Opinión

Queda claro que las conferencias de prensa no le permiten lucirse porque no goza de la virtud de la elocuencia y no transmite convicciones a quienes la escuchan, pero ocurre lo mismo en sus soliloquios discursivos en eventos oficiales y, sin embargo, estos no los ha cancelado.

Obviamente, lo que la presidenta no quiere es que le hablen de temas de coyuntura, de los Rolex, de Córpac, de las atrabiliarias y antidemocráticas decisiones congresales, de sus ausencias inexplicables, de las encuestas, de la reforma de las pensiones, de Tía María y Conga, de la reactivación económica, de la inseguridad ciudadana, etc.

Pero lo que no parece entender la primera mandataria es que ella tiene la obligación cívica y democrática de ejercer un liderazgo nacional y que la única manera de hacerlo es pronunciándose sobre temas que a veces estrictamente no le competen, pero que le caben por su investidura de ser la primera autoridad nacional. Es una tarea que no puede ser delegada a los ministros.

Ya tiene, según la mayoría de encuestas, una desaprobación superior al 90%. Nueve de cada diez peruanos no la quiere. Y eso ocurre no porque haya cometido desastres o esté involucrada en actos flagrantes de corrupción, por lo menos probadamente, y la barbarie represiva de finales del 2022 no alcanza para explicar tamaña desaprobación.

El silencio presidencial se entiende más porque la gobernante no tiene nada nuevo ni interesante que decirles a los peruanos. El suyo es un gobierno inerte, sojuzgado por un Congreso prepotente, y esa debilidad sustancial es lo peor que puede mostrar un líder a sus seguidores.

Estamos en medio de una desgracia política. En momentos en los que más reformas se necesitan, el gobernante responsable de conducirlas y empujarlas, no tiene la menor idea de qué hacer y para evitar mostrar tamaña orfandad, ha decidido ocultarse de los periodistas.

Hay que contar los días para que esta pesadilla acabe y que el nuevo gobierno que entre el 2026 sepa qué hacer, sepa que lo tiene que hacer rápido y sepa que debe ejercer un liderazgo mediático permanente. No se esperaba mucho de Dina Boluarte, quizás ya es bastante que no haya seguido el rumbo de Pedro Castillo, pero resulta más que evidente que el país necesitaba una mejora superlativa, que, tristemente, ni se ha producido ni se va a producir.

Mauricio Mulder ha declarado que probablemente el APRA irá sola a las elecciones del 2026 porque, si bien cree en las alianzas, advierte que pareciera que los otros partidos les tienen temor.

Suponemos que se refiere a que temen que la astucia política de los apristas los haría encaramarse por encima de sus aliados y conseguir los cupos parlamentarios que entre todos disputarían, pero también es cierto que existe un profundo anticuerpo en varios candidatos de la centroderecha respecto del aprismo por la estela de corrupción que lamentablemente proyecta.

La pregunta es, si puesta en la balanza, ese factor debe pesar más que los activos que el aprismo podría aportar no solo a la candidatura sino a la posibilidad de ser gobierno.

La experiencia de haber tenido un buen gobierno, como lo fue el segundo mandato de García -a pesar de su inercia reformista-, mejor que el de Toledo (Humala fue un fiasco, PPK una decepción, Vizcarra una farsa deleznable y Sagasti tuvo un buen desempeño, pero de muy corta duración), le debería dar algún crédito político en la mesa de negociaciones de cualquier alianza.

El APRA puede aportar buenos candidatos parlamentarios (el propio Mulder, Del Castillo, Velásquez Quesquén -el mejor premier de la transición democrática-, Luis Gonzales Posada, José Luis Alvarado, etc.), además de una miríada de jóvenes bien preparados y con capacidad de darle batalla política a los grandes adversarios, que van a ser la izquierda radical y el fujimorismo.

Pero, además, puede contribuir con una lista de tecnócratas, no necesariamente apristas, que trabajaron durante su gobierno y permitieron que el país creciera a las tasas que creció y la pobreza se redujera de 50 a 27% en el lapso de un lustro.Esa larga lista de burócratas y tecnócratas le sumaría al nuevo gobierno un lecho rocoso de partida que podría ser muy útil para sobrellevarlos primeros tiempos de acomodo que suelen tener los gobiernos entrantes.

No es, en suma, un mal aliado el APRA. Los partidos de centroderecha que ya están conversando harían bien en tener en cuenta al partido de la avenida Alfonso Ugarte. Históricamente, además, son aliados leales, valor político muy preciado en tiempos en los que los pactos se rompen a la primera de bastos, echando por la borda el gran esfuerzo de conformarlos.

La mayoría de peruanos debe tener la misma sensación que un ilegal tiene en el extranjero. Carece de toda protección legal, es acosado por la policía, no goza de servidos básicos de calidad, no tiene carta de ciudadanía.

Lo que ha ocurrido en el aeropuerto no es si no un botón de muestra del desamparo absoluto que tienen los ciudadanos o consumidores respecto de los abusos de las empresas o entidades públicas. Tienen DNI, pero no tienen derechos.

Es un espanto las consecuencias psicosociales y políticas que ese estado de cosas genera en la población, particularmente a la hora del voto. Si a uno, por ejemplo, a pesar de ser asegurado y cotizar a EsSalud, no lo atienden, no le dan cita, no le dan cama, no le dan los remedios que requiere, en suma, lo dejan a su desamparo ¿cómo puede sentirse esa persona respecto del establishment?

Por eso, se debe ser muy severo respecto de los gobiernos de la transición post Fujimori. Recibieron un país en bonanza económica, bendecido además por un boom en los precios de las materias primas, y no hicieron reforma alguna que acercara al Estado al ciudadano, que integrara al país y no generara la división terrible que existe hoy en día entre el sur andino y Lima y la costa norte, que satisfaga las necesidades básicas del peruano de a pie y que su ascenso a la clase media -medido monetariamente- fuese de la mano con una mejoría de su calidad de vida.

Los peruanos que creen en el libre mercado y en la democracia, y más aún quienes se preparan para ser sus candidatos, deben ser plenamente conscientes de que eso no puede volver a ocurrir. De repente, inclusive, ya es demasiado tarde para evitar el desastre, pero si por esos azares del destino, confluyesen los astros, el gobierno reactivase la economía, se formasen frentes ideológicos consolidados, se arrebatase una porción del electorado del sur andino a la izquierda radical, y ganase una opción centroderechista, está obligada a hacer un gobierno radicalmente disruptivo y reformista. El país no aguanta otro fracaso de la inercia mediocre.

Es un buen proyecto el propuesto por el abogado constitucionalista Natale Amprimo. Consiste en plantear una reforma constitucional para que los expresidentes del Tribunal Constitucional conformen una comisión reorganizadora que reemplace a los miembros de la Junta Nacional de Justicia y que, de inmediato, remueva a los fiscales supremos y elija a los nuevos entre los fiscales superiores, previa evaluación.

El proyecto ha sido recogido ya por varias bancadas y ojalá hagan lo propio las mayoritarias, especialmente Fuerza Popular. No se ve otra manera de salir del entrampamiento en el que se halla el sistema de justicia, plagado de corrupción y de politización.

Los fiscales todopoderosos abusan de su poder, avasallando derechos constitucionales y la JNJ no hace absolutamente nada al respecto. Hay una connivencia que merece ser cortada de raíz.

Consolidado el proceso, será necesario que el nuevo gobierno, a partir del 2026, reforme por completo el sistema de justicia. La de Amprimo es una solución de emergencia, pero lo que debe lograrse es un cambio radical de uno de los pilares fundamentales de la democracia, como es el sistema de justicia (uno de los pocos en los que el Estado debe invertir sin cortapisas).

El Estado de Derecho democrático es condición imprescindible para que funcione correctamente una economía de mercado. Sin una justicia justa, valga la redundancia, no hay tutela de los derechos individuales, piedra angular de la vida social y económica.

El Poder Judicial, en sus instancias superiores y supremas mal que bien se salva de la ignominia, pero el Ministerio Público es un antro de injusticia y abuso, impune y sin control alguno.

Hay fiscales honestos e institucionalistas que ven con espanto lo que se ha hecho con su institución, convirtiéndola en una chaveta contra los que conviene destruir y en un manto de impunidad en beneficio del amigo o del poder del dinero.

La república pocas veces en su historia ha visto el grado de descomposición moral y profesional del Ministerio Público que hoy apreciamos. Se espera que la propuesta de Amprimo, que ayuda a mejorar la situación, tenga el eco merecido en el Congreso y pronto veamos una calificaciónsustantiva del problema.