Perú, Canal IPe y Radio Nacional. Es decir, quienes no tengan acceso a computadoras, tabletas o celulares inteligentes empezarán con aún mayor retraso la escuela. Para convencernos de que todo está calculado, el Minedu ha dicho que durante un mes “brindarán acogida a los estudiantes y recogerán información sobre su situación emocional y sobre sus aprendizajes”.
El exministro de Educación, Idel Vexler, fue tajante al afirmar que los plazos expuestos por Minedu no se justifican. “Creo que no ha habido una previsión para generar contenidos de clases virtuales, por radio y televisión oportunamente. No se justifica [los plazos de la evaluación socioemocional hasta mediados de abril]. Cuando se evalúan trabajos, o lo que se llama carpetas de recuperación, y las pruebas que puedan tomarse, se hace el período previo a que los maestros regresen al trabajo docente. No son plazos razonables”, apunta el educador.
En la misma línea, la exministra Marilú Martens aseguró que se debió “tomar el toro por las astas y priorizar la elaboración de buenos contenidos, lo que se debió trabajar en 2020 y en el marco de la experiencia vivida”. “Tiene que haber una propuesta de apoyo socioemocional, pero también una propuesta de recuperación de los aprendizajes que no se lograron, que haya una evaluación de partida. Pero [eso] no debe ser una justificación de por qué no se hicieron las otras cosas”, indicó. Y recordó que, según la Defensoría del Pueblo, 400.000 niños no accedieron al programa del gobierno y otros 100.000 lo hicieron de forma tardía.
¿Por qué el contenido digital arrancará antes que el audiovisual? La respuesta no parece ser otra que la improvisación. El proceso para contratar a una productora debe hacerse de manera directa, como el año pasado, debido a un marco de excepción por la emergencia sanitaria. En febrero pasado, de hecho, el Minedu envió invitaciones a las empresas para que presenten sus propuestas técnicas y sus cotizaciones, pero a tres días del inicio de clase no hay ganador.
Un empresario que fue invitado a participar confirma que no hay una productora elegida hasta ahora. “Todavía no se sabe quién ha ganado, se están demorando demasiado. Las invitaciones se hicieron hace cerca de un mes. Luego, teníamos hasta el jueves 4 de marzo para mandar una segunda licitación. De todas maneras, falta regular. El Minedu pide cosas que en Perú no existen”, dice esta fuente.
Las respuestas de las empresas interesadas a inicios de este mes no habrían sido satisfactorias, porque hoy, 12 de marzo, el Minedu volvió a enviar una nueva solicitud a una serie de proveedores para que envíen sus propuestas económicas. La invitación, cursada por la Dirección de Gestión de Recursos Educativos (Digere), no hace más que confirmar que no se tiene elegido a la empresa que realice los programas. En el documento al que accedió Sudaca se pide que las cotizaciones se presenten mediante correo electrónico hasta la 1 pm del 19 de marzo, es decir, en una semana. Según expertos en producciones audiovisuales consultados para este informe, es improbable que se llegue con los materiales adaptados al 19 de abril, más aún si para este año se pide más contenido.
A tres días del inicio del año escolar, el Minedu ha vuelto a pedir cotización a varias productoras para «Aprendo en Casa». La improvisación es clara.
Según los términos de referencia enviados por el Minedu, las realizaciones deberían cubrir las demandas de inicial, primaria, secundaria y básica especial. Eso equivale a 792 programas para toda la etapa escolar.
El año pasado la encargada de adaptar el contenido educativo al formato de TV fue Phoenix Producciones. Lo hizo sólo para el nivel secundario. El contrato directo ascendió a S/5,6 millones y contemplaba la ejecución de programas 48 horas antes del día de la emisión y por 195 días calendarios. Desde que se cursaron las invitaciones hasta que se dio la “buena pro”, esa vez, pasaron aproximadamente dos semanas. Los tiempos fueron ajustados para llevar a cabo la realización del trabajo, a decir del dueño de esta productora.
“Fueron tiempos demasiado ajustados, muy apretados. Gracias a Dios la gente que estaba en el tema por parte del Minedu nos apoyó bastante y sacamos el producto adelante. Nos dieron el resultado un martes y lo teníamos que juntar todo para la misma semana”, admite Marco Plaza, dueño de Phoenix Producciones.
El proyecto se sacó adelante con la colaboración del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP), pero, para el 2021, se ha añadido la necesidad de producciones más grandes debido a la incorporación de nuevos contenidos. “Para la realización [de los programas] el 2021 se dará el mismo apoyo que el año pasado. Realizamos, no producimos contenido. Las fechas y contenido lo ponen el Ministerio de Educación”, dice Eduardo Guzmán, presidente ejecutivo del IRTP. Guzmán evitó responder si ya estaban avanzando en la mentada “realización”.
Sudaca consultó al Minedu, de manera explícita, sobre el proceso para la producción audiovisual y de radio de “Aprendo en Casa” 2021, quién hará los programas y cuántos participaron de las cotizaciones. No obtuvimos respuesta. La cartera que dirige Cuenca únicamente repitió lo que ha publicado en sus redes sociales: que, entre el 15 de marzo y el 15 de abril, los docentes “brindarán acogida a los estudiantes y recogerán información sobre su situación emocional y sobre sus aprendizajes”. Al cierre de esta nota, el Minedu agregó que la productora será seleccionada recién la próxima semana, con el año escolar ya en marcha.
“La estrategia de ‘Aprendo en Casa’ no será postergada ni reprogramada ya que la fecha establecida para el inicio es el 19 de abril, porque responde a un proceso de evaluación aplicado a los alumnos tras el período de recuperación que culminó en febrero. Asimismo, por los tiempos que demanda la producción renovada que incorpora segmentos orientados a la familia”, aseguró la oficina de prensa de la entidad por WhatsApp, repitiendo la misma versión de sus redes sociales.
No es lo único que iría mal en esta improvisada vuelta al colegio. Sudaca conversó con una fuente que trabaja el contenido educativo de “Aprendo en Casa”, que luego será adaptado a distintas plataformas, y que denuncia retrasos y presiones a los trabajadores para acelerar el proceso. “Esta nueva modalidad de ‘Aprendo en Casa’ generó bastante retraso. Se metía látigo a todo el mundo y las variantes implican hacer todo un reajuste. Han intentado hacer experiencias integradas, pero, han querido sacarlo en fechas irreales”, explica otra fuente del Minedu.
Lo peor de todo es que no se tiene certeza si es que los contenidos se están cerrando de manera adecuada. Sudaca consultó por este y otros puntos −tanto por el canal de comunicaciones, así como al número de WhatsApp− a la viceministra de Gestión Pedagógica, Killa Miranda, quien tiene a su cargo las direcciones que deben resolver este problema. Las fuentes la señalan como la responsable de los retrasos. La funcionaria optó por la política de la avestruz.
«Lamentablemente, en el Perú hay un deseo de ser cabeza de ratón», dijo el expresidente de la Confiep, Roque Benavides, hace una semana a Canal N. La conductora le había preguntado por la reciente salida de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), que ha cortado palitos con su gremio. Él eligió aludir a la forma inversa de un refrán español: «más vale ser cabeza de ratón que cola de león». La frase significa que es preferible ser líder de algo chico que la última rueda de algo más grande. Así se tiran los guiños en el gran empresariado.
Lo de Capeco es, sin embargo, el último de una serie de desencuentros al interior de la confederación de intereses corporativos más importante del país. Un reacomodo de poderes que puede rastrearse hasta una fecha muy especial en el calendario empresarial del país: la Conferencia Anual de Ejecutivos (Cade) del 2019.
Sudaca ha conversado con siete fuentes que participan en la vida institucional de la Confiep y ha identificado ese día, hace poco más de un año, como punto de referencia para las últimas movidas que se han producido en el gremio sanisidrino. La partida de una de sus asociaciones fundadoras y la entrega de posta al jefe en el Perú de la multinacional KPMG no tienen como única explicación la proximidad de unas elecciones generales. El poder, en la alta sociedad, siempre está en movimiento.
‘Pequeña empresaria’
Si la Confiep es la iglesia matriz del gran empresariado nacional, la Cade viene a ser algo así como su Meca. Cada noviembre, con la excepción de estos años de pandemia, los principales apóstoles del sector privado −junto a conocidos lobbistas y demás personajes que pululan alrededor− salen de Lima en peregrinación hacia algún hotel de lujo. El motivo, según ellos, es hablar sobre los problemas más urgentes del Perú. Periodistas y políticos acompañan la comparsa.
Es el 28 de noviembre del 2019 y, en la explanada de la Cade, en Paracas, María Isabel León espera su turno para salir a escena. La presidenta de la Confiep sabe que el discurso que ha preparado −cuyas páginas ya mostró a su Comité Ejecutivo− está destinado a la basura. Ha sido invitada a una conferencia que se llama “Combatiendo la corrupción del sector empresarial”, y salir a decir las mismas tres tonterías vacías que se repiten sobre el tema parece no tener sentido ese día. La presión es fuerte.
La semana anterior, los peruanos se han enterado que Dionisio Romero Paoletti, cabeza de uno de los grupos empresariales más grandes del país, entregó maletines con dinero a la campaña de Keiko Fujimori el año 2011. Después de los escándalos Lava Jato y Club de la Construcción, el rechazo popular contra los empresarios allí reunidos ha llegado a un punto álgido. Para tensar aún más el ambiente, el presidente Martín Vizcarra, abanderado del discurso de la lucha anticorrupción, ha arribado de improviso a la carpa.
En aquella Cade del 2019, María Isabel León decidió no leer sus apuntes y se dedicó, en cambio, a lanzar titulares. Dijo que “sería vergonzoso” hablar de ética y anticorrupción con todo lo que pasaba, y que estaba dispuesta a seguir representando a los presentes solo si había un cambio. “No estoy dispuesta, de ninguna manera, a comerme más sapos”, reclamó. Y recordó que “cuando uno recibe a los amigos en la casa, si se sabe que alguno tiene por ahí alguna presunción de que ha cometido un delito, no lo lleva a su casa”.
Con la idea ya clara, dejó una frase que despertó un aplauso cuasi enardecido en la carpa: “Tengo 3 millones 650 razones para pedirles a estos empresarios que han hecho las cosas de manera irregular que den un paso al costado”. La cifra hacía referencia al dinero que Romero −entonces presidente del directorio de Credicorp− había entregado a la campaña del fujimorismo. En resumen: la ‘limpieza del empresariado’ terminó enfocada en el heredero de una de las tres fortunas más grandes y diversificadas del país. Al mes, Romero Paoletti dejó el Comité de Gobierno Corporativo de su firma; y a los cuatro, el directorio. “Para enfrentar la pandemia”, se reseñó como razón en un comunicado corporativo tras esta última salida.
Pero el día que León esperaba su turno para enfilar las balas contra el último Romero mandamás, no solo cargaba con la presión de lo que estaba por decir. También arrastraba un estigma que repitieron cinco de las fuentes: había sido elegida como una de las últimas opciones para el puesto. Además, y aunque ella se ha defendido varias veces alegando que su participación en la campaña fue puntual, en el 2016 había coordinado parte del plan de gobierno del hoy investigado fujimorismo.
El gremio, sin embargo, nunca había tenido una presidenta mujer. Tres fuentes masculinas indicaron que eso ayudó a que finalmente se alcanzara consenso en torno a su figura. Aunque existe la opción de presentar distintas candidaturas, a ‘la poderosa Confiep’ no le gusta que se publicite ninguna discrepancia entre sus miembros. Por eso, tiene la costumbre de elegir a su máximo representante, cada dos años, bajo estricto acuerdo previo. Pero ese consenso no dura para siempre.
Las declaraciones de León en la Cade generaron un fuerte malestar en algunos sectores de la Confiep. El reclamo general, relatan las fuentes, fue que una presidenta no podía dar esas declaraciones sin antes haberlas consultado con su comité. Lo cierto es que, de haberlo hecho, no se las habrían aprobado. León, empresaria de la educación, ha resaltado en entrevista con Semana Económica su condición de “pequeña empresaria”. Ciertamente, su instituto de aviadores, Avia, es modesto si se le compara con los negocios de las dos familias más ricas del país. La balanza no parecía tener mucho peso de su lado.
En los juegos de poder, además, todo ataque acarrea una contraofensiva. A los pocos días de aquel discurso, Arturo Woodman, miembro del Consejo Consultivo de expresidentes de la Confiep, dijo al conservador diario Expreso que era León la que había cometido un error y que, por eso, debía “dar un paso al costado”. Exdirector en varias empresas de los Romero y constructor piurano, Woodman también salió en defensa de sus paisanos en Panamericana Televisión. El ala financiera de los negocios de la familia tardaría, igual, en absorber el golpe reputacional.
Tres fuentes consultadas por Sudaca explican que Woodman, desde entonces, se mantuvo ‘distante’ de la vida institucional de la Confiep. Algo que resulta ajeno a un gremio en el que la influencia de los expresidentes, si bien no tienen derecho a voto, es muy fuerte. Una de las fuentes describió al grupo que conforman como un “consejo de ancianos”, en el sentido que nuestros antepasados le habrían dado al término. Ese órgano consultivo de ‘la tribu’, según cuatro entrevistados, pasó a mirar con resquemor a la entonces presidenta.
Tensa pandemia
Pocos meses después de aquel discurso, al Perú le sobrevino la pandemia. Con los negocios cerrados por la primera cuarentena y las empresas ahogándose, se empezó a discutir si los bancos debían ofrecer la posibilidad de reprogramar créditos sin aumentarle los intereses a sus clientes. Ponerse la camiseta, digamos, en una situación bastante difícil. Días de silencio oficial por parte de las entidades financieras (aunque con uno que otro pronunciamiento de sus gestores de intereses), fueron rotos por León en TV Perú a finales de marzo. Declaró que la reprogramación debía hacerse sin intereses.
La sensatez aterrizó pronto en los dos bancos más importantes del país: el BBVA Perú y el Banco de Crédito (BCP) −este último, de los Romero− anunciaron el mismo día que reprogramarían sin cobros adicionales. Fuentes cercanas al sector aseguran que uno de los dos tomó la decisión y que el otro no quiso enfrentar las consecuencias reputacionales de no hacerlo. Aunque León es una firme convencida del credo del libre mercado, con esa declaración volvía a poner la mira en sus principales jugadores.
Poco después, en junio, la Asociación de Bancos (Asbanc) le jaló la alfombra a la presidenta. Luego de que Vizcarra amenazara, sin decirlo, con intervenir las clínicas privadas, la Confiep emitió un comunicado de enérgico rechazo. Para darle potencia, la organización comandada por León decidió poner debajo del texto los logos de todos sus agremiados.
Asbanc no fue consultado sobre el contenido de la carta abierta de Confiep al presidente de la República y hubiésemos preferido que no fuera enviada. Consideramos que en estos momentos es necesario un diálogo respetuoso y abierto que permita una solución integral a la crisis.
Fuentes con conocimiento directo de la situación han relatado a Sudaca que, por esos días, Asbanc tenía pendiente una agenda regulatoria con el gobierno. Salir con la pierna tan arriba no era conveniente si, además, aparecía su distintivo gremial. Entonces, la noche del 25 de junio, en su Twitter oficial apareció un mensaje: “Asbanc no fue consultado sobre el contenido de la carta […] y hubiésemos preferido que no sea enviada”, aseguraron.
La publicación sorprendió a todos los analistas y empresarios del círculo, acostumbrados a que este tipo de choques se resuelvan con hermetismo. Algunas fuentes dijeron que la relación entre el representante de los banqueros, Martín Naranjo, y León se reconstruyó con el tiempo. Otras indicaron que ese ‘reconstruir’, en realidad, significó ‘tolerar y cooperar’ para calmar las aguas y que la cosa no escale. Woodman sí mantuvo para siempre su sana distancia.
Chau, Capeco
Durante la presidencia de León se han ido dos gremios de la Confiep: la poco conocida Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Aspor), tras un choque de intereses con la Sociedad de Comercio Exterior (Comex), y la emblemática Capeco. Esta última no es poca cosa. Junto a otras seis asociaciones sectoriales de empresarios, la cámara de la construcción es una de las que, en 1984, fundó la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), como una respuesta a la demoledora crisis en la que estaba ingresando el país.
Otros fundadores, como la Asociación de Exportadores (Adex) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) también se han retirado de la Confiep en las últimas décadas por la percepción de que algunos gremios tienen más peso en las decisiones sobre qué líneas defender. “Confiep habla por los intereses de los grandes grupos y empresas. Los pequeños eran comparsa […] Adex y la SNI representan a grandes, medianas y chicas. Y cuando necesitamos solucionar algún problema, hablamos directamente con el gobierno”, explicó una fuente del gremio exportador ajena a las siete consultadas.
Otra fuente ha descrito la actitud de Capeco como “una pataleta”. Lo cierto es que todos aseguran que el gremio constructor ya venía meditando su salida, por lo menos, desde hacía año y medio. Después de los escándalos Lava Jato y Club de la Construcción, la cámara había quedado vulnerable entre sus pares. Una primera ‘limpieza empresarial’ renovó la cúpula para dejarla en manos de los desarrolladores inmobiliarios, en desmedro de las grandes constructoras. Los principales representantes ante Confiep pasaron a ser de ese rubro: el desarrollador Humberto Martínez, de Marcan, y el arquitecto Enrique Espinosa, de Espinosa Arquitectos. Sin embargo, no fue suficiente.
Diversas fuentes de Capeco han asegurado que el descontento con su iglesia matriz se debía al peso que tienen los banqueros y los mineros en las decisiones de la organización.No solo a través de sus directivos oficiales, sino de sus operadores políticos. “Una prueba clara es que, con el escándalo de las constructoras, se le hizo a Capeco renovar a su directiva, con razón. Pero cuando el escándalo involucra a un banco, como en el caso de Romero, se le tiran encima a quien dice algo”, explicaron.
Con la llegada del verano, a la Confiep se le empezaron a aproximar dos elecciones: la nacional, con sus consecuencias naturales sobre el crecimiento de la inversión, y la suya propia. Como León había asumido tarde su mandato, la fecha de cambio de posta en el gremio empresarial más poderoso del país iba a tener apenas unos días de distancia de la votación presidencial. Algo que, en idioma de empresario, suena bastante mal.
Arturo Woodman, también expresidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), fue uno de los que se tomó más a pecho el ataque de León contra los Romero.
Para elegir a un presidente, como ya se ha explicado, se necesita consenso previo. La lista siempre debe ser única y mostrar un frente cohesionado. ¿Si eso les ha funcionado durante años, por qué hacerlo de otra manera? Este año Capeco jugó sus fichas a que sí cambiarían. La mayoría de fuentes ha confirmado a Sudaca que el gremio constructor evaluó presentar su propia candidatura, sin encontrar candidato en la interna. Nunca realizó una propuesta formal. Sin embargo, sí dejó claro que la elección debía ser eso: escoger, no ratificar.
“¡Imagínate a Capeco, después de los escándalos, presidiendo Confiep!”, dice una fuente. En paralelo, el ‘consejo de ancianos’, agrupado en un chat, deliberaba sobre quién podría ser el candidato único e ideal. Las conversaciones, para ello, se suelen dar en distintos niveles. De pronto, surgió un nombre que ya había sonado entre las opciones que fueron discutidas antes de la elección de León: Óscar Caipo. No pudo ser aquella vez por temas estatutarios.
Caipo ha dedicado la mayor parte de su vida profesional a comandar la división peruana de la multinacional KMPG, una red de firmas que se dedican a la auditoría y a la asesoría legal, financiera y tributaria de las principales corporaciones alrededor del mundo. De hecho, KPMG es conocida como una de las consultoras ‘big four’, junto a PwC, Deloitte y Ernst & Young. Además de ser el socio administrador de esa firma en el país, Caipo preside Empresarios por la Integridad, una asociación cuyo nombre no da lugar a mayores explicaciones.
El consenso en torno a su figura se alcanzó rápidamente entre los expresidentes de la Confiep. Ellos son los que se encargan de producir al candidato que luego obtendrá la venia de los actuales representantes de los gremios afiliados. Así lo manda la tradición. ¿Quién le haría el ofrecimiento? Se decidió que el enviado sea Martín Pérez, uno de los pocos ‘ancianos’ que, a sus 55 años, comparte promoción con Caipo. Podría llegar a él con mayor facilidad.
Pérez también es de la misma generación que el joven Dionisio Romero Paoletti, de quien es amigo. Además, es director suplente en el BCP “Pérez fue el encargado de hacer el nexo para que se entregue ese dinero a la campaña [de Fuerza Popular, entonces Fuerza 2011], no te pases”, reclamó una de las fuentes. En declaraciones ante el equipo especial Lava Jato, Romero Paoletti dijo que fue Pérez quien lo ayudó a tomar contacto con la organización que lidera Keiko Fujimori, según informó El Comercio.
Caipo aceptó y la mayoría de gremios se subió al barco. No Capeco. Fuentes de esta institución contaron que el nombre no era el problema, sino la forma poco democrática de elección. Tras descartar la opción de tentar ellos mismos la presidencia, movieron una ficha −de manera informal− para que María Isabel León se quedara de largo hasta después de la primera vuelta. Del otro lado, sin embargo, la discusión era diametralmente opuesta: los gremios planeaban adelantar su salida. Estos últimos ganaron la pugna.
De la nueva normalidad
Los tres nombres fuertes del nuevo Comité Ejecutivo de la Confiep: Óscar Caipo, Cayetana Aljovín y Ana María Choquehuanca.
No solo era “raro” tener un cambio de mando un día antes de la primera vuelta, sino que la Confiep −aunque sus representantes no lo acepten abiertamente− tiene un rol político que cumplir. Si bien no es que exista el mentado ‘candidato de la Confiep’, sí hay opciones ‘antimercado’ contra las que hay que estar preparados para hablar. Hacerlo con una gestión desgastada no es una buena idea.
Inicialmente León dio la impresión de no querer adelantar su entrega de cargo. Sin embargo, luego ella misma pidió que se convoque a las elecciones para que sean el último martes por la noche. No tenía ya, para entonces, gerenta: Patricia Teullet, quien la había acompañado en ese puesto, la había dejado en noviembre para formar parte del breve y sangriento Gabinete Merino. Poco a poco, León fue despidiéndose y dejando los chats de la Confiep. Decidió dejar el cargo el mismo día de la elección.
Días antes de ello, Capeco, sin poder conseguir el respaldo que buscaba, oficializó su salida. Caipo −quien declinó de responder para esta nota− asume un gremio en el que la balanza del poder ha sido recalibrada. Su vicepresidenta es Cayetana Aljovín, que viene del tradicional gremio de grandes pesqueras, y las pequeñas empresas han sido relegadas a la segunda vicepresidencia, con la figura de Ana María Choquehuanca. ¿Cómo canalizarán su discurso en las elecciones que se avecinan?
De la ‘pequeña empresaria de la educación’, férrea defensora del modelo y de pasado fujimorista, la Confiep pasa ahora al jefe local de una consultora con millonarios clientes. Algo así como decir que, tras una tensa aventura en la derecha más popular y confrontacional, el gremio de gremios ha regresado a la derecha más corporativa y discreta. Todos, por supuesto, aseguran que las rencillas ya han sido superadas. Entre empresarios, no fingir una sonrisa sí cuesta dinero.
“¿Cómo hacer feliz al esposo?” es el título de uno de los cursos dictados por la pastora Milagros Jáuregui de Aguayo (58), la número 2 por Lima de Renovación Nacional. La clase está grabada en audio, cuesta entre US$10 y US$16 y se marquetea con la siguiente reseña: “En esta serie de enseñanzas, Milagros Aguayo se anima y exhorta a las mujeres a estar atentas a su rol de compañeras de pacto”. Como este hay otros títulos que se ofertan en la iglesia “La Casa del Padre”, una asociación que fundó la candidata, junto a su esposo, el año 2006 y que, a pesar de ser una organización sin fines de lucro, es la matriz de todo un conglomerado de negocios aparentemente exitosos. Cuestión de fe, dirían algunos.
Conferencias, libros y cursos evangelizadores son parte de la oferta que ha permitido engrosar las arcas de la asociación. Y los diezmos, claro.
En su declaración de ingresos, Milagros Jáuregui -o Milagros Aguayo, como prefiere darse a conocer- dice haber ganado S/123.196 en el 2019. La holgada vida de la candidata le ha permitido comprar, el 2018 y junto a su esposo, Guillermo Aguayo, una casa –su actual residencia– en la exclusiva urbanización Club Campestre Las Lagunas. El inmueble está valorizado en S/1.701.400. Cerca, en Santiago de Surco, Guillermo Aguayo posee otra vivienda similar, en la acomodada urbanización Las Gardenias, por la que pagó un valor de S/2.700.000. Desde el 2006, y como consta en su hoja de vida presentada al Jurado Nacional de Elecciones, liderar “La Casa del Padre” ha sido la única ocupación laboral de la pastora.
La iglesia está ubicada en La Molina y es el epicentro económico de la familia Aguayo para todos sus “emprendimientos”. No tiene propiedades a su nombre, pero sí registra una deuda pendiente con EsSalud por S/12.998. “La Casa del Padre” funciona como cualquier otra empresa familiar. Según Registros Públicos, una de las hijas de la candidata es la encargada de manejar las cuentas e ingresos. Y su esposo Guillermo Aguayo y ella han sido presidente y vicepresidenta desde el inicio. Con el paso de los años, la familia ha logrado diversificar sus productos y enriquecerse ofreciendo libros, discos, asesorías familiares y entradas a conferencias grabadas. Todo gracias a la confianza de sus fieles.
“Yo soy una mujer que trabaja, tengo un hogar donde albergo adolescentes embarazadas en abandono, he escrito muchísimos libros, comentarios bíblicos, devocionales. Estoy con mis hijos en un proyecto de una cafetería de autor. Soy una mujer empresaria y pastora”, se presentó la candidata durante un evento llamado “Respiro y Liberación”, realizado en Panamá el año 2019.
Sin estudios universitarios, ni técnicos, la candidata ha echado mano de su fe. Hasta hace unos años los Aguayo tenían una imprenta llamada “Publicaciones y Producciones Way of Life” que dejó títulos como “Mujer única: discernimiento y sabiduría para maximizar tu vida” y “Hombría 101”, pero el negocio fue dado de baja en el año 2012.
Las que sí están activas son dos asociaciones más, registradas a nombre del marido de la candidata: la primera es “Salvemos a la Familia”, una iniciativa religiosa que busca “rescatar y mantener en vigencia a la familia, la única entidad que ha sido el pilar principal para el mantenimiento de sociedades sanas”. ¿Cómo lo hace? A través de masivas conferencias en las que participan expositores extranjeros. El otro proyecto de la marca “Aguayo” es el Centro para el Desarrollo de la Familia, una institución educativa que ofrece una diversidad de productos, entre ellos, justamente, «Cómo hacer feliz al esposo». Pero hay otros títulos más que también le rehúyen al feminismo: “Hombre de Verdad” y “Esposo irresistible”, por ejemplo. Cualquiera puede adquirirse por el módico precio de S/60.
Los diplomados, por su parte, son un poco más caros: entre S/ 65 y S/160 mensuales. Los Aguayo también han incursionado en en la gastronomía: el año 2015, la candidata fundó junto a sus hijas “Botón Lila”, una cafetería situada en pleno corazón de La Molina. Y una de las hijas de Aguayo ha impreso su vena artística con un disco de música que lleva su nombre, “Paz”, y que también se promociona en el sitio web de “La Casa del Padre”. “Paz Aguayo tiene la firme convicción de que esta es una herramienta para seguir extendiendo el Reino”, dice la presentación.
No hace falta navegar mucho tiempo por el sitio web de la iglesia para toparse con las cuentas bancarias a las cuales los fieles pueden transferir los “diezmos”. “Si tú buscas el sistema de los diezmos en la Biblia no lo encuentras. No hay un principio que diga que ofrezcas un porcentaje de tu sueldo. Es una cosa maquiavélica que han exacerbado las iglesias neopentecostales (como “La Casa del Padre”, “Agua Viva”, “Camino de Vida” y otras)”, dice Óscar Amat, sociólogo y protestante luterano que conoció al matrimonio Aguayo antes del 2006, en los años que compartía culto junto a ellos en otra iglesia: “Camino de Vida”.
En aquella época -recuerda Amat- Guillermo Aguayo, el esposo de la candidata, era asistente del pastor principal en aquella iglesia, Robert Barriger. Según Amat, fue en esos años que el matrimonio descubrió su especialidad dentro de la iglesia evangélica: la protección de la familia. “Guillermo se encargó de los hombres y Milagros de las mujeres. Guillermo trataba que los hombres fueran líderes eclesiales, profesionales y familiares. Milagros desarrollaba un curso más tradicional. Su objetivo era recuperar la dimensión de la mujer sujeta al hombre”, explica.
Fue entonces que los Aguayo se sintieron listos para abrirse su propio camino en el mundo evangélico. Su fijación con la familia no se quedaría en el discurso, también incluirían a sus hijos en esa misión. “Eso está legitimado por la doctrina religiosa de Barriger: la iglesia familiar. Así diversifican la capacidad de ingreso. Los hijos heredan las Iglesias con el objetivo de perpetuar el negocio de la fe”, afirma Amat.
Todas estas creencias constituyen lo que Aguayo llama la defensa del “diseño del cielo”, es decir, la responsabilidad que tienen los evangélicos de moldear el mundo. Una misión que borra la separación entre el Estado y la Iglesia. Los motores de su labor pastoral son la oposición al aborto y el rechazo al enfoque de género. Ahora forman parte de su propuesta política.
Si la semana pasada la candidata a vicepresidenta de López Aliaga, Neldy Mendoza, hizo noticia por sus ideas sobre los métodos anticonceptivos y el rol de la mujer en la sociedad, la pastora de la Casa del Padre no se queda atrás. “Tengo que ser responsable como esposa y respetar a Guillermo (Aguayo) como el rey, profeta y sacerdote de mi hogar. Tengo que aprender a caminar en sujeción a su liderazgo. Ninguna mujer debe socavar la autoridad que Dios le entregó al varón. No importa cuán modernas seamos”, dijo durante una conferencia en Panamá en julio del 2019.
Aguayo junto a Rafael López Aliaga en la presentación oficial de su candidatura en noviembre del año pasado.
Parte de su repertorio también es, por ejemplo, una comparación que hizo entre el Holocausto y los abortos. “Nos escandalizamos del Holocausto, ¿por qué no nos escandalizamos de la matanza de los niños en el vientre de las madres? Eso es lo que más me apasiona de entrar a la política y caminar al lado del ingeniero Rafael porque él tiene bien clara la idea de la vida y cómo debemos defenderla”, explicó en esa oportunidad.
Para oponerse a la llamada ideología de género, Aguayo suele presentar un vídeo en sus conferencias que inicia con una advertencia inverosímil: “La espeluznante evidencia de que los niños son el objetivo, según un artículo publicado en Gay Community News”. A continuación, una tétrica voz en off expone un manifiesto de las supuestas intenciones de la comunidad gay con los niños, acompañada de imágenes en blanco y negro. “Sodomizaremos a sus hijos, emblema de su pobre masculinidad”, “los reformaremos a nuestra imagen, vendrán a implorarnos y adorarnos”, “somos capaces de disparar armas de fuego y levantar las barricadas de la revolución final; tiemblen heterosexuales cuando nos presentemos sin nuestras máscaras”, son algunas de las frases que se logran escuchar.
Esta es la primera incursión de Milagros Aguayo en política. En un informe previo de Sudaca, especialistas de la comunidad evangélica explicaron que la pastora se unió a López Aliaga luego de su separación del movimiento “Con Mis Hijos No Te Metas”, donde compartía la vocería con Beatriz Mejía.
La misma publicación apunta que el matrimonio Aguayo tiene una alta legitimidad dentro de su comunidad gracias al éxito económico que han tenido, algo que los acerca al modelo de “empresario exitoso” que el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, resalta. “La mitad de nuestras listas son pastores o líderes evangélicos. Los números uno en nuestro país”, dijo orgulloso el candidato presidencial en la presentación de sus candidatos para las elecciones generales de abril.
Sudaca intentó concretar una entrevista con la candidata, pero no respondió al cierre de esta edición.
Arturo Woodman, también expresidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), fue uno de los que se tomó más a pecho el ataque de León contra los Romero. 
Los tres nombres fuertes del nuevo Comité Ejecutivo de la Confiep: Óscar Caipo, Cayetana Aljovín y Ana María Choquehuanca. 
