La Municipalidad de Lima ha trato de mostrar que la actual gestión representará un cambio radical en el uso del presupuesto. Sin embargo, los gastos registrados en los últimos meses no reflejan el discurso que el alcalde suele dar en sus apariciones públicas.

“No pagaré mermelada”, señaló el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, durante un evento en el cual cuestionaba que los medios de comunicación no eran tan elogiosos con él como esperaba. Sin embargo, su actual gestión en la Municipalidad de Lima no parece ser precisamente un ejemplo de austeridad ni rigurosidad en los gastos.

Sudaca ha podido revisar algunos contratos que se han realizado durante los últimos años en los cuales se evidencian contratos muy elevados, una sospechosa elección de proveedores y hasta un largo contrato para darle seguimiento a las publicaciones que se hacen en los medios sobre la Municipalidad de Lima y otros distritos.

UN DEBUT ENVIDIABLE

Sudaca ha revisado los gastos que ha venido realizando la Municipalidad de Lima en los últimos años y se ha podido encontrar un caso por demás sorprendente, como parece ser la historia de Katherine Lucía León Huamán. Luego de iniciar sus estudios en 2014 en la Universidad Nacional Federico Villarreal, León Huamán se convirtió en licenciada en Ciencias Políticas en el año 2021.

Cristian Rebosio

Acorde a la información del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el salario que reciben quienes han estudiado la carrera de Ciencias Políticas se encuentra entre S/ 1.540  y S/ 7.000. Pero, para León Huamán, el destino, o mejor dicho la Municipalidad de Lima, parece haberle preparado una grata sorpresa.

Pese a que estaba en sus primeros años como licenciada, su primer contrato con la Municipalidad de Lima le permitió embolsarse la generosa suma de dieciséis mil soles, una cifra que es mayor que el doble de lo que se estima que llegan a ganar sus colegas. Esta paga correspondería a la contratación de personal técnico en ciencias políticas.

Cristian Rebosio

Para el mes de mayo, la situación laboral de León Huamán parecía haber mejorado. En esta oportunidad, dos órdenes de servicio bajo el concepto de “servicio de asistencia técnica” le permitieron ganar, nuevamente, dieciseises mil soles en tan sólo un mes de trabajo en la municipalidad.

Cristian Rebosio 

Este tipo de contratos continúan hasta el mes de diciembre del 2023 y, por ellos, Katherine León acumuló un total de cincuenta y seis mil soles que, si se le agrega lo recibido en mayo y marzo, alcanza un total de ochenta y ocho mil soles durante el primer año bajo la gestión de López Aliaga.

Es entonces cuando llega el 2024 y aparece una nueva orden de servicio a su nombre que no es por ocho mil ni dieciséis mil soles sino por veinticuatro mil soles. Durante este año se emitieron otras dos órdenes de servicio, una fue por veinticuatro mil soles y otra por dieciséis mil soles. 

Cristian Rebosio

Para este 2025, Katherine León Huamán registra dos órdenes de servicio, correspondientes a los meses de enero y febrero, que suman un total de treinta y dos mil soles. Lo paradójico de este caso es que varias de estas órdenes de servicio son por un “servicio legal especializado de gestión y cumplimiento de convenios” y, precisamente, los convenios que involucran a la Municipalidad de Lima han sido el punto débil de la actual gestión.

Cristian Rebosio

ENFERMERA MILOFICIOS 

En esta lista de contrataciones extrañas también sobresale el nombre Carmen Verónica Espejo Mere. Esta enfermera que tuvo una breve incursión en la política cuando postuló como accesitaria en las elecciones municipales y regionales del 2022 como parte del partido Avanza País. Sin embargo, para 2023, con la llegada de Renovación Popular a la alcaldía de Lima, su situación cambió.

En el mes de mayo del 2023, Espejo Mere recibió su primera orden de servicio y no fue precisamente por un trabajo relacionado a la enfermería sino por un servicio de apoyo en gasfitería por el cual cobró casi dos mil soles. En los meses siguientes recibió siete órdenes de servicio más por el mismo trabajo y por el mismo monto.

Cristian Rebosio 

Sin embargo, para 2024 su trabajo cambió y empezó a obtener órdenes de servicio por montos que fluctuaban entre dos mil y seis mil soles por un “servicio de apoyo operativo” y “servicio de ordenamiento de archivo”. Aunque el cambio más llamativo ocurre en diciembre del 2024, fecha en la cual Espejo incursiona en un nuevo rubro.

En el último mes del año pasado, Espejo Mere obtiene nuevas órdenes de servicio. Pero estas no tenían relación alguna con la enfermería ni el trabajo de gasfitería. En esta oportunidad, la Municipalidad de Lima la eligió para la conducción de eventos y por este servicio obtuvo un monto que superaba los cuarenta mil soles.

Cristian Rebosio 

En los meses siguientes, Espejo Mere continuó obteniendo órdenes de servicio relacionadas a la producción de eventos por un total de veintiocho mil soles. Un dato no menos importante es que los únicos contratos que tiene registrados Carmen Espejo en el buscador de proveedores del Estado han sido con la Municipalidad de Lima.

Cristian Rebosio

SE DICE DE MI…

Desde su época como candidato a la alcaldía, Rafael López Aliaga ha tenido una postura de extrema confrontación con los medios de comunicación, o al menos con aquellos que tienen una postura crítica, y en más de una oportunidad ha tratado de mostrar que la prensa no tendrá un rol relevante en su paso por el sillón municipal.

Sin embargo, su gestión parece estar más que interesada en lo que dicen los medios. Al menos esto es lo que refleja uno de los nuevos e importantes gastos que la Municipalidad de Lima ha planeado para el 2025. El pasado mes de enero, Imedia Comunicaciones se adjudicó un “servicio de monitoreo de prensa, radioemisora, televisión y web”.

Cristian Rebosio

En los documentos de esta orden de servicio destaca que a esta empresa también se le pide realizar un seguimiento a las noticias de cinco distritos específicos, tres de los cuales (La Victoria, Miraflores y Barranco) cuentan con alcaldes que forman parte de Renovación Popular. 

Cristian Rebosio

Este servicio ha sido contratado por el plazo de un año y, por lo tanto, la Municipalidad de Lima deberá desembolsar la suma de ciento ochenta mil soles a la empresa Imedia Comunicaciones.

Cristian Rebosio

Si bien la Municipalidad de Lima y el alcalde López Aliaga se han enfocado en señalar los malos manejos de los funcionarios que pasaron por el palacio municipal años anteriores, la gestión que hoy está en el poder no parece estar tomando el rol de la gran protectora del presupuesto de la ciudad que intentaban mostrar en campaña.

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Es inaceptable la intromisión política por parte de la fiscal Delia Espinoza, quien pretende prohibir la participación de Fuerza Popular y el partido de Carlos Álvarez, y es un ejemplo preocupante de la politización de las instituciones estatales, sobre todo de la Fiscalía.

La justicia se supone que debe ser un árbitro imparcial, por encima de las batallas políticas, pasiones y rencores. Lo que estamos viendo en el Perú, sin embargo, es una perversión de esa función crucial. Bajo el liderazgo de Espinoza, la Fiscalía ya no parece perseguir la justicia, sino una agenda política.

Usar mecanismos judiciales para deslegitimar a partidos políticos cuando estos caen dentro del espectro democrático constituye una violación flagrante del principio fundamental de pluralismo que debería subyacer en cualquier sociedad libre.

Este tipo de acción daña la confianza de los ciudadanos en las instituciones y revela a la Fiscalía como una herramienta de la batalla política. La persecución selectiva en lugar de hechos concretos y probados parece seguir más una guerra de desgaste entre facciones políticas que no sirve al interés de nadie, ya sea del país o de la justicia misma.

Es urgente que la sociedad peruana reflexione sobre el grave riesgo que representa dejar que la Fiscalía sea un agente más en la dinámica de la política en clave partidaria. La independencia de los jueces no es meramente un rasgo indispensable del camino constitucional, sino un vehículo en el que la democracia emergerá inalterada, intacta; en una palabra, inmaculada. De lo contrario, estamos en camino hacia un tipo de dictadura de la justicia, donde la ley es una herramienta de poder más que un guardián de derechos.

El dislate ha sido de tal envergadura que hasta un organismo neutral como Transparencia ha señalado -y coincidimos- que “la decisión de la Fiscalía de investigar a partidos políticos inscritos, teniendo como única base una denuncia particular resulta peligroso para la democracia y atenta contra la independencia del proceso electoral recién convocado”.

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Por: Benjamin Zevallos

El pasado 28 de febrero de 2025, publicamos una nota denominada: “OEFA: CORRUPCIÓN Y DESIDIA EN LA GESTIÓN AMBIENTAL”, en la que, entre otras afirmaciones relacionadas al trabajo que se viene desarrollando en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, se realizaron una serie de afirmaciones en contra de la señora Miriam Alegría Zevallos, actual Gerente General de dicho organismo. Asimismo, el 4 de marzo de 2025, publicamos la nota denominada: “OEFA: INESTABILIDAD, CORRUPCIÓN Y ALEGRÍA”, en la que, del mismo modo, se realizaron una serie de afirmaciones en contra de la señora Miriam Alegría Zevallos.

Luego de recibir los descargos de la señora Alegría, por conducto notarial, así como haber conversado con ésta, es necesario rectificarse en las afirmaciones vertidas en las ediciones anteriores conforme se detalla en las siguientes líneas.

En cuanto a las investigaciones en sede fiscal que señalamos, esta información es desactualizada, pues se utilizó como fuente un reporte de fiscalía de hace tres años, no obstante, al ingresar actualmente, Alegría no cuenta con ninguna investigación abierta, por la comisión de delitos.

Se afirmó que en su gestión no cumplió con otorgar la defensa legal a los servidores que lo han solicitado, pese a que durante su gestión siempre se ha cumplido con otorgar dicho beneficio a todos los servidores que cumplan con los requisitos para acceder a tal beneficio.

Por otro lado, con relacion al fallecimiento de un servidor durante la pandemia ocasionada por el COVID-19, se omitió señalar que la investigación por este caso, fue archivada mediante Disposición Nº 03 de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas; la cual fue confirmada en segunda instancia el 09 de agosto del 2024.

En cuanto a la información relacionada a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, la cual llevó a cabo una investigación que resultó en la recomendación de que el Ministerio Público investigue a Alegría. Este proceso se enmarca dentro de las funciones de supervisión y control que tiene el Congreso sobre las acciones de los funcionarios públicos; siendo que, este espacio omitió señalar que a través de la Disposición N° 17 del 27 de febrero de 2023, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima Norte, tras un análisis exhaustivo de los hechos y pruebas presentadas, determinó que no existía mérito para formalizar una investigación preparatoria contra la actual Gerente General de OEFA por el delito ambiental. En este caso, se hacía referencia a la modalidad de responsabilidad funcional, específicamente relacionada con el delito de facilitación de la comisión de un delito ambiental, conforme a lo estipulado en el tercer párrafo del Artículo 314° del Código Penal.

Por su parte, en las pasadas ediciones señalamos que Alegría se encontraba investigada en un procedimiento disciplinario en relación con el caso REPSOL; sin embargo, el Informe de Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios del Ministerio del Ambiente N° 00046-2024-MINAM/STPAD, se declaró que no existían fundamentos suficientes para llevar a cabo un procedimiento disciplinario.

En síntesis, si bien las publicaciones efectuadas el 28 de febrero y 04 de marzo de 2025, se elaboran con el propósito de clarificar la situación actual y garantizar que la opinión pública reciba información veraz y actualizada sobre el estado de las investigaciones. Cumplimos con  rectificar dichas afirmaciones y mostrar a la opinión pública la actualización de este proceso. La transparencia y la integridad en la comunicación son fundamentales para construir una confianza mutua entre las autoridades y la ciudadanía. Seguiremos trabajando para ofrecerles información precisa y oportuna, contribuyendo así al entendimiento de las dinámicas que afectan nuestro entorno.

[Agenda País]En esta nueva estadía en Lima, he tenido la oportunidad de conversar con varios amigos, empresarios algunos, profesionales otros, todos exitosos en sus respectivos campos. Pero para mi sorpresa, en vez de estar expectantes ante el nuevo proceso electoral que se avecina, todos han mostrado una desazón, una decepción y un desinterés, que prácticamente no les importa quien gane las elecciones porque ya tendríamos el país perdido. Y esto no solamente pasa por el entorno político.

Si bien las cifras macroeconómicas están mostrando señales de recuperación con una perspectiva de más del 4% del PBI para este 2025, los problemas fundamentales, y principalmente la informalidad, continúan sin tener ningún horizonte de resolución. Es más, los formales se han adaptado al mercado informal, e incluso el ilegal, atrayéndolos como socios-proveedores y “formalizando” sus operaciones para que entren en los canales regulares.

Los empresarios y los emprendedores debido a su resiliencia y creatividad, son los que han venido sosteniendo este país, formal o informalmente, ante años de desidia e incompetencia de los gobiernos nacionales y regionales. Recordemos que 80% de la inversión en el Perú es de origen local ( el otro 20% proviene del exterior ) y de ese 80%, el 80% es inversión privada, Es decir, 64% de la inversión en el Perú es privada y nacional, por lo tanto, el principal motor de la economía.

Aún en situaciones difíciles, como en la época del terrorismo, la crisis internacional del 2008/2009 y la pandemia del Covid, el empresariado y la ciudadanía habían mostrado optimismo en el futuro, pero ahora, las cosas han cambiado.

Vemos diariamente que los problemas históricos continúan. Se caen los puentes, las pistas son un desastre, construimos un aeropuerto de primer nivel y nos olvidamos de hacer los accesos, el sicariato y la extorsión campean descontroladamente, los servicios de salud siguen siendo deficientes y lo peor de todo, con un desdén hacia los enfermos que linda con la crueldad.

Y a todos estos problemas, cuya lista queda ampliamente corta, se ha sumado el desmadre institucional que los distintos grupos de interés, que algunos llaman mafias, azuzan diariamente a través de medios y políticos afines, asolapados analistas “independientes” y aquellas ONG’s que se están quedando sin financiamiento externo. Pero esto no queda acá.

El Ministerio Publico, sumamente diligente para unos, extremadamente negligente para otros, inicia indagaciones a Fuerza Popular por una denuncia individual de supuestas prácticas antidemocráticas, un día después de convocadas las elecciones generales del 2026. Una raya más a este tigre altamente politizado que allanó la casa del entonces ministro del interior Santiváñez, por un supuesto abuso de autoridad. Excesos fiscales.

Pero claro, el gobierno tampoco ha ayudado a llevar la fiesta en paz. Desde los vaivenes plásticos de la Presidenta y su falta de transparencia, los relojes lujosos reflejo de vanidades en un país con 40% de pobreza y la pechada a los otros poderes del estado, solamente han agregado más leña al fuego de la intolerancia y el desorden.

Esperemos que la acertada anticipación en convocar a elecciones generales del 2026 por la Presidenta Boluarte, genere otro ánimo en los líderes de todos los poderes del estado y que puedan trabajar juntos en este período que ya es de transición. En estos 16 meses que le faltan a este gobierno, solo queda asegurar la transparencia del proceso electoral en un ambiente de relativa paz institucional, mejorar la seguridad ciudadana y continuar en la lucha contra la pobreza multidimensional.

No perdamos la esperanza. El Perú y nuestra gente somos gente de bien. Depende de nosotros.

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La primera mandataria, Dina Boluarte, al convocar elecciones presidenciales, enfrenta una situación que podría implicar más que una salida institucional. Es una maniobra táctica que intenta cambiar la mirada del público, levantándola libremente de los escándalos y las tormentas de críticas que han plagado su administración hacia un atardecer electoral nublado.

En una situación tan precaria como la que enfrenta actualmente su administración, hay una manera de interpretar la convocatoria de elecciones como una maniobra astuta para restaurar su imagen pública ante un país dividido que cada vez más la ve con desconfianza.

Como alguien intentando cambiar el curso de una historia cuyos personajes se desmoronan, Boluarte intenta escribir un nuevo capítulo en su historia política, uno que podría resguardar su figura y, con ella, la estabilidad de un gobierno que la tormenta ha puesto a temblar.

En la política peruana, las decisiones no están aisladas de las complejidades de un juego de poder que, en ocasiones, parece vencer a quienes lo juegan. Y la presidenta, esta vez, se convierte en una protagonista ambigua, atrapada entre intereses personales y las exigencias de un pueblo que casi se ha quedado sin paciencia.

Boluarte sabe que el enfoque del país no está fijado en sus méritos, sino más bien en sus pasos en falso; en los vacíos que su administración ha creado. Ante este vacío, las elecciones son una opción para intentar redirigir la narrativa, para crear la ilusión de una renovación política, aunque sea temporalmente.

La convocatoria de elecciones, sin embargo, no debe enmarcarse únicamente como un movimiento de distracción. En una nación cuya estabilidad política puede hacerse añicos como un cristal, las elecciones pueden ser terreno fértil para una nueva trama de poder. Si Dina Boluarte cree que incorporando el trasiego electoral se libra de riesgos mayores, se equivoca. Un escándalo de proporciones la sacará del poder así falten pocos meses para que se vaya o haya convocado a elecciones.

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Uno de los avances más importantes en la sanción de la violencia contra las mujeres fue la tipificación del feminicidio (2011) como un crimen específico en el país.

La norma que estableció este delito tuvo varias modificaciones orientadas a considerar los escenarios de riesgo y los tipos de feminicidio, sin limitarlo solo a los crímenes en relaciones afectivas. Se trata de una de las primeras leyes peruanas que reconoce a las mujeres como sujetas de derecho de manera específica, evidenciando las realidades desiguales que enfrentan.

Si bien la inclusión de este delito permitió establecer sanciones, también facilitó el desarrollo de políticas para investigar el fenómeno y profundizar en el análisis de los riesgos, una etapa fundamental para la prevención.

El camino para lograrlo no fue fácil. Antes de que esta categoría se incorporara al ordenamiento jurídico y penal del país, el asesinato de mujeres y niñas en escenarios de violencia de género era calificado como “crimen de honor” o “crimen pasional”. De esta forma, se justificaba la conducta del agresor y se invisibilizaban los trasfondos de discriminación que precedían al hecho.

La tipificación del delito también ayudó a sensibilizar a la ciudadanía sobre un problema de larga data. Además, permitió reconocer que la violencia contra las mujeres tiene consecuencias mortales y que puede ocurrir tanto en espacios públicos como privados, a manos de personas cercanas o desconocidas.

Cuando se dice que el feminicidio es el asesinato de una mujer por su condición de tal, se señala que, lamentablemente, existe un significado social construido a partir de la realidad biológica. Es decir, se imponen mandatos, estereotipos, comportamientos, roles y expectativas que afectan la autonomía de las mujeres y las exponen a mayor vulnerabilidad ante la violencia, lo cual es injusto.

Para categorizar este delito, se realizaron estudios que evidenciaron su prevalencia y permitieron generar un registro nacional de casos. Según estos, los agresores justificaban sus acciones alegando que la mujer les discutió, les interpuso una demanda de alimentos, se negó a continuar la relación, rechazó tener intimidad sexual o simplemente no accedió a sus proposiciones. En muchos casos, existían antecedentes de violencia, pero en otros no. También existen los feminicidios producto de la violencia sexual, casos terribles y recurrentes en el país.

En otras palabras, el feminicidio es un crimen específico en el ordenamiento penal, que sanciona la agresión extrema contra mujeres y niñas, cuya prevención es responsabilidad del Estado.

No todos los casos ocurren en relaciones de pareja o expareja. Recordemos el trágico caso de Eyvi Ágreda, una joven que fue rociada con combustible en un transporte público por un acosador con quien no tenía vínculo alguno. Eyvi falleció, y su muerte trágica impulsó a las autoridades a tomar más medidas para enfrentar el problema, incorporando el acoso como un factor de riesgo.

A más de diez años de la tipificación de este crimen, algunos se preguntan por qué sigue ocurriendo. Ningún delito desaparece por el simple hecho de tipificarse. Su inclusión en el ordenamiento penal es una expresión de rechazo desde el Estado y un mecanismo de sanción, pero no la única solución.

Quienes hemos trabajado en este tema por años insistimos en que no solo es necesaria la sanción, sino también la prevención de la violencia contra las mujeres. Mientras este fenómeno exista, el problema continuará.

El feminicidio es el último eslabón en una cadena de violencias contra las mujeres, un desenlace trágico al que no se debería llegar.

En el contexto actual, caracterizado no por una ola de retrocesos, sino por un tsunami de ataques contra las medidas de igualdad, la congresista y pastora Milagros Jáuregui, en un intento caprichoso por desmantelar los avances en materia de derechos de las mujeres, ha presentado un proyecto de ley para eliminar este delito y reducirlo a un simple “asesinato en relaciones de pareja”. No hay propuesta más ideologizada ni más vergonzosa que esta, contraria a las víctimas de feminicidio y a sus familias.

El 2024 terminó con una cifra trágica de 162 feminicidios (MIMP, 2025). Hace pocos días, una niña murió víctima de la cruel violencia sexual. En un país que llora la vida de decenas de mujeres y niñas cuyos crímenes debieron prevenirse, la congresista ocupa su tiempo en desmantelar las medidas destinadas a sancionar y prevenir estos hechos.

Ante semejante actitud, le pregunto a Milagros Jáuregui: ¿qué daño le hace la tipificación de este delito? ¿Por qué le da la espalda a las madres que lloran a sus hijas asesinadas y claman por justicia? ¿Por qué retroceder en esta materia y permitir más impunidad?

Claramente, estos son los caprichos del poder.

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La realidad del pais, ahora mismo, permite darnos cuenta que estamos viviendo tiempos de incertidumbre, de temores e inseguridades, donde se muestra la debilidad de las instituciones responsables de advertir, prevenir y corregir el desorden. Es pues así, que, ante la falta de un ordenamiento integral de la sociedad, nos convertimos en caldo de cultivo para cualquier abuso y aberración que pueda darse entre nosotros. Toda esta situación trastoca la psiquis de nuestra población, la convierte en víctima ante cualquier atentado que pueda darse y que lastime su integridad y sus vidas. 

No se justifica para nada en estos tiempos este momento de terror que se vive en las ciudades, de angustia y desazón, donde la sola amenaza advierte la necesidad de cuidarse y lastimosamente allanarse a las lacras. Terrible situación que el Estado debe corregir de inmediato, urgente, y como siempre se dice articular sistemáticamente entre las instituciones la solución ante esta jodida situación. Poner las barbas en remojo y comenzar un plan bien pensado con estrategias a corto, mediano y largo plazo. Cada una de estas estaciones temporales de atención tienen responsables directos, ya el lector pondrá en la lista de responsabilidades cada institución. Pero es muy importante incluir el sistema educativo y formativo, de la mano con las instituciones que incidan en la importancia de entender el concepto de ciudadanía como parte fundamental del desarrollo de las poblaciones, la justicia no solo es resolver derechos, también es velar por el cumplimento de deberes, en fin. Fortalecer la sociedad en una necesaria lucha contra los egoísmos sociales que se van gestando por los cambios mundiales. Hablar de poblaciones vulnerables, distorsiona la idea de que en realidad son grupos vulnerables y desde ahí comienza el trastocamiento de una realidad que está inmersa en el caos total. Muchos años han pasado y seguimos representados por gobiernos que han permitido, silenciosamente, la generación de un desorden social. Las instituciones se han deslegitimado, la mediocridad en muchos casos ha anidado en espacios funcionales importantes, donde las decisiones eran urgentes y no las han tomado, por la desidia y por la falta de experiencia ejecutiva. Hasta ahora se ve esa situación en muchos espacios de mando en el estado. Podría continuar describiendo esa situación, pero sería más de lo mismo.  

Cuando digo que los gobiernos han permitido silenciosamente la generación de un desorden social, me traslado en el tiempo y recuerdo cuando dictaba un curso de Realidad Nacional en una universidad particular donde me esforzaba, como docente, en plasmar en los alumnos el sentido de reconocer la importancia de una relación estrecha entre el estado y la sociedad, y muchos de ellos comparaban esta relación, con el sentido de lo que son las relaciones padres (léase estado) e hijos (léase población) y creo, no se equivocaban. No cabe aquí el debate sobre los derechos sobre familias disfuncionales o no, la relación directa es padre e hijos. 

El ejemplo era básico, un padre o madre, educa, enseña, pone reglas, dicta normas, en familia o no y prima el respeto en todas sus formas, es lo normal creo yo. En el desarrollo y crecimiento de este niño, joven y adulto esas normas y reglas van a perdurar siempre y con luchas generacionales, pero todo las trasladará en su momento. Existirá un orden. Si los padres no educan, no ponen reglas, etc., entonces el replique va a ser lo antagónico al orden y al respeto, en todas sus formas, se genera el descontrol y se debilita en todas sus formar al ser humano. Visto desde el estado, son las instituciones que lo representan, quienes deberían, seriamente captar este ejemplo coloquial y básico. El orden que se establece desde los inicios son los más importantes. Los egoísmos de estos tiempos, generan violencia y confrontaciones constantes, Si miento díganme. Aunque me lleve a detractores, siempre los hay, es la verdad. 

Demás está decir, que, en nuestra sociedad, han pasado veinte años aproximadamente donde el descontrol y la improvisación han primado y nuestra sociedad, nuestra población ha permitido que el caos se imponga y con la debilidad de nuestras instituciones, el pais se vuelve “tierra de nadie”.  El que entiende, entiende.

Nuestra realidad es terrible, y yo NO estoy justificando nada, condeno la situación de terror que se vive, los emprendedores, los artistas, todo aquel que se esfuerza y genera ingresos está en peligro, eso es terrible. Solamente advierto, que, sabemos qué es lo que motiva este caos, una sociedad débil, es más vulnerable, el desorden vulnera, la desidia vulnera, el irrespeto vulnera, la desconfianza vulnera, y no merecemos sentirnos vulnerables, merecemos, repito, comenzar a aplicar estrategias, a corto, mediano y largo plazo. Solo así, las respuestas que traerán nuevamente nuestra tranquilidad no tardarán en llegar.  

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Lo que se presenta como panorama luego de la designación del flamante ministro del Interior en el Perú es un mero formalismo, cambiando piezas de un tablero que sigue más o menos igual. En su laberinto de intereses y juegos de poder, la política peruana ha demostrado ser un estado de cosas donde las apariencias importan más que las realidades. Mientras su discurso promete renovación, el nuevo titular se encontrará enredado en la red de clientelismo y compromisos que atraparon a su predecesor.

La historia política del país está llena de ministros que prometen un cambio radical en seguridad y orden interno tan pronto como son juramentados. Pero rápidamente son arrastrados por la marea de un sistema que recompensa la lealtad más que la competencia. Tienen un nuevo ministro que es un rostro fresco y con cierta retórica de cambio, pero el nuevo ministro es y solo puede ser un peón mientras el statu quo permanece siendo el titiritero en la oscuridad.

Los problemas de inseguridad ciudadana, narcotráfico y corrupción no se resolverán simplemente cambiando la cara del gobierno; requieren una voluntad política fuerte y decisiva. Los cambios nominales en la cima son insuficientes; se necesita una reforma institucional profunda, un compromiso sincero con la justicia y la transparencia. Pero en un mundo donde intereses personales y partidistas reinan, esta transformación parece una quimera.

Es una historia común de cambios sin cambios, el sonido de una promesa rápidamente ahogado por el ruido de una realidad que llega a ser lo que es. Como siempre, es el ciudadano promedio quien sueña con un cambio auténtico, pero en su lugar, es solo atormentado por un sistema que, no importa cuántos rostros nuevos tenga, permanece sin cambios. Mientras el Perú camina por esta cuerda floja de ilusión y eventual desilusión, continúa en este juego de pérdidas y avances, hilando su propio camino sangriento y doloroso, el sonido del silencio rebotando en su plaza pública.

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