Año tras año, como lo indican las encuestas, la desconfianza entre los ciudadanos aumenta. ¿No son acaso el uso irregular de los recursos públicos, los escándalos de corrupción, la ineficiencia en la prestación de servicios públicos, entre otros hechos, los que provocan que la confianza en el Estado y en las instituciones disminuya? ¿A los que detentan el poder les preocupa que su desempeño sea valorado de manera positiva? ¿Qué las instituciones, bajo su responsabilidad, sean percibidas por los ciudadanos como justas y transparentes en la prestación de servicios públicos y por eso mismo confiables? ¿Se dan cuenta que la desconfianza política impacta la confianza interpersonal? ¿Sería mucho solicitarles que evalúen los efectos de la creciente desconfianza política e implementen las acciones necesarias para contrarrestarla? Tal vez sea mucho pedir en las actuales circunstancias.

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Segundo, más limpio aún, el camino de la reforma constitucional con 66 votos y referéndum posterior, que permita el recorte del mandato presidencial y congresal y el consecuente adelanto de elecciones. Pero muchos en la oposición simple y llanamente no quieren irse, arrellanados en su curul y sus privilegios, prefieren que el país siga siendo destruido por Castillo, antes que tomar una decisión sacrificada, pero imperativa, moral y políticamente hablando.

Tercero, si los alcances del artículo 117 generan controversia constitucional, pues que se siga el camino de su reforma, y se agregue, entre las causales de acusación al presidente, poder hacerlo no solo “por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”, sino también por corrupción. Y, aunque no se podrá aplicar de forma retroactiva, no queda duda alguna de que el primer mandatario y su entorno no cesarán en el despliegue impune de la organización criminal que han instalado en Palacio.

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Niños, niñas, adolescentes y mujeres, siguen desapareciendo día a día, y la agenda para avanzar en la prevención de la violencia sigue siendo enorme. Lo sucedido con Gabriela, que conmocionó a tantas personas, que se hizo viral y puso a todos en alerta, debería ser motivo para que nuestras autoridades pongan foco en la realidad de nuestro país y se lleven a cabo los esfuerzos necesarios para prevenir y luchar contra la trata de personas, violencia contra la mujer y desapariciones.

Como mujer, ¿cómo me siento yo viviendo en Perú? Cuando tomo un taxi “seguro” jamás me siento segura, cuando saco a pasear a mi perro de noche entro en estado de alerta si siento que alguien camina detrás de mí, si voy a un bar siempre tengo que ver lo que me sirven y “vigilar” mi trago, si camino sola por la calle tengo que aguantar “piropos” desagradables. Ser mujer es vivir con miedo, es estar alerta 24/7 porque nunca me siento segura más que en mi propia casa, es salir sin saber si voy a regresar. ¿Hasta cuándo?

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¿La gobernamos o somos gobernados por ella? Pues no hay un límite entre ambas, pero sí una línea discursiva que te permite estar gobernando y ser gobernado por tus situaciones. No todos tenemos controlados nuestros actos, hay siempre atisbos de consecuencias no previstas con las que hay que sortear para salir bien librados o caer elegantemente, si eso está permitido.

Quisiera tener las palabras precisar de Joaquin Sabina para ilustrarlo de otra manera, pero es lo que el momento y la madrugada me ha permitido, por ahora, escribirlo.

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Cuando todo ello sea comprobado por la Misión de la OEA, deberá concluir que ha sido burdamente engañada por un presidente mendaz y taimado, que recurre a la victimización interna para subir puntos en las encuestas, pero que se ha excedido largamente, de modo temerario, comprometiendo al principal organismo continental en su propio edificio de mentiras.

Como ya ha anticipado el portavoz del Departamento de Estado de Washington, Ned Price: «Estamos dando seguimiento muy de cerca a la situación política de Perú y creemos que la rendición de cuentas es vital para un sistema político democrático«. Probablemente por allí vaya el tenor final del pronunciamiento de la OEA sobre el Perú y el gobierno habrá sumado un papelón internacional a sus dislates domésticos.

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Quinto, siempre basar las afirmaciones que hagamos en evidencia empírica. De lo contrario, son solo una opinión. Los datos son claves para diseñar programas de política pública. En estos días, ante la frustración de muchos, abundan en redes sociales las opiniones sin ningún respaldo en información. No está mal que sea así, pero entonces que se diga que es una opinión, pero no un hecho.

Sexto, ver los efectos inmediatos y posteriores de cualquier política. No ver estos últimos es muy dañino.

Séptimo, nadie cuida lo que no es suyo. Esto significa que es más fácil decir qué deben hacer los demás o qué debería hacerse con el dinero que no es nuestro. Primero, preguntarnos a nosotros mismos: si fuera nuestro dinero, ¿qué haríamos?

Por último, hay que distinguir lo que es de lo que debería ser. Positivo versus normativo. En lo que es no hay discusión, pues se trata de un hecho, más allá de que nos guste o no. Lo normativo es nuestra opinión sobre el hecho, que siempre debe estar basada en evidencia empírica. La economía no es una creencia, ni un acto de fe; por eso los fanatismos no funcionan. La economía es una ciencia.

Asimismo, desde los inicios, Patricia Del Valle ha cultivado un verso con un temple pacífico y metódico, así como su poesía muestra un lenguaje figurativo lleno de metáforas de mar y viento, símbolos de libertad y de olvido, pero también del tiempo que es olvido y memoria a la vez.

La muerte de Patricia del Valle se suma a las de muchos otros escritores que partieron este año. La lista se hace cada vez más larga: Doris Bayly (poeta y periodista peruana, el 16 de febrero), Francisco «Paco» Tumi (lingüista y narrador peruano, 5 de marzo), Gustavo Armijos (poeta peruano, 24 de marzo), Sergio Chefjec (escritor argentino, 2 de abril), Fernando Lecaros (sociólogo y editor peruano, 12 de abril), Eduardo Lizalde (poeta mexicano, 25 de mayo), Donato Amado Gonzales (historiador cuzqueño, 26 de junio), Fina García Marruz (poeta cubana, 27 de junio), Desiderio Blanco (semiólogo hispano-peruano, 2 de julio), Sylvia Molloy (crítica literaria y narradora argentina, 14 de julio), Noé Jitrik (crítico literario argentino, 6 de octubre), Juan Marchena (historiador español peruanista, 10 de octubre), César Ángeles Caballero (crítico literario peruano, 15 de octubre) y ahora nuestra Patricia del Valle (poeta peruana, 21 de octubre).

Tuve la ocasión de alternar con Patricia en diversas oportunidades y siempre me pareció que irradiaba sencillez y alegría, lejos de las rencillas, roñas y figureteos que abundan en nuestro medio literario. ¿Por qué los buenos se van siempre antes? Dios sabe. Quizá para hacernos sentir la falta que nos hacen y así tratar de imitarlos mientras nos dure la cuerda.

Que tu memoria viva mucho tiempo, extrañada Patricia.

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Los Fiscales: intento de decapitar a un magistrado supremo 

Por cierto, es inusual que la Fiscalía Superior presente una denuncia disciplinaria contra un juez de mayor jerarquía cuando este procedimiento normalmente queda en manos de los Fiscales Supremos, que poseen un rango similar al de los jueces supremos, y que es llamativo que la denuncia se presente cuando el recurso presentado solo se admitió a trámite y se califica positivamente la decisión de una Sala Superior que dio por concedido el recurso de casación y, lo que es más grave, se denuncia cuando no existe algún pronunciamiento sobre el fondo del caso que puede salir favorable o desfavorable.    

¿Por qué la Fiscalía Superior, y no la Fiscalía Suprema, se adelanta a un resultado judicial que le puede ser favorable si litiga sin presión mediática y a punta de denuncias? ¿Por qué se presenta una denuncia contra un magistrado que todos vinculan al caviarismo más recalcitrante –al que muchos fiscales pertenecen y lo reconocen con orgullo– y que es autor principal de la condena de Alberto Fujimori? ¿Acaso, es posible ensayar una respuesta razonable?

Analizados fríamente los hechos y los actos precedentes del Equipo Especial del caso “Lava Jato” la denuncia contra San Martín no es una queja aislada ni un actuar en solitario, lo que se busca, en realidad, es lograr que la Junta Nacional de Justicia no ratifique en el cargo de Juez de la Corte Suprema a un magistrado que está inmerso en el proceso de ratificación que ha sido convocado y que tiene su etapa crucial en la primera semana de noviembre. Para ello la denuncia ha sido presentada estratégicamente un mes antes de que pase la entrevista del proceso de ratificación. 

La idea que se maneja dentro del Equipo Especial del caso “Lava Jato” es que si se logra la no ratificación y expulsión de San Martín de la Corte Suprema y del Poder Judicial, ningún juez del Perú se atreverá a dictar fallos adversos y en contra de los intereses de los fiscales. 

La finalidad prioritaria de sancionar y expulsar a San Martín de la Corte Suprema de Justicia no es reciente y novedoso en los integrantes del Equipo “Lava Jato”. Ya en marzo del 2020 Rafael Vela presentó una denuncia a la Junta Nacional de Justicia pidiendo que se investigue a San Martín debido a que los requerimientos fiscales de uno de los casos que lleva el Equipo especial habían sido revocados en la Corte Suprema por acciones presuntamente sistemáticas de los abogados y “con decisiones de los jueces supremos que causan sospecha”, tal como lo informa el diario Gestión en su edición del 3 de marzo del 2020.

El poder de los fiscales  

La denuncia a la JNJ con fines de expulsión de la Corte Suprema de Justicia contra el magistrado San Martín no es un acto aislado de un sector del Ministerio Público.

Se debe recordar que el Fiscal Supremo Jesús Fernández Alarcón y la Fiscal Suprema Fanny Quispe enfilaron sus baterías, mientras estuvieron dirigiendo el caso “Cuellos Blancos”, contra cuatro jueces supremos titulares: José Luis Lecaros Cornejo, Elvia Barrios Alvarado, Carlos Arias Lazarte y Héctor Lama More. A José Luis Lecaros lo acusaron de haber negociado su nombramiento frustrado como representante de la Corte Suprema de Justicia en el Jurado Nacional de Elecciones en una cena en el restaurant el Polo Marino, de propiedad del empresario Salvador Ricci, con el prófugo César Hinostroza. A Elvia Barrios, la sindicaron de haber llamado al ex Presidente de la Corte del Callao Walter Ríos Montalvo para interceder supuestamente en un caso que tenía a su hermano como una de las partes interesadas. A Carlos Arias Lazarte lo acusaron de haber recibido ayuda para lograr el cargo de juez de la Corte Suprema en el concurso a jueces Supremos de la República del año 2017. A Héctor Lama lo acusaron de haber sido el candidato en reserva favorecido por el ex juez César Hinostroza Pariachi en el concurso de jueces supremos del año 2015.   

La paja en el ojo ajeno 

La Fiscalía Suprema ha vuelto a presentar el 20 de octubre del 2022 un segundo pedido de inhibición del magistrado San Martín. Se basa en que dicho juez tiene lazos de amistad con el abogado Dino Carlos Caro Coria y dicho abogado es su abogado en los procesos instaurados ante la Junta Nacional de Justicia y destaca que Caro Coria a su vez también es defensa técnica de los investigados, representantes de la empresa Enagas Internacional. Dicho pedido sería improcedente ya que se ha presentado casi un año después de que el caso llegara a la Corte Suprema de Justicia y porque Caro Coria no defiende a las personas y a las partes que han interpuesto el recurso de Casación.

Algunos abogados consultados para esta nota destacan que pocas veces se ve el empecinamiento del Ministerio Público para excluir a un magistrado de la Corte Suprema de un proceso penal, sobre todo, proveniente de un Fiscal Supremo como el fiscal Pablo Sánchez Velarde que conoce y sabe que un pedido de esta clase es a todas luces improcedente, sobre todo porque el abogado aludido no tiene ninguna relación con alguna de las partes que recurre y ha presentado la Casación a la Corte Suprema de Justicia. El actuar del Fiscal Pablo Sánchez es, además, contradictorio.

Se resalta que, por ejemplo, nunca el Fiscal Pablo Sánchez ha pedido el apartamiento de San Martín del conocimiento de algún caso en el que el abogado Miguel Pérez Arroyo ha defendido casos de narcotráfico en alguna Sala Penal de la Corte Suprema, pese a conocer que Pérez Arroyo fue secretario de confianza de San Martín Castro por muchos años. Este trato desigual y discriminatorio en el caso de la Casación N° 1095-2021 y los casos de narcotráfico que lleva el abogado Miguel Pérez Arroyo tal vez se debe a que Pérez Arroyo fue nombrado el año 2015 por Pablo Sánchez, cuando era Fiscal de la Nación, como Gerente Central de la Escuela del Ministerio Público.

Sin embargo, una de las principales razones por las que Pablo Sánchez Velarde se habría comprado el pleito personal de los integrantes del Equipo Especial del caso “Lava Jato” en la exclusión del juez San Martín reside en el ofrecimiento de ayuda que necesita de manera urgente para pasar el proceso de ratificación sumamente complicado que le toca afrontar durante la primera semana de noviembre.

Uno de los temas más delicados y controvertidos que descalifica y pone en entredicho la denuncia que presenta los fiscales Equipo Especial del caso “LAVA JATO” en contra del juez supremo San Martín Castro es que no tienen el mismo comportamiento con fiscales que le son afines y allegados suyos. Por ejemplo, el equipo especial no ha presentado alguna denuncia, queja y no han realizado siquiera algún pronunciamiento público acerca de los graves hechos, que revisten carácter delictivo, que comprometen a la ex Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera alrededor de su irregular nombramiento como Fiscal Suprema y en el que utilizó cinco certificados falsos sobre temas de derecho realizados en el Instituto LIBREJUR y que le permitió pasar raspando los 66 puntos que se necesitaba para aprobar la etapa curricular en el concurso de Fiscales Supremos del año 2013 en el que fue apoyada por el operador fujimontesinista -y quien logró en tiempo reciente la inscripción ilegal del partido PODEMOS-, José Luis Cavassa Roncalla

Incluso, algunos Fiscales y conocedores del sistema de justicia sostienen que la denuncia presentada contra el juez San Martín Castro es la mejor cortina de humo y el distractor más eficaz para lograr que los reflectores y los cuestionamientos en la ratificación de jueces y fiscales supremos se concentren en un juez de la Corte Suprema; y de esta manera los fiscales Pablo Sánchez Velarde y Zoraida Ávalos Rivera logren pasar el proceso de ratificación por agua caliente y sin ningún contratiempo. Total, en la guerra, siempre se sacrifica al enemigo.

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La del estribo: a visitar el Museo de Arte Contemporáneo, MAC, en Barranco, y apreciar la exposición Los ríos pueden existir sin aguas, pero no sin orillas, que va desde el pasado 20 de octubre hasta el 30 de abril del 2023, y que reúne los trabajos de más de 60 artistas nacionales y extranjeros vinculados a la Amazonía. Curada por Giuliana Vidarte y Christian Bendayán.

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