Opinión

Es absurda la intención de prohibir la candidatura de Antauro Humala, reforma constitucional, que al final anoche naufragó en medio del fuego cruzado de intereses con el fujimorismo, que aspira a tener a Alberto Fujimori como carta en una posible baraja electoral (presidencial o parlamentaria), y que no podría haberlo hecho de haberse aprobado la norma.

La pretensión es eliminar la posible aparición de un candidato disruptivo radical, hoy representada por el líder etncocacerista. Pero basta leer con esmero las encuestas para percatarse de que si no es Antauro será otro el que aparezca. De hecho, vamos a tener a uno – si no, dos- candidatos de ese perfil en la segunda vuelta.

En reciente encuesta de Ipsos, el 51% de la ciudadanía considera que a Pedro Castillo, el Congreso le dio un golpe de Estado y el 43% estima que fue Castillo, como efectivamente sucedió. Tamaña distorsión de la realidad solo se explica por una querencia política subsistente a pesar del fiasco que fue el régimen castillista. Si a ello le sumamos la altísima desaprobación de un régimen como el de Boluarte, sostenido por la derecha congresal, y las altísimas cifras de disidencia del gran sur andino, queda más que claro que aparecerá con visos de triunfo un candidato de semejante sesgo.

Eso no se entierra sacando de carrera a Antauro Humala. Si no fuera él sería Guido Bellido, Aníbal Torres o cualquiera que surgiese en el horizonte (la cosa está tan sombría que si Pedro Castillo postulase seguramente pasaría a la segunda vuelta).

La derecha y el centro no la están viendo y actúan con punible irresponsabilidad no solo atizando la fragmentación sino avalando tácitamente a un régimen absolutamente deslegitimado como el de Boluarte. Se están enterrando ellos solos, salvo muy honrosas excepciones.

El fujimorismo es también gran responsable de esa perspectiva porque ha decidido jugar solo el partido, bajo la presunción de que la base electoral sólida que tienen, les alcanza para pasar a la segunda vuelta. Les conviene la fragmentación de la centroderecha y, lo que es más grave, les conviene -parecen creer- que crezca un candidato como Antauro Humala, el que, estiman, el pavor que despierta en sectores importantes de la población, le permitiría esta vez el triunfo de la eterna derrotada, Keiko Fujimori.

Como parte de un miserable trasiego de votos -te doy los míos a cambio de los tuyos para mis proyectos- el Congreso aprobó recientemente el nombramiento automático de 200 mil maestros, sin pasar por concurso de méritos. Cerca de un tercio del total de maestros, lo que no es poca cosa.

El estreno de la meritocracia en el sector educativo proviene desde la época del segundo mandato de Alan García y buscaba, como es obvio, mejorar la calidad docente para que ello redunde, a su vez, en una mejora de la enseñanza, en una mejor educación para nuestros niños y adolescentes. Ello luego fue consolidándose y contábase con la unánime aprobación de los sectores involucrados en la educación (el Sutep es uno de los principales defensores de la meritocracia educativa).

Ello ha sido tirado por la borda. Le ha importado un pepino a la mayoría congresal la cualificación de la educación escolar en el Perú, que ameritaba una mejoría urgente y la continuidad del proceso de reformas iniciado hace más de una década.

Así está funcionando el Congreso. La izquierda y la derecha han firmado un pacto indecoroso por medio del cual se aprueban normas de interés de unos u otros, sumando sus respectivas votaciones, con el objeto de arrasar con la institucionalidad. ¿Qué hay detrás en este caso? La menuda pretensión de la izquierda de engrosar su base de apoyo electoral en esos maestros beneficiados con un nombramiento irregular.

Sin importar la absoluta falta de legitimidad del Legislativo, se está destruyendo buena parte de la poca institucionalidad alcanzada en los últimos años. El caso educativo es flagrante. Primero se tumbaron la Sunedu, después quieren tirarse abajo la reforma universitaria. Y ahora meten las narices en la educación escolar.

«Se buscaría autorizar el nombramiento automático de miles de docentes con más de 3 y 5 años de contratados; lo cual representaría la estocada final para mellar la Ley de Reforma Magisterial, basada en el reconocimiento al mérito y capacidad de los maestros, protegiendo la defensa de una educación de calidad para nuestros niños«, advirtió IPAE Acción Empresarial en reciente comunicado, con el que no quedaba si no coincidir. Lamentablemente, cayó en saco roto.

Las discusiones políticas, más aún durante procesos electorales, suelen concentrarse en las redes sociales en si se es facho o se es comunista. Fórmula simplista que lleva a terribles desengaños, pero que funciona: ¡La izquierda nos saqueó! ¡La derecha nos vendió! ¿Es cierto que la izquierda saquea y la derecha nos vende? En ambos casos lo que hay son distintos recursos para hacer del Estado una herramienta de control. Sea para ampliar programas y servicios sociales (tomando el control de empresas y ministerios que beneficien redes de clientelaje) o para reducirlos hasta dar total libertad a los empresarios (libres de impuestos, ganando a costa de trabajadores sin derechos e indiferentes al impacto  ambiental), lo que queda claro es que se ganan las elecciones para hacer del Estado lo que convenga para seguir en él. Aquí no hay sueños estalinistas ni hitlerienses. Hay tan solo bolsillos ávidos por recibir.

Después de la Segunda Guerra, se apostó por un acuerdo mundial para ponerle límite a la manipulación del Estado a través de los derechos humanos. Eran los mínimos sin importar ser de izquierda o derecha, dictadura o gobierno democrático. Pero nada cambió, la brecha sigue creciendo entre los países del primer mundo que los protegen y desarrollan, mientras ni los derechos mínimos en nuestro continente han sido tomados con la seriedad y la prioridad necesarias. Nuestro Congreso es el mejor ejemplo. Declarados de izquierda o de derecha, lo único que interesa es utilizar al Estado para los fines económicos de cada grupo y mantener en silencio a la población. De qué sirve distinguir ambos bandos si declaran la prescripción de los crímenes de lesa humanidad.

Con la pandemia nos dimos cuenta de que carecíamos de hospitales en número y en buen estado, sin real cobertura. Lo mismo con el sistema educativo, del cual cada año se retiran más y más adolescentes, niñas y niños del país, sin que nadie haga nada contra el retorno del analfabetismo. Desnutrición, falsa formación profesional, minería ilegal, trata, sicariato se han instalado en diversas zonas del Perú, dejando muy atrás las ganancias del narcotráfico. La migración regional llegó con sus pandillas criminales y se acomodó al sistema policial. ¿Sirve de algo ser de izquierda o de derecha en estos contextos? 

¿Cuándo perdimos la capacidad de imaginarnos como país? ¿Dónde están los grandes proyectos capaces de transformarnos? Cuando a mediados del siglo XIX se produjo en Europa la revolución industrial, se asumió que para conseguir un trabajo eficiente se requería saber leer, escribir y disciplinar. De inmediato, se creó un sistema de educación público que al finalizar el siglo consiguió que casi toda la población ya pudiera leer instrucciones y seguirlas. Y como se la necesitaba sana, se creó un sistema de salubridad.

Pero aquí, el Perú no cambia. Se opone férreamente a hacerlo. Seguimos siendo un país extractivista, carente de una industria significativa y de un mercado interno que valga la pena. A un país así le conviene la indiferencia a nuestros derechos básicos de salud, educación, alimentación, vivienda o seguridad. Y dejemos de culpar al Colonialismo español, porque fueron decisiones que tomamos al convertirnos en una República. Fuimos nosotros y no los españoles quienes quitaron el acceso a la educación y al voto de la población indígena, en ese entonces la mayoría de peruanos. Y aún no lo conseguimos revertir. 

No bastó que cada proyecto de Ley de este Congreso buscara evitar sanciones para quienes atentan contra nuestros derechos básicos. Hemos llegado casi al punto de romper con la cooperación internacional para evadir sus acusaciones sobre nuestro enfermo gobierno y así poder continuar con ese plan cuidadosamente elaborado por las mafias que nos gobiernan, que tienen identificadas todas las normas que los detienen y que están dispuestos a destruir. 

Esto no se trata de izquierda o derecha. Se trata de transformar o hundir al país. Y cada día el cambio climático nos advierte que vamos contra el tiempo. ¿Estamos dispuestos a seguir así?

A la afectación de la institucionalidad democrática que el Congreso viene perpetrando al caballazo con un sinnúmero de proyectos, le suma otros temas de no menor importancia (ley anti ONGs, contrarreforma del transporte, legislación contra el cine, etc.), que a su manera forman parte también del tejido institucional que una sociedad democrática debería albergar.

Se llama infructuosamente a la calle a manifestarse. Lamentablemente, no lo hace. Por temas de menor importancia (ley pulpin, por ejemplo), se armó batahola, hoy ni siquiera los colectivos más conocidos salen a protestar.

No se entiende por qué la apatía. Puede ser un efecto reactivo a la violencia de las protestas del 2022 y 2023, quizás la percepción de que éste es un gobierno de salida, el inicio anticipado de la campaña electoral (ya hasta se lanzan candidaturas presidenciales) o la lejanía que la ciudadanía siente cada vez más de las instituciones democráticas y por eso le importa poco su afectación, pero lo cierto es que de un movimiento callejero importante va a ser difícil esperar algo que frene los arrestos antidemocráticos del Parlamento.

Lo que llama poderosamente la atención, sin embargo, es el silencio de la derecha liberal frente a lo que está sucediendo. Salvo aisladas excepciones, los principales voceros de los nuevos partidos que se están conformando dizque de ese perfil, no se pronuncian al respecto. Lo hace solo la izquierda, capturando el monopolio de la protesta frente al statu quo.

Porque se debe marcar distancia no solo de un Ejecutivo mediocre e incapaz sino también de un Congreso prepotente y antidemocrático, que sin importar su falta de legitimidad, legisla sobre asuntos de vital importancia zurrándose en la opinión pública y en la legalidad, en explícita complicidad con un Ejecutivo maniatado y débil, que solo está interesado en sobrevivir como sea hasta el 2026, a cambio de conceder absolutamente todo.

Este silencio le va a pasar factura electoral a la derecha liberal en gestación. No basta con criticar con acritud a Dina Boluarte. Eso es fácil. También hay que enfrentarse a los todopoderosos partidos que conforman la mayoría congresal, donde van a recibir seguramente dura respuesta. Pero si no están dispuestos a dar esa batalla, mejor que líen sus bártulos y busquen otra ocupación, que las tareas del 2026 en adelante van a requerir no solo claridad ideológica sino también mucho empaque para sobrellevar las reformas, muchas de las cuales van a tener que ver con el desarme de las que este Congreso está aprobando.

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A pesar de que Lima es una ciudad enorme y no escasa históricamente de migraciones, el cosmopolitismo parece difuminado u opacado por ciertas tendencias predominantes. Aunque quizás sería más preciso aludir a la segregación cultural que es parte de nuestro día a día. Hablar de clases y fenotipos se queda corto, y son pocos los materiales que permiten comprender los matices, condiciones y clasificaciones que componen ese enorme tejido desmembrado que es nuestra ciudad. Quizás solo la novelas y cuentos que tan ricamente han retratado nuestros escritores se acerquen a reflejar todas estas distancias sociales.

No obstante, existen algunos espacios que logran reflejar esas mixturas que trascienden a lo peruano —si acaso esto existe— e incluyen a pequeñas islas de comunidades extranjeras. El caso de avenida Aviación es creo que uno de los más interesantes. Uno puede en la misma avenida encontrarse con restaurantes chinos —de las diversas regiones de China—, pollerías, chifas, cevicherías, comida coreana, japonesa, tailandesa, italiana, mexicana, venezolana y, naturalmente, gringa (influencia enorme y aspiracional en nuestra cultura desde hace varias décadas). No se trata de sitios de moda, pero al igual que lugares como el Centro Comercial Arenales y ciertos rincones del Centro Histórico, reúnen a pequeñas comunidades que se interesan por manifestaciones culturales —y, desde luego, no hablo solo de cocina— que provienen de otros países. Naturalmente, muchos de los que frecuentan dichos lugares forman parte de grupos migrantes o de segundas, terceras o cuartas generaciones de estos. Pero no son sitios exclusivos de ellos.

Así, quien recorre e indaga estos espacios es capaz de beber de la cultura (hay que notarlo, principalmente, asiática) sin la necesidad de viajar a otro territorio, ya que esto muchas veces —casi todas en un país que no goza de una clase media consolidada como tal— supone un privilegio del que la minoría de limeños no goza. Al menos, sucede con los espacios que conservan los miembros de las comunidades asiáticas. Me gustaría pensar que migraciones como la venezolana también establecerán con el tiempo sitios que enriquezcan el ecosistema cultural de nuestra ciudad, pues sería una pena que se vean nublados o rechazados por esa limeñidad confusa y atropellante que muchas veces rechaza lo diferente (a pesar de que no deja de aspirar a ser algo que no es).

Lo más agradable del acercamiento a estos espacios es, como señalaba, que no se trata de lugares de moda. No hay peliculina de por medio, no son sitios precisamente instagrameables (bajo los estándares de lo aesthetic —término hueco y aspiracional por excelencia—). Se trata de espacios auténticos que sobreviven por un público fiel que no busca seguir modas ni agourmetizaciones). Jamás se ubican en los distritos más privilegiados, sino que, precisamente, se corresponden con barrios de clase media, residenciales y que no pretenden ser turísticos. 

Aviación reúne el Teatro Nacional, la Biblioteca, el Museo, Cines, Polvos Rosados, centros comerciales, toda la diversidad de restaurantes, mercados asiáticos, Gamarra, parques y el único e histórico tren que tanto simboliza. A quien le interese comer platos de diversas partes del mundo sin desestabilizar su planificación económica mensual, puede encontrarla en esta avenida y de primerísimo nivel. Varias de las mejores cenas que he disfrutado han sido ahí. Estoy seguro de que muchos sabrán a lo que me refiero y, quienes no, espero que aprovechen esa cuota de cosmopolitismo que tantas veces se cree inexistente en nuestra ciudad gris.

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A este paso, si no se hace nada, va a haber como cuarenta o más agrupaciones políticas compitiendo para las presidenciales del 2026 y no se ve en el Congreso que nadie piense nada para atenuar ello, que lo único que va a hacer es lograr tal atomización del voto que bastará con tener el 7 u 8% de la votación para pasar a la segunda vuelta, con la consecuente ingobernabilidad para el siguiente lustro.

Propongo tres planteamientos que podrían ayudar a paliar esa tendencia y que solo requieren ley, no reforma constitucional. Se pueden aprobar en una legislatura con 66 votos. 1.- reponer las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias), que exigían cierto nivel de participación para poder continuar en la carrera. Es la más difícil porque claramente los partidos que controlan el Congreso no las quieren y ya las acotaron. Es difícil que den marcha atrás, pero igual la expongo como opción. 2.- asumiendo que se mantiene la normativa vigente, que se establezca una valla en la participación de los afiliados en las elecciones internas de delegados, por ejemplo, que participen, de los 25 mil afiliados, el 25 o el 30%. Lo mismo para la elección de los delegados, que haya una valla mínima a sortear si se quiere mantener la inscripción y poder competir. 3.- que se elimine el punto adicional (1%) de la votación que hoy se exige a las alianzas por cada partido que se sume, para poder tener presencia y mantener la inscripción. Hay que alentar las alianzas, no desalentarlas. Solo, como las otras, requiere ley.

Sería una desgracia anticipada que se permita que clubes de amigos aspiren a ocupar el sillón presidencial y que además tengamos un Congreso infinitamente más fragmentado que el actual. Cualquiera que llegue a la Presidencia en esas condiciones no va a poder gobernar y se mantendrá la crisis política por cinco años más, con las consecuencias devastadoras que ello tendrá en materia social y económica.

Necesitamos romper la espiral de la crisis que sufrimos desde el 2016, pero para ello se requiere que el Congreso se detenga a pensar seriamente cómo atemperar el desastre previsto si no se cambian las reglas de juego.

 

El título de la canción de la legendaria banda de rock «Los Saicos» es «Demoler». Una de sus estrofas dice: «Demoler, demoler, echemos abajo la estación del tren». Quizás este estribillo, junto con la frase pronunciada por Fujimori el 5 de abril de 1992, «Disolver, disolver…», ha sido fuente de inspiración y guía para los congresistas de Keiko Fujimori, César Acuña, López Aliaga, Vladimir Cerrón y otros, para demoler la democracia y concentrar poder. Para lograrlo, tomaron por asalto, en sentido figurado, el Poder Ejecutivo, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.

El control del Congreso sobre el Poder Ejecutivo, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo genera un desequilibrio de poderes y erosionar las prácticas democráticas. Este hecho puede tener consecuencias significativas para el sistema democrático, incluyendo el debilitamiento del Ejecutivo, la subordinación del Tribunal Constitucional y la pérdida de relevancia de la Defensoría del Pueblo.

En las democracias modernas, la separación de poderes es un principio fundamental diseñado para evitar que una sola rama del gobierno tenga demasiado poder y pueda actuar de manera arbitraria. Sin embargo, cuando un Congreso controla múltiples ramas del gobierno, puede ser un indicio de tendencias autoritarias. Este control puede llevar a la implementación de agendas particulares en contra del bienestar general, la modificación de la Constitución y la represión de la oposición política, lo que tiene un impacto significativo en la gobernabilidad y la estabilidad institucional.

Un Congreso que controla al Ejecutivo puede hacer que este último pierda su independencia y no pueda actuar como un verdadero contrapeso a las acciones del Legislativo. El Congreso puede influir en las decisiones del Ejecutivo, limitando su capacidad para implementar políticas y programas de gobierno de manera efectiva y autónoma. De igual modo puede bloquear o retrasar iniciativas del Ejecutivo, impidiendo la ejecución de políticas públicas necesarias para el desarrollo del país.

Un Tribunal Constitucional bajo control del Congreso puede perder su independencia y no poder actuar como un verdadero contrapeso a las acciones del Legislativo. Esto puede llevar a la aprobación de leyes arbitrarias sin el freno de un Tribunal Constitucional independiente. Sin un Tribunal Constitucional independiente, la rendición de cuentas y el escrutinio de las acciones del Legislativo pueden verse seriamente comprometidos. Esto abre la puerta a un mayor abuso de poder y falta de transparencia.

Otro de los riesgos más graves de un Congreso todopoderoso es la capacidad de modificar la Constitución para cambiar las reglas del juego democrático. La Constitución es la norma suprema que establece las reglas fundamentales de la organización y el funcionamiento del Estado. Alterarla de manera arbitraria puede desestabilizar el sistema político y erosionar los fundamentos de la democracia. La modificación constitucional, por tanto, puede ser la herramienta definitiva para transformar una democracia en un régimen autoritario.

Asimismo, la represión política es una señal clara de tendencias autoritarias. Cuando el Congreso utiliza su poder para perseguir a aquellos que se oponen a sus políticas o critican su gestión, se mina uno de los pilares fundamentales de la democracia: la libertad de expresión y el derecho a la oposición política. Sin una oposición robusta, el camino queda libre para la consolidación de un poder absoluto.

La concentración de poder en el Congreso es una amenaza latente para nuestra democracia. Implementar agendas particulares, reprimir la oposición política y modificar la Constitución son señales claras de una deriva autoritaria que tiene un impacto profundo en la gobernabilidad y la estabilidad institucional. Es fundamental que existan mecanismos de pesos y contrapesos que limiten el poder de cualquier rama del gobierno, asegurando que ninguna entidad pueda dominar el escenario político de manera absoluta.

¿Qué nos queda? La acción colectiva de ciudadanos y ciudadanas, de partidos políticos democráticos para contrarrestar la demolición de nuestra democracia. En última instancia, la fortaleza de una democracia se mide por su capacidad para resistir la concentración de poder congresal y garantizar que todas las voces sean escuchadas y consideradas en el proceso de toma de decisiones.

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Una presidenta con 5% de aprobación -la tasa más baja de los últimos 44 años-, según la última encuesta de Datum que ha publicado El Comercio, coloca la crisis política peruana en una situación límite.

Son dos los riesgos que una situación así genera. El primero es que ante cualquier chispazo se encienda la pradera del conflicto social y por allí deriven las energías disidentes que en estos momentos definen al ciudadano peruano. Pudo ser el caso Rolex, puede ser el alza de tarifas del agua, puede ser un proyecto de ley equívoco o una declaración infeliz.

El inicio de la campaña electoral -porque ya empezó- contiene un poco la protesta porque la gente ya la ve como una gobernante de salida y en esa medida le concede una agonía tranquila. Pero lo cierto es que este gobierno no resistiría una asonada como la de finales del 2022 e inicios del 2023 (quizás a ello se debe su pacto de tolerancia con las mafias económicas ilegales, que son las que suelen financiar las protestas, como sucedió entonces).

El otro riesgo es que sus sostenedores políticos en el Congreso asuman que su apoyo les va a resultar muy oneroso en el venidero proceso electoral y decidan cortar ese apoyo y sumarse a una vacancia que interrumpa el mandato de Boluarte. Aquí, lo que lo está evitando es que los congresistas saben que la ciudadanía no aceptaría que solo se convoquen elecciones presidenciales sino que exigiría que sean generales. Y, claro está, los señores parlamentarios no se quieren ir hasta el 2026 y quizás confíen en que, al final, el electorado no se inclinará por sancionar a los aliados de Boluarte (ese fenómeno ya ha pasado antes en la historia política peruana).

Lo cierto es que una desaprobación tan alta -nunca antes vista en el Perú desde que se hacen mediciones estadísticas- contribuye al desasosiego ciudadano y, lamentablemente, en lugar de llamar a la reconvención política del gobierno, a éste parece importarle poco tan magros resultados. Boluarte no hace nada para subir algunos puntos, por el contrario, acentúa las conductas que la población rechaza, como si hubiera arribado a una suerte de psicopatía política que la torna inmune al rechazo popular. Malos tiempos los que tendremos que sobrellevar de acá hasta julio del 2026, si nada extraordinario ocurriese y el actual mandato perdura.

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En 1988 trabajaba en Arequipa y Sendero Luminoso atacó la comisaría de Cotahuasi, hecho que llamó la atención porque Abimael Guzmán nunca había ejecutado un atentado en su región natal (aunque Cotahuasi esté más cerca de Ayacucho que de la Ciudad Blanca).

Con el equipo de prensa de Radio Televisión Continental decidimos ir a la zona a cubrir el hecho, a pesar de que mi especialidad no era ni nunca fue el tema subversivo sino el quehacer político, tarea intensa en esos momentos del aciago primer mandato de Alan García.

En el trayecto parábamos en diferentes poblados a entrevistar a sus vecinos y para mí fue una sorpresa descubrir que la gente le tenía más temor a la policía o a las fuerzas armadas que al propio Sendero Luminoso, por las barbaridades que las fuerzas del orden cometían contra la población civil no involucrada en el conflicto.

Ahora que desde el Congreso se busca amenguar de alguna manera la situación penal de esos militares y policías, y algún congresista ha llegado a plantear inclusive una amnistía, es preciso recordar que una gran lección que nos debe dejar el periodo de la lucha antiterrorista es que las fuerzas del orden cometieron excesos brutales, injustificados, imprescriptibles, sin que importe la entrada o no en vigencia del Estatuto de Roma en determinada fecha. Los crímenes de guerra se castigan siempre. El terrorismo de Estado, que lamentablemente se ejecutó, especialmente durante los gobiernos democráticos de Fernando Belaunde y Alan García, no puede ser soslayado bajo amnesias selectivas o legales.

Es más, una gran conclusión a extraer -y para eso existen el Informe de la Comisión de la Verdad, el Lugar de la Memoria o El ojo que llora, tan aborrecidos por la extrema derecha- es que el peor daño que la subversión causó es que el Estado se olvidó sus límites legales. En el caso peruano, con mayor razón debe recordarse que fue cuando se cambió la estrategia de “tierra arrasada”, que se pudo derrotar al terrorismo (el GEIN fue más eficaz que el Grupo Colina o el Comando Rodrigo Franco).

La del estribo: mucho por hacer en Lima. Hasta hoy está la muestra Chancay de a mil, que reúne 225 piezas de cerámica de los valles de Chancay y Huara, de la colección del escultor peruano Benito Rosas. Va en el Museo de la Nación y el ingreso es libre. También es imperdible visitar el Museo de Arte Contemporáneo, MAC, a apreciar la muestra El buen lugar, pinturas y dibujos 2017-2024, de Ramiro Llona (empieza el 18 de junio); y también Forastero en la tierra, de Rafael Hastings.

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