Abusiva, irracional e inmotivada ha sido la medida de allanamiento dispuesta en mi contra por el equipo de la fiscal Marita Barreto. No se me imputa ningún delito, salvo una referencia inicial difuminada a una supuesta pertenencia a una organización criminal y a la publicación de un informe crítico contra la propia fiscal por el caso Sada Goray, por el viaje que la magistrada efectuara a Punta Cana y Miami a tomarle sus declaraciones.
En base solamente a ello se ha procedido a un allanamiento de mi vivienda y a la incautación de mi equipo telefónico y tres laptops (la mía, de mi esposa y del personal doméstico). El objetivo es claro y evidente: acceder a mis fuentes informativas, que son muchas y sobre diversos temas, pero que en el caso del allanamiento buscan encontrar quiénes eran las personas que me proporcionaban información que sustentaba los informes publicados. Si no fuera así, se me hubiera podido investigar normalmente citándome a la fiscalía, a la que ya varias veces he acudido a rendir testimonio por casos vinculados.
Yo he negado mis fuentes y lo seguiré haciendo. Es un juramento profesional que, maliciosamente, la fiscal Barreto quiere romper, violando los preceptos constitucionales de resguardo de la libertad de prensa. Con mis fuentes siempre he mantenido una reserva absoluta y el compromiso de no revelar identidades bajo ninguna circunstancia, compromiso que estoy obligado a cumplir.
Se esconde además en este presunto afán investigatorio una clara represalia por el informe de Sada Goray, que no faltaba a la verdad en ninguna línea del mismo. Tanto es así que yo no he merecido ninguna carta aclaratoria, carta notarial o querella por difamación de ninguno de los artículos publicados.
Hay un sector del Ministerio Público, que en estos momentos transita por conflictos sangrientos en su seno, que está encontrando víctimas en civiles que no tenemos vela en ese entierro.
Yo no he participado de ningún trasiego de dinero, no he sabido de ello bajo ninguna circunstancia, no he realizado asesorías institucionales ni media training a nadie del Ministerio Público y a ninguno de los imputados, no he recibido jamás emolumento alguno, tampoco he sido operador de ningún favor administrativo de los muchos que se les imputan a otros inculpados en el expediente fiscal.
Conmigo se ha cometido una grave injusticia, se ha atentado contra la libertad de prensa y se ha vulnerado derechos democráticos esenciales. Frente a ello, la frente en alto, la conciencia tranquila y la disposición absoluta a cualquier investigación que se me quiera hacer al respecto.
