Opinión

Hechos internacionales como los de Venezuela pueden contribuir a alimentar un estado de ánimo algo más favorable hacia la democracia en naciones como la nuestra, que la tienen muy mal calificada.

Por lo general, son razones ajenas a la propia democracia las que sostienen su desapego (pésimos servicios públicos: salud, educación, transporte, seguridad) las que hacen que la gente de a pie le atribuya esos males a la democracia como sistema y resienta su adhesión a ella.

Por eso es importante recalcar una vez más la enorme responsabilidad que les cabe a los gobiernos de la transición post Fujimori por no haber hecho las reformas necesarias, solo haber gobernado en piloto automático (gracias a las medidas económicas tomadas durante el decenio fujimorista) y haberse desentendido de resolver la grave carencia de dignidad cívica de los gobernados.

Después de la caída de Fujimori se vivió una primavera democrática equivalente a la que en los 80 se gozó luego de la salida del régimen militar. En ambos casos la frustración fue terrible, aun cuando la de los 80 fue peor porque los gobiernos de Belaunde y García fueron desastrosos y sufrieron la arremetida del terrorismo.

Del 2000 en adelante lo que aconteció fue un desdén por la voluntad reformista instalada en los 90. Se pararon en seco. Solo Toledo emprendió algunas (aunque haya sido terriblemente deficiente, la descentralización; la eliminación de la 20530; los acuerdos de libre comercio). Alan García apenas inició tímidamente la reforma magisterial que Ollanta Humala continuó con intensidad (de la mano del extraordinario ministro Jaime Saavedra, vapuleado por las barras bravas del fujimorismo en la época de PPK -cuánta responsabilidad te cabe Keiko en la crisis actual-). PPK no hizo nada en cuanto a reformas, Vizcarra mucho menos y Sagasti tuvo que lidiar con la pandemia, aun cuando ejerciera el cargo con solera democrática.

Pedro Castillo fue un retroceso brutal en la vida política nacional y Dina Boluarte es un personaje mediocre sin visión ni perspectiva de lo que corresponde hacer (aún aceptando que no le queda otra que ser rehén del Congreso tiene margen de acción enorme, pero simplemente no lo usa por su rampante medianía, aunque mucho le aportaría al país si efectivamente saca adelante el simbólico proyecto Tía María).

Ojalá el 2026 llegue al poder un candidato democrático con clara consciencia de la urgencia reformista que nos corresponde como tarea histórica. Es de vida o muerte.

El portal de análisis de las economías ilegales, InSightCrime, lanza siete predicciones de lo que ocurrirá si Maduro logra su cometido fraudulento de quedarse en el poder.

1.- Una nueva oleada migratoria. Ya han salido de Venezuela ocho millones de personas. Saldrán más y se tejerá alrededor de dicho éxodo una red criminal de tráfico de migrantes y la exportación de organizaciones como el Tren de Aragua.

2.- Más migración a Estados Unidos. América Latina ya no tiene capacidad de absorber mano de obra venezolana. Como es poco probable que organizaciones como el Tren de Aragua eche raíces en Centroamérica, por la existencia previa de organizaciones criminales arraigadas en dicha zona del continente, lo más probable es que empiecen a verse sus actividades en Norteamérica.

3.- Mayor dependencia de los intermediarios ilegales del petróleo. Venezuela ha pasado de producir tres millones de barriles diarios aochocientos mil y cuenta con el apoyo logístico deIrán Rusia y China, pero se acentuará la presencia de organizaciones criminales internacionales, que son las que le permiten a Maduro la supervivencia por su aislamiento internacional.

4.- Mayor dependencia de las redes de contrabando de oro. Al igual que el petróleo, Venezuela tiene importantes yacimientos de oro, y el régimen de Maduro ha dependido de actores criminales para extraer este mineral, y de redes internacionales de contrabando para venderlo en los mercados internacionales, disfrazando su origen y esquivando así las sanciones.

5.- Creciente influencia en el mercado internacional de cocaína. Venezuela va a transitar de simple plataforma de tránsito a país productor. “Las plantaciones de coca están surgiendo a lo largo de la frontera con Colombia, con cultivos registrados en al menos tres estados venezolanos, y los rebeldes colombianos han establecido una sofisticada infraestructura de narcotráfico en estas zonas, con la bendición del régimen de Maduro.

6.- Debilitamiento de la estrategia de paz en Colombia. El Ejército de Liberación Nacional y la Segunda Marquetalia, grupos subversivos vigentes en Colombia, cuentan con el aval de Maduro. Su permanencia seis años más hará casi imposible el proyecto de “paz total” que se ha planteado Petro.

7.- Una mayor regulación gubernamental de las economías criminales y de los actores que las gestionan. La necesidad del Estado híbrido criminal de Maduro -como lo defineInSightCrime, de obtener rentas hará que incruste a las organizaciones criminales en el aparato estatal para ejercer control sobre ellas.

 

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El último mensaje presidencial de Dina Boluarte, no solo fue groseramente largo, sino vacío de real contenido.

 Uno de los hechos más saltantes es que inicio el mismo de espalda a la realidad, colocándose como la “salvadora” del país, y, culpando al anterior gobierno de todos los males que nos aquejan.

Boluarte, parece olvidar que ella fue parte del gobierno que critica. Y en realidad, todos los actores políticos, de todas las canteras, tienen su cuota de responsabilidad en la crisis política que arrastramos hace años. 

De otro lado, con una actitud indignante ignoró la demanda de justicia por los asesinatos cometidos al inicio de su gobierno, a pesar que en las calles de Lima miles de personas protestaban buscando un cambio democrático y un alto a la impunidad. Incluyendo familiares de las víctimas.

La presidenta trato de afirmarse como una “demócrata”, cuando sabemos que es en este gobierno en dónde se han dado los mayores retrocesos en materia de gobernabilidad democrática. Se ha vulnerado, por ejemplo, el principio de separación de poderes. La alianza corrupta entre el Legislativo y el Ejecutivo lo demuestra.

Por lo tanto, iniciar un mensaje presidencial con estas afirmaciones es parte del descaro político, ya histórico en nuestro país.

En materia de derechos humanos y lucha contra la discriminación los anuncios fueron casi inexistentes. Un país fuertemente golpeado por la violencia sexual hacia las mujeres, niñas y niños ameritaba un compromiso real del gobierno, anuncios contundentes en la lucha contra este flagelo social que afecta la vida de nuestra niñez.

Sino hubo un anuncio real en esta materia, mucho menos en la lucha contra otras formas de violencia de género. Queda claro que las políticas públicas orientadas a atender problemas sociales estructurales no son priorizadas por el gobierno actual.

El anuncio de fusión entre Ministerios, preocupa por la insistencia en debilitar los sectores que se hacen cargo de las políticas sociales como es el MIDIS Y EL MIMP.

No se esperaba gran cosa del mensaje presidencial, mucho menos de un gobierno violador de derechos humanos, pero el descaro con el cual se invisibiliza la realidad es angustiante.

Esperemos otros tiempos se puedan aperturar.

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[Agenda País]  El mensaje presidencial del pasado 28 de julio no solo se caracterizó por lo extenso del mismo sino también por anuncios importantes como una mayor inversión pública y promoción para las micro y pequeñas empresas (MYPES), el reforzamiento del primer nivel de atención de salud, la implementación de la carrera magisterial con el fin de elevar la calidad de la educación pública, la ejecución de proyectos de agua y saneamiento, entre otros.

Sin embargo, una de las propuestas que más han llamado la atención es la referida a la creación del Ministerio de Infraestructura (MINFRA) y a la fusión de “dos pares” de ministerios, como parte de una inicial reforma del estado.

La reforma del estado, y en particular, la redefinición de los ministerios, ha sido un tema que se ha venido discutiendo desde hace varios lustros tanto en la esfera política como en la empresarial. Por ello que es saludable que el gobierno haya dado un primer paso en la dirección de adaptar el ejecutivo a los nuevos tiempos para darle mayor dinamismo y efectividad en la inversión pública.

La creación del MINFRA es un reto inmenso para el estado ya que supondrá dirigir a una sola institución un presupuesto de inversiones públicas superior a los 10,000 millones de soles provenientes de las 13 unidades que formarán ahora parte de este super ministerio. A la preocupación de que a mayor presupuesto pudiera existir mayor corrupción, surge también aquella relacionada a la gestión de tantos y variados proyectos por lo que el perfil del o la nuevo/a ministro/a del MINFRA es clave para el éxito de este importante reto. Para ello se requiere de un/a profesional en evaluación y ejecución de proyectos, idealmente economista con maestría en gestión pública o evaluación de proyectos, con experiencia tanto en los sectores público y privado, y con un prístino bagaje limpio de sospechas de corrupción.

A manera de benchmarking, el gobierno podría tomar la reciente experiencia del gobierno de Javier Milei que realizó el mismo camino creando el Ministerio de Obras Públicas, y de cuya implementación, seguramente tendremos mucho que aprender y, sobre todo, no cometer los errores que ellos hayan podido realizar.  

La incógnita se cierne por esos “dos pares” de ministerios que el gobierno propondrá fusionar en ahora, menos de 30 días.

Antes del mensaje, corrieron las voces de que se fusionarían los Ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) con el de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), en el futuro Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Independiente del nombre y de las siglas que se le pueda poner, era evidente que estos dos ministerios tenían un foco común que es la ayuda social a determinados sectores vulnerables de la población, de allí que su fusión no causa sorpresa sino más bien, bastante aceptación.

El otro par de ministerios sí que son un rompecabezas. Inicialmente, este columnista se inclinó por la fusión de los Ministerios de Educación y Cultura, no solamente porque ambos conceptos están íntimamente ligados a la formación de nuestra identidad nacional, sino también, porque curioseando en la web, se encontró una información en el MEF donde se muestra un listado de ministerios que ya revelan el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, y el de Educación y Cultura. Ignoro si es una publicación antigua o si un entusiasmado funcionario se atrevió a adelantar la noticia (https://www.mef.gob.pe/organismos-del-estado).

Sin embargo, hay otras alternativas que se vienen decantando, una de ellas es sobre el MINCETUR y PRODUCE que el diario Gestión, en su edición del 31 de julio de 2024, le dedica, con preocupación, un espacio importante.

Según este diario, estas dos instituciones no solamente se fusionarían, sino que formarían parte del Ministerio de Relaciones Exteriores quien sería el ente titular y rector. Esta alternativa ha generado preocupaciones del sector empresarial ya que la intención con la creación del MINCETUR en el 2002 fue el especializar técnicamente a una institución y con la cual se ha desarrollado, con sumo éxito, una dinámica de trabajo público-privada eficiente. Trasladarlo a Cancillería podría burocratizar los procedimientos y ralentizar la activa promoción comercial y turística que el Perú, eficazmente, realiza tanto en el exterior como en el interior del país.

En esta tormenta de ideas, también sería conveniente que se evalúe otras alternativas de fusión, como, por ejemplo, pasar el Viceministerio de MYPES a MINCETUR y el Viceministerio de Pesca a MIDAGRI. Estos movimientos harían desaparecer al actual PRODUCE e integraría de manera más dinámica a las MYPES hacia los mercados internacionales; adicionalmente, consolidaría en una sola institución a las industrias alimentarias naturales como son el agro y la pesca.

La reforma del estado y en especial del ejecutivo, si bien, constitucionalmente, es potestad del gobierno con la venia del congreso, no por ello, se debe dejar de lado el consultar con el sector privado y pedirle sus propuestas ya que, de una interacción dinámica y eficiente, entre los entes públicos y privados, es que podremos construir un Perú mejor.

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¿Pudo ser más acomedido en las formas? Sí, pero eso no mella la dignidad política de la intervención del canciller peruano Javier Gonzáles Olaechea en el Consejo Permanente de la OEA denunciando con la acritud pertinente la cuestionable abstención de muchos miembros del organismo internacional, que impidió que se aprobara una resolución para exigirle al gobierno tiránico de Maduro a proceder a un reconteo independiente y auscultado de las urnas de la elección del domingo pasado.

Se entiende la abstención de las republiquitas centroamericanas que dependen del petróleo subsidiado de Venezuela, pero no deja de llamar a escándalo la actitud de México, Colombia y Brasil, sobre todo de las dos últimas naciones. Lula se había manifestado crítico del proceso electoral venezolano y se esperaba que, en consecuencia, votara a favor del reconteo. En el caso de Colombia la cosa es de mayor escándalo ya que el propio presidente Petro emitió un comunicado horas antes invocando a que se efectúe ese proceso, pero, sin embargo, cuando se votó en el Consejo Permanente, se abstuvo. ¡Una vergüenza! Y de México, con López Obrador, servil vasallo de los dictados chavistas, no cabía esperar otra cosa.

La OEA le ha tendido un manto de impunidad a Maduro. El tema, no obstante, no ha concluido. Se espera que continúen las movilizaciones de protesta de los venezolanos que mayoritariamente ungieron a Edmundo Gonzáles como su presidente y ojalá los Estados Unidos, la gran potencia decisoria, asuma una actitud más beligerante al respecto.

La caída y salida del poder de la dictadura de Maduro, un monstruo político, corrupto y tirano, debe ser causa central de la comunidad democrática regional y mundial. Veinticinco años en el poder es tiempo más que suficiente para que las democracias americanas reaccionen como corresponde frente a tamaño despropósito.

Y de paso, que se tome acción sobre Cuba y Nicaragua, dos regímenes igualmente despóticos y miserables que han sumido a sus pueblos en la pobreza y en la ausencia de las libertades mínimas, que han hecho del fraude descarado el método político para permanecer en el poder, a vista y paciencia de la comunidad internacional.

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Javier Gonzáles Olaechea, maduro, OEA

¿Cómo resolver la crisis global del capitalismo democrático? Tarea inmensa, pero urgente porque a pesar de todo, sigue demostrando ser el mejor sistema político y económico conocido.

Se debe construir una auténtica economía de mercado, competitiva, sin la alta dosis de mercantilismo que signa el capitalismo corporativo que se ha impuesto en Occidente y con mayor intensidad en la periferia, con Estados débiles incapaces de enfrentar el poder económico y la influencia política de un grupo empresarial.

A la par debe asegurarse que habrá servicios públicos de calidad. Salud, educación, transporte, justicia y seguridad, por lo pronto, deben hacerle sentir al ciudadano de a pie que es ciudadano de primera categoría. En el Perú de hoy, estamos a kilómetros de poder ofrecer un mínimo nivel de decoro en los servicios mencionados y mientras ello no ocurra, la gente resentirá el modelo económico y le echará la culpa de su desgracia cotidiana.

Esos servicios pésimos alimentan también la alta insatisfacción con la democracia, pero en simultáneo es preciso repensar las formas democráticas de la representación. El pueblo no se siente partícipe de aquella, si solo vota cada cinco años y no tiene más contacto con el sistema político.

Los partidos deben recuperar su rol canalizador y en ese sentido la realización de elecciones primarias abiertas y obligatorias eran un paso importante, aunque no suficiente. Fueron, sin embargo, indignamente acotadas por el actual Parlamento. Debe agregarse, además, renovación parcial del Congreso, un sistema de distritos electorales diferente al actual, cambiar el modelo de regionalización, que solo reproduce los vicios del sistema político nacional, aplicar mayores posibilidades de referéndums, etc.

La democracia debe ser sentida como una forma de gobierno accesible, que le sea útil a los ciudadanos para participar del poder y no ser una máscara electoral de una oligarquía, como es hoy en día.

Si en el mundo desarrollado el capitalismo democrático no se renueva sucumbirá. Si en el mundo subdesarrollado no se construye, desaparecerá su gestación antes de nacer.

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Desde su llegada al poder, Dina Boluarte ha ofrecido discursos que carecen de profundidad y contenido sustancial. Sus intervenciones suelen percibirse como vagas y generales, sin abordar los problemas reales y urgentes que enfrenta el país. El discurso del 28 de julio no fue la excepción: resultó ser un mensaje frívolo, cínico y engañoso.

La frivolidad se hizo evidente en la extensión del discurso, que duró un récord de cinco horas. Su lectura, cansina y monótona, careció de la profundidad y la concisión que se esperarían de un mensaje presidencial. Muchos asistentes, incluidos congresistas y ministros, se durmieron o bostezaban sin ningún rubor, lo que refleja una desconexión con los problemas reales que enfrentan los ciudadanos cotidianamente.

A lo largo de su alocución, Boluarte evitó reconocer los errores y fracasos de su gobierno. Esta incapacidad para admitir problemas o fallos pone de manifiesto una preocupante falta de seriedad y responsabilidad. Además, su atención desmedida a temas y datos irrelevantes parecía ser un recurso para distraer a la audiencia de los asuntos verdaderamente importantes, intentando sumergirla en un mar de cifras que desdibujaban la realidad. De igual manera, la repetición de promesas, como la creación de hospitales, se presentaba como un intento de desviar la atención de la ausencia de resultados concretos. 

Asimismo, hizo anuncios superficiales, como el cambio de nombre del Ministerio del Interior, la creación de un Ministerio de Infraestructura y “la fusión de dos pares de ministerios”. Estas medidas son poco probables que tengan un impacto real en la mejora de la prestación de los servicios públicos, en la lucha contra la corrupción y la inseguridad ciudadana. 

Las contradicciones en el discurso presidencial son motivo de seria preocupación. Existen discrepancias entre su postura durante el proceso electoral, en la que se oponía al proyecto Tía María e incluso estampó su firma en señal de compromiso, y su actual promoción de dicho proyecto. Este cambio drástico en su posición política puede interpretarse como oportunista, evidenciando una falta de coherencia y transparencia en su liderazgo.

Además, la ausencia de explicaciones sobre las acusaciones de corrupción que la involucran a ella y a su entorno más cercano refuerza la percepción de falta de sinceridad en su compromiso con la lucha contra la corrupción. Esta falta de transparencia no solo mina la confianza pública, sino que también sugiere una gestión marcada por la hipocresía y la deshonestidad.

En conclusión, el discurso presidencial de Dina Boluarte no solo refleja una falta de profundidad y contenido sustancial, sino que también exhibe una desconexión preocupante con las realidades y urgencias del país. La incapacidad para reconocer los errores y fracasos de su gobierno, sumada a la atención desmedida a temas irrelevantes y a la repetición de promesas vacías, subraya una gestión caracterizada por la frivolidad y el cinismo.

La ausencia de transparencia respecto a las acusaciones de corrupción, junto con las mentiras y contradicciones, deteriora aún más la confianza pública y revela un liderazgo carente de seriedad y responsabilidad. En lugar de proporcionar soluciones concretas dentro de un marco claramente definido, el discurso presidencial se percibe como un intento fallido de desviar la atención de los problemas reales, debilitando así la credibilidad del gobierno y su capacidad para enfrentar los desafíos nacionales.

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28 de julio, Dina Boluarte, Discurso presidencial

Se les debe exigir a los candidatos peruanos un pulcrísimo compromiso con la democracia formal. Y el test Venezuela sirve para ello. Quienes se muestren dubitativos o ambiguos respecto de lo que allí ha sucedido, demostrarán que no tienen entre su arsenal valorativo político la defensa democrática.

Y es muy fácil hoy en día llegar al poder y convertir la democracia peruana en un sainete. Es muy popular atentar contra ella y recorrer el camino autoritario. Según la última encuesta del IEP, el 87% de peruanos se halla insatisfecho o muy insatisfecho con la democracia y un 57% de ciudadanos justificaría un golpe militar.

Recordemos, además, lo fácil que es cooptar la democracia por dentro. Un inepto como Pedro Castillo logró controlar el Congreso a punta de prebendas o sobornos directos, y si bien las Fuerzas Armadas le dieron la espalda cuando perpetró el golpe de Estado demoraron horas en pronunciarse (algunas dudas o disputas institucionales internas debe haber habido).

Basta llegar al poder y desde allí cooptar las instituciones poco a poco y después dar un zarpazo constitucional que permita la reelección y se acabó la democracia en el Perú. No tenemos la fortaleza institucional suficiente para aguantar una embestida del nuevo perfil autoritario (Venezuela, Nicaragua, Bolivia, etc.).

Y el problema mayor en la coyuntura actual es que la amenaza proviene de ambas orillas del espectro ideológico. Las propuestas autoritarias se despliegan por igual desde ambos bandos y reducen el margen de opciones democráticas a una derecha y una izquierda moderadas que ojalá levanten cabeza y logren lanzar mensajes disruptivos que compitan con las bravatas demagógicas que abundarán, efectistamente, desde los extremos.

Hoy mismo, a año y medio de las elecciones, las encuestas colocan en la delantera a partidos autoritarios que seguramente molerían la democracia, con todo lo que ella implica (Estado de Derecho, separación de poderes, etc.) a la primera de bastos.

Corresponde a la prensa ejercer un rol hipercrítico y vigilante de estos arrestos o síntomas autoritarios y denunciarlos con firmeza, como merecidamente ha ocurrido con Verónika Mendoza por su deleznable ambigüedad respecto de la tiranía de Nicolás Maduro.

 

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En Abril de 1777, el curaca y noble cusqueño José Gabriel Condorcanqui, tras larga y agotadora travesía, llegó a la capital virreinal con el objetivo de hacerse escuchar por el Presidente y los oidores de la Audiencia de Lima. Sus demandas eran dos: que se le reconociese como legítimo heredero de Túpac Amaru I, el último de los Incas de Vilcabamba, y que los indígenas bajo su responsabilidad  -pues regentaba los cacicazgos de Pampamarca, Tungasuca y Surimana- fuesen eximidos de la cruel mita minera de Potosí, que sometió a millones de personas a los trabajos forzados más inhumanos.

Las autoridades limeñas desoyeron las peticiones de quien, desde noviembre de 1780, encabezó la mayor rebelión indígena de los tiempos coloniales. Lima le dijo que no y es que Lima siempre le ha dicho que no a la sierra y al mundo andino, por más de que muchos limeños, entre los que me incluyo, quisiéramos que las cosas fuesen diferentes. El tema es que no lo son.   

Cuando tras los luctuosos sucesos de diciembre de 2022 y enero de 2023 vinieron a Lima los estudiantes de la sierra sur del Perú con finalidades no iguales, pero sí análogas a las de José Gabriel Condorcanqui en 1777 -ser escuchados y atendidos en sus demandas por el gobierno central- el resultado no solo fue el mismo, fue aún peor. La represión estatal continuó, solo que en Lima casi no dispararon a matar. Porque, al igual que en el Perú de Túpac Amaru II, una cosa es morir en las alturas y otra muy diferente es alcanzar el más allá acariciado por la brisa marina de nuestro primer puerto litoral, el Callao. 

El Dr. Alfonso López Chau comprendió la situación. Y aquí no me interesa encaramar un caudillo con características providenciales, paternalistas y mesiánicas. Lo que quiero decir es que hubo una autoridad limeña -chalaco para ser exacto- que sí escuchó, que sí atendió, que sí acogió a quienes venían de tan lejos. Y ese solo hecho, aparentemente banal, podría significar un giro de tuercas en la historia del Perú. 

Al contrario, qué abyectos aquellos otros eventos que evocan la perniciosa permanencia del coloniaje en el rancio reloj de nuestra historia. Aquella tanqueta derribando las puertas de la emblemática San Marcos, por orden de sus propias autoridades, dispuestas a atacar a los estudiantes provincianos que habían encontrado cobijo en la Decana de América es un recuerdo para el oprobio, uno más. El gesto de la UNI, en cambio, es excepcional. Es de aquellas imprevistas victorias del bien en el lóbrego reino de la infamia. 

El Partido

Tras el gesto, inesperado para quienes llevan casi medio millar de años recibiendo de Lima las mismas respuestas, el rector de la UNI fue invitado por su par puneño de la universidad del Altiplano, Paulino Machara. Lo que pasa es que en Lima no entendemos muy bien eso de la reciprocidad andina, que tuve la suerte de aprender en las aulas universitarias escuchando las inolvidables lecciones del maestro Franklin Pease. Alfonso López Chau no fue un patriarca. Fue dos cosas al mismo tiempo: el Estado, la autoridad que escucha un clamor; y fue también mi igual, parte de mi comunidad, de mi red de parentesco, de mi familia; alguien a quien debo retribuir con mi gratitud. 

La reciprocidad, el ayllu gigantesco, se expandieron por casi todas las universidades públicas del Perú, serranas la mayoría. Estas decidieron apostar, de nuevo y otra vez, por la utopía. No por la utopía andina, sino por la utopía peruana y entonces pensaron en un partido político, uno de verdad, uno de esos que tuvimos hace ya varias décadas pero que ya no tenemos más. Y entonces surgió la idea de Ahora Nación.

He visto, ni de cerca, ni de lejos, sino desde la medianía, la construcción de este nuevo partido político. Allí no hubo plata como cancha, allí no hubo poleras, ni billetes, ni pisco, ni butifarras a cambio de la inscripción. Allí hubo pueblo, pueblo y juventud, pueblo con juventud de la mano. Y pueblo más juventud fundaron ochenta bases provinciales e inscribieron muchísimos más militantes de los que exige la ley. El 25 de julio presente, la utopía finalmente se echó a andar: El JNE declaró inscrito a Ahora Nación. 

Propuestas e ideario

¿Cómo definir ideológicamente al Perú? “No se puede” parece ser la respuesta más sensata y más en un país cuyas raigambres culturales no han logrado hasta ahora conciliarse en una nación que podría ser multicultural y al mismo tiempo perseguir las mismas metas, aquellas metas generales que atañen el desarrollo material y espiritual de la sociedad en su conjunto. 

Yo siempre he creído que el Perú, si se le quiere definir en dos o tres palabras, es de izquierda democrática, o de izquierda moderada, al menos la mayoría de los peruanos. Mi conclusión es más sencilla de lo que parece. Conservador es quien prefiere mantener, quien prefiere no cambiar. En el Perú no podemos ser conservadores porque tenemos que cambiarlo todo o casi todo. Para iniciar el recorrido de un proyecto nacional que nos conduzca al desarrollo tenemos que arrinconar no solo a la corrupción, sino a la cultura de la corrupción que pésimos gobernantes han sembrado en nuestra colectividad. Y ese solo hecho, y esa sola meta, y esa sola utopía contienen una vigorosa impronta revolucionaria. 

Pero también somos pacíficos: revolución no implica violencia. Por eso la sierra le dio la espalda al terrorismo hace cuatro décadas, por eso valió tanto el gesto de López Chau con los estudiantes puneños. Parece una quimera, pero los gestos de unión, de amistad y de querencia son los que encabezarán el cambio, son el hilo conductor de la reconciliación nacional que llevará a construir esta nación que, una vez consciente de sí, transitará imparable hacia el desarrollo. 

Por eso, en las entrelíneas del acta fundacional de Ahora Nación, que he leído antes de escribir esta nota, no parece haber espacio para el odio. El gran Perú discriminado será reivindicado sin una guerra de razas. La mujer, tantas veces excluida y maltratada, será incluida y reivindicada sin promover la guerra de los sexos, y el poder judicial será implacable en castigar a los corruptos pero sin disparar una bala. La sentencia, la palabra escrita, la justicia y la universalidad de los derechos se convertirán en las armas implacables de la transformación socioeconómica y cultural. 

Por eso López Chau acentúa tanto la importancia de desarrollar infraestructura y producir manufacturas modernas que nos conecten, no solo con Chancay, sino con la ruta de la seda China que pasa por Chancay. Así como acentúa la inaplazable apuesta por la educación y la inversión en ciencia y tecnología. Ahora Nación está pensando en la base. Un edificio se construye siempre desde sus cimientos, y no desde el último piso hacia abajo. Si lo sabrá el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería. 

No diré más por ahora. De los planteamientos en concreto hablarán los voceros de un partido que, no hay que olvidarlo, apenas nato, no es más que una bella utopía. El tiempo dirá si logra convertirse en realidad. 

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