Las discusiones políticas, más aún durante procesos electorales, suelen concentrarse en las redes sociales en si se es facho o se es comunista. Fórmula simplista que lleva a terribles desengaños, pero que funciona: ¡La izquierda nos saqueó! ¡La derecha nos vendió! ¿Es cierto que la izquierda saquea y la derecha nos vende? En ambos casos lo que hay son distintos recursos para hacer del Estado una herramienta de control. Sea para ampliar programas y servicios sociales (tomando el control de empresas y ministerios que beneficien redes de clientelaje) o para reducirlos hasta dar total libertad a los empresarios (libres de impuestos, ganando a costa de trabajadores sin derechos e indiferentes al impacto  ambiental), lo que queda claro es que se ganan las elecciones para hacer del Estado lo que convenga para seguir en él. Aquí no hay sueños estalinistas ni hitlerienses. Hay tan solo bolsillos ávidos por recibir.

Después de la Segunda Guerra, se apostó por un acuerdo mundial para ponerle límite a la manipulación del Estado a través de los derechos humanos. Eran los mínimos sin importar ser de izquierda o derecha, dictadura o gobierno democrático. Pero nada cambió, la brecha sigue creciendo entre los países del primer mundo que los protegen y desarrollan, mientras ni los derechos mínimos en nuestro continente han sido tomados con la seriedad y la prioridad necesarias. Nuestro Congreso es el mejor ejemplo. Declarados de izquierda o de derecha, lo único que interesa es utilizar al Estado para los fines económicos de cada grupo y mantener en silencio a la población. De qué sirve distinguir ambos bandos si declaran la prescripción de los crímenes de lesa humanidad.

Con la pandemia nos dimos cuenta de que carecíamos de hospitales en número y en buen estado, sin real cobertura. Lo mismo con el sistema educativo, del cual cada año se retiran más y más adolescentes, niñas y niños del país, sin que nadie haga nada contra el retorno del analfabetismo. Desnutrición, falsa formación profesional, minería ilegal, trata, sicariato se han instalado en diversas zonas del Perú, dejando muy atrás las ganancias del narcotráfico. La migración regional llegó con sus pandillas criminales y se acomodó al sistema policial. ¿Sirve de algo ser de izquierda o de derecha en estos contextos? 

¿Cuándo perdimos la capacidad de imaginarnos como país? ¿Dónde están los grandes proyectos capaces de transformarnos? Cuando a mediados del siglo XIX se produjo en Europa la revolución industrial, se asumió que para conseguir un trabajo eficiente se requería saber leer, escribir y disciplinar. De inmediato, se creó un sistema de educación público que al finalizar el siglo consiguió que casi toda la población ya pudiera leer instrucciones y seguirlas. Y como se la necesitaba sana, se creó un sistema de salubridad.

Pero aquí, el Perú no cambia. Se opone férreamente a hacerlo. Seguimos siendo un país extractivista, carente de una industria significativa y de un mercado interno que valga la pena. A un país así le conviene la indiferencia a nuestros derechos básicos de salud, educación, alimentación, vivienda o seguridad. Y dejemos de culpar al Colonialismo español, porque fueron decisiones que tomamos al convertirnos en una República. Fuimos nosotros y no los españoles quienes quitaron el acceso a la educación y al voto de la población indígena, en ese entonces la mayoría de peruanos. Y aún no lo conseguimos revertir. 

No bastó que cada proyecto de Ley de este Congreso buscara evitar sanciones para quienes atentan contra nuestros derechos básicos. Hemos llegado casi al punto de romper con la cooperación internacional para evadir sus acusaciones sobre nuestro enfermo gobierno y así poder continuar con ese plan cuidadosamente elaborado por las mafias que nos gobiernan, que tienen identificadas todas las normas que los detienen y que están dispuestos a destruir. 

Esto no se trata de izquierda o derecha. Se trata de transformar o hundir al país. Y cada día el cambio climático nos advierte que vamos contra el tiempo. ¿Estamos dispuestos a seguir así?

  • La Asociación de Bancos del Perú y el ABC del BCP lanzan la segunda edición del concurso “Educación Financiera en tu Cole” con la participación especial de CARE Perú.
  • En esta segunda edición del concurso podrán participar los estudiantes y docentes de secundaria del programa “Educación Financiera en tu Cole” y el proyecto “Niñas con Oportunidades” de CARE Perú, de las regiones de Cajamarca, Arequipa, Lima Metropolitana, Lambayeque y Amazonas. 
  • Este año al equipo ganador se le entregará un capital semilla de S/ 5000  para implementar su proyecto innovador de educación financiera en su escuela. 

La Asociación de Bancos del Perú, en alianza con el ABC del BCP, desde el 2023 realiza el concurso “Educación Financiera en tu Cole”, iniciativa que brinda la oportunidad a los estudiantes y docentes de su programa “Educación Financiera en tu Cole” de presentar proyectos innovadores en educación financiera, alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esta oportunidad, también participarán las niñas del proyecto “Niñas con Oportunidades” de CARE Perú, cuyo propósito es contribuir a que niñas y adolescentes de zonas rurales y vulnerables del país concluyen su secundaria con bienestar y sin estereotipos de género que las limiten. El lanzamiento oficial de la segunda edición del concurso es el 13 de junio.

El concurso está dirigido a estudiantes del tercero, cuarto y quinto de secundaria y a los docentes graduados del programa “Educación Financiera en tu Cole” en las escuelas urbanas de Cajamarca, Arequipa y Lima Metropolitana. En esta nueva edición, además de las regiones mencionadas, el concurso tendrá la participación especial de las niñas y docentes beneficiados por el proyecto “Niñas con Oportunidades”, de CARE Perú, quienes se encuentran en las escuelas rurales de Cajamarca, Lambayeque y Amazonas. Asimismo, este año se le entregará al equipo ganador por región un capital semilla de S/ 5000 nuevos soles para la implementación del proyecto en su escuela. Los docentes y estudiantes pueden preinscribir sus proyectos hasta el 27 de junio a través del siguiente link: www.concursoeducacionfinanciera.com

“Nuestro propósito es brindar herramientas financieras prácticas que puedan integrarse en la vida cotidiana de los estudiantes, preparándose para un futuro financiero más seguro y responsable. Una de nuestras líneas de acción dentro de nuestro programa Educación Financiera en tu Cole es el desarrollo del concurso que tiene como propósito seguir fomentando las habilidades esenciales en los estudiantes y docentes para el éxito profesional y personal en sus vidas mediante la elaboración de propuestas de solución innovadoras a una temática financiera que identifiquen en sus escuelas”, sostuvo Sandra Salcedo Arnaiz, jefa de Proyectos Gremiales de la Asociación de Bancos del Perú. 

El concurso es implementado por el Instituto Apoyo, y tiene como objetivo fomentar el desarrollo de proyectos innovadores que aborden retos o problemáticas financieras identificadas en las escuelas, impulsando soluciones creativas y sostenibles que transformen su realidad y la de sus comunidades. “La educación financiera es un motor de transformación social. A través de soluciones creativas y la participación de docentes y estudiantes, estamos sembrando las semillas para un futuro financiero más sólido y consciente en nuestras comunidades en beneficio de ellos mismos y sus familias”, afirmó Andrés Flores Escudero, gerente de Educación Financiera del Banco de Crédito BCP. 

“En ámbitos rurales del Perú, más del 40 % de mujeres mayores de 14 años no tienen ingresos propios o dependen económicamente de un hombre. Esta realidad hace necesario promover todos los mecanismos que impulsen el empoderamiento económico de las mujeres. En ese propósito, nuestro proyecto Niñas con Oportunidades y el concurso Educación Financiera en tu Cole son una oportunidad real para lograrlo”, manifestó Karina Pineda, jefa del proyecto “Niñas con Oportunidades” de CARE Perú. 

A la afectación de la institucionalidad democrática que el Congreso viene perpetrando al caballazo con un sinnúmero de proyectos, le suma otros temas de no menor importancia (ley anti ONGs, contrarreforma del transporte, legislación contra el cine, etc.), que a su manera forman parte también del tejido institucional que una sociedad democrática debería albergar.

Se llama infructuosamente a la calle a manifestarse. Lamentablemente, no lo hace. Por temas de menor importancia (ley pulpin, por ejemplo), se armó batahola, hoy ni siquiera los colectivos más conocidos salen a protestar.

No se entiende por qué la apatía. Puede ser un efecto reactivo a la violencia de las protestas del 2022 y 2023, quizás la percepción de que éste es un gobierno de salida, el inicio anticipado de la campaña electoral (ya hasta se lanzan candidaturas presidenciales) o la lejanía que la ciudadanía siente cada vez más de las instituciones democráticas y por eso le importa poco su afectación, pero lo cierto es que de un movimiento callejero importante va a ser difícil esperar algo que frene los arrestos antidemocráticos del Parlamento.

Lo que llama poderosamente la atención, sin embargo, es el silencio de la derecha liberal frente a lo que está sucediendo. Salvo aisladas excepciones, los principales voceros de los nuevos partidos que se están conformando dizque de ese perfil, no se pronuncian al respecto. Lo hace solo la izquierda, capturando el monopolio de la protesta frente al statu quo.

Porque se debe marcar distancia no solo de un Ejecutivo mediocre e incapaz sino también de un Congreso prepotente y antidemocrático, que sin importar su falta de legitimidad, legisla sobre asuntos de vital importancia zurrándose en la opinión pública y en la legalidad, en explícita complicidad con un Ejecutivo maniatado y débil, que solo está interesado en sobrevivir como sea hasta el 2026, a cambio de conceder absolutamente todo.

Este silencio le va a pasar factura electoral a la derecha liberal en gestación. No basta con criticar con acritud a Dina Boluarte. Eso es fácil. También hay que enfrentarse a los todopoderosos partidos que conforman la mayoría congresal, donde van a recibir seguramente dura respuesta. Pero si no están dispuestos a dar esa batalla, mejor que líen sus bártulos y busquen otra ocupación, que las tareas del 2026 en adelante van a requerir no solo claridad ideológica sino también mucho empaque para sobrellevar las reformas, muchas de las cuales van a tener que ver con el desarme de las que este Congreso está aprobando.

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El exministro Juan Carrasco Millones sería investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Sudaca accedió a la información que sustenta esta denuncia penal.

A lo largo de su trayectoria como fiscal, el nombre de Juan Carrasco Millones ha estado vinculado a un sinnúmero de críticas e interrogantes sin resolver sobre su accionar en los casos emblemáticos que, en su momento, lo ayudaron a pasar de ser un fiscal provincial en Lambayeque a un personaje conocido a nivel nacional con el rótulo de luchador contra la corrupción.

Los cuestionamientos al abuso del recurso de la prisión preventiva, los numerosos casos de personas que permanecieron por largos periodos en prisión sin haber cometido un delito, las irregularidades en los informes de inteligencia que utilizaba y hasta los testimonios que involucraban a sus aliados más cercanos como cómplices de políticos corruptos llevaron a que Juan Carrasco no tarde en convertirse en un nombre que despertaba dudas.

Sin embargo, en las últimas horas se ha conocido una denuncia penal que lo involucra y que agrega, a los cuestionamientos previamente mencionados, una nueva acusación. Sudaca accedió a este documento que consta de noventa y dos páginas en las que expone un posible enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

ECONOMÍA SOSPECHOSA

Esta denuncia se centra en los extraños movimientos que ha tenido la economía del exministro a lo largo de más de una década y entre los hechos que se incluyen se hace mención a la declaración de ingresos y bienes presentada por Carrasco Millones. En ella destaca que, cuando asumió el cargo de fiscal adjunto en 2010, el valor de sus bienes ascendía a S/ 174,000.00 y esto se mantenía para el año siguiente.

Lo extraño de esta historia empieza en 2012, cuando la declaración del entonces fiscal muestra una disminución de sus bienes que quedaron en S/ 121,050.00. Esta cifra llama la atención debido a que en junio del año anterior había adquirido un inmueble por el monto de S/ 36,000.00 y que, apenas veintiún días después, vende por la cifra de S/100,000.00. 

Cristian Rebosio

A estas sospechas se le suma que, en diciembre del 2011, un préstamo correspondiente a una hipoteca por la propiedad adquirida por Carrasco Millones alcanzaba los S/ 156,600.00 despertando las dudas sobre el insólito aumento en la valoración de una propiedad que, supuestamente, sólo había costado S/ 36,000.00. Además, pese al crédito que recibió el exministro por S/ 88,200.00, el valor de sus bienes no se modificó de 2012 a 2013.

Cristian Rebosio

Sin embargo, entre 2014 y 2015, el patrimonio de Juan Manuel Carrasco Millones sí registró dos cambios considerables. En el primer año llegó a los S/ 200,000.00 y, para el año 2015, esta cantidad aumentó hasta alcanzar los S/ 300,000.00.

Cristian Rebosio

Otro de los movimientos irregulares que se detallan en la denuncia ocurre en el año 2018 cuando se otorga una nueva hipoteca por un préstamo de S/ 100,133.56. En los documentos se señala que el valor comercial de inmueble era de S/ 418,850.00 pese a que en las declaraciones de Carrasco sobre sus bienes estos sólo ascienden a trecientos mil soles.

Cristian Rebosio

Entre los años 2019 y 2020, el valor de los bienes patrimoniales de Juan Carrasco experimentan otro cambio impresionante al pasar de S/ 300,000.00 a S/ 736,000.00. Para el año 2021, los bienes patrimoniales llegaron a S/ 1’036,000.00, una cifra que nuevamente llama la atención al tener en cuenta que los ingresos netos anuales del fiscal sólo ascendieron a S/ 150,000.00.

EL VEHÍCULO DEL PODER

En estos documentos que Sudaca pudo revisar también se hace mención a un episodio muy particular relacionado a la compra de un vehículo. Según se ha corroborado, en mayo del 2022, Juan Carrasco compró un automóvil marca Honda por diez mil dólares. Esto no tendría nada de sospechoso de no ser porque, casualmente, este vehículo pertenecía a Javier Alonso Pacheco Palacios, quien ocupó el cargo de Procurador General del Estado Peruano y esto significa que fue dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el que trabajaba Carrasco Millones.

Cristian Rebosio

Pero, además, Pacheco Palacios fue propietario de este vehículo tan sólo durante cuatro meses tras comprárselo, por once mil dólares a Amado Daniel Enco Tirado, quien también había sido Procurador General del Estado Peruano. Enco Tirado, a su vez, había comprado el vehículo en agosto del 2020 por trece mil quinientos dólares y sólo fue su propietario durante un año y cinco meses. 

Los inusualmente cortos periodos que este automóvil permaneció con sus dos últimos propietarios antes de ser adquirido por Carrasco Millones así como la ausencia de signos de deterioro que se expone en la denuncia han llevado a que se presuma que el valor comercial de Honda Accord sería distinto al que se declara.

Según lo que se señala en el Código Penal, el incremento ilícito del patrimonio de un funcionario o servidor público llevaría a que la pena privativa de libertad se encuentre entre cinco y diez años. Pero, cuando se trata de una persona que ocupó cargos de alta dirección, la pena privativa de libertad puede llegar hasta los quince años.

Si bien serán las investigaciones las que determinarán si al exministro le corresponde pasar un periodo en prisión, los hechos mencionados en la denuncia a Juan Carrasco confirman que se trata de un personaje que, durante su trayectoria, ha sabido acumular millones de sospechas sobre su proceder.

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A pesar de que Lima es una ciudad enorme y no escasa históricamente de migraciones, el cosmopolitismo parece difuminado u opacado por ciertas tendencias predominantes. Aunque quizás sería más preciso aludir a la segregación cultural que es parte de nuestro día a día. Hablar de clases y fenotipos se queda corto, y son pocos los materiales que permiten comprender los matices, condiciones y clasificaciones que componen ese enorme tejido desmembrado que es nuestra ciudad. Quizás solo la novelas y cuentos que tan ricamente han retratado nuestros escritores se acerquen a reflejar todas estas distancias sociales.

No obstante, existen algunos espacios que logran reflejar esas mixturas que trascienden a lo peruano —si acaso esto existe— e incluyen a pequeñas islas de comunidades extranjeras. El caso de avenida Aviación es creo que uno de los más interesantes. Uno puede en la misma avenida encontrarse con restaurantes chinos —de las diversas regiones de China—, pollerías, chifas, cevicherías, comida coreana, japonesa, tailandesa, italiana, mexicana, venezolana y, naturalmente, gringa (influencia enorme y aspiracional en nuestra cultura desde hace varias décadas). No se trata de sitios de moda, pero al igual que lugares como el Centro Comercial Arenales y ciertos rincones del Centro Histórico, reúnen a pequeñas comunidades que se interesan por manifestaciones culturales —y, desde luego, no hablo solo de cocina— que provienen de otros países. Naturalmente, muchos de los que frecuentan dichos lugares forman parte de grupos migrantes o de segundas, terceras o cuartas generaciones de estos. Pero no son sitios exclusivos de ellos.

Así, quien recorre e indaga estos espacios es capaz de beber de la cultura (hay que notarlo, principalmente, asiática) sin la necesidad de viajar a otro territorio, ya que esto muchas veces —casi todas en un país que no goza de una clase media consolidada como tal— supone un privilegio del que la minoría de limeños no goza. Al menos, sucede con los espacios que conservan los miembros de las comunidades asiáticas. Me gustaría pensar que migraciones como la venezolana también establecerán con el tiempo sitios que enriquezcan el ecosistema cultural de nuestra ciudad, pues sería una pena que se vean nublados o rechazados por esa limeñidad confusa y atropellante que muchas veces rechaza lo diferente (a pesar de que no deja de aspirar a ser algo que no es).

Lo más agradable del acercamiento a estos espacios es, como señalaba, que no se trata de lugares de moda. No hay peliculina de por medio, no son sitios precisamente instagrameables (bajo los estándares de lo aesthetic —término hueco y aspiracional por excelencia—). Se trata de espacios auténticos que sobreviven por un público fiel que no busca seguir modas ni agourmetizaciones). Jamás se ubican en los distritos más privilegiados, sino que, precisamente, se corresponden con barrios de clase media, residenciales y que no pretenden ser turísticos. 

Aviación reúne el Teatro Nacional, la Biblioteca, el Museo, Cines, Polvos Rosados, centros comerciales, toda la diversidad de restaurantes, mercados asiáticos, Gamarra, parques y el único e histórico tren que tanto simboliza. A quien le interese comer platos de diversas partes del mundo sin desestabilizar su planificación económica mensual, puede encontrarla en esta avenida y de primerísimo nivel. Varias de las mejores cenas que he disfrutado han sido ahí. Estoy seguro de que muchos sabrán a lo que me refiero y, quienes no, espero que aprovechen esa cuota de cosmopolitismo que tantas veces se cree inexistente en nuestra ciudad gris.

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A este paso, si no se hace nada, va a haber como cuarenta o más agrupaciones políticas compitiendo para las presidenciales del 2026 y no se ve en el Congreso que nadie piense nada para atenuar ello, que lo único que va a hacer es lograr tal atomización del voto que bastará con tener el 7 u 8% de la votación para pasar a la segunda vuelta, con la consecuente ingobernabilidad para el siguiente lustro.

Propongo tres planteamientos que podrían ayudar a paliar esa tendencia y que solo requieren ley, no reforma constitucional. Se pueden aprobar en una legislatura con 66 votos. 1.- reponer las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias), que exigían cierto nivel de participación para poder continuar en la carrera. Es la más difícil porque claramente los partidos que controlan el Congreso no las quieren y ya las acotaron. Es difícil que den marcha atrás, pero igual la expongo como opción. 2.- asumiendo que se mantiene la normativa vigente, que se establezca una valla en la participación de los afiliados en las elecciones internas de delegados, por ejemplo, que participen, de los 25 mil afiliados, el 25 o el 30%. Lo mismo para la elección de los delegados, que haya una valla mínima a sortear si se quiere mantener la inscripción y poder competir. 3.- que se elimine el punto adicional (1%) de la votación que hoy se exige a las alianzas por cada partido que se sume, para poder tener presencia y mantener la inscripción. Hay que alentar las alianzas, no desalentarlas. Solo, como las otras, requiere ley.

Sería una desgracia anticipada que se permita que clubes de amigos aspiren a ocupar el sillón presidencial y que además tengamos un Congreso infinitamente más fragmentado que el actual. Cualquiera que llegue a la Presidencia en esas condiciones no va a poder gobernar y se mantendrá la crisis política por cinco años más, con las consecuencias devastadoras que ello tendrá en materia social y económica.

Necesitamos romper la espiral de la crisis que sufrimos desde el 2016, pero para ello se requiere que el Congreso se detenga a pensar seriamente cómo atemperar el desastre previsto si no se cambian las reglas de juego.

 

El título de la canción de la legendaria banda de rock «Los Saicos» es «Demoler». Una de sus estrofas dice: «Demoler, demoler, echemos abajo la estación del tren». Quizás este estribillo, junto con la frase pronunciada por Fujimori el 5 de abril de 1992, «Disolver, disolver…», ha sido fuente de inspiración y guía para los congresistas de Keiko Fujimori, César Acuña, López Aliaga, Vladimir Cerrón y otros, para demoler la democracia y concentrar poder. Para lograrlo, tomaron por asalto, en sentido figurado, el Poder Ejecutivo, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.

El control del Congreso sobre el Poder Ejecutivo, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo genera un desequilibrio de poderes y erosionar las prácticas democráticas. Este hecho puede tener consecuencias significativas para el sistema democrático, incluyendo el debilitamiento del Ejecutivo, la subordinación del Tribunal Constitucional y la pérdida de relevancia de la Defensoría del Pueblo.

En las democracias modernas, la separación de poderes es un principio fundamental diseñado para evitar que una sola rama del gobierno tenga demasiado poder y pueda actuar de manera arbitraria. Sin embargo, cuando un Congreso controla múltiples ramas del gobierno, puede ser un indicio de tendencias autoritarias. Este control puede llevar a la implementación de agendas particulares en contra del bienestar general, la modificación de la Constitución y la represión de la oposición política, lo que tiene un impacto significativo en la gobernabilidad y la estabilidad institucional.

Un Congreso que controla al Ejecutivo puede hacer que este último pierda su independencia y no pueda actuar como un verdadero contrapeso a las acciones del Legislativo. El Congreso puede influir en las decisiones del Ejecutivo, limitando su capacidad para implementar políticas y programas de gobierno de manera efectiva y autónoma. De igual modo puede bloquear o retrasar iniciativas del Ejecutivo, impidiendo la ejecución de políticas públicas necesarias para el desarrollo del país.

Un Tribunal Constitucional bajo control del Congreso puede perder su independencia y no poder actuar como un verdadero contrapeso a las acciones del Legislativo. Esto puede llevar a la aprobación de leyes arbitrarias sin el freno de un Tribunal Constitucional independiente. Sin un Tribunal Constitucional independiente, la rendición de cuentas y el escrutinio de las acciones del Legislativo pueden verse seriamente comprometidos. Esto abre la puerta a un mayor abuso de poder y falta de transparencia.

Otro de los riesgos más graves de un Congreso todopoderoso es la capacidad de modificar la Constitución para cambiar las reglas del juego democrático. La Constitución es la norma suprema que establece las reglas fundamentales de la organización y el funcionamiento del Estado. Alterarla de manera arbitraria puede desestabilizar el sistema político y erosionar los fundamentos de la democracia. La modificación constitucional, por tanto, puede ser la herramienta definitiva para transformar una democracia en un régimen autoritario.

Asimismo, la represión política es una señal clara de tendencias autoritarias. Cuando el Congreso utiliza su poder para perseguir a aquellos que se oponen a sus políticas o critican su gestión, se mina uno de los pilares fundamentales de la democracia: la libertad de expresión y el derecho a la oposición política. Sin una oposición robusta, el camino queda libre para la consolidación de un poder absoluto.

La concentración de poder en el Congreso es una amenaza latente para nuestra democracia. Implementar agendas particulares, reprimir la oposición política y modificar la Constitución son señales claras de una deriva autoritaria que tiene un impacto profundo en la gobernabilidad y la estabilidad institucional. Es fundamental que existan mecanismos de pesos y contrapesos que limiten el poder de cualquier rama del gobierno, asegurando que ninguna entidad pueda dominar el escenario político de manera absoluta.

¿Qué nos queda? La acción colectiva de ciudadanos y ciudadanas, de partidos políticos democráticos para contrarrestar la demolición de nuestra democracia. En última instancia, la fortaleza de una democracia se mide por su capacidad para resistir la concentración de poder congresal y garantizar que todas las voces sean escuchadas y consideradas en el proceso de toma de decisiones.

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Una presidenta con 5% de aprobación -la tasa más baja de los últimos 44 años-, según la última encuesta de Datum que ha publicado El Comercio, coloca la crisis política peruana en una situación límite.

Son dos los riesgos que una situación así genera. El primero es que ante cualquier chispazo se encienda la pradera del conflicto social y por allí deriven las energías disidentes que en estos momentos definen al ciudadano peruano. Pudo ser el caso Rolex, puede ser el alza de tarifas del agua, puede ser un proyecto de ley equívoco o una declaración infeliz.

El inicio de la campaña electoral -porque ya empezó- contiene un poco la protesta porque la gente ya la ve como una gobernante de salida y en esa medida le concede una agonía tranquila. Pero lo cierto es que este gobierno no resistiría una asonada como la de finales del 2022 e inicios del 2023 (quizás a ello se debe su pacto de tolerancia con las mafias económicas ilegales, que son las que suelen financiar las protestas, como sucedió entonces).

El otro riesgo es que sus sostenedores políticos en el Congreso asuman que su apoyo les va a resultar muy oneroso en el venidero proceso electoral y decidan cortar ese apoyo y sumarse a una vacancia que interrumpa el mandato de Boluarte. Aquí, lo que lo está evitando es que los congresistas saben que la ciudadanía no aceptaría que solo se convoquen elecciones presidenciales sino que exigiría que sean generales. Y, claro está, los señores parlamentarios no se quieren ir hasta el 2026 y quizás confíen en que, al final, el electorado no se inclinará por sancionar a los aliados de Boluarte (ese fenómeno ya ha pasado antes en la historia política peruana).

Lo cierto es que una desaprobación tan alta -nunca antes vista en el Perú desde que se hacen mediciones estadísticas- contribuye al desasosiego ciudadano y, lamentablemente, en lugar de llamar a la reconvención política del gobierno, a éste parece importarle poco tan magros resultados. Boluarte no hace nada para subir algunos puntos, por el contrario, acentúa las conductas que la población rechaza, como si hubiera arribado a una suerte de psicopatía política que la torna inmune al rechazo popular. Malos tiempos los que tendremos que sobrellevar de acá hasta julio del 2026, si nada extraordinario ocurriese y el actual mandato perdura.

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Sudaca accedio a una carta enviada al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, destacando las presuntas irregularidades cometidas por la concesionaria Innova Ambiental en perjuicio de la ciudadanía y la actual gestión municipal. La misiva expresa un respaldo total a la gestión del alcalde frente a las acusaciones y el boicot orquestado por la empresa brasileña.

Según el documento, Innova Ambiental ha generado un caos en la limpieza del Cercado de Lima con el objetivo de desprestigiar la gestión municipal. La empresa es acusada de cobrar excesivamente a la Municipalidad de Lima, utilizando durante 29 años bienes inmobiliarios municipales como los rellenos sanitarios de Portillo Grande y El Zapallal, lo que le habría generado millonarias ganancias. Estas instalaciones, empleadas para la disposición final de residuos de varias municipalidades, fueron dejadas en un estado deplorable tras la culminación del contrato en 1995.

El 29 de mayo, la Municipalidad de Lurín clausuró el relleno sanitario Portillo Grande por insalubridad, respaldando las denuncias previas sobre las condiciones en Carabayllo. La carta también señala a funcionarios municipales como responsables de la crisis sanitaria actual, destacando la omisión de informes y la dilación en concursos relacionados con la limpieza pública. En particular, se acusa al Gerente Municipal Oscar Lozán Luyo y al jefe de la Oficina General de Administración, Pablo Paredes Ramos, de favorecer a Innova Ambiental.

El documento solicita la reincorporación de la Licenciada Mariana Jiménez Jara, quien fue retirada de su cargo en la Gerencia de Servicios a la Ciudad tras actuar enérgicamente contra las trabas presentadas por Innova Ambiental. Se subraya que su accionar fue determinante para enfrentar a la empresa y que su remoción favorece a los intereses de Innova Ambiental.

Nota de redacción: Tengamos en cuenta que mientras hemos iniciado las investigaciones del Relleno Sanitario “El Zapallal”, la Municipalidad de Lima ha venido cambiando de Gerente de Servicios a la Ciudad en más de una ocasión. Uno de ellos fue Roberto Perez, cuya experiencia no fue la adecuada para manejar esta problemática.

Por otro lado, tenemos conocimiento que también se ha mandado cartas con conocimiento a varios regidores de Lima con el fin de denunciar las acciones de la empresa Innova Ambiental, así como de ciertos funcionarios municipales, por causar perjuicio a la ciudadanía y la actual gestión municipal.

Al igual que el documento enviado al burgomaestre de la capital, la carta enviada a los regidores menciona las cantidades millonarias que se habría cobrado Innova Ambiental a la Municipalidad de Lima. Las instalaciones de los rellenos sanitarios administrados por la concesionaria fueron empleadas para la disposición final de residuos de diversas municipalidades, incluyendo Barranco, Comas, Independencia, Los Olivos, Magdalena, Puente Piedra, Rímac, Santa Rosa y San Martín de Porres. Tras la culminación del contrato, las infraestructuras quedaron en un estado deplorable, como se denunció en Carabayllo. El 29 de mayo, la Municipalidad de Lurín clausuró el relleno sanitario Portillo Grande por insalubridad.

Se acusa a Lozán Luyo de retirar a la Gerente de Servicios a la Ciudad, Mariana Jiménez Jara, quien actuó enérgicamente contra las trabas presentadas por Innova Ambiental. Asimismo, se acusa a Paredes Ramos de omitir la provisión de personal necesario para la limpieza pública, lo que ha traído consecuencias negativas para la municipalidad.

El documento solicita romper todo vínculo con Innova Ambiental y retirar a los funcionarios mencionados, así como reincorporar a Mariana Jiménez Jara a su cargo en la Gerencia de Servicios a la Ciudad. Se subraya que su accionar fue determinante para enfrentar a la empresa y que su remoción favorece a los intereses de Innova Ambiental.

Benjamin Zevallos

La nueva realidad de la limpieza pública

Es lamentable que ahora se vea a Innova Ambiental como el “mesías” de la limpieza pública. Ahora último, los medios de comunicación han denunciado el acumulado de basura que hay por las calles del Centro Histórico de Lima y se hace mención a la culminación de contrato con Innova Ambiental. Hay que resaltar que es responsabilidad de la Municipalidad de Lima evitar estos escenarios, sin embargo, eludir que es necesario la continuidad de la concesionaria en el municipio es una forma de desconocer años de trabajo por parte de las comunidades afectadas por la mala organización de Innova Ambiental. 

Benjamin Zevallos
Sobre la situación actual de Innova Ambiental

No se puede ser mezquino a la contaminación e irregularidades de Innova

Conversamos con la congresista Ruth Luque quien se comprometió en el mes de marzo a visitar el Relleno Sanitario “El Zapallal”, promesa que se cumplió y cuya actuación de la empresa fue que contra viento y marea quería dejar su imagen por encima de los vecinos de Lomas de Carabayllo. Y es que esta reunion este los funcionarios publicos e Innova Ambiental se le sumo personas que exigían la apertura del relleno y miembros del grupo de recicladores (personas que no se contemplaban estuvieran presentes en esa ocasion y que presuntamente habria estado organizado).

Benjamin Zevallos

Al cierre de este informe se mantiene el “compromiso” de la Municipalidad de Lima de reorganizar el servicio de limpieza pública. Sin embargo, hay cambios en la OEFA que han quedo en entre visto varias dudas con respecto al proceso “regular” que debe seguir la concesionaria con respecto al cese de funciones. 

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