Entre todos los sectores imprescindibles para el funcionamiento de una sociedad, uno de los más descuidados en el Perú es, sin lugar a dudas, el de educación. Lejos de causar preocupación y una respuesta inmediata, los pésimos resultados de los estudiantes peruanos en cuanta evaluación para medir la calidad del aprendizaje parecen no motivar ningún cambio en la educación nacional.
Ante un panorama tan crítico, la vocación de los profesores se muestra como la única esperanza de alcanzar un nivel decente que les permita a los estudiantes terminar su etapa escolar con los conocimientos básicos para ingresar a la educación superior. Sin embargo, el desinterés por parte de quienes manejan la educación peruana podría terminar por ahuyentar a estos profesores que aman su profesión. Este es el caso de Regina Pereira que Sudaca pudo conocer en detalle.
SUEÑO FRUSTRADO
En 2022, Regina Pereira Pizarro, una profesora de inglés natural de la provincia de Ilo, participó del concurso público de ingreso a la carrera pública magisterial. Luego de superar las distintas evaluaciones, como rendir exámenes y dar una clase modelo, la profesora Pereira recibió uno de los puntajes más altos entre los profesores de inglés que se presentaron en el sector correspondiente a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) N° 7.
Con 244 puntos, Regina había sido uno de los mejores puntajes entre los profesores de inglés que se presentaron en el sector correspondiente a la UGEL N°7. Al igual que todos los profesores aprobados, Regina Pereira había presentado una lista con veinte instituciones educativas a las que les gustaría ser designados y, como recompensa por su mérito académico, ella iba a tener la posibilidad de trabajar en el colegio que eligió como primera opción.
Para Regina, que tenía planificado abandonar Ilo para mudarse a Lima, poder trabajar en la I.E. Ricardo Palma de Surquillo iba a facilitar su adaptación debido a que su hermana vivía en este distrito. Sin embargo, cuando todo parecía encaminado para que Regina Pereira llegue a su trabajo soñado, una noticia desmoronó sus expectativas.
“El 29 de diciembre recibo un correo electrónico en el que me dicen que no cumplo con un requisito”, cuenta Regina a Sudaca. Según la información publicada por la propia UGEL N°7, el impedimento para que Pereira ocupe la plaza que se había ganado era tener un título extranjero que no estaba revalidado.
“Me extraña porque yo presenté en mi expediente virtual legalizado ante notario todos mis documentos y mi título yo anexé una hoja con mis títulos registrados”, explica Regina con respecto a este inesperado impedimento y agrega que la razón que le daban era que “mi título no dice Sunedu sino Asamble Nacional de Rectores (ANR), pero yo hice la regularización en la Sunedu”.
Sin embargo, en los documentos que tiene registrados Sunedu se puede encontrar que sí figura el título de Regina Pereira que la UGEL N°7 le señalaba como impedimento para que ocupe el puesto que se había ganado en el concurso público de 2022.
RECLAMO EN ESPERA
Si bien esto podía representar un contratiempo en el sueño de Regina, por tratarse de un malentendido que no era culpa de la profesora sino de la UGEL, la solución de este impedimento parecía cuestión de tiempo debido a que se podía resolver con rapidez ante la evidencia contundente.
Sin embargo, mientras pasaban los días crecía la incertidumbre para Regina. “El 3 de enero presento una carta en la que solicito revisión de mi expediente”, cuenta y agrega que, en las semanas siguientes, tanto su hermana como su cuñado, que viven en Lima, se acercaron a la UGEL N°7 en búsqueda de novedades sobre su reclamo, pero la única respuesta que obtenían era que debía esperar treinta días hábiles.
“Todo es virtual. No se puede hablar con los especialistas ni con nadie”, explica Regina sobre el reclamo que presentó y relata que, usando el número de seguimiento que le brindaron cuando lo presentó, lo único que veía era que se lo iban pasando de una oficina a otra sin que ninguno le de algún tipo de solución a un problema que ella no había generado.
Pero fue el 19 de enero cuando se produjo un punto de quiebre debido a que publicaron que las plazas de profesores no asignadas por la UGEL de cada zona debían retornar al Ministerio de Educación y entre esas plazas estaba la de Regina que sería entregada a otro profesor ante las demoras y aparente desinterés de la UGEL N°7.
“Fui al Ministerio de Educación y me dicen que ellos no tienen nada que ver, que eso tengo que resolverlo con la UGEL y que ellos no revisan expedientes”, cuenta Pereira, quien vino a Lima con la intención de encontrar respuestas. No obstante, tanto la UGEL N°7 como el Ministerio de Educación se señalaban entre ellos como los responsables de resolver el reclamo de la profesora.
“La plaza que yo gané con mi esfuerzo ya se la entregaron a otro profesor”, relata Regina impotente ante una injusticia que la UGEL, aparentemente, nunca tuvo intención de resolver pese a que eran ellos los responsables de revisar la documentación que Pereira Pizarro había presentado correctamente.
En un país en el cual la educación padece la infraestructura precaria de muchos colegios así como la falta de materiales, la pasión por la docencia de profesores preparados se convierte en la esperanza de muchos escolares. Sin embargo, casos como el de Regina demuestran que los errores y la displicencia de los encargados del sector puede alejar a buenos profesores de la carrera magisterial perjudicando todavía más a los estudiantes peruanos.
Sudaca pudo acceder a documentos que se manejaron dentro de la propia municipalidad en los cuales se evidencia que existían serios cuestionamientos al trabajo de Ampuero. Entre los motivos por los cuales se pone bajo la lupa la labor desempeñada por la exprocuradora se encontraba que, aparentemente, se enfocó exclusivamente en el recordado conflicto que tuvo la gestión de Uceda con Cencosud por la inexplicable y sospechosa oposición de la municipalidad a que un centro comercial abra sus puertas.
A estas críticas también se les sumaron los posibles incumplimientos a las obligaciones que tenía con la municipalidad. Según los documentos revisados por Sudaca, Ampuero Meza debía presentar tres informes sobre el trabajo que venía realizando y estos debían ser entregados a los 15, 45 y 75 días posteriores a la orden de servicio.
La presentación de estos informes era necesaria dado que los pagos a Katherine Ampuero, que habían sido divididos en tres tramos, se debían realizar posteriormente a la presentación de los informes en cuestión. Pero únicamente se pudo encontrar uno de los tres entregables que debían ser presentados a la municipalidad con la información detallada del trabajo que venían realizando la exprocuradora.
SI NO ME ACUERDO NO PASÓ
“Tengo 101 millones de soles de déficit. Tengo que hacer maravillas para mejorar mi distrito”, declaró el alcalde Diego Uceda en mayo de este año. Sin embargo, contrataciones como las de Katherine Ampuero, cuyo trabajo ha terminado bajo la lupa de los propios trabajadores de la Municipalidad de La Molina, no estarían reflejando un uso idóneo de los supuestamente escasos recursos del distrito. Sudaca intentó comunicarse con Ampuero Meza para conocer su descargo, pero no hubo respuesta hasta el cierre de este informe.
En este decreto también se dispuso que se realizarían elecciones para determinar quiénes integrarían esta comisión en representación de las ollas comunes. Si bien hasta ese punto no parece encontrarse nada extraño, lo que llamó la atención de las representantes de las ollas comunes fue el breve periodo en que se pretendía realizar todo el proceso. Esto debido a que el decreto recién se publicó el día martes 19 de diciembre y se pretendía que las candidaturas se inscriban hasta el día 25 de diciembre.
Sudaca pudo comunicarse con Fortunata Palomino, presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, quien manifestó su disconformidad con este proceso debido a que, además de no haber recibido la difusión necesaria, se realizó en días que las ollas comunes estaban realizando eventos por navidad para los niños y, por lo tanto, no disponían del tiempo necesario para organizarse con las firmas requeridas y la elección de representantes de las diferentes zonas.
“Como todos saben, en estos días estamos realizando chocolatadas con motivo de las fiestas navideñas”, explica Fortunata y, al igual que lo detalla en una carta que le enviaron al alcalde de Lima, agrega que en esas fechas resultaba más difícil conseguir las firmas de las coordinadoras que exigían para la inscripción de la lista de candidatos.
UNA GANADORA CUESTIONADA
La polémica con respecto al triunfo de Solórzano Rivera comenzó el día 26 de diciembre, dos días antes de las elecciones, cuando en las redes sociales de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana se publicó un audio en el cual Luz Solórzano se jacta de su inminente triunfo. “Ni elecciones ya, porque solamente vamos a firmar para dar fe. Vamos a ir a sufragar dando fe. Las urnas dirán que aquí no hay otro candidato”, se escucha en el audio difundido.
Sin embargo, el triunfo de Solórzano no fue el único que se produjo en el contexto de lista única. Tanto en Lima Norte como Lima Este también se pudo observar que sólo existía una lista en competencia para representar a estas zonas en la comisión que la Municipalidad de Lima ha decidido crear.
Tras las elecciones presidenciales de 2021, el partido político del alcalde de Lima, Renovación Popular, no tuvo reparos en denunciar un fraude electoral pese a la ausencia de pruebas contundentes. Tres años después, Rafael López Aliaga, esta vez como autoridad a cargo, vuelve a encontrarse con acusaciones de fraude, aunque esta vez son en su contra y con pruebas que generan dudas razonables.
Algunos meses después, más precisamente en agosto, Delgado Silva volvió a ser contratado y nuevamente fue por la cifra de S/. 39,500.00 para que desempeñe el trabajo de coordinador con el concejo municipal y con ello acumular casi ochenta mil soles por su trabajo en la Municipalidad de La Molina.
No obstante, una costosa contratación podría estar justificada si los resultados son positivos para la municipalidad, aunque este no parece ser el caso. Sudaca pudo conversar con una regidora que ha preferido mantenerse en el anonimato por temor a represalias, pero aseguró que la persona contratada para ser coordinador es un desconocido para ella y sus colegas.
Sudaca intentó comunicarse con Ángel Delgado para conocer su versión sobre el trabajo para el que fue contratado por la Municipalidad de La Molina. Sin embargo, hasta la fecha en que se publicó este informe, no hemos recibido ningún tipo de comunicación de su parte.
Aunque esta no es la primera vez que una contratación de Ángel Delgado es cuestionada. En febrero de este año, la periodista Anuska Buenaluque del medio Epicentro informó que, a pedido de la Comisión de Constitución, la Mesa Directiva del Congreso autorizó que se contrate a un experto en materia constitucional. Si bien Delgado Silva calificaba como especialista, resultó cuanto menos extraño que se realice este gasto cuando dicha comisión cuenta con un consejo consultivo ad honorem. En otras palabras, prefirieron pagarle a Delgado sabiendo que podían recibir la opinión de varios expertos sin invertir ni un sol.
Los vínculos entre Delgado y Renovación Popular también se han visto en el Congreso. En el mes de febrero, el congresista Alejandro Muñante, aprovechando su cargo de tercer vicepresidente, le otorgó un reconocimiento a la Coordinadora Republicana de Ángel Delgado Silva.
Entre los cuestionables antecedentes de este constitucionalista también destaca su cercanía al grupo ultraderechista denominado La Resistencia, conocido por sus acciones violentas contra periodistas, funcionarios y políticos. Además, en sus redes sociales, Ángel Delgado se ha mostrado como un fiel seguidor de Rafael López Aliaga, el líder de Renovación Popular.
Caviar se ha convertido en un término muy usado por integrantes de Renovación Popular para descalificar y acusar a sus adversarios políticos vivir del dinero del Estado. Sin embargo, casos como el de Ángel Delgado en la Municipalidad de La Molina parecen demostrar que el partido de Uceda y López Aliaga tiene sus propios caviares que no le salen nada baratos a un distrito cuya municipalidad, además, estaría atravesando una grave crisis económica.
